Según parece dichas observaciones deberían bastar para comprender el sentido del artículo 215 del Tratado por cuanto con carácter bastante general se admite que no es precisa una interpretación demasiado literal de los términos en los que dicho artículo describe el método que debe permitir el descubrimiento de las normas jurídicas que son de aplicación a la materia a que se refiere (Rechtsfindung). Esto significa que el Derecho comunitario no sólo debe tomar en consideración las normas existentes en todos los Estados miembros, que el nivel mínimo común denominador no es el determinante y que no debe aplicarse el principio del límite inferior (die Norm der unteren Grenze).

Véanse Much en la obra indicada, publicada por el Instituto Max-Planck, p. 846, y Heldrich, Europarecht, 1967, p. 349.

Consecuentemente, teniendo en cuenta la mencionada sentencia que el Tribunal de Justicia ha pronunciado en relación con un problema análogo y por cuanto es imposible colegir un principio general según el cual tan sólo puede exigirse la responsabilidad de las Instituciones comunitarias, en razón de los actos que las mismas adoptan, previa declaración de su ilegalidad, considero que el hecho de que el Reglamento que se supone causante del perjuicio haya seguido siendo jurídicamente eficaz no puede ser una argumentación suficiente para que el Tribunal de Justicia declare la inadmisibilidad del recurso (o, en su caso, que el mismo carece de fundamento).

Pero mediante una consideración más atenta del tema, este Tribunal de Justicia comprenderá que el recurso del cual el mismo conoce en este momento, difícilmente puede encuadrarse en la clase a la que acabamos de referirnos. No se puede afirmar que, en realidad, lo que pretende la demandante es la anulación del Reglamento no 769/68 o la eliminación de los efectos jurídicos de sus preceptos. Es cierto que la misma no posee ningún interés para que se derogue el Reglamento no 769/68, ningún beneficio obtendría de dicha derogación, toda vez que la misma no vería compensado el perjuicio que asegura haber sufrido. En realidad, lo único que desea la parte demandante es obtener una compensación económica por determinados efectos que, a su juicio, han producido unas normas que la misma considera que adolecen de insuficiencias y de errores. No obstante, no pretende conseguir una modificación global de las normas transitorias objeto de impugnación, y puede considerarse que una modificación de tal naturaleza no necesariamente debe producirse como consecuencia de la sentencia en la que se reconozca que la demandante tiene derecho a cobrar una indemnización y, por consiguiente, declare incidentalmente, la ilegalidad del Reglamento adoptado por el Consejo. Por lo tanto considero que (si se la concibe en su sentido exacto), en el caso de autos, la tesis del abuso del ejercicio de una acción no puede tener ninguna utilidad y que no nos encontramos ante una acción de indemnización artificial que en realidad venga a enmascarar un recurso de anulación cuya interposición se hallaba vedada a la demandante por el hecho de que con el mismo se estaría impugnando un Reglamento comunitario. En relación con el segundo capítulo de excepciones planteadas por la parte demandada, según el cual manifiesta que para determinar el valor del daño, el Tribunal de Justicia estaría obligado a fijar los criterios según los cuales debe efectuarse la compensación en materia de precios y, por lo tanto, a actuar en detrimento de la facultad discrecional de que dispone el Consejo para legislar, considero que, al igual que la argumentación según la cual la Zuckerfabrik Schöppenstedt pretende que se imponga una obligación a la Comunidad en lugar de la autorización prevista con respecto a los Estados miembros, dicho extremo corresponde al examen del fondo, por referirse a la cuestión de la procedencia del recurso. Es ciertamente el caso del problema relativo a si la correcta aplicación del artículo 37 del Reglamento de base no 1009/67 y el respeto de los principios del Tratado exigen que el beneficio de la compensación se extienda a situaciones como aquélla en la que se encuentra la demandante. Lo mismo cabe afirmar cuando se trata de determinar si los Estados miembros habrían hecho uso de la facultad de conceder la compensación en situaciones de la misma índole en el supuesto de que el Consejo les hubiera autorizado y, consecuentemente, si este está obligado a indemnizar, a causa de no haberles concedido dicha autorización. Por consiguiente considero que el problema de si la demandante ha sufrido un perjuicio y la valoración del mismo no puede abordarse en este momento en el marco del examen de la admisibilidad: debe serlo en el momento en que se entre en el examen del fondo.

Por otra parte debo señalar que, en cualquier procedimiento por daños y perjuicios, en primer lugar, es preciso demostrar si el comportamiento de la Institución cuya responsabilidad extracontractual se denuncia, constituye un hecho lesivo y verificar si dicho comportamiento ha podido tener efectos perjudiciales, si es posible, en otras palabras, que se haya irrogado algún perjuicio. Si después de esto resulta que no puede determinarse la valoración exacta del daño sin invadir el ámbito de las facultades discrecionales que ostenta la Institución de que se trate para legislar, siempre existirá la posibilidad de dictar resolución interlocutoria contra la Institución y requerir a las partes para que fijen el valor del perjuicio, y procedan a su liquidación. Sin embargo, incluso en semejante caso, en principio nada impide que se admita la acción de indemnización.

Por consiguiente, en definitiva, es evidente que las excepciones que acabo de analizar no pueden prosperar en interés del Consejo y puedo terminar diciendo que un examen in extenso de los problemas relativos a la admisibilidad no ofrece ningún elemento capaz de impedir que se examine el recurso en cuanto al fondo.