C-213/06 P62006J02130014.000167351674814CJSENTENCIA DE 18.7.2007 — ASUNTO C-213/06 PAER / KARATZOGLOU<TI><P><HT TYPE="UC">Sentencia del Tribunal de Justicia</HT> (Sala Primera)</P><P>de <DATE ISO="20070718">18 de julio de 2007</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: inglés.</P></NOTE></P></TI>

En el asunto C-213/06 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el 8 de mayo de 2006,

Agencia Europea de Reconstrucción (AER), representada por los Sres. S. Orlandi y J.-N. Louis, avocats, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte recurrente,y en el que la otra parte en el procedimiento es:

Georgios Karatzoglou, antiguo agente temporal de la Agencia Europea de Reconstrucción, con domicilio en Ioannina (Grecia), representado por el Sr. S. Pappas, dikigoros,

parte demandante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. R. Schintgen, A. Tizzano (Ponente), A. Borg Barthet y E. Levits, Jueces;

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;

Secretario: Sr. R. Grass;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 10 de mayo de 2007;vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

<TI><P>Sentencia</P></TI>1Mediante su recurso de casación, la Agencia Europea de Reconstrucción (AER) solicita que se anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 23 de febrero de 2006, Karatzoglou/AER (T-471/04, RecFP pp. I-A-2-35 y II-A-2-157) (en lo sucesivo, sentencia recurrida), que anuló su decisión de 26 de febrero de 2004, por la que se había resuelto el contrato del Sr. Karatzoglou (en lo sucesivo, decisión controvertida).<TI><P>Marco jurídico</P></TI>2La AER fue instituida por el Reglamento (CE) n° 2454/1999 del Consejo, de 15 de noviembre de 1999, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1628/96 relativo a la ayuda a Bosnia y Herzegovina, Croacia, la República Federativa de Yugoslavia y la ex República Yugoslava de Macedonia (DO L 299, p. 1).3Según el decimonoveno considerando del Reglamento n° 2454/1999, la AER fue creada para responder a las necesidades de la reconstrucción de dichos Estados y, una vez alcanzado este objetivo, se propondrá su disolución.4Las disposiciones relativas al funcionamiento de la AER fueron adoptadas mediante el Reglamento (CE) n° 2667/2000 del Consejo, de 5 de diciembre de 2000, relativo a la Agencia Europea de Reconstrucción (DO L 306, p. 7). Dicho Reglamento ha sido modificado en reiteradas ocasiones y, en último lugar, por el Reglamento (CE) n° 1756/2006 del Consejo, de 28 de noviembre de 2006 (DO L 332, p. 18) (en lo sucesivo, Reglamento n° 2667/2000), por el que, en particular, se extiende el mandato de la AER hasta el 31 de diciembre de 2008.5El artículo 10 del Reglamento n° 2667/2000 establece:

El personal de la [AER] estará sujeto a las normas y reglamentaciones aplicables a los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas. [...]

El personal de la [AER] estará constituido por un número estrictamente limitado de funcionarios destinados o enviados en comisión de servicios por la Comisión o los Estados miembros para ejercer las tareas de dirección. El resto del personal estará formado por otros agentes contratados por la [AER] por un período de tiempo estrictamente limitado en función de las necesidades de esta última.

6Los artículos 2 y 3 del Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se establece el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades y por el que se establecen medidas específicas aplicables temporalmente a los funcionarios de la Comisión (DO L 56, p. 1; EE 01/01, p. 129), en su versión vigente hasta el 30 de abril de 2004, determinan, respectivamente, el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, Estatuto) y el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, RAA)7Dentro del título II del RAA, el capítulo 9, titulado Extinción del contrato, en su versión vigente en la fecha de los hechos del caso de autos, se componía de los artículos 47 a 50 y preveía los diferentes supuestos de resolución de los contratos de agente temporal.8En particular, el artículo 47, apartado 2, letra a), del RAA, preveía la extinción del contrato de un agente temporal, en el caso de los contratos de duración indeterminada, al término del plazo de preaviso establecido en el contrato.<TI><P>Hechos que originaron el litigio</P></TI>9Según el artículo 4 de su contrato, el Sr. Karatzoglou fue empleado por la AER a partir del 7 de noviembre de 2001 en calidad de agente temporal por una duración de 18 meses.10El artículo 5, letra b), del contrato establece:

Este contrato podrá ser resuelto por la institución o el miembro del personal por cualquiera de los motivos especificados en los artículos 47 a 50 del [RAA] de conformidad con las condiciones que figuran en dichos artículos [...].

11Al término del período contractual inicial de 18 meses, las partes convinieron continuar su relación contractual en virtud de un contrato de duración indeterminada. Por tanto, modificaron el contrato inicial mediante un apéndice contractual de 7 de mayo de 2003 (en lo sucesivo, apéndice).12El artículo 4 del contrato establece en su versión modificada por el apéndice:

El contrato se celebra por un período indefinido. No obstante, su duración no excederá la de la existencia de la [AER].

La [AER] se reserva el derecho de resolver el contrato en caso de reducción esencial o cese de su misión antes de que se ponga fin a la [AER].

13En virtud del apéndice, todos los demás artículos del contrato inicial, incluido el artículo 5, permanecían inalterados.14Mediante escrito de 26 de febrero de 2004, el director de la AER informó al Sr. Karatzoglou de la próxima resolución del contrato en los siguientes términos:

Lamento comunicarle que se ha decidido poner fin a su contrato con la [AER]. De conformidad con el artículo 47, apartado 2, del [RAA] y el artículo 5, letra b), párrafo segundo, de su contrato, el preaviso será de tres meses a contar desde el 27 de febrero de 2004.

15El 27 de mayo de 2004, el Sr. Karatzoglou presentó contra la decisión controvertida una reclamación, con arreglo al artículo 90 del Estatuto. Dicha reclamación fue desestimada por silencio administrativo, al no haber respondido la AER dentro del plazo de cuatro meses previsto en el Estatuto.<TI><P>Recurso ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida</P></TI>16Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 6 de diciembre de 2004, el Sr. Karatzoglou interpuso un recurso por el que solicitaba que se anulase la decisión controvertida.17Dicho recurso se fundaba en cinco motivos basados respectivamente en:

incumplimiento de la obligación de motivación;

vulneración del principio de protección de la confianza legítima;

infracción del artículo 47 del RAA relativo al preaviso;

desviación de poder, y

violación del principio de buena administración.

18El Tribunal de Primera Instancia examinó el segundo motivo invocado por el recurrente, basado en vulneración del principio de protección de la confianza legítima. En los apartados 33 y 34 de su sentencia, recordó la jurisprudencia comunitaria según la cual la posibilidad de invocar el principio de protección de la confianza legítima se extiende a todo particular que se encuentre en una situación de la que se desprenda que la Administración comunitaria le hizo concebir esperanzas fundadas, al darle seguridades concretas. En cualquier caso, tales seguridades tienen que ser conformes con las disposiciones del Estatuto.19A la luz de dicho principio, el Tribunal de Primera Instancia examinó el punto de si el artículo 4 del contrato, en su versión modificada por el apéndice, ofrecía al Sr. Karatzoglou la seguridad legítima de que su contrato únicamente sería resuelto en caso de reducción esencial o cese de las actividades de la AER antes de que se pusiera fin a la misión de ésta.20En los apartados 36 y 37 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia admitió que la modificación del artículo 4 del contrato por el contrato adicional había creado una situación ambigua por lo que respecta al contenido del contrato. Explicó que, por una parte, el contrato seguía refiriéndose en su artículo 5, no modificado, a las modalidades de resolución previstas en los artículos 47 a 50 del RAA que, entre otras posibilidades, permiten a la AER resolver el contrato de un agente temporal sin necesidad de motivación. Por otra parte, no obstante, la inserción del párrafo segundo del mencionado artículo 4 podía, según el Tribunal de Primera Instancia, haber dado la impresión al recurrente de que la AER había limitado su poder para resolver el contrato a los casos de reducción esencial o cese de las actividades de la AER antes de que se pusiera fin a la misión de ésta.21Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia estimó, en los apartados 38 y 39 de la sentencia recurrida que el Sr. Karatzoglou podía creer que el artículo 4 del contrato, modificado por el apéndice, tenía por objetivo indicar, por anticipado, el motivo de una eventual resolución posterior, a saber, la reducción esencial o el cese de las actividades de la AER antes de que se pusiera fin a la misión de ésta, de modo que en el régimen del contrato en su versión modificada por el apéndice, el artículo 5, letra b), de dicho contrato únicamente podía aplicarse parcialmente. Además, consideró que el Sr. Karatzoglou podía esperar que las disposiciones imprecisas de un contrato de este tipo se interpretasen de manera favorable a la parte contractual más débil22El Tribunal de Primera Instancia dedujo de ello en los apartados 41 a 45 de la sentencia recurrida que debe considerarse que la creencia creada de este modo en el ánimo del recurrente es legítima, habida cuenta, particularmente, de que ninguna disposición del RAA prohibía a la AER limitar su poder de resolución mediante disposiciones contractuales.23Al haber acogido el segundo motivo del recurso, el Tribunal de Primera Instancia anuló la decisión controvertida sin examinar los demás motivos.<TI><P>Las pretensiones de las partes ante el Tribunal de Justicia</P></TI>24La AER solicita al Tribunal de Justicia que:

Anule la sentencia recurrida.

Pronunciándose él mismo sobre el litigio, desestime el recurso interpuesto por el Sr. Karatzoglou.

Condene al interesado a pagar las costas de ambas instancias.

25El Sr. Karatzoglou solicita al Tribunal de Justicia que:

Declare la inadmisibilidad del recurso de casación o, con carácter subsidiario, lo desestime por infundado.

Condene a la AER en costas.

<TI><P>Sobre la admisibilidad del recurso de casación</P></TI>26El Sr. Karatzoglou invoca inadmisibilidad del recurso de casación, alegando que éste fue interpuesto fuera de plazo. Según el Sr. Karatzoglou, el plazo de dos meses previsto en el artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia expiraba el 8 de mayo de 2006, mientras que el recurso de casación fue interpuesto el 9 del mismo mes.27Sin embargo, procede observar que el recurso de casación fue interpuesto mediante fax el 8 de mayo de 2006, es decir, dentro del plazo de dos meses establecido en el citado artículo 56. La fecha invocada por el Sr. Karatzoglou es la de la presentación del original del escrito de recurso.28Ahora bien, el artículo 37, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia establece que la fecha en la que la copia del original firmado de un escrito procesal [...] se reciba en la Secretaría por fax o cualquier otro medio técnico de comunicación de que disponga el Tribunal será tomada en consideración a efectos del cumplimiento de los plazos procesales, siempre y cuando el original firmado del escrito [...] sea presentado en la Secretaría dentro de los diez días siguientes.29Por consiguiente, procede declarar que en el caso de autos se cumple el requisito exigido por dicha disposición. En consecuencia, procede declarar la admisibilidad del recurso de casación.<TI><P>Sobre el recurso de casación</P></TI>30En su recurso, la AER imputa al Tribunal de Primera Instancia haber incurrido en varios errores de Derecho. Esencialmente, alega, mediante un primer motivo, que este último interpretó los términos del contrato en un sentido manifiestamente contrario a la voluntad de las partes y, mediante un segundo motivo, que declaró erróneamente la existencia de una violación del principio de protección de la confianza legítima.31Mediante su segundo motivo, que procede examinar en primer lugar, la AER alega, en particular, que las condiciones a las que la jurisprudencia comunitaria supedita la invocación del principio de protección de la confianza legítima no se cumplen en el caso de autos. En efecto, refiriéndose a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Primera Instancia (véase la sentencia de 7 de noviembre de 2002, G/Comisión, T-199/01, RecFP pp. I-A-217 y II-1085, apartado 38), la AER sostiene que no puede derivarse ninguna seguridad concreta, incondicional y concordante de estipulaciones contractuales como las que figuran en el contrato. Añade que las seguridades que presuntamente se dieron al Sr. Karatzoglou no son conformes con las normas aplicables a la AER y, en particular, con el artículo 23 del Reglamento n° 2454/1999 que impone a esta última la contratación de agentes únicamente por una período de tiempo estrictamente limitada a las necesidades de esta agencia.32El Sr. Karatzoglou responde que el Tribunal de Primera Instancia entendió, acertadamente, que se le habían dado seguridades suficientemente concretas, incondicionales y concordantes por lo que respecta a la limitación de las causas de resolución de su contrato. La AER no se contentó con darle vagas promesas, sino que suscribió con él un apéndice contractual, que tenía por objeto modificar el marco jurídico de su empleo. Añade que la confianza legítima que invoca es perfectamente conforme con el Derecho aplicable, habida cuenta de que ninguna disposición del RAA prohibe a la autoridad competente limitar mediante estipulaciones contractuales su poder para poner fin a los contratos.33A este respecto, procede recordar, con carácter preliminar que, según jurisprudencia consolidada, el principio de protección de la confianza legítima forma parte de los principios fundamentales de la Comunidad (véase, en particular, la sentencia de 5 de mayo de 1981, Dürbeck, 112/80, Rec. p. 1095, apartado 48). Asimismo se desprende de la jurisprudencia que todo particular tiene el derecho a invocar dicho principio cuando se encuentre en una situación de la que se desprenda que la Administración comunitaria, al darle seguridades concretas, le hizo concebir esperanzas fundadas (sentencias de 16 de diciembre de 1987, Delauche/Comisión, 111/86, Rec. p. 5345, apartado 24; de 25 de mayo de 2000, Kögler/Tribunal de Justicia, C-82/98 P, Rec. p. I-3855, apartado 33, y de 22 de junio de 2006, Bélgica y Forum 187/Comisión, 0182/03 y 0217/03, Rec. p. I-5479, apartado 147). Además, las garantías dadas deben ser conformes con las normas aplicables (en este sentido, sentencias de 20 de junio de 1985, Pauvert/Tribunal de Cuentas, 228/84, Rec. p. 1969, apartados 14 y 15, y de 6 de febrero de 1986, Vlachou/Tribunal de Cuentas, 162/84, Rec. p. 481, apartado 6).34Pues bien, procede destacar que aunque el Tribunal de Primera Instancia recordó acertadamente esta jurisprudencia en los apartados 33 y 34 de la sentencia recurrida, en el caso de autos aplicó erróneamente los criterios que en ella se definen.35En particular, procede declarar que se desprende de la referida sentencia que no se dio al Sr. Karatzoglou ninguna seguridad concreta, que permitiera dar lugar a ningún tipo de confianza legítima en lo relativo a la duración del contrato del interesado.36En efecto, el Tribunal de Primera Instancia destacó en el apartado 36 de la sentencia recurrida que la modificación del artículo 4 del contrato por el apéndice [...] creó una situación ambigua por lo que respecta al contenido del contrato. En el apartado 37 de dicha sentencia, explicó que sin la inserción del párrafo segundo del artículo 4, la AER hubiera tenido, sin duda alguna, el derecho de resolver el contrato [del Sr. Karatzoglou] por uno de los motivos mencionados en los artículos 47 a 50 del RAA, siempre que se cumpliesen las condiciones establecidas en dichos artículos, según estaba previsto en el artículo 5, letra b), del contrato inicial Por el contrario, la inserción del párrafo segundo del artículo 4 pudo dar la impresión [al interesado] de que la AER había limitado su poder para resolver el contrato a los casos de reducción esencial o cese de las actividades de la AER antes de que se pusiera fin a la misión de ésta.37De lo que antecede se desprende que el propio Tribunal de Primera Instancia reconoció que la situación contractual del Sr. Karatzoglou era, cuando menos, incierta.38Ahora bien, tal ambigüedad no puede, contrariamente a lo que estimó el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 38 a 40 de la sentencia recurrida, dar origen a seguridades concretas. En efecto, el nuevo artículo 4 del contrato podía ser interpretado tanto en el sentido invocado por el Sr. Karatzoglou como en el considerado por la AER (véase, en este sentido, la sentencia Kögler/Tribunal de Justicia, antes citada, apartado 34).39Además, procede destacar que de la sentencia recurrida no se desprende ningún otro elemento que pudiera crear en el Sr. Karatzoglou una convicción acerca de la duración de su contrato. En efecto, la conclusión del Tribunal de Primera Instancia respecto de la existencia de tales seguridades se basa únicamente en la situación contractual resultante de la modificación del artículo 4 del contrato del Sr. Karatzoglou.40Por otra parte, no puede invocarse a este respecto el principio, que el Tribunal de Primera Instancia menciona en el apartado 39 de la sentencia recurrida, según el cual la parte contractual más débil de un contrato de trabajo puede esperar que las disposiciones imprecisas del referido contrato se interpreten a su favor.41En efecto, basta señalar que el hecho de que el Sr. Karatzoglou pueda ser considerado la parte débil del contrato no tiene ninguna incidencia sobre la constatación de la inexistencia de seguridades concretas dadas, en el caso de autos, por la Administración comunitaria. Las consideraciones vinculadas a la situación contractual del Sr. Karatzoglou respecto de su patrón no pueden paliar la falta de una de las condiciones necesarias para que quede acreditada la existencia de confianza legítima.42De ello resulta que, en el presente asunto, no se cumplen las condiciones necesarias para declarar la existencia de una vulneración del principio de protección de la confianza legítima.43Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al considerar que la decisión controvertida había vulnerado la confianza legítima del Sr. Karatzoglou en que su contrato únicamente sería resuelto en caso de reducción esencial o cese de las actividades de la AER antes de que se pusiera fin a la misión de ésta.44Habida cuenta del conjunto de consideraciones que anteceden, procede acoger el segundo motivo del recurso de casación.45En consecuencia, procede anular la sentencia recurrida sin que sea necesario examinar los demás motivos invocados en apoyo del recurso de casación.<TI><P>Sobre la devolución del asunto al Tribunal de Primera Instancia</P></TI>46A tenor del artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, en caso de anulación de la resolución del Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Justicia podrá o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que éste resuelva.47Habida cuenta de que el Tribunal de Primera Instancia únicamente examinó uno de los cinco motivos invocados por el Sr. Karatzoglou, el Tribunal de Justicia considera que no está en condiciones de juzgar el asunto. Por tanto, procede devolverlo al Tribunal de Primera Instancia, para que éste resuelva sobre las pretensiones del interesado que tienen por objeto la anulación de la decisión controvertida, y reservar la decisión sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:

1)Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 23 de febrero de 2006, Karatzoglou/AER (T-471/04).2)Devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas para que resuelva sobre las pretensiones del Sr. Karatzoglou que tienen por objeto la anulación de la decisión de la Agencia Europea de Reconstrucción (AER), de 26 de febrero de 2004, por la que se resolvió su contrato,3)Reservar la decisión sobre las costas.

Firmas