Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentadas el 17 de septiembre de 2026 (1)
Asunto C‑407/25 [Tersten] (i)
Belgische Staat — Administratie Douane en Accijnzen
Procedimiento penal
contra
NV SI,
LM Kft,
LC,
BÜ Kft,
JS,
BZ,
QJF Kft,
LS,
SH Kft,
ZJ,
JZ,
XH,
HS,
3H H & LS GmbH
[Petición de decisión prejudicial planteada por el hof van beroep te Brussel (Tribunal de apelación de Bruselas, Bélgica)
« Procedimiento prejudicial — Fiscalía Europea — Reglamento (UE) 2017/1939 — Artículo 24, apartado 2 — Comunicación de informaciones a la Fiscalía Europea — Artículo 4 TUE, apartado 3 — Principio de cooperación leal — Artículo 27 — Derecho de avocación — Competencia de las autoridades nacionales de investigación — Avocación por la Fiscalía Europea en la fase de investigación — Avocación por la Fiscalía Europea tras el ejercicio de la acción penal — Principio de autonomía procesal de los Estados miembros »
1. Con arreglo al Reglamento (UE) 2017/1939, (2) cuando una autoridad judicial o policial de un Estado miembro inicie una investigación de un delito respecto del cual la Fiscalía Europea podría tener competencia, ha de informar a la Fiscalía Europea sin dilación indebida para que ésta pueda decidir si ejerce o no su derecho de avocación.
2. El proceso penal que da origen a este reenvío prejudicial versa sobre delitos encuadrables en la competencia de la Fiscalía Europea. Las autoridades aduaneras belgas iniciaron una investigación de esos delitos cuando ya estaba en vigor el Reglamento 2017/1939, (3) pero antes de que la Fiscalía Europea comenzara a asumir las funciones de investigación y de ejercicio de la acción penal (el 1 de junio de 2021). (4)
3. Como las autoridades belgas no informaron, en su momento, a la Fiscalía Europea de sus investigaciones y el proceso penal fue fallado en primera instancia, el tribunal de reenvío quiere saber, en síntesis, qué consecuencias derivan de esa falta de información en lo que atañe a aquel proceso, ahora en fase de apelación.
I. Marco jurídico
A. Derecho de la Unión
1. Reglamento 2017/1939
4. El artículo 4 («Funciones») dispone:
«La Fiscalía Europea será responsable de investigar los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión previstos en la Directiva (UE) 2017/1371 (5) y determinados por el presente Reglamento, así como de ejercer la acción penal y solicitar la apertura de juicio contra sus autores y los cómplices de estos. A tal fin, la Fiscalía Europea efectuará las investigaciones y practicará los actos propios del ejercicio de la acción penal y ejercerá las funciones de acusación ante los órganos jurisdiccionales competentes de los Estados miembros, hasta que concluya definitivamente el caso de que se trate».
5. Con arreglo al artículo 22 («Competencia material de la Fiscalía Europea»), apartado 1:
«La Fiscalía Europea será competente respecto de los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión contemplados en la Directiva [2017/1371] y tal y como esta se haya transpuesto por la legislación nacional, con independencia de que el mismo comportamiento constitutivo de delito pueda clasificarse como constitutivo de otro tipo de delito con arreglo al derecho nacional. […]».
6. El artículo 24 («Presentación de informes, registro y verificación de la información») preceptúa:
«1. Las instituciones, órganos u organismos de la Unión y las autoridades de los Estados miembros que sean competentes con arreglo al derecho nacional aplicable informarán a la Fiscalía Europea, sin dilación indebida, de todo comportamiento constitutivo de delito respecto del cual esta pueda ejercer su competencia de conformidad con el artículo 22 y con el artículo 25, apartados 2 y 3.
2. Cuando una autoridad judicial o policial de un Estado miembro inicie una investigación de un delito respecto del cual la Fiscalía Europea podría ejercer su competencia de conformidad con el artículo 22 y el artículo 25, apartados 2 y 3, o en caso de que, en cualquier momento tras el inicio de una investigación, la autoridad judicial o policial competente de un Estado miembro considere que una investigación se refiere a un delito de este tipo, dicha autoridad informará a la Fiscalía Europea sin dilación indebida para que esta pueda decidir si ejerce o no su derecho de avocación de conformidad con el artículo 27.
[…]».
7. De conformidad con el artículo 25 («Ejercicio de la competencia de la Fiscalía Europea»), apartado 1:
«La Fiscalía Europea ejercerá su competencia iniciando una investigación de conformidad con el artículo 26, o bien decidiendo ejercer su derecho de avocación de conformidad con el artículo 27. Cuando la Fiscalía Europea decida ejercer su competencia, las autoridades nacionales competentes no ejercerán la suya respecto del mismo comportamiento constitutivo de delito».
8. El artículo 27 («Derecho de avocación») establece:
«1. Una vez que reciba toda la información pertinente de conformidad con el artículo 24, apartado 2, la Fiscalía Europea adoptará su decisión a propósito de ejercer o no su derecho de avocación lo antes posible, aunque no después de que transcurran cinco días desde la fecha en que reciba la información procedente de las autoridades nacionales, e informará a estas de su decisión. El Fiscal General Europeo podrá, en determinados casos específicos, adoptar la decisión motivada de prorrogar este plazo por un período máximo de cinco días, e informará de ello a las autoridades nacionales.
2. Durante los plazos previstos en el apartado 1, las autoridades nacionales se abstendrán de adoptar decisión alguna con arreglo a la legislación nacional que pueda tener el efecto de impedir que la Fiscalía Europea ejerza su derecho de avocación.
Las autoridades nacionales adoptarán todas las medidas urgentes que sean necesarias, de conformidad con la legislación nacional, para garantizar una investigación y un ejercicio de la acción penal efectivos.
3. Si la Fiscalía Europea tiene conocimiento, por medios distintos de la información a que hace referencia el artículo 24, apartado 2, de que las autoridades competentes de un Estado miembro han iniciado ya una investigación respecto de un delito sobre el que la Fiscalía Europea podría tener competencia, informará sin dilación a dichas autoridades. Tras haber sido debidamente informada de conformidad con el artículo 24, apartado 2, la Fiscalía Europea adoptará una decisión sobre si ejerce o no su derecho de avocación. La decisión se adoptará dentro de los plazos establecidos en el apartado 1 del presente artículo.
[…]
5. Cuando la Fiscalía Europea ejerza su derecho de avocación, las autoridades competentes de los Estados miembros le transferirán el expediente y se abstendrán de realizar nuevos actos de investigación en relación con el mismo delito.
[…]
7. En caso de que la Fiscalía Europea se haya abstenido de ejercer su competencia, informará a las autoridades nacionales competentes sin dilación indebida. En cualquier momento del transcurso del proceso, las autoridades nacionales competentes informarán a la Fiscalía Europea de todo nuevo hecho que pueda darle motivos para reconsiderar su decisión de no ejercer su competencia.
La Fiscalía Europea podrá ejercer su derecho de avocación tras haber recibido dicha información, siempre que la investigación nacional no se haya finalizado y no se haya presentado acusación ante un tribunal. La decisión se adoptará dentro del plazo establecido en el apartado 1.
[…]».
9. El artículo 35 («Conclusión de la investigación») indica:
«1. Cuando el Fiscal Europeo Delegado encargado considere concluida la investigación, presentará un informe al Fiscal Europeo supervisor, con un resumen del caso y una propuesta de decisión sobre si se debe acusar ante un órgano judicial nacional o considerar la remisión del caso, su archivo o un procedimiento simplificado de ejercicio de la acción penal por acuerdo, con arreglo a los artículos 34, 39 o 40. El Fiscal Europeo supervisor transmitirá dichos documentos a la Sala Permanente competente, acompañados, si lo considera necesario, de su propio informe. Cuando la Sala Permanente, de conformidad con el artículo 10, apartado 3, tome la decisión propuesta por el Fiscal Europeo Delegado, éste proseguirá el asunto en consecuencia.
2. Si la Sala Permanente, sobre la base de los informes recibidos, considera que no tomará la decisión propuesta por el Fiscal Europeo Delegado, procederá, cuando sea necesario, a su propio análisis de los autos antes de tomar una decisión final o de dictar nuevas instrucciones al Fiscal Europeo Delegado.
3. Cuando proceda, el informe del Fiscal Europeo Delegado también proporcionará motivos suficientes para someter el caso a un órgano jurisdiccional del Estado miembro en que se ubique, o, de conformidad con el artículo 26, apartado 4, a un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro que tenga jurisdicción sobre el asunto».
[…]».
10. Conforme al artículo 120 («Entrada en vigor»):
«1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
2. La Fiscalía Europea ejercerá su competencia respecto de todo delito que le competa y se haya cometido después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
La Fiscalía Europea asumirá las funciones de investigación y ejercicio de la acción penal que le otorga el presente Reglamento a partir de una fecha que se determinará mediante una decisión de la Comisión sobre una propuesta del Fiscal General Europeo una vez que se cree la Fiscalía Europea. La decisión de la Comisión [Europea] se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.
La fecha que deberá fijar la Comisión no será anterior a tres años después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
[…]».
B. Derecho belga
11. El Reglamento 2017/1939 fue incorporado al derecho belga mediante la wet van 17 februari 2021 houdende diverse bepalingen inzake justitie, (6) en vigor desde el 24 de febrero de 2021, que insertó un capítulo XXV bis en la Algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977. (7)
12. El artículo 285/2, apartado 1, de la AWDA tiene el siguiente tenor:
«El administrador general de la Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (Administración General de Aduanas e Impuestos Especiales, Bélgica) designará al menos a un funcionario de la Administración General […] que se encargará de la cooperación con los fiscales europeos delegados a los que se refiere el artículo 309/2 del Gerechtelijk Wetboek [(Código Judicial)], en relación con los delitos leves, fraudes y delitos graves a los que se refieren los artículos 281 y 282 y respecto a los cuales la Fiscalía Europea ejerce su competencia en virtud de los artículos 22, 25, 26 y 27 del Reglamento [2017/1939]».
13. El artículo 285/4, apartado 1, de la AWDA establece:
«La facultad de iniciar y proseguir cualquier acción judicial en el sentido del artículo 281, apartado 2, se conferirá al funcionario al que se refiere el artículo 285/2, apartado 1, respecto de los delitos leves, fraudes y delitos graves mencionados en el artículo 281 y respecto a los cuales la Fiscalía Europea ejerce su competencia en virtud de los artículos 22, 25, 26 y 27 del Reglamento [2017/1939]».
II. Hechos, litigio y preguntas prejudiciales
14. En 2019 y 2020, las autoridades aduaneras belgas iniciaron una investigación en cuyo curso consideraron que veintiséis personas físicas y jurídicas habían cometido, durante 2018 y 2019, varias infracciones aduaneras en la importación de bienes procedentes de China, sometidos a despacho aduanero en Bruselas y cuyos destinatarios estaban en Alemania, España y Hungría.
15. Las actas 19/D/000565, 19/D/000724 y 20/D/000058, levantadas en materia de derechos de aduana e impuestos especiales, se cerraron el 27 de noviembre de 2019, el 1 de abril de 2020 y el 15 de abril de 2020, respectivamente, y se enviaron a los infractores por correo certificado.
16. Las citaciones directas de la Administración General de Aduanas e Impuestos Especiales se notificaron a los infractores en julio y agosto de 2021, después de que la Fiscalía Europea asumiese sus funciones de investigación y ejercicio de la acción penal el 1 de junio de 2021.
17. Mediante sentencia de 9 de diciembre de 2022, dictada en procedimiento contradictorio respecto a varios de los acusados y en rebeldía respecto a otros, el Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunal neerlandófono de primera instancia de Bruselas, Bélgica): a) en vía penal, absolvió a los acusados; y b) en vía civil, condenó a algunos de ellos al pago al Estado belga de derechos de importación por valor de 143 951 euros.
18. El 6 de enero de 2023, el Estado belga recurrió en apelación la sentencia de primera instancia ante el hof van beroep te Brussel (Tribunal de apelación de Bruselas, Bélgica).
19. Mediante sentencia interlocutoria de 5 de diciembre de 2024, el hof van beroep te Brussel (Tribunal de apelación de Bruselas) declaró admisible el recurso en materia penal respecto a algunos acusados, y en materia civil por la deuda aduanera contraída por éstos.
20. Antes de fallar sobre el recurso del Estado belga, el hof van beroep te Brussel (Tribunal de apelación de Bruselas) constata que:
– Uno de los acusados alega la inadmisibilidad de las pretensiones formuladas en materia penal y civil, porque el Estado belga no demostró haber informado a la Fiscalía Europea de los hechos enjuiciados, ni que la Fiscalía Europea hubiera decidido que no había motivos para ejercer su derecho de avocación, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento 2017/1939.
– Según el Estado belga, la investigación había concluido con la transmisión del acta a los infractores antes de que la Fiscalía Europea comenzara a ser operativa. En consecuencia, la Fiscalía Europea no tenía posibilidad de avocar el caso y no habría obstáculo para el ejercicio de la acción penal por las autoridades nacionales.
– La fase de investigación del asunto no había finalizado cuando la Fiscalía Europea entró en funcionamiento el 1 de junio de 2021.
– El Estado belga no presentó ningún documento que demostrara que, tras el comienzo de la investigación de los delitos imputados, las autoridades competentes hubieran informado a la Fiscalía Europea en la forma prevista en el artículo 24 del Reglamento 2017/1939 para permitirle ejercer su derecho de avocación.
21. En este contexto, el hof van beroep te Brussel (Tribunal de apelación de Bruselas) eleva al Tribunal de Justicia estas preguntas prejudiciales:
«¿Deben interpretarse los artículos 24, 25, 27 y 35 del Reglamento [2017/1939] en el sentido de que se oponen a que la Administración de aduanas nacional y el Ministerio Fiscal nacional conserven la competencia para ejercitar la acción penal ante el juez de lo penal en tales circunstancias?
Si el juez de lo penal comprueba que no se ha informado de tal asunto a la Fiscalía Europea, ¿debe devolverlo a las autoridades nacionales competentes, de modo que estas informen a la Fiscalía Europea de la investigación y esta última pueda, en su caso, ejercer su derecho de avocación?».
III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
22. La petición de decisión prejudicial tuvo entrada en el Tribunal de Justicia el 19 de junio de 2025.
23. Han presentado observaciones escritas los Gobiernos austriaco, belga, italiano y polaco, así como la Comisión.
24. En aplicación del artículo 23, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia, éste invitó a la Fiscalía Europea a que presentara por escrito las informaciones pertinentes de las que dispone en relación con el objeto de la petición de decisión prejudicial.
25. El 24 de abril de 2026, la Fiscalía Europea facilitó al Tribunal de Justicia esas informaciones, sobre las que fueron oídos quienes intervinieron en la vista celebrada el 19 de mayo de 2026, a saber, los Gobiernos belga y polaco y la Comisión.
IV. Apreciación
26. El Reglamento 2017/1939 entró en vigor, como ya he señalado, el 20 de noviembre de 2017, pero la Fiscalía Europea no asumió las funciones de investigación y de ejercicio de la acción penal hasta el 1 de junio de 2021. No hay duda de que los delitos imputados en este asunto entran dentro de la competencia material de la Fiscalía Europea.
27. El tribunal de reenvío considera probado que la investigación penal no había finalizado el 1 de junio de 2021 y que, en consecuencia, la autoridad nacional debió informar a la Fiscalía Europea para que ésta pudiera ejercer su derecho a la avocación. Como no la informó, añade, «se plantea la cuestión de la consecuencia de la no información a la Fiscalía Europea al respecto». (8) Para resolverla, dirige al Tribunal de Justicia las dos preguntas prejudiciales cuyo contenido he transcrito.
A. Primera pregunta prejudicial
28. El tribunal de remisión desea saber si los artículos 24, apartado 2, 25, apartado 1, y 27 del Reglamento 2017/1939 se oponen a que las autoridades nacionales (Administración General de Aduanas e Impuestos Especiales y Ministerio Fiscal belga) conserven la competencia para ejercitar la acción penal en las circunstancias antes descritas.
29. Según el artículo 25, apartado 1, del Reglamento 2017/1939, la Fiscalía Europea puede actuar de dos maneras: a) iniciando una investigación directa de los hechos presuntamente constitutivos de delitos de su competencia; o b) ejerciendo su derecho de avocación con respecto a investigaciones ya iniciadas por las autoridades nacionales.
30. La Fiscalía Europea activa las investigaciones directas con arreglo al artículo 26 del Reglamento 2017/1939, (9) cuando recibe información relevante sobre un delito para el que podría ser competente y en relación con el que ninguna autoridad judicial o policial de un Estado miembro haya iniciado una investigación. (10) No me extenderé sobre esta modalidad de actuación de la Fiscalía Europea, que es ajena a los hechos ahora analizados.
31. La Fiscalía Europea también puede ejercer sus competencias poniendo en práctica su derecho de avocación, cuando una autoridad de un Estado miembro haya iniciado «[…] una investigación de un delito respecto del cual la Fiscalía Europea podría ejercer su competencia […]» y aquella autoridad le informe de sus pesquisas (artículo 24, apartado 2, del Reglamento 2017/1939).
32. Para responder a la primera pregunta prejudicial se ha de acudir a los criterios hermenéuticos habituales (gramatical, sistemático y teleológico) (11) que permitan aclarar el sentido de los artículos 24, 25 y 27 del Reglamento 2017/1939.
1. Interpretación gramatical
33. El artículo 24, apartado 2, del Reglamento 2017/1939, (12) contempla las hipótesis de que:
– una autoridad judicial o policial de un Estado miembro inicie una investigación de un delito respecto del cual la Fiscalía Europea podría ejercer su competencia,
– o que, en cualquier momento tras el inicio de una investigación, aquella autoridad considere que una investigación se refiere a un delito de este tipo. (13)
34. En ambas hipótesis, la autoridad nacional ha de informar a la Fiscalía Europea para que ésta pueda decidir si ejerce o no su derecho de avocación.
35. El artículo 27, apartado 3, del Reglamento 2017/1939 prevé que la Fiscalía Europea pueda ejercer su derecho de avocación tras haber recibido la información sobre la investigación en curso a través de otras fuentes. Esta previsión supone que el Reglamento 2017/1939 contempla, implícitamente, la posibilidad de que esas autoridades nacionales no hayan informado a la Fiscalía Europea.
36. Las autoridades nacionales han de informar a la Fiscalía Europea, «sin dilación indebida» de todo comportamiento constitutivo de delito respecto del cual ésta pueda ejercer su competencia (artículo 24, apartado 1, del Reglamento 2017/1939). Entiendo que han de trasmitir esa información cuando tengan noticia del comportamiento delictivo (notitia criminis), hayan o no incoado formalmente la investigación. Lo relevante, en cualquier caso, es que informen a la Fiscalía Europea lo antes posible, en cuanto tengan la constancia (o solo la sospecha) de que los hechos se refieren a infracciones penales de su competencia.
37. Una vez proporcionada la información y antes de que la Fiscalía Europea resuelva sobre la avocación, la autoridad nacional se «abstendr[á] de adoptar decisión alguna […] que pueda tener el efecto de impedir que la Fiscalía Europea ejerza su derecho de avocación» (artículo 27, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento 2017/1939). (14)
38. Si la Fiscalía Europea ejerce su derecho de avocación, asume la investigación ya iniciada por el órgano nacional, de modo que las autoridades competentes de los Estados miembros le transferirán el expediente y se abstendrán de realizar nuevos actos de investigación en relación con el mismo delito. (15) La Fiscalía Europea continuará con el procedimiento desde el momento en el que informe de la avocación a los órganos nacionales.
39. La avocación por la Fiscalía Europea conlleva la pérdida de la competencia de las autoridades nacionales. A sensu contrario, las autoridades nacionales están facultadas para investigar un delito de la competencia de la Fiscalía Europea hasta que esta ejerza la avocación.
40. La interpretación literal de los artículos 25, apartado 1, y 27, apartado 5, del Reglamento 2017/1939 permite concluir, pues, que las autoridades nacionales pueden continuar su actuación, incluido el ejercicio de la acción penal, hasta que la Fiscalía Europea adopte (y comunique) la decisión de avocar el asunto.
41. El artículo 24, apartado 2, del Reglamento 2017/1939 guarda silencio sobre las consecuencias específicas del incumplimiento de la obligación de información por parte de las autoridades nacionales. En concreto, esta norma no impide que las autoridades nacionales puedan seguir realizando sus investigaciones y ejercer la acción penal hasta el momento en el que la Fiscalía Europea avoque para sí la causa.
42. Por tanto, el tenor literal de los artículos 24, apartado 2, 25, apartado 1, y 27 del Reglamento 2017/1939 no se opone a que las autoridades nacionales que hayan iniciado una investigación sobre delitos perseguibles por la Fiscalía Europea sigan siendo competentes para continuar con sus pesquisas y, en su caso, ejercer la acción penal hasta que ésta decida hacer uso de su derecho a la avocación.
2. Interpretación sistemática
43. La interpretación sistemática de los artículos 24, apartado 2, 25 y 27 del Reglamento 2017/1939 conduce al mismo resultado.
44. El Reglamento 2017/1939 establece un complejo sistema de competencias compartidas entre la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales encargadas de combatir las infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión.
45. En el marco de ese sistema, la Fiscalía Europea goza del derecho de avocación, es decir, de prioridad para perseguir los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión. (16) Tal prioridad tiene como razón de ser que la Fiscalía Europea puede orientar y garantizar mejor la coherencia de las investigaciones y el ejercicio de la acción penal a escala de la Unión, en relación con modalidades de delincuencia que tienen frecuentemente una dimensión transnacional.
46. Ahora bien, el binomio competencia compartida/prioridad de la Fiscalía Europea mediante el uso del derecho de avocación no implica que las autoridades nacionales carezcan de competencia para perseguir delitos contra los intereses financieros de la Unión. El Reglamento 2017/1939 no ha consagrado la competencia exclusiva de la Fiscalía Europea en este ámbito. (17)
47. En efecto, aunque el Reglamento 2017/1939 atribuye, como regla general, una competencia prioritaria a la Fiscalía Europea, las autoridades nacionales mantienen una competencia subsidiaria para perseguir este tipo de delitos.
48. Las autoridades nacionales serán, en todo caso, competentes de manera subsidiaria para perseguir delitos contra los intereses financieros de la Unión cuando la Fiscalía Europea (respecto de una infracción ya sometida a investigación) decida no ejercer la posibilidad de avocación que le reconoce el artículo 27 del Reglamento 2017/1939.
49. En términos generales, la actuación de la Fiscalía Europea se somete a un doble criterio:
– Cuando ella misma lleva a cabo una investigación directa, rige el principio de legalidad y la Fiscalía Europea está obligada a investigar las infracciones y ejercer, en su caso, la acción penal.
– Sin embargo, cuando existen investigaciones en curso de las autoridades nacionales (tanto si se comunican a la Fiscalía Europea o si ésta tiene conocimiento de ellas por otros medios), no está obligada a ejercer su derecho de avocación, aunque sí puede hacerlo.
50. De lo anterior y desde la perspectiva del sistema en su conjunto, se infiere que las autoridades nacionales mantendrán su competencia para perseguir las infracciones si la Fiscalía Europea no utiliza el mecanismo de la avocación.
51. El artículo 24, apartado 2, del Reglamento 2017/1939 permite, pues, que las autoridades nacionales puedan perseguir un delito de la competencia de la Fiscalía Europea, incluso cuando llevan a cabo investigaciones en curso no comunicadas a ésta, hasta el momento en que la Fiscalía Europea avoca para sí el caso.
52. El Reglamento interno de la Fiscalía Europea (18) establece en su artículo 40, apartado 2, que, además de los elementos relevantes en toda investigación, (19) para verificar la procedencia de la avocación la Fiscalía Europea evaluará otros factores. (20)
53. Sobre la base del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1939, (21) el Colegio de la Fiscalía Europea adoptó las Orientaciones operativas sobre investigación, política de avocación y remisión de casos. (22) En su anexo 2 alude, concretamente, a la avocación de casos que estaban investigando las autoridades nacionales durante el periodo transitorio existente entre la entrada en vigor del Reglamento 2017/1939 (20 de noviembre de 2017) y la fecha en la que la Fiscalía Europea asumió sus funciones de investigación y ejercicio de la acción penal (1 de junio de 2021). Éste es el supuesto de autos.
54. Respecto a estos casos, el anexo 2 de las Orientaciones operativas indica que, «con arreglo a los principios de proporcionalidad y necesidad, la Fiscalía Europea sólo debería [ejercer su derecho de avocación] cuando el ejercicio de su competencia pueda aportar un valor añadido a la continuación de la investigación».
55. El análisis de la avocación no puede dejar de lado que el artículo 25, apartados 2 y 3, del Reglamento 2017/1939 atribuye a las autoridades nacionales la competencia para perseguir determinados delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión.
56. Así, con arreglo al artículo 25, apartado 2, del Reglamento 2017/1939, en los delitos incluidos en el ámbito de aplicación de su artículo 22 que causen o puedan causar perjuicios para los intereses financieros de la Unión cuya cuantía sea inferior a 10 000 euros, intervendrá la Fiscalía Europea únicamente en determinadas circunstancias. (23) Las infracciones contra intereses financieros de la Unión de baja cuantía quedan, por tanto, sometidas a la competencia de las autoridades nacionales, salvo que la Fiscalía Europea las avoque, lo que sólo puede hacer si se cumple uno de los supuestos del artículo 25, apartado 2, de aquel Reglamento.
57. De manera similar, el artículo 25, apartado 3, del Reglamento 2017/1939 prevé que la Fiscalía Europea se abstendrá de ejercer su competencia respecto de todo delito comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 22 si concurren ciertos factores. (24) De darse esos factores, y previa consulta con las autoridades nacionales competentes, la Fiscalía Europea remitirá el caso sin dilación indebida a estas últimas.
58. La competencia de las autoridades nacionales ante delitos en los que concurran las circunstancias del artículo 25, apartados 2 y 3, del Reglamento 2017/1939 es un argumento complementario, de orden sistemático, que aboga por que esas autoridades mantengan su competencia (al menos de modo provisional) hasta que la Fiscalía Europea decida avocar el asunto.
59. Con arreglo a las normas del Reglamento 2017/1939 que rigen las competencias de las autoridades nacionales y de la Fiscalía Europea (y que no brillan por su claridad), en las investigaciones ya incoadas por las autoridades nacionales, el punto de inflexión, desde el punto de vista sistemático, es el momento en el que la Fiscalía Europea adopta su decisión a propósito de ejercer o no el derecho de avocación.
60. Creo que no es determinante, a estos efectos, que la Fiscalía Europea no haya podido tomar la decisión de avocar a causa del incumplimiento, por las autoridades nacionales, de la obligación que les impone el artículo 24, apartado 2, del Reglamento 2017/1939.
61. Ciertamente, la información que han de facilitar las autoridades nacionales será indispensable para posibilitar el ejercicio de la avocación por la Fiscalía Europea, (25) si ésta no dispone de otras fuentes para conocer la notitia criminis. La obligación de enviarle esa información es una manifestación del principio de cooperación leal (26) al que alude el artículo 5, apartado 6, del Reglamento 2017/1939.
62. La obligación de información del artículo 24, apartado 2, se relaciona, además, con otras obligaciones análogas de las autoridades nacionales (apartados 3 y 5 del mismo artículo), inspiradas también en el principio de cooperación leal. (27) Se trata de obligaciones de información que complementan la del artículo 24, apartado 2, del Reglamento 2017/1939, pero operan en supuestos en los que las autoridades nacionales disponen de competencia prioritaria para perseguir los delitos contra los intereses financieros de la Unión.
63. En cualquier caso, repito, lo relevante para privar a las autoridades nacionales de su competencia es que la Fiscalía Europea haya ejercido su derecho de avocación. Hasta entonces, desde la perspectiva de los artículos 24, 25 y 27 del Reglamento 2017/1939, aquellas autoridades mantienen su competencia.
3. Interpretación teleológica
64. De los considerandos duodécimo y décimo cuarto del Reglamento 2017/1939 se desprende que la creación de la Fiscalía Europea tiene como objetivo luchar con más eficacia contra las infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión. (28)
65. La Fiscalía Europea es una entidad única y, pese a su estructura descentralizada, un órgano indivisible de la Unión Europea (29) facultado para investigar los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión y ejercer la acción penal. (30) Actúa, sin embargo, sin que exista a nivel europeo un verdadero derecho penal, sustantivo o procesal, común. El Reglamento 2017/1939 contiene un limitado número de disposiciones y se remite para todo lo demás a la legislación nacional. (31)
66. En mi opinión, el objetivo de luchar con más eficacia contra las infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión debería propiciar una interpretación del artículo 24, apartado 2, del Reglamento 2017/1939 favorable a considerar que las autoridades nacionales pueden continuar un proceso penal en curso en el que hayan incumplido su obligación de informar a la Fiscalía Europea (a reserva de lo que expondré al analizar la segunda pregunta prejudicial).
67. La solución contraria (propugnar que el incumplimiento de esa obligación conlleva, sin más, la incompetencia de las autoridades nacionales para perseguir las infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión) me parece desproporcionada e incoherente con el objetivo del Reglamento 2017/1939.
68. Así ocurriría, con mayor motivo, si las consecuencias de la infracción del artículo 24, apartado 2, del Reglamento 2017/1939 se tradujeran en la nulidad de las investigaciones nacionales hasta entonces realizadas y en la imposibilidad de admitir las pruebas recabadas por las autoridades nacionales.
69. En cualquier caso, si las autoridades nacionales de un Estado miembro incumplieran reiteradamente su obligación de informar a la Fiscalía Europea, según dispone el artículo 24, apartado 2, del Reglamento 2017/1939, la Comisión podría iniciar un recurso por incumplimiento contra ese Estado miembro. De este modo, se garantiza que la Fiscalía Europea ejerza sus funciones adecuadamente en relación con los delitos contra los intereses financieros de la Unión que han empezado a ser investigados por las autoridades nacionales.
70. En suma, opino que los artículos 24, apartado 2, 25, apartado 1, y 27 del Reglamento 2017/1939 no se oponen a que las autoridades nacionales ejerciten la acción penal ante los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro, a pesar de que la Fiscalía Europea no haya sido informada de que habían iniciado y proseguido la investigación de un delito respecto del cual la Fiscalía Europea podría ser competente.
B. Segunda pregunta prejudicial
71. El tribunal de reenvío desea saber si, cuando «el juez de lo penal comprueba que no se ha informado de tal asunto a la Fiscalía Europea», debe devolverlo a las autoridades nacionales competentes, de modo que éstas informen a la Fiscalía Europea para que pueda, en su caso, ejercer su derecho de avocación.
72. El litigio del que dimana el reenvío prejudicial se encuentra en la fase de apelación, una vez que recayó en su día la sentencia de primera instancia. En este preciso momento procesal, ¿podría aún la Fiscalía Europea ejercer su derecho de avocación?
73. La pregunta tiene como premisa, a mi juicio, que el incumplimiento de la obligación de información prevista en el artículo 24, apartado 2, del Reglamento 2017/1939 constituye un vicio de procedimiento subsanable antes de la resolución sobre el fondo. La subsanación consistiría, justamente, en permitir que la Fiscalía Europea ejercitase su derecho a la avocación.
74. El interrogante implícito en esta segunda pregunta prejudicial es si los artículos 24, apartado 2, y 27 del Reglamento 2017/1939 se oponen a que el tribunal nacional dicte una sentencia sobre el fondo mientras la Fiscalía Europea no haya estado en condiciones de adoptar una decisión relativa al ejercicio de su derecho de avocación.
75. La respuesta que propongo se apoyará de nuevo en la interpretación, según los criterios usuales, del Reglamento 2017/1939.
1. Interpretación literal
76. Textualmente, el artículo 24, apartado 2, del Reglamento 2017/1939 no fija un límite temporal preciso a la obligación de que las autoridades nacionales informen a la Fiscalía Europea.
77. Caben dos soluciones divergentes en cuanto a esa obligación: o bien sólo se podría cumplir durante la fase de investigación; o bien, de modo excepcional, más allá de la fase de investigación, una vez que aquellas autoridades han ejercitado la acción penal (y, eventualmente, los órganos jurisdiccionales están conociendo del asunto).
78. El artículo 24, apartado 2, del Reglamento 2017/1939 emplea la expresión «en cualquier momento tras el inicio de una investigación», para indicar cuándo la autoridad nacional informará a la Fiscalía Europea. Como señala la Comisión, ese precepto no limita la posibilidad de comunicación de las actuaciones nacionales al estricto período de investigación de los hechos. Permitiría, pues, aceptar que, desde el punto de vista textual, nada obsta a que el traslado de la información se haga después de que se haya promovido la acción penal.
79. Es verdad que la regla general debe ser que la comunicación de las informaciones por parte de las autoridades nacionales a la Fiscalía Europea se lleve a cabo, precisamente, en la fase de investigación. El artículo 24, apartado 2, afirma que la comunicación se hará «sin dilación indebida» y la actuación de la Fiscalía Europea en esta fase inicial puede aumentar la eficacia de las investigaciones de delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión.
80. No encuentro, sin embargo, objeciones textuales para que la información se curse, excepcionalmente, tras el ejercicio de la acción penal, cuando el asunto está pendiente ante los órganos jurisdiccionales nacionales.
81. Si, además, se trata de investigaciones realizadas por las autoridades nacionales en el «período transitorio» (cuando la Fiscalía Europea aún no había asumido sus funciones), con mayor razón habrá que permitir una excepción a la regla general.
82. El artículo 27, apartado 1, del Reglamento 2017/1939 tampoco fija un límite temporal preciso para la avocación por la Fiscalía Europea. Ésta debe adoptar su decisión «lo antes posible», una vez que reciba la información pertinente. (32)
83. La elasticidad temporal se pone de relieve al comprobar que la Fiscalía Europea también puede ejercer sus competencias cuando se haya abstenido inicialmente de ejercer la avocación, pero en el transcurso del proceso hayan aparecido hechos nuevos que puedan darle motivos para reconsiderar su decisión. Las autoridades nacionales deben informarle de esta circunstancia y la Fiscalía Europea puede ejercer la avocación, «siempre que la investigación nacional no se haya finalizado y no se haya presentado acusación ante un tribunal» (artículo 27, apartado 7, párrafo segundo, del Reglamento 2017/1939).
84. Esta última limitación temporal para el ejercicio del derecho de avocación se circunscribe a la aparición de hechos nuevos tras la previa negativa de la Fiscalía Europea a avocar el asunto. En tal hipótesis, es preciso que la investigación nacional no haya finalizado. A diferencia de la tesis defendida por el Gobierno belga en sus observaciones escritas y en la vista, no aprecio motivos para extrapolar por analogía esta regla a cualquier otra situación, a efectos del ejercicio de la avocación. Tal limitación temporal es aplicable únicamente al supuesto de información previa a la Fiscalía Europea y no ejercicio de la avocación. En esas circunstancias, si aparecen hechos nuevos, la Fiscalía Europea puede modificar su decisión y avocar el asunto, mientras la fase de investigación no haya terminado.
85. La limitación temporal del artículo 27, apartado 7, párrafo segundo del Reglamento 2017/1939 no puede, repito, aplicarse más allá de la situación precisa a la que se refiere. No me parece lógico aplicarla a los casos de información tardía (cuando el asunto está ya en fase de juicio y ha terminado la investigación) en los que la Fiscalía Europea no había tenido previamente la oportunidad de pronunciarse sobre la posibilidad de avocar.
2. Interpretación sistemática
86. El análisis sistemático de los preceptos del Reglamento 2017/1939 corrobora, a mi juicio, lo hasta ahora dicho. Son varias las razones que, desde esta perspectiva, abogan por tal solución.
87. En primer lugar, del artículo 4 del Reglamento 2017/1939 se infiere que la intervención de la Fiscalía Europea no se limita a la fase de investigación de los delitos, sino que comprende también el ejercicio de la acción penal ante los órganos jurisdiccionales nacionales. (33)
88. La información sobre las investigaciones en curso por parte de las autoridades nacionales y el derecho de avocación de la Fiscalía Europea son instrumentos clave para que ésta desarrolle sus funciones. De ahí que una y otro (la información y el derecho de avocación) puedan entrar en juego no sólo durante la fase de investigación, sino también durante el procedimiento ante los órganos jurisdiccionales, hasta que el asunto sea definitivamente resuelto.
89. Como es lógico, la Fiscalía Europea tendrá en cuenta, a la hora de avocar un asunto en fase de juicio, las consecuencias procesales de su intervención y su conveniencia para una mejor represión del delito.
90. La intervención de la Fiscalía Europea, en sustitución de las autoridades nacionales, en la fase de juicio difiere de un simple cambio de actores procesales. Puede no ser indiferente que la acusación la ejerza la Fiscalía Europea o las autoridades nacionales. Si la Fiscalía Europea avoca el asunto, nada le impide vincularlo con actuaciones transnacionales (34) y aportar elementos probatorios, en un sentido u otro, que, conforme al derecho nacional, incidan en la causa.
91. En segundo lugar, el artículo 13, apartado 1, segundo párrafo, del Reglamento 2017/1939 afirma que «los Fiscales Europeos Delegados serán responsables de aquellas investigaciones y acciones penales que hayan emprendido, que se les hayan asignado o que hayan asumido haciendo uso de su derecho de avocación». (35) De este precepto se deduce que pueden ejercer la avocación de asuntos de los que se han ocupado las autoridades nacionales durante la fase de investigación y tras el ejercicio de la acción penal, mientras están pendientes de juicio ante los órganos jurisdiccionales nacionales.
92. En tercer lugar, el artículo 27, apartado 5, del Reglamento 2017/1939 dispone que «cuando la Fiscalía Europea ejerza su derecho de avocación, las autoridades competentes de los Estados miembros le transferirán el expediente (36) y se abstendrán de realizar nuevos actos de investigación en relación con el mismo delito». En este contexto, el expediente puede abarcar los actos de investigación y los actos procesales ulteriores. La transmisión del expediente implica que la Fiscalía Europea puede, tras la avocación, utilizar los elementos de prueba acumulados en él por las autoridades nacionales.
93. En cuarto lugar, el artículo 25, apartado 6, del Reglamento 2017/1939 establece las reglas para resolver los conflictos de competencia entre la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales. Los conflictos positivos o negativos de competencia serán resueltos por un órgano jurisdiccional nacional, (37) sin que este sistema contenga límites temporales al respecto.
94. Por último, las facultades que el artículo 35, apartado 1, del Reglamento 2017/1939 atribuye a los fiscales europeos delegados (38) no implican, en contra de lo que parece sugerir el tribunal de reenvío, que la Fiscalía Europea únicamente pueda ejercer la acción penal si previamente ha llevado a cabo ella misma las investigaciones.
95. En mi opinión, el artículo 35, apartado 1, del Reglamento 2017/1939 regula el cierre de la fase de investigación cuando la Fiscalía Europea la ha llevado a cabo, lo que ocurrirá siempre en caso de investigación directa y cuando la información y la avocación se hayan producido antes del ejercicio de la acción penal. Pero esa disposición no prejuzga el límite temporal para informar a la Fiscalía Europea ni para que ésta ejerza el derecho de avocación en los casos (excepcionales) en los que el asunto ya se ha remitido al órgano jurisdiccional nacional competente para juzgarlo.
3. Interpretación teleológica
96. Como ya he expuesto, la creación de la Fiscalía Europea tiene como objetivo luchar con más eficacia contra los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión.
97. Sirve mejor a este objetivo una interpretación de las normas aplicables del Reglamento 2017/1939 que favorezca la intervención excepcional de la Fiscalía Europea (y la previa comunicación de las autoridades nacionales) más allá de la fase de investigación, cuando el asunto está pendiente ante los órganos jurisdiccionales nacionales.
98. Ciertamente, es recomendable que la intervención de la Fiscalía Europea respecto a delitos de su competencia se produzca lo antes posible en la fase de investigación, una vez que las autoridades nacionales se percatan de que los hechos pueden constituir delitos contra los intereses financieros de la Unión.
99. Ahora bien, una vez ejercitada la acción penal, la comunicación de la información a la Fiscalía Europea también puede favorecer la puesta en práctica del objetivo del Reglamento 2017/1939. (39)
100. En efecto, tras recibir la información en la fase de juicio oral, la Fiscalía Europea deberá decidir con rapidez (en un plazo de cinco días) si avoca el asunto, según el artículo 27, apartado 1, del Reglamento 2017/1939, con posibilidad de prórroga por cinco días adicionales. Esta posibilidad no impacta negativamente en la celeridad del procedimiento judicial y, por el contrario, podría redundar en una mejor administración de la justicia si la Fiscalía Europea aporta informaciones adicionales en la fase de juicio, teniendo en cuenta sus conocimientos especializados sobre la delincuencia transnacional organizada contra los intereses financieros de la Unión.
101. No ignoro que la ausencia de armonización del derecho procesal penal de los Estados miembros podría provocar diferencias entre éstos. Tampoco minimizo las dificultades que supondría la sustitución de las autoridades nacionales por la Fiscalía Europea en la fase de juicio, máxime en las instancias de apelación o casación. Esas dificultades pueden ser considerables en cuanto a la admisión de pruebas o a la pervivencia de la acción penal propuesta por la autoridad nacional hasta entonces competente.
102. La Fiscalía Europea debería tener en cuenta esas dificultades para ejercer o no su derecho de avocación y asumir la acusación únicamente cuando no existan obstáculos procesales que frustren el éxito de sus pretensiones. Si la sustitución de las autoridades nacionales por la Fiscalía Europea, según el derecho procesal nacional, generase problemas insolubles de orden interno o perjudicase gravemente el propio ejercicio de la acción penal, (40) la Fiscalía Europea tendrá que reflexionar sobre la conveniencia de la avocación.
4. Interpretación histórica
103. Durante el procedimiento legislativo para la adopción del Reglamento 2017/1939, el Consejo añadió a la propuesta de la Comisión esta frase: (41) «[l]a Fiscalía Europea podrá acogerse al derecho de avocación en cualquier momento de la fase de investigación».
104. Tras intensas discusiones, esta limitación temporal fue suprimida. (42) Me inclino a pensar que su eliminación pone de relieve la voluntad del legislador de permitir que la Fiscalía Europea pudiera ejercer el derecho de avocación sin restricciones temporales, es decir, más allá de la fase de investigación. Esta interpretación es la que la Comisión, según afirmó en la vista, deduce de las negociaciones que dieron lugar a la adopción del Reglamento 2017/1939.
105. No me parece lógico considerar que la eliminación del límite temporal pueda interpretarse como un intento de no cerrar el debate al respecto, o que se basase en la presunción de que ese mismo límite se dedujera fácilmente de otras disposiciones del Reglamento 2017/1939.
5. Articulación de la intervención de la Fiscalía Europea tras el ejercicio de la acción penal y sanción por el incumplimiento de la obligación de informar que incumbe a las autoridades nacionales
106. Si se acepta la solución que propongo (es decir, que la autoridad nacional puede, excepcionalmente, transmitir su información a la Fiscalía Europea y ésta ejercer su derecho de avocación también cuando la investigación nacional ya ha concluido), el paso siguiente es resolver cómo se pone en práctica.
107. El Reglamento 2017/1939 no precisa los cauces procesales para informar a la Fiscalía Europea y que ésta decida si ejerce o no su derecho de avocación tras el final de la fase de investigación y la apertura de la fase del juicio. Tampoco regula las consecuencias de la infracción (incumplimiento) de la obligación de información por las autoridades nacionales a la Fiscalía Europea.
108. El incumplimiento de esta obligación atenta a la competencia de la Fiscalía Europea para intervenir en los procedimientos relativos a delitos contra los intereses financieros de la Unión. Afecta, por supuesto, a las competencias de la Fiscalía Europea, pero puede incidir también en los derechos de las personas acusadas de esos delitos.
109. En esta tesitura, comparto el parecer que la propia Fiscalía Europea ha expuesto en su escrito de 24 de abril de 2026, enviado al Tribunal de Justicia para responder a la invitación de éste.
110. En ese documento, la Fiscalía Europea afirma, en síntesis, que, ante la ausencia de disposiciones explícitas del derecho de la Unión sobre las consecuencias de la infracción del artículo 24 del Reglamento 2017/1939 y, a la vista del sistema de competencia compartida establecido por el legislador con el fin de proteger los intereses financieros de la Unión,
– la falta de comunicación de un asunto a la Fiscalía Europea no debería, por sí sola, privar de legalidad al ejercicio de la acción penal por parte de las autoridades nacionales;
– la sanción procesal por el incumplimiento de la obligación de informar a la Fiscalía Europea de un asunto de su competencia debe buscarse en el derecho nacional aplicable, de conformidad con el principio de autonomía procesal de los Estados miembros (43) y con el artículo 5, apartado 3, del Reglamento 2017/1939; (44)
– una comunicación, aunque sea tardía, a la Fiscalía Europea podría constituir un remedio efectivo a la infracción del artículo 24, apartado 2, del Reglamento 2017/1939. Corresponde a la Comisión adoptar todas las medidas oportunas, en su caso, cuando la legislación nacional no prevea mecanismos suficientes para garantizar la información oportuna a la Fiscalía Europea.
111. En efecto, hay que acudir al derecho interno para discernir qué mecanismo permitiría informar a la Fiscalía Europea, (45) una vez que el proceso penal ha llegado a la fase de juicio tras haber ejercitado la acción penal las autoridades nacionales. Con arreglo a ese mismo derecho interno (interpretado de la manera más conforme al Reglamento 2017/1939), habrá de precisarse el medio que permita a la Fiscalía Europea ejercer, en su caso, el derecho de avocación y continuar en el juicio en sustitución de las autoridades nacionales.
112. Si la Fiscalía Europea es informada y decide no ejercer su derecho de avocación, el procedimiento penal continuará con la autoridad nacional que ha mantenido la acusación. Por el contrario, si la Fiscalía Europea avoca el asunto, la sustitución de la autoridad nacional debería articularse por las vías de las que disponga el derecho interno.
113. En este punto, el principio de efectividad de la aplicación del Reglamento 2017/1939 impone que la sustitución no entorpezca ni retarde el enjuiciamiento de los delitos contra los intereses financieros de la Unión: el objetivo del Reglamento 2017/1939 es, justamente, aumentar la eficacia en la persecución de esos delitos.
114. Además, si la Fiscalía Europea ejerce su derecho de avocación, deberá hacerlo sin menoscabar los derechos de quienes intervienen en el proceso en curso. (46) Deberá, por tanto, ponderar hasta qué punto su intervención en esta fase del proceso incide en el derecho de defensa de los acusados, que la Fiscalía Europea ha de respetar de conformidad con las normas procesales nacionales: sus decisiones sobre las pruebas, la calificación de los hechos, la cuantía de las penas y los demás elementos del ejercicio de la acción penal, cuando la avocación se produzca en la fase de juicio, no podrán ir en detrimento de los derechos que a los acusados les otorgue el derecho nacional.
115. Si la continuación de la acusación penal por la autoridad nacional resulta más eficaz que su sustitución por la Fiscalía Europea, esta última debería reflexionar sobre la conveniencia de abstenerse de avocar el asunto. Considero que, una vez ejercitada la acción penal y estando el asunto pendiente ante los tribunales nacionales, el empleo de la avocación debería ser excepcional.
116. En suma, los artículos 24, apartado 2, y 27 del Reglamento 2017/1939 deben interpretarse en el sentido de que las autoridades nacionales han de informar a la Fiscalía Europea de los procedimientos judiciales en curso relativos a delitos respecto de los cuales la Fiscalía Europea puede ejercer su competencia, si previamente esas autoridades nacionales no han informado a la Fiscalía Europea de sus investigaciones. En tales circunstancias, la Fiscalía Europea puede aún ejercer su derecho de avocación.
V. Conclusión
117. A tenor de lo expuesto, propongo responder al hof van beroep te Brussel (Tribunal de apelación de Bruselas, Bélgica) de la manera siguiente:
«Los artículos 24, apartado 2, 25, apartado 1, y 27 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea,
deben interpretarse en el sentido de que
– no se oponen a que las autoridades nacionales ejerciten la acción penal ante los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro, a pesar de que la Fiscalía Europea no haya sido informada de que esas autoridades habían iniciado y proseguido la investigación de un delito respecto del cual la Fiscalía Europea podría ser competente;
– las autoridades nacionales han de informar a la Fiscalía Europea de los procedimientos en curso relativos a delitos respecto de los cuales la Fiscalía Europea puede ejercer su competencia, si previamente esas autoridades nacionales no han informado a la Fiscalía Europea de sus investigaciones. En tales circunstancias, la Fiscalía Europea puede aún ejercer su derecho de avocación».
1 Lengua original: español.
i La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
2 Reglamento del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO 2017, L 283, p. 1).
3 El Reglamento 2017/1939 entró en vigor el 20 de noviembre de 2017.
4 Con arreglo al artículo 1 de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/856 de la Comisión, de 26 de mayo de 2021, por la que se determina la fecha en la que la Fiscalía Europea asume sus funciones de investigación y ejercicio de la acción penal (DO 2021, L 188. p. 100; corrección de errores en DO 2021, L 190, p. 101).
5 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del derecho penal (DO 2017, L 198, p. 29).
6 Ley que contiene diversas disposiciones en materia de justicia (Belgisch Staatsblad, 24 de febrero de 2021, p. 16822), de 17 de febrero de 2021.
7 Ley general de derechos de aduanas e impuestos especiales (Belgisch Staatsblad, 21 de septiembre de 1977, p. 11476), de 18 de julio de 1977 (en lo sucesivo, «AWDA»).
8 Auto de reenvío, apartado 4, punto 5.3.
9 El artículo 26, apartado 1, del Reglamento 2017/1939 indica que la Fiscalía Europea iniciará una investigación cuando «[…] existan motivos razonables para creer que se está cometiendo o se ha cometido un delito […]».
10 El artículo 24, apartado 1, del Reglamento 2017/1939 prevé que las instituciones, órganos u organismos de la Unión y las autoridades de los Estados miembros que sean competentes con arreglo al derecho nacional aplicable informarán a la Fiscalía Europea, sin dilación indebida, de todo comportamiento constitutivo de delito respecto del cual ésta pueda ejercer su competencia de conformidad con el artículo 22 y con el artículo 25, apartados 2 y 3.
11 Según reiterada jurisprudencia, tanto de las exigencias de la aplicación uniforme del derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que una disposición del derecho de la Unión que no incluya una remisión expresa al derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma y uniforme que tenga en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte [sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck (292/82, EU:C:1983:335), apartado 12; de 30 de abril de 2024, M. N. (EncroChat) (C‑670/22, EU:C:2024:372), apartado 109; y de 8 de abril de 2025, Fiscalía Europea (Control jurisdiccional de actos procesales) (C‑292/23, EU:C:2025:255), apartado 51].
12 Los considerandos quincuagésimo primero y quincuagésimo segundo del Reglamento 2017/1939 ayudan a comprender el alcance de este precepto.
13 El artículo 26, apartado 2, del Reglamento 2017/1939 establece la obligación recíproca de la Fiscalía Europea de informar al órgano remitente sobre su decisión de tramitar la investigación.
14 El deber de abstención no impide que la autoridad nacional adopte «todas las medidas urgentes que sean necesarias, de conformidad con la legislación nacional, para garantizar una investigación y un ejercicio de la acción penal efectivos» (artículo 27, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento 2017/1939).
15 Artículo 27, apartado 5, del Reglamento 2017/1939.
16 Según el considerando quincuagésimo octavo del Reglamento 2017/1939, «[l]a competencia de la Fiscalía Europea respecto de los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión debe, por regla general, tener prioridad sobre las reclamaciones nacionales de competencia […]».
17 No se ha retenido en el texto definitivo del Reglamento 2017/1939 la iniciativa de la Comisión de conferir a la Fiscalía Europea competencia exclusiva para la persecución de los delitos contra los intereses financieros de la Unión. Véase la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea [COM (2013) 534 final], de 17 de julio de 2023, cuyo artículo 11, apartado 4, afirmaba: «la Fiscalía Europea tendrá competencias exclusivas para investigar y procesar los delitos penales que atenten contra los intereses financieros de la Unión».
18 Reglamento adoptado mediante la Decisión 3/2020 de 12 de octubre de 2020 del Colegio de la Fiscalía Europea (EPPO) y modificado y ampliado mediante la Decisión 85/2021 de 11 de agosto de 2021 y la Decisión 26/2022 de 29 de junio de 2022 del Colegio de la Fiscalía Europea (DO 2023, C 181, p. 1).
19 Según el artículo 40, apartado 1, del Reglamento interno de la Fiscalía Europea, «la verificación para la apertura de una investigación evaluará si: a) la conducta denunciada constituye un delito que entra dentro del ámbito de competencia material, territorial, personal y temporal de la Fiscalía Europea; b) existen motivos fundados, con arreglo a la legislación nacional vigente, para considerar que se está cometiendo o se ha cometido un delito; c) existen razones jurídicas obvias que impiden la incoación de procesos penales; d) en su caso, se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 25, apartados 2, 3 y 4, del Reglamento».
20 El artículo 40, apartado 2, del Reglamento interno de la Fiscalía Europea enumera como tales el grado de la madurez de la investigación; la importancia de ésta para garantizar la coherencia de la política de investigación y ejercicio de la acción penal de la Fiscalía Europea; los aspectos transfronterizos de la investigación; y la existencia de cualquier otro motivo específico que sugiera que la Fiscalía Europea está mejor situada para proseguir la investigación.
21 El Colegio de la Fiscalía Europea puede adoptar «[…] decisiones sobre asuntos estratégicos y sobre cuestiones generales que surjan de casos particulares, en especial con el fin de garantizar la coherencia, eficiencia y sistematicidad de la estrategia de acción penal de la Fiscalía Europea en los Estados miembros […]».
22 Decisión del Colegio de la Fiscalía Europea, de 21 de abril de 2021, por la que se adoptan las Orientaciones operativas sobre investigación, política de avocación y remisión de casos, modificada por la Decisión 007/2022 de 7 de febrero de 2022 y la Decisión 026/2022 de 29 de junio de 2022 del Colegio de la Fiscalía Europea. Disponible en https://www.eppo.europa.eu/document/download/e4d8fbeb-254f-491d-aba2-286990f313c9_es?filename=2021.029-2022.026_Amended_Op_Guidelines_on_Investigation_Evocation_Referral_ES.pdf
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23 Cuando a) el asunto tenga repercusiones a escala de la Unión que requieran que la Fiscalía Europea lleve a cabo una investigación; o b) funcionarios u otros agentes de la Unión o miembros de las instituciones de la Unión sean sospechosos de haber cometido el delito.
24 Esa previsión se aplica si: «[…] a) la sanción máxima establecida por la legislación nacional para un delito incluido en el ámbito de aplicación del artículo 22, apartado 1, es igual a o menos severa que la sanción máxima establecida para un delito indisociablemente vinculado a que se refiere el artículo 22, apartado 3, salvo en caso de que este último delito haya sido un instrumental para cometer el delito incluido en el ámbito de aplicación del artículo 22, apartado 1, o b) existe algún motivo para suponer que el perjuicio causado o que puede causar a los intereses financieros de la Unión un delito de los mencionados en el artículo 22 no es mayor que el perjuicio causado o que puede causarse a otra víctima […]». Con todo, el artículo 25, apartado 4, prevé que la Fiscalía Europea pueda, con el consentimiento de las autoridades nacionales competentes, ejercer su competencia si resulta que está en mejores condiciones para investigar o ejercer la acción penal.
25 El considerando quincuagésimo tercero del Reglamento 2017/1939 indica que «el cumplimiento de dicha obligación de comunicación es esencial para el buen funcionamiento de la Fiscalía Europea, y debe interpretarse en sentido amplio para garantizar que las autoridades nacionales informen también de aquellos casos en que la evaluación de algunos criterios no es inmediatamente posible (por ejemplo, el nivel de daños o la pena aplicable) […]».
26 El considerando decimocuarto del Reglamento 2017/1939 añade que tanto la Fiscalía Europea como las autoridades nacionales competentes deben apoyarse e informarse mutuamente con el fin de luchar con eficacia contra las infracciones incluidas en el ámbito de competencia de la Fiscalía Europea.
27 Artículo 24, apartado 5, del Reglamento 2017/1939: «también se informará a la Fiscalía Europea, de conformidad con los apartados 1 y 2 del presente artículo, de los casos en los que no sea posible efectuar una evaluación de si se cumplen o no los criterios establecidos en el artículo 25, apartado 2». Este último precepto se refiere a los delitos de cuantía inferior a 10 000 euros. El artículo 24, apartado 3, impone la obligación de las autoridades nacionales de informar a la Fiscalía Europea cuando hayan iniciado una investigación respecto de un delito definido en el artículo 22 y consideren que la Fiscalía Europea podría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, apartado 3, no ejercer su competencia (cuando el derecho nacional prevé una sanción igual o más severa para un delito indisociablemente vinculado o cuando el perjuicio causado a otra víctima supera al infligido a los intereses financieros de la Unión).
28 Sentencia de 21 de diciembre de 2023, G. K. y otros (Fiscalía Europea) (C-281/22, EU:C:2023:1018), apartado 65.
29 Artículo 8, apartado 1, del Reglamento 2017/1939.
30 Artículo 86 TFUE, apartado 2, y artículo 4 del Reglamento 2017/1939.
31 Artículo 5, apartado 3, del Reglamento 2017/1939.
32 «[…] aunque no después de que transcurran cinco días desde la fecha en que reciba la información procedente de las autoridades nacionales, e informará a estas de su decisión». Los mismos plazos se aplican cuando la Fiscalía Europea tiene conocimiento de investigaciones nacionales en curso por medios distintos, es decir, sin notificación previa de las autoridades nacionales, según el artículo 27, apartado 3, del Reglamento 2017/1939.
33 Considerando trigésimo primero del Reglamento 2017/1939: «el ejercicio de las funciones del fiscal ante los órganos jurisdiccionales competentes continúa hasta la conclusión del proceso, es decir, hasta la decisión definitiva que determina si el sospechoso o acusado ha cometido o no el delito, con inclusión, cuando proceda, de la sentencia y la resolución de cualquier acción legal o recurso que quepa interponer hasta que dicha decisión sea definitiva».
34 Eventualmente, podría incluso proponer la inhibición en favor de los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro, en función del lugar que constituya el centro de la actividad delictiva o, si se han cometido varios delitos conexos, del lugar en el que se haya cometido la mayor parte de los delitos, en el sentido del artículo 26, apartado 4, del Reglamento 2017/1939.
35 Cursiva añadida.
36 Cursiva añadida.
37 Corresponde al Estado miembro designar al órgano jurisdiccional nacional que decidirá el conflicto sobre la atribución de competencia.
38 «Cuando el Fiscal Europeo Delegado encargado considere concluida la investigación, presentará un informe al Fiscal Europeo supervisor, con un resumen del caso y una propuesta de decisión sobre si se debe acusar ante un órgano judicial nacional o considerar la remisión del caso, su archivo o un procedimiento simplificado de ejercicio de la acción penal por acuerdo, con arreglo a los artículos 34, 39 o 40».
39 Aunque la Fiscalía Europea decida no ejercer el derecho de avocación, la comunicación de las autoridades nacionales puede tener repercusiones positivas en la persecución de otros delitos contra intereses financieros de la Unión que la Fiscalía Europea esté investigando.
40 Según los casos, podrían suscitarse problemas de prescripción o de aplicación de la regla ne bis in idem.
41 Artículo 19, apartado 3, in fine, de la propuesta de Reglamento contenida en el documento del Consejo de 14 de mayo de 2014 (9478/1/14 REV 1); retomada en el artículo 21a, apartado 4, primera frase, de la propuesta de Reglamento modificada, que se contiene en el documento del Consejo de 28 de noviembre de 2014 (15862/1/14 REV 1).
42 Documento del Consejo de 26 de mayo de 2015 (8316/3/15 REV 3).
43 Según reiterada jurisprudencia, en virtud de este principio, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro configurar la regulación procesal de las vías de recurso necesarias para garantizar a los justiciables, en los ámbitos cubiertos por el derecho de la Unión, el respeto de su derecho a la tutela judicial efectiva, a condición, sin embargo, de que dicha regulación no sea menos favorable en las situaciones comprendidas en el ámbito del derecho de la Unión que en situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y de que no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad). Sentencias de 21 de diciembre de 2021, Randstad Italia (C‑497/20, EU:C:2021:1037), apartados 56 y 58; y de 8 de abril de 2025, Fiscalía Europea (Control jurisdiccional de actos procesales) (C‑292/23, EU:C:2025:255), apartado 82.
44 Con arreglo al artículo 5, apartado 3, del Reglamento 2017/1939, «la legislación nacional se aplicará a las cuestiones que no estén reguladas por el presente Reglamento».
45 En el derecho belga, la obligación de informar a la Fiscalía Europea en aplicación del artículo 24, apartado 2, del Reglamento 2017/1939 parece recaer en el procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral, a los que se refiere el artículo 156/1, apartado 3, del Código Judicial, mencionado en las observaciones del Gobierno belga y de la Comisión, o en el funcionario de la Administración General de Aduanas e Impuestos Especiales mencionado en el artículo 285/2, apartado 1, de la Ley general de derechos de aduanas e impuestos especiales, citado por el órgano jurisdiccional remitente.
46 Según al artículo 5, apartado 1, del Reglamento 2017/1939, «la Fiscalía Europea se asegurará de que sus actividades respeten los derechos consagrados en la Carta [de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea]».