Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
de 2 de julio de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Residuos — Reglamento (CE) n.º 1013/2006 — Artículo 12, apartado 1, letra a) — Directiva 2008/98/CE — Traslado — Objeciones a los traslados de residuos destinados a la valorización — Facultad de la autoridad competente del Estado miembro de destino para formular objeciones al traslado — Motivos — No conformidad con los planes nacionales de gestión de residuos »
En el asunto C‑447/25,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría), mediante resolución de 24 de junio de 2025, recibida en el Tribunal de Justicia el 8 de julio de 2025, en el procedimiento entre
Surovina RECE d.o.o.
y
Pest Vármegyei Kormányhivatal,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
integrado por la Sra. I. Ziemele, Presidenta de Sala, y los Sres. S. Gervasoni (Ponente) y M. Bošnjak, Jueces;
Abogada General: Sra. T. Ćapeta;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
– en nombre de Surovina RECE d.o.o., por el Sr. Z. Faludi, ügyvéd;
– en nombre de Pest Vármegyei Kormányhivatal, por la Sra. A. Bartus y los Sres. Z. Szurovecz y R. Tarnai, en calidad de agentes;
– en nombre del Gobierno húngaro, por la Sra. Zs. Biró‑Tóth y el Sr. M. Z. Fehér, en calidad de agentes;
– en nombre del Gobierno austriaco, por la Sra. J. Schmoll y el Sr. P. Thalmann, en calidad de agentes;
– en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. I. Melo Sampaio, D. Milanowska y Zs. Teleki, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 12, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos (DO 2006, L 190, p. 1), en relación con el considerando 39 y el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (DO 2008, L 312, p. 3).
2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Surovina RECE d.o.o., sociedad eslovena, y el Pest Vármegyei Kormányhivatal (Delegación del Gobierno en la Provincia de Pest, Hungría) (en lo sucesivo, «autoridad húngara»), en relación con una resolución por la que esta última formuló objeciones a traslados de residuos de Eslovenia a Hungría que Surovina RECE tenía previsto efectuar.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Reglamento n.º 1013/2006
3 El artículo 12 del Reglamento n.º 1013/2006, titulado «Objeciones a los traslados de residuos destinados a la valorización», dispone en su apartado 1:
«Cuando se presente una notificación relativa a un determinado traslado de residuos destinados a la valorización, las autoridades competentes de destino y de expedición podrán, en un plazo de 30 días desde la fecha de transmisión del acuse de recibo por parte de la autoridad competente de destino, de conformidad con el artículo 8, formular objeciones motivadas por alguno o varios de los motivos siguientes y de conformidad con el Tratado:
a) que el traslado o la valorización previstos no se ajustarían a lo dispuesto en la Directiva 2006/12/CE, en particular en sus artículos 3, 4, 7 y 10, o bien
b) que el traslado o la valorización previstos no se ajustarían a las disposiciones legales y reglamentarias nacionales en materia de protección del medio ambiente, orden público, seguridad pública o protección de la salud en relación con acciones que tengan lugar en dicho país, o bien
[...]».
Directivas 2006/12/CE y 2008/98
4 La Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos (DO 2006, L 114, p. 9), fue derogada, con efectos a partir del 12 de diciembre de 2010, por la Directiva 2008/98, que establece que las referencias a la Directiva 2006/12 se entenderán hechas a la Directiva 2008/98.
5 El artículo 7, apartado 4, de la Directiva 2006/12 establecía:
«Los Estados miembros podrán tomar las medidas necesarias para evitar los movimientos de residuos que no se ajusten a sus planes de gestión de residuos. Informarán de dichas medidas a la Comisión [Europea] y a los Estados miembros.»
6 El considerando 39 de la Directiva 2008/98 tiene el siguiente tenor:
«De conformidad con el Reglamento [n.º 1013/2006], los Estados miembros podrán adoptar las medidas necesarias para evitar los traslados de residuos que no se ajusten a sus planes de gestión de residuos. No obstante lo dispuesto en dicho Reglamento, debe permitirse que los Estados miembros limiten los traslados entrantes de residuos destinados a los incineradores clasificados como valorización, cuando se haya determinado que los residuos nacionales tendrían que ser eliminados o que dichos residuos tendrían que ser tratados de forma incompatible con sus planes de gestión de residuos. Se reconoce que determinados Estados miembros quizá no puedan disponer dentro de su territorio de una red que incluya toda la gama de instalaciones de valorización final.»
7 El artículo 16 de esta Directiva, titulado «Principios de autosuficiencia y proximidad», establece en su apartado 1, párrafo segundo:
«No obstante lo dispuesto en el Reglamento [n.º 1013/2006], los Estados miembros, para proteger su red, podrán limitar los traslados entrantes de residuos destinados a los incineradores que estén clasificados como valorización, cuando se haya establecido que dichos traslados tendrían como consecuencia que los residuos nacionales tendrían que ser eliminados o que estos residuos tendrían que ser tratados de una manera que no fuese compatible con sus planes de gestión de residuos. Los Estados miembros notificarán dicha decisión a la Comisión. [...]»
8 Con arreglo al artículo 28 de la Directiva 2008/98, titulado «Planes de gestión de residuos»:
«1. Los Estados miembros garantizarán que sus autoridades competentes establezcan, de conformidad con los artículos 1, 4, 13 y 16, uno o varios planes de gestión de residuos.
Estos planes, por separado o en combinación, cubrirán todo el territorio geográfico del Estado miembro.
2. Los planes de gestión de residuos presentarán un análisis actualizado de la situación de la gestión de residuos en la entidad geográfica correspondiente, así como una exposición de las medidas que deban tomarse para mejorar la preparación para la reutilización, el reciclado, la valorización y la eliminación de los residuos de forma respetuosa con el medio ambiente, y evaluarán en qué medida el plan contribuye a la consecución de los objetivos establecidos por la presente Directiva.
3. Estos planes incluirán […]
4. Estos planes podrán incluir […]
5. Los planes de gestión de residuos serán conformes a los requisitos […]».
9 Según la tabla de correspondencias entre las disposiciones de la Directiva 2006/12 y las de la Directiva 2008/98, que figura en el anexo V de esta última, dicho artículo 28 corresponde al artículo 7 de la Directiva 2006/12.
Derecho húngaro
10 El legislador húngaro adoptó la a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ley CLXXXV de 2012, sobre residuos) (Magyar Közlöny 2012/160) con el fin de transponer la Directiva 2008/98 al ordenamiento jurídico interno.
11 A tenor del artículo 20, apartado 1, de esa Ley, en su versión aplicable al litigio principal:
«La autoridad de gestión de residuos podrá formular objeciones a la importación, exportación o tránsito de residuos destinados a la valorización o a la eliminación conforme a lo dispuesto por el Reglamento [n.º 1013/2006].»
12 El artículo 21, apartado 1, de dicha Ley, en esa misma versión, dispone:
«Aparte de lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley, la autoridad de gestión de residuos también podrá formular objeciones a la importación, exportación o tránsito de residuos en Hungría si:
[...]
b) los residuos que pretenden importarse dieran lugar a un tratamiento de los residuos generados en el territorio de Hungría incompatible con los planes de gestión de residuos.»
13 Mediante la a 2021–2027 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 1704/2021. (X. 6.) Korm. határozat (Decisión del Gobierno 1704/2021, de 6 de octubre, relativa al Plan Nacional de Gestión de Residuos para el período 2021-2027) (Magyar Közlöny 2021/184), se aprobó un plan nacional de gestión de residuos. Según este, la importación de combustibles resultantes de residuos de origen extranjero no debe poner en peligro la valorización de combustibles resultantes de residuos de origen nacional.
Litigio principal y cuestión prejudicial
14 Surovina RECE presentó a la autoridad competente eslovena una solicitud de autorización previa relativa a 1 100 traslados, desde Eslovenia, Estado miembro de expedición, a Hungría, Estado miembro de destino, de residuos clasificados como «combustibles derivados de residuos» (Refuse Derived Fuel), por un total de 25 000 toneladas de residuos. Indicó que estos residuos estaban destinados a la producción, por una sociedad establecida en Hungría, de «combustibles sólidos recuperados» (Solid Recovered Fuel). Esta solicitud se remitió a la autoridad húngara, en su calidad de autoridad competente del Estado miembro de destino.
15 Mediante resolución de 15 de julio de 2024, la autoridad húngara formuló objeciones a los traslados de dichos residuos. A este respecto, se basó en el artículo 12, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n.º 1013/2006 y en las Directivas 2006/12 y 2008/98. Según la autoridad húngara, estos traslados no se ajustaban al plan nacional de gestión de residuos para el período 2021-2027 —instrumento de planificación que la Directiva 2008/98 hizo obligatorio—, en virtud del cual la importación de combustibles de origen extranjero no debía poner en peligro la valorización de combustibles de origen húngaro. La autoridad húngara consideró que, según la información de que disponía, la cantidad de combustibles resultantes de residuos importados en Hungría durante los últimos años había aumentado de tal manera que ponía en peligro la valorización de los residuos generados en Hungría.
16 Surovina RECE interpuso un recurso ante el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría), que es el órgano jurisdiccional remitente, solicitando la anulación de dicha resolución. Alegó que la autoridad húngara no podía formular objeciones a los traslados de que se trata basándose en el Reglamento n.º 1013/2006 y en las Directivas 2006/12 y 2008/98, puesto que esta última Directiva, que sustituyó a la Directiva 2006/12, solo autoriza tales objeciones para los traslados de residuos destinados a incineradores, lo que no sucede en el caso de los residuos controvertidos en el litigio principal.
17 La autoridad húngara solicitó que se desestimara dicho recurso, alegando que no había formulado objeciones sobre la base de la Directiva 2008/98 y que se había basado únicamente en el Reglamento n.º 1013/2006 y en la legislación húngara que lo desarrolla.
18 El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre la interpretación del artículo 12, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 1013/2006, dado que esta disposición sigue remitiéndose a la Directiva 2006/12, en particular a los artículos 3, 4, 7 y 10 de esta. El artículo 7, apartado 4, de dicha Directiva permitía evitar los movimientos de residuos que no se ajustaran a los planes nacionales de gestión de residuos, de modo que las autoridades del Estado miembro de destino podían, mediante la aplicación conjunta del artículo 12, apartado 1, letra a), de ese Reglamento y del artículo 7, apartado 4, de la citada Directiva, formular objeciones a un traslado de residuos invocando tales planes. El órgano jurisdiccional remitente señala que la Directiva 2008/98, que sustituye a la Directiva 2006/12, no contiene, sin embargo, una disposición equivalente al citado artículo 7, apartado 4. Se pregunta entonces si, mediante la aplicación conjunta del artículo 12, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 1013/2006 y de la Directiva 2008/98, una autoridad del Estado miembro de destino dispone de la facultad para formular objeciones a un traslado de residuos destinados a la valorización que no se ajuste a su plan de gestión de residuos. A este respecto, subraya que el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2008/98, que permite a tales autoridades limitar, con el fin de proteger su red, los traslados entrantes de residuos destinados a los incineradores que estén clasificados como valorización, se refiere a un caso diferente del que es objeto del litigio principal, en el que los residuos de que se trata no están destinados a ser incinerados. Por último, se pregunta si el derecho a formular objeciones a un traslado de residuos que no se ajuste a un plan nacional de gestión de residuos puede deducirse del considerando 39 de la mencionada Directiva, que enuncia, en términos generales, la posibilidad de que los Estados miembros «adopten las medidas necesarias» para evitar cualquier traslado de esa naturaleza. El órgano jurisdiccional remitente señala que, aunque el considerando de un acto carece de valor normativo, dicho acto podría interpretarse a la luz del mismo. Además, precisa que sus dudas no se refieren a la interpretación del artículo 12, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 1013/2006.
19 En estas circunstancias, el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 12, apartado 1, letra a), del Reglamento [n.º 1013/2006], en relación con el considerando 39 y con el artículo 16, apartado 1, de la Directiva [2008/98], en el sentido de que un Estado miembro de destino puede formular objeciones al traslado de residuos que procedan de otro Estado miembro de expedición y que no estén destinados a los incineradores y sí a la valorización, basándose en que el traslado previsto no se ajustaría al plan de gestión de residuos del Estado miembro de destino?»
Sobre la cuestión prejudicial
20 Es preciso recordar que, en marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, incumbe al Tribunal de Justicia reformular en su caso las cuestiones prejudiciales que se le han planteado [sentencia de 30 de abril de 2026, Lidl Italia (Prácticas comerciales desleales en materia de alimentos), C‑301/25, EU:C:2026:357, apartado 25].
21 Además, en el marco de ese procedimiento, basado en una clara separación de las funciones entre los tribunales nacionales y el Tribunal de Justicia, toda apreciación de los hechos del asunto es competencia del juez nacional, al que corresponde apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia, mientras que el Tribunal de Justicia únicamente está facultado para pronunciarse sobre la interpretación o la validez de una norma de la Unión a partir de los hechos que le proporcione el juez nacional. Por consiguiente, incumbe al juez nacional comprobar, en su caso, la exactitud de los hechos pertinentes para la resolución del litigio del que conoce (sentencia de 30 de mayo de 2018, Dell’Acqua, C‑370/16, EU:C:2018:344, apartados 31 y 32).
22 En el presente asunto, procede señalar que el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2008/98, mencionado por el órgano jurisdiccional remitente en su cuestión prejudicial, si bien permite a los Estados miembros limitar, sobre la base de sus planes nacionales de gestión de residuos, los traslados entrantes de residuos con el fin de proteger su red de tratamiento de residuos, solo se refiere a los «residuos destinados a los incineradores que estén clasificados [para una operación de] valorización».
23 La Comisión alega, en sus observaciones, que los residuos de que se trata en el litigio principal, es decir, los «combustibles derivados de residuos», están destinados a ser transformados, por incineración, en «combustibles sólidos recuperados», y que esa incineración constituye una operación de valorización. No obstante, la apreciación de los hechos —en el caso de autos, la apreciación del destino de los residuos— es competencia exclusiva del juez nacional, como se desprende del apartado 21 de la presente sentencia. Pues bien, el órgano jurisdiccional remitente hace referencia, en su cuestión prejudicial, a residuos destinados a la valorización sin incineración. Además, la autoridad húngara indica que se opuso al traslado de los residuos de que se trata sin basarse en el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2008/98. En consecuencia, la interpretación de esta última disposición no resulta pertinente para la resolución del litigio principal.
24 Por consiguiente, procede considerar que, mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 12, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 1013/2006, en relación con el considerando 39 de la Directiva 2008/98, debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro de destino puede formular objeciones al traslado de residuos procedentes de otro Estado miembro, destinados a la valorización sin ser incinerados, basándose en que dicho traslado no se ajusta al plan de gestión de residuos del Estado miembro de destino.
25 Según reiterada jurisprudencia, para interpretar disposiciones del Derecho de la Unión, debe tenerse en cuenta no solo su tenor, sino también el contexto en el que se inscriben las disposiciones y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forman parte (sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, apartado 12, y de 29 de julio de 2024, Belgian Association of Tax Lawyers y otros, C‑623/22, EU:C:2024:639, apartado 94). La génesis de una disposición del Derecho de la Unión también puede revelar elementos pertinentes para su interpretación (sentencia de 8 de mayo de 2025, Provincie Oost‑Vlaanderen y Sogent, C‑236/24, EU:C:2025:321, apartado 21 y jurisprudencia citada).
26 En primer término, del tenor del artículo 12, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 1013/2006 se desprende que los Estados miembros pueden formular objeciones motivadas a un determinado traslado de residuos destinados a la valorización cuando el traslado o la valorización previstos no se ajusten a la Directiva 2006/12. Esta disposición menciona, con carácter no exhaustivo, como demuestra el empleo del término «en particular», algunos artículos de dicha Directiva. Habida cuenta de que la Directiva 2006/12 fue sustituida por la Directiva 2008/98 con efectos a partir del 12 de diciembre de 2010, las referencias a aquella se entienden hechas a la Directiva 2008/98 con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo V de esta. Conforme a dicha tabla, la remisión que efectúa el artículo 12, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 1013/2006 al artículo 7 de la Directiva 2006/12 debe entenderse hecha actualmente al artículo 28 de la Directiva 2008/98, disposición que regula la elaboración, por los Estados miembros, de planes de gestión de residuos.
27 Así pues, del tenor del artículo 12, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 1013/2006 se desprende que las autoridades competentes de destino y de expedición pueden oponerse a un traslado de residuos que no se ajuste a la Directiva 2008/98, en particular al artículo 28 de esta. Se dará tal supuesto cuando el traslado de que se trate no se ajuste a uno o varios planes de gestión de residuos adoptados de conformidad con esta última disposición.
28 En segundo término, esta interpretación se ve corroborada por el contexto en el que se inscribe el artículo 12, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 1013/2006, en particular por el considerando 39 de la Directiva 2008/98, también citado por el órgano jurisdiccional remitente en su cuestión prejudicial, según el cual «de conformidad con el Reglamento [n.º 1013/2006], los Estados miembros podrán adoptar las medidas necesarias para evitar los traslados de residuos que no se ajusten a sus planes de gestión de residuos». Si bien es cierto que este considerando no tiene valor jurídico vinculante, sí puede proporcionar elementos interpretativos que puedan arrojar luz sobre la voluntad de los autores de dicha Directiva [véase, en este sentido, la sentencia de 11 de noviembre de 2021, Regione Veneto (Traslado de residuos municipales mezclados), C‑315/20, EU:C:2021:912, apartado 28 y jurisprudencia citada].
29 También cabe señalar que, antes de la Directiva 2008/98, el artículo 7, apartado 4, de la Directiva 2006/12, pero también el artículo 7, apartado 3, de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (DO 1975, L 194, p. 39; EE 15/01, p. 129), en su versión modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991 (DO 1991, L 78, p. 32), establecían, en términos similares, que «los Estados miembros podrán tomar las medidas necesarias para evitar los movimientos de residuos que no se ajusten a sus planes de gestión de residuos».
30 A este respecto, el análisis de la génesis de la Directiva 2008/98 no pone de manifiesto ningún elemento que indique que el legislador de la Unión tuviera la intención de suprimir, en dicha Directiva, el motivo de objeción relativo al traslado de residuos basado en que este no se ajusta a los planes nacionales de gestión de residuos.
31 Por otra parte, el artículo 12, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2024/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, relativo a los traslados de residuos, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1257/2013 y (UE) 2020/1056, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1013/2006 (DO L, 2024/1157), aplicable a partir del 21 de mayo de 2026, establece expresamente que las autoridades competentes de los Estados miembros podrán formular objeciones a los traslados de residuos destinados a la valorización cuando «los residuos en cuestión no van a ser tratados de conformidad con los planes de gestión de residuos o los programas de prevención de residuos elaborados por los países de expedición o destino, respectivamente, con arreglo a los artículos 28 y 29 de la Directiva [2008/98]».
32 De ello resulta que el artículo 12, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 1013/2006, en relación con el artículo 28 de la Directiva 2008/98, solo puede interpretarse en el sentido de que permite a los Estados miembros adoptar las medidas necesarias para evitar los movimientos de residuos que no se ajusten a sus planes de gestión.
33 En tercer término, la interpretación que figura en el apartado 27 de la presente sentencia también se ve corroborada por los objetivos perseguidos por el artículo 12, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 1013/2006 y por la normativa en materia de residuos de la que forma parte esta disposición.
34 En efecto, procede recordar que dicho Reglamento tiene por objeto establecer un sistema armonizado de procedimientos mediante los cuales pueda limitarse la circulación de los residuos para garantizar la protección del medio ambiente (sentencias de 16 de diciembre de 2004, EU‑Wood‑Trading, C‑277/02, EU:C:2004:810, apartado 34, y de 12 de diciembre de 2013, Ragn‑Sells, C‑292/12, EU:C:2013:820, apartado 49).
35 Asimismo, es preciso recordar que los planes nacionales de gestión de residuos previstos en el artículo 28 de la Directiva 2008/98 incluyen un análisis de la situación de la gestión de residuos en la entidad geográfica correspondiente, en particular de la producción y de los flujos de residuos, así como de las instalaciones de eliminación y de valorización existentes. Estos planes también deben determinar las medidas necesarias para mejorar, en condiciones respetuosas con el medio ambiente, la preparación de los residuos para su reutilización, reciclado, valorización o eliminación, y evaluar su contribución a la aplicación de las disposiciones de dicha Directiva y a la consecución de los objetivos establecidos por esta. En virtud del artículo 28, apartado 1, de la citada Directiva, estos planes deben, además, respetar la jerarquía de residuos, establecida en su artículo 4, con arreglo a la cual se da preferencia a la valorización frente a la eliminación, y garantizar la protección del medio ambiente, como recuerda el artículo 13 de la misma Directiva.
36 En el caso de autos, el plan húngaro de gestión de residuos para el período 2021‑2027 indica las capacidades de tratamiento de residuos disponibles en Hungría, en particular las capacidades de valorización de los combustibles secundarios de que se trata en el litigio principal. Habida cuenta de estas capacidades y del aumento de las importaciones de combustibles secundarios, que pueden dar lugar al depósito en vertederos de residuos nacionales de la misma naturaleza, ese plan establece que tales importaciones no deben poner en peligro la valorización de los residuos nacionales. Según la autoridad húngara que se opuso al traslado de los residuos en cuestión, dicho plan fue comunicado a la Comisión.
37 Pues bien, la falta de aplicación de las medidas previstas en el plan húngaro podría menoscabar el objetivo consistente en dar preferencia a la valorización de los residuos nacionales frente a su eliminación, de conformidad con la jerarquía de residuos establecida en el artículo 4 de la Directiva 2008/98. También privaría a los planes nacionales de gestión de residuos de su efecto útil, cuando estos constituyen el principal instrumento de aplicación en los Estados miembros de la normativa de la Unión en materia de residuos.
38 Además, dado que los Estados miembros están obligados, en virtud del artículo 33, apartado 1, de la Directiva 2008/98, a informar a la Comisión de su plan nacional de gestión de residuos, esta puede controlar la conformidad de dicho plan con los objetivos y las disposiciones de la normativa de la Unión en materia de residuos (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de mayo de 2000, Sydhavnens Sten & Grus, C‑209/98, EU:C:2000:279, apartado 99), obligación de conformidad establecida, por lo demás, en el artículo 28 de esa Directiva. En cualquier caso, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales controlar la conformidad de esos planes con el Derecho de la Unión, en su caso, tras una remisión prejudicial. Por otra parte, debe precisarse, a efectos de dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, que también corresponderá a este comprobar que, con arreglo a la jurisprudencia (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de diciembre de 2013, Ragn‑Sells, C‑292/12, EU:C:2013:820, apartado 64), las objeciones basadas en el plan nacional de gestión de residuos se fundamenten en motivos precisos propios de cada traslado previsto o de cada conjunto de traslados que presenten las mismas características.
39 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial que el artículo 12, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 1013/2006, en relación con el considerando 39 de la Directiva 2008/98, debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro de destino puede formular objeciones al traslado de residuos procedentes de otro Estado miembro, destinados a la valorización sin ser incinerados, basándose en que dicho traslado no se ajusta al plan de gestión de residuos del Estado miembro de destino, cuando ese plan haya sido elaborado de conformidad con el artículo 28 de la citada Directiva.
Costas
40 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:
El artículo 12, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos, en relación con el considerando 39 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas,
debe interpretarse en el sentido de que
un Estado miembro de destino puede formular objeciones al traslado de residuos procedentes de otro Estado miembro, destinados a la valorización sin ser incinerados, basándose en que dicho traslado no se ajusta al plan de gestión de residuos del Estado miembro de destino, cuando ese plan haya sido elaborado de conformidad con el artículo 28 de la citada Directiva.
Firmas
* Lengua de procedimiento: húngaro.