Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava)
de 8 de octubre de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores — Artículo 3, apartados 1 y 3, y punto 1, letra e), del anexo — Concepto de “cláusula abusiva” — Cláusula que tiene por objeto o por efecto imponer al consumidor que no cumpla sus obligaciones una indemnización desproporcionadamente elevada — Artículo 4, apartado 2 — Cláusulas incluidas en la definición del objeto principal del contrato — Contratos para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas entre un consumidor y un profesional — Cláusula que impone al consumidor una penalización por cada día de retraso en el pago — Cláusula que impone al consumidor, en caso de resolución del contrato antes de que finalice el período mínimo de permanencia por una causa imputable a dicho consumidor, el pago al profesional del importe adeudado correspondiente al período restante »
En los asuntos acumulados C‑872/24 y C‑909/24,
que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial con arreglo al artículo 267 del TFUE, presentadas por el Tribunalul Arad (Tribunal de Distrito de Arad, Rumanía), mediante resolución de 16 de noviembre de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de diciembre de 2024 (asunto C‑872/24), y mediante resolución de 5 de noviembre de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de diciembre de 2024 (asunto C‑909/24), en los procedimientos
Digi România SA
contra
VK (C‑872/24),
e
Investcapital Ltd
contra
PN (C‑909/24),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava),
integrado por el Sr. S. Rodin, en funciones de Presidente de Sala, y el Sr. N. Piçarra (Ponente) y la Sra. O. Spineanu-Matei, Jueces;
Abogado General: Sr. D. Spielmann;
Secretario: Sr. V. Di Bucci;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
– en nombre de Investcapital Ltd, por las Sras. Y. Beşleagă y A. Stoica y el Sr. V. Stoica, avocaţi;
– en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. A. Boitoş y el Sr. P. Kienapfel, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1 Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 56 TFUE, de los artículos 3, apartados 1 y 3, y 4, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13, y en DO 2023, L 17, p. 100) (en lo sucesivo, «Directiva 93/13»), así como del punto 1, letra e), del anexo de dicha Directiva, del artículo 20 de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (DO 2002, L 108, p. 51), y de los artículos 101, 105 y 107, así como de los anexo VIII, parte A, punto 3, inciso iv), y IX, punto 2.4, de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (DO 2018, L 321, p. 36).
2 Estas peticiones se han presentado en el contexto de sendos litigios entre Digi România SA, una empresa rumana, y VK, un consumidor (asunto C‑872/24), e Investcapital Ltd, otra empresa rumana, y PN, otro consumidor (asunto C‑909/24), en relación con los importes reclamados por esas empresas sobre la base de cláusulas que figuran en contratos de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas celebrados con esos consumidores.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 93/13
3 Los considerandos 8 y 19 de la Directiva 93/13 enuncian lo siguiente:
«Considerando que los dos programas comunitarios de política de protección e información de los consumidores hicieron hincapié […] en la importancia de proteger a los consumidores contra las cláusulas contractuales abusivas; […] esta protección deberían proporcionarla las disposiciones legales y reglamentarias armonizadas a nivel comunitario o adoptadas directamente a ese nivel;
[…]
Considerando que, a los efectos de la presente Directiva, la apreciación del carácter abusivo no debe referirse ni a cláusulas que describan el objeto principal del contrato ni a la relación calidad/precio de la mercancía o de la prestación; […] en la apreciación del carácter abusivo de otras cláusulas podrán tenerse en cuenta, no obstante, el objeto principal del contrato y la relación calidad/precio»
4 Con arreglo a su artículo 1, apartado 1, el propósito de la citada Directiva es aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.
5 El artículo 2 de dicha Directiva establece lo siguiente:
«A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
b) “consumidor”: toda persona física que, en los contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional;
c) “profesional”: toda persona física o jurídica que, en las transacciones reguladas por la presente Directiva, actúe dentro del marco de su actividad profesional, ya sea pública o privada.»
6 El artículo 3 de la misma Directiva dispone lo siguiente:
«1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.
[…]
3. El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.»
7 En virtud del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13:
«La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, y servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible.»
8 El artículo 6, apartado 1, de esa Directiva tiene el siguiente tenor:
«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas.»
9 El artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva enuncia lo siguiente:
«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.»
10 Conforme al artículo 8 de la misma Directiva:
«Los Estados miembros podrán adoptar o mantener en el ámbito regulado por la presente Directiva, disposiciones más estrictas que sean compatibles con el Tratado, con el fin de garantizar al consumidor un mayor nivel de protección.»
11 El anexo de la Directiva 93/13, titulado «Cláusulas contempladas en el apartado 3 del artículo 3», se refiere, en su punto 1, letra e), en particular, a aquellas que tengan por objeto o por efecto «imponer al consumidor que no cumpla sus obligaciones una indemnización desproporcionadamente alta».
Directiva 2002/22
12 El considerando 30 de la Directiva 2002/22, que quedó derogada con efectos a partir del 21 de diciembre de 2020, conforme al artículo 125 de la Directiva 2018/1972, enunciaba lo siguiente:
«[…] Además de las disposiciones de la presente Directiva, son asimismo aplicables a las transacciones realizadas por los consumidores en relación con redes y servicios electrónicos los requisitos de la legislación comunitaria vigente en materia de protección de los consumidores en el ámbito de los contratos y en particular la Directiva [93/13] y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia [(DO 1997, L 144, p. 19)]. […]»
13 En su versión originaria, el artículo 20, apartado 1, de la Directiva 2002/22 tenía el siguiente tenor:
«Los apartados 2, 3 y 4 se aplicarán sin perjuicio de la normativa comunitaria en materia de protección de los consumidores, en particular las Directivas [97/7] y [93/13], y de la normativa nacional conforme con el Derecho comunitario.»
Directiva 2018/1972
14 El considerando 258 de la Directiva 2018/1972 enuncia lo siguiente:
«[…] Además de la presente Directiva, son asimismo aplicables a las transacciones realizadas por los consumidores en relación con redes y servicios de comunicaciones electrónicas los requisitos del Derecho de la Unión vigente en materia de protección de los consumidores en el ámbito de los contratos y en particular la Directiva [93/13] y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo[, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2011, L 304, p. 64)]. […]»
Directiva del IVA
15 El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva del IVA»), dispone lo siguiente:
«Estarán sujetas al IVA las operaciones siguientes:
[…]
c) las prestaciones de servicios realizadas a título oneroso en el territorio de un Estado miembro por un sujeto pasivo que actúe como tal.
[…]»
Derecho rumano
16 El artículo 4 de la Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori (Ley n.º 193/2000 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores), de 6 de noviembre de 2000 (republicada en el Monitorul Oficial al României, parte I, n.º 543 de 3 de agosto de 2012), que transpuso la Directiva 93/13 al Derecho rumano, establece lo siguiente:
«1. Se considerará que una cláusula contractual que no haya sido negociada directamente con el consumidor es abusiva si, por sí misma o junto con otras disposiciones del contrato, causa, en detrimento del consumidor y en contra de las exigencias de la buena fe, un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes.
[…]
4. El anexo, que forma parte integrante de la presente Ley, contiene, a modo de ejemplo, un listado de cláusulas que se consideran abusivas.»
17 El anexo de esa Ley dispone, en su apartado 1, letra i):
«Se considerarán cláusulas abusivas las cláusulas contractuales que, en caso de incumplimiento por el consumidor de sus obligaciones contractuales, obliguen a este a pagar importes desproporcionadamente elevados en relación con el perjuicio sufrido por el profesional».
Litigios principales y cuestiones prejudiciales
Asunto C‑872/24
18 El 5 de septiembre de 2013, VK celebró con Digi România un contrato de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas para la prestación de servicios de telefonía móvil y de acceso a Internet, que fue prorrogado mediante un apéndice de 27 de junio de 2016. Dado que VK no pagó las cuotas mensuales adeudadas, Digi România invocó la cláusula de resolución automática contenida en dicho contrato y, por el período comprendido entre los años 2019 y 2022, reclamó a VK el importe de 807,25 leus rumanos (RON) (aproximadamente 161,45 euros) en concepto de deuda principal correspondiente a las facturas vencidas e impagadas, al que se añadían penalizaciones por demora calculadas al tipo del 0,2 % de la deuda principal por cada día de retraso.
19 Digi România presentó ante la Judecătoria Arad (Tribunal de Primera Instancia de Arad, Rumanía) una demanda contra VK, solicitando el cobro del importe adeudado en concepto de facturas impagadas, así como una indemnización por importe de 289,92 RON (aproximadamente 57,98 euros) por la activación del servicio y la utilización de la tarifa plana Optim ilimitada.
20 Mediante sentencia de 21 de marzo de 2024, la Judecătoria Arad (Tribunal de Primera Instancia de Arad) desestimó parcialmente esa demanda. Dicho órgano jurisdiccional declaró abusiva la cláusula contractual que establecía penalizaciones por demora del 0,2 % de la deuda principal por cada día de retraso, al entender que imponía al consumidor, en caso de incumplimiento de sus obligaciones contractuales, una indemnización de un importe manifiestamente desproporcionado en relación con el perjuicio sufrido por el profesional. Precisó que, en un cómputo anual, el tipo de las penalizaciones por demora ascendía al 73 % de la deuda principal, lo que superaba significativamente el tipo de interés legal, fijado en el tipo de interés de referencia de la Banca Națională a României (Banco Nacional de Rumanía) incrementado en cuatro puntos porcentuales.
Asunto C‑909/24
21 Entre el 23 de noviembre y el 8 de diciembre de 2017, PN celebró con Orange România S.A. cuatro contratos de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas relativos a la prestación de servicios de telefonía móvil y de acceso a Internet. Dado que PN no pagó las cuotas mensuales adeudadas, Orange România invocó la cláusula de resolución automática contenida en dichos contratos y reclamó a PN, por una parte, el importe de 272,62 RON (aproximadamente 54,52 euros) en concepto de deuda principal correspondiente a los servicios prestados y no pagados, al que se añadían penalizaciones por demora calculadas al tipo del 0,5 % de la deuda principal por cada día de retraso, y, por otra parte, el importe de 5 648,64 RON (aproximadamente 1 129,72 euros) en concepto de indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento del período de permanencia de veinticuatro meses previsto en esos contratos.
22 A raíz de la cesión por Orange România a Investcapital, el 30 de marzo de 2022, del crédito frente a PN por los contratos contemplados en el apartado anterior, Investcapital presentó ante la Judecătoria Arad (Tribunal de Primera Instancia de Arad) una demanda contra PN, solicitando el cobro de los importes correspondientes a ese crédito, más los intereses legales devengados a partir de la fecha en la que se presentó la demanda ante dicho órgano jurisdiccional.
23 Mediante sentencia de 22 de febrero de 2024, la Judecătoria Arad (Tribunal de Primera Instancia de Arad) declaró abusiva, por razones idénticas a las expuestas en su sentencia de 21 de marzo de 2024, mencionada en el apartado 20 de la presente sentencia, la cláusula contractual que imponía penalizaciones por demora del 0,5 % de la deuda principal por cada día de retraso. Declaró igualmente abusiva la cláusula contractual que autorizaba al profesional a reclamar el pago de una indemnización por daños y perjuicios en caso de resolución anticipada por causa imputable al consumidor de un contrato que preveía un período de permanencia de veinticuatro meses, en la medida en que, por una parte, esa cláusula no había sido negociada directamente con ese consumidor y, por otra, obligaba a este último al pago de una indemnización de un importe superior al del perjuicio sufrido por el profesional como consecuencia de esa resolución.
24 El Tribunalul Arad (Tribunal de Distrito de Arad, Rumanía), órgano jurisdiccional remitente que conoce de los respectivos recursos de apelación interpuestos por Investcapital y por Digi România contra las sentencias dictadas el 22 de febrero y el 21 de marzo de 2024, considera necesario, en primer lugar, determinar si, y, en su caso, en qué medida, la Directiva 93/13 es aplicable a las cláusulas que imponen penalizaciones por demora en el pago contenidas en los contratos de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de que se trata en los litigios principales, toda vez que la legislación nacional aplicable a este sector de actividad, al igual que la que regula de manera general los intereses de demora, no establece ninguna limitación en cuanto a las penalizaciones por demora exigibles al consumidor, contrariamente a la legislación nacional aplicable, en particular, a los servicios bancarios. El órgano jurisdiccional remitente considera que estas cláusulas pueden examinarse a la luz de la Directiva 93/13 y se pregunta si esta última permite reducir las penalizaciones por demora previstas en dichas cláusulas.
25 En segundo lugar, por lo que respecta a la cláusula que figura en los contratos de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas celebrados en el marco del asunto C‑909/24, en virtud de la cual, en caso de resolución anticipada del contrato por una causa imputable al consumidor, este está obligado a pagar una indemnización por daños y perjuicios correspondiente al importe que habría debido abonar por el período de permanencia restante, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el hecho de que el Tribunal de Justicia haya calificado tal importe de remuneración de una «prestación de servicios efectuada a título oneroso», a efectos del artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva del IVA, implica que la cláusula contractual que prevé ese importe debe calificarse de cláusula relativa a la definición del objeto principal del contrato, en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13. Dicho órgano jurisdiccional considera que debe responderse afirmativamente a esta cuestión y que, por lo tanto, en virtud del citado artículo 4, apartado 2, tal cláusula no puede ser objeto de apreciación a la luz de esta última Directiva en cuanto a su carácter abusivo.
26 En estas circunstancias, el Tribunalul Arad (Tribunal de Distrito de Arad) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) El hecho de que una normativa nacional que impone una determinada limitación de los intereses de demora en las relaciones jurídicas que no se derivan de la explotación de una empresa tenga un contenido normativo diferente en lo que respecta a las relaciones jurídicas que se derivan de la explotación de una empresa, de modo que no establece un límite a esos intereses en el caso de las relaciones jurídicas entre un operador de servicios de comunicaciones electrónicas (telefonía móvil y suministro de internet) y un consumidor, pero establece tal limitación en el caso de otras relaciones jurídicas como, por ejemplo, las actividades bancarias, ¿debe considerarse un elemento constitutivo de la libre prestación de servicios prevista en los artículos 56 y siguientes del [Tratado FUE], tal como este derecho está regulado, en el ámbito de las comunicaciones electrónicas, por la Directiva [2002/2002] y por la Directiva [2018/1972], o puede, por el contrario, efectuarse por vía judicial una limitación de dichos intereses en favor de los consumidores, en virtud del artículo 3, apartado 3, de la Directiva [93/93], en particular de la letra e), del [punto 1 del] anexo de dicha Directiva, según la cual puede considerarse abusiva una cláusula que reconoce al profesional el derecho a imponer a todo consumidor que no cumpla sus obligaciones una indemnización desproporcionadamente alta?
2) En el análisis del carácter potencialmente abusivo de una cláusula de penalización que fija en el [0,2] % por día de retraso el importe de los intereses de demora debidos por un consumidor por el impago, a su vencimiento, del importe de las facturas de servicios de comunicaciones electrónicas (telefonía móvil y suministro de internet), ¿debe interpretarse y aplicarse el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 93/13, en particular la letra e), del [punto 1 del] anexo de la citada Directiva, en el sentido de que implica:
– que el órgano jurisdiccional está obligado a remitirse al importe de esos intereses calculados por un año, a saber, el porcentaje del [73] % anual, de modo que la determinación del carácter abusivo de dichos intereses puede realizarse exclusivamente mediante el análisis comparativo entre estos y el interés legal que sería aplicable si las partes no hubieran fijado un importe determinado de los intereses de demora,
o
– que el órgano jurisdiccional también está obligado a tener en cuenta el período efectivo por el que se reclama el interés del [0,2] %, a saber, el número de días a los que corresponde esa reclamación, y a tomar en consideración, en su apreciación, la cuantía real del importe reclamado en concepto de interés de demora en relación con la cuantía del débito principal?
3) En el análisis del carácter potencialmente abusivo de una cláusula de penalización que fija en el [0,2] % por día de retraso el importe de los intereses de demora debidos por un consumidor por el impago, a su vencimiento, del importe de las facturas de servicios de comunicaciones electrónicas (telefonía móvil y suministro de internet), ¿debe interpretarse y aplicarse el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 93/13, en particular la letra e), del [punto 1 del] anexo de dicha Directiva, en el sentido de que obliga, o de que no obliga, al órgano jurisdiccional a tener en cuenta, además de las cantidades adeudadas por el consumidor, el eventual perjuicio sufrido por el profesional que, a su vez, participa en relaciones jurídicas en las que asume obligaciones similares en cuanto al importe de los intereses de demora de los que sería deudor en caso de incumplimiento de sus propias obligaciones de pago?
4) ¿Puede considerarse abusivo un importe concreto de los intereses de demora, en la medida en que excede de la cuantía de la deuda principal de un consumidor?»
27 En el asunto C‑909/24, el Tribunalul Arad (Tribunal de Distrito de Arad) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia cuatro cuestiones prejudiciales idénticas a las planteadas en el asunto C‑872/24, así como las cuestiones prejudiciales quinta a séptima siguientes:
«5) La calificación realizada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 22 de noviembre de 2018, MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia (C‑295/17, EU:C:2018:942), en lo que respecta al importe preestablecido percibido por un operador económico en caso de resolución anticipada por su cliente, o por una causa imputable a este, de un contrato de prestación de servicios que prevé un período mínimo de permanencia, importe que equivale al que dicho operador habría percibido durante el resto del citado período de no haberse producido tal resolución, en el sentido de que ese importe constituye la retribución de una prestación de servicios efectuada a título oneroso y, como tal, sujeta al impuesto sobre el valor añadido, ¿tiene o no carácter autónomo, de modo que esa calificación es pertinente únicamente en relación con la interpretación y aplicación de las Directivas del IVA, o también puede tenerse en cuenta en la interpretación y aplicación del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 1993/13, con el fin de excluir del ámbito de aplicación de la citada Directiva una cláusula que fija tales costes, a raíz de considerar que tal cláusula se refiere a la definición del objeto del contrato o a la adecuación del precio o de la retribución en relación con los servicios o bienes prestados a cambio de dichos costes, en la medida en que esa cláusula se considere expresada de manera clara e inteligible?
6) En caso de respuesta a la cuestión [anterior] en el sentido de que la interpretación del Tribunal de Justicia en la sentencia mencionada tiene carácter autónomo y que, por consiguiente, esa interpretación es aplicable únicamente en el ámbito de las Directivas del IVA, la interpretación del artículo 3, apartados 1 y 3, de la Directiva 93/13, en relación con el artículo 20 de la Directiva [2002/22], así como con los artículos 101, 105 y 107 de la Directiva 2018/1972 y con los anexos VIII, [letra] A, punto 3, [inciso] iv) y IV punto 2.4 de esta última Directiva, ¿permite, y en qué medida lo hace, la calificación como abusiva de una cláusula contractual insertada en un contrato de servicios de comunicaciones electrónicas (telefonía móvil y suministro de internet), incluido en el ámbito de aplicación de la [Directiva 2002/22] o de la Directiva 2018/1972, mediante la cual se fija un importe que un operador económico puede percibir en concepto de indemnización por daños y perjuicios en caso de resolución anticipada por el cliente consumidor, o por una causa imputable a este, de un contrato que prevé un período mínimo de permanencia que, en lo que respecta a su duración, es conforme con el límite de 24 meses impuesto por el artículo 105 de la Directiva 2018/1972, indemnización que equivale al importe que dicho operador habría percibido durante el resto del período en cuestión de no haberse producido tal resolución:
– habida cuenta de ese importe y sobre la base de su consideración como desproporcionado en relación con el perjuicio sufrido por el prestador de servicios de comunicaciones, o bien,
– teniendo en cuenta que existe un desequilibrio jurídico entre los derechos y obligaciones de las partes como consecuencia del hecho de que tal indemnización se establece únicamente a cargo del consumidor, y no a cargo del prestador de servicios de comunicaciones, en unas circunstancias en las que ese mismo contrato impone al prestador el pago de una indemnización que equivale a la contraprestación del servicio no prestado o no prestado debidamente en caso de que este último no se ajuste a los parámetros de calidad preestablecidos?
7) En el análisis correspondiente a la cuestión anterior, ¿qué relevancia tiene el hecho de que un consumidor que ha celebrado un contrato para obtener servicios de comunicaciones electrónicas (telefonía móvil y suministro de internet) por un período mínimo de veinticuatro meses se haya beneficiado de determinadas ofertas promocionales consistentes en reducciones en el precio de adquisición de un dispositivo o de determinados servicios, en unas circunstancias en las que los hechos probados en el caso de autos ponen de manifiesto que el importe de los descuentos está incluido en el precio del abono, calculado por todo el período contratado?»
28 Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 7 de febrero de 2025, se ordenó la acumulación de los asuntos C‑872/24 y C‑909/24 a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Cuestiones prejudiciales primera a cuarta
29 Con carácter preliminar, es preciso recordar que, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este último proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia reformular, en su caso, las cuestiones prejudiciales que se le han planteado. Además, el Tribunal de Justicia puede verse obligado a tomar en consideración normas de Derecho de la Unión a las que el juez nacional no se haya referido en el enunciado de su cuestión prejudicial, lo que puede hacer redundante la interpretación de determinadas normas de ese Derecho sí mencionadas en dicho enunciado (véanse, en este sentido, las sentencias de 20 de marzo de 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, apartado 9, y de 1 de agosto de 2025, Alace y Canpelli, C‑758/24 y C‑759/24, EU:C:2025:591, apartado 44).
30 En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente considera fundadamente que las cláusulas contractuales controvertidas que estipulan penalizaciones por demora en el pago pueden examinarse a la luz del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 93/13, más concretamente del punto 1, letra e), del anexo de dicha Directiva, con el fin de determinar si tienen por objeto o por efecto imponer al consumidor que no cumple sus obligaciones una indemnización de un importe desproporcionado, y, en caso de respuesta afirmativa, si es posible reducir ese importe. Ahora bien, estas disposiciones, en relación con los artículos 1, apartado 1, 2, letras b) y c), 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la citada Directiva, a los que ese órgano jurisdiccional no se refirió en el enunciado de sus cuestiones prejudiciales primera a cuarta, bastan para dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, sin que sea necesario interpretar el artículo 56 TFUE.
31 En estas circunstancias, procede considerar que, mediante sus cuestiones prejudiciales primera a cuarta, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 93/13 y el punto 1, letra e), del anexo de esta, en relación con los artículos 1, apartado 1, 2, letras b) y c), 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de dicha Directiva, deben interpretarse en el sentido de que esta misma Directiva comprende, en su ámbito de aplicación, una cláusula que figura en un contrato de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas celebrado entre un profesional y un consumidor que impone a este último penalizaciones por demora en el pago de un determinado importe, aun cuando la normativa nacional aplicable a ese sector de actividad no establezca ninguna limitación en cuanto al importe de tales penalizaciones, a diferencia de la que regula otros sectores de actividad económica. En caso de respuesta afirmativa, el citado órgano jurisdiccional pregunta, por una parte, qué criterios deben tenerse en cuenta para apreciar el carácter eventualmente desproporcionado del importe de las penalizaciones impuestas contractualmente al consumidor y, por otra parte, si la misma Directiva permite al juez nacional reducir tal importe.
32 En primer lugar, según ya ha subrayado el Tribunal de Justicia, la Directiva 93/13 es una directiva general de protección de los consumidores. De conformidad con su artículo 1, apartado 1, interpretado a la luz del octavo considerando de la citada Directiva, esta debe aplicarse a las cláusulas abusivas que figuren en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores, tal como se definen, respectivamente, en el artículo 2, letras c) y b), de la citada Directiva, cualquiera que sea el sector de actividad económica de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de marzo de 2025, Arce, C‑365/23, EU:C:2025:192, apartado 44 y jurisprudencia citada).
33 Por consiguiente, la Directiva 93/13 es aplicable a contratos de servicios de comunicaciones electrónicas como los de los litigios principales, celebrados entre un profesional y un consumidor, sin que la existencia de una normativa nacional específica de este sector de actividad y que no establece ningún límite máximo para las penalizaciones por demora en el pago que pueden imponerse al consumidor tenga incidencia alguna al respecto. De ello se deduce que las cláusulas que figuran en tales contratos pueden ser objeto de una apreciación en cuanto a su carácter abusivo, en virtud, en particular, del artículo 3 de dicha Directiva y del punto 1, letra e), del anexo de esta.
34 Esta conclusión se ve confirmada, además, tanto por el artículo 20, apartado 1, de la Directiva 2002/22, interpretado a la luz de su considerando 30, como por el considerando 258 de la Directiva 2018/1972, del que se desprende expresamente que las disposiciones de la Directiva 93/13 se aplican a las transacciones relativas a redes y servicios de comunicaciones electrónicas efectuadas por los consumidores.
35 En virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente entre un consumidor y un profesional se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.
36 Tal como menciona el artículo 3, apartado 3, de esa Directiva, el anexo de esta contiene una lista indicativa no exhaustiva de las cláusulas contractuales que pueden ser declaradas abusivas, entre las que figuran, en el apartado 1, letra e), del citado anexo, las que «tengan por objeto o por efecto imponer al consumidor que no cumpla sus obligaciones una indemnización desproporcionadamente alta».
37 A este respecto, el Tribunal de Justicia ha subrayado que el importe de tal indemnización debe ser proporcionado a la naturaleza del incumplimiento del consumidor (véase, en ese sentido, el auto de 24 de octubre de 2019, Topaz, C‑211/17, EU:C:2019:906, apartados 58 y 59).
38 Además, para apreciar si el tipo del interés de demora fijado por una cláusula que establece penalizaciones por demora en el pago es adecuado para garantizar la realización de los objetivos que persigue sin ir más allá de lo necesario a tal fin, el órgano jurisdiccional competente debe tener en cuenta, en particular, las disposiciones de Derecho nacional aplicables a falta de acuerdo entre las partes y, en particular, comparar el tipo de interés de demora previsto contractualmente con el tipo de interés legal (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, apartado 74).
39 A este respecto, es preciso añadir que, sobre la base del artículo 8 de la Directiva 93/13, que les permite adoptar o mantener, en el ámbito regulado por esta Directiva, disposiciones más estrictas, compatibles con el Tratado, para garantizar al consumidor un mayor nivel de protección, los Estados miembros pueden establecer una lista nacional de cláusulas que deben calificarse de abusivas [véase, en este sentido, la sentencia de 21 de septiembre de 2023, mBank (Registro polaco de cláusulas ilícitas), C‑139/22, EU:C:2023:692, apartados 39, 40 y 42 y jurisprudencia citada].
40 Cuando los Estados miembros amplían de este modo la protección prevista en el artículo 3, apartados 1 y 3, de la Directiva 93/13 y en el anexo de esta, declarando abusivas de manera general las cláusulas tipo enumeradas en el punto 1 de dicho anexo, no se requiere un examen adicional de la cláusula contractual controvertida según los criterios que figuran en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, siempre que tal cláusula sea materialmente equivalente, habida cuenta, en particular, de los efectos que produce, a la contemplada en la lista nacional [véase, en este sentido, la sentencia de 21 de septiembre de 2023, mBank (Registro polaco de cláusulas ilícitas), C‑139/22, EU:C:2023:692, apartados 42 y 44 y jurisprudencia citada].
41 De la resolución de remisión se desprende que el artículo 4, apartado 4, de la Ley n.º 193/2000 y el anexo de dicha Ley tienen por objeto establecer una lista nacional de cláusulas que deben calificarse de abusivas (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de febrero de 2015, Matei, C‑143/13, EU:C:2015:127, apartado 61). Entre las cláusulas tipo enumeradas en ese anexo figura, en el apartado 1, letra i), la que exige al consumidor que no cumple sus obligaciones contractuales el pago de una indemnización de un importe desproporcionado en relación con el perjuicio sufrido por el profesional.
42 Por consiguiente, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 40 de la presente sentencia, las cláusulas contractuales que imponen intereses por demora en el pago al consumidor que no cumple sus obligaciones controvertidas en los litigios principales no requieren un examen adicional según los criterios que figuran en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, siempre que, considerando todas las circunstancias pertinentes propias del caso, sean materialmente equivalentes, habida cuenta, en particular, de los efectos que producen, a la que figura en el apartado 1, letra i), del anexo de la Ley n.º 193/2000. A este respecto, el profesional de que se trate debe tener la posibilidad de impugnar esa equivalencia ante el órgano jurisdiccional competente, en el marco de un procedimiento contradictorio según las formas previstas al respecto por las normas procesales nacionales [véase, en este sentido, la sentencia de 18 de enero de 2024, Getin Noble Bank y otros (Control de oficio del carácter abusivo de las cláusulas) (C‑531/22, EU:C:2024:58), apartado 72 y jurisprudencia citada].
43 En segundo lugar, en lo que atañe a la cuestión de si un juez de un Estado miembro, cuando declara el carácter abusivo de una cláusula contractual que impone penalizaciones por demora en el pago pero que no limita el importe de estas, puede reducir ese importe sobre la base de la Directiva 93/13, del artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva resulta que las cláusulas abusivas que figuran en un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por el Derecho del Estado miembro de que se trate. La segunda parte de la frase de esta disposición precisa que el contrato seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si este puede subsistir «sin las cláusulas abusivas».
44 El Tribunal de Justicia ha deducido del tenor del artículo 6, apartado 1, de la citada Directiva que los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que esta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, salvo que este se oponga a ello, sin estar facultados para modificar el contenido de la misma. El contrato debe subsistir, en principio, sin otra modificación que la resultante de la supresión de la cláusula abusiva, en la medida en que, en virtud de las normas del Derecho interno, tal subsistencia sea jurídicamente posible (véase, en este sentido, el auto de 3 de septiembre de 2024, Investcapital, C‑658/23, EU:C:2024:716, apartados 48, 52 y 56).
45 Esta interpretación se ve confirmada por la finalidad y la sistemática de la Directiva 93/13. En efecto, dada la importancia del interés público en el que se basa la protección garantizada a los consumidores, que se encuentran en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, el artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva exige a los Estados miembros que prevean medios adecuados y eficaces «para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores» (véase, en este sentido, el auto de 3 de septiembre de 2024, Investcapital, C‑658/23, EU:C:2024:716, apartado 50 y jurisprudencia citada).
46 Si el juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas que figuran en tales contratos, dicha facultad podría poner en peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto en ese artículo 7, ya que la mencionada facultad debilitaría el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que tales cláusulas abusivas, pura y simplemente, no se apliquen frente a los consumidores (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de mayo de 2013, Asbeek Brusse y de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, apartado 58 y jurisprudencia citada).
47 De ello se deduce que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, en relación con su artículo 7, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que no permite que, cuando el juez nacional haya declarado el carácter abusivo de una cláusula que impone penalizaciones por demora en el pago contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, se limite a reducir el importe de la penalización impuesta por esa cláusula al consumidor, aunque el Derecho nacional le autorice a ello, sino que le obliga a excluir pura y simplemente la aplicación de dicha cláusula al consumidor (véanse, en este sentido, la sentencia de 30 de mayo de 2013, Asbeek Brusse y de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, apartado 60 y jurisprudencia citada, y el auto de 3 de septiembre de 2024, Investcapital, C‑658/23, EU:C:2024:716, apartado 58).
48 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas primera a cuarta que el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 93/13 y el punto 1, letra e), del anexo de esta, en relación con los artículos 1, apartado 1, 2, letras b) y c), 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la misma Directiva, deben interpretarse en el sentido de que
– entra en el ámbito de aplicación de dicha Directiva y puede declararse abusiva una cláusula que figura en un contrato de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas celebrado entre un profesional y un consumidor y que impone a este último penalizaciones por demora en el pago de un determinado importe, aun cuando la normativa nacional aplicable a ese sector de actividad no establezca ninguna limitación en cuanto al importe de esas penalizaciones, a diferencia de la que regula otros sectores de actividad económica;
– cuando el Derecho nacional califica expresamente como abusiva una cláusula contractual que tiene por objeto o por efecto imponer al consumidor que no cumpla sus obligaciones una indemnización desproporcionadamente elevada, pueden declararse abusivas, sin que se realice un examen adicional según los criterios que figuran en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, las cláusulas que sean materialmente equivalentes, habida cuenta, en particular, de los efectos que producen, a la contemplada por el Derecho nacional, lo que debe determinarse en el marco de un debate contradictorio entre el profesional y el consumidor, según las formas previstas al efecto por las normas procesales nacionales;
– el juez nacional debe excluir la aplicación de tales cláusulas, sin poder reducir el importe de las penalizaciones por demora en el pago que prevén.
Quinta cuestión prejudicial
49 Mediante su quinta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la apreciación del carácter abusivo de una cláusula contractual que, en caso de resolución anticipada de un contrato de prestación de servicios que establece un período mínimo de permanencia por una causa imputable al consumidor, obliga al este a pagar al profesional en cuestión una indemnización por un importe correspondiente a las cuotas mensuales restantes, siendo así que tal indemnización ha sido calificada por el Tribunal de Justicia, por lo que respecta a la aplicación de la Directiva del IVA, como «retribución de una prestación de servicios efectuada a título oneroso», a efectos del artículo 2, apartado 1, letra c), de dicha Directiva.
50 En virtud del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, en relación con su decimonoveno considerando, la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas contractuales no se referirá, en particular, a la definición del objeto principal del contrato, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible.
51 Así pues, esta disposición contempla una excepción al control de fondo de las cláusulas abusivas previsto en el marco del sistema de protección de los consumidores establecido por dicha Directiva y, como tal, debe ser objeto de interpretación estricta [véase, en este sentido, la sentencia de 12 de enero de 2023, D.V. (Honorarios de abogado — Principio de la tarifa por hora), C‑395/21, EU:C:2023:14, apartado 30].
52 Debe entenderse por cláusulas contractuales comprendidas en el concepto de «objeto principal del contrato», a efectos del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, aquellas que regulan las prestaciones esenciales de ese contrato y que, como tales, lo caracterizan. En cambio, las cláusulas de carácter accesorio en relación con las que definen la esencia misma de la relación contractual no pueden formar parte del concepto de «objeto principal del contrato» [sentencia de 12 de enero de 2023, D.V. (Honorarios de abogado — Principio de la tarifa por hora), C‑395/21, EU:C:2023:14, apartado 31 y jurisprudencia citada].
53 En el presente asunto, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que la cláusula contractual controvertida en el asunto C‑909/24 no determina las prestaciones esenciales del contrato, a saber, la prestación de servicios de comunicación electrónica y el precio que el consumidor debe pagar como contrapartida de estas, sino que tiene por objeto sancionar el comportamiento del consumidor en caso de resolución del contrato por una causa que le sea imputable antes de que finalice el período mínimo de permanencia previsto. En estas circunstancias, sin perjuicio de las comprobaciones que deba efectuar el órgano jurisdiccional remitente, esa cláusula no está comprendida en la categoría de las referidas al concepto de «objeto principal del contrato», puesto que pretende sancionar el incumplimiento de una obligación contractual, no determinar el contenido de esta [véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2022, Vicente (Acción de pago de honorarios de abogado) (C‑335/21, EU:C:2022:720), apartados 78 y 79].
54 Por lo tanto, el carácter abusivo de dicha cláusula puede apreciarse a la luz de la Directiva 93/13. Carece de relevancia a este respecto el hecho de que, en lo que atañe a aplicación de la Directiva del IVA, en la sentencia de 22 de noviembre de 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia (C‑295/17, EU:C:2018:942), apartado 57, el Tribunal de Justicia calificara el importe preestablecido que el consumidor debe pagar a un operador económico, en caso de resolución anticipada del contrato de prestación de servicios que prevé un período mínimo de permanencia por una causa imputable a ese consumidor, como «retribución de una prestación de servicios efectuada a título oneroso», a efectos del artículo 2, apartado 1, letra c), de esta última Directiva.
55 Esta conclusión se ve corroborada por los objetivos distintos perseguidos por la Directiva 93/13 y por la Directiva del IVA. En efecto, la Directiva 93/13 persigue garantizar el interés público que constituye la protección de los consumidores contra las cláusulas abusivas incluidas en los contratos que celebran con profesionales (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de agosto de 2018, Banco Santander y Escobedo Cortés, C‑96/16 y C‑94/17, EU:C:2018:643, apartado 75), mientras que la Directiva del IVA pretende instaurar un sistema de IVA que no falsee las condiciones de competencia y no obstaculice la libre circulación de bienes y servicios (sentencia de 1 de agosto de 2025, Galerie Karsten Greve, C‑433/24, EU:C:2025:600, apartado 35 y jurisprudencia citada).
56 Habida cuenta de que, de conformidad con el objetivo de la Directiva 93/13 recordado en el apartado anterior, las disposiciones de Derecho rumano mencionadas en el apartado 41 de la presente sentencia califican expresamente de abusiva toda cláusula que obligue al consumidor que no cumpla sus obligaciones contractuales a pagar una indemnización de un importe desproporcionado en relación con el perjuicio sufrido por el profesional, dichas disposiciones quedarían en gran parte privadas de su eficacia si, sobre la base del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, se impidiera de entrada a los órganos jurisdiccionales competentes apreciar el carácter abusivo de una cláusula contractual como la controvertida en el asunto C‑909/24 (véase, en ese sentido, la sentencia de 26 de febrero de 2015, Matei, C‑143/13, EU:C:2015:127, apartados 60 y 61).
57 Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la quinta cuestión prejudicial que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la apreciación del carácter abusivo de una cláusula contractual que, en caso de resolución anticipada de un contrato de prestación de servicios que establece un período mínimo de permanencia por una causa imputable al consumidor, obliga a este a pagar al profesional de que se trate una indemnización por un importe correspondiente a las cuotas mensuales restantes, aun cuando tal indemnización haya sido calificada por el Tribunal de Justicia, por lo que respecta a la aplicación de la Directiva del IVA, como «retribución de una prestación de servicios efectuada a título oneroso», a efectos del artículo 2, apartado 1, letra c), de esta última Directiva.
Cuestiones prejudiciales sexta y séptima
58 Como se ha recordado en el apartado 29 de la presente sentencia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, el Tribunal de Justicia puede verse obligado a tomar en consideración normas del Derecho de la Unión a las que el juez nacional no se haya referido en el enunciado de su cuestión, lo que puede hacer redundante la interpretación de determinadas normas de ese Derecho sí mencionadas en dicho enunciado.
59 Así sucede en el caso de autos, puesto que la toma en consideración de la disposición del punto 1, letra e), del anexo de la Directiva 93/13 —no mencionada en el enunciado de la sexta cuestión prejudicial— en aras de proporcionar al órgano jurisdiccional remitente una respuesta útil que le permita resolver el litigio del que conoce hace redundante la interpretación de los artículos 101, 105 y 107, así como de los anexos VIII, parte A, punto 3, inciso iv), y IX, punto 2.4, de la Directiva 2018/1972, mencionados en el enunciado de esa cuestión prejudicial.
60 En estas circunstancias, mediante sus cuestiones prejudiciales sexta y séptima, que pueden examinarse conjuntamente, ha de entenderse que el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartados 1 y 3, de la Directiva 93/13, en relación con el punto 1, letra e), del anexo de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que permite declarar abusiva una cláusula contractual incluida en un contrato de servicios de comunicaciones electrónicas celebrado por un período mínimo de veinticuatro meses, en virtud de la cual, en caso de resolución anticipada de ese contrato imputable al consumidor, este está obligado a abonar al profesional, en concepto de compensación, el importe adeudado por el período restante, que se calcula incluyendo el importe de los descuentos concedidos al consumidor por los servicios y mercancías proporcionados.
61 Como se ha expuesto en los apartados 37 a 41 de la presente sentencia, si bien del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 93/13, en combinación con el punto 1, letra e), del anexo de esta, se desprende que la cláusula contractual que obliga al consumidor que no cumple sus obligaciones a abonar al profesional una indemnización desproporcionadamente elevada figura en una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas, el artículo 4, apartado 4, de la Ley n.º 193/2000 y el apartado 1, letra i), del anexo de la citada Ley obligan, en cambio, en aras de conceder a los consumidores una mayor protección, a calificar tal cláusula como abusiva, sin que sea necesario un examen adicional realizado con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva.
62 Por lo tanto, como reconoce expresamente el órgano jurisdiccional remitente, el carácter abusivo de la cláusula contractual controvertida en el asunto C‑909/24 debe apreciarse aplicando esta regla, y ello con los requisitos recordados en el apartado 42 de la presente sentencia.
63 Habida cuenta de lo anterior, procede responder a las cuestiones prejudiciales sexta y séptima que el artículo 3, apartados 1 y 3, de la Directiva 93/13, en relación con el punto 1, letra e), del anexo de esta, debe interpretarse en el sentido de que permite declarar abusiva una cláusula contractual incluida en un contrato de servicios de comunicaciones electrónicas celebrado por un período mínimo de veinticuatro meses, en virtud de la cual, en caso de resolución anticipada de dicho contrato imputable al consumidor, este está obligado a abonar al profesional, en concepto de compensación, el importe adeudado por el período de permanencia restante, que se calcula incluyendo el importe de los descuentos concedidos al consumidor por los servicios y mercancías proporcionados.
Costas
64 Dado que el procedimiento tiene, para las partes de los litigios principales, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes de los litigios principales, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:
1) El artículo 3, apartado 3, y el punto 1, letra e), del anexo de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en relación con los artículos 1, apartado 1, 2, letras b) y c), 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de esta Directiva,
deben interpretarse en el sentido de que
– entra en el ámbito de aplicación de dicha Directiva y puede declararse abusiva una cláusula que figura en un contrato de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas celebrado entre un profesional y un consumidor y que impone a este último penalizaciones por demora en el pago de un determinado importe, aun cuando la normativa nacional aplicable a ese sector de actividad no establezca ninguna limitación en cuanto al importe de esas penalizaciones, a diferencia de la que regula otros sectores de actividad económica;
– cuando el Derecho nacional califica expresamente como abusiva una cláusula contractual que tiene por objeto o por efecto imponer al consumidor que no cumpla sus obligaciones una indemnización desproporcionadamente elevada, pueden declararse abusivas, sin que se realice un examen adicional según los criterios que figuran en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, las cláusulas que sean materialmente equivalentes, habida cuenta, en particular, de los efectos que producen, a la contemplada por el Derecho nacional, lo que debe determinarse en el marco de un debate contradictorio entre el profesional y el consumidor, según las formas previstas al efecto por las normas procesales nacionales;
– el juez nacional debe excluir la aplicación de tales cláusulas, sin poder reducir el importe de las penalizaciones por demora en el pago que prevén.
2) El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a la apreciación del carácter abusivo de una cláusula contractual que, en caso de resolución anticipada de un contrato de prestación de servicios que establece un período mínimo de permanencia por una causa imputable al consumidor, obliga a este a pagar al profesional de que se trate una indemnización por un importe correspondiente a las cuotas mensuales restantes, aun cuando tal indemnización haya sido calificada por el Tribunal de Justicia, por lo que respecta a la aplicación de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, como «retribución de una prestación de servicios efectuada a título oneroso», a efectos del artículo 2, apartado 1, letra c), de esta última Directiva.
3) El artículo 3, apartados 1 y 3, de la Directiva 93/13, en relación con el punto 1, letra e), del anexo de esta,
debe interpretarse en el sentido de que
permite declarar abusiva una cláusula contractual incluida en un contrato de servicios de comunicaciones electrónicas celebrado por un período mínimo de veinticuatro meses, en virtud de la cual, en caso de resolución anticipada de dicho contrato imputable al consumidor, este está obligado a abonar al profesional, en concepto de compensación, el importe adeudado por el período de permanencia restante, que se calcula incluyendo el importe de los descuentos concedidos al consumidor por los servicios y mercancías proporcionados.
Firmas
* Lengua de procedimiento: rumano.