I.

Introducción

1.

¿Qué debe hacerse con las medidas de ayuda concedidas por un Estado miembro sobre la base de una versión lingüística errónea de un reglamento de la Comisión Europea, pero que ha sido debidamente publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea? Esta es la cuestión a la que, en esencia, debe responder el Tribunal de Justicia en el presente asunto, dado que Rumanía concedió, basándose en la versión en lengua rumana del Reglamento (UE) n.o 651/2014  ( 2 ) (en lo sucesivo, «RGEC»), ciertas ayudas a empresas que no deberían haberlas recibido.

2.

Dado que se le ha consultado sobre si, en tal situación, un Estado miembro está obligado a proceder a la recuperación de dichas ayudas, el Tribunal de Justicia deberá precisar el alcance de diversos principios relativos a la publicación y a la aplicación del Derecho de la Unión, a la luz del régimen lingüístico de la Unión Europea.

II.

Marco jurídico

A.

Derecho de la Unión

1.

RGEC

3.

El considerando 14 del RGEC indica:

4.

El artículo 1, apartado 4, letra c), de este Reglamento, que lleva por título «Ámbito de aplicación», dispone:

5.

El artículo 2 de dicho Reglamento, titulado «Definiciones», prevé en su punto 18, letra a), primera frase:

6.

En lo tocante a esta disposición, los términos «con menos de tres años de antigüedad» se tradujeron, en la versión en lengua rumana, como «con al menos tres años de antigüedad».  ( 4 )

2.

Reglamento (UE) 2021/452

7.

Los considerandos 1 y 2 del Reglamento (UE) 2021/452  ( 5 ) (en lo sucesivo, «Reglamento de modificación») disponen:

8.

El artículo 1 de este Reglamento dispone:

9.

El artículo 2 del citado Reglamento establece:

3.

Decisión C(2020) 5949 final

10.

Mediante la Decisión C(2020) 5949 final,  ( 6 ) la Comisión autorizó el régimen de ayudas de Estado titulado «Apoyo a las PYMES y a las grandes empresas para superar la crisis económica causada por la pandemia de COVID‑19» (en lo sucesivo, «régimen de ayudas controvertido en el litigio principal»), que Rumanía le había notificado el 20 de agosto de 2020.

11.

Los considerandos 16 y 47 de esta Decisión enuncian:

–

No pueden concederse ayudas en virtud de la medida a empresas que ya estuvieran en situación de crisis el 31 de diciembre de 2019 (véase el considerando 16). Por lo tanto, la medida se ajusta a lo dispuesto en el punto 22, letra c) del marco temporal».

B.

Derecho rumano

1.

OUG n.o 130/2020

12.

El artículo 4, apartado 1, del Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014‑2020, în contextul crizei provocate de COVID‑19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene (Decreto-ley n.o 130/2020, relativo a determinadas medidas para la concesión de una ayuda financiera con cargo a fondos externos no reembolsables, correspondientes al Programa Operativo Competitividad 2014‑2020, en el contexto de la crisis provocada por la COVID‑19, así como a otras medidas en el ámbito de los fondos europeos), de 31 de julio de 2020  ( 9 ) (en lo sucesivo, «Decreto-ley n.o 130/2020»), dispone:

13.

En virtud del artículo 6 del Decreto-ley n.o 130/2020, las microsubvenciones previstas en el artículo 4, apartado 1, de este Decreto-ley se conceden, sobre la base de un contrato de ayuda de Estado, a los beneficiarios que cumplan de manera acumulativa los siguientes requisitos: a) han desarrollado una actividad ordinaria/operativa durante al menos un año natural antes de la fecha de la presentación de la solicitud de financiación, a excepción de la PFA/CMI para la cual el inicio de la actividad puede haberse producido a más tardar el 1 de febrero de 2020; b) han obtenido un volumen de negocios durante el ejercicio anterior a la presentación de la solicitud de financiación que al menos sea equivalente, en leus rumanos (RON), a 5 000 euros a la fecha de la presentación de la solicitud de financiación, a excepción de los beneficiarios de la ayuda estatal contemplada en el artículo 5, apartado 1, letra a), beneficiarios que hayan sido creados en 2019, con un volumen de negocios inferior a 5 000 euros, respecto de los cuales el umbral mínimo de volumen de negocios se calcula multiplicando el número de meses enteros de actividad de 2019 por el importe de 415 euros, y de los beneficiarios de la ayuda estatal a los que se refiere el artículo 5, apartado 1, letras b) y c); c) mantienen su actividad durante un período de al menos seis meses a partir de la concesión de una ayuda en forma de microsubvenciones.

14.

El artículo 32 del Decreto-ley n.o 130/2020 dispone, en su apartado 1, que las normas relativas a la concesión de ayudas de Estado se establecen en el marco del régimen de ayudas de Estado — Apoyo a las PYMES, sujeto a dictamen por parte de la Comisión y, en su apartado 2, que la modificación y/o la introducción del régimen de ayudas de Estado — Apoyo a las PYMES comenzará a surtir efectos a partir de la fecha de comunicación de la decisión de autorización por la Comisión.

2.

Orden n.o 1060/2857/2020

15.

El artículo 3 del anexo de la Ordinul nr. 1060/2857/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID‑19 (Orden n.o 1060/2857/2020 por la que se aprueba el régimen de ayudas de Estado — Apoyo a las PYMES para superar la crisis económica y financiera causada por la pandemia de COVID‑19), de 8 de septiembre de 2020  ( 10 ) (en lo sucesivo, «Orden n.o 1060/2857/2020»), dictada por el Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (Ministerio de Economía, Energía y Sector Empresarial, Rumanía) y el Ministerul Fondurilor Europene (Ministerio de Fondos Europeos, Rumanía) contiene, en particular, la siguiente definición:

16.

Según el punto 6.19 de este anexo, los criterios generales de admisión para recibir financiación en virtud de las medidas del presente régimen de ayudas de Estado son los siguientes: a) los beneficiarios no deberán encontrarse, a 31 de diciembre de 2019, en situación de crisis en el sentido del artículo 2, punto 18, del RGEC; b) no se deberá haber emitido ni ejecutado contra ellos ninguna decisión de recuperación de una ayuda de Estado; c) no deberán ser objeto de un convenio preventivo de acreedores, de procedimientos de liquidación, de insolvencia o de quiebra.

3.

Orden n.o 2989/2020

17.

El punto 8.11 de la Ordinul nr. 2989/2020 privind aprobarea Procedurii de implementare a măsurii “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014‑2020, în contextul crizei provocate de COVID‑19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene (Orden n.o 2989/2020 por la que se aprueba el procedimiento de aplicación de la medida «Microsubvenciones concedidas con cargo a fondos externos no reembolsables» en el marco del régimen de ayudas de Estado establecido por el Decreto-ley n.o 130/2020), de 30 de septiembre de 2020,  ( 12 ) dispone, en esencia, que la ayuda estatal se recuperará en su totalidad si, de resultas de las comprobaciones efectuadas tras la firma de los contratos de financiación, se constata que el beneficiario no está comprendido en la categoría de los beneficiarios que cumplen los criterios de admisión previstos en el Decreto-ley n.o 130/2020.

III.

Litigio principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

18.

El 20 de agosto de 2020, Rumanía notificó a la Comisión el régimen de ayudas controvertido en el litigio principal. La Comisión autorizó este régimen de ayudas mediante la Decisión C(2020) 5949 final.

19.

Según el considerando 16 de esta Decisión, no podían concederse ayudas de Estado, sobre la base del régimen autorizado, a empresas que estuvieran en situación de crisis, en el sentido del artículo 2, punto 18, del RGEC, a 31 de diciembre de 2019. Como se desprende del considerando 47 de dicha Decisión, se trataba de uno de los requisitos establecidos por la Comisión para poder declarar que el régimen de ayudas era necesario, adecuado y proporcionado y, en consecuencia, compatible con el mercado interior.

20.

Tras la notificación de la Decisión C(2020) 5949 final, el régimen de ayudas controvertido en el litigio principal fue implementado mediante la Orden n.o 1060/2857/2020.

21.

El artículo 4, apartado 1, de esta Orden establecía la concesión de una ayuda por un importe máximo equivalente a 2 000 euros por beneficiario para determinadas categorías de PYMES.

22.

De conformidad con la Decisión C(2020) 5949 final, uno de los criterios generales de admisión que debían cumplir los beneficiarios que solicitaran financiación era, según el punto 6.19 del anexo de dicha Orden, no encontrarse en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019, en el sentido del artículo 2, punto 18, del RGEC. La definición de «empresa en crisis», que figuraba en este artículo, se reiteraba en el punto 3.6, letra i), del citado anexo, y excluía de su ámbito a las PYMES «con al menos tres años de antigüedad».

23.

En el marco del régimen de ayudas controvertido en el litigio principal, On Air Media Professionals SRL y Different Media SRL, sociedades de responsabilidad limitada de Derecho rumano, celebraron, el 10 de diciembre de 2020, unos contratos de financiación a tenor de los cuales cada una de ellas recibió una microsubvención por importe de 9 679 RON (aproximadamente 1 945 euros), destinada a ayudarles a superar la crisis económica provocada por la COVID‑19.

24.

Posteriormente, estas microsubvenciones fueron objeto de sendas decisiones de recuperación de ayuda de Estado, los días 8 de noviembre y 18 de octubre de 2022. Las autoridades rumanas consideraron que las demandantes en el litigio principal no cumplían uno de los requisitos legales para disfrutar de la ayuda en cuestión, dado que, a 31 de diciembre de 2019, eran «empresas en crisis», en el sentido del punto 3.6, letra i), del anexo de la Orden n.o 1060/2857/2020, toda vez que las pérdidas de capital sufridas por estas sociedades sobrepasaban ampliamente sus capitales suscritos.

25.

Las demandantes en el litigio principal interpusieron sendos recursos contra estas decisiones ante el Tribunalul Neamț (Tribunal de Distrito de Neamț, Rumanía). Afirmaron que cumplían la totalidad de los requisitos previstos para la obtención de las microsubvenciones y, en particular, que no tenían la condición de empresas en crisis, en el sentido del artículo 2, punto 18, del RGEC. En efecto, a su entender, estas disposiciones excluyen de la categoría de «empresas en crisis» a las «PYMES con al menos tres años de antigüedad». Pues bien, ellas tenían una antigüedad de trece y de dieciocho años, respectivamente, en la fecha de la celebración de sus contratos de financiación.

26.

El Tribunalul Neamț (Tribunal de Distrito de Neamț) desestimó estos recursos. Este órgano jurisdiccional se basó en el hecho de que la versión en lengua rumana del RGEC había sido rectificada por el Reglamento de modificación, tras la concesión de la ayuda, que disponía de este modo que solo las PYMES con menos de tres años de antigüedad, y no, como figuraba en la versión inicial, las PYMES con al menos tres años de antigüedad, quedan excluidas del ámbito de aplicación del concepto de «empresas en crisis» y cumplen, por tanto, los requisitos de admisión para recibir la ayuda en cuestión.

27.

Ese tribunal consideró que el Reglamento de modificación no había modificado el RGEC, sino que había rectificado su versión en lengua rumana, dado que la versión original, en lengua inglesa, se refería, desde su adopción, a las empresas «con menos de tres años de antigüedad». En consecuencia, aplicó el artículo 2, punto 18, del RGEC, rectificado por el Reglamento de modificación, y constató que las demandantes en el litigio principal no cumplían todos los criterios de admisión en la fecha en que presentaron sus solicitudes.

28.

Las demandantes en el litigio principal interpusieron sendos recursos de casación ante la Curtea de Apel Bacău (Tribunal Superior de Bacău, Rumanía), el órgano jurisdiccional remitente.

29.

Sostienen, en primer lugar, que la modificación introducida por el Reglamento de modificación, que se produjo en marzo de 2021, más de tres meses después de la firma del contrato y más de dos meses tras la utilización de las subvenciones para la compra de equipamientos necesarios para las empresas, constituye el fundamento de las decisiones de recuperación. En consecuencia, acusan al órgano jurisdiccional de primera instancia de haber realizado una aplicación retroactiva de esta disposición.

30.

En segundo lugar, las demandantes en el litigio principal cuestionan el concepto de «versión original del Reglamento», que figura en los fundamentos de Derecho de la sentencia de primera instancia. Consideran que este concepto carece de fundamento jurídico, puesto que la lengua rumana es una de las lenguas oficiales de la Unión, en pie de igualdad con cualquiera de las demás veintitrés lenguas.

31.

En tercer lugar, señalan que, en el momento de la firma del contrato de financiación, la versión en lengua rumana del RGEC llevaba en vigor sin modificaciones desde hacía más de seis años y que el texto de este Reglamento era perfectamente conforme con todos los demás actos normativos pertinentes en el presente asunto, especialmente la Orden n.o 1060/2857/2020, que contenía un texto idéntico. En estas circunstancias, afirman que presentaron su solicitud de ayuda de Estado, firmaron el contrato de financiación y lo ejecutaron con plena buena fe.

32.

El órgano jurisdiccional remitente considera que debe dirimir la cuestión de si la adopción de un reglamento, a saber, el Reglamento de modificación, por el que se corrige la versión oficial de un reglamento de la Unión en una lengua tiene como efecto la aplicación retroactiva de la versión corregida desde la entrada en vigor del reglamento inicial o si produce efectos únicamente a partir de la entrada en vigor del Reglamento de modificación.

33.

También se pregunta si los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima se oponen a la recuperación de la ayuda de Estado concedida cumpliendo los requisitos que figuraban inicialmente en la versión en lengua rumana, en un contexto como el del presente asunto.

34.

Observa, por último, que la jurisprudencia nacional no es uniforme sobre estas cuestiones.

35.

Dadas estas circunstancias, la Curtea de Apel Bacău (Tribunal Superior de Bacău) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

36.

Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 22 de julio de 2024, se acumularon los asuntos C‑416/24 y C‑417/24 a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia.

37.

La Comisión ha presentado observaciones escritas. No se ha celebrado vista.

IV.

Apreciación

A.

Observaciones preliminares

38.

Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el Reglamento de modificación tiene como efecto la aplicación de la versión lingüística corregida de forma retroactiva a partir de la fecha de entrada en vigor del RGEC que este corrige o si solo produce efectos para el futuro.

39.

Mediante su segunda cuestión prejudicial, pregunta, en esencia, si el principio de equivalencia de las versiones lingüísticas permite a un Estado miembro invocar, frente al beneficiario de una ayuda de Estado concedida sobre la base de la versión lingüística errónea del RGEC, la versión del RGEC corregida por el Reglamento de modificación para exigir la recuperación de esta ayuda.

40.

Por último, mediante su tercera cuestión prejudicial, trata de determinar, en esencia, si los principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica pueden interpretarse en el sentido de que permiten al beneficiario de una ayuda de Estado concedida sobre la base de una versión lingüística errónea del RGEC eludir la obligación de recuperación de la ayuda en cuestión.

41.

En mi opinión, la primera cuestión tiene carácter de principio y pretende identificar los efectos en el tiempo de un reglamento de modificación que corrige un error de traducción en el RGEC. Las cuestiones segunda y tercera, por su parte, se refieren, desde un punto de vista práctico, a las implicaciones de dicho reglamento de modificación para las medidas de ayuda que se hayan concedido sobre la base de la versión errónea que pretende corregir. Dicho de otro modo, ambas tienen por objeto la problemática del alcance de dicho reglamento de modificación, que solo puede determinarse plenamente mediante el examen de la posibilidad, tanto para el Estado miembro cuya lengua oficial era la de la versión errónea del RGEC como para los particulares, de invocar la corrección que establece este reglamento de modificación y a partir de qué momento.

42.

En estas circunstancias, me parece oportuno examinar en primer lugar la primera cuestión prejudicial, antes de analizar, de forma conjunta, las cuestiones prejudiciales segunda y tercera.

B.

Sobre la primera cuestión prejudicial

43.

Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el Reglamento de modificación debe interpretarse en el sentido de que es aplicable, de manera retroactiva, a partir de la fecha de entrada en vigor del RGEC.

44.

La Comisión alega, a este respecto, que el Reglamento de modificación prevé, en su artículo 2, que entrará en vigor el vigésimo día siguiente a su publicación en el Diario Oficial. Por lo tanto, dicho Reglamento solo produce efectos para el futuro. Sin embargo, esto no significa que, respecto del período comprendido entre la entrada en vigor del acto inicial y la entrada en vigor del acto de modificación, deban aplicarse normas diferentes en función de la versión lingüística de que se trate, habida cuenta de que ello menoscabaría la interpretación y la aplicación uniformes del Derecho de la Unión.

45.

Si bien la posición de la Comisión parece bastante compleja a primera vista, se debe, en mi opinión, a que no es sencillo responder de forma unívoca a la cuestión de los efectos en el tiempo de un reglamento de modificación que tiene por objeto corregir un error de traducción en una versión lingüística del RGEC sin un análisis más detallado de los principios que rigen la publicación de los actos del Derecho derivado en la Unión y la aplicación que resulta de ello, en particular a la vista de la especificidad del régimen lingüístico de la Unión.  ( 13 )

46.

Por tanto, considero que será útil realizar un breve resumen de dichos principios,  ( 14 ) así como de la jurisprudencia referida a estos, antes de examinar la cuestión de los efectos en el tiempo de un reglamento, como el Reglamento de modificación controvertido en el litigio principal, que tiene por objeto corregir un error de traducción en un reglamento inicial.

1.

Principios relativos a la publicación de los actos del Derecho de la Unión y a su posterior aplicación

47.

En primer lugar, la necesidad de publicación de los actos del Derecho de la Unión resulta del propio texto del Tratado FUE. Como ha destacado el Tribunal de Justicia, de las disposiciones del artículo 297 TFUE se deduce que un reglamento solo puede producir efectos jurídicos si ha sido publicado en el Diario Oficial.  ( 15 )

48.

Esta exigencia de publicación se deriva, lógicamente, además del tenor literal de los Tratados, del principio de seguridad jurídica, que exige que toda normativa de la Unión permita a los interesados conocer con exactitud el alcance de las obligaciones que les impone.  ( 16 )

49.

En segundo lugar, si bien la necesidad de publicación de un acto por razones de seguridad jurídica es un imperativo común a todos los sistemas jurídicos de los Estados miembros, esta se expresa de manera particular en lo referente al Derecho de la Unión, debido al contexto lingüístico en el que debe aplicarse.

50.

Así, los Tratados disponen que los textos establecidos en cada una de las lenguas oficiales son igualmente auténticos, mientras que el Reglamento n.o 1 prevé que los reglamentos se redactarán en las lenguas oficiales. Asimismo, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, por principio, debe reconocerse el mismo valor a todas las versiones lingüísticas de un texto de la Unión.  ( 17 ) Este principio de equivalencia de las versiones lingüísticas, en relación con la seguridad jurídica, supone, por tanto, que, para un Estado miembro cuya lengua es una lengua oficial de la Unión, procede considerar debidamente publicado un reglamento cuando dicho acto se publica, en esa lengua, en el Diario Oficial  ( 18 ) y que, además, dicha publicación debidamente realizada es una condición para que el texto en cuestión sea oponible a las personas físicas y jurídicas.  ( 19 )

51.

Dicho principio permite, además de garantizar la seguridad jurídica, asegurar la interpretación y la aplicación uniformes del Derecho de la Unión, en la medida en que se deduce de este que cada versión lingüística de un mismo texto publicado en el Diario Oficial tiene el mismo significado en cada Estado miembro y que no se puede reconocer un carácter prioritario a una versión lingüística de una disposición del Derecho de la Unión frente a otra versión lingüística.  ( 20 ) Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la equivalencia de las versiones lingüísticas, en la medida en que permite una aplicación y una interpretación uniformes del Derecho de la Unión, supone también que, en caso de divergencias entre las distintas versiones lingüísticas de una disposición, esta debe interpretarse en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en que se integra.  ( 21 )

52.

Por último, en la medida en que, como he señalado, la publicación de un acto normativo de la Unión condiciona que dicho acto produzca efectos jurídicos, también permite determinar, por regla general, el momento en el que entran en vigor tales efectos. En efecto, el artículo 297 TFUE establece que los actos normativos de la Unión entrarán en vigor en la fecha que ellos mismos fijen o, a falta de ella, a los veinte días de su publicación.

53.

No obstante, el Tribunal de Justicia admite una cierta modulación en cuanto al comienzo de la eficacia de un acto normativo de la Unión en relación con su publicación. De este modo, ha declarado que las normas de la Unión de Derecho sustantivo deben interpretarse, con el fin de garantizar el respeto de los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima, en el sentido de que solo son aplicables a situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor en la medida en que de sus términos, su finalidad o su sistema se desprenda claramente que debe atribuírseles dicho efecto.  ( 22 )

54.

En otras palabras, el principio sigue siendo la irretroactividad de los actos normativos de la Unión y sus efectos están condicionados por su publicación en el Diario Oficial. No obstante, en determinados supuestos excepcionales y en unas condiciones definidas de forma estricta por la jurisprudencia, puede admitirse que un acto normativo de la Unión produzca efectos jurídicos en un momento anterior a su publicación.

2.

Efectos en el tiempo del Reglamento de modificación

55.

Cabe recordar que, en el presente asunto, el Reglamento de modificación tiene por objeto corregir un error de traducción en la versión rumana del RGEC, referido a la definición del ámbito de los beneficiarios potenciales de ciertas ayudas de Estado. En otros términos, el error de traducción supuso un error material en la disposición de que se trata, sin que, no obstante, dicho error conlleve, a primera vista, una dificultad de interpretación del texto, ya que el tenor literal de este, aunque erróneo, resulta claro.

56.

En consecuencia, el Reglamento de modificación permite alinear la versión rumana del RGEC con las demás versiones lingüísticas y corregir el error material que resultaba de ella.

57.

Por lo tanto, procede determinar si debe considerarse que esta corrección solo produce efectos para el futuro, tras su entrada en vigor, o si puede interpretarse en el sentido de que la versión rumana del RGEC debe leerse en su versión corregida desde la entrada en vigor del RGEC y, en consecuencia, con anterioridad a la del Reglamento de modificación.

58.

Como ha señalado la Comisión, el Reglamento de modificación establece, en su artículo 2, la fecha de su entrada en vigor, que fija en el vigésimo día siguiente a su publicación en el Diario Oficial. No obstante, como he subrayado,  ( 23 ) la jurisprudencia del Tribunal de Justicia admite que el momento de la entrada en vigor de un acto no coincida necesariamente con el del comienzo de su eficacia, dado que, con determinadas condiciones, pueden reconocerse a dicho acto efectos retroactivos.

59.

Considero que debe ser así en el presente caso. En este sentido, por una parte, no cabe duda de que, al corregir el error de traducción que figuraba en la versión rumana del RGEC mediante la adopción del Reglamento de modificación, la intención del legislador era permitir que el contenido de la versión rumana dejara de diferir erróneamente de las restantes versiones lingüísticas. En otras palabras, el Reglamento de modificación persigue un objetivo de interés general, a saber, la coherencia de las diferentes versiones lingüísticas de un texto del Derecho de la Unión, lo que justifica que se interprete que produce efectos de forma retroactiva o, más concretamente, desde la entrada en vigor del RGEC que corrige. De igual modo, por otra parte, el efecto retroactivo del Reglamento de modificación se desprende claramente de su finalidad, puesto que tiene precisamente como objetivo hacer coincidir todas las versiones lingüísticas del RGEC eliminando un error de traducción de la versión rumana. Por consiguiente, no sería eficaz ni coherente considerar que esta corrección solo tiene efectos para el futuro, dejando subsistir de este modo las divergencias respecto del período comprendido entre la entrada en vigor del RGEC y la entrada en vigor del Reglamento de modificación.

60.

En estas circunstancias, opino que procede responder a la primera cuestión prejudicial que el Reglamento de modificación debe interpretarse en el sentido de que tiene efectos retroactivos, por lo que debe considerarse que el error que figura en la versión en lengua rumana al que se refiere en el RGEC queda corregido desde la entrada en vigor de este último.

C.

Sobre las cuestiones prejudiciales segunda y tercera

61.

Mediante sus cuestiones prejudiciales segunda y tercera, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el Reglamento de modificación por el que se corrige la versión lingüística rumana del RGEC debe interpretarse en el sentido de que las ayudas concedidas sobre la base de la versión lingüística errónea del RGEC deben ser objeto de recuperación.

62.

De forma más general, estas dos cuestiones prejudiciales plantean la duda sobre la posibilidad, tanto para el Estado miembro como para los particulares, de invocar el Reglamento de modificación y, en caso afirmativo, a partir de qué fecha.

63.

Pues bien, no creo que pueda deducirse del mero efecto retroactivo la posibilidad de que el Estado miembro invoque el Reglamento de modificación para exigir la recuperación de las ayudas concedidas sobre la base de la versión errónea del RGEC. Como he expuesto, el principio de interpretación y de aplicación uniformes del Derecho de la Unión no es el único principio que rige la cuestión de la publicación y de la aplicación de los actos normativos de la Unión. Debe conciliarse con otros principios, entre los que figuran los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima.

1.

Sobre el principio de seguridad jurídica

a)

Diferentes implicaciones del principio de seguridad jurídica

64.

Debo destacar que la invocación del principio de seguridad jurídica no permite, por sí sola, aportar una respuesta clara a la cuestión del alcance del Reglamento de modificación, sin precisar con anterioridad los contornos de este principio. En efecto, considero que el principio de seguridad jurídica puede dar lugar a soluciones diferentes, dependiendo del caso y de la persona que lo invoque.  ( 24 )

65.

Más concretamente, en la medida en que el principio de seguridad jurídica constituye el origen, en el contexto de la Unión, tanto del principio de equivalencia de las versiones lingüísticas como del principio de interpretación y aplicación uniformes del Derecho de la Unión, su invocación puede conducir, en el presente asunto, a dos conclusiones opuestas. De esta manera, las instituciones de la Unión, al igual que la Comisión en sus observaciones escritas, harían prevalecer la necesidad de la interpretación y aplicación uniformes del Derecho de la Unión para declarar que el RGEC en lengua rumana, a la luz del principio de seguridad jurídica, debe entenderse desde su entrada en vigor según la versión corregida por el Reglamento de modificación.

66.

A la inversa, los particulares en ese Estado miembro invocarían el principio de seguridad jurídica para acogerse a la versión lingüística errónea del RGEC, previa a su corrección por el Reglamento de modificación. Considero que procede basarse en esta concepción del principio de seguridad jurídica para responder a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera, por un lado, habida cuenta de que tienen precisamente por objeto determinar los efectos del Reglamento de modificación en la situación jurídica de los particulares en Rumanía y, por otro lado, dado que el principio de seguridad jurídica como garante de una interpretación y aplicación uniformes del Derecho de la Unión está limitado, en el presente asunto, por las razones que expondré a continuación.

b)

Seguridad jurídica en beneficio de los particulares

67.

Del principio de seguridad jurídica se deduce que únicamente un acto debidamente publicado en el Diario Oficial es oponible a las personas físicas y jurídicas de un Estado miembro y que por «publicación debida de un acto para un Estado miembro» se entiende su publicación en la lengua de ese Estado miembro.  ( 25 )

68.

A mi juicio, pueden extraerse dos conclusiones de esta jurisprudencia en el presente caso.

69.

Por una parte, de ella resulta que el RGEC, en su versión rumana, que adolecía de un error de traducción, estaba publicado en el Diario Oficial y, en consecuencia, era auténtico, en pie de igualdad con todas las restantes versiones lingüísticas en los demás Estados miembros.

70.

Por otra parte, y a contrario, también considero que resulta de lo anterior que la modificación efectuada por el Reglamento de modificación, aunque tiene efectos retroactivos, no es oponible, en esta situación, a las personas físicas y jurídicas que se basaran en la versión errónea, aunque publicada en el Diario Oficial y auténtica, del RGEC.  ( 26 )

c)

Imposibilidad de emplear la interpretación sistemática y teleológica para una interpretación y aplicación uniformes del Derecho de la Unión

71.

El hecho de que, antes de la entrada en vigor del Reglamento de modificación, existiera una divergencia entre las versiones lingüísticas no puede cambiar esta conclusión. En efecto, si bien es cierto que la jurisprudencia obliga, para garantizar una interpretación y aplicación uniformes del Derecho de la Unión, en caso de divergencias entre distintas versiones lingüísticas, a interpretar la disposición de que se trata «en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en que se integra»,  ( 27 ) no creo que tal interpretación sea posible en el caso de autos. El uso de una interpretación sistemática y teleológica no es, a mi entender, ilimitado, aunque tenga como finalidad garantizar la interpretación y aplicación uniformes del Derecho de la Unión, como expresión del principio de seguridad jurídica.

72.

Así, debo señalar que el Tribunal de Justicia ha desarrollado esta jurisprudencia en supuestos de dificultades de interpretación de una disposición, lo que justifica interesarse por diversas versiones lingüísticas y hacer uso, en caso de divergencias, de una interpretación teleológica y sistemática. No ocurre así en el presente asunto. Como he subrayado, la disposición errónea en su versión en lengua rumana del RGEC era clara y no suponía ninguna dificultad de interpretación. Ahora bien, como ha declarado el Tribunal de Justicia, aunque tal interpretación sea en principio posible para resolver una ambigüedad de redacción, no puede conducir a vaciar de efecto útil el tenor claro y preciso de una disposición.  ( 28 ) En otros términos, la interpretación sistemática y teleológica no puede llevar a modificar o a ignorar el sentido unívoco de una disposición que se desprende claramente de su tenor literal.

73.

Ciertamente, podría afirmarse que, en lo referente a un Estado miembro que haya aplicado una disposición errónea de un acto normativo de la Unión, su condición le confiere un cierto grado de conocimiento de la legislación que le permite suponer que una disposición clara puede, no obstante, ser errónea en su versión lingüística a la luz de su contexto y de su finalidad. En cambio, no cabe suponer tal conocimiento en lo tocante a los particulares y, por tanto, no puede imponerse a las personas físicas o jurídicas la obligación de comprobar las restantes versiones lingüísticas de una disposición con un tenor literal claro, y de investigar su finalidad y el contexto en el que se inscribe, cuando en el propio texto de la disposición no hay ningún aspecto que suponga una dificultad de interpretación.

74.

En estas circunstancias, solo el tenor literal de la disposición en su versión rumana, publicada en el Diario Oficial antes de su corrección por el Reglamento de modificación, debería ser oponible a las personas jurídicas y físicas de ese Estado miembro. Por consiguiente, de lo anterior se desprende que el Reglamento de modificación no debería ser oponible, antes de su entrada en vigor, a las personas físicas y jurídicas del Estado miembro que se beneficiaran de medidas de ayuda concedidas sobre la base de la versión lingüística errónea del RGEC.

75.

Esto es especialmente cierto a la luz del principio de protección de la confianza legítima.

2.

Sobre el principio de protección de la confianza legítima

76.

El Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que el derecho a invocar el principio de protección de la confianza legítima implica que las autoridades competentes de la Unión hayan dado al interesado garantías concretas, incondicionales y concordantes, que emanen de fuentes autorizadas y fiables.  ( 29 ) En efecto, tendrá ese derecho todo justiciable al que una institución, un órgano o un organismo de la Unión, al darle garantías concretas, le haya hecho concebir esperanzas fundadas. Constituye una garantía de ese tipo, con independencia de la forma en que se comunique, la información concreta, incondicional y concordante.  ( 30 )

77.

Sin embargo, por lo que respecta al régimen en materia de ayudas de Estado, la jurisprudencia es restrictiva. De este modo, el Tribunal de Justicia ha declarado que, habida cuenta del carácter imperativo del control de las ayudas estatales que con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 108 TFUE, apartado 3, efectúa la Comisión, las empresas beneficiarias de una ayuda solo podrán, en principio, confiar legítimamente en la validez de la ayuda cuando esta se conceda respetando el procedimiento que prevé dicho artículo.  ( 31 ) En particular, cuando se ejecuta una ayuda sin notificación previa a la Comisión, de modo que es ilegal en virtud del artículo 108 TFUE, apartado 3, el beneficiario de la ayuda no puede, en ese momento, confiar legítimamente en la legalidad de la concesión de dicha ayuda.  ( 32 )

78.

También según reiterada jurisprudencia, el principio de protección de la confianza legítima no puede invocarse en contra de un precepto preciso de un texto de Derecho de la Unión, y el comportamiento de una autoridad nacional encargada de aplicar el Derecho de la Unión que está en contradicción con este último no puede infundir, en un operador económico, la confianza legítima en que se podrá beneficiar de un trato contrario al Derecho de la Unión.  ( 33 )

79.

No obstante, el Tribunal de Justicia admite al mismo tiempo la posibilidad de que el beneficiario de una ayuda ilegal invoque circunstancias excepcionales que hayan podido legítimamente fundamentar su confianza en el carácter válido de dicha ayuda y de que se oponga, por consiguiente, a su recuperación.  ( 34 )

80.

Como afirma la Comisión, considero que así sucede en el presente asunto. En efecto, por un lado, la versión rumana del RGEC que contenía un error material se había publicado en el Diario Oficial, de manera que era auténtica en dicho Estado miembro y, en consecuencia, podía fundamentar la confianza de los beneficiarios de la ayuda en el hecho de que estaban efectivamente incluidos en el ámbito de los beneficiarios de las medidas en cuestión. Por otro lado, debo señalar que las disposiciones nacionales sobre cuya base se concedieron las medidas de ayuda no solo reproducen el tenor literal exacto del RGEC en su versión rumana errónea, sino que también fueron aprobadas por la Comisión. Además, debo subrayar que la responsabilidad de publicar debidamente los textos en el Diario Oficial incumbe a las instituciones de la Unión. En estas circunstancias, opino que el error sobre cuya base se abonaron las ayudas a los beneficiarios no era únicamente imputable a las autoridades rumanas, cuyo comportamiento debería considerarse contrario al Derecho de la Unión, sino también a la Comisión. Por consiguiente, la Administración de la Unión, mediante garantías concretas, hizo concebir esperanzas fundadas en que las medidas de ayuda concedidas eran legales.

81.

A mi entender, el principio de protección de la confianza legítima impide la recuperación de una ayuda concedida sobre la base de una versión lingüística errónea del RGEC corregida mediante el Reglamento de modificación.

3.

Conclusión sobre las cuestiones prejudiciales segunda y tercera

82.

De todo lo anterior se desprende, a mi juicio, que procede responder a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera en el sentido de que el Reglamento de modificación por el que se corrige la versión lingüística rumana del RGEC, a la luz de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que sea oponible a los particulares del Estado miembro que se hayan beneficiado de medidas de ayuda concedidas sobre la base de la versión en lengua rumana errónea del RGEC antes de su entrada en vigor, de manera que este Estado miembro no puede invocarlo para exigir la recuperación de dichas ayudas.

V.

Conclusión

83.

Vistas las consideraciones antes expuestas, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Curtea de Apel Bacău (Tribunal Superior de Bacău, Rumanía) de la siguiente manera: