Edición provisional

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 22 de octubre de 2026 (*)

« Procedimiento prejudicial — Ayudas de Estado — Reglamento (UE) 2017/352 — Servicio de practicaje portuario obligatorio de buques — Normativa nacional que confiere a organismos públicos el derecho exclusivo a prestar ese servicio — Concepto de “ayuda” — Actividad económica — Prerrogativa de poder público — Seguridad marítima »

En el asunto C‑117/25,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Tribunal Supremo, Rumanía), mediante resolución de 20 de noviembre de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 4 de febrero de 2025, en el procedimiento entre

Canal Sea Services SRL,

Maritime Pilot SRL,

Asociația Piloților Maritimi din România Euxin Pilot,

Black Sea Pilots SRL,

Asociația Piloților Maritimi Trident,

Black Waters SA,

Asociația Piloților Maritimi Independenți Tomis

contra

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA,

con intervención de:

RJ,

NC,

FR,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. F. Biltgen, Presidente de Sala, y los Sres. S. Gervasoni (Ponente) y A. Kumin, la Sra. I. Ziemele, y el Sr. M. Bošnjak Jueces;

Abogado General: Sr. A. Biondi;

Secretario: Sr. V. Di Bucci;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

–        en nombre de Canal Sea Services SRL, por el Sr. M. Mihalache, y el Sr. A. Ramazan, avocat;

–        en nombre de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA, por los Sres. O. Oprea, T. Pepi, M. Teodorescu y la Sra. A. Vasilescu-Naiden, en calidad de agentes;

–        en nombre del Gobierno rumano, por las Sras. E. Gane, B.‑I. Ciulacu y A. Wellman, en calidad de agentes;

–        en nombre del Gobierno belga, por el Sr. P. Cottin y la Sra. M. Van Regemorter, en calidad de agentes;

–        en nombre del Gobierno francés, por la Sra. B. Dourthe y el Sr. T. Lechevallier, en calidad de agentes;

–        en nombre del Gobierno italiano, por los Sres. S. Fiorentino y P. Passolunghi, en calidad de agentes;

–        en nombre de la Comisión Europea por el Sr. M. Farley, y las Sras. L. Nicolae y B. Sasinowska, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 26 de marzo de 2026;

dicta la siguiente

Sentencia

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 107 TFUE, apartado 1, y del Reglamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2017, por el que se crea un marco para la prestación de servicios portuarios y se adoptan normas comunes sobre la transparencia financiera de los puertos (DO 2017, L 57, p. 1).

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre, por una parte, las sociedades portuarias Canal Sea Services SRL, Maritime Pilot SRL, Black Sea Pilots SRL y Black Waters SA, las asociaciones profesionales Asociația Piloților Maritimi din România Euxin Pilot, Asociația Piloților Maritimi Trident, Asociația Piloților Maritimi Independenți Tomis, así como RJ, NC y FR, tres personas físicas empleadas como prácticos portuarios, y, por otra, el Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (Ministerio de Transportes, Infraestructura y Comunicaciones, Rumanía) (en lo sucesivo, «Ministerio de Transportes») y la Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA en relación con la legalidad de una orden adoptada el 19 de mayo de 2020 por el Ministerio de Transportes relativa a la prestación del servicio obligatorio de practicaje de buques marítimos y marítimo-fluviales (en lo sucesivo, «Orden controvertida»).

 Marco jurídico

 Derecho de la Unión

 Tratado FUE

3        El artículo 107 TFUE, apartado 1, establece:

«Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.»

 Reglamento (UE) 2017/352

4        El Reglamento 2017/352 establece un marco para la prestación de servicios portuarios, así como normas comunes sobre la transparencia financiera y las tasas de los servicios portuarios y las tarifas de las infraestructuras portuarias, a fin de permitir la plena integración de los puertos en las cadenas de transporte y contribuir así a un funcionamiento más eficiente de la red transeuropea de transporte y del mercado interior.

5        Según los considerandos 6, 24 y 39 del referido Reglamento:

«(6)      El establecimiento de un marco claro de disposiciones transparentes, equitativas y no discriminatorias relativas a la financiación y al cobro de tasas por infraestructuras portuarias y tarifas por servicios portuarios desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar que la estrategia comercial y los planes de inversión propios del puerto, y, en su caso, el marco político nacional en materia portuaria cumplan plenamente las normas en materia de competencia. En especial, la transparencia de las relaciones financieras permite un control justo y efectivo de las ayudas estatales y, por lo tanto, impide las distorsiones del mercado. Con este fin, en las Conclusiones del Consejo [de la Unión Europea] de 5 de junio de 2014 se insta a la Comisión [Europea] a explorar directrices sobre ayudas estatales para puertos marítimos, con el objetivo de garantizar una competencia equitativa y un marco jurídico estable para la inversión portuaria.

[…]

(24)      La Unión [Europea] cuenta con una gran variedad de puertos marítimos con diferentes modelos de organización de los servicios portuarios. En consecuencia, no sería adecuada la imposición de un único modelo. El organismo gestor del puerto, o la autoridad competente, debe poder limitar el número de prestadores de un determinado servicio portuario, cuando algún motivo lo justifique.

[…]

(39)      De acuerdo con la resolución A.960 de la Organización Marítima Internacional, cada zona de practicaje requiere una experiencia sumamente especializada y un gran conocimiento local por parte del práctico. Además, el practicaje es generalmente obligatorio y a menudo son los propios Estados miembros quienes se ocupan de su organización o prestación. Por otra parte, la Directiva 2009/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [de 23 de abril de 2009, sobre el control de los buques por el Estado rector del puerto (DO 2009, L 131, p. 57),] dispone que los prácticos informen a las autoridades competentes de las anomalías aparentes que puedan resultar perjudiciales para la navegación segura del buque o constituir una amenaza o ser dañinas para el medio marino. […] A fin de evitar posibles conflictos de intereses entre esas funciones de interés público y las consideraciones comerciales, el capítulo II del presente Reglamento no se debe aplicar al practicaje. Sin embargo, los Estados miembros deben conservar la potestad de disponer que el capítulo II se aplique al practicaje. Si deciden que se aplique, deben informar de ello a la Comisión, con el fin de garantizar la distribución de información pertinente.»

6        El artículo 1 del referido Reglamento, titulado «Objeto y ámbito de aplicación», dispone en su apartado 2:

«El presente Reglamento se aplica a la prestación de las siguientes categorías de servicios portuarios (en lo sucesivo, “servicios portuarios”), bien dentro de la zona portuaria o bien en los accesos navegables que permiten entrar al puerto:

[…]

f)      practicaje, […]

[…]»

7        El artículo 2, punto 8, de ese mismo Reglamento define «practicaje» como «el servicio de guía de un buque por parte de un práctico o de una estación de practicaje para permitir la entrada o la salida seguras del buque en la vía de acceso navegable del puerto o la navegación segura dentro de él».

8        El capítulo II del Reglamento 2017/352, titulado «Prestación de servicios portuarios», contiene disposiciones destinadas a limitar las restricciones que se aplican a estos servicios, regulando, en particular, la organización de dichos servicios y, más concretamente, los requisitos mínimos aplicables a su prestación, relativos a las cualificaciones profesionales de los prestadores o incluso al cumplimiento de los requisitos de seguridad marítima o medioambiental, la garantía del cumplimiento de dichos requisitos mínimos, la limitación del número de prestadores y las obligaciones de servicio público.

9        El artículo 10 del citado Reglamento, titulado «Exenciones» y que figura en dicho capítulo II, dispone:

«1.      Lo dispuesto en el presente capítulo y en el artículo 21 no se aplicará […] al practicaje.

2.      Los Estados miembros podrán decidir aplicar al practicaje lo dispuesto en el presente capítulo y en el artículo 21. Los Estados miembros informarán de cualquier decisión de ese tipo a la Comisión.»

10      El capítulo III de dicho Reglamento, titulado «Transparencia y autonomía financieras», establece la transparencia de las relaciones financieras entre los poderes públicos y el organismo gestor del puerto que recibe financiación pública. Por otra parte, este capítulo establece las normas aplicables a las tasas por los servicios portuarios.

 Directiva 2009/16

11      La Directiva 2009/16, establecía, en su artículo 23, apartado 1, que los prácticos «informen inmediatamente a la autoridad competente del Estado rector del puerto […] cuando observen en el ejercicio de sus funciones normales anomalías aparentes que puedan perjudicar la navegación segura del buque o que constituyan una amenaza para el medio marino».

 Derecho nacional rumano

12      La base jurídica de la Orden controvertida es el Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a Căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare (Decreto del Gobierno n.º 22/1999, relativo a la gestión de los puertos y de las vías navegables, la utilización de las infraestructuras marítimas de dominio público, así como al ejercicio de las actividades de transporte marítimo en puertos y en vías navegables interiores), de 29 de enero de 1999 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.º 511 de 22 de julio de 2010), en su redacción aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «OG n.º 22/1999»).

13      El artículo 5 del OG n.º 22/1999 establece:

«La administración de puertos y vías navegables interiores, el seguimiento o la prestación de los servicios de seguridad previstos en el artículo 19, apartado 1, letra b), punto 1, así como la realización de las actividades auxiliares previstas en el artículo 19, apartado 1, letra c), punto 1, serán realizadas por las administraciones portuarias o de vías navegables interiores; en lo sucesivo, “administraciones”.»

14      El artículo 19, apartado 1, letra b), del OG n.º 22/1999 define las «actividades conexas a las actividades de transporte por vías navegables» en el sentido de que incluyen, en particular, «los servicios de seguridad en los puertos y las vías navegables interiores; en lo sucesivo, «servicios de seguridad», tales como: el practicaje de los buques de navegación marítima y de los buques marítimo-fluviales a su llegada a los puertos y a su salida, entre los puestos de atraque del mismo puerto y en las vías navegables interiores, así como el remolque de maniobras de los buques marítimos y de los buques marítimo-fluviales en los puertos». En virtud del apartado 2 de dicho artículo, «las actividades de transporte marítimo que solo puedan ser ejercidas por operadores económicos autorizados, así como las modalidades y criterios de autorización, se establecerán mediante orden del Ministro de Transportes».

15      El artículo 47 del OG n.º 22/1999 establece:

«1.      Los servicios de seguridad se prestarán bajo el control del Estado, a través del Ministerio [de Transportes].

2.      Se considerarán servicios de seguridad el practicaje de buques marítimos y de buques marítimo-fluviales a la entrada y salida de los puertos, entre los puestos de atraque del mismo puerto y en las vías navegables interiores, y el remolque de buques marítimos y de buques marítimo-fluviales en los puertos.»

16      El artículo 48 del OG n.º 22/1999 precisa que «los servicios de seguridad se prestarán a todos los usuarios que recurran a ellos, de manera permanente, no discriminatoria, uniforme y continua, en igualdad de condiciones de calidad, duración y precio» y su artículo 49 añade que «el Ministerio [de Transportes] determinará los puertos, las vías navegables interiores, las zonas o partes de dichas zonas, así como las categorías de buques para los que el servicio de practicaje será obligatorio».

17      El artículo 50 del OG n.º 22/1999 establece:

«(1)      El practicaje de buques marítimos y marítimo-fluviales en los puertos donde dicho servicio sea obligatorio será prestado por las administraciones portuarias:

a)      mediante el cuerpo de prácticos de la administración;

b)      mediante operadores económicos especializados, autorizados de conformidad con el artículo 19, apartado 2, en virtud de un contrato celebrado de manera no discriminatoria entre la administración y los operadores económicos en cuestión;

c)      mediante la concesión del servicio de practicaje, de acuerdo con la ley, por parte de la administración a operadores económicos especializados autorizados de conformidad con el artículo 19, apartado 2.

(2)      Cuando, en los puertos a que se refiere el apartado 1, no exista ningún operador económico autorizado capaz de prestar el servicio de practicaje previsto o cuando sea imposible, por razones objetivas, ejecutar los contratos de concesión celebrados, la prestación de dichos servicios será efectuada por las administraciones y por operadores económicos autorizados de conformidad con el artículo 19, apartado 2, sobre la base de contratos adjudicados de conformidad con la ley.

(3)      Cuando el practicaje sea realizado por operadores económicos autorizados, estos comunicarán a las administraciones las tasas de practicaje y las facilidades concedidas.

(4)      Las administraciones harán pública la lista de los operadores económicos autorizados con los que hayan celebrado contratos de practicaje, las tarifas aplicadas y las facilidades concedidas por estos.

(5)      Los operadores económicos a que se refiere el apartado 1 abonarán una tasa fijada por la administración por la utilización de la infraestructura portuaria.

(6)      Las formas de ejercicio del servicio de practicaje de buques se aprobarán mediante orden del Ministro de Transportes.»

18      El artículo 661, incluido en el capítulo X1, del OG n.º 22/1999 crea el «Consejo de Vigilancia naval», que tiene, en particular, a tenor del artículo 662, apartado 2, letra d), la siguiente misión:

«aprobar las normas que justifiquen las tarifas aplicadas por las administraciones portuarias […] por la prestación de los servicios de seguridad y el desglose de dichas tarifas por partidas de gastos y comprobar su proporcionalidad respecto al coste del servicio prestado».

19      Por otra parte, en virtud del artículo 23, apartado 1, de la Hotărârea de Guvern nr. 811/2010 privind controlul statului portului (Decisión del Gobierno n.º 811/2010, relativa al control del Estado rector del puerto), por la que se transpone la Directiva 2009/16 al Derecho rumano, «[l]os prácticos […] informarán inmediatamente [a la autoridad naval rumana] de las anomalías manifiestas que detecten en el ejercicio de sus funciones y que puedan poner en peligro la seguridad de la navegación del buque o constituir una amenaza para el medio marino».

20      El artículo 116, apartado 2, del Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare (Decreto del Gobierno n.º 42/1997, relativo al transporte marítimo y por las vías navegables interiores) añade que, «cuando el práctico considere que el buque supone un riesgo para la seguridad de la navegación o para la protección del puerto, u observe irregularidades en la ejecución de la maniobra, podrá solicitar a la capitanía del puerto que interrumpa la navegación o la maniobra del buque en el que realiza el practicaje, hasta que se restablezcan las condiciones que permitan una navegación segura».

 Litigio principal y cuestión prejudicial

21      En 2012, el Ministerio de Transportes adoptó una orden que establecía que el practicaje en los puertos de Brăila, de Constanza, de Galați, de Sulina y de Tulcea (Rumanía) debía realizarse a través de operadores económicos especializados, sobre la base de contratos de servicios celebrados de manera no discriminatoria entre dichos operadores y las administraciones portuarias. Esa orden fue modificada en 2017 para establecer que el servicio de practicaje solo podía prestarse a través del cuerpo de prácticos de la administración autónoma Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați (Administración Fluvial del curso bajo del Danubio, Galați, Rumanía) en algunos de esos puertos.

22      Estas disposiciones fueron derogadas por la Orden controvertida, que suprimió la posibilidad de que las empresas privadas obtuvieran autorizaciones para prestar el servicio de practicaje a buques marítimos y a buques marítimo-fluviales o la posibilidad de celebrar contratos de concesión para la prestación de dicho servicio. En particular, los artículos 1 a 3 de la Orden controvertida establecieron la obligatoriedad del servicio de practicaje de los buques marítimos y de los buques marítimo-fluviales en determinados puertos (Brăila, Constanza, Galați, Sulina y Tulcea), así como en determinadas zonas, a saber, determinados canales y sectores del Danubio, para todos los buques, sin perjuicio de excepciones limitadas, en particular, a los buques militares y a las embarcaciones de recreo. También en virtud de los artículos citados, este servicio se presta en lo sucesivo exclusivamente a través de los cuerpos de prácticos de entidades públicas, que tienen el estatuto de empresa pública o de administración autónoma, como Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța (Compañía Nacional de Administración de Puertos Marítimos SA, Constanza, Rumanía) y Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile SA (Compañía Nacional de Administración de Canales Navegables SA, Rumanía) (en lo sucesivo, conjuntamente, «Administración portuaria»), cada una en los puertos o en las zonas de su competencia.

23      Las sociedades portuarias y las asociaciones portuarias, apoyadas por los prácticos portuarios, interpusieron un recurso de anulación contra la Orden controvertida ante la Curtea de Apel Constanța (Tribunal Superior de Constanza, Rumanía), alegando que dicha Orden infringe el artículo 107 TFUE, apartado 1, al conceder el derecho exclusivo a prestar el servicio de practicaje a la Administración portuaria. El Ministerio de Transportes sostuvo, en cambio, que la Orden controvertida es conforme con las normas en materia de ayudas de Estado, ya que no se cumple el requisito de la existencia de una actividad económica debido a la falta de apertura a la competencia del servicio de practicaje con arreglo al Reglamento 2017/352.

24      Mediante sentencia de 22 de diciembre de 2021, la Curtea de Apel Constanța (Tribunal Superior de Constanza) desestimó dicho recurso por infundado. Consideró, en particular, que, en virtud del Reglamento 2017/352, el servicio de practicaje prestado en los puertos de los Estados miembros había quedado exento de la aplicación de las normas de competencia, habida cuenta de las repercusiones que dicho servicio puede tener en la seguridad y en la protección del medio ambiente, estando obligadas las administraciones portuarias y de las vías navegables a velar por que dicho servicio se preste de manera eficaz. Ese órgano jurisdiccional consideró también que, cuando se adoptó la Orden controvertida, se había tenido en cuenta la resolución del Consiliul Concurenței (Consejo de la Competencia, Rumanía), de 10 de agosto de 2016, que había constatado una deficiencia en el mercado, a saber, en el caso de autos, una infracción de las normas de competencia por parte de los operadores económicos encargados anteriormente del servicio de practicaje.

25      Las recurrentes en el litigio principal interpusieron entonces recurso de casación contra esa sentencia ante la Înalta Curte de Casație și Justiție (Tribunal Supremo, Rumanía), que es el órgano jurisdiccional remitente. Esta última solicitó a la Comisión que le proporcionara un dictamen sobre la conformidad de la normativa controvertida con el Derecho de la Unión.

26      En dicho dictamen, la Comisión consideró, en primer lugar, que la Orden controvertida había concedido a la Administración portuaria un derecho exclusivo a prestar el servicio de practicaje en determinadas zonas y en determinados puertos; en segundo lugar, que dicha medida se concedía mediante fondos estatales, era imputable al Estado, confería una ventaja selectiva a sus beneficiarios y podía afectar a los intercambios entre Estados miembros y, en tercer lugar, que correspondía al órgano jurisdiccional nacional determinar si la actividad de practicaje constituía una actividad económica y si la Orden controvertida falseaba la competencia.

27      El órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la calificación de actividad económica o de actividad comprendida en el ejercicio de prerrogativas de poder público del servicio de practicaje de que se trata y, en el supuesto de que se trate de una actividad económica, sobre la conformidad con el Derecho de la Unión de la concesión exclusiva de dicho servicio, mediante la Orden controvertida, a entidades públicas. Se pregunta, concretamente, si la prestación de este servicio puede quedar exenta de la aplicación las normas en materia de competencia en virtud del Reglamento 2017/352 o si sus formas de organización, tal como se establecen en la Orden controvertida, pueden constituir un monopolio estatal prohibido por el artículo 107 TFUE, apartado 1, y que podría dar lugar a una vulneración de la libertad de establecimiento o de la libre prestación de servicios.

28      En estas circunstancias, la Înalta Curte de Casație și Justiție (Tribunal Supremo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Deben interpretarse el artículo 107 TFUE, apartado 1, y el Reglamento [2017/352] en el sentido de que una medida adoptada por un Estado miembro en virtud de la cual los servicios obligatorios de practicaje portuario se prestan exclusivamente por determinadas entidades de titularidad estatal, aunque anteriormente dichos servicios también se hubieran prestado por otras empresas privadas (que no eran de titularidad estatal), establece un monopolio legal conforme con el Derecho de la Unión, constituyendo una forma permitida de excepción al mercado competitivo o, por el contrario, constituye una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior que puede excluir la competencia en el mercado y para el mercado?»

 Sobre la cuestión prejudicial

29      Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 107 TFUE, apartado 1, y el Reglamento 2017/352 deben interpretarse en el sentido de que una medida adoptada por un Estado miembro que crea un monopolio en favor de determinados organismos públicos portuarios para confiar a estos la actividad de practicaje obligatorio constituye una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior.

30      Para proporcionar al órgano jurisdiccional remitente una respuesta útil, cabe recordar que, a efectos de la calificación de una medida adoptada por un Estado miembro como ayuda de Estado, el artículo 107 TFUE, apartado 1, presupone, entre otras condiciones, la existencia de una ventaja otorgada a una empresa. A este respecto, procede señalar que, por un lado, a efectos de la aplicación de las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de competencia, una empresa es cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación. Por otro lado, constituye una actividad económica cualquier actividad consistente en ofrecer bienes o servicios en un determinado mercado (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de octubre de 2015, EasyPay y Finance Engineering, C‑185/14, EU:C:2015:716, apartados 36 y 37 y jurisprudencia citada).

31      En cambio, no tienen carácter económico las actividades que se vinculan al ejercicio de prerrogativas de poder público (véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de julio de 2008, MOTOE, C‑49/07, EU:C:2008:376, apartado 24, y de 24 de marzo de 2022, GVN/Comisión, C‑666/20 P, EU:C:2022:225, apartado 70).

32      Más concretamente, están comprendidas dentro de tales prerrogativas de poder público a la vez las actividades que lo son por su esencia, es decir, las que forman parte de las funciones esenciales del Estado (véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de enero de 1994, SAT Fluggesellschaft, C‑364/92, EU:C:1994:7, apartados 24, 25 y 27, y de 18 de marzo de 1997, Diego Cali & Figli, C‑343/95, EU:C:1997:160, apartado 22), y las actividades que lo están por vínculo, es decir, las que están indisociablemente vinculadas a esas funciones. En efecto, como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en la medida en que un organismo público ejerce una actividad económica que puede disociarse del ejercicio de sus prerrogativas de poder público, dicho organismo, por lo que respecta a esa actividad, actúa como empresa, mientras que si dicha actividad económica es indisociable del ejercicio de sus prerrogativas de poder público, todas las actividades ejercidas por dicho organismo se considerarán actividades vinculadas al ejercicio de esas prerrogativas (véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de marzo de 2009, SELEX Sistemi Integrati/Comisión, C‑113/07 P, EU:C:2009:191, apartados 71 a 77, y de 12 de julio de 2012, Compass-Datenbank, C‑138/11, EU:C:2012:449, apartado 38).

33      Para determinar si una determinada actividad está vinculada al ejercicio de prerrogativas de poder público, es preciso examinar su naturaleza, su objeto y las normas que la regulan (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de julio de 2025, INTERZERO y otros, C‑254/23, EU:C:2025:569, apartado 49 y jurisprudencia citada).

34      En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la calificación de la actividad de practicaje marítimo, tal como se regula en el OG n.º 22/1999 y en la Orden controvertida.

35      A este respecto, procede señalar de entrada, como subrayó el Abogado General en los puntos 25 y 26 de sus conclusiones, que el Reglamento 2017/352, que forma parte de la política de transportes de la Unión y cuyo objeto es promover el transporte marítimo, no tiene por efecto consagrar el carácter de prerrogativa de poder público de esta actividad ni eximir a dicha actividad de la aplicación de las normas sobre competencia, en general, y del artículo 107 TFUE, en particular.

36      Es cierto que el artículo 10 del Reglamento 2017/352 establece que, salvo decisión en contrario de los Estados miembros, el capítulo II de este Reglamento no es aplicable al practicaje, que se define, en el artículo 2, punto 8), de dicho Reglamento, como «el servicio de guía de un buque por parte de un práctico o de una estación de practicaje para permitir la entrada o la salida seguras del buque en la vía de acceso navegable del puerto o la navegación segura dentro de él».

37      Sin embargo, la exclusión del practicaje del ámbito de aplicación del referido capítulo II no puede asimilarse a una exclusión de esta actividad del ámbito de aplicación de las normas sobre competencia. En efecto, el capítulo II versa específicamente sobre el acceso al mercado y la organización de la prestación de los servicios portuarios. Establece requisitos mínimos para la prestación de dichos servicios, en particular respecto a las cualificaciones profesionales de los prestadores y al cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad marítima, seguridad o protección del medio ambiente. Establece también mecanismos de garantía del cumplimiento de estos requisitos mínimos y, en determinadas condiciones, la posibilidad de limitar el número de prestadores de servicios. Así pues, estas disposiciones tienen principalmente por objeto regular la organización y las condiciones de acceso a la prestación de los servicios portuarios y reducir las restricciones que pueden obstaculizar su prestación.

38      Por ello, el artículo 10 del Reglamento 2017/352 debe entenderse como una disposición que delimita el ámbito de aplicación únicamente de este capítulo II, y no como una norma que establece una calificación de principio en cuanto a la naturaleza, económica o no económica, de la actividad de practicaje. Esta interpretación se ve ratificada por el hecho de que las demás disposiciones del Reglamento resultan aplicables a esa actividad. Así sucede, en particular, con el capítulo III del citado Reglamento, relativo a la transparencia financiera y a la autonomía de las autoridades portuarias y de los prestadores de servicios portuarios. Pues bien, como se desprende del considerando 6 del referido Reglamento, las exigencias de transparencia financiera persiguen, en particular, el objetivo de garantizar que la política portuaria nacional se ajuste plenamente a las normas de competencia, en particular las relativas a las ayudas de Estado.

39      Por lo tanto, el Reglamento 2017/352 no determina la naturaleza económica o no económica de la actividad de practicaje en el sentido del artículo 107 TFUE. En todo caso, no puede considerarse que la eventual exclusión de la aplicación del capítulo II de dicho Reglamento a esta actividad revele la voluntad del legislador de la Unión de reconocer que esta actividad está vinculada al ejercicio de prerrogativas de poder público.

40      Por consiguiente, en la medida en que, como se desprende de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia, las autoridades rumanas no han hecho uso de la facultad, prevista en el artículo 10 del Reglamento 2017/352, de someter el practicaje a las disposiciones del capítulo II de dicho Reglamento, para comprobar si la actividad de practicaje controvertida en el litigio principal tiene carácter económico o está vinculada al ejercicio de prerrogativas de poder público, procede basarse principalmente en las disposiciones nacionales aplicables al practicaje, las modalidades concretas con arreglo a las cuales se ejerce dicha actividad y las condiciones en las que se financia.

41      Con arreglo a las disposiciones recogidas en el OG n.º 22/1999, el «practicaje de buques marítimos y de buques marítimo-fluviales a su entrada a los puertos y salida de los puertos, entre los puestos de atraque del mismo puerto y en las vías navegables interiores» se califica de «servicio de seguridad», prestado bajo el control del Estado. Además, se presta «a todos los usuarios que recurran [a los prácticos], de manera permanente, no discriminatoria, uniforme y continua, en igualdad de condiciones de calidad, duración y precio». También según dichas disposiciones, el Ministro de Transportes determinará el carácter obligatorio del uso del practicaje para determinados puertos, zonas o categorías de buques. A este respecto, la Orden controvertida tiene precisamente por objeto establecer el carácter obligatorio del practicaje en determinados puertos y en determinadas zonas que designa.

42      Como continuación de la Resolución A.960 de la Organización Marítima Internacional, mencionada en el considerando 39 del Reglamento 2017/352, conforme a la cual cada zona de practicaje exige que el práctico posea una experiencia altamente especializada y un conocimiento de las condiciones locales, el Gobierno rumano precisó en sus observaciones escritas que el acceso a la profesión de práctico en Rumanía y la continuidad en la actividad de los prácticos está supeditada a una serie de criterios vinculados, en particular, a un elevado nivel de formación profesional, a la necesidad de poseer permisos y a su actualización periódica. Esta actualización periódica de los permisos implica la participación en formaciones y su finalización, así como la realización de un número mínimo de maniobras de practicaje.

43      Las misiones de los prácticos fueron detalladas en la Decisión del Gobierno n.º 811/2010, relativa al control del Estado rector del puerto, según la cual los prácticos deben informar inmediatamente a las autoridades competentes del Estado rector del puerto de las anomalías manifiestas que detecten en el ejercicio de sus funciones y que puedan poner en peligro la navegación segura o constituir una amenaza para el medio marino. Por otra parte, conforme a la Orden n.º 42/1997, relativa al transporte marítimo y por las vías navegables interiores, cuando el práctico considere que el buque supone un riesgo para la seguridad de la navegación o para la protección del puerto, o detecte irregularidades en la ejecución de la maniobra, podrá solicitar a la capitanía del puerto que interrumpa la navegación o la maniobra del buque en el que realiza el practicaje hasta que se restablezcan las condiciones necesarias para una navegación segura.

44      De las anteriores disposiciones nacionales se desprende que el legislador rumano ha hecho obligatoria la actividad de practicaje para determinados puertos, determinadas zonas o determinadas categorías de buques con el fin de garantizar el ejercicio de las funciones esenciales del Estado.

45      En efecto, en primer término, la actividad de practicaje que realiza la Administración portuaria tiene por objeto garantizar la seguridad del tráfico marítimo y portuario y, al prevenir las amenazas para el medio marino, proteger el medio ambiente en un puerto. Estas misiones de interés general forman parte de las funciones esenciales del Estado (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de marzo de 1997, Diego Cali & Figli, C‑343/95, EU:C:1997:160, apartado 22) y, en el caso de autos, corren a cargo de esa misma Administración portuaria.

46      En segundo término, los prácticos no se limitan a cumplir por sí mismos las normas de seguridad de la navegación y de protección del medio ambiente en el puerto. Al subir a bordo de los buques para ejercer su actividad de practicaje y notificar posibles irregularidades a las autoridades portuarias competentes que pueden dar lugar a la interrupción de la navegación, los prácticos se cercioran de que tales buques cumplen dichas normas de seguridad y de protección del medio ambiente.

47      En tercer término, el carácter sistemático de la intervención de los prácticos en los puertos y zonas de que se trata para todos los buques, sin perjuicio de excepciones limitadas a los buques militares y a las embarcaciones de recreo, implica que la mayor parte de los buques que entran, salen o navegan en esos puertos y zonas son objeto de practicaje.

48      De estas consideraciones resulta que la actividad de practicaje que realiza la Administración portuaria es indisociable de las que tienen por objeto, de manera general, controlar el tráfico marítimo y portuario y garantizar su seguridad, así como garantizar la protección del medio ambiente en el puerto de que se trate. En efecto, el practicaje participa directamente en el objetivo de seguridad y de protección del medio ambiente en los puertos, perseguido por las actividades de control y de garantía de dicha seguridad y protección (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de marzo de 2009, SELEX Sistemi Integrati/Comisión, C‑113/07 P, EU:C:2009:191, apartado 76).

49      Esta vinculación al ejercicio de prerrogativas de poder público no se basa en los derechos exclusivos concedidos a la Administración portuaria para ejercer la actividad de practicaje en el asunto principal y es, por tanto, independiente del reconocimiento de tales derechos. Por consiguiente, no puede considerarse que el mero hecho de que un Estado miembro decida, como en el caso de autos, sustraer, por consideraciones de interés público, una actividad al juego de la competencia creando un monopolio legal en favor de una entidad a la que se han confiado derechos exclusivos haya originado la falta de carácter económico de dicha actividad (véase la sentencia de 10 de julio de 2025, INTERZERO y otros, C‑254/23, EU:C:2025:569), apartado 56 y jurisprudencia citada.

50      Por otra parte, también es indiferente en el caso de autos el hecho de que la actividad de practicaje esté tarificada, puesto que las normas de dicha tarificación son aprobadas por las autoridades públicas rumanas, en este caso un organismo público independiente, denominado «Consejo de Supervisión Naval». En efecto, según reiterada jurisprudencia, el hecho de que un servicio prestado por un organismo público y vinculado al ejercicio por este de prerrogativas de poder público se preste a cambio de una remuneración no basta para calificar la actividad ejercida de actividad económica y al organismo que lo ejerce como empresa, cuando dicha remuneración es aprobada por las autoridades públicas (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de marzo de 1997, Diego Cali & Figli, C‑343/95, EU:T:1997:160, apartados 22 a 25).

51      Por último, el hecho de que la actividad de practicaje haya podido considerarse, en un contexto distinto del de la normativa rumana aplicable en el litigio principal, una actividad económica o de que el Reglamento 2017/352 no la exima de la aplicación de las normas sobre competencia no permite excluir que la actividad de practicaje de que se trata en el litigio principal pueda estar vinculada al ejercicio de prerrogativas de poder público. En efecto, como se desprende de la jurisprudencia recordada en el apartado 32 de la presente sentencia, es posible que actividades que, en principio, tengan carácter económico pierdan dicho carácter cuando están vinculadas al ejercicio de prerrogativas de poder público, en la medida en que son indisociables de dicho ejercicio.

52      Así, debe considerarse que la actividad de practicaje, tal como se regula en el OG n.º 22/1999 y en la Orden controvertida, está vinculada al ejercicio de prerrogativas de poder público. Por ello, no puede calificarse de actividad económica, lo que excluye asimismo que la Orden controvertida, que otorga derechos exclusivos para el ejercicio de esa actividad, conceda una ayuda de Estado, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, sin que proceda comprobar si en el caso de autos concurren los demás requisitos que deben cumplirse para calificar una medida de ayuda de Estado.

53      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 107 TFUE, apartado 1, y el Reglamento 2017/352 deben interpretarse en el sentido de que una medida adoptada por un Estado miembro que crea un monopolio en favor de determinados organismos públicos portuarios para confiar a estos la actividad de practicaje obligatorio de los buques, a cambio de una remuneración aprobada por las autoridades públicas, no constituye una ayuda de Estado siempre que dicha actividad sea indisociable de las misiones de interés general de control y de seguridad del tráfico marítimo y de protección del medio ambiente en un puerto asignado a dichos organismos.

 Costas

54      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

El artículo 107 TFUE, apartado 1, y el Reglamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2017, por el que se crea un marco para la prestación de servicios portuarios y se adoptan normas comunes sobre la transparencia financiera de los puertos,

deben interpretarse en el sentido de que

una medida adoptada por un Estado miembro que crea un monopolio en favor de determinados organismos públicos portuarios para confiar a estos la actividad de practicaje obligatorio de los buques, a cambio de una remuneración aprobada por las autoridades públicas, no constituye una ayuda de Estado siempre que dicha actividad sea indisociable de las misiones de interés general de control y de seguridad del tráfico marítimo y de protección del medio ambiente en un puerto asignado a dichos organismos.

Firmas


*      Lengua de procedimiento: rumano.