–

en nombre de ERB New Europe Funding II, por la Sra. A. M. Lefter, avocată;

–

en nombre del Gobierno rumano, por las Sras. M. Chicu y E. Gane, en calidad de agentes;

–

en nombre del Gobierno checo, por la Sra. S. Šindelková y los Sres. M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes;

–

en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. A. Biolan y N. Ruiz García, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29), del vigesimotercer considerando de esta y del principio de efectividad.

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre ERB New Europe Funding II (en lo sucesivo, «ERB»), una sociedad de cobro de deudas, e YI, un consumidor, en relación con el carácter abusivo de determinadas cláusulas contenidas en un contrato de crédito.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3

A tenor de los considerandos vigesimotercero y vigesimocuarto de la Directiva 93/13:

4

El artículo 7, apartado 1, de esta Directiva dispone:

Derecho rumano

Ley n.o 193/2000 sobre las Cláusulas Abusivas en los Contratos Celebrados entre Profesionales y Consumidores

5

El artículo 1 de la Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori (Ley n.o 193/2000 sobre las Cláusulas Abusivas en los Contratos Celebrados entre Profesionales y Consumidores), de 6 de noviembre de 2000 (publicada nuevamente en Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 543 de 3 de agosto de 2012), establece:

6

El artículo 4, apartado 1, de dicha Ley dispone:

7

El artículo 6 de la citada Ley establece:

Ley n.o 134/2010, por la que se aprueba el Código de Enjuiciamiento Civil

8

El artículo 431 de la Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (Ley n.o 134/2010, por la que se aprueba el Código de Enjuiciamiento Civil), de 1 de julio de 2010 (publicada nuevamente en Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 247 de 10 de abril de 2015), titulado «Efectos de la cosa juzgada», establece:

Litigio principal y cuestión prejudicial

9

El 25 de julio de 2007, YI, en su condición de consumidor, celebró un contrato de crédito con la entidad de crédito Bancpost SA București.

10

El 10 de mayo de 2018, YI, sin contar con la asistencia de un abogado, interpuso, ante la Judecătoria Sectorului 2 București (Tribunal de Primera Instancia del Sector 2 de Bucarest, Rumanía), órgano jurisdiccional correspondiente al domicilio social del profesional, un recurso (en lo sucesivo, «primer procedimiento judicial») con objeto de que se declarara el carácter abusivo de determinadas cláusulas incluidas en dicho contrato. Dicho recurso, que se refería a las cláusulas del mencionado contrato relativas a las comisiones de apertura y de gestión del préstamo, a la facultad unilateral del profesional de modificar los tipos de interés contractuales, las comisiones y los demás gastos del préstamo y a la comisión de reembolso anticipado, estaba dirigido contra ERB, una sociedad de cobro de deudas, a la que se había transferido el crédito derivado de ese contrato.

11

Mediante sentencia de 26 de noviembre de 2018, cuya fecha de notificación a las partes se desconoce, el mencionado órgano jurisdiccional desestimó dicho recurso por infundado (en lo sucesivo, «primera resolución judicial»). YI no interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia, por lo que esta adquirió firmeza.

12

El 14 de agosto de 2019, YI, representado esta vez por un abogado, interpuso un recurso ante el órgano jurisdiccional correspondiente a su domicilio, el Judecătoria Sighișoara (Tribunal de Primera Instancia de Sighișoara, Rumanía) (en lo sucesivo, «segundo procedimiento judicial»). Dicho recurso se interpuso contra la misma parte demandada que en el primer procedimiento judicial y tenía por objeto, en gran medida, las mismas cláusulas contractuales que las mencionadas en el apartado 10 de la presente sentencia. Más concretamente, se impugnaban las cláusulas contractuales relativas a las comisiones de apertura del préstamo y de gestión mensual de este, así como la relativa a la tasa anual equivalente.

13

Mediante sentencia de 5 de diciembre de 2019, dicho órgano jurisdiccional estimó el citado recurso.

14

ERB interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia ante el Tribunalul Specializat Mureș (Tribunal Especializado de Mureș, Rumanía), que es el órgano jurisdiccional remitente. Mediante sentencia de 6 de abril de 2021, dicho órgano jurisdiccional estimó las alegaciones formuladas por ERB relativas a la comisión de gestión del préstamo, si bien confirmó el carácter abusivo de las demás cláusulas contractuales mencionadas en el apartado 12 de la presente sentencia.

15

Dado que dicho órgano jurisdiccional no se pronunció sobre la cuestión de la autoridad de cosa juzgada de la primera resolución judicial, ERB interpuso un recurso extraordinario de revisión ante ese mismo órgano jurisdiccional. Dicho recurso se fundaba en un motivo basado en que el tribunal de apelación no había examinado la excepción procesal de la autoridad de cosa juzgada, propuesta por ERB.

16

En el marco de este recurso extraordinario, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas acerca de cómo deben ponderarse los derechos del consumidor y el principio de cosa juzgada. Precisa que, según la información de que dispone, parece que, en el marco del primer procedimiento judicial, YI, que no fue asistido por un abogado, no tenía los conocimientos adecuados para hacer valer sus derechos derivados del régimen de protección de los consumidores. Por esta razón, YI acudió a un órgano jurisdiccional correspondiente al domicilio del profesional, pese a que podía acudir al órgano jurisdiccional competente correspondiente a su propio domicilio. El órgano jurisdiccional remitente señala, además, que el consumidor no participó en los debates ante la Judecătoria Sectorului 2 București (Tribunal de Primera Instancia del Sector 2 de Bucarest) y que, cuando contó con la asistencia de un abogado, dos órganos jurisdiccionales distintos confirmaron en gran medida el carácter abusivo de las cláusulas contractuales controvertidas.

17

En estas circunstancias, el Tribunalul Specializat Mureş (Tribunal Especializado de Mureş) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:

Sobre la cuestión prejudicial

Sobre la admisibilidad

18

Por una parte, ERB sostiene, en sus observaciones escritas, que no es necesario ni oportuno plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, puesto que las dudas del órgano jurisdiccional remitente se refieren principalmente al régimen de la cosa juzgada en el Derecho procesal civil rumano y no en el Derecho de la Unión.

19

Por otra parte, sin proponer expresamente una excepción de inadmisibilidad, el Gobierno rumano señala, en sus observaciones escritas, que de la resolución de remisión no se desprende claramente si las cláusulas contractuales examinadas en los procedimientos judiciales primero y segundo son idénticas. Afirma que, si estas cláusulas fueran diferentes, el principio de cosa juzgada no podría aplicarse en el caso de autos.

20

Según reiterada jurisprudencia, corresponde exclusivamente al juez nacional que conoce del litigio y debe asumir la responsabilidad decisión jurisdiccional que ha de adoptarse apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia, que disfrutan de una presunción de pertinencia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretación o a la validez de una norma del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse, salvo si resulta patente que la interpretación solicitada no guarda relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, si el problema es de naturaleza hipotética o también si el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder adecuadamente a tales cuestiones (sentencia de 27 de abril de 2023, AxFina Hungary, C‑705/21, EU:C:2023:352, apartado 27 y jurisprudencia citada).

21

Es también jurisprudencia reiterada que, en el marco del procedimiento contemplado en el artículo 267 TFUE, basado en una clara separación de las funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, el juez nacional es el único competente para interpretar y aplicar disposiciones de Derecho nacional, mientras que el Tribunal de Justicia solo es competente para pronunciarse sobre la interpretación o la validez de una norma de la Unión, a partir de los hechos que le proporcione el órgano jurisdiccional nacional (sentencia de 27 de abril de 2023, AxFina Hungary, C‑705/21, EU:C:2023:352, apartado 28 y jurisprudencia citada).

22

En lo que concierne a las alegaciones de ERB, basta con señalar que, mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que, de conformidad con los requisitos establecidos por la jurisprudencia citada en el apartado 20 de la presente sentencia, interprete la Directiva 93/13 y el principio de efectividad. Además, de la información contenida en la resolución de remisión se desprende claramente que esta cuestión de interpretación del Derecho de la Unión resulta útil para el órgano jurisdiccional remitente con el fin de que este pueda determinar si, sobre la base de la Directiva 93/13, en circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, es posible apartarse del principio de cosa juzgada.

23

Por lo que respecta a las dudas del Gobierno rumano sobre la aplicabilidad del principio de cosa juzgada en el marco del litigio principal, procede señalar que, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 21 de la presente sentencia, corresponde, en definitiva, exclusivamente al órgano jurisdiccional remitente apreciar si las cláusulas contractuales examinadas en el marco de los procedimientos judiciales primero y segundo son idénticas y, de ser así, en qué medida.

24

Dado que el control de la admisibilidad de las peticiones de decisión prejudicial se limita al incumplimiento manifiesto de los requisitos mencionados en el apartado 20 de la presente sentencia y puesto que de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia no se desprende de manera manifiesta que estos requisitos no se hayan cumplido en el caso de autos, no cabe deducir de la eventual falta de identidad completa entre las cláusulas contractuales examinadas en el marco de esos dos procedimientos que la petición de decisión prejudicial sea inadmisible.

25

De lo anterior resulta que la cuestión prejudicial es admisible.

Sobre el fondo

26

Según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este último proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia reformular en su caso las cuestiones prejudiciales que se le han planteado. Además, el Tribunal de Justicia puede tener que tomar en consideración normas de Derecho de la Unión a las que el juez nacional no se haya referido en el enunciado de su cuestión prejudicial (sentencia de 30 de mayo de 2024, Raiffeisen Bank, C‑176/23, EU:C:2024:443, apartado 37 y jurisprudencia citada).

27

Corresponde al Tribunal de Justicia extraer del conjunto de datos que ha aportado el órgano jurisdiccional remitente, y especialmente de la motivación de la resolución de remisión, los elementos del Derecho de la Unión que requieren una interpretación teniendo en cuenta el objeto del litigio principal (sentencia de 30 de mayo de 2024, Raiffeisen Bank, C‑176/23, EU:C:2024:443, apartado 38 y jurisprudencia citada).

28

En el caso de autos, de la resolución de remisión se desprende que el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas principalmente acerca de la conformidad con la Directiva 93/13 del desarrollo concreto del primer procedimiento judicial y, en consecuencia, se pregunta si, habida cuenta del modo en que se desarrolló dicho procedimiento, otro órgano jurisdiccional nacional puede, pese a la autoridad de cosa juzgada de la primera resolución judicial, examinar posteriormente el eventual carácter abusivo de las cláusulas contractuales objeto de dicha resolución. Por lo que respecta a este primer procedimiento, el órgano jurisdiccional remitente indica, en particular, que el consumidor eligió el fuero del profesional para interponer su recurso, no contó con la asistencia de un abogado durante dicho procedimiento, no participó en los debates y no interpuso recurso de apelación contra la primera resolución judicial a su debido tiempo.

29

Así pues, procede considerar que, mediante su única cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, leído a la luz del vigesimocuarto considerando de esta, del principio de efectividad y del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), debe interpretarse en el sentido de que obliga a un órgano jurisdiccional nacional a examinar el eventual carácter abusivo de las cláusulas de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor cuando tales cláusulas ya han sido examinadas por otro órgano jurisdiccional nacional cuya resolución ha pasado en autoridad de cosa juzgada si, ante ese primer órgano jurisdiccional, el consumidor no fue asistido por un abogado, no participó en los debates ni hizo uso de una vía de recurso de la que disponía debido a sus conocimientos limitados o a la información limitada con la que contaba.

30

Con carácter preliminar, procede recordar que, dada la naturaleza y la importancia del interés público que constituye la protección de los consumidores, y tal como se desprende del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, en relación con su vigesimocuarto considerando, esta Directiva impone a los Estados miembros la obligación de prever medios adecuados y eficaces «para poner fin al uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores» [sentencia de 9 de abril de 2024, Profi Credit Polska (Reapertura del procedimiento finalizado mediante una resolución firme), C‑582/21, EU:C:2024:282, apartado 73 y jurisprudencia citada].

31

En este contexto, procede señalar que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el Derecho de la Unión no armoniza los procedimientos aplicables al examen del carácter supuestamente abusivo de una cláusula contractual, de modo que corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro establecer tales procedimientos, en virtud del principio de autonomía procesal, a condición, no obstante, de que respeten los principios de equivalencia y de efectividad [sentencia de 9 de abril de 2024, Profi Credit Polska (Reapertura del procedimiento finalizado mediante una resolución firme), C‑582/21, EU:C:2024:282, apartado 74 y jurisprudencia citada].

32

A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha subrayado la importancia que reviste el principio de cosa juzgada tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos nacionales. En efecto, con el fin de garantizar tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la recta administración de la justicia, es necesario que no puedan impugnarse las resoluciones judiciales que hayan adquirido firmeza tras haberse agotado las vías de recurso disponibles o haber expirado los plazos previstos para el ejercicio de tales recursos [sentencia de 9 de abril de 2024, Profi Credit Polska (Reapertura del procedimiento finalizado mediante una resolución firme), C‑582/21, EU:C:2024:282, apartado 37 y jurisprudencia citada].

33

En consecuencia, el Derecho de la Unión no obliga, en principio, a un órgano jurisdiccional nacional a inaplicar las normas procesales nacionales que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar una situación nacional incompatible con ese Derecho [sentencia de 9 de abril de 2024, Profi Credit Polska (Reapertura del procedimiento finalizado mediante una resolución firme), C‑582/21, EU:C:2024:282, apartado 38 y jurisprudencia citada].

34

Por lo que respecta al respeto de las exigencias que se derivan de los principios de equivalencia y de efectividad, este debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupan las normas de que se trate en el conjunto del procedimiento, el desarrollo de este y las particularidades de tales normas ante las distintas instancias nacionales [sentencia de 9 de abril de 2024, Profi Credit Polska (Reapertura del procedimiento finalizado mediante una resolución firme), C‑582/21, EU:C:2024:282, apartado 41 y jurisprudencia citada].

35

En consecuencia, si las normas procesales nacionales aplicables implican la posibilidad, con ciertos requisitos, de que el tribunal nacional reconsidere una resolución con fuerza de cosa juzgada con objeto de restablecer la conformidad de una situación con el Derecho nacional, esta posibilidad debe prevalecer, de acuerdo con los principios de equivalencia y de efectividad —si concurren dichos requisitos— a fin de que se restablezca la conformidad de la situación de que se trate en el procedimiento principal con la normativa de la Unión [sentencia de 9 de abril de 2024, Profi Credit Polska (Reapertura del procedimiento finalizado mediante una resolución firme), C‑582/21, EU:C:2024:282, apartado 42 y jurisprudencia citada].

36

Por lo que respecta, más concretamente, a las exigencias derivadas del principio de efectividad, único al que se refiere la cuestión prejudicial, procede señalar que la obligación de los Estados miembros de garantizar la efectividad de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables implica, en particular para los derechos derivados de la Directiva 93/13, una exigencia de tutela judicial efectiva, reafirmada en el artículo 7, apartado 1, de esta Directiva y reconocida también en el artículo 47 de la Carta. Esta exigencia se aplica, en particular, a la regulación procesal de las acciones judiciales basadas en los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables [sentencia de 9 de abril de 2024, Profi Credit Polska (Reapertura del procedimiento finalizado mediante una resolución firme), C‑582/21, EU:C:2024:282, apartado 76 y jurisprudencia citada].

37

En el caso de autos, las dudas del órgano jurisdiccional remitente se refieren principalmente a la conformidad con la Directiva 93/13 del desarrollo concreto del primer procedimiento judicial y no de la normativa nacional pertinente. En efecto, ningún elemento resultante de la resolución de remisión indica que la normativa nacional aplicable, relativa a las modalidades de aplicación del principio de cosa juzgada en el marco de los recursos interpuestos por los consumidores con el fin de que se declare el carácter abusivo de las cláusulas contractuales, no sea conforme con el principio de efectividad, en el sentido de que haga imposible o excesivamente difícil la aplicación de la protección que la Directiva 93/13 pretende conferir a los consumidores o que menoscabe, por otra razón, el efecto útil de la Directiva 93/13, extremo que, no obstante, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

38

A este respecto, es preciso señalar que la obligación del órgano jurisdiccional nacional de realizar un control de oficio del eventual carácter abusivo de las cláusulas contractuales está justificada por la naturaleza y la importancia del interés público en que se basa la protección que la Directiva 93/13 otorga a los consumidores, de modo que no podría garantizarse un control eficaz del eventual carácter abusivo de las cláusulas contractuales, tal como se exige en la Directiva 93/13, si la fuerza de cosa juzgada se extendiera también a las resoluciones judiciales que no mencionan tal control (sentencia de 17 de mayo de 2022, Ibercaja Banco, C‑600/19, EU:C:2022:394, apartado 50).

39

En cambio, procede considerar que dicha protección quedaría garantizada si, en el litigio principal, el órgano jurisdiccional remitente comprobara que, durante el primer procedimiento judicial, el juez competente procedió al control del eventual carácter abusivo de las cláusulas del contrato en cuestión y que dicho examen, motivado al menos sucintamente, no ha puesto de manifiesto la existencia de ninguna cláusula abusiva y que el consumidor ha sido debidamente informado de que, en caso de que no se interponga recurso de apelación en el plazo fijado por el Derecho nacional, ya no podrá invocar posteriormente el eventual carácter abusivo de esas cláusulas (véase, por analogía, la sentencia de 17 de mayo de 2022, Ibercaja Banco, C‑600/19, EU:C:2022:394, apartado 51).

40

En efecto, el resultado desfavorable de un control efectivo del eventual carácter abusivo de las cláusulas contractuales no constituye, por sí solo, un elemento que pueda desvirtuar el principio de cosa juzgada.

41

Del mismo modo, las circunstancias mencionadas en el apartado 28 de la presente sentencia no implican necesariamente que el primer procedimiento judicial no hubiera permitido garantizar un control adecuado de las cláusulas contractuales supuestamente abusivas ni garantizar, en consecuencia, la tutela judicial efectiva del consumidor, consagrada por el artículo 47 de la Carta, extremo que, no obstante, incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente. En particular, dicho órgano jurisdiccional debe comprobar si la primera resolución judicial fue debidamente notificada al consumidor indicando las vías de recurso de que disponía y que no existen otras razones particulares vinculadas al desarrollo de ese procedimiento, como la falta de motivación de dicha resolución, que hubieran podido impedir o disuadir al consumidor de ejercer eficazmente sus derechos procesales.

42

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, leído a la luz de su vigesimocuarto considerando, del principio de efectividad y del artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que no obliga a un órgano jurisdiccional nacional a examinar el eventual carácter abusivo de las cláusulas de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor cuando tales cláusulas ya han sido examinadas por otro órgano jurisdiccional nacional cuya resolución haya pasado en autoridad de cosa juzgada incluso si, ante ese primer órgano jurisdiccional, el consumidor no fue asistido por un abogado, no participó en los debates ni hizo uso de una vía de recurso de la que disponía, siempre que dicha resolución haya sido debidamente notificada al consumidor indicando las vías de recurso de que dispone y que no existan otras razones particulares vinculadas al desarrollo de ese procedimiento, como la falta de motivación de dicha resolución, que hayan podido impedir o disuadir al consumidor de ejercer eficazmente sus derechos procesales.

Costas

43

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.