SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 12 de febrero de 2026 ( *1 )
«Procedimiento prejudicial — Artículo 49 TFUE — Libertad de establecimiento — Ámbito de aplicación — Actividad económica — Reconocimiento de cualificaciones profesionales — Directiva 2005/36/CE — Artículo 53 — Conocimientos lingüísticos — Normativa nacional que establece un requisito de dominio de la lengua oficial por los profesores y los miembros del personal administrativo en comunicación regular con el público y con las autoridades administrativas, empleados de un centro de enseñanza privado — Artículo 4 TUE, apartado 2 — Identidad nacional de los Estados miembros — Defensa y promoción de la lengua oficial de los Estados miembros — Centro de enseñanza privado que imparte programas internacionales de educación — Requisito de necesidad — Principio de proporcionalidad — Requisito de dominio de la lengua oficial sin posibilidad de excepción o de flexibilización»
En el asunto C‑48/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania), mediante resolución de 24 de enero de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 25 de enero de 2024, en el procedimiento entre
VšĮ Vilniaus tarptautinė mokykla
y
Valstybinė kalbos inspekcija,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
integrado por el Sr. F. Biltgen, Presidente de Sala, el Sr. T. von Danwitz (Ponente), Vicepresidente del Tribunal de Justicia, y la Sra. I. Ziemele y los Sres. A. Kumin y S. Gervasoni, Jueces;
Abogado General: Sr. N. Emiliou;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
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en nombre del Gobierno lituano, por los Sres. K. Dieninis y S. Grigonis y por la Sra. V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, en calidad de agentes; |
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en nombre del Gobierno letón, por las Sras. J. Davidoviča, K. Pommere y S. Zābele, en calidad de agentes; |
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en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. E. M. M. Besselink y M. K. Bulterman, en calidad de agentes; |
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en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. L. Armati, el Sr. G. Meeßen y la Sra. A. Steiblytė, en calidad de agentes; |
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 10 de julio de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
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1 |
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 49 TFUE y del artículo 53 de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO 2005, L 255, p. 22), en su versión modificada por la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013 (DO 2013, L 354, p. 132) (en lo sucesivo, «Directiva 2005/36»). |
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2 |
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre la VšĮ Vilniaus tarptautinė mokykla (Escuela Internacional de Vilna, Lituania; en lo sucesivo, «VTM») y la Valstybinė kalbos inspekcija (Inspección nacional de la lengua, Lituania; en lo sucesivo, «VKI»), en relación con la exigencia impuesta a la VTM de velar por que sus profesores y su personal administrativo superen un examen que acredite un determinado nivel de dominio de la lengua lituana. |
Marco jurídico
Derecho de la Unión
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3 |
El considerando 26 de la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.o 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («Reglamento IMI») (DO 2013, L 354, p. 132), indica lo siguiente: «La Directiva 2005/36/CE ya establece la obligación para los profesionales de disponer de los conocimientos lingüísticos necesarios. La revisión de la aplicación de esta obligación ha mostrado la necesidad de clarificar el papel de las autoridades competentes y de los empresarios, en particular para garantizar mejor la seguridad de los pacientes. Las autoridades competentes deben poder comprobar los conocimientos lingüísticos tras el reconocimiento de las cualificaciones profesionales. Es importante que, en el caso de las profesiones con implicaciones para la seguridad de los pacientes, en particular esas pruebas lingüísticas con arreglo a la Directiva 2005/36/CE se efectúen antes de que el profesional empiece a ejercer la profesión en el Estado miembro de acogida. No obstante, las pruebas lingüísticas deben ser razonables y necesarias para la profesión en cuestión y no deben destinarse a excluir a profesionales de otros Estados miembros del mercado de trabajo del Estado miembro de acogida. […] Los empresarios también deben seguir desempeñando un papel importante a la hora de determinar los conocimientos lingüísticos necesarios para el ejercicio de las actividades profesionales en sus lugares de trabajo.» |
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4 |
El artículo 2, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2005/36 dispone lo siguiente: «La presente Directiva se aplicará a todos los nacionales de un Estado miembro, incluidos los miembros de las profesiones liberales, que se propongan ejercer una profesión regulada en un Estado miembro distinto de aquel en el que obtuvieron sus cualificaciones profesionales, por cuenta propia o ajena.» |
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El artículo 53 de esta Directiva, titulado «Conocimientos lingüísticos», establece, en sus apartados 1 a 3, lo siguiente: «1. Los profesionales que gocen del reconocimiento de cualificaciones profesionales deberán poseer los conocimientos lingüísticos necesarios para el ejercicio de la profesión en el Estado miembro de acogida. «2. Los Estados miembros velarán por que los controles efectuados por una autoridad competente o bajo su supervisión para comprobar el cumplimiento de la obligación mencionada en el párrafo primero se limiten al conocimiento de una lengua oficial del Estado miembro de acogida, o de una lengua administrativa del Estado miembro de acogida, siempre que esta también sea lengua oficial de la Unión [Europea]. 3. Los controles efectuados de conformidad con el párrafo segundo se podrán imponer cuando la profesión que se vaya a ejercer tenga implicaciones para la seguridad de los pacientes. Se podrán imponer controles en el caso de otras profesiones cuando exista una duda seria y concreta acerca de la suficiencia del conocimiento de la lengua que tenga el profesional para el ejercicio de las actividades profesionales que este tiene intención de desempeñar. Solo se podrán efectuar controles tras la expedición de una tarjeta profesional europea de conformidad con el artículo 4 quinquies o tras el reconocimiento de una cualificación profesional, según el caso.» |
Derecho lituano
Constitución de la República de Lituania
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6 |
El artículo 14 de la Lietuvos Respublikos Konstitucija (Constitución de la República de Lituania) establece que la lengua oficial de la República de Lituania es el lituano. |
Ley sobre la Lengua Oficial y Decreto n.o 1688
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7 |
El artículo 2 de la Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas Nr. I‑779 (Ley n.o I‑779 de la República de Lituania sobre la lengua oficial), de 31 de enero de 1995 (Žin., 1995, n.o 15‑344; en lo sucesivo, «Ley sobre la Lengua Oficial»), preceptúa lo siguiente: «La lengua oficial de la República de Lituania es el lituano.» |
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8 |
El artículo 6 de dicha Ley estipula lo siguiente: «Los responsables, funcionarios y agentes de las autoridades, organismos y centros públicos, así como los responsables, funcionarios y agentes de las fuerzas del orden, de los servicios de policía, de comunicación, de transporte público, de salud pública y de protección social y de otros servicios públicos, deberán poseer un dominio de la lengua oficial correspondiente a la categoría de conocimientos lingüísticos establecida por el Gobierno de la República de Lituania.» |
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9 |
El Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo Nr. 1688 (Decreto n.o 1688 del Gobierno de la República de Lituania relativo a la adopción y aplicación de las categorías de dominio de la lengua oficial), de 24 de diciembre de 2003 (Žin., 2003, n.o 123‑5618), fue adoptado sobre la base del artículo 6 de la Ley sobre la Lengua Oficial. |
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Los apartados 2 a 4 de dicho Decreto, en su versión aplicable a los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Decreto n.o 1688»), establecen lo siguiente: «2. Los responsables de las autoridades y organismos públicos, de los centros educativos que dependan total o parcialmente del Estado o de los municipios, de los servicios de desarrollo regional y de otros servicios públicos elaborarán la lista de puestos de funcionarios y agentes del Estado y de empleados remunerados con cargo al presupuesto del Estado o de los municipios u otros fondos públicos para los que se exige una determinada categoría de dominio de la lengua oficial. 3. Se recomienda a los responsables de las entidades, asociaciones, empresas, centros y organismos públicos distintos de los mencionados en el apartado 2 del presente Decreto que establezcan la categoría de dominio de la lengua oficial requerida para cada uno de los puestos cuya descripción prevea la interacción con el público, así como la elaboración y el tratamiento de documentos, y que elaboren una lista de estas funciones. 4. El requisito de poseer un dominio de la lengua oficial de una determinada categoría no será aplicable a los trabajadores extranjeros que disfruten o hayan disfrutado de protección temporal en Lituania durante un período de dos años a partir de la concesión de la protección temporal.» |
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Los puntos 2, 5, 6 y 8 de la descripción de las categorías de dominio de la lengua oficial y de sus modalidades de aplicación, tal como se establece en el Decreto n.o 1688, precisan lo siguiente: «2. La categoría de dominio de la lengua oficial permite acreditar la medida de los conocimientos de dicha lengua que posee una persona. […] […] 5. Se establecen los seis niveles de dominio de la lengua lituana siguientes (del más bajo, A1, al más avanzado, C2): […]
6. Se establecen las tres categorías de dominio de la lengua oficial siguientes (de la más baja, la categoría I, a la más avanzada, la categoría III): […]
[…] 8. Los trabajadores, funcionarios y agentes del Estado de los sectores de la educación, la cultura, la sanidad, la protección social y otros sectores que deban acreditar, como máximo, un título de enseñanza superior no universitaria, un título de enseñanza superior profesional obtenido antes de 2009 o un título de enseñanza secundaria técnica obtenido antes de 1995 deberán poseer un dominio de la lengua lituana de categoría II si sus funciones implican una interacción regular con el público o la tramitación de formularios normalizados (con excepción de los profesores que realicen cursos en la lengua oficial).» |
Ley de Educación y Decreto n.o V‑774 sobre la aprobación de la descripción de los requisitos relativos a las cualificaciones de los profesores
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12 |
El artículo 2, punto 2, de la Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas Nr. I‑1489 (Ley n.o I‑1489 de Educación de la República de Lituania), de 25 de junio de 1991 (Lietuvos aidas, 1991, n.o 153‑0), en su versión aplicable a los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Ley de Educación»), dispone que los términos «enseñanza general» se refieren a la enseñanza primaria, intermedia y secundaria. |
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El artículo 48 de la Ley de Educación establece, en su apartado 1, la lista de personas autorizadas para ejercer la profesión docente y precisa, en su apartado 3, que los profesores a que se refiere el apartado 1 «deberán poseer las cualificaciones establecidas por el Ministro de Educación y Ciencia». Este mismo artículo 48 prescribe, en su apartado 4, lo siguiente: «Toda persona que haya adquirido en un Estado miembro o en la Confederación Suiza una cualificación cuya equivalencia ha sido reconocida conforme al Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas [(Ley n.o X‑1478 de la República de Lituania sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales), de 3 de abril de 2008 (Žin., 2008, n.o 47‑1747)], y que cumple los requisitos establecidos en los apartados 1 y 3 del presente artículo podrá ejercer la profesión de docente en Lituania.» |
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El artículo 72 de la Ley de Educación, titulado «Aplicación de programas educativos de Estados extranjeros y de organizaciones internacionales», dispone, en sus apartados 1 y 3, lo siguiente: «1. Las escuelas de Estados extranjeros y de organizaciones internacionales (con excepción de la enseñanza superior) se establecerán en la República de Lituania y actuarán en las condiciones y con arreglo a las modalidades previstas en la presente Ley, en los acuerdos internacionales celebrados por la República de Lituania y en otras leyes, reglamentos o actos administrativos. Los programas educativos de Estados extranjeros y de organizaciones internacionales (con excepción de la enseñanza superior) podrán impartirse (o suspenderse) con arreglo a las modalidades establecidas por el Gobierno, previa autorización escrita del Ministro de Educación y Ciencia. […] 3. Los programas de educación de Estados extranjeros y de organizaciones internacionales podrán impartirse en escuelas lituanas en una lengua distinta del lituano. Aquellas personas que hayan seguido en Lituania un programa educativo de un Estado extranjero o de una organización internacional obtendrán al finalizar sus estudios el título correspondiente de ese Estado extranjero u organización internacional.» |
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El Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras isakymas Nr. V‑774 Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo (Decreto n.o V‑774 del Ministro de Educación, Ciencia y Deportes de la República de Lituania, por el que se aprueba la descripción de los requisitos relativos a las cualificaciones de los profesores), de 29 de agosto de 2014 (TAR, 2014, n.o 2014‑11394), fue adoptado sobre la base del artículo 48 de la Ley de Educación. El punto 7 de esta descripción de los requisitos, en su versión aplicable a los hechos del litigio principal, establece lo siguiente: «Los profesores que ejerzan en el ámbito de la enseñanza general, de la formación profesional y de la educación no formal deberán poseer un nivel de dominio de la lengua lituana correspondiente a las categorías de dominio de la lengua oficial aprobadas por el Decreto [n.o 1688]; […]». |
Decreto n.o 649 por el que se aprueba el procedimiento de concesión, de suspensión y de revocación de la autorización para aplicar programas educativos de Estados extranjeros y de organizaciones internacionales (con excepción de la enseñanza superior)
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El apartado 26 de la Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 649 Dėl sutikimo vykdyti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) išdavimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo [Decreto n.o 649 del Gobierno de la República de Lituania por el que se aprueba el procedimiento de concesión, de suspensión y de revocación de la autorización para aplicar programas educativos de Estados extranjeros y de organizaciones internacionales (con excepción de la enseñanza superior)], de 6 de junio de 2012 (Žin., 2012, n.o 66‑3343), en su versión aplicable a los hechos del litigio principal, establece lo siguiente: «26. El titular de la autorización que ejecute el programa educativo de un Estado extranjero o de una organización internacional [(en lo sucesivo, “programa educativo”)] mencionado en dicha autorización deberá:
[…]». |
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
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La VTM, un centro de enseñanza privado constituido por una nacional lituana, ejerce su actividad en Lituania desde 2004. En la fecha de los hechos del litigio principal, su capital pertenecía a una nacional finlandesa en un 49,96 %, a una nacional danesa en un 25,02 % y a una nacional de los Estados Unidos en un 25,02 %. |
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La VTM obtuvo las autorizaciones administrativas necesarias para impartir, en lengua inglesa, los programas de educación primaria e intermedia del bachillerato internacional, así como el programa de educación secundaria de los «Cambridge International AS/A levels». |
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Los días 19 y 25 de mayo de 2022, la VKI llevó a cabo una inspección en la VTM para comprobar que esta cumplía los requisitos establecidos en la Ley sobre la Lengua Oficial y en el Decreto n.o 1688. En el marco de dicha inspección, constató que dieciocho empleados de la VTM, entre ellos la directora, su adjunta encargada de la educación, una pedagoga social y quince profesores, no habían superado el examen lingüístico correspondiente a la categoría II de dominio de la lengua oficial, tal y como se define en el Decreto n.o 1688, o no habían transmitido los documentos exigidos. De estos dieciocho trabajadores, cinco eran nacionales de Estados miembros, mientras que los otros trece eran nacionales de Estados terceros. |
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En estas circunstancias, mediante requerimiento de 26 de mayo de 2022, la VKI impuso a la VTM la obligación de velar por que dichos trabajadores superaran ese examen lingüístico a más tardar el 2 de febrero de 2023, debiendo informarse de ello a la autoridad competente a más tardar el 9 de febrero de 2023. La VKI también informó a la VTM de que el incumplimiento de estos requisitos sería sancionado con arreglo a las modalidades previstas por la legislación lituana (en lo sucesivo, «requerimiento de 26 de mayo de 2022»). |
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21 |
La VTM interpuso recurso de anulación contra el requerimiento de 26 de mayo de 2022 ante el Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Vilna, Lituania). |
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22 |
Al desestimarse dicho recurso, la VTM interpuso recurso de apelación ante el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania), el órgano jurisdiccional remitente. |
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23 |
Dicho órgano jurisdiccional desea saber, antes de nada, si la situación controvertida en el litigio principal está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 49 TFUE. A este respecto, señala que, si bien la VTM está establecida en Lituania y ha sido constituida por una nacional lituana, su capital pertenece, en parte, a nacionales de Estados miembros distintos de la República de Lituania. Añade que la VTM imparte sus programas de enseñanza a cambio de una remuneración. A continuación, en el supuesto de que el artículo 49 TFUE sea aplicable a tal situación, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el obstáculo a la libertad de establecimiento resultante de la normativa lituana está justificado por una razón imperiosa de interés general y si respeta el principio de proporcionalidad, subrayando, en particular, que esta normativa no prevé ninguna excepción al requisito lingüístico que establece. Por último, plantea la cuestión de si la Directiva 2005/36 permite la aplicación de tal requisito al personal de una escuela internacional, como la VTM, que ejerce una profesión regulada. |
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24 |
En estas circunstancias, el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
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Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial
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El Gobierno lituano alega que la petición de decisión prejudicial es inadmisible debido a que el Derecho lituano no somete a un requisito de dominio de la lengua lituana a los profesores de un centro de enseñanza privado, como la VTM, que imparte un programa internacional de educación secundaria y los programas de educación primaria e intermedia del bachillerato internacional. Arguye que, por tanto, las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente no tienen relación alguna con la realidad y el objeto del litigio principal, y la interpretación del Derecho de la Unión a la que se refieren estas cuestiones no es necesaria para resolver dicho litigio. |
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26 |
A este respecto, procede recordar que la presunción de pertinencia de que disfrutan las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia no puede desvirtuarse mediante alegaciones que cuestionen la interpretación del Derecho nacional adoptada por el juez remitente, ya que este último es el único competente para interpretar y aplicar este Derecho (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de septiembre de 2018, OTP Bank y OTP Faktoring, C‑51/17, EU:C:2018:750, apartado 41). |
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27 |
Además, en su respuesta a la solicitud de información que le dirigió el Tribunal de Justicia el 12 de diciembre de 2024, el órgano jurisdiccional remitente confirmó, sobre la base de un análisis detallado de las disposiciones de su Derecho nacional, que todos los profesores y el personal administrativo en comunicación regular con el público y con las autoridades administrativas de los centros de enseñanza como la VTM están sujetos a un requisito de dominio de la lengua lituana. |
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De lo anterior se desprende que la presente petición de decisión prejudicial es admisible. |
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
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29 |
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita esencialmente que se dilucide si el artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se aplica a la situación de un centro de enseñanza privado establecido en un Estado miembro y en cuyo capital participan nacionales de otros Estados miembros, cuando dicho centro imparte, en el Estado miembro en el que está establecido, un programa internacional de educación secundaria y los programas de educación primaria e intermedia del bachillerato internacional. |
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30 |
A este respecto, el artículo 49 TFUE establece, en su párrafo segundo, que la libertad de establecimiento comprenderá el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas y, especialmente, de sociedades, tal como se definen en el párrafo segundo del artículo 54 TFUE, en las condiciones fijadas por la legislación del país de establecimiento para sus propios nacionales, sin perjuicio de las disposiciones del capítulo relativo a los capitales. |
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31 |
Constituye reiterada jurisprudencia que el concepto de «establecimiento», en el sentido del Tratado FUE, tiene un alcance muy amplio e implica la posibilidad de que un nacional de un Estado miembro participe, de forma estable y continua, en la vida económica de un Estado miembro distinto de su Estado de origen, y de que se beneficie de ello [sentencia de 4 de octubre de 2024, Lituania y otros/Parlamento y Consejo (Paquete de movilidad), C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, apartado 363 y jurisprudencia citada]. |
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32 |
Por lo tanto, este concepto implica el ejercicio efectivo de una actividad económica por medio de una instalación permanente en el Estado miembro de acogida con una duración indeterminada. Por consiguiente, supone una implantación real del operador económico de que se trate en dicho Estado miembro y el ejercicio de una actividad económica efectiva en él [sentencia de 4 de octubre de 2024, Lituania y otros/Parlamento y Consejo (Paquete de movilidad), C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, apartado 364]. |
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33 |
Así, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la libertad de establecimiento cubre la situación en la que un nacional de un Estado miembro adquiere, en el capital de una sociedad establecida en otro Estado miembro, una participación que le permite ejercer una influencia efectiva en las decisiones de dicha sociedad y determinar las actividades de esta (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2016, AGET Iraklis,C‑201/15, EU:C:2016:972, apartado 46 y jurisprudencia citada). |
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34 |
En el caso de autos, consta que el capital de la VTM, que está establecida en Lituania e imparte en este país, de manera estable y continua, programas educativos, estaba en posesión, en la fecha de adopción del requerimiento de 26 de mayo de 2022, de una nacional finlandesa en un 49,96 % y de una nacional danesa en un 25,02 %, lo que, en principio, confería a dichas nacionales una influencia efectiva en las decisiones y actividades de ese centro educativo (véase, por analogía, la sentencia de 22 de diciembre de 2008, Truck Center,C‑282/07, EU:C:2008:762, apartados 28 y 29). |
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35 |
De ello se desprende que la situación controvertida en el litigio principal puede estar comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 49 TFUE, siempre que se demuestre, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 31 de la presente sentencia, que la VTM ejerce efectivamente una actividad económica a través de su establecimiento situado en Lituania. |
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36 |
No obstante, mientras que el órgano jurisdiccional remitente se pregunta únicamente sobre la interpretación del artículo 49 TFUE, el Gobierno neerlandés considera que la situación controvertida en el litigio principal debe examinarse a la luz del artículo 45 TFUE, dado que el requisito de dominio de la lengua lituana se impone al personal de la VTM. |
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37 |
A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que, cuando una medida nacional atañe simultáneamente a varias libertades fundamentales, el Tribunal de Justicia la examina, en principio, a la luz de una sola de estas libertades si se demuestra que, en las circunstancias del caso de que se trate, las demás son por completo secundarias con respecto a la primera y pueden subordinarse a ella. Para determinar la libertad fundamental preponderante, debe tenerse en cuenta el objeto de la normativa en cuestión y, en su caso, los elementos fácticos relacionados con el litigio principal (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de junio de 2020, KOB,C‑206/19, EU:C:2020:463, apartados 23 y 25, y de 7 de septiembre de 2022, Cilevičs y otros, C‑391/20, EU:C:2022:638, apartados 50 y 51 y jurisprudencia citada). |
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38 |
Además, el Tribunal de Justicia ha declarado que, si se demuestra que los derechos de libre circulación previstos en el artículo 45 TFUE benefician a los trabajadores, nada en el tenor de dicho artículo indica que esos derechos no puedan ser invocados por terceros, en particular por los empresarios. En efecto, para ser eficaz y útil, el derecho de los trabajadores a ser contratados y empleados sin sufrir discriminación debe tener necesariamente como complemento el derecho de los empresarios a contratarlos con arreglo a las normas que rigen en materia de libre circulación de los trabajadores (véanse, en este sentido, las sentencias de 7 de mayo de 1998, Clean Car Autoservice,C‑350/96, EU:C:1998:205, apartados 19 y 20, y de 13 de diciembre de 2012, Caves Krier Frères,C‑379/11, EU:C:2012:798, apartado 28). |
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39 |
Sentado lo anterior, además del hecho de que el recurso en el litigio principal fue interpuesto por la VTM por iniciativa propia, de la resolución de remisión se desprende y no se cuestiona en las observaciones presentadas al Tribunal de Justicia que el requerimiento de 26 de mayo de 2022 al que se refiere ese recurso no fue dirigido a los dieciocho miembros del personal afectados, sino a la propia VTM, a la que la VKI reprochaba no haber cumplido su obligación de velar por que su personal cumpliera el requisito de dominio de la lengua lituana, tal como está previsto en la normativa nacional. En efecto, con arreglo a esta normativa, el titular de una autorización para aplicar programas educativos de Estados extranjeros y de organizaciones internacionales está obligado, en particular, a controlar los conocimientos de la lengua oficial de conformidad con los programas generales aprobados por el Ministro de Educación y Ciencia, a velar por que la formación y las cualificaciones de los profesores y de los prestadores de servicios pedagógicos cumplan los requisitos establecidos en el programa educativo, a respetar las exigencias de la Ley de Educación y otros actos jurídicos, así como a facilitar a las autoridades de control, a petición de estas, los documentos y los datos relativos a la ejecución del programa educativo y a permitir su verificación. |
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40 |
Por último, la petición de decisión prejudicial no menciona que la VTM haya invocado ante el órgano jurisdiccional remitente su derecho a poder contratar a sus empleados respetando las normas en materia de libre circulación de los trabajadores. |
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41 |
Así pues, habida cuenta tanto del objeto de la normativa nacional controvertida en el litigio principal como del objeto del litigio principal, este debe apreciarse a la luz del artículo 49 TFUE. |
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42 |
A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que la organización, a cambio de una remuneración, de cursos de educación superior es una actividad económica comprendida en el capítulo 2 del título IV de la tercera parte del Tratado FUE, sobre el derecho de establecimiento, cuando la desarrolla un nacional de un Estado miembro en otro Estado miembro, de manera estable y continua, desde un establecimiento principal o secundario en este último Estado miembro (sentencia de 7 de septiembre de 2022, Cilevičs y otros, C‑391/20, EU:C:2022:638, apartado 52 y jurisprudencia citada). Dado que la calificación de una actividad docente como actividad económica depende de si los cursos se imparten a cambio de una remuneración, y no del grado de enseñanza al que están vinculados, esta jurisprudencia se aplica por analogía a la organización, a cambio de una remuneración, de cursos de enseñanza primaria, intermedia y secundaria, efectuada por un centro de enseñanza privado establecido en un Estado miembro y en cuyo capital participa un nacional de otro Estado miembro, lo que le permite ejercer una influencia efectiva en sus decisiones y determinar sus actividades. |
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43 |
Por lo tanto, en el caso de autos, corresponde al órgano jurisdiccional remitente examinar si los programas educativos que imparte la VTM se organizan a cambio de una remuneración. |
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44 |
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se aplica a la situación de un centro de enseñanza privado establecido en un Estado miembro y en cuyo capital participa un nacional de otro Estado miembro, lo que permite a este nacional ejercer una influencia efectiva en sus decisiones y determinar sus actividades, cuando dicho centro imparte, en el Estado miembro en el que está establecido, a cambio de una remuneración, un programa internacional de educación secundaria y los programas de educación primaria e intermedia del bachillerato internacional. |
Segunda cuestión prejudicial
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45 |
Con carácter preliminar, procede señalar que la legislación lituana obliga a los centros de enseñanza privados a comprobar si sus profesores y los miembros de su personal administrativo en comunicación regular con el público y con las autoridades administrativas poseen un dominio de la lengua lituana de categoría II, correspondiente a la capacidad de estas personas, en particular, de comprender textos orales o escritos que traten de temas que les sean familiares, de expresarse sobre temas variados relativos a la vida cotidiana o al trabajo, o incluso de redactar un texto simple y coherente sobre temas que les sean familiares. |
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46 |
Así, mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone, en una situación comprendida en su ámbito de aplicación, a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual un centro de enseñanza privado que imparte, en una lengua distinta de la lengua oficial de ese Estado miembro, un programa internacional de educación secundaria y los programas de educación primaria e intermedia del bachillerato internacional está obligado a comprobar si sus profesores y los miembros de su personal administrativo en comunicación regular con el público y con las autoridades administrativas cumplen el requisito de dominio, a nivel intermedio, de esa lengua oficial. |
Sobre la existencia de una restricción a la libertad garantizada en el artículo 49 TFUE
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47 |
Con arreglo al artículo 6 TFUE, la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros, en particular en el ámbito de la educación. Si bien el Derecho de la Unión no menoscaba la competencia de los Estados miembros en lo que se refiere, por una parte, a los contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema educativo, así como de su diversidad cultural y lingüística, y, por otra parte, al contenido y a la organización de la formación profesional, según se deriva de los artículos 165 TFUE, apartado 1, y 166 TFUE, apartado 1, no es menos cierto que, en el ejercicio de esta competencia, los Estados miembros deben respetar el Derecho de la Unión, incluidas las disposiciones relativas a la libertad de establecimiento (sentencia de 7 de septiembre de 2022, Cilevičs y otros, C‑391/20, EU:C:2022:638, apartados 58 y 59 y jurisprudencia citada). |
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48 |
A este respecto, el artículo 49 TFUE, párrafo primero, dispone que, en el marco de las disposiciones que figuran en el capítulo 2 del título IV de la tercera parte del Tratado FUE, quedarán prohibidas las restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro. Deben considerarse restricciones a la libertad de establecimiento todas las medidas que prohíban el ejercicio de la libertad garantizada por el artículo 49 TFUE, lo obstaculicen o le resten interés (sentencia de 7 de septiembre de 2022, Cilevičs y otros, C‑391/20, EU:C:2022:638, apartados 60 y 61 y jurisprudencia citada). |
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49 |
En el caso de autos, si bien es cierto que los nacionales de Estados miembros distintos de la República de Lituania pueden establecerse en el territorio de esta e impartir en él, en el marco de un centro de enseñanza privado, programas educativos en una lengua distinta de la lengua lituana, tal posibilidad sigue estando supeditada, en principio, al cumplimiento de un requisito lingüístico previsto por la normativa en vigor. De este modo, mediante el requerimiento de 26 de mayo de 2022, la VKI exigió a la VTM, debido al incumplimiento de este requisito, que sus profesores y los miembros de su personal administrativo en comunicación regular con el público y con las autoridades administrativas demostraran un dominio de la lengua lituana de categoría II. |
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50 |
Pues bien, la normativa nacional controvertida en el litigio principal puede, debido a las limitaciones que puede implicar en materia de contratación de personal debidamente cualificado, hacer menos atractivas la creación y la explotación en Lituania, por nacionales de otros Estados miembros, de un centro de enseñanza destinado a proporcionar programas educativos en una lengua distinta de la lengua lituana, lo que constituye una restricción a la libertad de establecimiento. |
Sobre la justificación de la restricción a la libertad garantizada en el artículo 49 TFUE
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51 |
Según reiterada jurisprudencia, una restricción a la libertad de establecimiento únicamente podría admitirse a condición, en primer lugar, de estar justificada por una razón imperiosa de interés general y, en segundo lugar, de respetar el principio de proporcionalidad, lo que implica que sea apropiada para garantizar, de forma congruente y sistemática, la realización del objetivo perseguido, que no vaya más allá de lo necesario para su consecución y que no sea desproporcionada en relación con este objetivo (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de septiembre de 2022, Cilevičs y otros, C‑391/20, EU:C:2022:638, apartado 65 y jurisprudencia citada). |
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52 |
En el caso de autos, por lo que se refiere a la existencia de una razón imperiosa de interés general, de los autos de que dispone el Tribunal de Justicia se desprende que la normativa nacional controvertida en el litigio principal parece destinada a defender y promover el empleo de la lengua oficial de la República de Lituania, lo que constituye un objetivo legítimo que justifica, en principio, una restricción a las libertades fundamentales previstas en el Derecho de la Unión (véase, por analogía, la sentencia de 7 de septiembre de 2022, Cilevičs y otros, C‑391/20, EU:C:2022:638, apartados 67 a 70 y jurisprudencia citada). |
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53 |
En efecto, a tenor del artículo 3 TUE, apartado 3, párrafo cuarto, y del artículo 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y, conforme al artículo 4 TUE, apartado 2, respetará asimismo la identidad nacional de sus Estados miembros, de la que también forma parte la protección de la lengua oficial del Estado miembro de que se trate (sentencia de 7 de septiembre de 2022, Cilevičs y otros, C‑391/20, EU:C:2022:638, apartado 68 y jurisprudencia citada). |
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54 |
En cuanto a la cuestión de si la normativa nacional controvertida en el litigio principal es adecuada para garantizar la realización del objetivo legítimo de defensa y promoción de la lengua lituana, si no va más allá de lo necesario para alcanzarlo y si no es desproporcionada en relación con este objetivo, corresponde en última instancia al órgano jurisdiccional remitente, que es el único competente para apreciar los hechos del litigio principal e interpretar la normativa nacional, determinar si, y en qué medida, tal normativa cumple dichos requisitos (véase, por analogía, la sentencia de 7 de septiembre de 2022, Cilevičs y otros, C‑391/20, EU:C:2022:638, apartado 72 y jurisprudencia citada). |
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55 |
No obstante, el Tribunal de Justicia, llamado a facilitar una respuesta útil al referido órgano jurisdiccional, es competente para proporcionarle indicaciones, basadas en los autos del procedimiento principal y en las observaciones escritas que le hayan sido presentadas, que puedan permitir a ese órgano jurisdiccional dictar una resolución (véase, por analogía, la sentencia de 7 de septiembre de 2022, Cilevičs y otros, C‑391/20, EU:C:2022:638, apartado 73 y jurisprudencia citada). |
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56 |
A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que una normativa de un Estado miembro como la controvertida en el litigio principal parece adecuada para garantizar la realización del objetivo de defensa y promoción de la lengua oficial de ese Estado miembro. En efecto, tal normativa favorece la práctica de dicha lengua por las personas sujetas a ese requisito lingüístico en sus relaciones con los alumnos, los padres de los alumnos y el público en general, así como, en lo que atañe más concretamente al personal administrativo, con las autoridades administrativas nacionales. |
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57 |
Ciertamente, solo se considerará que dicha normativa es idónea para garantizar ese objetivo si responde verdaderamente al empeño por hacerlo y se aplica de forma congruente y sistemática (sentencia de 7 de septiembre de 2022, Cilevičs y otros, C‑391/20, EU:C:2022:638, apartado 75 y jurisprudencia citada). |
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58 |
Pues bien, tal parece ser el caso en el presente asunto, ya que, como se desprende de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia, la normativa nacional controvertida en el litigio principal se aplica no solo a todos los centros de enseñanza en Lituania, sino también a todos los trabajadores de esos centros cuyo empleo implique, en particular, una comunicación regular con otras personas y la necesidad de cumplimentar formularios normalizados oficiales. |
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59 |
En segundo lugar, por lo que se refiere el carácter necesario de la normativa nacional controvertida en el litigio principal, en particular del requisito lingüístico que contiene, procede recordar que las medidas restrictivas de una libertad fundamental no pueden justificarse cuando el objetivo contemplado puede alcanzarse con medidas menos restrictivas (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de septiembre de 2022, Cilevičs y otros, C‑391/20, EU:C:2022:638, apartado 81 y jurisprudencia citada). |
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60 |
En este contexto, si bien los Estados miembros disponen de un amplio margen de apreciación al elegir las medidas que les permitan lograr los objetivos de su política de protección de la lengua oficial, puesto que tal política constituye una manifestación de la identidad nacional, en el sentido del artículo 4 TUE, apartado 2, tal margen de apreciación no puede justificar que se vulneren gravemente los derechos que confieren a los particulares las disposiciones de los Tratados que reconocen sus libertades fundamentales (sentencia de 7 de septiembre de 2022, Cilevičs y otros, C‑391/20, EU:C:2022:638, apartado 83 y jurisprudencia citada). |
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61 |
En el caso de autos, y pese a que la República de Lituania pretende garantizar, como pone de manifiesto su legislación, un elevado nivel de defensa y de promoción de su lengua oficial, no se ha demostrado, como señaló el Abogado General en el punto 54 de sus conclusiones, que medidas menos restrictivas que el requisito lingüístico controvertido en el litigio principal puedan garantizar un nivel de eficacia equivalente en la consecución de tal objetivo. |
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62 |
Así, el requisito lingüístico controvertido en el litigio principal parece, como tal, cumplir el requisito de necesidad. |
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63 |
No obstante, al examinar este requisito de necesidad, también es importante tener en cuenta las modalidades de prueba exigidas por la normativa nacional para acreditar que se cumple dicho requisito lingüístico. |
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64 |
A este respecto, en el marco de su respuesta a la solicitud de información mencionada en el apartado 27 de la presente sentencia, el órgano jurisdiccional remitente indicó que la normativa nacional establece que la persona que pretenda demostrar que posee el nivel exigido de dominio de la lengua lituana debe presentar un certificado expedido por la Nacionalinė švietimo agentūra (Agencia Nacional de Educación, Lituania) sobre la base de pruebas lingüísticas organizadas en territorio lituano. |
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65 |
Es cierto que la presentación de un certificado puede constituir un criterio que permita evaluar los conocimientos lingüísticos exigidos (véase, por analogía, la sentencia de 5 de febrero de 2015, Comisión/Bélgica,C‑317/14, EU:C:2015:63, apartado 27). No obstante, la imposibilidad de que un candidato a un empleo en un centro de enseñanza privado aporte la prueba de que cumple el requisito lingüístico exigido de un modo distinto al de la obtención de un certificado como el exigido por la normativa lituana parece ir más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo legítimo perseguido, puesto que excluye que se tome en consideración el grado de conocimiento que un certificado o diploma obtenido en otro Estado miembro, habida cuenta de la naturaleza y la duración de los cursos que acredita, permita presumir en su titular (véase, por analogía, la sentencia de 5 de febrero de 2015, Comisión/Bélgica,C‑317/14, EU:C:2015:63, apartado 29). |
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66 |
En estas circunstancias, una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que obliga a las personas a las que se refiere, para demostrar que poseen el nivel requerido de dominio de la lengua oficial, a presentar un certificado expedido por un organismo del Estado miembro de que se trate sobre la base de pruebas de lengua organizadas en el territorio de este, parece ir más allá de lo necesario para alcanzar su objetivo legítimo, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. |
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67 |
En tercer lugar, por lo que respecta al carácter proporcionado, en sentido estricto, de la normativa nacional controvertida en el litigio principal, procede recordar que un objetivo de interés general, como la defensa y la promoción de la lengua oficial, no puede perseguirse mediante una medida nacional sin tener en cuenta que debe conciliarse con los derechos fundamentales y los principios a los que se refiere dicha medida, tal como se enuncian en los Tratados, efectuando una ponderación equilibrada entre, por una parte, ese objetivo de interés general y, por otra parte, los derechos y principios en cuestión, para garantizar que los inconvenientes causados por dicha medida no sean desmesurados en relación con tales objetivos (véase, por analogía, la sentencia de 18 de diciembre de 2025, Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge, C‑417/23, EU:C:2025:1017, apartado 168). |
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68 |
Así, cuando un Estado miembro pretende imponer, a efectos del objetivo de defensa y promoción de su lengua oficial, un requisito lingüístico a los profesores y a determinados miembros del personal administrativo de los centros de enseñanza privados, le corresponde efectuar una ponderación equilibrada entre este objetivo de interés general y los derechos derivados del artículo 49 TFUE. A modo de ejemplo, tal ponderación equilibrada la efectuaría una normativa nacional que previera la posibilidad de una adquisición progresiva del nivel de dominio de la lengua oficial después de la contratación, de una flexibilización del nivel de dominio requerido en función de la duración del empleo o incluso de la introducción de una exención de este requisito lingüístico, justificada por circunstancias adecuadas, en particular cuando no se presenta ningún candidato plenamente cualificado para el puesto vacante (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de septiembre de 2022, Cilevičs y otros, C‑391/20, EU:C:2022:638, apartados 84 y 85). |
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69 |
En el caso de autos, de la resolución de remisión se desprende que el requisito lingüístico controvertido en el litigio principal se impone, desde su entrada en funciones y con independencia de la duración de su contrato de trabajo, a todos los profesores y miembros del personal administrativo en comunicación regular con el público y con las autoridades administrativas, empleados de un centro de enseñanza privado, y ello sin que se prevea excepción o flexibilización alguna a este respecto. |
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70 |
De ello se deduce que la normativa nacional controvertida en el litigio principal no parece cumplir el principio de proporcionalidad, estrictamente, en el sentido de que parece desproporcionada en relación con el objetivo perseguido, extremo que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente. |
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71 |
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en una situación comprendida en su ámbito de aplicación, a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual un centro de enseñanza privado que imparte, en una lengua distinta de la lengua oficial de ese Estado miembro, un programa internacional de educación secundaria y los programas de educación primaria e intermedia del bachillerato internacional está obligado a comprobar si sus profesores y los miembros de su personal administrativo en comunicación regular con el público y con las autoridades administrativas cumplen el requisito de dominio, a nivel intermedio, de esa lengua oficial, a condición de que dicha normativa esté justificada por un objetivo de defensa y promoción de esa lengua oficial y de que sea necesaria y proporcionada para alcanzar ese objetivo. Esta condición no se cumple cuando tal normativa se aplica, sin posibilidad de excepción o de flexibilización, a todas las personas a las que se refiere y les obliga, para demostrar que poseen el nivel exigido de dominio de la lengua oficial, a presentar un certificado expedido por un organismo del Estado miembro de que se trate sobre la base de pruebas lingüísticas organizadas en el territorio de este. |
Tercera cuestión prejudicial
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72 |
Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 53, apartado 1, de la Directiva 2005/36 debe interpretarse en el sentido de que se opone, en una situación comprendida en su ámbito de aplicación, a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual los profesores de un centro de enseñanza privado que imparte, en una lengua distinta de la lengua oficial de dicho Estado miembro, un programa internacional de educación secundaria y los programas de educación primaria e intermedia del bachillerato internacional están sujetos a un requisito de dominio, a nivel intermedio, de esa lengua oficial. |
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73 |
Ha de recordarse que, en virtud del artículo 2, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2005/36, esta se aplica a los nacionales de un Estado miembro que deseen ejercer una profesión regulada en un Estado miembro distinto de aquel en el que hubieran obtenido sus cualificaciones profesionales. |
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74 |
Por otro lado, según el artículo 53, apartado 1, de dicha Directiva, los profesionales que gocen del reconocimiento de cualificaciones profesionales deberán poseer los conocimientos lingüísticos necesarios para el ejercicio de la profesión en el Estado miembro de acogida. |
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75 |
Así, en el caso de autos, corresponde previamente al órgano jurisdiccional remitente, para comprobar si el litigio principal está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 53, apartado 1, de la Directiva 2005/36, investigar si los profesores de la VTM que no son nacionales lituanos han adquirido sus cualificaciones profesionales en Estados miembros distintos de la República de Lituania y han disfrutado en este último Estado miembro del reconocimiento de esas cualificaciones profesionales. |
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76 |
Sin perjuicio de esta observación, procede considerar que, habida cuenta de la importancia que reviste la enseñanza para la realización de una política que tiene por objeto la defensa y la promoción de la lengua de un Estado miembro, y del hecho de que los profesores tienen un papel esencial que desempeñar no solo mediante la enseñanza que imparten, sino también mediante su participación en la vida cotidiana del centro escolar y las relaciones privilegiadas que mantienen con sus alumnos, puede considerarse que una exigencia de dominio de la lengua oficial del Estado miembro en el que ejercen su profesión constituye un requisito correspondiente a los conocimientos lingüísticos necesarios para el ejercicio de su profesión, en el sentido del artículo 53, apartado 1, de la Directiva 2005/36 (véase, por analogía, la sentencia de 28 de noviembre de 1989, Groener,C‑379/87, EU:C:1989:599, apartados 19 a 21). |
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77 |
No obstante, ha de tenerse en cuenta que la Directiva 2005/36 debe interpretarse a la luz de las libertades fundamentales garantizadas por el Derecho de la Unión, en particular del artículo 49 TFUE, en el supuesto de que, como sucede en el litigio principal, la normativa de un Estado miembro obligue a los centros de enseñanza establecidos en su territorio a velar por que sus profesores cumplan un requisito lingüístico determinado. |
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78 |
Así, la conformidad de tal normativa con el artículo 53, apartado 1, de la Directiva 2005/36, interpretado a la luz del artículo 49 TFUE, debe apreciarse según los mismos criterios aplicables al examen de la conformidad de dicha normativa con el artículo 49 TFUE, contemplados en los apartados 51 a 68 de la presente sentencia, lo que supone comprobar si esa normativa está justificada por un objetivo de defensa y promoción de la lengua oficial del Estado miembro de que se trate y si es necesaria y proporcionada para la consecución de ese objetivo. |
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79 |
A mayor abundamiento, es preciso señalar que el artículo 53, apartado 3, de la Directiva 2005/36 establece que solo podrán imponerse controles para comprobar el cumplimiento de la obligación establecida en el apartado 1 de dicho artículo para profesiones distintas de las que tienen implicaciones en materia de seguridad de los pacientes si existe «una duda seria y concreta» sobre el nivel suficiente de conocimientos lingüísticos del profesional en relación con las actividades profesionales que pretende ejercer. |
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80 |
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 53, apartado 1, de la Directiva 2005/36, en relación con el artículo 49 TFUE, debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en una situación comprendida en su ámbito de aplicación, a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual los profesores de un centro de enseñanza privado que imparte, en una lengua distinta de la lengua oficial de ese Estado miembro, un programa internacional de educación secundaria y los programas de educación primaria e intermedia del bachillerato internacional están sujetos a un requisito de dominio, a nivel intermedio, de esa lengua oficial, a condición de que tal normativa esté justificada por un objetivo de defensa y promoción de esa lengua oficial y de que sea necesaria y proporcionada para la consecución de ese objetivo. Esta condición no se cumple cuando dicha normativa se aplica, sin posibilidad de excepción o de flexibilización, a todas las personas a las que se refiere y les obliga, para demostrar que poseen el nivel exigido de dominio de la lengua oficial, a presentar un certificado expedido por un organismo del Estado miembro de que se trate sobre la base de pruebas lingüísticas organizadas en el territorio de este. |
Costas
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81 |
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. |
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En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: |
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Firmas |
( *1 ) Lengua de procedimiento: lituano.