<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ2005ESA.0500376101.case.xml"><NO.CASE>C-287/03</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62003C0287</NO.CELEX><NO.SEQ>0005.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>3763</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>3773</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>11</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONES DEL SR. LÉGER — ASUNTO C-287/03</LEFT><RIGHT>COMISIÓN / BÉLGICA</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusiones del Abogado General</HT></P><P><HT TYPE="UC">Sr. Philippe Léger</HT></P><P>presentadas el <DATE ISO="20050310">10 de marzo de 2005</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Lengua original: francis.</P></NOTE></P></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>En Derecho belga, las ofertas conjuntas de productos o de servicios están prohibidas en principio. Sin embargo, se prevé una excepción a esta norma de prohibición en los casos en que se ofrecen de forma gratuita, junto con la compra de un producto o de un servicio principal, títulos que dan derecho a una oferta gratuita o a una reducción de precio tras varias compras, siempre que esta ventaja se refiera a un producto o un servicio <HT TYPE="ITALIC">similar</HT> y que la proporcione el <HT TYPE="ITALIC">mismo vendedor.</HT></TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>En el marco del presente recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia, fundamentalmente, que declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 CE, al aplicar de forma discriminatoria y desproporcionada estos requisitos de <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>similitud<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/> y de <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>vendedor único<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/> como requisito previo para la aplicación de un programa de fidelización de consumidores en este Estado miembro.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Este asunto se refiere al ámbito de la promoción de ventas, que ya ha sido estudiado a nivel comunitario aunque, al día de hoy, el legislador comunitario no ha adoptado todavía ninguna norma.<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véanse la Comunicación de ia Comisión de <DATE ISO="20011002">2 de octubre de 2001</DATE> sobre las promociones de ventas en el mercado interior [COM(2001) 546 finali y la Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de <DATE ISO="20021025">25 de octubre de 2002</DATE>, sobre las promociones de ventas en el mercado interior [COM(2002) 585 final]. El séptimo considerando de esta propuesta de reglamento indica que <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>se incluyen en su ámbito los programas de fidelización y los sistemas de acumulación de millas aéreas<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Más concretamente, el presente recurso me permitirá precisar las exigencias que, a mi juicio, implica la norma según la cual, en el marco de un procedimiento incoado con arreglo al artículo 226 CE, incumbe a la Comisión aportar la prueba del incumplimiento por un Estado miembro de sus obligaciones comunitarias.</TXT></NP><?PAGE NO="I-3764"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>I.</NO.P><TXT>Marco jurídico</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A.</NO.P><TXT>Derecho comunitario</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>A tenor del artículo 49 CE, párrafo primero:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad para los nacionales de los Estados miembros establecidos en un país de la Comunidad que no sea el del destinatario de la prestación.<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B.</NO.P><TXT>Legislación nacional</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>El artículo 54 de la Ley belga de <DATE ISO="19910714">14 de julio de 1991</DATE> relativa a las prácticas comerciales y a la información y protección de los consumidores<NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Moniteur belge de <DATE ISO="19910829">29 de agosto de 1991</DATE>.</P></NOTE> (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>Ley belga<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>) prohibe <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>cualquier oferta conjunta efectuada por el vendedor al consumidor<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>. Se considera oferta conjunta <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>la adquisición, gratuita o no, de productos, servicios o cualquier otra ventaja, o de títulos que permitan adquirirlos [...] relacionada con la adquisición de otros productos o servicios, aunque sean idénticos<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>. La oferta conjunta al consumidor también está prohibida cuando emana de <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>varios vendedores que actúan con una voluntad única<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>Sin embargo, existen excepciones a esta prohibición de las ofertas conjuntas. Así, el artículo 57 de la Ley belga permite ofrecer gratuitamente, junto a un producto o a un servicio principal, títulos que den derecho al consumidor a ciertas ventajas.</TXT></NP><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>Los títulos enumerados en este artículo, apartados 1 a 3, sólo pueden ser emitidos pollos operadores económicos inscritos en el Ministerio competente, con arreglo al artículo 59, párrafo primero, de la Ley belga.</TXT></NP><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>Sin embargo, el artículo 57, apartado 4, de dicha Ley prevé una excepción a la prohibición de las ofertas conjuntas de la que pueden beneficiarse los operadores económicos sin ser titulares de dicha inscripción.</TXT></NP><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>Más concretamente, este artículo 57, apartado 4, párrafo primero, de la Ley belga permite a los operadores económicos ofrecer, junto con un producto o un servicio principal, <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>títulos consistentes en documentos<?PAGE NO="I-3765"?> que den derecho a una oferta gratuita o a una reducción de precio al adquirir un producto o servicio similar, tras la adquisición de cierto número de productos o servicios, siempre que esta ventaja la proporcione el mismo vendedor y no exceda de un tercio del precio de los productos o servicios anteriormente adquiridos<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>Por otra parte, dicho artículo establece que <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>los títulos mencionarán, en su caso, el límite de duración de su validez, así como las condiciones de la oferta<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>, y que, <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>cuando el vendedor interrumpa su oferta, el consumidor se beneficiará de la ventaja ofrecida a prorrata de las compras ya efectuadas<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>Los tribunales de comercio, a petición del Ministerio de Economía, de un operador económico interesado o de asociaciones cuyo objetivo sea la defensa de los intereses de los consumidores, pueden ordenar el cese de cualquier oferta gratuita de títulos no conforme a esta legislación.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>II.</NO.P><TXT>Procedimiento administrativo previo</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>13.</NO.P><TXT>Mediante escrito de <DATE ISO="19990331">31 de marzo de 1999</DATE>, la Comisión llamó la atención del Reino de Bélgica sobre la cuestión de la compatibilidad de los artículos 54 y 57 de la Ley belga con el artículo 49 CE. Indicaba que la había puesto sobre aviso una denuncia presentada por una empresa establecida en los Países Bajos, cuya actividad consistía en la organización, por cuenta de otras empresas, de un programa de fidelización de consumidores denominado <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>Air Miles<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/>, que deseaba extender a Bélgica.<NOTE NOTE.ID="E0004" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>La empresa de que se [rata habla preguntado al Ministerio de Economía belga por la compatibilidad de este programa de fidelización con la Ley belga. Mediante escrito de <DATE ISO="19980407">7 de abril de 1998</DATE>, este Ministerio le respondió que la prima atribuida en el marco de este programa no podla ser considerada <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>un producto similar a los productos que son vendidos por los patrocinadores para los que opera la sociedad en cuestión<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/>.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>14.</NO.P><TXT>Este tipo de actividad se lleva a la práctica del modo siguiente: la sociedad organizadora del programa celebra un contrato con unas empresas que reciben el nombre de <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>patrocinadores<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/> con el fin de crear y gestionar un programa destinado a lograr la fidelidad de los clientes de éstas. Así, se proporciona a estos clientes una tarjeta con memoria electrónica que les permite registrar los puntos <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>Air Miles<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/> acumulados por las compras de productos o servicios efectuadas en las empresas <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>patrocinadoras<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/>. Cuando alcanzan un número determinado, estos puntos dan derecho, por ejemplo, a viajes gratuitos.</TXT></NP><NP><NO.P>15.</NO.P><TXT>El Reino de Bélgica respondió a este escrito de requerimiento mediante escrito de <DATE ISO="19990602">2 de junio de 1999</DATE>. Allí indicaba, en particular, que la jurisprudencia y la doctrina nacionales habían interpretado que el concepto de <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>similitud<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/> presuponía que los productos o servicios principales y los<?PAGE NO="I-3766"?> productos o servicios ofrecidos gratuitamente o a precio reducido se pusieran habitualmente en venta a través del mismo circuito de distribución y/o pertenecieran al mismo sector de actividad industrial o comercial.</TXT></NP><NP><NO.P>16.</NO.P><TXT>Como no estaba satisfecha con la explicación proporcionada en esta contestación, el <DATE ISO="20000801">1 de agosto de 2000</DATE> la Comisión dirigió, al Reino de Bélgica un dictamen motivado en el que, fundamentalmente, le reprochaba la aplicación discriminatoria y desproporcionada de los requisitos de <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>similitud<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/> y <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>vendedor único<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/> que figuraban en la Ley belga. Se instaba al Reino de Bélgica a atenerse a este dictamen motivado en el plazo de dos meses.</TXT></NP><NP><NO.P>17.</NO.P><TXT>Las autoridades belgas respondieron a este dictamen motivado mediante escrito de <DATE ISO="20001016">16 de octubre de 2000</DATE>. En este escrito, indicaron, principalmente, que les parecía oportuno esperar a las orientaciones de la Comisión en cuanto a una propuesta de normativa comunitaria en el ámbito de la promoción de ventas para proceder a una reforma global de la normativa nacional sobre las ofertas conjuntas, antes que efectuar únicamente una modificación puntual del artículo 57, apartado 4, de la Ley belga.</TXT></NP><NP><NO.P>18.</NO.P><TXT>Tampoco esta respuesta convenció a la Comisión, que, sobre la base del artículo 226 CE, interpuso el presente recurso, mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Justicia el <DATE ISO="20030703">3 de julio de 2003</DATE>.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>III.</NO.P><TXT>Recurso</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>19.</NO.P><TXT>Mediante el presente recurso, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia <QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>que declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 CE, al aplicar, de forma discriminatoria y desproporcionada, los requisitos de <QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="201C"/>similitud<QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="201D"/> y de <QUOT.START ID="QS0022" REF.END="QE0022" CODE="201C"/>vendedor único<QUOT.END ID="QE0022" REF.START="QS0022" CODE="201D"/> entre productos y servicios adquiridos por los consumidores, por una parte, y productos o servicios que pueden adquirirse gratuitamente o a precios reducidos en el marco de un programa de fidelización, por otra, como requisito previo para la aplicación de dicho programa como prestación de servicios transfronteriza entre empresas<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/>. La Comisión solicita asimismo al Tribunal de Justicia que condene en costas al Reino de Bélgica.</TXT></NP><NP><NO.P>20.</NO.P><TXT>En cuanto al Reino de Bélgica, solicita que se declare la inadmisibilidad del recurso y su falta de fundamento y que se condene en costas a la Comisión.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A.</NO.P><TXT>Sobre la admisibilidad</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>21.</NO.P><TXT>El Gobierno belga sostiene que el recurso es inadmisible debido a la duración<?PAGE NO="I-3767"?> excesiva del período transcurrido entre la contestación del Reino de Bélgica al dictamen motivado y la presentación de la demanda ante el Tribunal de Justicia, a saber, cerca de tres años.</TXT></NP><NP><NO.P>22.</NO.P><TXT>Alega que dicho plazo es incompatible con los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. El Gobierno belga estima, en particular, que pudo considerar legítimamente que la contestación que dio al dictamen motivado era satisfactoria a falta de contradicción por parte de la Comisión en este plazo. Añade que, de este modo, la interposición del presente recurso ante el Tribunal de Justicia <QUOT.START ID="QS0023" REF.END="QE0023" CODE="00AB"/>ha defraudado la confianza legítima<QUOT.END ID="QE0023" REF.START="QS0023" CODE="00BB"/> del Reino de Bélgica.<NOTE NOTE.ID="E0005" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase la contestación a la demanda, p. 11.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>23.</NO.P><TXT>Me parece que estos argumentos carecen de pertinencia a la vista de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia referente a la relación entre la facultad discrecional de la Comisión en cuanto al desarrollo y desenlace del procedimiento administrativo previo, por un lado, y la necesaria protección de los derechos de defensa de un Estado miembro demandado en virtud del artículo 226 CE, por otro.</TXT></NP><NP><NO.P>24.</NO.P><TXT>En efecto, es sabido que la Comisión dispone de libertad de apreciación no sólo en cuanto a su facultad de recurrir ante el Tribunal de Justicia, sino también en cuanto al momento en que estime oportuno hacerlo. El Tribunal ha formulado este principio de la forma siguiente: <QUOT.START ID="QS0024" REF.END="QE0024" CODE="00AB"/>la interposición del recurso por incumplimiento de Estado [...] no está sujeta a ningún plazo preestablecido, y [...] dicho procedimiento implica, por su naturaleza y su objetivo, la facultad de la Comisión de apreciar los motivos y los plazos más adecuados par poner fin a los eventuales incumplimientos<QUOT.END ID="QE0024" REF.START="QS0024" CODE="00BB"/>.<NOTE NOTE.ID="E0006" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia de <DATE ISO="19711214">14 de diciembre de 1971</DATE>, Comisión/Francia (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="7/71" YEAR="1971" PAGE.ECR="1003">7/71, Rec. p. 1003</REF.DOC.ECR>), apartado 5.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>25.</NO.P><TXT>Sin embargo, este principio se modula en los supuestos en que <QUOT.START ID="QS0025" REF.END="QE0025" CODE="00AB"/>la duración excesiva del procedimiento administrativo previo [...] puede aumentar la dificultad, para el Estado de que se trate, de rebatir los argumentos de la Comisión y puede violar, así, los derechos de defensa<QUOT.END ID="QE0025" REF.START="QS0025" CODE="00BB"/>.<NOTE NOTE.ID="E0007" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia de <DATE ISO="19910516">16 de mayo de 1991</DATE>, Comisión/Países Bajos (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-96/89" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-2461">C-96/89, Rec. p. I-2461</REF.DOC.ECR>), apartado 16.</P></NOTE> En tal caso, la prueba de la influencia negativa de esta duración del procedimiento administrativo previo en la preparación de la defensa incumbe al Estado contra el que se interpone el recurso por incumplimiento.</TXT></NP><NP><NO.P>26.</NO.P><TXT>A este respecto, y sin que sea necesario que el Tribunal de Justicia se pronuncie acerca del carácter excesivo o no del período transcurrido en el caso de autos entre la contestación del Estado miembro al dictamen motivado y la interposición del presente recurso, a mi juicio basta señalar que el Reino de Bélgica no aporta ningún argumento concreto que demuestre que este plazo ha influido en la forma en que ha preparado su defensa.<NOTE NOTE.ID="E0008" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase, en este sentido, la sentencia de <DATE ISO="20000912">12 de septiembre de 2000</DATE>, Comisión/Reino Unido (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-359/97" YEAR="2000" PAGE.ECR="I-6355">C-359/97, Rec. p. I-6355</REF.DOC.ECR>). En este asunto, habían transcurrido cerca de ocho años entre la contestación del Reino Unido al dictamen motivado y la presentación de la demanda.</P></NOTE></TXT></NP><?PAGE NO="I-3768"?><NP><NO.P>27.</NO.P><TXT>En realidad, la finalidad del conjunto de argumentos expuestos por el Reino de Bélgica es sólo criticar el uso que la Comisión ha hecho de su libertad de apreciación en cuanto al desarrollo del procedimiento incoado en virtud del artículo 226 CE, por una parte, y el modo en que la aplicación de este procedimiento se ha coordinado con la reflexión iniciada a nivel comunitario sobre la propuesta de una normativa sobre las promociones de ventas, por otra.</TXT></NP><NP><NO.P>28.</NO.P><TXT>Por tanto, resulta que la objeción formulada por el Reino de Bélgica en cuanto a la admisibilidad del recurso se funda principalmente en el argumento de que la Comisión hubiera debido responder al escrito de <DATE ISO="20001016">16 de octubre de 2000</DATE> que le dirigió este Estado miembro, en contestación al dictamen motivado, de un modo que no fuera presentando una demanda ante el Tribunal de Justicia.</TXT></NP><NP><NO.P>29.</NO.P><TXT>Pues bien, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que <QUOT.START ID="QS0026" REF.END="QE0026" CODE="00AB"/>aun suponiendo que el procedimiento contencioso se haya iniciado mediante un recurso de la Comisión, sin tener en cuenta posibles elementos nuevos, de hecho o de Derecho, aducidos por el Estado miembro en su respuesta al dictamen motivado, ello no ha vulnerado los derechos de defensa de ese Estado. En efecto, en el procedimiento contencioso, éste puede hacer valer plenamente dichos elementos desde su primer acto de oposición. Corresponderá al Tribunal de Justicia examinar su pertinencia a efectos de la ulterior tramitación del recurso por incumplimiento<QUOT.END ID="QE0026" REF.START="QS0026" CODE="00BB"/>.<NOTE NOTE.ID="E0009" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia de <DATE ISO="19980519">19 de mayo de 1998</DATE>, Comisión/Países Bajos (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-3/96" YEAR="1998" PAGE.ECR="I-3031">C-3/96, Rec. p. I-3031</REF.DOC.ECR>), apartado 20.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>30.</NO.P><TXT>Por tanto, tampoco se puede reprochar a la Comisión que no se haya pronunciado sobre los argumentos que figuraban en la contestación del Reino de Bélgica al dictamen motivado.</TXT></NP><NP><NO.P>31.</NO.P><TXT>Habida cuenta de todos estos elementos, estimo que debe rechazarse la objeción del Gobierno belga en cuanto a la admisibilidad del recurso.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B.</NO.P><TXT>Sobre el fondo</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>El objeto del recurso</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>32.</NO.P><TXT>La apreciación de los motivos expuestos por la Comisión en apoyo del presente recurso exige primero la delimitación precisa de su objeto.</TXT></NP><NP><NO.P>33.</NO.P><TXT>Como ya he indicado, la Comisión reprocha al Reino de Bélgica que haya incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 CE <HT TYPE="ITALIC">al aplicar, de forma discriminatoria y desproporcionada,</HT> los requisitos de <QUOT.START ID="QS0027" REF.END="QE0027" CODE="00AB"/>similitud<QUOT.END ID="QE0027" REF.START="QS0027" CODE="00BB"/> y de <QUOT.START ID="QS0028" REF.END="QE0028" CODE="00AB"/>vendedor único<QUOT.END ID="QE0028" REF.START="QS0028" CODE="00BB"/> que figuran en el artículo 57, apartado 4, párrafo primero, de la Ley belga como<?PAGE NO="I-3769"?> requisito previo para la aplicación de un programa de fidelización como prestación de servicios transfronteriza entre empresas.</TXT></NP><NP><NO.P>34.</NO.P><TXT>Por tanto, del <HT TYPE="ITALIC">petition</HT> de la demanda resulta expresamente que el presente recurso no se refiere en absoluto al <HT TYPE="ITALIC">tenor literal</HT> del artículo 57, apartado 4, párrafo primero, de la Ley belga, sino sólo a la <HT TYPE="ITALIC">aplicación,</HT> supuestamente discriminatoria y desproporcionada, de los requisitos que figuran en esta disposición.</TXT></NP><NP><NO.P>35.</NO.P><TXT>Además, la Comisión confirmó expresamente este elemento en la vista, en respuesta a una cuestión planteada por el Tribunal de Justicia.</TXT></NP><NP><NO.P>36.</NO.P><TXT>En consecuencia, el objeto del presente recurso, precisado por la Comisión, excluye que el Tribunal de Justicia examine en abstracto la compatibilidad de dicha disposición con el artículo 49 CE.</TXT></NP><NP><NO.P>37.</NO.P><TXT>Así, se recurre ante el Tribunal de Justicia únicamente para que declare que la aplicación del artículo 57, apartado 4, párrafo primero, de la Ley belga realizada por las autoridades nacionales, es decir, por la administración nacional así como por los tribunales nacionales, es contraria al artículo 49 CE.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>La prueba del incumplimiento</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>38.</NO.P><TXT>Dado que la Comisión ha limitado expresamente su recurso a la aplicación discriminatoria y desproporcionada en Bélgica de los requisitos de <QUOT.START ID="QS0029" REF.END="QE0029" CODE="00AB"/>similitud<QUOT.END ID="QE0029" REF.START="QS0029" CODE="00BB"/> y de <QUOT.START ID="QS0030" REF.END="QE0030" CODE="00AB"/>vendedor único<QUOT.END ID="QE0030" REF.START="QS0030" CODE="00BB"/> que figuran en la Ley belga, debe aportar al Tribunal de Justicia elementos de prueba suficientes para demostrar la existencia, dentro de estos límites, de un incumplimiento del artículo 49 CE por este Estado miembro.</TXT></NP><NP><NO.P>39.</NO.P><TXT>A este respecto, debo recordar que, según jurisprudencia reiterada, en el marco de un recurso por incumplimiento, corresponde a la Comisión demostrar la existencia del incumplimiento alegado y aportar al Tribunal de Justicia los elementos necesarios para que éste verifique la existencia de tal incumplimiento, sin que pueda basarse en ninguna presunción.<NOTE NOTE.ID="E0010" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véanse, en particular, las sentencias do <DATE ISO="19820525">25 de mayo do 1982</DATE>, Comisión/Países Bajos (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="96/81" YEAR="1982" PAGE.ECR="1791">96/81, Rec. p. 1791</REF.DOC.ECR>), apartado 6; de <DATE ISO="19900320">20 de marzo de 1990</DATE>, Comisión/Francia (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-62/89" YEAR="1990" PAGE.ECR="I-925">C-62/89, Rec. p. I-925</REF.DOC.ECR>), apartado 37; de <DATE ISO="19970529">29 do mayo de 1997</DATE>, Comisión/Heino Unido (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-300/95" YEAR="1997" PAGE.ECR="I-2649">C-300/95, Rec. p. I-2649</REF.DOC.ECR>), apartado 31; de <DATE ISO="19990909">9 de septiembre de 1999</DATE>, Comisión/Alemania (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-217/97" YEAR="1999" PAGE.ECR="I-5087">C-217/97, Rec. p. I-5087</REF.DOC.ECR>), apartado 22, y de <DATE ISO="20040429">29 de abril de 2004</DATE>, Comisión/Austria (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-194/01" YEAR="2004" PAGE.ECR="I-4579">C-194/01, Rec. p. I-4579</REF.DOC.ECR>), apartado 34.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>40.</NO.P><TXT>En el caso de autos, estimo que la Comisión no proporciona al Tribunal de Justicia elementos suficientes para probar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 CE.</TXT></NP><?PAGE NO="I-3770"?><NP><NO.P>41.</NO.P><TXT>En efecto, cuando, como ocurre en este caso, el recurso tiene por objeto la ejecución concreta de una disposición nacional, la demostración de un incumplimiento de Estado requiere que se aporten elementos de prueba de carácter particular en relación con los habitualmente relevantes en el marco de un recurso por incumplimiento que tenga como único objeto el contenido de una disposición nacional.</TXT></NP><NP><NO.P>42.</NO.P><TXT>En esta última hipótesis, que es con mucho la más frecuente, la confrontación del tenor literal de la disposición nacional impugnada con el de la norma comunitaria de referencia puede bastar para poner de maniñesto la existencia de un incumplimiento de Estado.</TXT></NP><NP><NO.P>43.</NO.P><TXT>Al contrario, cuando el objeto del recurso por incumplimiento es la aplicación de una disposición nacional, el incumplimiento sólo resulta probado mediante una demostración suficientemente documentada y pormenorizada de la práctica reprochada a la administración y/o a los órganos jurisdiccionales nacionales e imputable al Estado miembro demandado.</TXT></NP><NP><NO.P>44.</NO.P><TXT>Pues bien, debe señalarse que, en el caso de autos, la Comisión no ha realizado dicha demostración.</TXT></NP><NP><NO.P>45.</NO.P><TXT>En primer lugar, por lo que se refiere a la práctica administrativa nacional reprochada al Reino de Bélgica, comparto la opinión del Gobierno belga según la cual la circunstancia de que ciertas empresas establecidas en Bélgica desarrollen programas de fidelización que pueden ser impugnados con arreglo al artículo 57, apartado 4, párrafo primero, de la Ley belga, sin que las autoridades administrativas competentes ejerciten contra ellas acciones de cesación ante los tribunales nacionales, no demuestra que dicho artículo se aplique de forma discriminatoria.</TXT></NP><NP><NO.P>46.</NO.P><TXT>En efecto, considero que estos ejemplos citados por la Comisión no prueban que la aplicación por la administración belga de los requisitos mencionados en el referido artículo varíe en función de que la empresa de que se trate se encuentre en el territorio belga o fuera de él.</TXT></NP><NP><NO.P>47.</NO.P><TXT>Además, otros ejemplos a los que se refiere el Reino de Bélgica en su contestación a la demanda tienden a demostrar, por el contrario, que se han ejercitado acciones ante los tribunales belgas contra campañas promocionales contrarias a la Ley belga<NOTE NOTE.ID="E0011" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase la contestación a la demanda, pp. 21 y 22.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>48.</NO.P><TXT>En segundo lugar, hay que precisar que, aunque un comportamiento estatal consistente en una práctica administrativa contra<?PAGE NO="I-3771"?> ria a las exigencias del Derecho comunitario puede constituir un incumplimiento en el sentido del artículo 226 CE,<NOTE NOTE.ID="E0012" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véanse, en particular, las sentencias de <DATE ISO="19880714">14 de julio de 1988</DATE>, Comisión/Bélgica (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="298/86" YEAR="1988" PAGE.ECR="4343">298/86, Rec. p. 4343</REF.DOC.ECR>), y de <DATE ISO="20041202">2 de diciembre de 2004</DATE>, Comisión/Países Bajos (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-41/02" YEAR="2004" PAGE.ECR="I-11375">C-41/02, Rec. p. I-11375</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> según el Tribunal de Justicia, se requiere, además, que esta práctica administrativa <QUOT.START ID="QS0031" REF.END="QE0031" CODE="00AB"/>present[e] un grado suficiente de continuidad y generalidad<QUOT.END ID="QE0031" REF.START="QS0031" CODE="00BB"/>.<NOTE NOTE.ID="E0013" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia de <DATE ISO="20010429">29 de abril de 2001</DATE>, Comisión/Alemania (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-387/99" YEAR="2004" PAGE.ECR="I-3751">C-387/99, Rec. p. I-3751</REF.DOC.ECR>), apartado 42.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>49.</NO.P><TXT>Pues bien, la Comisión no demuestra en el presente recurso la existencia de una práctica administrativa que cumpla las características de continuidad y generalidad exigidas por el Tribunal de Justicia.</TXT></NP><NP><NO.P>50.</NO.P><TXT>Así, la consideración de los hechos que dieron lugar a la denuncia presentada por la empresa organizadora del programa de fidelización <QUOT.START ID="QS0032" REF.END="QE0032" CODE="00AB"/>Air Miles<QUOT.END ID="QE0032" REF.START="QS0032" CODE="00BB"/> no basta para demostrar la existencia de un incumplimiento de Estado consistente en una práctica consolidada de aplicación discriminatoria y desproporcionada de los requisitos de <QUOT.START ID="QS0033" REF.END="QE0033" CODE="00AB"/>similitud<QUOT.END ID="QE0033" REF.START="QS0033" CODE="00BB"/> y de <QUOT.START ID="QS0034" REF.END="QE0034" CODE="00AB"/>vendedor único<QUOT.END ID="QE0034" REF.START="QS0034" CODE="00BB"/>.<NOTE NOTE.ID="E0014" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Es cierto que el Tribunal de Justicia ha podido declarar que, en el contexto particular de un mercado caracterizado por la presencia de algunas empresas solamente, como el de las máquinas de Tranqueo postal, la actitud adoptada por la administración nacional respecto a una sola empresa podla dar lugar a la declaración de un incumplimiento de Estado (sentencia de <DATE ISO="19850509">9 de mayo de 1985</DATE>, Comisión/Francia, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="21/84" YEAR="1985" PAGE.ECR="1355">21/84, Rec. p. 1355, apartado 13</REF.DOC.ECR>). Sin embargo, el asunto que nos ocupa se refiere, a diferencia de este último, al mercado de la promoción de ventas, en el que hay numerosos operadores económicos.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>51.</NO.P><TXT>Además, observo que la respuesta que el Ministerio de Economía belga dio a la empresa organizadora del programa de fidelización <QUOT.START ID="QS0035" REF.END="QE0035" CODE="00AB"/>Air Miles<QUOT.END ID="QE0035" REF.START="QS0035" CODE="00BB"/> sobre la cuestión de la conformidad de dicho programa con la normativa belga, si bien era negativa, tenía sólo carácter de dictamen y no de decisión por la que se denegara la extensión del programa de fidelización <QUOT.START ID="QS0036" REF.END="QE0036" CODE="00AB"/>Air Miles<QUOT.END ID="QE0036" REF.START="QS0036" CODE="00BB"/> a Bélgica.</TXT></NP><NP><NO.P>52.</NO.P><TXT>En tercer y último lugar, por lo que se refiere a la interpretación de la Ley por los órganos jurisdiccionales belgas, debe recordarse que el Tribunal de Justicia ha establecido de forma muy clara las condiciones en las que una práctica judicial nacional puede constituir un incumplimiento de Estado en el sentido del artículo 226 CE.<NOTE NOTE.ID="E0015" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia de <DATE ISO="20031209">9 de diciembre de 2003</DATE>, Comisión/Italia (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-129/00" YEAR="2003" PAGE.ECR="I-14637">C-129/00, Rec. p. I-14637</REF.DOC.ECR>), apartado 42.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>53.</NO.P><TXT>Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que <QUOT.START ID="QS0037" REF.END="QE0037" CODE="00AB"/>no cabe tomar en consideración decisiones judiciales aisladas o muy minoritarias en un contexto jurisprudencial marcado por una orientación diferente, o una interpretación desautorizada por el órgano jurisdiccional nacional supremo. La situación es distinta cuando se trata de una interpretación jurisprudencial significativa no desautorizada por dicho órgano jurisdiccional supremo o incluso confirmada por éste<QUOT.END ID="QE0037" REF.START="QS0037" CODE="00BB"/>.<NOTE NOTE.ID="E0016" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem, apartado 32.</P></NOTE></TXT></NP><?PAGE NO="I-3772"?><NP><NO.P>54.</NO.P><TXT>En consecuencia, una jurisprudencia nacional sólo puede constituir un incumplimiento de Estado si <QUOT.START ID="QS0038" REF.END="QE0038" CODE="00AB"/>es de carácter estructural<QUOT.END ID="QE0038" REF.START="QS0038" CODE="00BB"/>.<NOTE NOTE.ID="E0017" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véanse las conclusiones del Abogado General Geelhoed en el asunto Comisión/Italia, antes citado (punto 114).</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>55.</NO.P><TXT>En el marco de una acción de incumplimiento con arreglo al artículo 226 CE, corresponde a la Comisión demostrar que así sucede.</TXT></NP><NP><NO.P>56.</NO.P><TXT>Debo señalar que la Comisión basa su análisis en gran medida en la interpretación que a su juicio prevalece en Derecho belga, según la cual una oferta conjunta cumple el requisito de <QUOT.START ID="QS0039" REF.END="QE0039" CODE="00AB"/>similitud<QUOT.END ID="QE0039" REF.START="QS0039" CODE="00BB"/> cuando los productos o servicios principales y los productos o servicios ofrecidos gratuitamente o a precio reducido se ponen habitualmente en venta a través del mismo circuito de distribución y pertenecen al mismo sector de actividad industrial o comercial.</TXT></NP><NP><NO.P>57.</NO.P><TXT>Según la Comisión, en la práctica, la norma de prohibición de las ofertas conjuntas de productos no similares es objeto de una aplicación viciada en beneficio de las empresas establecidas en Bélgica y que disponen de una red propia de distribución. Indica que <QUOT.START ID="QS0040" REF.END="QE0040" CODE="00AB"/>esta aplicación viciada de la norma de principio se ha visto facilitada por la interpretación que los tribunales han hecho del concepto de similitud<QUOT.END ID="QE0040" REF.START="QS0040" CODE="00BB"/>.<NOTE NOTE.ID="E0018" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase la demanda, punto 21.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>58.</NO.P><TXT>Pues bien, en el caso de autos, la Comisión no cita ninguna sentencia de los tribunales belgas para ilustrar la corriente jurisprudencial en la que se basa su análisis.</TXT></NP><NP><NO.P>59.</NO.P><TXT>Es cierto que, en su contestación al escrito de requerimiento, el propio Reino de Bélgica indicó que la jurisprudencia y doctrina nacionales habían interpretado que el concepto de <QUOT.START ID="QS0041" REF.END="QE0041" CODE="00AB"/>similitud<QUOT.END ID="QE0041" REF.START="QS0041" CODE="00BB"/> presuponía que los productos o servicios principales y los productos o servicios ofrecidos gratuitamente o a precio reducido se pusieran habitualmente en venta a través del mismo circuito de distribución y/o pertenecieran al mismo sector de actividad industrial o comercial. También evoca, en apoyo de esta interpretación, una resolución del tribunal de commerce de Bruselas de <DATE ISO="19780626">26 de junio de 1978</DATE>.<NOTE NOTE.ID="E0019" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase la contestación a la demanda, p. 23.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>60.</NO.P><TXT>No obstante, estimo que esta circunstancia no dispensaba a la Comisión de aportar al Tribunal de Justicia elementos precisos con el fin de acreditar y especificar<?PAGE NO="I-3773"?> la tendencia jurisprudencial nacional que invoca.</TXT></NP><NP><NO.P>61.</NO.P><TXT>La aportación de dichas precisiones habría sido deseable en el caso de autos, máxime cuando la exposición que el Reino de Bélgica realiza sobre el concepto de <QUOT.START ID="QS0042" REF.END="QE0042" CODE="00AB"/>similitud<QUOT.END ID="QE0042" REF.START="QS0042" CODE="00BB"/> en su contestación a la demanda así como las declaraciones de su representante en la vista avalan la idea, en definitiva, de que la interpretación de este concepto pollos órganos jurisdiccionales y la doctrina belgas no es unívoca.</TXT></NP><NP><NO.P>62.</NO.P><TXT>Habida cuenta de las consideraciones anteriores, estimo que la Comisión no ha aportado prueba de que el Reino de Bélgica haya incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 CE al aplicar de forma discriminatoria y desproporcionada los requisitos de <QUOT.START ID="QS0043" REF.END="QE0043" CODE="00AB"/>similitud<QUOT.END ID="QE0043" REF.START="QS0043" CODE="00BB"/> y de <QUOT.START ID="QS0044" REF.END="QE0044" CODE="00AB"/>vendedor único<QUOT.END ID="QE0044" REF.START="QS0044" CODE="00BB"/> entre productos y servicios adquiridos por los consumidores, por una parte, y productos o servicios que pueden adquirirse gratuitamente o a precios reducidos en el marco de un programa de fidelización, por otra, como requisito previo para la aplicación de dicho programa como prestación de servicios transfronteriza entre empresas.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>IV.</NO.P><TXT>Conclusión</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>63.</NO.P><TXT>En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que desestime el recurso interpuesto por la Comisión de las Comunidades Europeas por falta de pruebas y condene a ésta en costas, con arreglo al artículo 69, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento.</TXT></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>