—

Visto el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2021,

—

Visto el artículo 10, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE),

—

Visto el artículo 15, el artículo 24, apartado 3, el artículo 228 y el artículo 298, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vistos los artículos 11, 41, 42 y 43 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»),

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD),

—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2021/1163 del Parlamento Europeo de 24 de junio de 2021 por el que se fijan el Estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo (Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo) y por el que se deroga la Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom (1),

—

Visto el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, aprobado por el Parlamento el 6 de septiembre de 2001,

—

Visto el Acuerdo Marco sobre Cooperación entre el Parlamento y el Defensor del Pueblo Europeo, de 15 de marzo de 2006, que entró en vigor el 1 de abril de 2006,

—

Vistas sus anteriores Resoluciones sobre las actividades del Defensor del Pueblo Europeo,

—

Vista su Resolución de 9 de marzo de 2022 sobre interactuar con los ciudadanos: el derecho de petición, el derecho de dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo y la iniciativa ciudadana europea (2),

—

Vistos el artículo 54 y el artículo 232, apartado 1, de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A9-0054/2023),

A.

Considerando que el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo en 2021 fue presentado oficialmente a la presidenta del Parlamento Europeo el 7 de junio de 2022 y que la defensora del pueblo europeo, Emily O’Reilly, presentó su informe a la Comisión de Peticiones el 8 de septiembre de 2022 en Bruselas;

B.

Considerando que los artículos 20, 24 y 228 del TFUE y el artículo 43 de la Carta facultan al Defensor del Pueblo Europeo para recibir reclamaciones relativas a casos de mala administración en la acción de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales;

C.

Considerando que el artículo 15 del TFUE establece que «a fin de fomentar una buena gobernanza y de garantizar la participación de la sociedad civil, las instituciones, órganos y organismos de la Unión actuarán con el mayor respeto posible al principio de apertura» y que «todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión»; que garantizar que los ciudadanos de la Unión reciben servicios de alta calidad y que la administración de la Unión responde a sus necesidades y preocupaciones es algo esencial para la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos;

D.

Considerando que el artículo 41 de la Carta relativo al derecho a una buena administración dispone, entre otros, que «toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable»;

E.

Considerando que en el artículo 298, apartado 1, del TFUE se establece que «en el cumplimiento de sus funciones, las instituciones, órganos y organismos de la Unión se apoyarán en una administración europea abierta, eficaz e independiente»;

F.

Considerando que el derecho a dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo, el derecho de petición y la iniciativa ciudadana europea son herramientas participativas que fomentan la transparencia, la democracia participativa y la ciudadanía europea activa;

G.

Considerando que, en 2021, la defensora del pueblo ayudó a 20 536 personas e inició 338 investigaciones, de las que 332 se basaban en reclamaciones y 6 eran investigaciones por iniciativa propia, y que cerró 305 investigaciones (300 basadas en reclamaciones y 5 por iniciativa propia); que la mayor parte de las investigaciones se referían a la Comisión (208 investigaciones o el 61,5 %); que el siguiente grupo más numeroso corresponde al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) (dieciséis solicitudes de información o el 4,7 %), el Parlamento (trece solicitudes de información o el 3,8 %), la Oficina Europea de Selección de Personal (trece solicitudes de información o el 3,8 %), la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) (once solicitudes de información o el 3,3 %), la Agencia Europea de Medicamentos (ocho solicitudes de información o el 2,4 %), el Consejo de la Unión Europea (siete solicitudes de información o el 2,1 %), la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (seis solicitudes de información o el 1,8 %) y otras instituciones (treinta y cuatro solicitudes de información o el 10,1 %);

H.

Considerando que las tres preocupaciones principales constatadas en las investigaciones concluidas por la defensora del pueblo en 2021 fueron la transparencia, la rendición de cuentas (el acceso público a la información y a los documentos) (29 %), la cultura de servicio (26 %) y el uso adecuado de las facultades discrecionales, en particular en los procedimientos de infracción (18 %); que otras cuestiones incluyen el respeto de los derechos procesales, el respeto de los derechos fundamentales, la adecuada gestión de las cuestiones de personal, la buena gestión financiera, la participación pública en la toma de decisiones de la Unión, las cuestiones éticas y la denuncia de irregularidades en la administración de la Unión;

I.

Considerando que, en su trabajo estratégico en 2021, la defensora del pueblo inició seis nuevas investigaciones estratégicas: sobre la forma en la que la Comisión gestiona los movimientos de «puertas giratorias» de los miembros de su personal; sobre la transparencia de las interacciones de la Comisión con los representantes de la industria del tabaco; sobre el modo en que Frontex cumple sus obligaciones en materia de derechos fundamentales y garantiza la rendición de cuentas en relación con sus responsabilidades ampliadas; sobre el modo en que la Agencia Europea de Defensa tramitó la solicitud de su anterior director ejecutivo para ocupar un puesto de alto nivel en Airbus; sobre el modo en que la Comisión supervisa los fondos de la Unión utilizados para promover el derecho de las personas con discapacidad y de edad avanzada a una vida independiente; y sobre el modo en que el Banco Europeo de Inversiones conserva determinada información personal de los solicitantes de empleo antes de tomar decisiones de contratación;

J.

Considerando que, en una amplia investigación sobre las «puertas giratorias» que abarcó una muestra de cien decisiones adoptadas por la Comisión entre 2019 y 2021, la defensora del pueblo constató que la Comisión solo prohibió dos actividades;

K.

Considerando que en 2021 se cumplió el vigésimo aniversario de la entrada en vigor del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 (3) (Reglamento sobre transparencia) relativo al acceso del público a los documentos; que en 2021 la defensora del pueblo convirtió el acceso a los documentos en un tema prioritario para la institución durante todo el año, habida cuenta de que la transparencia sigue siendo el principal tema de reclamación y la prioridad de su trabajo; que la defensora del pueblo organizó una conferencia pública sobre el modo de modernizar el Reglamento sobre transparencia para satisfacer las necesidades públicas en este ámbito;

L.

Considerando que el TJUE ha dictaminado varias veces que la transparencia en el proceso legislativo es justamente lo que, al permitir que se debatan abiertamente las divergencias entre varios puntos de vista, contribuye a conferir una mayor legitimidad a las instituciones a los ojos de los ciudadanos de la Unión y a aumentar la confianza de estos; que el TJUE ha estipulado que, en realidad, la ausencia de información y debate puede suscitar dudas en los ciudadanos y facilita la difusión de desinformación, no solo por lo que respecta a la legalidad de un acto concreto, sino también por lo que respecta a la legitimidad de todo el proceso de toma de decisiones (4);

M.

Considerando que mejorar la participación de la ciudadanía y garantizar la transparencia a escala de la Unión son factores clave para colmar la brecha percibida entre la Unión, sus instituciones, su ciudadanía y las organizaciones representativas, superar los bajos niveles de confianza de los ciudadanos en las instituciones de la Unión y lograr una verdadera democracia multinivel; que el Defensor del Pueblo desempeña un papel fundamental para salvar esta brecha;

N.

Considerando que las reclamaciones de los ciudadanos al Defensor del Pueblo constituyen un elemento esencial de la democracia participativa y de la legitimidad del proceso de toma de decisiones de la Unión, pues fomentan la transparencia y la buena administración en las instituciones y organismos de la Unión; que el papel del Defensor del Pueblo se ha desarrollado a lo largo de los años y ahora puede utilizar sus competencias por iniciativa propia para ayudar a abordar los problemas sistémicos de la administración de la Unión y formular recomendaciones para introducir mejoras con vistas a resolver los problemas de diversos casos de mala administración, asumiendo así un papel cada vez más importante en la vida de la ciudadanía en lo que se refiere a cuestiones como el medio ambiente, la migración y la salud;

O.

Considerando que, en los casos en que una reclamación no encaja en las competencias del Defensor del Pueblo, este debe aconsejar al reclamante que se dirija a otra autoridad o a la Comisión de Peticiones;

P.

Considerando que el TJUE ha destacado que el modelo democrático adoptado por la Unión tiene dos dimensiones: democracia representativa, basada en los apartados 1 y 2 del artículo 10 del TUE, y democracia participativa, basada en el apartado 3 del artículo 10 del TUE; que la primera dimensión implica que los representantes de la ciudadanía son responsables de las decisiones que toman y la segunda dimensión permite a la ciudadanía participar en el proceso de toma de decisiones; que el TJUE ha estipulado que la transparencia es pertinente en ambas dimensiones (5);

Q.

Considerando que, en su labor estratégica en 2021, el Defensor del Pueblo puso en marcha sus propias iniciativas nuevas y estratégicas sobre el modo en que las instituciones, órganos y agencias de la Unión registran los mensajes de texto e instantáneos enviados o recibidos por los miembros de su personal a título profesional; sobre la inteligencia artificial y la administración de la Unión; sobre la obligación de la administración de la Unión de informar al público sobre el modo de ejercer el derecho de acceso del público a los documentos de la Unión; sobre la transparencia del portal de la Unión para gestionar las licitaciones de los contratos adjudicados por las instituciones de la Unión; sobre las obligaciones de transparencia de la Comisión en el contexto de la próxima revisión de la legislación de la Unión relativa al tabaco; sobre el modo en que la Comisión facilita información sobre reuniones entre comisarios y organizaciones o personas que trabajan por cuenta propia; y sobre el modo en que la Comisión garantiza el respeto de los derechos humanos en el contexto de los acuerdos comerciales internacionales;

R.

Considerando que el TJUE, al referirse a conceder al público el derecho más amplio posible de acceso a los documentos de la Unión, ha declarado que la transparencia en este sentido contribuye a reforzar la democracia permitiendo a la ciudadanía examinar toda la información que ha constituido la base de un acto legislativo; que el TJUE ha sostenido que la posibilidad de que los ciudadanos conozcan los fundamentos de la actividad legislativa es una condición del ejercicio efectivo, por aquellos, de sus derechos democráticos (6);

S.

Considerando que el TJUE ha interpretado que el artículo 10, apartado 3, del TUE significa que, en un sistema basado en el principio de legitimidad democrática, los colegisladores deben rendir cuentas de sus acciones ante el público; que el TJUE ha estipulado que el ejercicio por los ciudadanos de sus derechos democráticos presupone la posibilidad de seguir en detalle el proceso de toma de decisiones en el seno de las instituciones que participan en los procedimientos legislativos y de tener acceso a toda la información pertinente (7);