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Diario Oficial
de la Unión Europea

ES

Serie C


C/2024/6834

29.11.2024

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

de 21 de octubre de 2024

relativa a las políticas económicas, presupuestarias, de empleo y estructurales de Suecia

(C/2024/6834)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

Visto el Reglamento (UE) 2024/1263 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2024, relativo a la coordinación eficaz de las políticas económicas y a la supervisión presupuestaria multilateral y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo (1), y en particular su artículo 3, apartado 3,

Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,

Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

Visto el dictamen del Comité de Empleo,

Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

Considerando lo siguiente:

(1)

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en lo sucesivo, «Mecanismo»), entró en vigor el 19 de febrero de 2021. El Mecanismo proporciona ayuda financiera a los Estados miembros para la realización de reformas e inversiones, lo que supone un estímulo fiscal financiado por la Unión. En consonancia con las prioridades del Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas, el Mecanismo contribuye a la recuperación económica y social y a la realización de reformas e inversiones sostenibles, en particular dirigidas a promover las transiciones ecológica y digital y aumentar la resiliencia de las economías de los Estados miembros. Asimismo, ayuda a fortalecer las finanzas públicas y a impulsar el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo, a mejorar la cohesión territorial dentro de la Unión y a que prosiga la ejecución del pilar europeo de derechos sociales.

(2)

El Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) (en lo sucesivo, «Reglamento REPowerEU»), adoptado el 27 de febrero de 2023, tiene por objeto eliminar la dependencia de la Unión de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia. Esto ayudaría a alcanzar la seguridad energética y a diversificar el suministro energético de la Unión, aumentando al mismo tiempo la implantación de las energías renovables, la capacidad de almacenamiento de energía y la eficiencia energética. Suecia incluyó un nuevo capítulo de REPowerEU en su plan nacional de recuperación y resiliencia con el fin de financiar reformas e inversiones clave que contribuyan a alcanzar los objetivos de REPowerEU.

(3)

El 16 de marzo de 2023, la Comisión publicó la Comunicación titulada «Competitividad a largo plazo de la UE: más allá de 2030» con el fin de fundamentar las decisiones políticas y crear las condiciones marco necesarias para impulsar el crecimiento. La Comunicación define la competitividad en términos de nueve factores que se refuerzan mutuamente. Entre estos factores, el acceso al capital privado, la investigación y la innovación, la educación y las capacidades y un mercado único que funcione destacan como prioridades de actuación fundamentales en lo que respecta a las reformas y a la inversión con el fin de abordar los retos actuales en materia de productividad y reforzar la competitividad a largo plazo de la Unión y sus Estados miembros.El 14 de febrero de 2024, la Comisión emitió una Comunicación titulada «Informe anual de 2024 sobre el mercado único y la competitividad». En dicha Comunicación se detallan las fortalezas y los retos en materia de competencia del mercado único europeo, haciendo el seguimiento del progreso anual con respecto a los nueve factores de competitividad identificados.

(4)

El 21 de noviembre de 2023, la Comisión adoptó el Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento sostenible para 2024, lo que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2024 para la coordinación de las políticas económicas. El 22 de marzo de 2024, el Consejo Europeo refrendó las prioridades del Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento sostenible para 2024, que se centran en torno a las cuatro dimensiones de la sostenibilidad competitiva. El 21 de noviembre de 2023, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, adoptó asimismo el Informe sobre el mecanismo de alerta de 2024, en el que señalaba a Suecia como uno de los Estados miembros que pueden presentar desequilibrios o pueden estar expuestos al riesgo de padecerlos, y para los que sería necesario un examen exhaustivo. La Comisión adoptó asimismo una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro y una propuesta de Informe conjunto sobre el empleo de 2024, en el que se analiza la ejecución de las orientaciones para las políticas de empleo y los principios del pilar europeo de derechos sociales. El 12 de abril de 2024, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (5) (en lo sucesivo, «Recomendación sobre la zona del euro de 2024») y el 11 de marzo de 2024 el Informe conjunto sobre el empleo.

(5)

El 30 de abril de 2024 entró en vigor el nuevo marco de gobernanza económica de la Unión. Dicho marco comprende el nuevo Reglamento (UE) 2024/1263 relativo a la coordinación eficaz de las políticas económicas y a la supervisión presupuestaria multilateral, el Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (6) relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo, modificado, y la Directiva 2011/85/UE del Consejo (7) sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros, modificada. Los objetivos del nuevo marco de gobernanza económica son promover unas finanzas públicas saneadas y sostenibles, un crecimiento sostenible e integrador y resiliencia a través de reformas e inversiones, y evitar déficits públicos excesivos. El nuevo marco de gobernanza económica promueve asimismo la apropiación nacional y tiene una mayor orientación a medio plazo, junto con una aplicación más sólida y coherente. Cada Estado miembro tiene que presentar al Consejo y a la Comisión un plan fiscal-estructural nacional a medio plazo. El plan fiscal-estructural nacional a medio plazo contiene los compromisos fiscales, de reformas y de inversiones de un Estado miembro y abarca un período de planificación de cuatro o cinco años, en función de la duración habitual de la legislatura a nivel nacional. La senda de gasto neto (8) de los planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo tiene que cumplir los requisitos del Reglamento (UE) 2024/1263, incluidos los requisitos de situar o mantener la deuda de las administraciones públicas en una senda descendente verosímil a más tardar al final del período de ajuste, o de mantenerla en niveles prudentes por debajo del 60 % del producto interior bruto (PIB), y de situar o mantener a medio plazo el déficit de las administraciones públicas por debajo del valor de referencia para el déficit, del 3 % del PIB, establecido en el Tratado. Si un Estado miembro se compromete a llevar a cabo un conjunto pertinente de reformas e inversiones de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento (UE) 2024/1263, el período de ajuste puede ampliarse hasta tres años. Con el fin de apoyar la preparación de dichos planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo, el 21 de junio de 2024 la Comisión publicó orientaciones sobre la información que los Estados miembros deben facilitar en sus planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo y en sus informes anuales de situación. De conformidad con los artículos 5 y 36 del Reglamento (UE) 2024/1263, la Comisión transmitió a los Estados miembros trayectorias de referencia e información técnica, en su caso. Los Estados miembros tienen que presentar sus planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo a más tardar el 20 de septiembre de 2024, a menos que el Estado miembro y la Comisión convengan la ampliación del plazo por un período razonable. De conformidad con su marco jurídico nacional, cada Estado miembro podrá debatir su proyecto de plan a medio plazo en su Parlamento nacional, solicitar a la institución fiscal independiente que emita un dictamen y llevar a cabo una consulta con los interlocutores sociales y otras partes interesadas nacionales.

(6)

En 2024, el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas sigue evolucionando en consonancia con la aplicación del Mecanismo. La ejecución plena de los planes de recuperación y resiliencia sigue siendo esencial para cumplir las prioridades de actuación en el marco del Semestre Europeo, ya que dichos planes ayudan a abordar de forma efectiva la totalidad o una parte significativa de los retos señalados en las recomendaciones específicas por país pertinentes formuladas en los últimos años. Las recomendaciones específicas por país de 2019, 2020, 2022 y 2023 siguen siendo pertinentes para los planes de recuperación y resiliencia que fueron revisados, actualizados o modificados de conformidad con los artículos 14, 18 y 21 del Reglamento (UE) 2021/241.

(7)

El 28 de mayo de 2021, Suecia presentó su plan nacional de recuperación y resiliencia a la Comisión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241. De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2021/241, la Comisión evaluó la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la coherencia del plan de recuperación y resiliencia, con arreglo a las directrices de evaluación establecidas en el anexo V de dicho Reglamento. El 4 de mayo de 2022, el Consejo adoptó su Decisión de Ejecución relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de Suecia (9), que se modificó el 9 de noviembre de 2023 con arreglo al artículo 18, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241 para actualizar la contribución financiera máxima en concepto de ayuda financiera no reembolsable, así como para incluir el capítulo de REPowerEU (10). El desembolso de tramos está supeditado a la adopción de una Decisión de la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/241, por la que se establezca que Suecia ha cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos pertinentes establecidos en la Decisión de Ejecución del Consejo. El cumplimiento satisfactorio presupone que no se ha frustrado la consecución de los hitos y objetivos anteriores.

(8)

El 26 de abril de 2024, Suecia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2024 y su Programa de Convergencia de 2024, de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 (11). De conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 2021/241, el Programa Nacional de Reformas de 2024 refleja también el informe semestral de Suecia sobre los avances realizados en la ejecución de su plan de recuperación y resiliencia.

(9)

El 19 de junio de 2024, la Comisión publicó el informe específico de 2024 sobre Suecia. En él se evalúan los avances realizados por Suecia para poner en práctica las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas por el Consejo entre 2019 y 2023 y se hace balance de la ejecución del plan de recuperación y resiliencia de Suecia. Sobre la base de dicho análisis, en el informe específico se señalan las deficiencias con respecto a los retos que no se abordan, o solo se abordan parcialmente, en el plan de recuperación y resiliencia, así como los retos nuevos y emergentes. Asimismo, se evalúan los avances de Suecia en la ejecución del pilar europeo de derechos sociales y en la consecución de los objetivos principales de la Unión en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(10)

La Comisión llevó a cabo un examen exhaustivo sobre Suecia con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011. En marzo de 2024 se publicaron las principales conclusiones de la evaluación que los servicios de la Comisión han llevado a cabo de las vulnerabilidades macroeconómicas de Suecia a efectos de dicho Reglamento. El 19 de junio de 2024, la Comisión llegó a la conclusión de que Suecia ya no está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, Suecia se enfrenta a vulnerabilidades relacionadas con su mercado inmobiliario y su elevada deuda privada, que siguen siendo pertinentes a pesar de algunas correcciones recientes. Las medidas de actuación para hacerles frente han sido limitadas. El precio de los bienes inmuebles, tras aumentos significativos durante varios años, disminuyó en 2022 y 2023. La deuda del sector privado disminuyó en relación con el PIB debido al elevado crecimiento del PIB nominal, a causa de la elevada inflación, mientras que los niveles de deuda siguieron aumentando en términos nominales. El rápido aumento de los tipos de interés ha afectado negativamente al servicio de la deuda de los hogares y de las empresas inmobiliarias comerciales, ha reducido la demanda y ha afectado a los precios de los inmuebles. La prevalencia de tipos de interés variables y de hipotecas de muy larga duración ha ejercido presión sobre los balances de los hogares, lo cual ha reducido la capacidad de reembolso, ha provocado una caída del consumo y contribuido a la recesión de 2023. Al mismo tiempo, la construcción de nuevas viviendas cayó bruscamente. A pesar de las recientes caídas, la vivienda siguen estando considerablemente sobrevalorada; los precios de los bienes inmuebles comerciales tampoco se han ajustado aún del todo, y existen riesgos para el servicio de la deuda si los tipos de interés se mantienen elevados y las tasaciones disminuyen. El sector financiero está muy expuesto al sector inmobiliario, pero sus sólidos indicadores deberían servir de baluarte contra la propagación de los problemas inmobiliarios a la economía en general. Los avances en materia de política económica han sido limitados y, a falta de actuaciones más firmes, las vulnerabilidades detectadas persistirán y pueden dar lugar a un repunte de la adquisición de viviendas financiada mediante deuda y de la sobrevaloración de los precios de la vivienda. Se podría contribuir en gran medida a prevenir estos problemas mediante la aplicación de medidas que aumenten la oferta de vivienda. Además, la fiscalidad sigue fomentando la adquisición de vivienda financiada mediante deuda a través de la importante desgravación fiscal de los pagos de intereses hipotecarios para favorecer la propiedad de la vivienda. El mercado del alquiler no se ha reformado.

(11)

Según los datos validados por Eurostat, el saldo de las administraciones públicas de Suecia disminuyó de un superávit del 1,2 % del PIB en 2022 a un déficit del 0,6 % en 2023, mientras que la deuda de las administraciones públicas se redujo del 33,2 % del PIB a finales de 2022 al 31,2 % a finales de 2023.

(12)

El 12 de julio de 2022, el Consejo recomendó (12) a Suecia que adoptara medidas para garantizar que, en 2023, el aumento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional se ajustara a una orientación global neutra de la política fiscal (13), teniendo en cuenta la continuación del apoyo temporal y específico en favor de los hogares y las empresas más vulnerables frente a las subidas de los precios de la energía y de las personas que huyen de Ucrania. Suecia debía estar dispuesta a ajustar su gasto corriente a la cambiante situación. El Consejo también recomendó a Suecia que aumentara la inversión pública en los ámbitos de las transiciones ecológica y digital y de la seguridad energética teniendo en cuenta la iniciativa REPowerEU, utilizando entre otros el Mecanismo y otros fondos de la Unión. Según las estimaciones de la Comisión, en 2023 la orientación fiscal (14) fue globalmente neutra (0 % del PIB). En 2023, el crecimiento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (excluidas las medidas discrecionales en materia de ingresos) tuvo un efecto globalmente neutro en la orientación fiscal del 0,1 % del PIB y se ajustó a la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022. El efecto globalmente neutro del gasto corriente primario financiados a nivel nacional se debió a la reducción en 0,3 puntos porcentuales del coste de las medidas de urgencia (específicas y no específicas) destinadas a los hogares y las empresas en respuesta a las subidas de los precios de la energía, que se vio compensado en parte por una serie de medidas de menor envergadura, entre ellas la reducción del impuesto energético sobre los carburantes. Las inversiones financiadas a nivel nacional ascendieron al 4,9 % del PIB en 2023, con un aumento de 0,2 puntos porcentuales con respecto a 2022. Suecia financió inversiones públicas para las transiciones ecológica y digital y para la seguridad energética, como los regímenes de salto industrial y climático, la financiación de proyectos climáticos y tecnologías de bajas emisiones en las industrias y la expansión de la banda ancha. Suecia aún no ha presentado ninguna solicitud de pago en el marco del Mecanismo.

(13)

Según el Programa de Convergencia de 2024, en el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias, el PIB real crecerá un 0,7 % en 2024 y un 2,5 % en 2025, mientras que la inflación KPIF (inflación de los precios de consumo sin costes de intereses) se situará en el 2,1 % en 2024 y el 1,7 % en 2025. El déficit de las administraciones públicas aumentaría al 1,2 % del PIB en 2024 y disminuiría al 0,3 % del PIB en 2025, mientras que la ratio de deuda de las administraciones públicas con respecto al PIB disminuiría hasta situarse en el 32,0 % a finales de 2024 y en el 31,4 % a finales de 2025. Con posterioridad a 2025, se prevé que el saldo de las administraciones públicas alcance un superávit del 0,7 % del PIB en 2026 y del 1,7 % en 2027. Por lo tanto, se prevé que, durante el período del programa, el saldo de las administraciones públicas se mantenga por debajo del valor de referencia para el déficit, del 3 % del PIB, establecido en el Tratado. A su vez, con posterioridad a 2025, se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas con respecto al PIB disminuya al 30,0 % en 2026 y al 28,0 % en 2027.

(14)

Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, el PIB real crecería un 0,2 % en 2024 y un 2,1 % en 2025, y la inflación medida con el índice de precios de consumo armonizado (IPCA) se situaría en el 2,0 % en 2024 y en el 1,8 % en 2025.

(15)

Con arreglo a las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, el déficit público será del 1,4 % del PIB en 2024, lo que refleja, entre otras cosas, el debilitamiento del crecimiento de los ingresos fiscales y el aumento del gasto, en particular en pensiones indexadas en el subsector regional y municipal, mientras que la ratio deuda de las administraciones públicas con respecto al PIB aumentará hasta el 32 % a finales de 2024. Según las estimaciones de la Comisión, se prevé que la orientación fiscal sea expansiva (0,6 % del PIB) en 2024.

(16)

Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, se espera que en 2024 se financien mediante ayudas no reembolsables («subvenciones») procedentes del Mecanismo gastos equivalentes al 0,1 % del PIB, mientras que en 2023 dichos gastos representaban el 0,1 % del PIB. Los gastos financiados mediante las subvenciones procedentes del Mecanismo permitirán inversiones de gran calidad y reformas que mejoren la productividad sin una repercusión directa en el saldo o la deuda de las administraciones públicas de Suecia.

(17)

El 14 de julio de 2023, el Consejo recomendó (15) a Suecia que mantuviera una situación fiscal sólida en 2024. Se invitó a los Estados miembros a que, al ejecutar sus presupuestos de 2023 y elaborar sus presupuestos para 2024, tuviesen en cuenta que la Comisión propondría al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit, en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023. Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, el saldo estructural de Suecia se situaría en el 0,0 % del PIB en 2024, frente al 0,1 % en 2023, es decir, permanecería por encima de su objetivo presupuestario a medio plazo de alcanzar un saldo estructural del – 1 % del PIB. Esto se ajusta a lo recomendado por el Consejo.

(18)

Además, el Consejo recomendó que Suecia tomara medidas con el fin de eliminar gradualmente las medidas de apoyo de emergencia en materia energética en vigor tan pronto como fuera posible en 2023 y 2024. El Consejo recomendó además a Suecia que, en caso de que fueran necesarias nuevas medidas de apoyo o el mantenimiento de las ya vigentes debido a nuevos aumentos de los precios de la energía, garantizara que dichas medidas de apoyo se dirigieran a proteger a los hogares y las empresas vulnerables, fueran viables desde el punto de vista fiscal y siguieran incentivando el ahorro energético. Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, el coste presupuestario neto (16) de las medidas de apoyo de emergencia en materia energética sería inferior al 0,1 % del PIB en 2023 y se situaría por debajo del 0,1 % del PIB en 2024 y en el 0 % del PIB en 2025. Las medidas de apoyo de emergencia en materia energética se han ido eliminando paulatinamente en 2023 y 2024. Esto se ajusta a lo recomendado por el Consejo.

(19)

Además, el Consejo también recomendó a Suecia mantener la inversión pública financiada a nivel nacional y garantizar la absorción efectiva de las subvenciones procedentes del Mecanismo y de otros fondos de la Unión, en particular para fomentar las transiciones ecológica y digital. Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, la inversión pública financiada a nivel nacional aumentaría del 4,9 % del PIB en 2023 al 5,1 % del PIB en 2024. Esto se ajusta a lo recomendado por el Consejo. A su vez, se espera que el gasto público financiado por los ingresos procedentes de los fondos de la Unión, incluidas las subvenciones procedentes del Mecanismo, se mantenga estable en el 0,2 % del PIB en 2024.

(20)

Sobre la base de las medidas de actuación conocidas en la fecha límite de las previsiones y con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión contemplan para 2025 un déficit de las administraciones públicas del 0,9 % del PIB y una ratio de deuda de las administraciones públicas con respecto al PIB del 31,3 %, gracias a la recuperación económica prevista.

(21)

De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2021/241 y el anexo V, criterio 2.2, de dicho Reglamento, el plan de recuperación y resiliencia incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que deben realizarse para 2026. Se espera que dichas reformas e inversiones ayuden a abordar de forma efectiva la totalidad o una parte significativa de los retos señalados en las recomendaciones específicas por país pertinentes. Dado el calendario ajustado, es esencial avanzar rápidamente en la ejecución efectiva del plan de recuperación y resiliencia, incluido el capítulo de REPowerEU, para impulsar la competitividad a largo plazo de Suecia mediante las transiciones ecológica y digital, garantizando al mismo tiempo la equidad social. Para cumplir los compromisos del plan de recuperación y resiliencia a más tardar en agosto de 2026, es esencial que Suecia acelere considerablemente la ejecución de reformas e inversiones. La participación sistemática de las administraciones locales y regionales, los interlocutores sociales, la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo esencial para garantizar una amplia implicación en la ejecución satisfactoria del plan de recuperación y resiliencia.

(22)

Como parte de la revisión intermedia de los programas de la política de cohesión, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo (17), Suecia debe revisar cada programa financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el Fondo de Cohesión y el Fondo de Transición Justa (FTJ) a más tardar en marzo de 2025, teniendo en cuenta, en particular, los retos señalados en las recomendaciones específicas por país de 2024, así como su plan nacional de energía y clima. Dicha revisión constituye la base para la asignación definitiva de la financiación de la Unión incluida en cada programa. Suecia ha avanzado en la aplicación de los programas de la política de cohesión y del pilar europeo de derechos sociales, pero sigue habiendo retos y persisten las disparidades entre la región de la capital y el resto del país. Es importante acelerar la aplicación de los programas de la política de cohesión, y las prioridades acordadas en dichos programas siguen siendo pertinentes. Es fundamental seguir apoyando la innovación que contribuya a una mayor ecologización de la sociedad con el objetivo de alcanzar una economía climáticamente neutra, al tiempo que se siguen abordando las disparidades socioeconómicas regionales y las disparidades entre las zonas urbanas y no urbanas. Además, sigue siendo clave promover el reciclaje y perfeccionamiento profesional, prestando especial atención a los grupos vulnerables, en particular a aquellos de origen migrante. Suecia también podría utilizar la iniciativa de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa, creada por el Reglamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo y del Consejo (18) con el fin de impulsar la inversión en tecnologías que respalden la transición ecológica. El desarrollo y la fabricación de tecnologías limpias y eficientes en cuanto al uso de los recursos, incluido el refuerzo de las cadenas de valor y solucionar la escasez de mano de obra y capacidades, es importante para la sostenibilidad y la competitividad a largo plazo de las regiones suecas y sus pequeñas y medianas empresas.

(23)

Además de los retos económicos y sociales de los que se ocupan el plan de recuperación y resiliencia y otros fondos de la UE, Suecia afronta algunos retos adicionales relacionados con lo siguiente: a) el deterioro de los resultados educativos de los alumnos, en particular de aquellos que proceden de entornos socioeconómicos y migrantes desfavorecidos; b) el déficit de capacidades, que es más pronunciado en el caso de las personas que proceden de entornos socioeconómicos y migrantes desfavorecidos, y iii) la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

(24)

Según los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de 2022, las capacidades básicas de los alumnos suecos se han deteriorado desde 2018. El mayor deterioro se ha producido en matemáticas, donde el porcentaje de alumnos con un bajo rendimiento se situó muy por encima del objetivo de la Unión. La tasa de bajo rendimiento ha aumentado aún más en el caso de los alumnos procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos y la brecha entre los alumnos autóctonos y los de origen migrante es muy elevada. Además, la persistente escasez de profesores cualificados podría repercutir negativamente en la calidad del sistema educativo y en el rendimiento de los alumnos.

(25)

En 2022, el 15 % de todos los alumnos que finalizaron el primer ciclo de la enseñanza secundaria tuvieron notas demasiado bajas o incompletas, lo que les impedía acceder al segundo ciclo de la enseñanza secundaria. Esto afecta, en particular, a los alumnos proceden de entornos socioeconómicos y migrantes desfavorecidos. Estos alumnos también está infrarrepresentados en las escuelas privadas, cuyos alumnos tienen, en general, más posibilidades de acceder a estudios superiores. Dado que la mayoría de los puestos de trabajo en Suecia requieren una titulación de segundo ciclo de enseñanza secundaria o superior, la consiguiente brecha en el nivel educativo aumenta también el riesgo de no encontrar trabajo, con consecuencias negativas para la integración.

(26)

Existen grandes diferencias entre los distintos grupos en términos de nivel de capacidades y educativo. Estas diferencias son más pronunciadas en el caso de los jóvenes nacidos fuera de la Unión, que tienen menos probabilidades de haber completado el segundo ciclo de la enseñanza secundaria y de estar trabajando, estudiando o formándose que los nacidos en Suecia. Esto reduce sus posibilidades de empleo y representa un riesgo para la capacidad de Suecia de seguir mejorando la competitividad sostenible. Además, este déficit de capacidades agrava todavía más la escasez de mano de obra, especialmente evidente en los sectores de la industria y los servicios, y representa un reto importante para el desarrollo y la transición industrial ecológica de las regiones más septentrionales del país.

(27)

Con las políticas actuales, parece poco probable que Suecia alcance sus objetivos para 2030 en el marco de la política de la Unión para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (objetivos de emisiones para 2030). Aún no se dispone de escenarios globales actualizados sobre las emisiones de gases de efecto invernadero que reflejen los cambios de políticas de 2023 y 2024, ya que el plan de acción por el clima del Gobierno disponible actualmente se centra en un horizonte más largo, hasta 2045, sin escenarios cuantitativos sobre la trayectoria de las emisiones para el período hasta 2030. Sin embargo, varios estudios de organismos oficiales e independientes parecen confirmar que los resultados de las políticas actuales de Suecia se quedarán muy cortos respecto de los objetivos de emisiones para 2030. La reducción de las emisiones en el transporte por carretera es fundamental para que Suecia pueda alcanzar los objetivos de emisiones para 2030. El transporte por carretera representa tres cuartas partes de la demanda energética de petróleo y productos petrolíferos, que son la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de combustibles fósiles en Suecia.

(28)

Aunque Suecia es el país de la Unión con el mayor porcentaje de energías renovables respecto del consumo total de energía, todavía tiene un potencial sin explotar en este ámbito. Este potencial podría aprovecharse para acomodar la electrificación actual de las industrias de Suecia, así como los avances industriales innovadores y ecológicos y la descarbonización en el norte de Suecia, que requieren una producción de electricidad aún mayor. Sigue habiendo varios obstáculos para ampliar la capacidad de producción de energía renovable del país. Esto podría dar lugar a que Suecia no logre la expansión prevista de la capacidad eólica en 13 GW y de la capacidad de energía solar en alrededor de 5 GW entre 2021 y 2030. Uno de estos obstáculos son las trabas a la concesión de permisos, tanto para la energía eólica marina como para la terrestre. Estos obstáculos se deben, entre otras cosas, a la ineficacia de los procedimientos de concesión de permisos y a los derechos de veto de los municipios y las autoridades de defensa.

(29)

A la luz del examen exhaustivo de la Comisión y de sus conclusiones sobre la existencia de desequilibrios, las recomendaciones formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 se reflejan en la recomendación 1. Las políticas a que se refiere la recomendación 1 contribuyen a abordar las vulnerabilidades asociadas al elevado endeudamiento de los hogares y al alto valor de los bienes inmuebles.

RECOMIENDA a Suecia que tome medidas en 2024 y 2025 con el fin de:

1.

Presentar el plan fiscal-estructural a medio plazo de manera oportuna. Reducir los riesgos relacionados con la elevada deuda de los hogares y los desequilibrios del mercado de la vivienda mediante la disminución de la desgravación fiscal del pago de los intereses hipotecarios y el aumento de los impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles, al tiempo que se desarrollan herramientas adecuadas para una mejor evaluación y orientación de las políticas. Estimular la inversión en la construcción de viviendas para paliar la escasez más urgente, en particular eliminando los obstáculos estructurales a la construcción. Mejorar la eficiencia del mercado de la vivienda, en particular introduciendo reformas en el mercado del alquiler.

2.

Habida cuenta de los prolongados retrasos, acelerar considerablemente la ejecución del plan de recuperación y resiliencia, incluido el capítulo de REPowerEU, asegurando la culminación de las reformas e inversiones a más tardar en agosto de 2026. Acelerar la ejecución de los programas de la política de cohesión. En la revisión intermedia de dichos programas, seguir centrándose en las prioridades acordadas, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora de la competitividad que ofrece la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa.

3.

Mejorar los resultados educativos, en particular de los alumnos procedentes de entornos socioeconómicos y migrantes desfavorecidos, abordando la persistente escasez de profesores cualificados, garantizando la igualdad de oportunidades de acceso al sistema escolar y apoyando más la transición de los alumnos al segundo ciclo de la enseñanza secundaria. Desarrollar las capacidades de la mano de obra, en particular de quienes proceden de entornos socioeconómicos y migrantes desfavorecidos, mediante medidas y recursos específicos con el fin mejorar su integración en el mercado de trabajo.

4.

Garantizar la consecución de los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero reduciendo, en particular, las emisiones del transporte por carretera, y acelerar y racionalizar los procedimientos de concesión de permisos para la implantación de las energías renovables, en particular en lo que se refiere a la energía eólica marina y terrestre.

Hecho en Luxemburgo, el 21 de octubre de 2024.

Por el Consejo

El Presidente

NAGY I.


(1)   DO L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj.

(2)   DO L 306 de 23.11.2011, p. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1176/oj.

(3)  Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (DO L 57 de 18.2.2021, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj).

(4)  Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de febrero de 2023, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/241 en lo relativo a los capítulos de REPowerEU en los planes de recuperación y resiliencia y se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1303/2013, (UE) 2021/1060 y (UE) 2021/1755, y la Directiva 2003/87/CE (DO L 63 de 28.2.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/435/oj).

(5)  Recomendación (UE) del Consejo de 12 de abril de 2024 sobre la política económica de la zona del euro (DO C, C/2024/2807, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2807/oj).

(6)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1467/oj).

(7)  Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros (DO L 306 de 23.11.2011, p. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/85/oj).

(8)  Gasto neto tal como se define en el artículo 2, punto 2, del Reglamento (UE) 2024/1263: por «gasto neto» se entiende el gasto público, neto de i) los gastos en concepto de intereses; ii) las medidas discrecionales relativas a los ingresos; iii) los gastos en programas de la Unión compensados íntegramente con los ingresos procedentes de los fondos de la Unión; iv) el gasto nacional en cofinanciación de programas financiados por la Unión; v) los elementos cíclicos del gasto en prestaciones de desempleo y vi) las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal.

(9)  ST 7772/22 INIT y ST 7772/22 ADD 1.

(10)  Decisión de Ejecución del Consejo, de 9 de noviembre de 2023, por la que se modifica la Decisión de Ejecución de 4 de mayo de 2022 relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de Suecia (ST 14474/23 INIT y ST 14474/23 ADD1).

(11)  Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (DO L 209 de 2.8.1997, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1466/oj).

(12)  Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2022 de Suecia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2022 de Suecia (DO C 334 de 1.9.2022, p. 221).

(13)  Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, el crecimiento de la producción potencial a medio plazo de Suecia en 2023 se estima en el 7,7 % en términos nominales, sobre la base de la tasa media de crecimiento potencial real a diez años y del deflactor del PIB de 2023.

(14)  La orientación fiscal se define como una medida de la variación anual de la situación presupuestaria subyacente de las administraciones públicas. Su objetivo es evaluar el impulso económico derivado de las políticas fiscales, tanto las financiadas a nivel nacional como las financiadas por el presupuesto de la Unión. La orientación fiscal se mide como la diferencia entre: i) el crecimiento potencial a medio plazo, y ii) la variación del gasto primario, excluidas las medidas discrecionales en materia de ingresos (y las medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis de la COVID-19), e incluidos los gastos financiados mediante ayudas no reembolsables (subvenciones) procedentes del Mecanismo y otros fondos de la Unión. Un signo negativo en el indicador refleja una política fiscal expansiva, mientras que uno positivo refleja una política fiscal contractiva.

(15)  Recomendación del Consejo, de 14 de julio de 2023, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2023 de Suecia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2023 de Suecia (DO C 312 de 1.9.2023, p. 252).

(16)  Esta cifra representa el coste presupuestario anual de las medidas, incluidos los ingresos y gastos y, en su caso, excluidos los ingresos procedentes de los impuestos sobre los beneficios inesperados de los proveedores de energía.

(17)  Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (DO L 231 de 30.6.2021, p. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).

(18)  Reglamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de febrero de 2024, por el que se crea la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP) y se modifican la Directiva 2003/87/CE y los Reglamentos (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 y (UE) 2021/241 (DO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6834/oj

ISSN 1977-0928 (electronic edition)