<TI><P>El tenor literal de la Directiva 87/102</P></TI>33.La Directiva 87/102 define su ámbito de aplicación en términos explícitos.34.A tenor de su artículo 1, se aplicará a los contratos de crédito, es decir, a aquellos contratos mediante los cuales un prestamista concede o promete conceder a un consumidor un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo o cualquier otra facilidad de pago.35.Pues bien, el concepto de contrato de crédito, en la forma definida anteriormente, no cubre la fianza.36.En efecto, la fianza constituye una garantía personal. Más exactamente, se trata de un contrato por el cual una persona se compromete frente al acreedor, como fiador, a cumplir la obligación del deudor principal, en el supuesto de que este último no la cumpla por sí mismo.Véase Cornu, G.: Vocabulaire Juridique, Presses universitaires de France, Paris, 1987, p. 125.
Por consiguiente, la fianza no constituye ni un préstamo ni un pago aplazado ni cualquier otra facilidad de pago en el sentido de la Directiva.37.Por otra parte, la fianza constituye asimismo un contrato unilateral, en la medida en que la obligación del fiador no da lugar a contrapartida alguna por parte del acreedor o del deudor principal.38.Es cierto que, en la sentencia Dietzinger, el Tribunal de Justicia declaró que el referido carácter unilateral no permitía excluir la fianza del ámbito de aplicación de la Directiva 85/577. El Tribunal de Justicia aclaró que no hay nada en el texto de la Directiva [85/577] que exija que la persona que haya celebrado el contrato, en virtud del cual deban entregarse bienes o prestarse servicios, sea el destinatario de dichos bienes o servicios .Apartado 19 (el subrayado es mío). Sin embargo, en sus conclusiones presentadas en el asunto Dietzinger, el Abogado General Sr. Jacobs había señalado que: De la lectura del artículo 1 [de la Directiva 85/577] [...] se desprende claramente que los contratos amparados por ésta son aquéllos con arreglo a los cuales un comerciante suministra bienes o servicios a un consumidor (punto 19).
39.No obstante, la Directiva 87/102 contiene una serie de disposiciones que ponen de manifiesto que su ámbito de aplicación se halla estrictamente limitado a los contratos sinalagmáticos.De esta forma, en el marco de la definición del contrato de crédito, la expresión un prestamista concede o promete conceder un crédito ya muestra que las relaciones contractuales regidas por la Directiva son bilaterales.
Del mismo modo, el artículo 1, apartado 2, letra b), de la Directiva establece que el coste total del crédito al consumo incluye todos los gastos [...] que el consumidor esté obligado a pagar para el créditoEl subrayado es mío.
El artículo 4, apartado 2, letra c), de la Directiva prevé además que el contrato [de crédito] incluirá [...] una relación del importe, el número y la periodicidad [...] de los pagos que deba realizar el consumidor para el reembolso del crédito y el pago de los intereses .El subrayado es mío.
Otro ejemplo viene dado por el artículo 8 de la Directiva, el cual dispone que El consumidor tendrá derecho a liberarse de las obligaciones que haya contraído en virtud de un contrato de crédito antes de la fecha fijada por el contrato.El subrayado es mío.
40.Del tenor literal de dichas disposiciones se desprende que los contratos regulados por la Directiva 87/102 se caracterizan porla existencia de obligaciones recíprocas entre las partes afectadas. Por consiguiente, en este punto, la doctrina sentada en la sentencia Dietzinger no me parece extrapolable al caso de autos.41.Las disposiciones antes citadas permiten asimismo aclarar el concepto de consumidor que figura en el artículo 1 de la Directiva.En efecto, la Directiva 87/102 parece adoptar una definición muy amplia del consumidor. Recordemos que dicha definición cubre a cualquier persona física que [...] actúa con fines que puedan considerarse al margen de su oficio o profesión. Por consiguiente, a priori, una persona física que acepte constituirse fiadora de las obligaciones de un tercero fuera del ámbito de su actividad profesional puede ser calificada de consumidor, con arreglo a la Directiva.
Sin embargo, las disposiciones antes citadasRecordemos que se trata del artículo 1, apartado 2, letras a) y d), del artículo 4, apartado 2, letra c), y del artículo 8 de la Directiva 87/102.
restringen considerablemente el alcance de esta definición. Su tenor literal indica muy claramente que, en el marco de la Directiva, el consumidor es el deudor principal. Cada vez que el legislador comunitario designa al consumidor, le confiere unos derechos o unas obligaciones que se hallan precisamente enumeradas como aquéllas que incumben al beneficiario o. al destinatario del crédito. Por consiguiente, el legislador considera que por consumidor a efectos de la Directiva 87/102 debe entenderse el prestatario.
Los trabajos preparatorios confirman esta interpretación. En efecto, la Comisión, en su propuesta de Directiva, había sugerido definir el contrato de crédito como un contrato por el cual un prestamista concede a un consumidor un crédito [...] y en virtud del cual el consumidor reembolsa el crédito junto con sus correspondientes intereses y gastos [...].Artículo 1, apartado 2, letra c), de la propuesta modificada de Directiva del Consejo, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo (DO 1984, C 183, p. 4; el subrayado es mío).
42.Pues bien, en la medida en que el fiador no es parte del contrato de crédito, no puede ser considerado como un consumidor en el sentido de la Directiva 87/102.43.Por consiguiente, debe afirmarse que, conforme a una interpretación literal, la Directiva 87/102 no puede aplicarse a un contrato de fianza.<TI><P>La sistemática de la Directiva 87/102</P></TI>44.En sus observaciones escritas el Gobierno francésPunto 4.1 de sus observaciones.
y la ComisiónPunto 6 de sus observaciones.
han señalado que la fianza no se halla expresamente excluida del ámbito de aplicación de la Directiva 87/102. En particular, no figura en el artículo 2 de esta disposición, el cual enumera los distintos contratos y situaciones a los que no se aplica la Directiva. La Comisión deduce de todo ello que el legislador comunitario no ha adoptado ninguna posición especial —ni favorable ni desfavorable— con respecto a la fianza.45.Me resulta algo difícil seguir a la Comisión en este punto.46.En efecto, en la Directiva 87/102 se hallan varias referencias a las garantías reales y personales.Por ejemplo, el artículo 2, apartado 3, prevé que [determinadas] disposiciones [de la Directiva] no se aplicarán a los contratos de crédito o de promesa de crédito con garantía de hipoteca inmobiliaria [...].El subrayado es mío.
De la misma forma, el Anexo I de la Directiva cita, entre las condiciones esenciales del contrato de crédito cuya mención escrita podrán exigir los Estados miembros, [la] garantía exigida al consumidor.Punto 1, inciso vi), y punto 4, inciso ii) (el subrayado es mío).
47.Las propuestas de Directiva presentadas por la Comisión al Consejo contenían asimismo tales referencias.Por ejemplo, en su propuesta inicial, la Comisión había sugerido que el contrato de crédito incluirá las cláusulas esenciales que se hayan acordado y en particular [...] precisiones acerca de las garantías eventualmente exigidas.Artículo 6, apartado 2, letra a), punto 7 de la propuesta de Directiva del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo (DO 1979, C 80, p. 4; el subrayado es mío).
De una forma similar, la propuesta modificada de Directiva preveía que El documento escrito contendrá, por lo menos [...] una indicación de las garantías eventualmente exigidas.Artículo 6, apartado 2, letra a), punto 7, de la propuesta modificada de Directiva, antes citada (el subrayado es mío).
48.Todas estas referencias ponen de manifiesto que el legislador comunitario, al elaborar la Directiva, tuvo presente la existencia de garantías reales y personales. En particular, era consciente de que la concesión de un crédito está supeditada frecuentemente a la condición de que el consumidor garantice, de una forma u otra, el reembolso de su deuda. En estas circunstancias, el hecho de que la Directiva no contenga disposición alguna en la que se defina el estatuto o el régimen de las garantías exigidas confirma la intención del legislador de mantener las garantías al margen del ámbito de aplicación de la Directiva.49.Por lo demás, varias Instituciones comunitarias han adoptado posturas que muestran aún más claramente la intención del legislador.En efecto, en 1995 y 1997, la Comisión presentó al Consejo sendos informes acerca de la aplicación de la Directiva 87/102 y sobre la forma en la que los Estados miembros habían adaptado el Derecho interno a dicha norma.Informe de la Comisión, de 11 de mayo de 1995, sobre la aplicación de la Directiva 87/102 [COM(9J) 117 final] e Informe de la Comisión, de 24 de septiembre de 1997, sobre la aplicación de la Directiva 87/102 — COM(95) 117 final de 11 de mayo de 1995. Informe resumido de reacciones y comentarios [COM(97) 465 final].
Pues bien, en sus dos informes, la Comisión observó que: Aunque la Directiva 87/102 no aborda la cuestión de las garantías, varios Estados miembros han adoptado disposiciones [al respecto]. La Comisión propone ampliar a los garantes algunas de las obligaciones de información previstas en la Directiva.Informe de 11 de mayo de 1995, antes citado, punto 345 (el subrayado es mío). En su Informe de 24 de septiembre de 1997, antes citado, la Comisión confirmó que: Dado que en muchos casos [los garantes] tienen una menor protección jurídica que el prestatario [...], y no están cubiertos por ¡a Directiva 87/102, diversos Estados miembros han introducido diferentes formas de protección de los garantes. El informe propone ampliar a los garantes algunas obligaciones de transmisión de información previstas en la Directiva (punto 80, el subrayado es mío).
El Parlamento Europeo, por su parte, se pronunció acerca del primer informe de la Comisión en una resolución de 11 de marzo de 1997. El Parlamento señala que, a la hora de hacer extensivas a los fiadores y garantes determinadas obligaciones previstas en la Directiva 87/102, hay que tener en cuenta que éstos no se encuentran en la misma situación que [los] prestatarios [...].Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 1997, sobre el informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 87/102 [COM(95)0117 — C4-0185/95] (DO C 115, p. 27, punto 16; el subrayado es mío).
50.Como ha puntualizado con razón la fábrica de cerveza, la Comisión y el Parlamento examinan, en los documentos antes citados, la cuestión de si de lege ferenda las disposiciones de la Directiva deben ampliarse a las garantías personales. De ello se desprende que, de lege lata, la fianza está excluida del ámbito de aplicación de la Directiva.51.Por lo que se refiere a las demás disposiciones de la Directiva 87/102, propongo examinar su función a la luz de los objetivos que las mismas persiguen.<TI><P>Los objetivos de la Directiva 87/102</P></TI>52.La Directiva 87/102 persigue una finalidad general de protección de los consumidores.La Directiva 87/102 persigue asimismo una segunda finalidad, a saber la creación de un mercado común de crédito al consumo (quinto considerando). Para ello, firetende suprimir las distorsiones en la competencia entre os prestamistas en el mercado común (segundo considerando) así como los obstáculos a la libre circulación de los bienes y servicios asequibles a los consumidores mediante un crédito (cuarto considerando).
Su exposición de motivos establece:Considerando que los programas de la Comunicad Económica Europea para una protección del consumidor y una política de información disponen, en particular, que debería protegerse al consumidor contra las condiciones abusivas del crédito y que debería emprenderse prioritariamente una armonización de las condiciones generales que regulan el crédito al consumo; [sexto considerando].
Considerando que las diferencias en la legislación y en la práctica ocasionan una protección al consumidor desigual en el ámbito del crédito al consumo de un Estado miembro a otro [séptimo considerando].
53.La Directiva 87/102 pretende, más en concreto, facilitar al consumidor una información adecuada acerca del coste y de las condiciones del crédito.La Directiva 87/102 pretende asimismo imponer determinados requisitos válidos para todas las formas de crédito (décimo considerando).
En efecto, su noveno considerando indica:Considerando que el consumidor debería recibir información adecuada sobre las condiciones y el coste del crédito y sobre sus obligaciones; considerando que dicha información debería incluir, entre otras cosas, el porcentaje anual de cargas financieras por el crédito o, en su defecto, el importe total que el consumidor tiene que pagar por el crédito; considerando que hasta que no se adopte una Decisión relativa al método o a los métodos comunitarios de calcular el porcentaje anual de cargas financieras, los Estados miembros deberían poder continuar con los métodos o con las prácticas existentes para calcular dicho porcentaje o, en su defecto, deberían establecer disposiciones para indicar el coste total del crédito al consumidor.Las Directivas 90/88 y 98/7 han modificado la Directiva 87/102 con objeto de introducir un método de cálculo único del porcentaje anual de cargas financieras en el conjunto de la Comunidad Europea.
54.Por lo tanto, la mayoría de las disposiciones de la Directiva tienen por objeto permitir al consumidor que conozca con precisión el coste del crédito así como los gastos vinculados al mismo.De esta forma, el artículo 3 de la Directiva prevé que todo anuncio o toda oferta exhibida en locales comerciales que contenga indicaciones sobre el coste del crédito —como el tipo de interés— deberá incluir el porcentaje anual de cargas financieras.Recordemos que la Directiva 87/102 define el porcentaje anual de cargas financieras como el coste total del crédito al consumo, expresado en un porcentaje anual sobre la cuantía del crédito concedido, y calculado con arreglo al artículo 1 bis [artículo 1, apartado 2, letra e)].
De la misma forma, el artículo 4 de la Directiva impone la forma escrita para los contratos de crédito. Mediante el contrato escrito debe informarse al consumidor en particular acerca del importe, número y periodicidad de los pagos que debe realizar para reembolsar el crédito. El contrato debe facilitar también una relación de los gastos vinculados al crédito que no están comprendidos en el cálculo del porcentaje anual de cargas financieras, pero que debe abonar el consumidor. Además, el documento escrito debe contener las demás condiciones esenciales del contrato. Como ejemplo de dichas condiciones, el Anexo I de la Directiva cita, entre otros, el límite máximo del crédito; las condiciones de reembolso del crédito; el precio al contado y el precio a pagar con arreglo al contrato de crédito; en su caso, el importe del depósito; el número e importe de los plazos y las fechas de vencimiento de los mismos; en su caso, el coste de los seguros exigidos al consumidor con el fin de garantizar el reembolso del crédito, etc.
Tales obligaciones de información también se encuentran en el artículo 6 de la Directiva. El apartado 1 de esta disposición establece que cuando exista un contrato entre una entidad de crédito [...] y un consumidor para la concesión de un crédito en forma de anticipos en cuenta corriente [...] el consumidor deberá ser informado, en el momento de la celebración del contrato, o con anterioridad [...] del límite del crédito, si lo hubiere [así como] del tipo de interés anual y de los gastos aplicables [...] . El apartado 2 precisa que: Además, mientras dure el contrato, el consumidor será informado de cualquier cambio que se produzca en el tipo de interés o en los gastos pertinentes en el momento en que se produzca.
55.La finalidad de todas estas disposiciones es informar al consumidor acerca del alcance exacto de sus obligaciones. En particular, tales disposiciones tienen por objeto permitirle conocer con precisión el importe de las cantidades que se compromete a pagar o a reembolsar con arreglo al contrato de crédito.56.De todo lo anterior se desprende que el objetivo, en especial, de la Directiva consiste en permitir al consumidor celebrar y cumplir el contrato de crédito con pleno conocimiento de causa. La Directiva pretende de esta forma protegerle contra determinados riesgos inherentes al crédito al consumo, como es el caso de las posibles prácticas abusivas de los profesionales del crédito, a obligaciones financieras inconsideradas o incluso lo que podría denominarse el poder de compra ilusorio.57.Por consiguiente, la interpretación teleologica de la Directiva confirma que esta norma está destinada, fundamentalmente, a proteger al prestatario.58.No obstante, algunas de las partes que han intervenido en el procedimientoVéanse, en particular, las observaciones de la Comisión (punto 7); las observaciones del Sr. Siepert (punto III.6) y las alegaciones expuestas por el Gobierno francés durante la fase oral del procedimiento.
han alegado que el objetivo de la Directiva es conceder a los consumidores el máximo grado de protección.Éstas afirman que la protección prevista por la Directiva debe ampliarse al fiador cuando éste se obliga con carácter privado, es decir, fuera del ámbito de su actividad profesional o comercial. En efecto, en el campo del crédito al consumo, el fiador se encuentra en una posición de debilidad comparable a la del prestatario. Se trata a menudo de una persona próxima al prestatario —un amigo o un pariente— la cual contrae su obligación bajo una cierta presión afectiva. La necesidad de proteger al fiador es aún mayor porque acepta responder del reembolso del crédito sin que su obligación dé lugar a una contrapartida por parte del prestamista o del deudor principal.
59.Personalmente, comparto en gran medida las preocupaciones expuestas por las partes intervinientes mencionadas. Sin embargo, con independencia de que la Directiva 87/102 no esté destinada a aplicarse a las garantías personales, considero que la ampliación que preconizan no es adecuada para garantizar una protección adecuada a los fiadores.60.En efecto, los riesgos a los que se exponen los fiadores son de una naturaleza distinta de los que caracterizan el crédito al consumo. Dichos riesgos proceden esencialmente del estado de insolvencia del deudor principal así como del desconocimiento del mecanismo de la fianza.61.En consecuencia, una protección adecuada de los fiadores implica que sean informados de unos datos distintos de las condiciones y del coste del crédito. Como han subrayado con razón los Gobiernos alemánPuntos 15 y 18 de sus observaciones.
y finlandés,Punto 9 de sus observaciones.
tal información debe versar en particular sobre la solvencia del prestatario, sobre el régimen jurídico de la fianza (regulación general, fianza subsidiaria, fianza solidaria, etc.) y sobre los requisitos precisos conforme a los cuales el fiador puede estar obligado a reembolsar el crédito. Cabe asimismo pensar que, en el supuesto de que el prestatario haya suscrito un seguro con el fin de garantizar el reembolso de su deuda, es conveniente informar al fiador acerca de los posibles recursos disponibles contra el asegurador.62.Por consiguiente, desde este punto de vista, las obligaciones de información previstas en la Directiva 87/102 no parecen adecuadas a las necesidades de los fiadores que se obligan con carácter privado a garantizar el reembolso de un crédito al consumo.63.Varias partes intervinientesVéanse las observaciones del Gobierno español (punto 8); las observaciones del Gobierno francés (punto 4.2); las observaciones de la Comisión (punto III.l), y las observaciones del Sr. Siepert (punto III.4).
han afirmado asimismo que la fianza presenta una estrecha vinculación con el contrato de crédito. Han señalado que, en la sentencia Dietzinger, el Tribunal de Justicia se basó en la existencia de tal vinculación para llegar a la conclusión de que una fianza podía estar comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 85/577.De hecho, en la sentencia antes citada, el Tribunal de Justicia declaró que [...] la concesión de un crédito constituye un servicio y el contrato de fianza sólo existe de manera accesoria al contrato principal, que en la práctica y en la mayoría de los casos es una condición previa.Apartado 18.
El Tribunal de Justicia decidió que: Teniendo en cuenta la estrecha relación existente entre el contrato de crédito y la fianza en garantía de su ejecución, así como el hecho de que la persona que se compromete a garantizar el reembolso de una deuda puede tener la condición de codeudor solidario o de fiador, no puede negarse que la fianza está comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Directiva [85/577] .Sentencia Dietzinger, apartado 20.
64.La fianza presenta efectivamente una estrecha relación con el contrato de crédito por dos razones.Por una parte, en el plano económico, las entidades de crédito y los organismos financieros supeditan con frecuencia la concesión de un crédito al consumo a la condición de que el beneficiario del crédito pueda garantizar el reembolso de su deuda mediante una garantía real o personal.
Por otra parte, a nivel jurídico, la fianza constituye un contrato accesorio al contrato principal, en el presente caso el contrato de crédito. Por consiguiente, la posibilidad de que el acreedor reclame contra el fiador depende de la existencia y de la extensión de la deuda principal cuyo cumplimiento garantiza.
65.No obstante, no aciertan a convencerme las razones por las que el Tribunal de Justicia dedujo de la existencia de dicha vinculación estrecha que una fianza podía hallarse comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 85/577.Por lo demás, la motivación de la sentencia Dietzinger sobre este punto es lacónica. Se limita a presentar algunas características de la fianza —su estrecha relación con el contrato de crédito y el hecho de que el garante pueda tener la condición de codeudor solidario o de fiador— para sentar, de una forma casi automática, el principio según el cual un contrato de fianza puede estar comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 85/577.
Ciertamente, la referencia al carácter accesorio de la fianza pone de manifiesto que la sentencia Dietzinger llevó a cabo una aplicación especial del adagio accessorium sequitur principale.Esta interpretación se ve confirmada por el apartado 22 de la sentencia Dietzinger en el cual el Tribunal de Justicia declaró: [...] del tenor literal del artículo 1 de la Directiva [85/577] así como del carácter accesorio de la fianza, se deriva que únicamente puede estar comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva [85/5771 una fianza accesoria a un contrato por el cual, con ocasión de una venta a domicilio, un consumidor se haya comprometido frente a un comerciante para obtener de éste bienes o servicios.
El Tribunal de Justicia consideró que, en la medida en que el contrato de crédito se hallaba comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 85/577, el contrato de fianza debía seguir la misma suerte que el contrato principal.
66.Sin embargo, este dato me parece insuficiente para justificar, en el presente caso, la inclusión de la fianza en el ámbito de aplicación de la Directiva 87/102.Por lo que se refiere a la Directiva 85/577, véanse las alegaciones expuestas por el Abogado General Sr. Jacobs en sus conclusiones presentadas en el asunto Dietzinger.
En efecto, del tenor literal, de la sistemática y de los objetivos de la Directiva 87/102 se deduce que esta norma no puede aplicarse a un contrato de fianza celebrado con el fin de garantizar el reembolso de un crédito al consumo.67.Como subrayó con razón el Abogado General Sr. Jacobs en sus conclusiones en el asunto Dietzinger:Es, por supuesto, indiscutible, que el objetivo de la Directiva [85/577] es la protección de los consumidores. Sin embargo, de este postulado no se deduce que todos los consumidores estén protegidos por la Directiva [85/577] en toda circunstancia: al igual que otras Directivas cuyo objeto es la protección de los consumidores, la Directiva [85/577] sólo se aplica a determinadas transacciones [...].Punto 39.
68.En el presente caso, la Directiva 87/102 es aplicable a los contratos de crédito. No me parece aplicable a los contratos de fianza.69.Para concluir, desearía —como lo ha hecho el Abogado General Sr. Jacobs en sus conclusiones antes citadas—Apartado 43.
llamar la atención del órgano jurisdiccional remitente acerca del hecho de que mi conclusión no le impide interpretar de otra forma la VerbrKrG. En efecto, el artículo 15 de la Directiva 87/102 autoriza a los Estados miembros a conservar o a adoptar unas disposiciones más severas para la protección de los consumidores, sin perjuicio de las obligaciones que les incumben en virtud del Tratado. Por lo tanto, el Derecho comunitario no se opone a que el Landgericht Potsdam declare que, conforme al Derecho alemán, un contrato de fianza puede estar comprendido dentro del ámbito de aplicación de la VerbrKrG.