Hecho en Ginebra el 29 de abril de 1958 y en vigor desde el 10 de junio de 1964 (Naciones Unidas, Registro de Tratados, vol. 499, p. 311).

Ámbito de aplicación que, de acuerdo con el apartado 2 del propio artículo 52 TUE, se especifica en el artículo 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Tal especificación es irrelevante para el caso que nos ocupa.

La franja de mar adyacente a la costa y cuya anchura no puede exceder de 12 millas marinas medidas a partir de líneas de base determinadas de conformidad con la CNUDM (artículos 2 y 3 de la CNUDM).

[…] en el sentido de que, si el Estado ribereño no explora la plataforma continental o no explota los recursos naturales de ésta, nadie podrá emprender estas actividades sin expreso consentimiento de dicho Estado (artículo 77, apartado 2, de la CNUDM).

El hecho de que la historia del poder estatal de la época moderna sea, en lo esencial, la de la progresiva imposición del poder territorial lleva instintivamente a identificar el ámbito de ejercicio del poder del Estado con el territorio sobre el que éste ejerce legítimamente su soberanía (con carácter general, Antonio Manuel Hespanha, El espacio político, en La gracia del Derecho. Economía de la cultura en la Edad Media, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1993, pp. 85 y ss.). Ciertamente, dicho ámbito es fundamentalmente territorial, pero no se reduce al territorio. En el marco del Derecho internacional, el poder del Estado puede lícitamente proyectarse más allá de su territorio, del mismo modo que, en sentido inverso, la incipiente emergencia de un cierto derecho a la injerencia de la comunidad internacional en los asuntos estatales por razones humanitarias lleva también a cuestionar el tradicional exclusivismo reconocido a los Estados en el ejercicio de sus competencias sobre su propio territorio (Dimitris Liakopoulos, L’ingerenza umanitaria nel Diritto internazionale e comunitario, Cedam, Padua, 2007). Ambos fenómenos son expresivos de una quiebra en la correspondencia hasta hace poco prácticamente perfecta entre el territorio como espacio físico, por un lado, y el ámbito del ejercicio de la soberanía, por otro. En realidad, sin embargo, dicha correspondencia ha sido consecuencia de la evolución histórica del Estado moderno y, por tanto, se trata de un fenómeno más contingente que necesario.

Por lo demás, y en términos de necesidad, la soberanía, como cualidad de un ordenamiento, precisa ciertamente de un ámbito de ejercicio para el poder jurídico al que cualifica. Poder jurídico que, en cuanto tal, se traduce en la creación de normas jurídicas cuya efectividad ha de depender de la capacidad de imposición de sus mandatos por parte de quien lo administra. Que esa capacidad se demuestre sobre todo efectiva en los límites de un territorio físico no significa que no pueda pretender (y lograr) una efectividad extraterritorial. De hecho, como expresión de un sollen, el ordenamiento no tiene en el sein ni el fundamento de su existencia ni el límite de sus pretensiones, estas últimas por definición siempre ideales, sino sólo el objeto de las conductas que pretenden ordenarse. Por tanto, que esa ordenación sólo sea eficaz en los límites de un territorio no significa que sólo en ellos sea jurídicamente válida. Otra cosa sería olvidar que la territorialidad no es una parte especial del contenido del poder estatal, sino únicamente una condición y una cualidad de ese poder (Carré de Malberg, R., Contribution à la théorie générale de l’État, I, Sirey, París, 1920, p. 4).

Prueba de que lo anterior no es un mero juego de abstracciones la ofrece el caso de las dificultades de los Estados para hacer efectiva, por ejemplo, la normativa nacional en materia de juego ante la incidencia de Internet. Problema al que se ha referido el Abogado General Mengozzi en sus conclusiones de 4 de marzo de 2010 en el asunto Markus Stoß (C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 y C-410/07, Rec. p. I-8069), afirmando en el punto 79 de las mismas que las dificultades a que pueda enfrentarse un Estado en la tarea de hacer cumplir una normativa nacional carecen de pertinencia para juzgar su compatibilidad con el Derecho de la Unión. La limitación establecida por la legislación nacional será en sí compatible o incompatible con el Tratado, y la facilidad para desarrollar un comportamiento contrario a estas normas nacionales carece de incidencia a este respecto […].

C-227/03, Rec. p. I-6101, apartado 33.