C-403/95 P61995O04030002.00012914618CJAUTO DE 15.1.1998 — ASUNTO C-403/95 POBST / COMISIÓN<TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Tribunal de Justicia</HT> (Sala Cuarta)</P><P>de <DATE ISO="19980115">15 de enero de 1998</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: alemán.</P></NOTE></P></TI>

En el asunto C-403/95 P,

Dieter Obst, funcionario de la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en Everberg (Bélgica), representado por el Sr. Lothar Mahlberg, Abogado de Bonn, que designa como domicilio en Luxemburgo el de la Sra. Marianne Moritz, 25 A, rue Schönfels, Bridei,

parte recurrente,

que tiene pôr objeto un recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Segunda) el 19 de octubre de 1995, Obst/Comisión (T-562/93, RecFP p. II-737), por el que se solicita que se anule dicha sentencia,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Julian Currall, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Bertrand Wägenbaur, Abogado de Hamburgo, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del mismo Servicio, Centre Wagner, Kirchberg,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por los Sres.: H. Ragnemalm, Presidente de Sala; J. L. Murray y K. M. Ioannou (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. Μ. B. Elmer;

Secretano: Sr. R. Grass;

oído el Abogado General,

dicta el siguiente

<TI><P>Auto</P></TI>1Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 27 de diciembre de 1995, el Sr. Obst interpuso un recurso de casación, con arreglo al artículo 49 del Estatuto (CE) y a las disposiciones concordantes de los Estatutos (CECA y CEEA) del Tribunal de Justicia, contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 19 de octubre de 1995, Obst/Comisión (T-562/93, RecFP p. II-737; en lo sucesivo, sentencia recurrida), por cuanto que dicho Tribunal, tras haber condenado a la Comisión a indemnizar al demandante el perjuicio moral que había sufrido, desestimó su recurso dirigido, por un lado, a que se anulara el Dictamen n° 45/93 del Comité Consultivo de Nombramientos, de 18 de febrero de 1993, que le informaba de que no cabía tomar en consideración su candidatura, y la decisión de la Comisión, de 22 de marzo de 1993, de desestimar su candidatura, y dirigido, por otro lado, a la reparación del perjuicio material que supuestamente había sufrido.2En los apartados 1 a 11 de la sentencia recurrida se hace constar lo siguiente:

1.El demandante, funcionario de grado A 4, es Jefe adjunto de la Unidad Legislación de los productos vegetales y de nutrición animal, integrada en la Dirección General de Agricultura (DG VI).2.El 18 de diciembre de 1991, la Comisión decidió crear en el seno de la DG VI una nueva unidad, encargada de efectuar las inspecciones y los controles previstos por la legislación comunitaria aplicable a los sectores veterinario y fitosanitario. El 30 de junio de 1992, la Comisión, con arreglo a la letra a) del apartado 1 del artículo 29 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, Estatuto), publicó la convocatoria para proveer plaza vacante COM/056/92, relativa al puesto de Jefe de la Unidad inspecciones y controles en el sector fitosanitario, puesto de trabajo que se preveía cubrir en el grado A 3, A 4 o A 5. El demandante presentó su candidatura el 14 de julio de 1992.3.La convocatoria para cubrir plaza vacante estaba redactada de la siguiente manera:

Jefe de Unidad, encargado de dirigir y coordinar los trabajos de la Unidad Inspecciones y controles en el sector fitosanitario, en el seno de la Oficina Comunitaria de Inspección y Control Veterinario y Fitosanitario.

4.Además del demandante, otros cinco candidatos presentaron su candidatura al referido puesto, entre ellos el Sr. G, funcionario de grado A 5, que se había incorporado al servicio de la Comisión en junio de 1990 en la misma Unidad que el demandante y que posteriormente fue nombrado para el puesto objeto de litigio.5.Tras examinar las candidaturas, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (en lo sucesivo, AFPN) decidió, en un primer momento, no cubrir el puesto de trabajo de que se trata. El 7 de enero de 1993, procedió a efectuar una nueva publicación de la convocatoria para proveer plaza vacante, añadiendo la expresión republicación (en lo sucesivo, nueva publicación), siendo esta nueva publicación idéntica en todos sus extremos a la de 30 de junio de 1992.6.Tras la nueva publicación, el demandante volvió a presentar su candidatura el 20 de enero de 1993. Hubo un candidato que, sin haber presentado su candidatura tras la primera publicación de la convocatoria de plaza vacante, presentó su candidatura tras la nueva publicación.7.El 12 de febrero de 1993, el demandante presentó, con arreglo al artículo 90 del Estatuto, una reclamación contra la desestimación presunta de su candidatura de 14 de julio de 1992, debido al hecho de no haber recibido ninguna decisión de la Comisión antes de que la vacante fuera objeto de una nueva publicación.8.Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 14 de septiembre de 1993, el demandante interpuso un recurso solicitando la anulación de la decisión presunta de desestimar su candidatura, presentada el 14 de julio de 1992. Mediante auto de 20 de mayo de 1994, el Tribunal de Primera Instancia declaró la inadmisibilidad del recurso, basándose en que la nueva publicación no podía calificarse de decisión presunta de desestimación de la candidatura del demandante y en que, por consiguiente, no constituía un acto lesivo, en el sentido del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto (Obst/Comisión, T-510/93, RecFP p. II-461).9.En el ínterin, el Secretario del Comité Consultivo de Nombramientos (en lo sucesivo, CCN), mediante nota de 26 de febrero de 1993, había comunicado al demandante la conclusión, contenida en su dictamen n° 45/93, de 18 de febrero de 1993 (en lo sucesivo, dictamen del CCN), según la cual no podía tomarse en consideración su candidatura para el puesto de referencia. Posteriormente, después de haber examinado las siete candidaturas presentadas tras la nueva publicación y el dictamen del CCN, que se había pronunciado favorablemente por la candidatura del Sr. G, la AFPN nombró para el puesto controvertido al Sr. G, el cual ya había presentado su candidatura tras la primera publicación. Mediante nota de 22 de marzo de 1993, la AFPN comunicó al demandante su decisión de no considerar favorablemente su candidatura.10.El 6 de abril de 1993, el demandante presentó, con arreglo al artículo 90 del Estatuto, una reclamación contra la nota del CCN de 26 de febrero de 1993 y contra la decisión contenida en la nota de la AFPN de 22 de marzo de 1993.11.Cabe considerar que la decisión presunta de desestimar la reclamación del demandante se produjo el 6 de agosto de 1993.

3En tales circunstancias, el demandante interpuso un recurso contra la Comisión en el que, tras retirar algunas de sus pretensiones iniciales, solicitaba que se anulara el dictamen del CCN y la decisión de la Comisión comunicada mediante nota de 22 de marzo de 1993. El demandante solicitó asimismo al Tribunal de Primera Instancia que condenara a la Comisión a indemnizarle por el perjuicio material y moral que alegaba haber sufrido.<TI><P>La sentencia recurrida</P></TI>4Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el apartado 24, la inadmisibilidad de la pretensión del demandante relativa a la anulación del dictamen del CCN, basándose en que la deliberación de éste constituía un acto de trámite, que, como tal, no podía afectar a la posición estatutaria del demandante ni, como consecuencia, resultarle lesivo.5La pretensión del demandante relativa a la anulación de la decisión de la Comisión, de 22 de marzo de 1993, por la que se desestima su candidatura, se fundamenta, en lo sustancial, en seis motivos, basados, respectivamente, en errores de procedimiento, en la infracción del artículo 45 del Estatuto, en la existencia de desviación de poder o de utilización de procedimiento inadecuado, en el incumplimiento del deber de asistencia y protección, en la violación del principio de igualdad de trato y, por último, en el incumplimiento de la obligación de motivar la decisión de 22 de marzo de 1993.6El Tribunal de Primera Instancia desestimó estos motivos de anulación. No obstante, en lo relativo al motivo basado en una falta de motivación, el Tribunal de Primera Instancia, después de hacer constar, en el apartado 78, que la nota de la Comisión de 22 de marzo de 1993, mediante la cual se había informado al demandante de la desestimación de su candidatura, no indicaba ningún motivo de desestimación y que el demandante no había recibido ninguna decisión motivada mediante la que se desestimara su candidatura antes de la interposición del recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, declaró, en el apartado 79, que la desestimación de dicha candidatura no se había producido en un contexto conocido por el demandante y que el mero conocimiento de los trabajos preparatorios para la creación de la nueva Unidad no podía por sí mismo proporcionar al demandante una indicación suficientemente precisa de las concretas razones que habían llevado a la AFPN a desestimar su candidatura.7No obstante, el Tribunal de Primera Instancia prosiguió su examen, haciendo constar, en el apartado 81 de la sentencia recurrida, que el recurso del demandante iba dirigido, en lo fundamental, a obtener la reparación de los perjuicios que alegaba haber sufrido con ocasión de la desestimación de su candidatura. En este contexto, el Tribunal de Primera Instancia consideró que anular, por falta de motivación, la decisión por la que se desestimó dicha candidatura constituiría una sanción desproporcionada y que conceder una indemnización representaba la forma de reparación que mejor se compaginaba tanto con los intereses del demandante como con las exigencias del servicio.8El Tribunal de Primera Instancia desestimó asimismo, en el apartado 84, la pretensión del demandante relativa a que se declarara que la desestimación de su candidatura se había llevado a cabo de manera ilegal y, en el apartado 87, la pretensión relativa a la reparación del supuesto perjuicio material del demandante.9En cuanto al perjuicio moral, el Tribunal de Primera Instancia, después de recordar que, en el apartado 79 de su sentencia, había indicado que la AFPN no había motivado su decisión, declaró, en el apartado 90, que la falta total de motivación de una decisión por la que se deniega un nombramiento constituye un comportamiento lesivo que da derecho a la reparación del perjuicio moral sufrido por el demandante.10En la valoración del daño sufrido, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en el apartado 91, que el demandante se había visto obligado a iniciar un procedimiento judicial para conocer la motivación de la decisión que desestimó su candidatura. En tales circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia consideró, al evaluar el perjuicio sufrido ex aequo et bono, que la concesión de un importe de 2.000 ECU constituía una indemnización adecuada para el demandante.<TI><P>Pretensiones y motivos alegados por las partes</P></TI>11El recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

Anule la sentencia recurrida en la medida en que desestimó el recurso y condenó al demandante a cargar con sus costas.

Anule la decisión de la demandada, comunicada mediante nota de 22 de marzo de 1993 y por la que se desestimó su candidatura para el citado puesto.

Declare que la desestimación de la candidatura del demandante para el citado puesto se hizo contraviniendo el Derecho.

Declare que la recurrida deberá indemnizar al recurrente por todo perjuicio material que pueda sufrir en el futuro como consecuencia de ello.

Conceda al recurrente, en concepto de indemnización equitativa de su perjuicio moral, la cantidad de 2.000 ECU.

Con carácter subsidiario: remita los autos al Tribunal de Primera Instancia, a efectos de proceder a una nueva vista, nuevas diligencias de prueba y nueva decisión.

Condene en costas a la recurrida, incluidas las causadas en el procedimiento de primera instancia y en el presente procedimiento.

Con carácter subsidiario: reserve su decisión sobre las costas, si resulta necesario.

12En su recurso de casación, el recurrente precisa, por un lado, que no impugna la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en cuanto que desestimó la pretensión de que se anulara el dictamen del CCN y, por otro, que se refiere únicamente a la anulación relativa a la desestimación de su segunda candidatura, de 20 de enero de 1993.13Por otra parte, en lo relativo a los motivos del recurso de casación, el recurrente precisa que mantiene todas las pretensiones y motivos examinados por el Tribunal de Primera Instancia y que los invoca para fundamentar su recurso de casación. Los motivos del recurso de casación se articulan en cuatro partes:

a)Desestimación de la pretensión de que se anulara la decisión de la Comisión, de 22 de marzo de 1993, por la que se desestimó la candidatura del demandante.b)Ilegalidad de la desestimación de la candidatura del demandante para el puesto objeto de litigio.c)Reparación del perjuicio material y moral.d)Costas.

14La Comisión solicita que se desestime el recurso de casación, por ser manifiestamente inadmisible o por ser manifiestamente infundado.<TI><P>Apreciación del Tribunal de Justicia</P></TI>15En virtud del artículo 119 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando el recurso de casación sea manifiestamente inadmisible o manifiestamente infundado, el Tribunal de Justicia podrá, en todo momento, desestimarlo mediante auto motivado, sin iniciar la fase oral del procedimiento.16Por otro lado, a tenor del párrafo primero del artículo 51 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, el recurso de casación se limitará a las cuestiones de derecho y deberá fundarse en motivos derivados de la incompetencia del Tribunal de Primera Instancia, de irregularidades del procedimiento ante el mismo que lesionen los intereses de la parte recurrente, o de la violación del Derecho comunitario por parte del Tribunal de Primera Instancia. La letra c) del apartado 1 del artículo 112 del Reglamento de Procedimiento precisa que el recurso de casación deberá contener los motivos y fundamentos jurídicos invocados.17De estas dos últimas disposiciones resulta que un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos de la sentencia que se critican, así como los fundamentos jurídicos aducidos en apoyo de la pretensión de que sea anulada.18Según reiterada jurisprudencia, no cumple este requisito el recurso de casación que se limite a repetir o a reproducir literalmente los motivos y las alegaciones ya formulados ante el Tribunal de Primera Instancia, incluidos los basados en hechos expresamente desestimados por este órgano jurisdiccional; en efecto, tal recurso de casación es, en realidad, un recurso destinado a obtener un mero reexamen del presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, lo cual excede de la competencia del Tribunal de Justicia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia (véanse los autos de 26 de abril de 1993, Kupka-Floridi/Comité Económico y Social, C-244/92 P, Rec. p. I-2041, apartado 10; de 7 de marzo de 1994, De Hoe/Comisión, C-338/93 P, Rec. p. I-819, apartado 19; de 26 de septiembre de 1994, X/Comisión, C-26/94 P, Rec. p. I-4379, apartado 13, y de 17 de octubre de 1995, Turner/Comisión, C-62/94 P, Rec. p. I-3177, apartado 17).19En el caso de autos, los motivos invocados por el demandante no cumplen los mencionados requisitos.<TI><P>Sobre L desestimación de L pretensión de que se anulara L decisión de la Comisión de <DATE ISO="19930322">22 de marzo de 1993</DATE>, por la que se desestimó L candidatura del demandante</P></TI>20En lo que atañe a la desestimación de la pretensión de que se anulara la decisión de la Comisión de 22 de marzo de 1993, el recurrente alega cuatro motivos, basados, respectivamente, en errores de procedimiento, en la infracción del artículo 45 del Estatuto, en el incumplimiento del deber de asistencia y protección y de lealtad, así como en la violación del principio de igualdad.<TI><P>Sobre el primer motivo, basado en errores de procedimiento</P></TI>21Este primer motivo se compone de dos partes.22En la primera parte, el recurrente indica que, mediante la formulación utilizada en la nota de 22 de marzo de 1993 (la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos no ha podido considerar favorablemente su candidatura al puesto por cubrir), la AFPN le comunicó que, por razones jurídicas y de otra índole, no podía nombrarle para el puesto controvertido. De este modo, el recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia el no haber examinado suficientemente los antecedentes de hecho del litigio, y ello aunque el recurrente propuso expresamente aportar la prueba de lo que alegaba. El recurrente añade que, en realidad, no existía ninguna razón que impidiera su nombramiento, de manera que la decisión de 22 de marzo de 1993 es inexacta y está incorrectamente motivada.23A este respecto, procede hacer constar que el recurrente, sin precisar los apartados de la sentencia recurrida, cuestiona las apreciaciones de hecho del Tribunal de Primera Instancia, de manera que la primera parte de este motivo tiene únicamente por objeto un nuevo examen del recurso. Así pues, no cabe admitir esta parte del motivo.24Mediante la segunda parte de este mismo motivo, el recurrente critica el apartado 36 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal de Primera Instancia, en virtud del apartado 2 del artículo 48 de su Reglamento de Procedimiento, declaró la inadmisibilidad de la parte del motivo basada en un vicio de procedimiento en el seno del CCN, basándose en que el demandante sólo lo había invocado en la fase oral.25El recurrente considera que el Tribunal de Primera Instancia declaró erróneamente la inadmisibilidad de dicha pretensión, puesto que, contrariamente a lo que indicó el Tribunal, la misma no se invocó en la fase oral sino en la fase de réplica. El recurrente añade que esta pretensión era fundada, puesto que la AFPN había actuado de manera ilegal al no haber reproducido en la formulación de la convocatoria para proveer plaza vacante el requisito de una formación especializada. Por último, el CCN sólo se forjó una opinión sobre el nivel del puesto controvertido después de examinar las candidaturas.26A este respecto, en la medida en que la segunda parte de este motivo tiene por objeto cuestionar el hecho, declarado por el Tribunal de Primera Instancia, según el cual el demandante había invocado esta parte del motivo por primera vez en la fase oral, procede señalar que únicamente el Tribunal de Primera Instancia es competente para decidir en qué momento del procedimiento se ha invocado ante él un motivo. De ello se deduce, sin que proceda examinar los demás argumentos de esta parte del motivo, que no puede ser admitida.27De cuanto antecede resulta que el primer motivo del recurso de casación debe desestimarse por ser manifiestamente inadmisible.<TI><P>Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 45 del Estatuto</P></TI>28El recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 45 del Estatuto, que prevé un examen comparativo de los méritos de los candidatos y de los informes que les conciernan.29Según este motivo, el Tribunal de Primera Instancia consideró erróneamente que la Comisión había ejercido debidamente su facultad de apreciación, puesto que la AFPN había tomado en consideración elementos que no se precisaban en la convocatoria para proveer plaza vacante. El recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia confirmó que era necesaria una formación especializada para el puesto por cubrir, siendo así que este requisito, que no figuraba en la convocatoria para proveer plaza vacante, había sido exigido posteriormente. El recurrente añade que, como la desestimación de su candidatura por la AFPN se basó en un error manifiesto de apreciación, el Tribunal de Primera Instancia habría debido bien profundizar en la instrucción de los autos, bien rechazar las afirmaciones de la Comisión.30A este respecto, de la sentencia recurrida, especialmente de los apartados 44 a 55, se desprende que, tras examinar, entre otras cosas, el contenido de la convocatoria para proveer plaza vacante, la decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 1991, relativa a la creación de una nueva unidad, y la comunicación de. la Comisión de 5 de junio de 1991, titulada Medios que deben aplicarse urgentemente para garantizar el fundamento real del mercado único en los sectores veterinario y fitosani-tario, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en el apartado 50, que la Comisión se había mantenido dentro de unos límites no criticables al ejercer su facultad de apreciación.31Del mismo modo, el Tribunal de Primera Instancia, tras examinar, en los apartados 51 a 54, las aptitudes del demandante y las del Sr. G, el acta del CCN de 18 de febrero de 1993 y el dictamen de este último, así como la afirmación del demandante según la cual la Comisión había tenido muy poco en cuenta su informe de calificación, consideró, en el apartado 55, que el examen del expediente no revelaba ningún dato que permitiera afirmar que la apreciación de los méritos de los candidatos adolecía de un error de hecho o de Derecho.32Es preciso añadir que, en ese mismo apartado, el Tribunal de Primera Instancia, estimando que los hechos se hallaban suficientemente esclarecidos por los documentos obrantes en autos, consideró que no procedía pedir a la Comisión, en concepto de medias de ordenación del procedimiento, que indicara más específicamente cuáles de los requisitos y aptitudes que exigía la convocatoria para proveer plaza vacante no cumplía el demandante, y que tampoco procedía oír a testigos sobre las aptitudes del demandante, tal como éste había propuesto.33En tales circunstancias, debe desestimarse el segundo motivo por ser manifiestamente infundado.<TI><P>Sobre el tercer motivo, basado en el incumplimiento del deber de asistencia y protección y de lealtad</P></TI>34Mediante este motivo, el recurrente alega que, habida cuenta de los dos motivos expuestos anteriormente, la AFPN incurrió en un error de apreciación, de manera que ningún interés del servicio justificaba el nombramiento del Sr. G. Según el recurrente, por el contrario, el deber de asistencia y protección exigía su propio nombramiento por la AFPN.35A este respecto, es preciso hacer constar que el recurrente no indica de manera precisa ni los elementos que critica de la sentencia recurrida ni los fundamentos jurídicos aducidos en apoyo de este motivo. De ello se deduce que el motivo es manifiestamente inadmisible.<TI><P>Sobre el cuarto motivo, basado en la violación del principio de igualdad</P></TI>36Mediante el cuarto motivo, el demandante reprocha al Tribunal de Primera Instancia haberse abstenido de motivar el apartado 74 de la sentencia recurrida.37A este respecto, es preciso recordar que el demandante alegó en su recurso que la decisión de nombramiento del Sr. G había sido adoptada contraviniendo el principio de igualdad de trato, puesto que la Comisión no exigía formación especializada en el caso de algunos funcionarios encargados de tareas similares.38En el apartado 74 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia respondió a este motivo en los términos siguientes:

Pues bien, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que ya ha declarado, en el apartado 50 anterior, que la Comisión se mantuvo dentro de unos límites no criticables en su facultad de apreciación al estimar que, para el puesto de Jefe de la Unidad, procedía nombrar a un funcionario que tuviera una formación especializada, así como experiencia en materia de controles efectuados in situ en los sectores de que se trata. En tales circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia considera que, aun suponiendo que la Comisión hubiera debido imponer criterios similares para algunos otros funcionarios encargados de tareas similares, el demandante no puede invocar el principio de igualdad de trato alegando en su beneficio una eventual ilegalidad cometida en favor de un tercero (véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo de 1991, Zoder/Parlamento, T-30/90, Rec. p. II-207, apartado 26). Por otra parte, es preciso subrayar que el motivo no se funda en ningún argumento independiente y se basa en los argumentos aducidos en el marco de los motivos anteriores, que no fueron admitidos.

39Según el demandante, el Tribunal de Primera Instancia más bien habría debido interrogarse sobre las razones por las cuales la Comisión no había estimado necesario, en el sector veterinario, nombrar para un puesto similar a un Jefe de Unidad con una formación profesional especializada. Según el recurrente, el Tribunal de Primera Instancia habría debido deducir de ello que un nombramiento para un puesto similar estaba justificado por los elementos del caso de autos; el Tribunal de Primera Instancia habría debido declarar a continuación que la restricción impuesta a posteriori por la exigencia de una formación profesional especializada en el caso del recurrente violaba efectivamente el principio de igualdad de trato y era, por esa razón, contraria a Derecho.40Sobre este extremo, es preciso hacer constar que el presente motivo, que se limita a reproducir el invocado ante el Tribunal de Primera Instancia y a cuestionar apreciaciones de hecho efectuadas por este último Tribunal, tiene por objeto, en realidad, obtener un nuevo examen del recurso, de manera que es manifiestamente inadmisible.<TI><P>Sobre la ilegalidad de la desestimación de la candidatura del demandante para el puesto controvertido</P></TI>41En cuanto a la ilegalidad de la desestimación de su candidatura para el puesto controvertido, el recurrente indica que esta pretensión se refiere únicamente a su segunda candidatura. El recurrente estima que tiene interés en que se declare esta ilegalidad porque le permitiría obtener en el futuro una indemnización. En cuanto a la justificación de mantener su pretensión, el recurrente se remite a la exposición de motivos mencionada en el marco de su primera pretensión.42A este respecto, basta con hacer constar que el recurso de casación no indica los motivos y alegaciones invocados para fundamentar su pretensión, pues la mera remisión a la exposición de los motivos anteriormente examinados y relativos a la anulación de la decisión de la Comisión de 22 de marzo de 1993 resulta insuficiente para especificar con precisión los elementos que se critican de la sentencia cuya anulación se solicita (véase, entre otras, la sentencia de 29 de mayo de 1997, De Rijk/Comisión, C-153/96 P, Rec. p. I-2901, apartado 15). De ello se deduce que el motivo es manifiestamente inadmisible.<TI><P>Sobre la reparación del perjuicio material y moral</P></TI>43En cuanto a la fundamentación de la pretensión relativa a la reparación del perjuicio material y moral, se compone de dos motivos distintos.44Por lo que se refiere, en primer lugar, al motivo relativo al perjuicio material, el recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia el haber incurrido en un error de interpretación de sus pretensiones. El recurrente estima que el Tribunal de Primera Instancia consideró erróneamente que su pretensión iba dirigida a obtener una indemnización por daños y perjuicios, siendo así que había pedido simplemente que se declarara que la Comisión tenía la obligación de reparar todo perjuicio material que pudiera resultar en el futuro. Según el recurrente, tal pretensión es admisible, puesto que tiene interés legítimo en que se declaren las futuras obligaciones de indemnización a cargo de la AFPN. Tal pretensión también está fundada en la medida en que, si su candidatura no hubiera sido ilegalmente descartada, se le habría nombrado para el puesto controvertido.45A este respecto, procede hacer constar que, en los apartados 86 y 87 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró lo siguiente:

86.Por lo que se refiere al supuesto perjuicio material, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que es jurisprudencia reiterada que para que la Comunidad incurra en responsabilidad es necesario que concurran una serie de requisitos, a saber, la ilegalidad de la conducta que se imputa a las Instituciones, que se haya producido un daño y que exista una relación de causalidad entre la conducta y el perjuicio invocado (véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de febrero de 1994, Latham/Comisión [T-3/92, RecFP p. II-83], apartado 63).87.En el caso de autos, sin que resulte necesario pronunciarse sobre la admisibilidad de esta pretensión, es preciso señalar que consta que, hasta la fecha, el demandante no ha sufrido perjuicio material alguno debido a que el puesto controvertido haya sido provisto en el grado A 4, grado en el que actualmente está clasificado el demandante. En tales circunstancias, de la jurisprudencia se desprende que el demandante no puede invocar ningún perjuicio material (véase la sentencia de 24 de enero de 1991, Latham/Comisión [T-27/90, Rec. p. II-35], apartado 43).

46Es preciso hacer constar que el Tribunal de Primera Instancia, tras considerar que entre los requisitos de la responsabilidad de la Comunidad figura el relativo a la realidad del daño, desestimó acertadamente la pretensión del demandante, sin pronunciarse sobre su admisibilidad. En efecto, aun suponiendo que, como alega el recurrente, su pretensión ante el Tribunal de Primera Instancia no se refiriera a la obtención de una indemnización por daños y perjuicios sino a que se declarara la obligación de indemnizar a cargo de la Comunidad, es preciso, para acreditar tal obligación de la Comunidad, que el perjuicio sea real, a saber, que exista en el momento de la interposición del recurso. Teniendo en cuenta que el Tribunal de Primera Instancia hizo constar, en el apartado 87, que el demandante no había sufrido hasta entonces perjuicio material alguno, deben desestimarse los motivos de éste sobre dicho extremo.47Por consiguiente, este motivo es manifiestamente infundado.48Por lo que se refiere, en segundo lugar, al motivo relativo al perjuicio moral, el recurrente estima que es muy superior a la cantidad de 2.000 ECU, a la que fue condenada la Comisión, puesto que la causa de dicho perjuicio no radica únicamente en la falta de motivación de la desestimación del nombramiento, sino, fundamentalmente, en la desestimación ilegal de su candidatura, que le hirió y ofendió en grado sumo.49A este respecto, es preciso indicar que el presente motivo se basa en el carácter ilegal de la desestimación por la AFPN de la candidatura del recurrente.50Según se indicó anteriormente, el motivo del recurso de casación relativo a la desestimación ilegal de la referida candidatura ha sido desestimado. Por consiguiente, el presente motivo es manifiestamente infundado.51En tales circunstancias, deben desestimarse, con arreglo al artículo 119 del Reglamento de Procedimiento, los motivos alegados por el demandante, por ser manifiestamente inadmisibles o infundados.<TI><P>Sobre las costas ante el Tribunal de Primera Instancia</P></TI>52Por último, el recurrente considera que, habida cuenta de la actitud de la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia habría debido condenarla en costas.53A este respecto, basta con recordar que, en el supuesto de que se desestimen todos los demás motivos de interposición de un recurso de casación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, deberá declararse, con arreglo al párrafo segundo del artículo 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia, la inadmisibilidad del motivo de interposición relativo a la condena en costas (sentencia de 14 de septiembre de 1995, Henrichs/Comisión, C-396/93 P, Rec. p. I-2611, apartados 65 y 66).54A la vista de cuanto antecede, procede desestimar el recurso de casación en su integridad.<TI><P>Costas</P></TI>55A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de recurso de casación en virtud del artículo 118 del mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. A tenor del artículo 70 de dicho Reglamento, en los recursos de funcionarios, las Instituciones soportarán los gastos en que hubieren incurrido. No obstante, en virtud del párrafo segundo del artículo 122 de este Reglamento, el artículo 70 no es aplicable a los recursos de casación que un funcionario u otro agente de una Institución interponga contra ésta. Por haber sido desestimado el recurso de casación del recurrente, procede condenarle a las costas de esta instancia.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)

resuelve:

1)Desestimar el recurso de casación.2)Condenar en costas al recurrente.

Dictado en Luxemburgo, a 15 de enero de 1998.

El Secretario

R. Grass

El Presidente de la Sala Cuarta

H. Ragnemalm