T-19/9661996B00190012.000115201152910TAUTO DE 22.10.1996 — ASUNTO T-19/96CARVEL Y GUARDIAN NEWSPAPERS / CONSEJO<TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Tribunal de Primera Instancia</HT> (Sala Cuarta)</P><P>de <DATE ISO="19961022">22 de octubre de 1996</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: inglés.</P></NOTE></P></TI>

En el asunto T-19/96,

John Carvel, con domicilio en Londres, y

Guardian Newspapers Ltd, sociedad inglesa, con domicilio social en Manchester (Reino Unido),

representados por M es Onno W. Brouwer y Frederic P. Louis, Abogados de Bruselas, asistidos por la Sra. Deirdre Curtin, de la Universidad de Utrecht, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de M e Marc Loesch, 11, rue Goethe,

partes demandantes,contra

Consejo de la Unión Europea, representado por el Sr. Diego Canga Fano, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Bruno Eynard, Director general de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Banco Europeo de Inversiones, 100, boulevard Konrad Adenauer,

parte demandada,

que tiene por objeto la anulación, con arreglo al artículo 173 del Tratado CE, de la Decisión del Consejo por la que se deniega la concesión a los demandantes del acceso a determinados documentos del Consejo, en virtud de la Decisión 93/731/CE, de 20 de diciembre de 1993, relativa al acceso del público a los documentos del Consejo (DO L 340, p. 43),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente; la Sra. P. Lindh y el Sr. J.D. Cooke, Jueces;

Secretario: Sr. H. Jung;

dicta el siguiente

<TI><P>Auto</P></TI><TI><P>Hechos y procedimiento</P></TI>1Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 6 de febrero de 1996, John Carvel y Guardian Newspapers Ltd interpusieron, con arreglo al artículo 173 del Tratado CE, un recurso que tiene por objeto la anulación de la Decisión contenida en el escrito del Secretario General del Consejo de 27 de noviembre de 1995, dirigida en respuesta a una petición de los demandantes destinada a obtener el acceso a determinados documentos del Consejo de conformidad con la Decisión 93/731/CE, de 20 de diciembre de 1993, relativa al acceso del público a los documentos del Consejo (DO L 340, p. 43; en lo sucesivo, Decisión 93/731).2Mediante escrito de 2 de febrero de 1994, los demandantes habían dirigido al Consejo una petición destinada a obtener, de conformidad con la Decisión 93/731, el acceso a documentos relativos a varias sesiones de los Consejos de Ministros de Asuntos Sociales, de Justicia y de Asuntos Interiores, así como de Agricultura. En el punto 11 de su escrito los demandantes solicitaban, en particular, el acceso a las decisiones del Consejo Justicia de los días 29 y 30 de noviembre de 1993 (en lo sucesivo, Consejo Justicia).3Mediante una primera Decisión, el Consejo se negó a conceder acceso a los demandantes a los documentos solicitados. Dicha Decisión, contra la cual se interpuso un recurso, fue anulada por el Tribunal de Primera Instancia en su sentencia de 19 de octubre de 1995, John Carvel y Guardian Newspapers/Consejo (T-194/94, Rec. p. II-2767).4A raíz de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, el Consejo examinó de nuevo la petición de los demandantes. Mediante escrito de 27 de noviembre de 1995, el Secretario General del Consejo comunicó a los demandantes varios documentos y, en particular, las actas del Consejo Justicia de los días 29 y 30 de noviembre de 1993, así como un comunicado de prensa, que permitió a los demandantes identificar las principales decisiones adoptadas por el Consejo Justicia y que contenía la lista de los participantes en la sesión del citado Consejo. Este denegó, sin embargo, con arreglo a la excepción relativa a la protección del interés público prevista en el apartado 1 del artículo 4 de la Decisión 93/731, la concesión a los demandantes del acceso a cinco puntos de las actas de la sesión del Consejo Agricultura de los días 24 y 25 de enero de 1994.5Mediante escrito de 16 de enero de 1996, los Abogados de los demandantes informaron al Secretario General del Consejo que consideraban que, mediante su escrito de 27 de noviembre de 1995, éste no había respondido correctamente a la petición de los demandantes, puesto que no había comunicado determinados documentos a los que se refiere el punto 11 de su escrito de 2 de febrero de 1994, bajo el epígrafe Decisiones del Consejo Justicia de los días 29 y 30 de noviembre. Los Abogados de los demandantes alegaban, por un lado, que se deducía claramente del comunicado de prensa transmitido por el Consejo, que el Consejo Justicia había adoptado varios textos en su sesión de los días 29 y 30 de noviembre de 1993 y, por otro lado, que las actas de dicha sesión indicaban que algunos puntos A habían sido objeto de decisiones que no se mencionaban en el referido comunicado de prensa. Señalaban que, además, el orden del día provisional de la sesión del Consejo de Justicia hacía referencia a dos documentos que tampoco habían sido comunicados por el Secretario General del Consejo en su escrito de 27 de noviembre de 1995. En consecuencia, los Abogados de los demandantes exigían que el Consejo les comunicase los documentos que faltaban a más tardar el 19 de enero de 1996 a las 13 horas.6Mediante escrito de 19 de enero de 1996, el Secretario General del Consejo acusó recibo del escrito de los Abogados de los demandantes de 16 de enero de 1996. Les informó que su petición sería examinada lo antes posible, pero que el Consejo no podía considerarse vinculado por la fecha límite indicada. El Secretario General señaló asimismo que el Consejero prestaría atención urgente al asunto.7Los demandantes presentaron su demanda en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 6 de febrero de 1996. Dicha demanda fue notificada al Consejo el 14 de febrero de 1996.8El 8 de febrero de 1996, el Secretario General del Consejo dio una respuesta detallada al escrito de los Abogados de los demandantes de 16 de enero de 1996 y comunicó varios documentos citados en el punto 11 del escrito de los demandantes de 2 de febrero de 1994.9En su escrito de contestación, presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 25 de marzo de 1996, el Consejo solicitó al Tribunal de Primera Instancia que declarase que el recurso se había quedado sin objeto, o, con carácter subsidiario, que procedía acordar su inadmisión, por haberse presentado prematuramente. El Consejo solicitó también al Tribunal de Primera Instancia que condenase en costas a los demandantes.10Mediante escrito de 23 de mayo de 1996, el Consejo comunicó documentos complementarios a los demandantes.11El 4 de junio de 1996, los demandantes presentaron en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia un escrito de desistimiento y una petición de archivo del asunto, así como una petición de que se condenara en costas al Consejo y observaciones sobre dicha petición de condena.12El Consejo presentó sus observaciones sobre la petición de archivo en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 28 de junio de 1996. En dichas observaciones el Consejo se felicitaba por el desistimiento de los demandantes pero pedía que se condenase en costas a éstos, de conformidad con el apartado 5 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.<TI><P>Alegaciones de las partes</P></TI>13Los demandantes solicitan que, pese a que ellos desistan de su recurso, se condene en costas al Consejo. Recuerdan que, en el punto 11 de su escrito de 2 de febrero de 1994, habían solicitado tener acceso a las decisiones del Consejo Justicia. de los días 29 y 30 de noviembre. Según los demandantes, dicha petición sólo podía interpretarse en el sentido de que tenía por objeto obtener el texto de las decisiones adoptadas por el Consejo Justicia y no la lista de dichas decisiones. Pues bien, mediante su escrito de 27 de noviembre de 1995, el Consejo no respondió correctamente a la referida petición, ya que tan sólo transmitió un nuevo comunicado de prensa a la luz del cual suponía que los demandantes podrían identificar las principales decisiones adoptadas por el Consejo Justicia. Por otra parte, los demandantes afirman que su recurso no era prematuro, ya que presentaron su demanda tan sólo un día antes de que expirase el plazo de recurso contra la Decisión del Consejo de 27 de noviembre de 1995.14Los demandantes discuten también que su recurso haya quedado sin objeto a raíz del escrito del Consejo de 8 de febrero de 1996. En efecto, los demandantes estiman que, mediante dicho escrito, el Consejo tampoco respondió totalmente a su petición de 2 de febrero de 1994, ya que los documentos comunicados por el Consejo eran incompletos y que se vieron obligados a dirigir a éste peticiones complementarias para obtener los documentos que faltaban. Recuerdan que mediante escrito de 23 de mayo de 1996 el Consejo les comunicó finalmente la totalidad de los documentos que habían solicitado.15Los demandantes añaden que, incluso después del citado escrito del Consejo de 23 de mayo de 1996, su recurso no se quedó sin objeto. Señalan que la correspondencia intercambiada con el Consejo y los escritos presentados por éste en el presente asunto demuestran que el Consejo adoptó una actitud indebidamente restrictiva y generalmente obstruccionista con respecto a la obligación de comunicar sus documentos y que tal actitud es incompatible con el derecho de los demandantes, y del público en general, a tener acceso a los documentos del Consejo. Los demandantes afirman que tienen interés suficiente en continuar el procedimiento, aunque sólo fuese por acreditar la fundamentación de su derecho y obtener una sentencia que siente jurisprudencia, que obligase al Consejo a abandonar su actitud restrictiva, formalista e ilegal con respecto a las peticiones de acceso a sus documentos.16No obstante, los demandantes consideran que, dado que el Consejo comunicó la mayoría de los documentos a los que habían solicitado tener acceso, ya no resulta oportuno obligar al Tribunal de Primera Instancia a conocer del presente litigio. Sin embargo, los demandantes estiman que su desistimiento no debería tener como consecuencia obligarles a soportar las costas ya que, en el presente caso, se han limitado a ejercer, como ciudadanos de la Unión Europea, los derechos que les confiere la Decisión 93/731. Los demandantes señalan que, al no comunicarles todos los documentos solicitados antes de la expiración del plazo para interponer un recurso de anulación contra el escrito del Secretario General del Consejo de 27 de noviembre de 1995, el Consejo les obligó a interponer el presente recurso y que no pudieron desistir de dicho recurso hasta que recibieron el escrito del Consejo de 23 de mayo de 1996.17El Consejo se opone a la pretensión de los demandantes según la cual debería condenársele en costas. Estima que, en el caso de autos, procede aplicar el principio establecido en el apartado 5 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, según el cual la parte que desista de su recurso será condenada en costas, si así lo hubiere solicitado la otra parte.18El Consejo afirma que el recurso de los demandantes era prematuro y, con carácter subsidiario, que procedía su inadmisión, puesto que quedó sin objeto a raíz de su escrito de 8 de febrero de 1996 dirigido como respuesta a la petición de los demandantes de 16 de enero de 1996. El Consejo considera que respondió correctamente a la petición de los demandantes en su escrito de 27 de noviembre de 1995, ya que comunicó todos los documentos citados en los puntos 8 a 11 de su escrito de 2 de febrero de 1994, a saber, las actas de la sesión del Consejo Justicia de los días 29 y 30 de noviembre de 1993, así como un comunicado de prensa que enumeraba las decisiones adoptados por dicho Consejo y la lista de participantes en dicha sesión.19El Consejo subraya que hasta su escrito de 16 de enero de 1996 los demandantes no precisaron que la expresión decisiones del Consejo Justicia de los días 29 y 30 de noviembre, utilizada en el punto 11 de su petición de 2 de febrero de 1994, tenía por objeto obtener el texto de las decisiones adoptadas por el Consejo Justicia, y no la lista de dichas decisiones. El Consejo estima que, mediante dicho escrito, los demandantes presentaron una nueva petición relativa a documentos identificados por primera vez y, en particular, los documentos que figuran en la lista de puntos A en las actas de la sesión del Consejo Justicia de los días 29 y 30 de noviembre de 1993.20A este respecto, el Consejo hace constar que la Decisión 93/731 confiere el derecho a recibir documentos y no informaciones en general. Añade que el acta y el comunicado de prensa de la sesión del Consejo Justicia de los días 29 y 30 de noviembre de 1993 eran los únicos documentos que contenían las verdaderas decisiones adoptadas por el Consejo Justicia.21Por último, el Consejo estima que en el caso de autos los demandantes incurrieron en un error de Derecho, ya que no impugnaron la Decisión que correspondía. En efecto, el Consejo recuerda que, con arreglo al compromiso que había asumido en su escrito de 19 de enero de 1996, procedió a un examen de la petición de los demandantes de 16 de enero de 1996. En consecuencia, el Consejo estima que los demandantes hubieran debido impugnar la Decisión que adoptó tras dicho examen y no la Decisión contenida en su escrito de 27 de noviembre de 1995.<TI><P>Apreciación del Tribunal de Primera Instancia</P></TI>22De conformidad con el artículo 99 del Reglamento de Procedimiento, procede ordenar el archivo del asunto y decidir sobre las costas. Habida cuenta de la importancia de las alegaciones formuladas por las partes, el Presidente de la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia decidió encomendar el examen de la cuestión relativa a las costas a la Sala Cuarta.23Con arreglo al párrafo primero del apartado 5 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, la parte que desista de su recurso será condenada en costas, si así lo hubiere solicitado la otra parte. No obstante, a petición de la parte que desista, la otra parte soportará las costas si la actitud de esta última lo justificase.24A tenor del apartado 5 del artículo 87, corresponde a los demandantes demostrar que, en el marco de la interposición de su recurso y de su desistimiento subsiguiente, el Consejo adoptó una actitud que justificaría su condena en costas.25El Tribunal de Primera Instancia constata que, en su escrito de 2 de febrero de 1994, los demandantes habían solicitado específicamente tener acceso a determinados documentos que se enumeran a continuación. En los puntos 8 a 10 de su escrito, los demandantes habían solicitado que se les comunicasen determinados informes, actas y resultados de votaciones de la sesión del Consejo Justicia de los días 29 y 30 de noviembre de 1993. Además, en el punto 11 de su escrito, los demandantes solicitaban el acceso a las decisiones del Consejo Justicia de los días 29 y 30 de noviembre.26En respuesta a los puntos 8 a 11 de la petición de los demandantes de 2 de febrero de 1994, el Consejo comunicó, mediante escrito de 27 de noviembre de 1995, una copia de las actas de la sesión del Consejo Justicia de los días 29 y 30 de noviembre, así como un comunicado de prensa con arreglo al cual los demandantes podían identificar las principales decisiones adoptadas por el Consejo Justicia y la lista de participantes en dicha sesión. El Consejo no comunicó ningún resultado de votación, porque no se había efectuado ninguna votación durante la citada sesión.27El Tribunal de Primera Instancia observa que, en su escrito de 2 de febrero de 1994, los demandantes habían solicitado tener acceso a categorías de documentos que habían sido calificados específicamente como actas o informes, de manera que resultaba ambiguo limitarse a solicitar, en el punto 11 del citado escrito, decisiones del Consejo Justicia de los días 29 y 30 de noviembre, sin precisar si dicha petición tenía por objeto obtener una lista de las decisiones adoptadas por el Consejo Justicia o el texto de éstas. En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia estima que no resulta ilógico que el Consejo considere que la expresión decisiones del Consejo Justicia de los días 29 y 30 de noviembre se refería a los documentos que contenían la lista de las decisiones adoptadas por el Consejo Justicia en dicha sesión.28Si bien es cierto que tras examinar los documentos enviados por el Consejo el 27 de noviembre de 1995 los demandantes pudieron, por un lado, identificar la existencia de documentos suplementarios, como los mencionados en el apartado 5 precedente y, por otro lado, considerar que dichos documentos estaban comprendidos también en el alcance que quisieron dar al punto 11 de su petición inicial, no puede deducirse de esta circunstancia, sin embargo, que el Consejo actuara de manera ilegal o ilógica al interpretar, como lo hizo, la expresión decisiones del Consejo Justicia de los días 29 y 30 de noviembre.29Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia señala que los demandantes actuaron de manera ilógica al intentar imponer al Consejo una fecha límite de menos de tres días para responder a su petición de 16 de enero de 1996, máxime cuando el equívoco sometido ahora a la apreciación del Tribunal de Primera Instancia tiene su origen en la manera en que los demandantes redactaron el punto 11 de su petición de 2 de febrero de 1994.30Las partes están de acuerdo en que, en el momento en que presentaron su recurso el 6 de febrero de 1996, los demandantes sabían que podrían verse obligados a desistir de dicho recurso si, como había anunciado en su escrito de 19 de enero de 1996, el Consejo daba una respuesta detallada a su petición de 16 de enero de 1996.31Habida cuenta, por un lado, del tiempo transcurrido entre el escrito del Consejo de 27 de noviembre de 1995 y el escrito de 16 de enero de 1996, mediante el cual los demandantes precisaron el alcance exacto de su petición inicial y, por otro lado, del compromiso asumido por el Consejo en su escrito de 19 de enero de 1996 de examinar la petición de los demandantes de 16 de enero de 1996 lo antes posible y prestar una atención urgente a dicho asunto, el Tribunal de Primera Instancia considera que, en el presente caso, la actitud del Consejo no obligó a los demandantes a interponer inútilmente el presente recurso.32Al haberse archivado el asunto, el Tribunal de Primera Instancia considera inútil e inoportuno pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por las partes en sus observaciones, en la medida en que dichas cuestiones dependen de la apreciación del fondo del litigio. En estas circunstancias, le basta a este Tribunal comprobar que los demandantes no han quedado liberados de su obligación de aportar la prueba requerida para que, como excepción al principio establecido en el apartado 5 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, condene en costas a la parte demandada.33En consecuencia, procede condenar en costas a los demandantes, de conformidad con la primera frase del párrafo primero del apartado 5 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

resuelve:

1)Archivar el asunto T-19/96, haciéndolo constar en el Registro.2)Condenar en costas a los demandantes.

Dictado en Luxemburgo, a 22 de octubre de 1996.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

K. Lenaerts