–

en nombre de DL, por el Sr. T. Winter, Rechtsanwalt;

–

en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. C. Vollrath y W. Wils, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia (DO 2015, L 141, p. 19), en relación con el artículo 2, punto 10, de dicho Reglamento.

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre DL y el Land Berlin (estado federado de Berlín, Alemania) en relación con un procedimiento de insolvencia incoado por este último contra DL.

Marco jurídico

3

A tenor de los considerandos 23, 24, 28, 37 y 38 del Reglamento 2015/848:

4

El artículo 2, punto 10, de dicho Reglamento define el «establecimiento» como «todo lugar de operaciones en el que un deudor ejerza o haya ejercido, en los tres meses anteriores a la solicitud de apertura del procedimiento principal de insolvencia, de forma no transitoria una actividad económica con medios humanos y materiales».

5

El artículo 3 del referido Reglamento, que lleva por título «Competencia internacional», establece:

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

6

El 18 de agosto de 2020, el estado federado de Berlín presentó ante el Amtsgericht Charlottenburg (Tribunal de lo Civil y Penal de Charlottenburg, Alemania) una solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia contra DL (en lo sucesivo, «deudor»). En la fecha de la solicitud, el deudor estaba domiciliado en Berlín (Alemania), Mónaco, Los Ángeles (Estados Unidos) y la isla de San Bartolomé (Antillas francesas). Era presidente del consejo de vigilancia de Landbell AG, una sociedad anónima de Derecho alemán con domicilio social en Maguncia (Alemania). Su patrimonio se componía de activos bancarios en Mónaco y de participaciones en sociedades de Derecho monegasco que mantenían activos, un depósito de valores y participaciones societarias en Alemania.

7

Mediante auto de 27 de julio de 2021, el Amtsgericht Charlottenburg (Tribunal de lo Civil y Penal de Charlottenburg) declaró la inadmisibilidad de dicha solicitud por falta de competencia territorial.

8

El 29 de junio de 2022, el Landgericht Berlin (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Berlín, Alemania), que debía pronunciarse sobre un «recurso inmediato» (sofortige Beschwerde) interpuesto por el Finanzamt Wilmersdorf (Administración Tributaria de Wilmersdorf, Alemania) en su condición de acreedor, anuló dicho auto y devolvió el asunto al Amtsgericht Charlottenburg (Tribunal de lo Civil y Penal de Charlottenburg), que era el tribunal que conocía inicialmente del asunto. En efecto, el Landgericht Berlin (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Berlín) consideró que el centro de los intereses principales del deudor se encontraba en el lugar en el que este ejercía su actividad independiente como presidente del consejo de vigilancia.

9

En particular, en su resolución de 29 de junio de 2022, el Landgericht Berlin (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Berlín) consideró que el deudor, en virtud de su función de presidente del consejo de vigilancia de una sociedad anónima alemana, ejercía una «actividad independiente», en el sentido del artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, primera frase, del Reglamento 2015/848. Sin embargo, no aplicó la presunción establecida por esta disposición, según la cual el centro de los intereses principales del deudor es, salvo prueba en contrario, su «centro principal de actividad». Ante todo, se refirió al concepto de «establecimiento», definido en el artículo 2, punto 10, del mismo Reglamento y señaló que, en el marco de su actividad independiente, el deudor no recurría a medios humanos o materiales ni en Alemania ni en otro lugar. A continuación, al aplicar la definición, enunciada en el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, segunda frase, del Reglamento 2015/848, según la cual el centro de intereses principales del deudor corresponde al «lugar en el que el deudor lleve a cabo de manera habitual y reconocible por terceros la administración de sus intereses», declaró la competencia internacional de los tribunales alemanes para abrir el procedimiento de insolvencia.

10

El deudor, que duda de la competencia internacional de los órganos jurisdiccionales alemanes, interpuso un recurso (Rechtsbeschwerde) ante el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania), que es el órgano jurisdiccional remitente. Este deudor solicita que se anule la resolución dictada por el Landgericht Berlin (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Berlín) y se desestime el recurso inmediato del acreedor.

11

El órgano jurisdiccional remitente considera que la competencia internacional de los tribunales alemanes debe apreciarse a la luz del artículo 3, apartado 1, del Reglamento 2015/848.

12

A este respecto, señala, en primer lugar, que, en virtud del artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de dicho Reglamento, tendrán competencia para abrir el procedimiento de insolvencia los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se sitúe el centro de intereses principales del deudor. A tenor de dicha disposición, el «centro de intereses principales será el lugar en el que el deudor lleve a cabo de manera habitual y reconocible por terceros la administración de sus intereses». En el caso concreto en que el deudor sea un particular que ejerce una actividad mercantil o profesional independiente, el artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, de dicho Reglamento establece la presunción iuris tantum de que el centro de intereses principales de esa persona es su «centro principal de actividad». Respecto de otros particulares, con arreglo al artículo 3, apartado 1, párrafo cuarto, primera frase, del mismo Reglamento, se presumirá que el centro de sus intereses principales es, salvo prueba en contrario, el lugar de residencia habitual de dicho particular.

13

El órgano jurisdiccional remitente, al igual que el Landgericht Berlin (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Berlín), considera que el deudor, en el momento de solicitar la apertura del procedimiento de insolvencia, ejercía una «actividad mercantil o profesional independiente», en el sentido del artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, primera frase, del Reglamento 2015/848.

14

Según el órgano jurisdiccional remitente, estos conceptos deben interpretarse de manera autónoma en el Derecho de la Unión. La actividad independiente se caracteriza por el hecho de que, por una parte, la persona de que se trata ejerce sus actividades en nombre propio, por su propia cuenta y bajo su propia responsabilidad, y, por otra parte, soporta el riesgo económico ligado al ejercicio de esa actividad. Esta persona actúa por cuenta propia y bajo su propia responsabilidad, organiza libremente las modalidades de ejecución de su trabajo y percibe las retribuciones que constituyen sus ingresos.

15

En el asunto principal, el deudor cumplía estos requisitos, dado que era el presidente del consejo de vigilancia de una sociedad anónima de Derecho alemán y que, en virtud de dicho Derecho, el consejo de vigilancia no recibía instrucciones de la dirección de la sociedad anónima. Además, según las apreciaciones del Landgericht Berlin (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Berlín), el deudor podría haber soportado un riesgo vinculado a la remuneración.

16

En segundo lugar, en virtud del artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, primera frase, del Reglamento 2015/848, se presume que un particular que ejerce una actividad mercantil o profesional independiente tiene el centro de sus intereses principales en su centro principal de actividad. El «establecimiento», en el sentido del artículo 2, punto 10, de dicho Reglamento, remite a cualquier lugar de operaciones en el que un deudor ejerza, de forma no transitoria, una actividad económica con medios humanos y materiales.

17

Habida cuenta de la apreciación del Landgericht Berlin (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Berlín), según la cual no procedía aplicar la presunción que figura en el artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, primera frase, del Reglamento 2015/848 debido a que el deudor, en el marco de su actividad independiente, no recurría a medios humanos o materiales, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la pertinencia de tal exigencia para determinar el centro principal de actividad de un particular que ejerce una actividad independiente.

18

Según el órgano jurisdiccional remitente, si se exigiera este requisito, habría que considerar que el deudor no tiene un «establecimiento», en el sentido del artículo 2, punto 10, del Reglamento 2015/848. Se plantea entonces la cuestión de si puede presumirse, con arreglo al artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, primera frase, de dicho Reglamento, que el lugar en el que se ejerce la actividad independiente es el centro de los intereses principales del deudor, salvo prueba en contrario.

19

Si se respondiera afirmativamente a esta segunda cuestión, constituiría una presunción iuris tantum que el centro de los intereses principales del deudor se encuentra, entre otros, en territorio alemán, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, primera frase, del Reglamento 2015/848.

20

En cambio, en caso de responderse negativamente a las dos cuestiones anteriores, se plantearía entonces la cuestión de si se aplica la presunción que figura en el artículo 3, apartado 1, párrafo cuarto, primera frase, de dicho Reglamento y si un particular que no dispone de un «establecimiento», en el sentido del artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, primera frase, del mismo Reglamento, para su actividad mercantil o profesional independiente está comprendido en el concepto de «otros particulares», que figura en la primera disposición.

21

El órgano jurisdiccional remitente precisa, a este respecto, que el Landgericht Berlin (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Berlín) ignoró la presunción establecida en el artículo 3, apartado 1, párrafo cuarto, primera frase, del Reglamento 2015/848 y aplicó el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, segunda frase, de dicho Reglamento. Si fuera pertinente la presunción contemplada en el artículo 3, apartado 1, párrafo cuarto, primera frase, de dicho Reglamento, debería determinarse primeramente el lugar de residencia habitual del deudor en el momento de presentación de la solicitud de apertura del procedimiento de insolvencia. A continuación, habría de evaluarse si las circunstancias de hecho aún por comprobar permiten desvirtuar esta presunción. Tal interpretación exigiría anular el auto del Landgericht Berlin (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Berlín).

22

En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

Sobre las cuestiones prejudiciales

Observaciones preliminares

23

En sus observaciones escritas, el deudor cuestiona la apreciación del órgano jurisdiccional remitente según la cual, en el momento de solicitar la apertura del procedimiento de insolvencia, ejercía una «actividad mercantil o profesional independiente», en el sentido del artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, primera frase, del Reglamento 2015/848. Según el deudor, la actividad que desarrolla, como presidente del consejo de vigilancia, que, por lo demás, solo es secundaria, no está comprendida en este concepto, habida cuenta de las condiciones de ejercicio de dicha actividad.

24

Según reiterada jurisprudencia, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad, y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional solo es posible cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (sentencia de 22 de septiembre de 2016, Breitsamer und Ulrich, C‑113/15, EU:C:2016:718, apartado 33 y jurisprudencia citada).

25

No puede desvirtuarse esta presunción de pertinencia por la mera circunstancia de que una de las partes del litigio principal niegue algunos hechos cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia y de los cuales depende la definición del objeto de dicho litigio (sentencia de 22 de septiembre de 2016, Breitsamer und Ulrich, C‑113/15, EU:C:2016:718, apartado 34 y jurisprudencia citada).

26

En el caso de autos, como se ha expuesto en el apartado 13 de la presente sentencia, el órgano jurisdiccional remitente indicó expresamente que no cuestionaba el hecho constatado por el Landgericht Berlin (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Berlín) de que, en el momento de la solicitud de apertura del procedimiento de insolvencia, el deudor ejercía una «actividad mercantil o profesional independiente», en el sentido del artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento 2015/848. De los fundamentos de Derecho de la resolución de remisión se desprende que, mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pretende que se determine, en esencia, si la presunción que figura en dicha disposición puede aplicarse a ese deudor, cuando su actividad, así calificada como «actividad mercantil o profesional independiente», no requiere ningún medio humano ni ningún medio material, ya sea en el interior del territorio alemán o en otro lugar.

27

En estas circunstancias, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas partiendo de la premisa en la que se basa dicho órgano jurisdiccional, a saber, que el deudor ejercía, en el momento de la solicitud de apertura del procedimiento de insolvencia, una «actividad mercantil o profesional independiente», en el sentido del artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento 2015/848. Esta premisa forma parte del marco fáctico del litigio principal, que no corresponde verificar al Tribunal de Justicia.

Primera cuestión prejudicial

28

Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento 2015/848 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «centro principal de actividad» de un particular que ejerce una actividad mercantil o profesional independiente, de conformidad con dicha disposición, se corresponde con el concepto de «establecimiento» definido en el artículo 2, punto 10, de dicho Reglamento.

29

A tenor del artículo 3, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento 2015/848, tendrán competencia para abrir el procedimiento de insolvencia, que en dicho Reglamento se denomina «procedimiento de insolvencia principal», los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio se sitúe el centro de intereses principales del deudor. El centro de intereses principales será el lugar en el que el deudor lleve a cabo de manera habitual y reconocible por terceros la administración de sus intereses.

30

El artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, de dicho Reglamento establece que, respecto de los particulares que ejerzan una actividad mercantil o profesional independiente, se presumirá que el centro de sus intereses principales es, salvo prueba en contrario, su centro principal de actividad.

31

En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente interpreta el concepto de «centro principal de actividad», en el sentido del artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento 2015/848, a la luz del concepto de «establecimiento», definido en el artículo 2, punto 10, de dicho Reglamento. Se pregunta si, habida cuenta de esta definición, dicho lugar también constituye un «establecimiento», cuando no se recurre a medios humanos y materiales.

32

A este respecto, procede señalar que, en la versión alemana del Reglamento 2015/848, existe una proximidad lingüística entre los términos «establecimiento» (Niederlassung) y «centro principal de actividad» (Hauptniederlassung).

33

Sin embargo, como alega la Comisión Europea en sus observaciones, esta proximidad no existe en otras versiones lingüísticas de dicho Reglamento que utilizan términos semánticamente diferentes, como, en particular, en las versiones inglesa (establishment y principal place of business), española (establecimiento y centro principal de actividad), francesa (établissement y lieu d’activité principal), italiana (dipendenza y sede principale di attività), polaca (oddział y główne miejsce wykonywania tej działalności) o también sueca (driftställe y huvudsakliga verksamhetsställe).

34

Por consiguiente, según reiterada jurisprudencia, la exigencia de uniformidad en la interpretación de una disposición de Derecho de la Unión requiere, en caso de divergencia entre sus diferentes versiones lingüísticas, que la disposición de que se trate se interprete en función del contexto y de la finalidad de la normativa en la que se integra (sentencia de 9 de septiembre de 2020, TMD Friction y TMD Friction EsCo, C‑674/18 y C‑675/18, EU:C:2020:682, apartado 89 y jurisprudencia citada).

35

Por lo que respecta, en primer lugar, al contexto de la normativa, procede señalar que el concepto de «establecimiento», en el sentido del artículo 2, punto 10, del Reglamento 2015/848, figura en el artículo 3, apartado 2, de dicho Reglamento, que determina el criterio de competencia internacional para la apertura de un procedimiento de insolvencia en un Estado miembro distinto de aquel en que se sitúa el centro de intereses principales del deudor, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento.

36

De conformidad con el artículo 3, apartado 2, del mismo Reglamento, cuando el centro de intereses principales del deudor se encuentre en el territorio de un Estado miembro, los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro solo serán competentes para abrir un procedimiento de insolvencia con respecto a ese deudor si este posee un establecimiento en el territorio de este otro Estado miembro.

37

Además, del artículo 3, apartado 3, del Reglamento 2015/848 resulta que, cuando se haya abierto un procedimiento de insolvencia en aplicación del apartado 1 de dicho artículo, cualquier otro procedimiento de insolvencia que se abra con posterioridad en aplicación del apartado 2 del mismo artículo será un procedimiento de insolvencia secundario.

38

Por lo tanto, el legislador de la Unión optó por establecer una distinción clara entre el procedimiento de insolvencia principal previsto en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento 2015/848, por un lado, y el procedimiento de insolvencia secundario contemplado en el artículo 3, apartado 2, de dicho Reglamento, por otro. Pues bien, como se desprende de los considerandos 23, 24, 37 y 38 de dicho Reglamento, la presencia en un Estado miembro de un «establecimiento», tal como se define en el artículo 2, punto 10, del mismo Reglamento, constituye el criterio determinante únicamente para la apertura de un procedimiento de insolvencia secundario en ese Estado miembro. Por consiguiente, este concepto no puede ser pertinente en el marco del artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento.

39

Una interpretación como esta es, en segundo lugar, conforme con el objetivo del Reglamento 2015/848, que pretende garantizar la seguridad jurídica y la previsibilidad de la determinación del foro competente recurriendo a criterios objetivos (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2020, Novo Banco, C‑253/19, EU:C:2020:585, apartado 20).

40

Pues bien, ese objetivo se vería comprometido en caso de correspondencia entre el concepto de «centro principal de actividad», en el sentido del artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento 2015/848, y el de «establecimiento», contemplado en el artículo 2, punto 10, de dicho Reglamento, lo que crearía una confusión entre los criterios pertinentes para la apertura de un procedimiento de insolvencia principal, por una parte, y secundario, por otra.

41

A la luz de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento 2015/848 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «centro principal de actividad» de un particular que ejerce una actividad mercantil o profesional independiente, de conformidad con dicha disposición, no se corresponde con el concepto de «establecimiento» definido en el artículo 2, punto 10, de dicho Reglamento.

Segunda cuestión prejudicial

42

Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento 2015/848 debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de un particular que ejerce una actividad mercantil o profesional independiente, puede presumirse, salvo prueba en contrario, que el centro de intereses principales de esa persona se sitúa en su centro principal de actividad, aun cuando dicha actividad no requiera ningún medio humano o material.

43

Como se desprende del artículo 3, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento 2015/848, el factor general de conexión para determinar la competencia internacional a efectos de la apertura de un procedimiento de insolvencia es el centro de intereses principales del deudor. En el caso concreto en que el deudor sea un particular que ejerce una actividad mercantil o profesional independiente, el artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, de dicho Reglamento establece la presunción iuris tantum de que el centro de intereses principales de ese particular es su centro principal de actividad.

44

En primer lugar, el Tribunal de Justicia ha declarado que el «centro de intereses principales», en el sentido del artículo 3, apartado 1, del Reglamento 2015/848, debe determinarse tras una valoración conjunta de todos los criterios objetivos reconocibles por terceros, en particular por los acreedores, que puedan determinar el lugar efectivo en el que el deudor lleva a cabo de manera habitual la administración de sus intereses (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2020, Novo Banco, C‑253/19, EU:C:2020:585, apartado 22).

45

Del propio tenor del artículo 3, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento 2015/848 se desprende, por una parte, que las consideraciones anteriores son aplicables indistintamente a cualquier deudor, ya se trate de sociedades, de personas jurídicas o de personas físicas, y, por otra parte, que, al emplear en esa disposición el término «intereses», la intención del legislador de la Unión era abarcar todas las actividades económicas en general.

46

Así pues, en primer término, este factor general de conexión para determinar la competencia internacional a efectos de la apertura de un procedimiento de insolvencia y el enfoque basado en criterios objetivos reconocibles por terceros que ha de adoptarse para aplicarlo son, por tanto, válidos también para los particulares que ejercen una actividad mercantil o profesional independiente (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2020, Novo Banco, C‑253/19, EU:C:2020:585, apartado 23). En segundo término, habida cuenta del concepto de «intereses» utilizado en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento 2015/848, los criterios que permiten determinar el centro de intereses principales de una persona física son similares, con independencia de que dicha persona ejerza o no una actividad mercantil o profesional independiente, en la medida en que dichos criterios se refieren a la actividad económica de esta última categoría de personas.

47

Ahora bien, por lo que respecta a un particular que no ejerce una actividad mercantil o profesional independiente, el Tribunal de Justicia ha declarado que los criterios pertinentes para determinar el centro de intereses principales de tal persona son, en particular, los relativos a su situación económica, lo cual se corresponde con el lugar en el que esa persona lleva a cabo la administración de sus intereses económicos y en el que se perciben y gastan la mayoría de sus ingresos o el lugar en el que se sitúa la mayor parte de sus activos (véase, por analogía, la sentencia de 16 de julio de 2020, Novo Banco, C‑253/19, EU:C:2020:585, apartado 24).

48

En segundo lugar, por lo que respecta a la presunción iuris tantum enunciada en el artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento 2015/848, del propio tenor de esta disposición, interpretada a la luz del artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de dicho Reglamento, se desprende que se presume que un particular que ejerce una actividad mercantil o profesional independiente, salvo prueba en contrario, administra habitualmente sus intereses en su centro principal de actividad, ya que existe una alta probabilidad de que ese lugar corresponda al centro de sus intereses principales. Por lo tanto, mientras no se destruya esta presunción, los tribunales del Estado miembro en el que radique dicho centro de actividad tienen competencia internacional para abrir un procedimiento de insolvencia contra dicha persona física.

49

A este respecto, el mero hecho de que la actividad mercantil o profesional independiente del interesado no requiera ningún medio material o humano no basta, por sí mismo, para desvirtuar esta presunción.

50

En efecto, aunque la ubicación de los medios materiales del deudor o los posibles medios humanos empleados para el ejercicio de la actividad mercantil o profesional independiente del interesado es uno de los criterios objetivos reconocibles por terceros que deben tenerse en cuenta para determinar el lugar en el que el deudor lleva a cabo de manera habitual la administración de sus intereses, la presunción a la que hace referencia el apartado anterior de la presente sentencia únicamente puede destruirse tras una valoración conjunta de todos los criterios objetivos verificables por terceros (véase, por analogía, la sentencia de 16 de julio de 2020, Novo Banco, C‑253/19, EU:C:2020:585, apartado 28).

51

Además, esta presunción quedaría privada de efecto útil si debiera interpretarse en el sentido de que exige necesariamente la presencia de medios materiales o humanos en el centro principal de actividad del interesado. En efecto, como señaló, en esencia, la Comisión en sus observaciones, por su propia naturaleza, la actividad mercantil o profesional independiente puede ejercerse sin tales medios materiales o humanos, de modo que tal requisito excluiría del ámbito de aplicación de dicha presunción a un gran número de personas que ejercen tal profesión o actividad.

52

En el caso de autos, de las indicaciones del órgano jurisdiccional remitente se desprende que el Landgericht Berlin (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Berlín) declaró que, en el marco de su actividad independiente, como presidente del consejo de vigilancia de una sociedad anónima alemana, el deudor no recurría a ningún medio humano ni a ningún medio material, ni en el interior del territorio alemán ni en ningún otro lugar.

53

Si bien la presencia de tales medios humanos o materiales no es decisiva para determinar el centro de intereses principales de una persona, corresponde no obstante al órgano jurisdiccional competente determinar, habida cuenta de los criterios recordados en el apartado 47 de la presente sentencia, la localización del centro de intereses principales del deudor tomando en consideración todos los elementos objetivos que puedan ser comprobados por terceros relacionados con la situación económica del deudor, como, en particular, los que permiten localizar el lugar en el que dicha persona gestiona sus intereses económicos y donde se perciben y gastan la mayoría de sus ingresos.

54

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento 2015/848 debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de un particular que ejerce una actividad mercantil o profesional independiente, se presume, salvo prueba en contrario, que el centro de intereses principales de esa persona se sitúa en su centro principal de actividad, aun cuando dicha actividad no requiera ningún medio humano o material.

Tercera cuestión prejudicial

55

Habida cuenta de la respuesta dada a la segunda cuestión prejudicial, no procede responder a la tercera.

Costas

56

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

1)

El artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia,

2)

El artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento 2015/848