Edición provisional

CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL

SRA. JULIANE KOKOTT

presentadas el 15 de octubre de 2026 (1)

Asunto C‑430/25 [Gena] (i)

AR

contra

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Voivodato de Varsovia, Polonia)]

« Procedimiento prejudicial — Libre circulación de las personas — Libre circulación de los trabajadores — Fiscalidad directa — Imposición de salida — Impuesto de salida sobre las plusvalías no realizadas de activos — Plusvalías no realizadas generadas antes de que naciera la obligación tributaria nacional — Falta de toma en consideración de las minusvalías no realizadas — Alcance de un eventual aplazamiento del impuesto de salida pagadero »






I.      Introducción

1.        Cuando un contribuyente se traslada con carácter permanente de un país a otro, ello suele dar lugar a un cambio de su residencia fiscal o, dicho de otro modo, a un traslado de su domicilio fiscal. Algunos Estados aprovechan esta circunstancia para recaudar el denominado «impuesto de salida» sobre las plusvalías latentes (es decir, no realizadas) acumuladas hasta ese momento en determinados activos del contribuyente, contra los que ya no pueden dirigirse fácilmente tras su salida del territorio.

2.        La cuestión de si, y en qué condiciones, tal imposición de salida es compatible con el Derecho de la Unión lleva ocupando repetidamente al Tribunal de Justicia durante más de veinte años, comenzando con la sentencia de Lasteyrie du Saillant. (2) Entretanto, puede darse por aclarado que las libertades fundamentales del mercado interior europeo no se oponen, en principio, a la recaudación de un impuesto de salida. (3) Sin embargo, el problema —como suele ocurrir— radica en los detalles, esto es, en la configuración y las modalidades concretas de recaudación de dicho impuesto, algo que ilustra muy a las claras el presente asunto.

3.        Se trata de un contribuyente que actualmente trabaja por cuenta ajena en Polonia, y previsiblemente lo hará durante un total de cinco años. En el momento de su salida prevista de Polonia en 2028, tras la finalización de su relación laboral en dicho país, es muy probable que tenga que pagar un impuesto de salida en Polonia por las plusvalías no realizadas de determinados activos importantes que componen su patrimonio privado —esencialmente, acciones—. La controversia gira ahora en torno a tres cuestiones: en primer lugar, si pueden incluirse también las plusvalías no realizadas que se hayan generado en el pasado en el extranjero, cuando aún no existía obligación tributaria alguna en Polonia; en segundo lugar, si, además de las plusvalías no realizadas, deben tenerse en cuenta también las minusvalías no realizadas; y, en tercer lugar, durante cuánto tiempo debe aplazarse, en su caso, un posible impuesto de salida.

4.        La problemática de la imposición de salida ilustra de manera ejemplar lo delicada que puede resultar la búsqueda constante de un justo equilibrio entre, por un lado, los intereses fiscales legítimos de los Estados miembros y, por otro, los requisitos para un óptimo funcionamiento del mercado interior europeo.

II.    Marco jurídico

A.      Derecho de la Unión

5.        El marco jurídico de la Unión del presente asunto viene definido por las disposiciones relativas a la libre circulación de los trabajadores (artículo 45 TFUE) y, con carácter complementario, por las relativas a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión (artículo 21 TFUE, apartado 1).

B.      Derecho nacional

6.        En cuanto al Derecho polaco, son pertinentes diversas disposiciones de la Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) de 26 de julio de 1991 (4) (en lo sucesivo, «Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas» o, abreviadamente, «LIRPF») en su versión vigente a 31 de diciembre de 2024, así como el Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków (Decreto del Ministro de Hacienda sobre la prórroga del plazo para el pago, por parte de los contribuyentes, del impuesto de salida sobre plusvalías no realizadas) de 27 de junio de 2019, (5) también en su versión en vigor a 31 de diciembre de 2024. De entre las numerosas disposiciones de estos dos actos jurídicos mencionadas en la resolución de remisión, a continuación, solo se reproducen algunos artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la medida en que son directamente pertinentes para la apreciación de este asunto con arreglo al Derecho de la Unión.

7.        El artículo 30b, apartado 1, de la LIRPF presenta, en extracto, el siguiente tenor:

«A las rentas obtenidas:

[…]

2)      de la cesión a título oneroso de participaciones (acciones)

[…]

–        se les aplicará el impuesto sobre la renta al tipo del 19 % de la renta obtenida.»

8.        El artículo 30da, apartado 1, de la LIRPF dispone, entre otras cosas:

«El impuesto de salida sobre plusvalías no realizadas ascenderá:

1)      al 19 % de la base imponible,

–        cuando se determine el valor fiscal del activo;

[…]».

9.        De conformidad con el artículo 30da, apartado 2, de la LIRPF:

«El impuesto de salida sobre las plusvalías no realizadas se aplicará en caso de:

[…]

2)      cambio de residencia fiscal por parte de un contribuyente sujeto en la República de Polonia a tributación por obligación personal, a consecuencia del cual la República de Polonia pierda el derecho a gravar las rentas derivadas de la enajenación de un activo propiedad de dicho contribuyente debido al traslado de su lugar de residencia a otro Estado.»

10.      El artículo 30da, apartado 3, de la LIRPF dispone:

«En el caso de activos no afectados al ejercicio de una actividad económica, estarán sujetos al impuesto de salida sobre las plusvalías no realizadas —en la situación mencionada en el apartado 2, punto 2— únicamente aquellos activos que constituyan: un conjunto de derechos y obligaciones en una sociedad sin personalidad jurídica, las participaciones en sociedades, acciones y otros valores, los instrumentos financieros derivados, así como los títulos de participación en fondos de capital (en lo sucesivo, “patrimonio personal”), siempre que el contribuyente haya tenido su residencia en el territorio de la República de Polonia durante, al menos, cinco de los diez años anteriores a la fecha del cambio de residencia fiscal.»

11.      El artículo 30da, apartado 12, de la LIRPF dispone:

«La base imponible del impuesto de salida sobre las plusvalías no realizadas será la suma de las rentas relativas a ganancias no realizadas, determinadas para cada uno de los activos.»

12.      El artículo 30da, apartado 14, de la LIRPF dispone:

«Los contribuyentes estarán obligados a presentar a las autoridades tributarias, siguiendo el modelo establecido, una declaración de las rentas relativas a ganancias no realizadas, antes del séptimo día del mes siguiente a aquel en el que el valor total de mercado de los activos transferidos haya excedido de 4 000 000 [de eslotis polacos (PLN)], así como a ingresar en dicho plazo el impuesto devengado. Si, después del mes en que el valor total de mercado de los activos transferidos excedió de 4 000 000 de PLN, se transfieren otros activos, los contribuyentes estarán obligados a presentar una declaración antes del séptimo día del mes siguiente a aquel en el que se hayan transferido dichos activos, y a ingresar en ese plazo el impuesto devengado.»

13.      Además, de conformidad con el artículo 30db, apartado 1, de la LIRPF:

«No resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 30da si el valor total de mercado de los activos transferidos no excede de 4 000 000 de PLN.»

14.      Y, por último, el artículo 30de, apartado 1, de la LIRPF dispone:

«El contribuyente podrá solicitar al director competente de la Administración tributaria la posibilidad de fraccionar total o parcialmente el pago del impuesto de salida sobre plusvalías no realizadas durante un período máximo de cinco años […]».

III. Hechos y procedimiento principal

15.      AR es nacional italiano y estadounidense. Procedente de Italia, reside en Polonia desde agosto de 2022, donde se desempeña como trabajador por cuenta ajena para una empresa polaca.

16.      Desde el 1 de enero de 2023, AR tiene su residencia fiscal en Polonia, lo que implica que, desde entonces, está sujeto al impuesto sobre la renta en Polonia por obligación personal por la totalidad de sus rentas, con independencia del lugar en que se encuentren las fuentes de tales ingresos.

17.      AR se propone mantener su residencia fiscal en Polonia al menos hasta el 1 de enero de 2028, es decir, durante un período total de al menos cinco años. Una vez finalizada su relación laboral en Polonia, AR tiene la intención de dejar de ejercer toda actividad económica. Tiene previsto trasladarse a Alemania, donde posee un inmueble, y trasladar allí también su residencia fiscal.

18.      Ya antes de iniciar su actividad laboral en Polonia, AR acumuló un patrimonio considerable, no vinculado a ingresos obtenidos en Polonia, cuya enajenación tampoco estaría sujeta a tributación en Polonia de no haber adquirido, al trasladarse allí, la condición de residente fiscal polaco.

19.      En el momento del traslado de residencia de Polonia a Alemania que ha previsto, el patrimonio personal de AR podría ascender, según sus propias estimaciones, a más de 4 millones de PLN, y estar compuesto, en esencia, por los activos siguientes: acciones de diversas sociedades no relacionadas con actividades económicas, que AR adquirió tanto de forma privada como a través de planes de incentivos laborales, así como «unidades de acciones» (stock units) concedidas en el marco de dichos planes, y bienes inmuebles situados fuera de Polonia. No obstante, el órgano jurisdiccional remitente ha aclarado, en el transcurso del procedimiento prejudicial, que, en el litigio principal, a efectos de la tributación de salida, solo son pertinentes las acciones que posee AR.

20.      El 30 de octubre de 2024, AR solicitó al Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Director del Servicio Informativo Tributario Nacional; en lo sucesivo, «autoridad tributaria») una resolución interpretativa tributaria sobre diversas cuestiones relativas a una posible tributación de salida de sus activos en el momento del traslado previsto de Polonia a Alemania.

21.      En su resolución interpretativa tributaria de 31 de diciembre de 2024, dictada a raíz de dicha solicitud, la autoridad tributaria señaló, en esencia, que todos los activos acumulados por AR estaban sujetos al impuesto de salida polaco, incluidos aquellos anteriores a su llegada a Polonia. La autoridad tributaria proporcionó detalles sobre el cálculo de las plusvalías no realizadas que, en su caso, serían imponibles, así como sobre las modalidades de su tributación, en particular sobre los plazos aplicables para la presentación de la declaración tributaria correspondiente y para el pago del impuesto de salida.

22.      AR interpuso un recurso contencioso-administrativo contra esta resolución interpretativa tributaria ante el Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Voivodato de Varsovia, Polonia), el órgano jurisdiccional remitente. Basó su recurso, en esencia, en que la interpretación jurídica expresada por la autoridad tributaria en la resolución interpretativa era contraria al Derecho de la Unión. El órgano jurisdiccional remitente comparte algunas de sus dudas.

IV.    Petición de decisión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

23.      Mediante resolución de 29 de mayo de 2025, el Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Voivodato de Varsovia) suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      ¿Deben interpretarse las disposiciones del Derecho de la Unión, en particular los artículos 21 TFUE y 45 TFUE, en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro que incluye en la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en concepto de ganancias no realizadas del patrimonio personal por el traslado de la residencia fiscal de una determinada persona a otro Estado miembro (en lo sucesivo, “impuesto de salida sobre plusvalías no realizadas”), el incremento de valor de un activo que se produjo en un período en el que dicha persona no era residente de ese Estado miembro?

2)      ¿Deben interpretarse las disposiciones del Derecho de la Unión, en particular los artículos 21 TFUE y 45 TFUE, en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro que, a efectos de determinar la base imponible del impuesto de salida sobre plusvalías no realizadas, obliga a tener en cuenta únicamente las ganancias relativas a aquellos activos cuyo valor se ha incrementado, excluyendo, en cambio, las pérdidas atribuibles a los activos cuyo valor ha disminuido?

3)      ¿Deben interpretarse las disposiciones del Derecho de la Unión, en particular los artículos 21 TFUE y 45 TFUE, en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro que establece que el cambio de residencia fiscal por parte de una persona física sujeta al impuesto de salida sobre plusvalías no realizadas da lugar a la exigibilidad inmediata de dicho impuesto, o, en su caso, al fraccionamiento de su pago en un plazo no superior a cinco años (contados a partir del final del ejercicio fiscal), en lugar de permitir el aplazamiento del pago hasta el momento de enajenación de los correspondientes activos?»

24.      En el procedimiento prejudicial ante el Tribunal de Justicia han presentado observaciones escritas AR y los Gobiernos polaco, alemán y noruego, (6) así como la Comisión Europea. El 21 de abril de 2026, el Tribunal de Justicia envió una solicitud de aclaraciones al órgano jurisdiccional remitente en relación con la primera cuestión prejudicial, a la que este respondió el 22 de mayo de 2026.

V.      Apreciación

25.      Las tres cuestiones prejudiciales, cuyo alcance, según las aclaraciones del órgano jurisdiccional remitente, se limita exclusivamente a las acciones de que es titular AR, brindan al Tribunal de Justicia la oportunidad de examinar más detenidamente algunos aspectos de relevancia práctica de la tributación de salida desde la perspectiva de las libertades fundamentales del mercado interior europeo: en primer lugar, ha de examinarse si un impuesto nacional de salida puede extenderse a las plusvalías no realizadas que se hayan generado en el extranjero en un momento en que el contribuyente aún no tenía su residencia fiscal en el territorio nacional (véase al respecto, a continuación, la sección B). En segundo lugar, debe examinarse si es compatible con esas mismas libertades fundamentales que un impuesto nacional de salida grave las plusvalías no realizadas de los activos, pero no tenga en cuenta las minusvalías no realizadas de dichos activos (véase al respecto, a continuación, la sección C). Y, por último, en tercer lugar, se tratará de determinar el período durante el cual habrá de aplazarse, en su caso, el pago de un posible impuesto de salida por parte del contribuyente (véase al respecto, a continuación, la sección D). Como cuestión previa a todos estos puntos, analizaré cuál es la libertad fundamental pertinente en el presente asunto (véase al respecto, a continuación, la sección A).

A.      Cuestión previa: determinación de la libertad fundamental aplicable

26.      Las tres cuestiones prejudiciales se refieren, en un mismo contexto, tanto a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión (artículo 21 TFUE) como a la libre circulación de los trabajadores (artículo 45 TFUE).

27.      Hay desacuerdo entre las partes del procedimiento acerca de si debe aplicarse el artículo 21 TFUE o el artículo 45 TFUE. Mientras que el Gobierno alemán pretende basarse en la primera de estas dos libertades fundamentales, el Gobierno polaco y la Comisión consideran que es la segunda la pertinente. AR se basa en su escrito indistintamente en ambas disposiciones, y el Gobierno noruego, por su parte, formula sus observaciones únicamente sobre el artículo 45 TFUE. (7)

28.      Según reiterada jurisprudencia, (8) la libre circulación de los ciudadanos de la Unión, consagrada de manera general en el artículo 21 TFUE, encuentra una expresión específica en las disposiciones concretas en materia de libre circulación de personas, entre las que destacan las relativas a la libre circulación de los trabajadores (artículo 45 TFUE). De este modo, la libre circulación de los ciudadanos de la Unión guarda una relación de subsidiariedad con los derechos específicos a la libre circulación establecidos en el TUE. En última instancia, la libre circulación de los ciudadanos de la Unión se aplica primordialmente a las personas que no ejercen una actividad económica, mientras que, en el caso de las personas que sí ejercen una actividad económica, se aplica, en función de las circunstancias, la libertad fundamental más específica pertinente para su respectiva actividad.

29.      En el presente asunto, a primera vista pudiera parecer que la libre circulación de los ciudadanos de la Unión (artículo 21 TFUE) fuera la aplicable, ya que, por cuanto consta, AR no tiene intención de seguir ejerciendo actividad económica alguna tras la finalización de su estancia en Polonia. Por lo tanto, el traslado que se propone y el consiguiente cambio de su residencia fiscal de Polonia a Alemania en 2028 no deberían considerarse, en sí mismos, motivados por razones profesionales.

30.      Sin embargo, analizando más detenidamente, tanto el traslado de AR a Polonia en la segunda mitad de 2022 (con la consiguiente adquisición de la residencia fiscal en Polonia a partir de 2023) como su salida prevista de Polonia en 2028 (junto con el traslado de su residencia fiscal fuera de Polonia) tienen un vínculo indisoluble con su actividad profesional para una empresa en dicho Estado miembro durante ese período de algo más de cinco años. Por cuanto se aprecia, AR no se habría trasladado a Polonia de no haber iniciado allí una actividad como trabajador por cuenta ajena. Asimismo, su previsible salida de Polonia irá acompañada, por cuanto parece, de la finalización de dicha actividad laboral. (9)

31.      Tanto para las cuestiones fiscales relacionadas con el traslado de un trabajador con el fin de iniciar una relación laboral por cuenta ajena como para aquellas relacionadas con la salida del trabajador con motivo de la finalización de dicha relación laboral, la libre circulación de los trabajadores (artículo 45 TFUE) constituye la libertad fundamental pertinente. La libre circulación de los ciudadanos de la Unión (artículo 21 TFUE) queda, con carácter subsidiario, relegada a un segundo plano.

32.      Por lo tanto, las tres cuestiones prejudiciales deben examinarse desde la perspectiva de la libre circulación de los trabajadores (artículo 45 TFUE) y no desde la de la libre circulación de los ciudadanos de la Unión (artículo 21 TFUE). Con todo, las consideraciones que proceda formular a este respecto en relación con el artículo 45 TFUE podrían, en caso necesario, extrapolarse sin dificultad al artículo 21 TFUE, tal y como han señalado acertadamente varias partes del procedimiento. (10)

B.      Recaudación del impuesto de salida sobre las plusvalías no realizadas generadas antes de que naciera la obligación tributaria en el territorio nacional (primera cuestión prejudicial)

33.      Con su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si la libre circulación de los trabajadores (artículo 45 TFUE) prohíbe aplicar también un impuesto de salida a aquellas plusvalías de activos que se hayan generado en el extranjero en un momento en el que el contribuyente no tenía aún su residencia fiscal en el territorio nacional.

34.      El trasfondo de esta cuestión radica en el hecho de que, en el presente asunto, las plusvalías no realizadas en cuestión de determinadas acciones en poder de AR se generaron fuera de Polonia y antes de su traslado a Polonia, es decir, en un momento en el que AR aún no tenía su residencia fiscal en Polonia y, por lo tanto, tampoco estaba sujeto al impuesto por obligación personal. La Hacienda Pública polaca solo gravaría estas plusvalías por el mero hecho de que, entretanto, AR tiene su residencia fiscal en Polonia.

35.      Entre las partes en el procedimiento no se observa una posición unánime al respecto: mientras que AR y la Comisión consideran que la normativa controvertida es contraria al Derecho de la Unión, los Gobiernos polaco y alemán sostienen lo contrario.

1.      Restricción a la libre circulación de los trabajadores

36.      En tanto la imposición de salida a los particulares no esté armonizada con arreglo al Derecho de la Unión, (11) esta, al igual que el resto de la fiscalidad directa, es competencia de los Estados miembros, si bien estos deben ejercer dicha competencia respetando el Derecho de la Unión y, en particular, las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado FUE. (12) Entre dichas libertades fundamentales se encuentra, con arreglo al artículo 45 TFUE, la libre circulación de los trabajadores.

37.      Según reiterada jurisprudencia, la imposición de salida del territorio supone una restricción de las libertades fundamentales de la libre circulación de las personas, (13) incluida la libre circulación de los trabajadores. (14)

38.      Por un lado, el hecho de que se exija al contribuyente que desea trasladar su residencia fiscal a otro Estado miembro el pago de un impuesto de salida sobre las plusvalías aún no realizadas de determinados activos de su patrimonio hace que la salida resulte menos atractiva para él, ya que ello le supone una desventaja de tesorería nada desdeñable con respecto a un contribuyente que permanezca en el territorio nacional: (15) en el peor de los casos, el contribuyente que traslada su domicilio debe abonar el impuesto de salida de forma inmediata, a pesar de que, en ese momento, aún no haya realizado las plusvalías gravadas mediante la enajenación de los activos en cuestión, es decir, aún no las haya «monetizado». En el mejor de los casos, dicho contribuyente deberá, como mínimo, hacer frente a una carga administrativa adicional, cumplir con obligaciones de documentación, constituir garantías en su caso y/o dotar reservas con las que pueda liquidar posteriormente el impuesto de salida —una vez vencido el eventual aplazamiento—.

39.      Por otra parte, es inherente a la imposición de salida el hecho de que grava específicamente las operaciones de carácter transfronterizo —a saber, el traslado de la residencia a otro país—, a diferencia de las operaciones puramente nacionales. (16) En este contexto, el contribuyente que desee trasladar su residencia fiscal a otro Estado miembro recibe un trato menos favorable que el que se dispensa a aquel que no lo hace y, en todo caso, se limita a trasladarse dentro de un mismo Estado miembro, pues el primero —debido a su traslado— está sujeto a tributación por las plusvalías latentes, es decir, no realizadas, de determinados activos de su patrimonio, mientras que el segundo solo debe tributar por las plusvalías efectivamente realizadas, y ello únicamente cuando y en la medida en que enajene efectivamente los activos en cuestión.

40.      En el procedimiento prejudicial ante el Tribunal de Justicia se ha debatido si, no obstante, dicha restricción puede quedar sin efecto, de modo que no quepa suponer la existencia de una vulneración de la libre circulación de los trabajadores, si la legislación nacional garantiza que el cálculo del impuesto de salida se realiza con arreglo a criterios exactamente iguales a los del cálculo del impuesto ordinario sobre la renta de las personas físicas aplicable a las plusvalías efectivamente realizadas por los contribuyentes que mantienen su residencia fiscal en el territorio nacional.

41.      Así, el órgano jurisdiccional remitente, a petición del Tribunal de Justicia, ha confirmado que, con arreglo a la legislación polaca, el cálculo del impuesto de salida controvertido en el asunto principal, en lo que respecta a la toma en consideración de las ganancias no realizadas en la cotización de acciones, generadas en el pasado en el extranjero, es exactamente el mismo que el cálculo del impuesto ordinario sobre la renta de las personas físicas aplicable a las ganancias en la cotización de acciones que un contribuyente que permaneciera en Polonia obtendría allí mediante su enajenación.

42.      En estas circunstancias, a primera vista cabría llegar, en efecto, a la conclusión de que no existe ninguna restricción y, por lo tanto, tampoco ninguna vulneración de la libre circulación de los trabajadores, simplemente porque el método de cálculo del impuesto de salida sobre las ganancias latentes y no realizadas en la cotización de las acciones no difiere del método de cálculo del impuesto ordinario sobre la renta de las personas físicas aplicable a las ganancias efectivamente realizadas en la cotización de las acciones.

43.      Sin embargo, si se analiza con más detenimiento, la mera igualdad de trato, especialmente en lo que respecta al cálculo del impuesto aplicable en una y otra situación, no basta para descartar por completo la existencia de una restricción a la libre circulación. Curiosamente, la mayoría de los casos, si no todos, de imposición de salida examinados hasta la fecha por el Tribunal de Justicia —por cuanto se aprecia— se caracterizaban precisamente por el hecho de que el impuesto de salida sobre las plusvalías no realizadas de los activos de un contribuyente que trasladaba su residencia fiscal al extranjero se calculaba del mismo modo que el impuesto (el impuesto sobre la renta de las personas físicas o el impuesto sobre de sociedades ordinarios) que grava las plusvalías efectivamente realizadas con motivo de la enajenación de activos por un contribuyente que permanece en el territorio nacional. Esto no ha impedido que el Tribunal de Justicia considere, en cada uno de estos casos, que existe una restricción de la libertad fundamental pertinente.

44.      El elemento decisivo para considerar que existe una restricción de las libertades fundamentales de la libre circulación de las personas no radica en eventuales diferencias en el cálculo del impuesto de salida sobre las plusvalías no realizadas, en comparación con el impuesto sobre la renta de las personas físicas o el impuesto de sociedades ordinarios que gravan las plusvalías efectivas realizadas mediante la enajenación. Más bien, el elemento verdaderamente restrictivo —y la diferencia de trato pertinente— estriba precisamente en que el contribuyente que traslada su domicilio a otro país es gravado por su salida, y concretamente por las plusvalías no realizadas (latentes), mientras que el contribuyente que permanece en el territorio nacional solo está sujeto a imposición por las plusvalías efectivas, realizadas mediante la venta. (17) Esta restricción específica de la libre circulación de personas no queda eliminada por el mero hecho de que las modalidades de cálculo de ambos tipos de impuestos puedan ser idénticas.

45.      Por otra parte, el hecho de que una restricción a la libre circulación no pueda eliminarse en modo alguno mediante la mera aplicación de los mismos métodos de cálculo de la cuota del impuesto se hace especialmente patente en la sentencia Comisión/España: (18) ese asunto versaba sobre un mismo impuesto sobre determinados ingresos (ya percibidos), que se calculaba y recaudaba de forma totalmente idéntica tanto en caso de salida del país como en caso de permanencia en el territorio nacional, con la única diferencia de que, en caso de salida, se devengaba antes que en caso de permanencia en el territorio nacional. Con toda la razón, el Tribunal de Justicia, a pesar de —o precisamente debido a— la exacta coincidencia de los métodos de cálculo, no dudó en calificar el impuesto recaudado en caso de salida del país como una restricción, basándose para ello exactamente en las mismas consideraciones que en todos los demás supuestos de impuestos «clásicos» de salida sobre plusvalías no realizadas (latentes).

46.      En el presente asunto, esto significa que la restricción a la libre circulación de los trabajadores que supone un impuesto de salida como el polaco no queda sin efecto por el mero hecho de que también los contribuyentes polacos que mantienen su residencia fiscal en el país deban pagar el impuesto ordinario sobre la renta de las personas físicas por las ganancias en la cotización de acciones generadas en el extranjero antes incluso de su traslado a Polonia. Precisamente debido a su vinculación con la salida del país y con las plusvalías latentes, no realizadas todavía, la imposición de salida reviste un carácter específico que restringe la libre circulación.

2.      Justificación

47.      La restricción de la libre circulación de personas que conlleva el impuesto de salida solo puede estar justificada por razones imperiosas de interés general, siempre que se respeten las exigencias del principio de proporcionalidad. (19)

48.      La única razón de interés general que el Tribunal de Justicia ha reconocido hasta la fecha para justificar la liquidación de un impuesto de salida es el objetivo de un reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros. (20)

49.      En consecuencia, en lo sucesivo me limitaré a examinar si, concretamente, el interés legítimo de un reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros puede justificar un impuesto de salida como el impuesto polaco controvertido. En el presente asunto no se aprecian otras causas de justificación; en particular, ni el órgano jurisdiccional remitente ni las partes en el procedimiento —en primer lugar, el Gobierno polaco— han alegado causa alguna.

a)      Falta de idoneidad de la normativa fiscal controvertida para contribuir a un reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros

50.      Hasta la fecha, el Tribunal de Justicia no ha analizado en profundidad qué se entiende exactamente por un reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros ni qué criterios pueden aplicarse al respecto. Esto no es de extrañar, ya que, a fin de cuentas, los Estados miembros disponen de un amplio margen de apreciación en este ámbito: a falta de medidas de unificación o de armonización adoptadas por la Unión, los Estados miembros siguen siendo competentes para fijar, mediante convenio o de forma unilateral, los criterios de reparto de su potestad tributaria. (21) No obstante, este margen de apreciación de los Estados miembros no es, a su vez, ilimitado, sino que debe ejercerse respetando el Derecho de la Unión, en particular las libertades fundamentales del mercado interior europeo. (22)

51.      En el presente asunto, no se conoce en detalle qué consideraciones tuvo en cuenta el legislador polaco, con el fin de lograr una delimitación equilibrada de su propia potestad tributaria frente a la de otros Estados, al adoptar las disposiciones nacionales controvertidas en materia del impuesto de salida. Ni el órgano jurisdiccional remitente ni las partes en el procedimiento —entre ellas, el Gobierno polaco— aportan indicaciones concretas al respecto.

52.      A falta de otras indicaciones, parto, pues, de la base de que —al igual que en todos los asuntos resueltos hasta la fecha sobre esta materia— el principio de territorialidad sirve de criterio para el reparto equilibrado de las competencias en materia de recaudación del impuesto de salida. El Tribunal de Justicia reconoce «que, de conformidad con el principio de territorialidad fiscal, asociado a un componente temporal, a saber, el domicilio fiscal del contribuyente en el territorio nacional durante el período en el que se han generado las plusvalías latentes, un Estado miembro está facultado para gravar tales plusvalías en el momento de la emigración de dicho contribuyente». (23)

53.      De ello se desprende que, tal y como ha señalado asimismo el Tribunal de Justicia, «las plusvalías latentes correspondientes a un bien económico resultan gravadas en el Estado miembro en el que se generaron». (24) Las plusvalías realizadas con posterioridad al traslado se gravan, pues, exclusivamente en el Estado de la nueva residencia fiscal, es decir, de nuevo, allí donde se generaron. (25) A la inversa, me parece lógico que, si se aplican de forma coherente los mismos criterios, la imposición de las plusvalías no realizadas generadas antes del traslado corresponda exclusivamente al Estado de la residencia fiscal que el contribuyente tenía en aquel momento.

54.      En definitiva, la imposición de salida tiene por objeto garantizar el derecho de cada Estado miembro «a ejercer su competencia fiscal respecto a las actividades realizadas en su territorio». (26) Dicho de otro modo, en virtud del principio de territorialidad fiscal, cada Estado miembro debe tener derecho a gravar las plusvalías no realizadas (o latentes) «generadas en su territorio» (27) o, en cualquier caso, «generadas en el ámbito de su competencia fiscal». (28) Precisamente esta misma interpretación de la imposición de salida es la que, a fin de cuentas, aplica el legislador de la Unión —en el caso de las empresas sujetas al impuesto de sociedades— cuando afirma que «la función de los impuestos de salida es garantizar que [el] Estado grave el valor económico de cualquier plusvalía creada en su territorio […]». (29) Por otro lado, se cohonesta plenamente con las consideraciones generales que han marcado la evolución jurídica del Derecho tributario europeo en otros contextos —como, por ejemplo, en la tributación de los dividendos—. (30)

55.      Aun cuando se reconozca que hasta la fecha no existe una definición exacta y exhaustiva del principio de territorialidad, (31) me parece sencillamente inconcebible que un Estado miembro pueda invocar razonablemente el principio de territorialidad fiscal para aplicar un impuesto de salida sobre plusvalías no realizadas que no se han generado, ni temporal ni geográficamente, en el ámbito de su competencia fiscal —en circunstancias en las que no solo el contribuyente era un no residente sin domicilio fiscal en el territorio nacional, sino que además las fuentes de ingresos se encontraban en el extranjero—.

56.      Si un Estado miembro extiende la imposición de salida a tales plusvalías no realizadas que se han generado en el extranjero y antes de la salida del contribuyente, esto no constituye, evidentemente, una contribución adecuada a un reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros, sino que supone una intromisión en la soberanía fiscal del Estado o de los Estados que, en virtud del principio de territorialidad, serían en realidad los competentes.

57.      No cabe duda de que una imposición de salida tan amplia como la polaca, objeto del presente litigio, podría responder, al menos indirectamente, al deseo de obtener mayores ingresos fiscales o, en cualquier caso, de evitar una disminución de dichos ingresos. Con todo, tal objetivo no puede justificar por sí mismo la restricción de una libertad fundamental. (32)

58.      En definitiva, una normativa como la polaca objeto del litigio no es, por lo tanto, idónea en modo alguno para garantizar un reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros.

b)      Con carácter subsidiario: desproporcionalidad de la normativa fiscal controvertida

59.      No obstante, en aras de la exhaustividad, abordaré también la cuestión de si un impuesto de salida como el impuesto polaco controvertido en el presente asunto se ciñe a los límites de la proporcionalidad. En efecto, un impuesto de salida, en su configuración concreta, no solo debe ser idóneo para garantizar un reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros, sino que tampoco debe ir más allá de lo necesario para tal fin. En este sentido, las cargas impuestas al contribuyente o los inconvenientes que se le ocasionen no deben ser desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos. (33) En concreto, este último aspecto —denominado también «proporcionalidad en sentido estricto»—, cuyo examen independiente, ha de reconocerse, rara vez se suscita, merece una atención especial en un caso como el de autos.

60.      En efecto, a diferencia de todos los asuntos anteriores relativos a la imposición de salida, el presente asunto presenta la particularidad de que el contribuyente, a lo largo de su carrera profesional como trabajador por cuenta ajena, se traslada en varias ocasiones de un país a otro por motivos profesionales y, como es natural, debe trasladar también cada vez su residencia fiscal.

61.      Si cada Estado miembro del que sale un contribuyente gravara siempre con un impuesto de salida la totalidad de las plusvalías no realizadas de los activos pertinentes de dicha persona, incluyendo todas las plusvalías no realizadas acumuladas anteriormente en otros lugares (esto es, remontándose, en algunos casos, muy atrás en el tiempo), el contribuyente tendría que tributar varias veces seguidas por una misma plusvalía latente, lo que, desde un punto de vista económico, podría reducir considerablemente o incluso agotar por completo dicha plusvalía, a pesar de que nunca se haya materializado mediante una enajenación. (34)

62.      Tanto el órgano jurisdiccional remitente (en su resolución de remisión, así como en su respuesta a la solicitud de aclaraciones del Tribunal de Justicia) como la Comisión (en sus observaciones escritas) han destacado acertadamente que una situación de este tipo —en la que, potencialmente, varios Estados miembros podrían aplicar su propio impuesto de salida sobre las plusvalías no realizadas generadas anteriormente en otros lugares— tendría un considerable efecto disuasorio sobre los trabajadores a la hora de hacer uso de su libertad de circulación dentro del mercado interior europeo. Una normativa de tan amplio alcance en materia de imposición de salida no solo disuade a los interesados de salir de un Estado miembro, sino, sobre todo, de trasladarse a tal Estado miembro.

63.      No cabe duda de que, tal y como subraya el Tribunal de Justicia en reiterada jurisprudencia, (35) el Derecho de la Unión no garantiza a un ciudadano de la Unión que el ejercicio de su libre circulación sea neutro en materia de tributación. Habida cuenta de las disparidades de las legislaciones de los Estados miembros en esta materia, tal ejercicio de la libre circulación puede, según los casos, ser más o menos ventajoso, o incluso desventajoso. Del mismo modo, debe aceptarse que, en el estado actual de las cosas, las libertades fundamentales del mercado interior europeo no prohíben de manera general la doble imposición (36) y que los Estados miembros no tienen la obligación de adaptar su sistema tributario a los diferentes sistemas de tributación de los otros Estados miembros para eliminar, en particular, la doble imposición que se deriva del ejercicio paralelo por dichos Estados de su potestad tributaria. (37)

64.      Sin embargo, las cargas derivadas de una imposición de salida como la polaca controvertida en el presente asunto superan con creces lo que razonablemente puede exigirse a los ciudadanos de la Unión, y en particular a los trabajadores, en cuanto inconvenientes cuando ejercen su derecho a la libre circulación y trasladan su residencia de un Estado miembro a otro en el marco de su actividad económica.

65.      Dicho de otro modo, las cargas derivadas de un impuesto de salida así configurado, a las que se ve sometido el contribuyente al ejercer su libertad de circulación, son totalmente desproporcionadas con respecto al objetivo propiamente dicho de un reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros.

66.      En este contexto, cabe señalar que el caso de AR no es, en absoluto, un caso aislado. En el mundo laboral actual, el cambio repetido de lugar de trabajo y de residencia, incluso traspasando fronteras, es un fenómeno cada vez más frecuente. No solo los empleados de grandes grupos digitales, bancos y despachos de abogados que operan a escala internacional, sino también muchos trabajadores del sector sanitario y asistencial, de la informática y de otros ámbitos, desempeñan actualmente actividades que, a lo largo de su carrera profesional, pueden implicar en varias ocasiones el traslado a otros Estados miembros de la Unión Europea durante períodos más o menos prolongados, e incluso, en algunos casos, a terceros países.

67.      Estos trabajadores no son, en absoluto, únicamente directivos o «altos cargos» con una situación económica relativamente holgada, o incluso acaudalados. En numerosas empresas que operan a escala internacional, hoy en día amplios sectores de las plantillas se benefician de sistemas de remuneración que prevén el pago de una parte del salario en forma de acciones u opciones sobre acciones. Para muchos de los interesados, las inversiones de capital resultantes representan una parte importante de sus ahorros personales, así como un elemento fundamental de su plan de pensiones privado. Al mismo tiempo, la remuneración de los empleados con (al menos en parte) participaciones en la empresa constituye, especialmente para las empresas emergentes y en expansión, un medio importante para desarrollarse adecuadamente —sobre todo en una fase inicial— y, al mismo tiempo, resultar atractivas para los trabajadores altamente cualificados en un mercado laboral cada vez más internacional. Esta circunstancia también se advierte, dicho sea de paso, en los trabajos que están llevando a cabo actualmente los órganos de la Unión con vistas a nuevos proyectos legislativos europeos. (38)

68.      Si todos estos trabajadores hubieran de temer que las plusvalías no realizadas de las acciones y otros valores adquiridos en el marco de su actividad profesional tuvieran que tributar íntegra y repetidamente cada vez que cambiaran de lugar de residencia y de trabajo a otro país, existiría el riesgo de que las ventajas del mercado único europeo, especialmente en el mundo laboral moderno, se vieran considerablemente mermadas para un gran número de ciudadanos de la Unión, o incluso quedasen suprimidas por completo.

3.      Conclusión provisional

69.      Por lo tanto, la libre circulación de los trabajadores (artículo 45 TFUE) se opone a una normativa fiscal nacional según la cual el impuesto de salida que se devenga al trasladar al extranjero la residencia fiscal de un trabajador se extiende a las plusvalías no realizadas de los activos de dicho trabajador que se hayan generado en el extranjero en un momento en que el trabajador aún no tenía su residencia fiscal en el territorio nacional.

C.      Falta de toma en consideración de la minusvalía no realizada de determinados activos (segunda cuestión prejudicial)

70.      Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pretende, en esencia, obtener información sobre si la libre circulación de los trabajadores (artículo 45 TFUE) prohíbe incluir en la base imponible de un impuesto de salida únicamente aquellos activos del contribuyente que hayan experimentado una plusvalía latente, excluyendo los activos que hayan sufrido una minusvalía latente.

71.      También en relación con esta cuestión sostienen las partes en el procedimiento tesis divergentes. AR y la Comisión se pronuncian a favor de tener en cuenta las minusvalías no realizadas, mientras que los Gobiernos polaco y alemán se oponen a ello.

1.      Restricción a la libre circulación de los trabajadores

72.      Por cuanto parece, el trasfondo de la segunda cuestión prejudicial radica en el hecho de que, en el presente asunto, algunas de las acciones en poder de AR han experimentado una revalorización desde su adquisición por parte de AR, mientras que ha descendido la cotización de otras de sus acciones. Sin embargo, para el cálculo del impuesto de salida polaco controvertido, solo se tienen en cuenta aquellas acciones cuya cotización ha aumentado, mientras que las acciones cuya cotización ha disminuido no se incluyen en la base imponible, por lo que las plusvalías no realizadas no pueden compensarse con las minusvalías no realizadas.

73.      De acuerdo con la información facilitada por el órgano jurisdiccional remitente, la situación es totalmente diferente en lo que respecta al cálculo del impuesto polaco sobre la renta de las personas físicas que grava los ingresos por la venta de acciones realmente obtenidos: si un contribuyente vende las acciones de que es titular, en la base imponible del impuesto ordinario sobre la renta no solo se incluyen, a efectos de la tributación de sus rendimientos del capital, las ganancias en la cotización de acciones realizadas durante el período impositivo por las acciones vendidas, sino también las perdidas en la cotización realizadas durante el mismo período por otras acciones vendidas, de modo que, en definitiva, respecto al período impositivo de que se trate, se produce una compensación entre las ganancias producidas en la cotización de acciones y las eventuales pérdidas producidas en esa cotización.

74.      De este modo, en lo que respecta a la base imponible, se produce una diferencia de trato entre los contribuyentes a los que, debido al traslado de su residencia al extranjero, se les aplica un impuesto de salida sobre las plusvalías no realizadas de determinados activos y los contribuyentes que, al mantener su residencia fiscal en el territorio nacional, simplemente han enajenado una serie de activos, materializando así, por una parte, plusvalías y, por otra, minusvalías.

75.      Dicha diferencia de trato, especialmente en lo que respecta al cálculo de la base imponible, no constituye, como se ha expuesto anteriormente, (39) un requisito necesario para determinar la existencia de una restricción a la libre circulación de los trabajadores. Sin embargo, refuerza el efecto restrictivo que ya de por sí tiene cualquier impuesto de salida. Como es sabido, el contribuyente que traslada su domicilio al extranjero sufre una desventaja de tesorería debida a la tributación de salida, ya que —a diferencia de un contribuyente que permanece en el territorio nacional— se le grava específicamente por las plusvalías latentes y no por las plusvalías efectivamente realizadas de su patrimonio. Esta desventaja de tesorería se agrava precisamente aún más cuando las minusvalías latentes no se tienen en cuenta en el impuesto de salida, mientras que en el impuesto ordinario sobre la renta de las personas físicas pueden deducirse de las ganancias por enajenación realizadas. Dicho en términos más sencillos, el impuesto de salida tiende a ser más elevado cuando, en su cálculo, solo se tienen en cuenta las plusvalías no realizadas, pero no las minusvalías no realizadas, de una misma cartera de valores.

76.      Por consiguiente, el hecho de que no se tengan en cuenta las minusvalías no realizadas en el cálculo de un impuesto de salida como el impuesto polaco controvertido constituye una restricción a la libre circulación de los trabajadores.

2.      Justificación

77.      Para justificar tal restricción, cabe atender —al igual que ya se ha señalado en el marco de la primera cuestión prejudicial— en primer lugar, al reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros [véase al respecto, a continuación, la sección a)]. Además, conviene abordar brevemente la cuestión de evitar la doble imputación de las pérdidas [véase al respecto, a continuación, la sección b)].

a)      Reparto equilibrado de la potestad tributaria

78.      Si, en primer lugar, se parte de la premisa de que mediante la tributación de salida se pretende alcanzar el objetivo legítimo de un reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros, habrá de examinarse si, en concreto, el hecho de no tener en cuenta las minusvalías no realizadas de los activos del contribuyente es idóneo para garantizar la consecución de dicho objetivo.

79.      Ha de destacarse en este contexto que solo puede considerarse idónea para la consecución del objetivo perseguido aquella medida que responda efectivamente a la necesidad de alcanzar dicho objetivo de manera congruente y sistemática. (40)

80.      Precisamente este enfoque congruente y sistemático es el que falta en una normativa como la normativa polaca controvertida, en la que, si bien las minusvalías que sufre el contribuyente deben quedar excluidas del cálculo del impuesto de salida en caso de traslado de su residencia fiscal, en el supuesto de que se materialicen mediante enajenación sí pueden tenerse en cuenta a efectos de la liquidación del impuesto ordinario sobre la renta de las personas físicas. Si, a efectos de la tributación, debe determinarse la evolución del valor de las acciones, el contribuyente que desee trasladar su residencia al extranjero y el contribuyente que mantenga su residencia en el territorio nacional se encontrarán en una situación comparable. (41) Por consiguiente, la congruencia del procedimiento exige que, en ambos casos, se aplique efectivamente el mismo método de cálculo de la base imponible.

81.      El órgano jurisdiccional remitente presume que el legislador polaco, al adoptar la normativa nacional sobre el impuesto de salida, podría haber partido del modelo de un contribuyente que, si bien está dispuesto en todo momento a materializar ganancias, se muestra reacio a materializar pérdidas. A su juicio, ello puede ser una razón para tener en cuenta las plusvalías no realizadas, excluyendo las minusvalías no realizadas, a efectos del impuesto de salida.

82.      Aun suponiendo que el legislador polaco se haya guiado efectivamente por tales consideraciones, ello no refleja, sin embargo, un enfoque congruente y sistemático, ya que el modelo de tal «inversor reacio a las pérdidas» se refleja —si es que lo hace— únicamente en las normas relativas al impuesto de salida, pero no en las relativas al impuesto ordinario sobre la renta de las personas físicas aplicable a las variaciones de cotización efectivamente materializadas mediante la venta de los valores.

83.      Abstracción hecha de cuanto antecede, en mi opinión, un enfoque congruente y sistemático para el reparto de la potestad tributaria entre los Estados miembros exige que el Estado miembro que recauda un impuesto de salida incluya en la base imponible de dicho impuesto tanto las plusvalías no realizadas obtenidas por el contribuyente como las minusvalías no realizadas sufridas por este, al menos en la misma medida en que reconocería dichas minusvalías en el momento de la enajenación efectiva por residentes de los activos en cuestión en el territorio nacional a efectos de su liquidación del impuesto ordinario sobre la renta de las personas físicas.

84.      Por cierto, este mismo punto de vista ya se vislumbra en la jurisprudencia emanada hasta la fecha en materia de imposición de salida: el Tribunal de Justicia parece dar sin más por sentado que el Estado miembro competente para gravar las plusvalías no puede dejar de tener en cuenta las eventuales minusvalías. (42) Solo no podrán incluirse aquellas minusvalías que quedan fuera de su propia potestad tributaria, por su propia naturaleza, en la base imponible del impuesto de salida. (43)

85.      He de añadir que toda imposición de salida va necesariamente acompañada de una instantánea del patrimonio fiscalmente relevante del contribuyente en una fecha de referencia determinada. Cuando los valores en poder de particulares, en particular las acciones, están sujetos a un impuesto de salida, se establece, a fin de cuentas, la ficción de que el contribuyente, en el momento de trasladar su residencia fiscal al extranjero, liquida la totalidad de su cartera de valores y, por lo tanto, enajena no solo algunos valores, sino todos los que la componen, en parte con ganancias, pero también, en parte, con pérdidas. En estas circunstancias, un enfoque congruente y sistemático no puede limitarse a considerar de forma unilateral las ganancias de unos valores, dejando de lado las pérdidas de otros.

86.      En otro contexto, puede resultar adecuado considerar por separado la evolución del valor de activos concretos a efectos del cálculo del impuesto de salida, en particular en el caso de determinados elementos del inmovilizado material de las empresas (concretamente, edificios, maquinaria y vehículos), ya que es posible que se hubieran aplicado a estos ventajas fiscales específicas, como una depreciación por deterioro, que deben compensarse mediante el impuesto de salida. Sin embargo, esto no se aplica a las acciones depositadas en la cartera de valores de un particular: en este caso, lo único que resulta pertinente a efectos de la evolución del valor del patrimonio del contribuyente y, por lo tanto, de la base imponible de un posible impuesto de salida es una consideración global de dicha cartera de valores.

87.      En definitiva, una normativa como la normativa polaca controvertida no es, por lo tanto, idónea en modo alguno para garantizar un reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros.

b)      Prevención de la doble imputación de pérdidas

88.      De manera marginal, en el procedimiento prejudicial también se ha abordado la prevención de la doble imputación de pérdidas como posible causa de justificación. Se ha alegado que se dará el riesgo de una doble imputación de las pérdidas si, en primer lugar, el Estado miembro de salida tiene en cuenta las minusvalías no realizadas al calcular el impuesto de salida y, posteriormente, en caso de enajenación del activo en cuestión, el contribuyente puede deducir fiscalmente en el Estado miembro de destino las minusvalías —ahora realizadas—.

89.      El Tribunal de Justicia reconoce que los Estados miembros deben poder prevenir la doble imputación de pérdidas. (44) Sin embargo, solo puede hablarse de riesgo de doble imputación cuando, de hecho, se deduce fiscalmente una misma pérdida en dos Estados miembros distintos. No es esto lo que ocurre en el caso de la imposición de salida, por dos motivos.

90.      Por un lado, no se trata en absoluto de la misma pérdida cuando, en un Estado miembro —el Estado de salida—, una minusvalía no realizada tiene repercusiones fiscales y, en otro Estado miembro —el Estado de destino—, se da una minusvalía efectivamente realizada mediante enajenación.

91.      Por otro lado, de acuerdo con el principio de territorialidad fiscal, cada Estado miembro afectado solo debe tener en cuenta a efectos fiscales aquellas pérdidas que se hayan producido dentro de su ámbito de competencia fiscal. (45) El Estado miembro de destino «tendrá en cuenta, en principio, en el momento de la realización de los activos […], las plusvalías y minusvalías generadas por esos activos desde el traslado de la [residencia fiscal]». (46) No está obligado a tener en cuenta las pérdidas que no se hayan generado en modo alguno durante la residencia fiscal del contribuyente en su territorio y que, además, ya hayan sido tenidas en cuenta previamente por el Estado miembro de salida —por regla general, incluso en un período impositivo completamente distinto—. (47) Se aplica el principio de simetría entre el derecho a gravar los beneficios y la posibilidad de deducir las pérdidas. (48)

3.      Conclusión provisional

92.      Por lo tanto, la libre circulación de los trabajadores (artículo 45 TFUE) se opone a una normativa fiscal nacional según la cual solo deben incluirse en la base imponible del impuesto de salida aquellos activos del contribuyente que han registrado una plusvalía no realizada, excluyendo los activos que hayan registrado una minusvalía no realizada.

D.      Alcance de un posible aplazamiento del pago del impuesto de salida (tercera cuestión prejudicial)

93.      Con su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber en esencia si la libre circulación de los trabajadores (artículo 45 TFUE) permite un aplazamiento del impuesto de salida mediante su pago fraccionado durante un máximo de cinco años, o si debe concederse al contribuyente un aplazamiento más amplio y completo hasta la enajenación efectiva de los activos de que se trata.

94.      El trasfondo de esta cuestión radica en que la normativa polaca controvertida prevé, previa solicitud, un aplazamiento con pago fraccionado durante un máximo de cinco años a partir del final del período impositivo en el que se produjo la salida del contribuyente de Polonia. Como se desprende de la resolución de remisión, el órgano jurisdiccional remitente plantea esta cuestión al Tribunal de Justicia principalmente porque la evolución de nuestra jurisprudencia al respecto no está exenta de ambigüedades, en particular desde la sentencia de la Gran Sala dictada en el asunto Wächtler. (49)

95.      En este contexto, no es de extrañar que también entre las partes en el procedimiento exista una división de opiniones respecto a la tercera cuestión prejudicial: mientras que AR y la Comisión consideran necesario un aplazamiento total del impuesto de salida hasta la enajenación efectiva de los activos en cuestión, todos los Gobiernos intervinientes consideran suficiente un aplazamiento de hasta cinco años con pago fraccionado.

1.      Restricción a la libre circulación de los trabajadores

96.      Toda recaudación de un impuesto de salida antes de la fecha de la enajenación efectiva de los activos de que se trata por el contribuyente —con independencia de que se conceda o no el pago fraccionado— supone una desventaja de tesorería para el contribuyente y, por lo tanto, constituye sin duda alguna una restricción a la libre circulación de los trabajadores. (50)

2.      Justificación

97.      Como ya se ha expuesto anteriormente, una restricción de este tipo solo puede justificarse por razones imperiosas de interés general, siempre que se respete el principio de proporcionalidad. (51) Dado que en el procedimiento prejudicial no se ha alegado nada en sentido contrario, me centraré a continuación en las dos causas de justificación fundamentales, ya debatidas en repetidas ocasiones en la jurisprudencia anterior, del cobro efectivo (en contraposición a la mera liquidación) de un impuesto de salida: se trata, por un lado, del reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros y, por otro, de la recaudación efectiva del impuesto de salida.

a)      Reparto equilibrado de la potestad tributaria

98.      En lo que respecta a la primera causa de justificación posible —el reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros—, queda claro que esta consideración no basta para proceder al cobro de un impuesto de salida en tanto en cuanto las plusvalías subyacentes de los activos de que se trate del contribuyente permanezcan latentes. En efecto, tal y como ha señalado el Tribunal de Justicia, el reparto equilibrado de la potestad tributaria no se ve menoscabado si el pago de un impuesto de salida ya liquidado se aplaza íntegramente hasta la realización efectiva de las plusvalías gravadas. (52) Por consiguiente, un aplazamiento por un período limitado —por ejemplo, de tan solo cinco años— va más allá de lo necesario para el mero reparto de la potestad tributaria entre los Estados miembros y, por lo tanto, resulta desproporcionado para la consecución de este primer objetivo.

b)      Recaudación efectiva del impuesto de salida

99.      En cambio, la situación resulta menos clara en lo que respecta a la segunda causa de justificación posible: el interés del Estado miembro de salida en recaudar de manera efectiva su impuesto de salida.

100. Desde la sentencia Wächtler, (53) no está claro qué importancia puede seguir atribuyéndose a este interés de los Estados miembros. Ello se debe a que, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia examinó conjuntamente las causas de justificación esgrimidas para la liquidación y el cobro de un impuesto de salida y las rechazó —al menos en lo que respecta a los hechos del asunto—, aunque se limitó en esencia a formular consideraciones que, en realidad, solo son pertinentes en relación con el reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros.

1)      Idoneidad

101. Con todo, no me parece que, en la sentencia Wächtler, el Tribunal de Justicia quisiera negar a los Estados miembros el interés legítimo de recaudar eficazmente su impuesto de salida. (54) Un aplazamiento por un período limitado también es, sin duda, idóneo para alcanzar este objetivo. En tanto el legislador de la Unión no proceda a una armonización en este ámbito, los Estados miembros disponen de cierto margen de maniobra para determinar por sí mismos la duración exacta y las modalidades del aplazamiento del pago que se vaya a conceder.

2)      Necesidad

102. No obstante, el eje central del análisis de la justificación es la cuestión de si solo conceder un aplazamiento por un período limitado resulta excesivamente estricto, es decir, si va más allá de lo necesario para recaudar eficazmente el impuesto de salida. Cabe considerar alternativas menos drásticas: por un lado, un aplazamiento completo y de mayor duración del impuesto de salida hasta la venta efectiva de los activos en cuestión, en lo posible previa constitución de una garantía; (55) por otro lado, el aprovechamiento de todas las posibilidades de cooperación existentes y del intercambio de información entre las autoridades tributarias del Estado miembro de salida y las del Estado miembro de destino. (56)

103. Sin embargo, a diferencia de lo que parece desprenderse de la sentencia Wächtler, (57) no considero que dichas alternativas —sin duda menos drásticas— sean igualmente idóneas para alcanzar el objetivo de una recaudación lo más eficaz posible del impuesto de salida. En efecto, ni la constitución de garantías por el contribuyente ni la cooperación y el intercambio de información con las autoridades extranjeras modifican de manera sustancial el hecho de que, a medida que aumenta el tiempo transcurrido desde el momento de la salida del contribuyente, resulta cada vez más difícil y laborioso realizar un seguimiento de los activos de que se trata. (58) El riesgo de no poder cobrar la deuda tributaria no deja de aumentar a medida que transcurre el tiempo. (59)

104. Además, es posible que algunos activos que registren plusvalías no realizadas nunca lleguen a enajenarse, por lo que el aplazamiento del impuesto de salida podría prolongarse indefinidamente y la deuda tributaria nunca podría llegar a recaudarse. Esto entraría en contradicción con el derecho del Estado miembro de salida —reconocido expresamente por el Tribunal de Justicia— a recaudar su impuesto de salida incluso cuando determinados activos afectados no se enajenen tras la salida. (60)

105. A la vista de cuanto antecede, un aplazamiento del impuesto de salida por un período limitado —por ejemplo, de cinco años— puede considerarse absolutamente necesario, incluso teniendo debidamente en cuenta el margen de maniobra de que siguen disponiendo los Estados miembros, para alcanzar efectivamente el objetivo legítimo de una recaudación eficaz del impuesto de salida.

3)      Proporcionalidad en sentido estricto

106. Por último, queda por examinar si un aplazamiento del impuesto de salida por un período de tiempo limitado —y no hasta la materialización efectiva de las plusvalías no realizadas de los activos de que se trata mediante su enajenación efectiva— podría imponer al contribuyente cargas o causarle perjuicios que sean totalmente desproporcionados con respecto al objetivo perseguido de una recaudación efectiva de dicho impuesto («proporcionalidad en sentido estricto»).

107. Considerados por sí solos, los intereses del contribuyente abogan sin duda alguna por que se le conceda el aplazamiento de pago más prolongado posible, es decir, un aplazamiento total, sin obligación alguna de pago fraccionado, hasta el momento de la enajenación efectiva de los elementos patrimoniales de que se trate. Dado que el impuesto de salida, por su propia naturaleza, se refiere siempre a plusvalías latentes (no realizadas todavía), el contribuyente no dispone necesariamente, en el momento de la liquidación de dicho impuesto, de los recursos líquidos necesarios para abonarlo; por lo tanto, podría verse obligado a enajenar determinados elementos de su patrimonio para obtener liquidez.

108. No obstante, los intereses legítimos del contribuyente deben sopesarse con el interés, igualmente legítimo, del Estado miembro de salida en una recaudación efectiva del impuesto de salida, y debe alcanzarse un equilibrio justo entre ambos. A diferencia de lo que podría sugerir la sentencia Wächtler, (61) en este contexto no puede tratarse realmente de «eliminar» por completo la desventaja de tesorería que le supone al contribuyente el impuesto de salida. En efecto, si se considera que un impuesto de salida está por principio justificado, (62) el contribuyente debe aceptar en cierta medida desventajas relacionadas con dicho impuesto, siempre que estas desventajas puedan configurarse de manera que resulten aceptables para él.

109. Desde este punto de vista, la sentencia Wächtler —que se refería al caso concreto de una normativa nacional que no preveía posibilidad automática alguna de aplazamiento— (63) no debería generalizarse; más bien, dicha sentencia debería interpretarse en el marco de la amplísima jurisprudencia que se ha desarrollado a lo largo de más de veinte años en materia de tributación de salida. De ella se desprende, como denominador común, que, si bien el cobro inmediato de un impuesto de salida ya liquidado resulta desproporcionado, (64) un aplazamiento por un plazo limitado puede ser perfectamente compatible con las libertades fundamentales, (65) siempre que dicho aplazamiento no se aplique únicamente de forma excepcional, en casos de especial dificultad o con sujeción a condiciones específicas, sino que corresponda automáticamente a toda persona que deba abonar un impuesto de salida. (66)

110. En particular, el Tribunal de Justicia ya ha reconocido que un aplazamiento del pago limitado a cinco años puede cumplir perfectamente las exigencias de proporcionalidad. (67) Además, el legislador de la Unión prevé ahora como norma general un aplazamiento de cinco años del impuesto de salida, aunque limitado a las empresas sujetas al impuesto de sociedades. (68) Esta legislación se vería empañada si, en el presente asunto, el Tribunal de Justicia considerara desproporcionado un aplazamiento limitado a cinco años.

111. En este contexto, un aplazamiento de hasta cinco años del impuesto de salida, combinado con el pago fraccionado, no parece en absoluto proporcionado.

4)      Observaciones complementarias sobre la igualdad de trato entre empresas y personas físicas

112. Ha de reconocerse que, en la actualidad, ni de la legislación de la Unión ni de la jurisprudencia se desprenden prescripciones concretas relativas específicamente al impuesto de salida que deben abonar un trabajador por cuenta ajena o, con carácter más general, un particular. Si bien algunos procedimientos prejudiciales sobre el impuesto de salida se referían a personas físicas, se trataba —por cuanto se aprecia— por regla general de personas interesadas en su calidad de empresarios o, en cualquier caso, de accionistas significativos de sociedades. (69)

113. No obstante, el Tribunal de Justicia ya ha reconocido expresamente, en el marco de un procedimiento por incumplimiento, que «no existe ninguna razón objetiva para establecer una distinción entre la tributación a la salida de las personas físicas y la de las personas jurídicas por las plusvalías latentes». (70)

114. De hecho, en la práctica no siempre resulta fácil trazar la línea divisoria entre un empresario y un particular que sea titular de un número significativo de participaciones en una sociedad —específicamente, acciones—. En efecto, al invertir sus ahorros en el mercado de valores, un particular también participa en la vida económica y apoya financieramente, al menos de forma indirecta, a las empresas en su actividad.

115. Tanto las empresas como los particulares se enfrentan en última instancia, en lo que respecta al impuesto de salida, al mismo problema de liquidez: el de tener que saldar una deuda tributaria a pesar de que aún no han realizado, mediante su enajenación, las plusvalías latentes de sus activos que subyacen al impuesto, por lo que es posible que tengan que recurrir a su patrimonio para saldar dicha deuda.

116. Y tanto las empresas como los particulares se muestran, con razón, reacios a recurrir precisamente a ese patrimonio para saldar sus deudas: desde el punto de vista empresarial, tal modo de proceder puede suponer un debilitamiento de la posición en el mercado y, posiblemente, dar lugar a una pérdida de puestos de trabajo; para los particulares, puede entrañar recortes dolorosos en sus ahorros y, en algunos casos, puede incluso verse afectada su previsión para la jubilación.

117. Por lo tanto, la carga que supone un impuesto de salida puede resultar muy gravosa tanto para las empresas como para los particulares. Sin embargo, esto está relacionado con la naturaleza del impuesto de salida, que siempre se aplica a las plusvalías no realizadas de determinados elementos patrimoniales y no está vinculado a su enajenación efectiva.

118. En definitiva, a mi juicio, un aplazamiento de la deuda del impuesto de salida de hasta cinco años, combinado con el pago fraccionado, cumple las exigencias de proporcionalidad incluso en un caso como el de autos, en el que no se ve afectada una empresa, sino un trabajador.

3.      Conclusión provisional

119. Por lo tanto, la libre circulación de los trabajadores (artículo 45 TFUE) no se opone a una normativa fiscal nacional según la cual el impuesto de salida pueda aplazarse, previa solicitud, de tal manera que se abone total o parcialmente de forma fraccionada en un plazo máximo de cinco años, sin necesidad de esperar a la enajenación efectiva de los activos de que se trate.

VI.    Conclusión

120. A la vista de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la petición de decisión prejudicial planteada por el Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Voivodato de Varsovia, Polonia) del modo siguiente:

«El artículo 45 TFUE debe interpretarse en el sentido de que:

1)      Se opone a una normativa fiscal nacional según la cual el impuesto de salida que se devenga al trasladar al extranjero la residencia fiscal de un trabajador se extiende a las plusvalías no realizadas de los activos de dicho trabajador que se hayan generado en el extranjero en un momento en que el trabajador aún no tenía su residencia fiscal en el territorio nacional.

2)      Se opone a una normativa fiscal nacional según la cual solo deben incluirse en la base imponible del impuesto de salida aquellos activos del contribuyente que hayan registrado una plusvalía no realizada, excluyendo los activos que hayan registrado una minusvalía no realizada.

3)      No se opone a una normativa fiscal nacional según la cual el impuesto de salida puede aplazarse, previa solicitud, de tal manera que se abone total o parcialmente de forma fraccionada en un plazo máximo de cinco años, sin necesidad de esperar a la enajenación efectiva de los activos de que se trate.»


1      Lengua original: alemán.


i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.


2      Sentencia de 11 de marzo de 2004 (C‑9/02, EU:C:2004:138).


3      Véase, en particular, la sentencia de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785), apartado 46.


4      Dz. U. 2024, posición 226, con modificaciones.


5      Dz. U. 2023, posición 902, con modificaciones.


6      El Gobierno noruego limita sus observaciones a la tercera cuestión prejudicial.


7      El Gobierno noruego lo justifica alegando que el Acuerdo EEE, aplicable a Noruega, no contempla un equivalente al artículo 21 TFUE.


8      Esta jurisprudencia se remonta a la sentencia de 26 de noviembre de 2002, Oteiza Olazábal (C‑100/01, EU:C:2002:712), apartado 26; véanse también, de fecha más reciente, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, Chief Appeals Officer y otros (C‑488/21, EU:C:2023:1013), apartado 46, así como, en lo que respecta específicamente a la tributación de salida, las sentencias de 7 de septiembre de 2006, N (C‑470/04, EU:C:2006:525), apartados 22 y 23, y de 21 de diciembre de 2016, Comisión/Portugal (C‑503/14, EU:C:2016:979), apartados 35 y 36.


9      En cambio, la sentencia de 9 de noviembre de 2006, Turpeinen (C‑520/04, EU:C:2006:703), versaba sobre una persona que, durante su vida laboral, nunca había hecho uso de las libertades fundamentales del mercado interior europeo, sino que se trasladó al extranjero solo tras finalizar su carrera profesional, por lo que, en aquel caso, solo podía ser determinante la libre circulación de los ciudadanos de la Unión (actualmente, artículo 21 TFUE).


10      Véase también la sentencia de 12 de julio de 2012, Comisión/España (C‑269/09, EU:C:2012:439), apartado 93.


11      A escala de la Unión, hasta la fecha solo existe una normativa de Derecho derivado sobre la imposición de salida en lo que respecta a las empresas sujetas al impuesto de sociedades, concretamente en el artículo 5 de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior (DO 2016, L 193, p. 1); a esta Directiva se la conoce también en gran medida por su sigla en inglés, «ATAD» (Anti-Tax-Avoidance-Directive).


12      Véase, en el caso más reciente, la sentencia de 12 de marzo de 2026, Chefquet (C‑119/24, EU:C:2026:189), apartado 29; véanse, con carácter fundamental, las sentencias de 11 de agosto de 1995, Wielockx (C‑80/94, EU:C:1995:271), apartado 16, y de 14 de febrero de 1995, Schumacker (C‑279/93, EU:C:1995:31), apartado 21, así como —en lo que respecta específicamente a la imposición de salida— las sentencias de 11 de marzo de 2004, de Lasteyrie du Saillant (C‑9/02, EU:C:2004:138), apartado 44, y de 12 de julio de 2012, Comisión/España (C‑269/09, EU:C:2012:439), apartado 47.


13      Sentencias de 11 de marzo de 2004, de Lasteyrie du Saillant (C‑9/02, EU:C:2004:138), apartados 39 a 48; de 7 de septiembre de 2006, N (C‑470/04, EU:C:2006:525), apartados 33 a 39; de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785), apartados 35 a 41, y de 14 de septiembre de 2017, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements (C‑646/15, EU:C:2017:682), apartados 41 a 48.


14      Sentencia de 21 de diciembre de 2016, Comisión/Portugal (C‑503/14, EU:C:2016:979), apartados 37 a 47.


15      Sentencias de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785), apartado 37; de 23 de enero de 2014, DMC (C‑164/12, EU:C:2014:20), apartado 40; de 21 de diciembre de 2016, Comisión/Portugal (C‑503/14, EU:C:2016:979), apartados 44 y 45, y de 16 de febrero de 2023, Gallaher (C‑707/20, EU:C:2023:101), apartado 91; en el mismo sentido, en relación con el Acuerdo con la Confederación Suiza sobre la libre circulación de personas, sentencia de 26 de febrero de 2019, Wächtler (C‑581/17, EU:C:2019:138), apartados 57 y 68.


16      Sentencias de 11 de marzo de 2004, de Lasteyrie du Saillant (C‑9/02, EU:C:2004:138), apartado 46; de 7 de septiembre de 2006, N (C‑470/04, EU:C:2006:525), apartado 35; de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785), apartado 37; de 21 de diciembre de 2016, Comisión/Portugal (C‑503/14, EU:C:2016:979), apartados 43 a 45, y de 14 de septiembre de 2017, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements (C‑646/15, EU:C:2017:682), apartados 45 a 47.


17      Sentencias de 11 de marzo de 2004, de Lasteyrie du Saillant (C‑9/02, EU:C:2004:138), apartado 46; de 7 de septiembre de 2006, N (C‑470/04, EU:C:2006:525), apartado 35; de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785), apartados 37 a 40; de 21 de diciembre de 2016, Comisión/Portugal (C‑503/14, EU:C:2016:979), apartados 43 a 46, y de 14 de septiembre de 2017, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements (C‑646/15, EU:C:2017:682), apartados 45 a 49.


18      Sentencia de 12 de julio de 2012 (C‑269/09, EU:C:2012:439), apartados 57 a 60.


19      Sentencias de 11 de marzo de 2004, de Lasteyrie du Saillant (C‑9/02, EU:C:2004:138), apartado 49; de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785), apartado 42, y de 21 de diciembre de 2016, Comisión/Portugal (C‑503/14, EU:C:2016:979), apartado 48; véase, además, en particular en lo que respecta a la justificación de las restricciones a la libre circulación de los trabajadores en el contexto de la fiscalidad directa, la sentencia de 12 de marzo de 2026, Chefquet (C‑119/24, EU:C:2026:189), apartado 60.


20      Sentencias de 7 de septiembre de 2006, N (C‑470/04, EU:C:2006:525), apartados 40 a 47; de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785), apartado 46; de 12 de julio de 2012, Comisión/España (C‑269/09, EU:C:2012:439), apartado 78; de 21 de diciembre de 2016, Comisión/Portugal (C‑503/14, EU:C:2016:979), apartado 51; de 14 de septiembre de 2017, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements (C‑646/15, EU:C:2017:682), apartado 51, y de 16 de febrero de 2023, Gallaher (C‑707/20, EU:C:2023:101), apartado 86. La causa de justificación relativa al reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros se debatió por primera vez en la sentencia de 13 de diciembre de 2005, Marks & Spencer (C‑446/03, EU:C:2005:763), apartados 43 a 46, aunque en aquel asunto no se abordó en relación con un impuesto de salida.


21      Sentencias de 16 de abril de 2015, Comisión/Alemania (C‑591/13, EU:C:2015:230), apartado 64; de 21 de mayo de 2015, Verder LabTec (C‑657/13, EU:C:2015:331), apartado 42, y de 23 de noviembre de 2017, A (C‑292/16, EU:C:2017:888), apartado 30; en el mismo sentido, véase ya la sentencia de 12 de mayo de 1998, Gilly (C‑336/96, EU:C:1998:221), apartados 24 y 30.


22      Sentencias de 21 de septiembre de 1999, Compagnie de Saint-Gobain (C‑307/97, EU:C:1999:438), apartado 58; de 12 de diciembre de 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation (C‑374/04, EU:C:2006:773), apartado 54, y de 25 de febrero de 2021, Société Générale (C‑403/19, EU:C:2021:136), apartado 30.


23      Sentencias de 12 de julio de 2012, Comisión/España (C‑269/09, EU:C:2012:439), apartado 78; de 23 de enero de 2014, DMC (C‑164/12, EU:C:2014:20), apartado 49, y de 14 de septiembre de 2017, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements (C‑646/15, EU:C:2017:682), apartado 52, así como —en esencia con el mismo tenor— la sentencia de 22 de marzo de 2018, Jacob y Lassus (C‑327/16 y C‑421/16, EU:C:2018:210), apartado 65; en el mismo sentido, véanse ya las sentencias de 7 de septiembre de 2006, N (C‑470/04, EU:C:2006:525), apartado 46, y de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785), apartados 46, 48 y 60, sobre la base, respectivamente, de mis conclusiones presentadas en los dos últimos asuntos mencionados (conclusiones en el asunto N, C‑470/04, EU:C:2006:217, y en el asunto National Grid Indus, C‑371/10, EU:C:2011:563).


24      Sentencia de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785), apartado 48, penúltima frase.


25      Sentencia de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785), apartado 48, última frase. Por el contrario, un Estado miembro no está obligado a tener en cuenta las eventuales minusvalías que se hayan generado con posterioridad al traslado a otro Estado miembro: véase la sentencia de 14 de septiembre de 2017, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements (C‑646/15, EU:C:2017:682), apartado 58.


26      Sentencia de 16 de abril de 2015, Comisión/Alemania (C‑591/13, EU:C:2015:230), apartado 65; el subrayado es mío.


27      Sentencias de 25 de abril de 2013, Comisión/España (C‑64/11, EU:C:2013:264), apartado 31, y de 16 de abril de 2015, Comisión/Alemania (C‑591/13, EU:C:2015:230), apartado 65 y, en términos similares, 69 y 70.


28      Sentencia de 21 de mayo de 2015, Verder LabTec (C‑657/13, EU:C:2015:331), apartado 44; en el mismo sentido, sentencias de 16 de febrero de 2023, Gallaher (C‑707/20, EU:C:2023:101), apartado 91, y de 23 de noviembre de 2017, A (C‑292/16, EU:C:2017:888), apartado 32.


29      Considerando 10 de la Directiva 2016/1164 («ATAD»); el subrayado es mío.


30      En cuanto atañe a la tributación de los dividendos, el Tribunal de Justicia no ha dejado de subrayar que ningún Estado miembro está obligado a renunciar a su derecho a gravar una renta generada por una actividad económica ejercida en su territorio (véase a este respecto, con carácter fundamental, la sentencia de 12 de diciembre de 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, C‑374/04, EU:C:2006:773, apartado 59, in fine; véanse también, en el caso más reciente, mis conclusiones de 10 de septiembre de 2026 presentadas en el asunto Finanzamt für Großbetriebe, C‑475/25, EU:C:2026:744, en particular, punto 47 y jurisprudencia citada).


31      Véanse al respecto mis conclusiones de 30 de marzo de 2006 presentadas en el asunto N (C‑470/04, EU:C:2006:217), punto 93.


32      Sentencias de 6 de junio de 2000, Verkooijen (C‑35/98, EU:C:2000:294), apartado 59; de 11 de marzo de 2004, de Lasteyrie du Saillant (C‑9/02, EU:C:2004:138), apartado 60; de 16 de abril de 2015, Comisión/Alemania (C‑591/13, EU:C:2015:230), apartado 78, y de 16 de diciembre de 2021, Prefettura di Massa Carrara (C‑274/20, EU:C:2021:1022), apartado 39.


33      Sentencias de 11 de julio de 1989, Schräder HS Kraftfutter (265/87, EU:C:1989:303), apartado 21, in fine; de 9 de marzo de 2010, ERG y otros (C‑379/08 y C‑380/08, EU:C:2010:127), apartado 86; de 22 de enero de 2013, Sky Österreich (C‑283/11, EU:C:2013:28), apartado 50, y de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo (C‑156/21, EU:C:2022:97), apartado 340.


34      Si la revalorización de una acción desde su adquisición por parte del contribuyente asciende a 1 000 euros y tres Estados miembros le aplican sucesivamente un impuesto de salida del 30 % cada uno, la posible plusvalía que el contribuyente podría obtener con la enajenación finalmente se reduce, desde un punto de vista económico, a tan solo 100 euros, ya que, a lo largo del tiempo, ha tenido que abonar sucesivamente impuestos por un importe total de 900 euros en concepto de impuestos de salida (a menos que se le hubiera presentado una situación más favorable, por ejemplo, en virtud de un convenio para evitar la doble imposición).


35      Sentencias de 29 de abril de 2004, Weigel (C‑387/01, EU:C:2004:256), apartado 55; de 12 de febrero de 2009, Block (C‑67/08, EU:C:2009:92), apartado 35; de 12 de julio de 2005, Schempp (C‑403/03, EU:C:2005:446), apartado 45, y de 16 de enero de 2025, Ministarstvo financija (Beca Erasmus +) (C‑277/23, EU:C:2025:18), apartado 43; en términos similares, véase la sentencia de 30 de octubre de 2025, Attal et Associés (C‑321/24, EU:C:2025:836), apartado 40.


36      Sentencias de 14 de noviembre de 2006, Kerckhaert y Morres (C‑513/04, EU:C:2006:713), apartado 22; de 12 de febrero de 2009, Block (C‑67/08, EU:C:2009:92), apartado 30, y de 15 de abril de 2010, CIBA (C‑96/08, EU:C:2010:185), apartado 27.


37      Sentencias de 12 de febrero de 2009, Block (C‑67/08, EU:C:2009:92), apartado 31; de 15 de abril de 2010, CIBA (C‑96/08, EU:C:2010:185), apartado 28, y de 26 de febrero de 2020, Stanleyparma y Stanleybet Malta (C‑788/18, EU:C:2020:110), apartado 23; en el mismo sentido, véase ya la sentencia de 6 de diciembre de 2007, Columbus Container Services (C‑298/05, EU:C:2007:754), apartado 51.


38      Véase, en particular, la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el marco de legislación societaria del 28.º régimen: «EU INC» [COM(2026) 321 final], presentada por la Comisión el 18 de marzo de 2026, en la que la Comisión califica, entre otras cosas, de deseable facilitar la participación de los trabajadores en el capital social, por ejemplo, mediante planes de opciones sobre acciones, y hace referencia también a los trabajos del Consejo Europeo.


39      Véanse los puntos 40 a 46 de las presentes conclusiones.


40      Reiterada jurisprudencia; en concreto, en lo que respecta a la libre circulación de los trabajadores, véanse las sentencias de 13 de julio de 2016, Pöpperl (C‑187/15, EU:C:2016:550), apartado 33; de 21 de diciembre de 2023, Royal Antwerp Football Club (C‑680/21, EU:C:2023:1010), apartados 141 y 150, y de 4 de octubre de 2024, FIFA (C‑650/22, EU:C:2024:824), apartado 95; además, con carácter fundamental, las sentencias de 10 de marzo de 2009, Hartlauer (C‑169/07, EU:C:2009:141), apartado 55; de 17 de noviembre de 2009, Presidente del Consiglio dei Ministri (C‑169/08, EU:C:2009:709), apartado 42 —esta última dictada en relación con una normativa fiscal nacional—, y de 4 de octubre de 2024, Lituania y otros/Parlamento y Consejo (Paquete de movilidad) (C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818), apartado 367.


41      El Tribunal de Justicia no deja de poner de relieve, en distintos contextos, la comparabilidad de las situaciones: véanse las sentencias de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785), apartado 38; de 12 de julio de 2012, Comisión/España (C‑269/09, EU:C:2012:439), apartado 60; de 21 de diciembre de 2016, Comisión/Portugal (C‑503/14, EU:C:2016:979), apartado 46, y de 26 de febrero de 2019, Wächtler (C‑581/17, EU:C:2019:138), apartado 60.


42      En este sentido, sentencias de 7 de septiembre de 2006, N (C‑470/04, EU:C:2006:525), apartado 54, y de 22 de marzo de 2018, Jacob y Lassus (C‑327/16 y C‑421/16, EU:C:2018:210), apartado 84.


43      En este sentido, véanse las sentencias de 31 de enero de 2013, Comisión/Países Bajos (C‑301/11, no publicada, EU:C:2013:47), apartado 16, y de 14 de septiembre de 2017, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements (C‑646/15, EU:C:2017:682), apartado 58; en sentido similar, pero ya anteriormente, véase la sentencia de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785), apartados 56, 58 y 61.


44      Sentencias de 13 de diciembre de 2005, Marks & Spencer (C‑446/03, EU:C:2005:763), apartado 47; de 4 de julio de 2018, NN (C‑28/17, EU:C:2018:526), apartado 42, y de 19 de diciembre de 2024, Credit Suisse Securities (Europe) (C‑601/23, EU:C:2024:1048), apartado 72.


45      En este sentido, sentencias de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785), apartado 61; de 21 de diciembre de 2016, Comisión/Portugal (C‑503/14, EU:C:2016:979), apartado 55, y de 27 de febrero de 2020, AURES Holdings (C‑405/18, EU:C:2020:127), apartados 41, primera parte de la frase, y 52.


46      Sentencia de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785), apartado 61.


47      En este sentido, sentencia de 27 de febrero de 2020, AURES Holdings (C‑405/18, EU:C:2020:127), apartado 52.


48      Véanse, en relación con esta simetría —especialmente en lo que respecta a un impuesto de salida—, la sentencia de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785), apartado 58, así como —en otros contextos diversos— las sentencias de 15 de mayo de 2008, Lidl Belgium (C‑414/06, EU:C:2008:278), apartado 33; de 7 de noviembre de 2013, K (C‑322/11, EU:C:2013:716), apartado 51, y de 21 de diciembre de 2023, Cofidis (C‑340/22, EU:C:2023:1019), apartado 60.


49      Sentencia de 26 de febrero de 2019 (C‑581/17, EU:C:2019:138).


50      Véanse al respecto, en detalle, mis consideraciones sobre las cuestiones prejudiciales primera y segunda (en particular, los puntos 37 a 39 y 74 de las presentes conclusiones).


51      Véanse al respecto mis consideraciones anteriores, en particular las relativas a la primera cuestión prejudicial (punto 47 de las presentes conclusiones).


52      Sentencia de 26 de febrero de 2019, Wächtler (C‑581/17, EU:C:2019:138), apartado 64; en el mismo sentido, véanse ya las sentencias de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785), apartados 68 a 73; de 6 de septiembre de 2012, Comisión/Portugal (C‑38/10, EU:C:2012:521), apartados 31 a 33, y de 23 de noviembre de 2017, A (C‑292/16, EU:C:2017:888), apartados 35 y 36.


53      Sentencia de 26 de febrero de 2019 (C‑581/17, EU:C:2019:138), apartados 63 a 66.


54      Véase la sentencia de 26 de febrero de 2019, Wächtler (C‑581/17, EU:C:2019:138), apartado 66, en la que el Tribunal de Justicia reconoce, en principio, que «la recaudación inmediata del impuesto controvertido en el momento del traslado del domicilio del contribuyente puede, en principio, estar justificada por la necesidad de garantizar la recaudación eficaz de las deudas tributarias».


55      Véanse las sentencias de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785), apartados 73 y 74; de 23 de enero de 2014, DMC (C‑164/12, EU:C:2014:20), apartados 65 y 69, y de 26 de febrero de 2019, Wächtler (C‑581/17, EU:C:2019:138), apartado 66.


56      Sentencias de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785), apartado 78; de 25 de abril de 2013, Comisión/España (C‑64/11, EU:C:2013:264), apartado 38, y de 26 de febrero de 2019, Wächtler (C‑581/17, EU:C:2019:138), apartado 65.


57      Véase la sentencia de 26 de febrero de 2019 (C‑581/17, EU:C:2019:138), apartado 66.


58      En este sentido, véanse ya la sentencia de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785), apartado 70, así como, con carácter complementario, mis conclusiones de 8 de septiembre de 2011 presentadas en dicho asunto (EU:C:2011:563), puntos 69 a 71.


59      Sentencias de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785), apartado 74; de 23 de enero de 2014, DMC (C‑164/12, EU:C:2014:20), apartado 62; de 21 de mayo de 2015, Verder LabTec (C‑657/13, EU:C:2015:331), apartado 50; de 21 de diciembre de 2016, Comisión/Portugal (C‑503/14, EU:C:2016:979), apartado 59, última frase, y de 16 de febrero de 2023, Gallaher (C‑707/20, EU:C:2023:101), apartado 91, última parte de la frase.


60      Sentencia de 18 de julio de 2013, Comisión/Dinamarca (C‑261/11, EU:C:2013:480), apartados 35 a 37; en términos similares, sentencias de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785), apartado 49, y de 23 de enero de 2014, DMC (C‑164/12, EU:C:2014:20), apartados 51 a 53.


61      Véase la sentencia de 26 de febrero de 2019 (C‑581/17, EU:C:2019:138), apartado 68.


62      Véanse, a este respecto, mis consideraciones introductorias expuestas anteriormente en el punto 2 de las presentes conclusiones.


63      Sentencia de 26 de febrero de 2019, Wächtler (C‑581/17, EU:C:2019:138), en particular apartado 68.


64      Sentencias de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785), apartado 85; de 6 de septiembre de 2012, Comisión/Portugal (C‑38/10, EU:C:2012:521), apartado 31; de 16 de abril de 2015, Comisión/Alemania (C‑591/13, EU:C:2015:230), apartado 67; de 14 de septiembre de 2017, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements (C‑646/15, EU:C:2017:682), apartado 59, y de 16 de febrero de 2023, Gallaher (C‑707/20, EU:C:2023:101), apartado 90.


65      En este sentido, sentencias de 23 de enero de 2014, DMC (C‑164/12, EU:C:2014:20), apartado 61; de 6 de septiembre de 2012, Comisión/Portugal (C‑38/10, EU:C:2012:521), apartado 32, y de 16 de abril de 2015, Comisión/Alemania (C‑591/13, EU:C:2015:230), apartado 73.


66      En este sentido, sentencias de 11 de marzo de 2004, de Lasteyrie du Saillant (C‑9/02, EU:C:2004:138), apartados 47 y 56; de 25 de abril de 2013, Comisión/España (C‑64/11, EU:C:2013:264), apartado 37, y de 26 de febrero de 2019, Wächtler (C‑581/17, EU:C:2019:138), apartado 68; esta última sentencia hace referencia al Acuerdo con la Confederación Suiza sobre la libre circulación de personas.


67      Sentencias de 23 de enero de 2014, DMC (C‑164/12, EU:C:2014:20), apartados 62 y 64, y de 21 de mayo de 2015, Verder LabTec (C‑657/13, EU:C:2015:331), apartado 52.


68      Artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2016/1164 («ATAD»).


69      Así lo han establecido las sentencias de 11 de marzo de 2004, de Lasteyrie du Saillant (C‑9/02, EU:C:2004:138); de 7 de septiembre de 2006, N (C‑470/04, EU:C:2006:525), y de 26 de febrero de 2019, Wächtler (C‑581/17, EU:C:2019:138). En cambio, a los propios administradores fiduciarios mencionados en la sentencia de 14 de septiembre de 2017, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements (C‑646/15, EU:C:2017:682), no se les aplicó, en su calidad de particulares, un impuesto de salida.


70      Sentencia de 21 de diciembre de 2016, Comisión/Portugal (C‑503/14, EU:C:2016:979), apartado 56, en el que se hace referencia a la causa de justificación relativa al reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros. Asimismo, la sentencia de 12 de julio de 2012, Comisión/España (C‑269/09, EU:C:2012:439), se refiere a personas físicas.