Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de
En lo sucesivo,
Hecho en Roma el
Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos: […] […]
Véase el considerando 4 de esta Directiva.
Véase el artículo 1, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2012/29.
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…] […]
Traducción al francés publicada por la Secretaría General de la Presidencia de la República Italiana en la siguiente dirección: https://www.quirinale.it/allegati_statici/costituzione/costituzione_francese.pdf.
El órgano jurisdiccional remitente se refiere a los artículos 492 a 495 del Código de Procedimiento Penal.
Sentencia n.
Véanse los puntos 19 a 29 de las conclusiones del Abogado General Cruz Villalón en el asunto
En sentido estricto, ha de entenderse que estos principios implican el derecho de la parte a ser oída en una vista en la que ella o su representante puedan expresarse y responder a las preguntas de los jueces. Los sistemas de organización judicial de los Estados miembros establecen regímenes que combinan, en proporciones variables, el carácter oral y escrito de los procedimientos judiciales, aunque todos esos sistemas conocen el principio de oralidad.
Bouzat, P. y Pinatel, J.:
Bouzat, P., y Pinatel, J.,
Desportes, F., y Lazergues-Cousquer, L.:
En su resolución de remisión, el Tribunale di Bari (Tribunal de Bari) hace expresa mención a que el artículo 525, apartado 1, del Código de Procedimiento Penal consagra el principio de inmediación en su aspecto temporal (
Véanse las conclusiones del Abogado General Léger en el asunto
Véase el considerando 53 de la Directiva 2012/29.
La finalidad de estas medidas se expone con claridad en los considerandos 53 y 54 de la Directiva 2012/29.
Apartado 64 de esta sentencia, relativa a la interpretación del artículo 8, apartados 2 a 4, de la Decisión Marco 2001/220.
Con arreglo al artículo 23, apartado 2, de la Directiva 2012/29, las medidas previstas para la investigación penal consisten en garantizar el derecho de la víctima a declarar en dependencias concebidas a tal fin, en que les tomen declaración profesionales formados a tal efecto, que sean siempre los mismos,
Conforme al artículo 24, apartado 1, letra a), de la Directiva 2012/29, los Estados miembros deben garantizar que,
Artículo 23, apartado 1, de la Directiva 2012/29.
Véase el considerando 54 de la Directiva 2012/29.
A tenor del considerando 58 de la Directiva 2012/29,
Véase la sentencia de
Sentencia de
Véase el punto 66 de las presentes conclusiones.
Véase el apartado 40 de esta sentencia.
Véase TEDH, sentencia de
Véase TEDH, sentencia de
Véase TEDH, sentencias de
Véase TEDH, sentencias de
Véase TEDH, sentencias de
Véase TEDH, sentencia de
Véase TEDH, sentencias de
TEDH, sentencia de
TEDH, sentencia de
TEDH, sentencia
CE:ECHR:2014:1202JUD005315012. En este asunto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tenía que pronunciarse acerca de la equidad de un proceso penal seguido contra el recurrente, en el que el órgano judicial colegiado que conocía de la causa en primera instancia había sido modificado y ninguno de los jueces del órgano judicial colegiado que posteriormente lo condenó había asistido directamente a las declaraciones del recurrente ni de los testigos, sin que ello fuera corregido en apelación.
§§ 60 a 73 de esta sentencia.
(CE:ECHR:2017:0307JUD006893912), §§ 37 a 48.
CE:ECHR:2005:0210JUD001007502.
Véase TEDH, sentencia de
Véase la sentencia TEDH, de
Véanse las sentencias del TEDH de
TEDH, sentencia de
Véase TEDH, sentencia de
Véase TEDH, sentencia de
Véase TEDH, sentencia de
Véanse, a este respecto, TEDH, sentencias de
CE:ECHR:2013:0718JUD005963209. Sentencia relativa a la incomparecencia en el proceso de una víctima, menor de edad, de un delito sexual, justificada por razones de protección del menor. Véase también TEDH, sentencia de
§ 65 de esta sentencia. En la sentencia de
Véase TEDH, sentencia de
TEDH, sentencias de
TEDH, sentencia de
TEDH, sentencia de
TEDH, sentencia de
Véase el punto 72 de las presentes conclusiones.
Cuando el acusado exige, al amparo de esa legislación nacional, que se vuelva a tomar declaración a la víctima, las autoridades nacionales competentes están obligadas, con arreglo al artículo 22 de la Directiva 2012/29, a proceder a una evaluación individual con el fin de determinar las necesidades especiales de esa víctima y, en su caso, en qué medida podrían adoptarse en favor de esta las medidas de protección especiales establecidas en los artículos 23 y 24 de dicha Directiva. En estas circunstancias, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales asegurarse de que tales medidas no menoscaben el carácter equitativo del proceso, en el sentido del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ni los derechos de la defensa, en el sentido de su artículo, 48, apartado 2.