Sin embargo, no me parece que dichas sociedades demandantes hayan abandonado de la misma manera su otra alegación, de acuerdo con la cual la decisión adoptada en un primer momento por las autoridades aduaneras de un Estado miembro de aplicar el artículo 20 del Reglamento no 1371/81 debería contemplarse como una circunstancia especial tal como se define en el artículo 13 del Reglamento no 1430/79 (informe para la vista, p. 1306).

En cualquier caso, no puede aceptarse una interpretación semejante.

Como ha subrayado la Comisión, el artículo 2 del Reglamento no 1697/79 del Consejo, referente a la recaudación a posteriori de los derechos de importación o de los derechos de exportación,

DOL 197, p. 1; EE 02/06, p. 54.

Sin embargo, el apartado 2 del artículo 5 del mismo Reglamento establece que las autoridades competentes podrán abstenerse de efectuar la recaudación a posteriori de los derechos de importación o de los derechos de exportación que no hubieran sido percibidos como consecuencia de un error de las mismas autoridades competentes que razonablemente no pudiera ser conocido por el deudor, siempre que éste, por su parte, hubiera actuado de buena fe [...]

Mediante una Decisión notificada a Italia el 6 de febrero de 1984, la Comisión estimó que, en el caso de autos, no se reunían los requisitos establecidos por el precepto que acabamos de citar, y que, por lo tanto, procedía recaudar a posteriori los montantes compensatorios monetarios.

Las partes demandantes tenían la posibilidad de impugnar esta Decisión en un plazo de tres meses, a partir del día en que tuvieron conocimiento de ella. Dichas partes demandantes no hicieron uso de este derecho.

De lo dicho se deduce que el supuesto de una recaudación a posteriori de un derecho no percibido a consecuencia de un error de la administración está regulado exhaustivamente por el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento no 1697/79, y que, a falta de elementos adicionales, una no percepción de este tipo no puede estar comprendida dentro del ámbito de aplicación del artículo 13 del Reglamento no 1430/79, que regula, en palabras del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, aquellas situaciones distintas de las que más frecuentemente se daban en la práctica {traducción provisional).

Basándose en estas consideraciones, las demandantes han alegado, en efecto, que la actitud adoptada por la oficina de aduanas de Nápoles correspondía a la orientación entonces dominante en el seno de las administraciones aduaneras de los Estados miembros (escrito de réplica, p. 7).

Una conclusión semejante es a todas luces muy exagerada. La orientación dominante iba claramente en sentido contrario.

Por otra parte, para apreciar la importancia que debe atribuirse a este argumento, me parece indispensable volver a situar el artículo 13 en su contexto y recordar la manera en la que este precepto se ha aplicado hasta el presente.

El propio Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha pronunciado tres veces en el marco de sendos recursos de anulación interpuestos contra Decisiones de la Comisión basadas en el artículo 13 del Reglamento no 1430/79.

Sentencia de 15 de diciembre de 1983, asunto 283/82, Papierfabrik Schoellershammer/Comisión, Rec. 1983, p. 4219; sentencia de 13 de noviembre de 1984, asuntos acumulados 98 y 230/83, Van Gend & Loos/Comisión, Rec. 1984, p. 3763; sentencia de 15 de mayo de 1986, asunto 160/84, Oryzomyli/Comisión, Rec. 1986, p. 1633.

Únicamente el asunto 160/84 (Oryzomyli contra Comisión) tenía por objeto un error de la administración, la cual, como consecuencia de la inexperiencia de un funcionario recién nombrado, se veía en la imposibilidad de explicar a las sociedades recurrentes la diferencia entre un certificado de importación normal y un certificado con fijación anticipada: el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas estimó que esta deficiencia de la administración formaba parte de un conjunto de elementos de hecho de todo punto excepcionales, constitutivo de circunstancias especiales tal como se definen en el artículo 13 del Reglamento no 1430/79 (véanse apartados 15 y 16).

Por otra parte, en mis conclusiones en dicho asunto (Rec. 1986, p. 1633) cité tres Decisiones en las que la Comisión había tenido en cuenta una deficiencia de la administración para justificar el beneficio de la cláusula de equidad. En el primer caso (Decisión de 27 de julio de 1981, REM 7/81), la Comisión imputó a la administración el no haber requerido la atención del particular acerca de una precaución administrativa que debía tomar con el fin de que la operación que se proponía realizar pudiese llevarse a cabo en régimen de franquicia. En los otros dos casos (Decisión de 25 de octubre de 1982, REM 12/82 y Decisión de 14 de septiembre de 1984, REM 23/84), la Comisión consideró circunstancia especial el hecho de que una información errónea suministrada por una oficina de aduanas condujera a un particular a no cumplimentar una formalidad que hubiera podido cumplimentar fácilmente si hubiera sido correctamente informado.

En todos estos casos, el error de la administración tuvo consecuencias negativas para los interesados en el sentido de que no pudieron hacer valer derechos, que constituían para ellos otras tantas ventajas económicas o comerciales, y a los que hubieran podido legítimamente pretender si las informaciones recogidas hubiesen sido correctas. Por lo tanto, el error de la administración era la causa del trato menos favorable del que hubieran debido recibir de acuerdo con una interpretación estricta del Derecho. No obstante, y por razones de equidad, se les aplicó finalmente el trato más favorable a que habrían podido tener derecho si no se les hubiese inducido a error sobre los trámites que procedía cumplimentar.

En el caso de autos, por el contrario, las sociedades demandantes no han quedado privadas del beneficio de un trato más favorable al que hubieran podido tener derecho, por el hecho de no reunir determinados requisitos ni cumplimentar determinadas formalidades a consecuencia de una información deficiente de las autoridades aduaneras italianas. Las sociedades se limitaron a dar a conocer su intención de exportar a otros Estados miembros trigo duro importado de terceros países, y precisamente al aplicar a estas operaciones la normativa comunitaria, las autoridades italianas se equivocaron por lo que respecta a la apreciación de los hechos y a la interpretación de las disposiciones de que se trata. Una vez conscientes de este error, dichas autoridades mudaron de parecer y aplicaron a las demandantes el único régimen aduanero legalmente posible a la vista de la naturaleza de las operaciones realizadas.

Observemos también que las sociedades demandantes no han demostrado, ni tan siquiera intentado demostrar, que no habrían llevado a efecto la exportación de trigo duro hacia Bélgica y Francia si hubiesen sabido que estas operaciones estaban sujetas a MCM.

Por otra parte, afirmar esto hubiese sido delicado para las demandantes; puesto que, es ese caso, habrían admitido que su propósito era eludir la aplicación de las normas de derecho común que prevén, precisamente, y por lo que respecta a Italia, el pago de MCM al efectuar la exportación de productos agrícolas.

Quisiera también pronunciarme brevemente respecto de la alegación basada en una supuesta discriminación, de la que serían víctimas las sociedades demandantes, respecto a otras empresas, principalmente francesas y británicas, a quienes sus respectivas autoridades nacionales autorizaron operaciones similares sin verse obligadas, sin embargo, al pago de MCM. A este respecto, soy de la opinión de que sólo cabe hablar de discriminación cuando la misma disposición se interpreta de manera distinta por una misma y única autoridad, y no cuando esta interpretación corresponde a dos instancias diferentes, como ocurre en el supuesto que nos ocupa.

No puede invocarse en contra de la Comisión la interpretación errónea dada por determinadas autoridades británicas y francesas, tanto más cuanto que una vez que la Comisión tuvo conocimiento de las operaciones autorizadas por estos Estados miembros, solicitó que se pusieran a su disposición los recursos propios correspondientes, e incoó el procedimiento del artículo 169 contra estos Estados al no ser atendida su solicitud.

Quisiera recordar, a este respecto, la sentencia de 15 de diciembre de 1982 (asunto 5/82, Hauptzollamt Krefeld/Maizena, Rec. 1982, p. 4601) en la que el Tribunal de Justicia decidió que una práctica de un Estado miembro que no se atiene a la normativa comunitaria no puede dar nunca lugar a situaciones jurídicas protegidas por el Derecho comunitario, aun cuando la Comisión haya dejado de hacer las gestiones necesarias para obtener una aplicación correcta de la normativa comunitaria por parte de dicho Estado (traducción provisional) (apartado 22).

Finalmente, durante la fase oral las sociedades demandantes presentaron una alegación nueva en apoyo de su demanda; observaron que en el caso de una exportación hacia un país que aplique igualmente MCM negativos es de uso normal que el importador pague al exportador el importe de los MCM que el importador ha recibido.

Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, las empresas demandantes mantienen que ya no pueden beneficiarse de las devoluciones de que se trata. El perjuicio que se deriva para ellas de esta situación debe considerarse una circunstancia especial tal como se define en el artículo 13.

A este respecto, procede hacer tres observaciones.

En primer lugar, no es aceptable que las partes en un litigio no presenten, hasta la fase oral del procedimiento, una alegación totalmente nueva sobre la cual la parte contraria no ha tenido ocasión de preparar su defensa. Por lo dicho, me parece que esta alegación no es admisible.

En segundo lugar, estimo que cuando el Tribunal de Justicia debe pronunciarse sobre la aplicabilidad de una norma de Derecho comunitario, no tiene necesidad de tomar en consideración los acuerdos que, eventualmente, puedan existir entre los operadores económicos de los diferentes Estados miembros.

Finalmente, el hecho invocado; a saber, la concesión de montantes compensatorios por el país de importación, sólo se ha realizado de una manera muy parcial en el caso que nos ocupa. En efecto, a lo largo de todo el período en el que se efectuaron las exportaciones de que se trata, es decir, entre el 5 de octubre de 1981 y el 8 de junio de 1982, sólo se aplicaron en Francia MCM negativos durante 22 días (del 14 de abril al 5 de mayo de 1982). Por lo que respecta a Bélgica, sólo a partir del 22 de febrero de 1982 se introdujeron MCM negativos.

En resumen, soy de la opinión de que ante una solicitud de aplicación del artículo 13 del Reglamento no 1430/79, es necesario, antes que nada, formular las siguientes preguntas :

¿Que habría pasado si los hechos alegados no se hubieran producido? ¿Se habría beneficiado el demandante de un trato más favorable que el que soportó o se ve amenazado de soportar? Teniendo en cuenta todas las circunstancias que rodean al caso de autos, ¿atentaría contra la equidad el hecho de privarle de este trato más favorable?

Puesto que en los asuntos que nos ocupan la respuesta a estas preguntas sólo puede ser negativa, y puesto que, además, las demandantes no han probado que se hubieran abstenido de realizar las exportaciones de que se trata si las autoridades aduaneras les hubieran comunicado que debía efectuarse el pago de los MCM, no puedo dejar de afirmar que no estamos en presencia de circunstancias especiales tal como se definen en el artículo 13 del Reglamento no 1430/79.

Por ello, no es necesario examinar si las empresas de que se trata en el litigio han tenido un comportamiento negligente o culposo, lo que según el artículo 13, excluiría toda condonación de derechos.

Debo señalar, sin embargo, que la motivación de la Decisión de la Comisión deja bastante que desear.

La Comisión se centra en la explicación de por qué debían aplicarse MCM a las operaciones de que se trata, y llega a la conclusión de que esta percepción no tuvo lugar a consecuencia de un error. Sin embargo, no se pronuncia claramente sobre por qué este error no constituye una circunstancia especial.

A lo sumo, la Comisión señala en el quinto considerando de la motivación que ambas empresas están especializadas en el comercio internacional de cereales y de productos elaborados a partir de su transformación, especialmente en el marco del régimen de perfeccionamiento activo, por lo que no podían ignorar la normativa vigente en la materia. Parece deducirse de las observaciones escritas de la Comisión (véase el escrito de contestación a la demanda, p. 9) que dicha institución ha visto en este estado de cosas una negligencia por parte de las sociedades demandantes que impediría la concesión de una condonación por motivos de equidad.

En mi opinión, el hecho de que las demandantes no podían ignorar cuál era el Derecho aplicable, corrobora, más bien, en el caso de autos, la tesis de que no estamos en presencia de circunstancias especiales.

De cualquier manera, la Comisión hubiera debido ser más explícita a este respecto en la motivación y comprobar antes que nada, como ella misma lo señala en su escrito de duplica (p. 8), la existencia o la falta de motivos de equidad, es decir, de circunstancias especiales.

Me cuesta, en efecto, admitir que las razones que abogan en favor de la aplicación de MCM a la operación objeto del litigio, excluyan, a prion, cualquier motivo de equidad. ¿No está la cláusula del artículo 13 del Reglamento no 1430/79 destinada, precisamente, a autorizar, en circunstancias no previstas, la devolución o la condonación de los derechos de importación y de exportación que hubieran debido percibirse normalmente? Como tal, dicha cláusula proporciona, por definición, a su beneficiario, una ventaja a la que, en principio, no tiene derecho.

Vista desde esta perspectiva, la alegación de la Comisión consistente en afirmar que no aplicar los MCM en la situación de la demandante, significaría tanto como conceder a esta última una ventaja carente de toda justificación objetiva (escrito de duplica, p. 8; véase igualmente la última frase del quinto considerando de la motivación de la Decisión de 22 de marzo de 1985) puede contribuir a probar que los MCM debían, en principio, percibirse, pero no a excluir a priori la existencia de circunstancias especiales, tal como se definen en el artículo 13 del Reglamento no 1430/79. Sería preciso interpretar el quinto considerando en un sentido muy amplio y leer, entre líneas, por decirlo así, para encontrar en él la prueba de la inexistencia de un motivo de equidad.

De cualquier manera, y sin ignorar que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas puede examinar de oficio si se ha cumplido el requisito de motivación,

Véase, a este respecto, la sentencia de 1 de julio de 1986, asunto 185/85, Usinor/Comisión, Rec. 1986, p. 2079, en concreto los apartados 19 y 23.