1.

La presente petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 13 del Reglamento (UE) n.o 650/2012.  ( 2 ) El órgano jurisdiccional remitente conoce de una solicitud, presentada por un heredero, de inscripción de la declaración de renuncia a la herencia realizada por otro heredero ante el órgano jurisdiccional de otro Estado miembro en el que este último heredero tiene su residencia habitual.

2.

En las presentes conclusiones, propondré al Tribunal de Justicia que declare que el artículo 13 del Reglamento n.o 650/2012 no se opone a la solicitud de inscripción antes citada.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3.

Los artículos 4 y 13 del Reglamento n.o 650/2012figuran en el capítulo II del mismo, titulado «Competencia».

4.

A tenor del artículo 4 de dicho Reglamento, titulado «Competencia general»:

5.

El artículo 13 de dicho Reglamento, titulado «Aceptación de la herencia, de un legado o de la legítima o renuncia a los mismos», está redactado en los siguientes términos:

6.

Los artículos 21 y 22 de este mismo Reglamento figuran en el capítulo III de este último, titulado «Ley aplicable».

7.

El artículo 21 del Reglamento n.o 650/2012, titulado «Regla general», dispone en su apartado 1:

8.

El artículo 22 de este Reglamento, titulado «Elección de la ley aplicable», prevé en su apartado 1:

Derecho búlgaro

Ley de Sucesiones

9.

El artículo 48 de la zakon za nasledstvo (Ley de Sucesiones) (DV n.o 22, de 29 de enero de 1949), en su versión aplicable al litigio principal, prevé que la sucesión se producirá con la aceptación, y que la aceptación es efectiva desde el momento de la apertura de la sucesión.

10.

Según el artículo 49, apartado 1, de dicha Ley, la aceptación puede efectuarse mediante declaración escrita dirigida al rayonen sad (tribunal de primera instancia) en cuya circunscripción se haya producido la apertura de la sucesión y que, en tal caso, la aceptación se inscribirá en un registro previsto a tal efecto.

11.

El artículo 51, apartado 1, de dicha Ley prevé que, a solicitud de cualquier interesado, el rayonen sad (tribunal de primera instancia), tras citar a la persona con derecho a suceder, fijará un plazo para que esta realice la declaración de aceptación de la herencia o de renuncia a la misma. Si hay un procedimiento pendiente contra el heredero, dicho plazo se determinará por el órgano jurisdiccional ante el que se encuentre pendiente el procedimiento. El artículo 51, apartado 2, de la citada Ley dispone que si el heredero no se manifiesta en el plazo que se le hubiera concedido, perderá el derecho a aceptar la herencia. Según el artículo 51, apartado 3, de la Ley de Sucesiones, la declaración del heredero se inscribirá en el registro previsto en el artículo 49, apartado 1, de la misma.

12.

En virtud del artículo 52 de dicha Ley, la renuncia a la herencia se efectuará de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 49, apartado 1, de esta misma Ley, y se inscribirá según este mismo procedimiento.

Código de Procedimiento Civil

13.

El artículo 26, apartado 1, del Grazhdanski protsesualen kodeks (Código de Procedimiento Civil) (DV n.o 59, de 20 de julio de 2007), en su versión aplicable al litigio principal, dispone que serán partes en el proceso civil aquellas personas en cuyo nombre se entabla el proceso y aquellas contra las que se dirige. El artículo 26, apartado 2, de dicho Código establece que, salvo en los casos previstos por la ley, nadie puede hacer valer judicialmente derechos de terceros en su propio nombre.

14.

En virtud del artículo 531, apartado 1, del citado Código, el procedimiento en materia de jurisdicción voluntaria se iniciará mediante solicitud escrita del interesado.

15.

El artículo 532 de dicho Código dispone que la solicitud se debatirá en una vista a puerta cerrada, a menos que el tribunal considere necesario, para la correcta resolución del asunto, debatirla en una vista pública.

16.

De conformidad con el artículo 533 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal estará obligado a examinar de oficio el cumplimiento de los requisitos correspondientes a la resolución solicitada. Podrá, de oficio, practicar pruebas y examinar hechos que el solicitante no haya aportado.

Estatuto sobre la Administración de Justicia

17.

El artículo 39, apartado 1, del Pravilnik za administratsiata v sadilishtata (Estatuto sobre la Administración de Justicia) (DV n.o 68, de 22 de agosto de 2017), en su versión aplicable al procedimiento principal, contiene, en su artículo 39, apartado 1, la lista de los libros y registros llevados en la secretaría en formato electrónico y/o en papel, entre los que se encuentra el «registro sobre la aceptación de la herencia o renuncia a la misma».

Litigio principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

18.

M. Ya. M. (en lo sucesivo, «solicitante»), nacional búlgaro, afirma ser el heredero de su abuela, M. T. G., nacional búlgara fallecida en Grecia el 29 de marzo de 2019.

19.

El solicitante presentó ante el órgano jurisdiccional nacional, el Sofiyski rayonen sad (Tribunal de Primera Instancia de Sofía, Bulgaria), una solicitud de inscripción en el registro de la declaración de renuncia efectuada por el cónyuge de la fallecida, nacional griego. Este último presentó un certificado de sucesión expedido por las autoridades búlgaras según el cual la causante designó como herederos a su cónyuge, a su hija y al solicitante (su nieto).

20.

En el marco de este procedimiento, el solicitante presentó un documento expedido por el Eirinodikeio Athinon (Juzgado de Paz de Atenas, Grecia) en el que se indicaba que el cónyuge de la causante había comparecido ante este juzgado el 28 de junio de 2019 y había declarado que renunciaba a su herencia. Además, según las afirmaciones recogidas en su solicitud, el cónyuge de la causante declaró que la última residencia de esta última se hallaba en Grecia.

21.

El solicitante no actúa como representante del cónyuge de la causante, sino que declara que, en su calidad de heredero del mismo rango, tiene un interés en la inscripción de la renuncia, que tendría como consecuencia el acrecimiento de su cuota hereditaria.

22.

En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente señala que no puede recabar datos sobre la última residencia habitual de la causante antes de comprobar su competencia para inscribir una declaración de renuncia efectuada ante el tribunal del lugar de residencia habitual del heredero renunciante.

23.

En efecto, órgano jurisdiccional remitente se pregunta si procede inscribir una declaración de renuncia efectuada ante el tribunal con competencia general para resolver sobre los aspectos de la sucesión, puesto que esta declaración ha sido registrada por el tribunal competente, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento n.o 650/2012. Además, alberga dudas sobre la posibilidad de inscribir la renuncia a la herencia efectuada por uno de los herederos, a solicitud de otro heredero.

24.

El órgano jurisdiccional remitente considera que el artículo 13 del Reglamento n.o 650/2012 puede causar un conflicto de jurisdicción puesto que, en virtud de las disposiciones generales de dicho Reglamento, la competencia se determina no en función de la residencia habitual del heredero, sino de la del causante. Si bien el tribunal competente para pronunciarse sobre la sucesión es, en principio, el de la última residencia habitual del causante, es posible que este tribunal no tenga conocimiento de la inscripción de declaraciones de renuncia o de aceptación efectuadas ante un tribunal del lugar de residencia habitual de los herederos.

25.

Así, en su opinión, el Reglamento n.o 650/2012 crea una laguna jurídica al establecer la competencia concurrente (o complementaria) de tribunales de Estados diferentes, esto es, la del tribunal de la última residencia habitual del causante y la del tribunal de la residencia habitual de los herederos. Sin embargo, a su juicio, este Reglamento no obliga a estos últimos a notificar las declaraciones de renuncia o de aceptación que se hayan efectuado al tribunal en principio competente.

26.

El órgano jurisdiccional remitente sostiene que la inexistencia de tal obligación de información no se ajusta a la idea del legislador búlgaro ni a la jurisprudencia nacional, según la cual todas las declaraciones relativas a la aceptación de una herencia o a la renuncia a la misma deben concentrarse en un mismo lugar y en un único registro judicial, a partir del cual puede efectuarse la búsqueda correspondiente. En su opinión, esta concepción responde a la exigencia de garantizar la seguridad jurídica, la cual deriva de la posibilidad de conservar toda la información relativa a las aceptaciones o renuncias a la sucesión en un único lugar, objetivo que también se enuncia en el considerando 23 del Reglamento n.o 650/2012.

27.

En la medida en que tal obligación de información no se prevé expresamente en el Reglamento n.o 650/2012, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la naturaleza del procedimiento del que conoce. El solicitante no solicita la inscripción de su propia renuncia a la herencia del causante, sino la inscripción de la declaración relativa a la renuncia de otro de los herederos. Pues bien, tal procedimiento no está previsto en la legislación búlgara. El principio según el cual cada uno defiende sus propios derechos ante los tribunales no permite instar la inscripción de declaraciones de otra persona en el registro de aceptaciones o renuncias a la herencia.

28.

Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en primer lugar, si el artículo 13 del Reglamento n.o 650/2012 prohíbe implícitamente que una renuncia a una sucesión que haya sido efectuada en el Estado de residencia habitual del heredero sea inscrita una segunda vez por un tribunal de otro Estado miembro en el que se encuentre supuestamente la residencia habitual de la causante. Estima que no debe permitirse la inscripción de dos declaraciones de contenido diferente, esto es, una declaración de renuncia y una declaración de aceptación, con el fin de garantizar que no se inscriban declaraciones contradictorias. No obstante, la vulneración del régimen jurídico búlgaro según el cual todas las declaraciones relativas a las aceptaciones y renuncias a la herencia se inscriben en un mismo lugar no parece ajustarse al espíritu del principio de seguridad jurídica, principio fundamental del Derecho de la Unión.

29.

A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que se decanta por la solución consistente en autorizar la inscripción de varias renuncias a la sucesión en varios países. Sostiene que tal solución no afecta significativamente a la seguridad jurídica puesto que, por un lado, los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros establecen normas que regulan el procedimiento en caso de que existan varias declaraciones sucesivas de aceptación o de renuncia a la herencia y que, por otro lado, en caso de litigio sucesorio, el tribunal que conozca de una solicitud podrá decidir sobre los efectos jurídicos de tales declaraciones, en función de las fechas en que hayan sido realizadas.

30.

En caso de que deba darse una respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en segundo lugar, quién puede actuar como solicitante de tal inscripción. A su juicio, este aspecto es importante, puesto que el Derecho procesal búlgaro no prevé la posibilidad de instar ante un tribunal búlgaro la inscripción de una aceptación o de una renuncia a la herencia ya inscrita en otro Estado miembro. Esta declaración solo puede ser realizada personalmente por el heredero. Por ello, se plantea la cuestión de si un heredero puede solicitar en el supuesto Estado de residencia habitual del causante la inscripción de la renuncia realizada por otro heredero e inscrita en el Estado de residencia habitual de este último, a pesar de que ello no está expresamente previsto en el primer Estado.

31.

Según el órgano jurisdiccional remitente, una aplicación del artículo 13 del Reglamento n.o 650/2012 efectiva y conforme al objetivo de esta disposición, tal como se enuncia en el considerando 32 de aquel, a saber, que la aceptación o la renuncia no puede hacer necesario el traslado del heredero al Estado de residencia habitual del causante ni la designación de un representante en dicho Estado, exige que todo heredero pueda solicitar la inscripción de una renuncia a la herencia efectuada anteriormente en otro Estado miembro. En el presente asunto, a su juicio, ello permite descartar la aplicación del Derecho procesal búlgaro, habida cuenta de la necesidad de establecer una excepción al principio de autonomía procesal de los Estados miembros en el seno de la Unión para garantizar una aplicación efectiva de la disposición de que se trata.

32.

En cambio, si fuera posible inscribir la renuncia de un heredero tanto en el Estado de su residencia habitual como en el lugar de residencia habitual del causante en la fecha de su fallecimiento, pero únicamente a condición de que el heredero renunciante presentase personalmente tal solicitud, se privaría de sentido al artículo 13 del Reglamento n.o 650/2012.

33.

El órgano jurisdiccional remitente añade a este respecto que existe una laguna en el Reglamento n.o 650/2012, en la medida en que no impone al tribunal que únicamente tiene competencia para inscribir las renuncias de los herederos a una herencia la obligación de transmitir su resolución judicial al tribunal que sea generalmente competente para pronunciarse sobre la sucesión. Por ello, y para evitar disputas entre los herederos, pero también para tener en cuenta la voluntad inscrita del heredero renunciante, debería admitirse la inscripción de esta voluntad en los registros de la última residencia habitual del causante a petición de cualquier heredero.

34.

En estas circunstancias, el Sofiyski rayonen sad (Tribunal de Primera Instancia de Sofía), mediante resolución de 25 de octubre de 2021, recibida en el Tribunal de Justicia el mismo día, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

35.

Ha presentado observaciones escritas la Comisión Europea.

Análisis

Observaciones preliminares

36.

En primer lugar, ha de subrayarse, como señala la Comisión en sus observaciones, que en el presente asunto no es posible determinar con certeza el Estado miembro cuyos tribunales son competentes para pronunciarse sobre las cuestiones relativas a la sucesión de la causante. Ahora bien, esta cuestión ha de elucidarla el órgano jurisdiccional remitente en una primera fase.

37.

Según las indicaciones del cónyuge de la causante, la última residencia habitual de esta última se hallaba en Grecia. Ello implicaría la competencia de los tribunales griegos para resolver sobre la totalidad de la sucesión,  ( 3 ) pues la ley aplicable será, en principio, la ley griega,  ( 4 ) a menos que la causante haya designado la ley del Estado cuya nacionalidad poseía como ley aplicable a la sucesión, a saber, la ley búlgara.  ( 5 )

38.

El órgano jurisdiccional remitente indica que no está en condiciones de recabar datos a este respecto antes de determinar su competencia para inscribir una declaración de renuncia efectuada ante el tribunal del lugar de residencia habitual del heredero renunciante.

39.

Esta situación de partida es poco clara: si resultase que la última residencia habitual de la causante se hallaba de hecho en Grecia, ello significaría que el órgano jurisdiccional remitente carece de competencia, en virtud del artículo 4 del Reglamento n.o 650/2012, para resolver sobre la totalidad de la sucesión. Esta competencia correspondería a los tribunales griegos y el órgano jurisdiccional remitente sería competente únicamente para recibir una declaración, de conformidad con el artículo 13 de este Reglamento. En consecuencia, las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente serían inadmisibles.

40.

Por consiguiente, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar, en primer lugar, dónde tenía la causante su residencia habitual antes de plantearse las cuestiones remitidas al Tribunal de Justicia. Solo en una segunda fase, si el órgano jurisdiccional remitente llega a la conclusión de que es competente para pronunciarse sobre la sucesión, podrá plantearse las cuestiones remitidas al Tribunal de Justicia.

41.

En segundo lugar, ha de llamarse la atención del órgano jurisdiccional remitente sobre su obligación de aceptar un documento público en virtud del artículo 59 del Reglamento n.o 650/2012, en la medida en que la declaración de renuncia del marido de la causante efectuada ante el tribunal (griego) de su residencia habitual podría constituir un documento público en el sentido de la disposición antes citada. En el supuesto de que el tribunal llegase a la conclusión de que puede aceptar esta declaración en virtud del artículo 59 del Reglamento n.o 650/2012, las cuestiones planteadas podrían resultar infundadas.

42.

Sin perjuicio de estas observaciones preliminares, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones del órgano jurisdiccional remitente. En cualquier caso, ha de recordarse a este respecto que estas cuestiones solo son admisibles en la medida en que sea competente para pronunciarse sobre la sucesión. Las disposiciones de Derecho nacional que impidan que el órgano jurisdiccional remitente examine su competencia para pronunciarse sobre la sucesión serían contrarias al Reglamento n.o 650/2012 y el órgano jurisdiccional remitente debería dejarlas sin aplicación.

Sobre la primera cuestión prejudicial

43.

Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pretende que se dilucide, en esencia, si el artículo 13 del Reglamento n.o 650/2012 se opone a que, una vez que un heredero haya inscrito ante el tribunal del Estado miembro en el que tiene su residencia habitual la aceptación o la renuncia a la herencia de un causante que en el momento de su fallecimiento tenía su residencia habitual en otro Estado miembro, otro heredero pueda solicitar una nueva inscripción, en este último Estado, de esta renuncia o aceptación.

44.

En virtud del artículo 13 del Reglamento n.o 650/2012, además del tribunal que sea competente para pronunciarse sobre la sucesión (en el supuesto de las presentes conclusiones, el tribunal búlgaro), los tribunales del Estado miembro de la residencia habitual de cualquier persona que, con arreglo a la ley aplicable a la sucesión (en el supuesto de las presentes conclusiones, la ley búlgara), pueda efectuar ante un tribunal una declaración relativa, en particular, a la renuncia a la herencia, serán competentes para conocer de esas declaraciones cuando, con arreglo al Derecho de dicho Estado miembro, la misma pueda hacerse ante un tribunal.

45.

Ha de recordarse que la causante instituyó como herederos a su cónyuge, nacional griego, a su hija y al solicitante (su nieto). El cónyuge realizó una declaración de renuncia a la herencia en virtud del artículo 13 del Reglamento n.o 650/2012 ante un tribunal del Estado miembro de su residencia habitual, esto es, un tribunal griego. Dicha declaración se presume válida. La cuestión del órgano jurisdiccional remitente no versa, pues, sobre la validez de dicha declaración,  ( 6 ) sino sobre la posibilidad de que el solicitante inscriba esta renuncia ante el órgano jurisdiccional remitente.

46.

Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición del Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma y uniforme que debe buscarse teniendo en cuenta no solo el tenor de la disposición, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forme parte.  ( 7 )

47.

El artículo 13 del Reglamento n.o 650/2012 confiere la competencia de recibir una declaración de renuncia tanto al tribunal competente para resolver sobre la sucesión como al tribunal del Estado miembro de la residencia habitual de un heredero. Se trata de una competencia internacional complementaria que supone una excepción al sistema establecido por los artículos 4 a 11 de dicho Reglamento.  ( 8 ) Se trata, en los términos empleados por el Tribunal de Justicia, de una competencia de «alcance limitado».  ( 9 ) Esta disposición pretende simplificar los trámites de los herederos y de los legatarios, estableciendo excepciones a las reglas para determinar la competencia previstas en los artículos 4 a 11 del propio Reglamento.  ( 10 )

48.

Así pues, la primera cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente persigue determinar los efectos de la declaración de renuncia efectuada por el cónyuge de la causante en Grecia. A este respecto, este tribunal subraya que el Reglamento n.o 650/2012 no impone al tribunal ante el que se efectúa una declaración de renuncia la obligación de informar al tribunal en principio competente de la existencia de esta declaración. Constata la existencia de una «laguna jurídica» a este respecto.

49.

Ha de señalarse que el Reglamento n.o 650/2012, en sus disposiciones (imperativas), no se pronuncia sobre el modo en que una declaración efectuada en virtud de su artículo 13 se remite al tribunal competente para resolver sobre la sucesión. La única indicación se recoge en el considerando 32 de dicho Reglamento, a tenor del cual «las personas que se acojan a la posibilidad de hacer declaraciones en el Estado miembro de su residencia habitual deben informar ellas mismas al tribunal o a la autoridad que sustancia o sustanciará la sucesión de la existencia de esas declaraciones dentro de los plazos establecidos por la ley aplicable a la sucesión».

50.

Según este considerando, que, como señala la Comisión, carece evidentemente de valor jurídico por sí mismo,  ( 11 ) corresponde, pues, no a un tribunal, sino a la persona interesada informar al tribunal competente para resolver sobre la sucesión de la existencia de tal declaración. El Reglamento n.o 650/2012 parece, pues, «privatizar» la entrega de tal información.  ( 12 )

51.

El propio Tribunal de Justicia ya ha señalado que ni el artículo 13 ni el artículo 28 del Reglamento n.o 650/2012 prevén un mecanismo de transmisión de tales declaraciones por parte del tribunal del Estado miembro de residencia habitual del heredero que renuncia al tribunal competente para pronunciarse sobre la sucesión.  ( 13 )

52.

En el presente asunto, suponiendo que el órgano jurisdiccional remitente sea el tribunal competente para pronunciarse sobre la sucesión y que la declaración de renuncia de 28 de junio de 2019 haya sido efectuada en debida forma de conformidad con las exigencias de la ley griega, la manera en que el tribunal competente para pronunciarse sobre la sucesión tenga conocimiento de la existencia de tal declaración no es un factor determinante. Lo importante es que este tribunal tome efectivamente conocimiento de tal declaración.

53.

Esta conclusión no pueden modificarla las particularidades del Derecho búlgaro indicadas por el órgano jurisdiccional remitente.

54.

A este respecto, en la medida en que el órgano jurisdiccional remitente indica que la inexistencia de tal obligación de información a cargo del tribunal que haya recibido la declaración de renuncia iría en contra de la concepción del legislador búlgaro y de la jurisprudencia nacional, según la cual todas las declaraciones de aceptación o de renuncia a una herencia se agrupan en un mismo lugar y en un único registro judicial, a partir del cual podrían realizarse las búsquedas correspondientes, ha de hacerse constar que se trata de una problemática interna del ordenamiento jurídico búlgaro. Ha de recordarse que es a los tribunales búlgaros, incluido el órgano jurisdiccional remitente, a los que corresponde garantizar el pleno efecto útil de las disposiciones del Reglamento n.o 650/2012. Dicho de otro modo, si bien, como acaba de señalarse, este Reglamento no prevé una obligación de información a cargo del tribunal que haya recibido la declaración de renuncia, la normativa búlgara no puede contener disposiciones que vayan en contra de esta decisión del legislador.

55.

Propongo, pues, responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 13 del Reglamento n.o 650/2012 no se opone a que, una vez que un heredero haya inscrito ante el tribunal del Estado miembro en que tiene su residencia habitual una declaración de aceptación o de renuncia a la herencia de un causante que en el momento de su fallecimiento tenía su residencia habitual en otro Estado miembro, otro heredero pueda solicitar a continuación la inscripción de esta declaración en este último Estado miembro.

Sobre la segunda cuestión prejudicial

56.

Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pretende que se dilucide, en esencia, si el artículo 13 del Reglamento n.o 650/2012 se opone a que uno de los coherederos, distinto del que haya realizado la declaración de renuncia en el Estado miembro de su residencia habitual, pueda informar al tribunal que sustancie la sucesión de la existencia de esta declaración.

57.

Ha de señalarse antes de nada que el considerando 32 del Reglamento n.o 650/2012 prevé que «las personas que se acojan a la posibilidad de hacer declaraciones en el Estado miembro de su residencia habitual deben informar ellas mismas al tribunal o a la autoridad que sustancia o sustanciará la sucesión de la existencia de esas declaraciones».  ( 14 )

58.

Cabría entender este considerando en el sentido de que corresponde al interesado informar personalmente al tribunal o a la autoridad de que se trate. Propongo, sin embargo, una lectura diferente de ello. En efecto, me parece que el legislador de la Unión ha empleado el término «ellas mismas» para distinguir entre la persona que ha efectuado la declaración en virtud del artículo 13 del Reglamento n.o 650/2012 y el tribunal ante el que esta persona ha efectuado esta declaración —y no entre la persona que haya realizado la declaración y cualquier otra persona—. El considerando 32 del Reglamento n.o 650/2012 pretende, pues, principalmente, aclarar que no corresponde al tribunal del Estado miembro de residencia habitual de las personas antes mencionadas informar al tribunal o a la autoridad que sustancien o sustanciarán la sucesión de la existencia de tales declaraciones.

59.

La finalidad del artículo 13 del Reglamento n.o 650/2012 aboga igualmente por tal interpretación. Como ya he indicado, este Reglamento persigue suprimir los obstáculos a la libre circulación de las personas y evitar a los herederos las dificultades a la hora de ejercer sus derechos en situaciones de sucesión mortis causa con repercusiones transfronterizas.  ( 15 ) En el presente asunto, se facilita la sucesión si se permite al heredero que puede beneficiarse de una renuncia a una herencia informar al tribunal competente para resolver sobre dicha sucesión si el heredero renunciante no lo ha hecho él mismo.

60.

Soy de la opinión, tal como he considerado asimismo en el marco del examen de la primera cuestión prejudicial, que no pueden modificar esta conclusión las particularidades del Derecho búlgaro mencionadas por el órgano jurisdiccional remitente.

61.

A este respecto, en la medida en que el órgano jurisdiccional remitente señala que la legislación búlgara no prevé la posibilidad de que un heredero solicite la inscripción de la declaración de renuncia de un coheredero, ha de señalarse que corresponderá al tribunal nacional garantizar el pleno efecto útil del artículo 13 del Reglamento n.o 650/2012 aceptando la inscripción de esta declaración por otro heredero. De lo contrario, la normativa procesal nacional eludiría la interpretación que, a mi juicio, debe darse a esta disposición.

62.

Por consiguiente, propongo responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 13 del Reglamento n.o 650/2012 no se opone a que un coheredero distinto del que haya efectuado la declaración de renuncia en el Estado miembro de su residencia habitual pueda informar al tribunal que sustancie la sucesión de la existencia de esta declaración.

Conclusión

63.

A la vista del conjunto de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Sofiyski rayonen sad (Tribunal de Primera Instancia de Sofía, Bulgaria) del siguiente modo: