Todos los acuerdos de subvención constaban de condiciones especiales, cuya numeración de los artículos comprendía la cifra latina I, de condiciones generales, cuya numeración de los artículos comprendía la cifra latina II, y de cuatro anexos. Se precisaba asimismo que las cláusulas contenidas en las condiciones especiales prevalecían sobre el resto del acuerdo, que las cláusulas contenidas en las condiciones generales prevalecían sobre las contenidas en los anexos y que las cláusulas contenidas en el acuerdo prevalecían sobre el contenido de la convocatoria de propuestas y sobre el contenido de la guía relativa a la presentación de una solicitud de subvención (en lo sucesivo, «guía para los solicitantes de subvenciones»). No obstante, se indicaba que los dos últimos documentos debían utilizarse «para fines adicionales».

De la lectura conjunta de los artículos I.6 y II.15.4 de los acuerdos de subvención se desprende que el coordinador debía remitir, en el plazo de los dos meses siguientes a la finalización de la acción, primero, un informe final sobre la ejecución técnica de la acción, segundo, un estado financiero final de los costes subvencionables realmente soportados siguiendo la estructura del presupuesto provisional y utilizando la misma descripción y, tercero, una relación recapitulativa completa de los ingresos y gastos de la acción (en lo sucesivo, considerados conjuntamente estos tres documentos, «informe final»).

El artículo I.5 de los acuerdos de subvención estipulaba que la Comisión concedía una prefinanciación a los beneficiarios y que el pago del saldo se efectuaba una vez finalizada la acción. La solicitud de pago del saldo debía ir acompañada, entre otros documentos, del informe final sobre la ejecución técnica de la acción y del estado financiero final y la Comisión disponía de 90 días para aprobar o rechazar el informe y pagar el saldo o para solicitar documentación e información adicional. El beneficiario disponía de 30 días naturales para aportar información adicional o un nuevo informe.

El artículo I.9 de los acuerdos de subvención disponía lo siguiente: «La subvención se regirá por las estipulaciones del acuerdo, por las disposiciones comunitarias aplicables y, subsidiariamente, por la legislación belga en materia de subvenciones. Las decisiones de la Comisión relativas a la aplicación de las estipulaciones del acuerdo y las modalidades de su ejecución podrán ser objeto de un recurso de los beneficiarios ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas y, en caso de recurso de casación, ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.»

El artículo II.14.1 de los acuerdos de subvención establecía lo que sigue a propósito de los costes subvencionables: «Para poder ser considerados costes subvencionables de la acción, los costes deberán responder a los siguientes criterios generales:

estar relacionados con el objeto del acuerdo y previstos en el presupuesto provisional anexo a éste;

ser necesarios para la realización de la acción objeto del acuerdo;

ser razonables y estar justificados […]

ser generados durante la realización de la acción […]

ser soportados efectivamente por los beneficiarios, ser registrados en su contabilidad conforme a los principios contables aplicables y ser declarados con arreglo a las exigencias de la legislación fiscal y social aplicable;

ser identificables y controlables.

Los procedimientos de contabilidad y de control interno de los beneficiarios deberán permitir una asociación directa entre los costes y los ingresos declarados en virtud de la acción y los estados contables y documentos justificativos correspondientes.»

El artículo II.19.5 de los acuerdos de subvención prescribía lo siguiente: «Los beneficiarios serán informados del hecho de que, en virtud del artículo 256 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión podrá formalizar el devengo de títulos de crédito a cargo de personas distintas de los Estados en una decisión que constituirá título ejecutivo. Esta decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.»

El artículo II.20 de los acuerdos de subvención preceptuaba en sus partes pertinentes lo siguiente: «II.20.1 El coordinador se compromete a aportar todos los datos concretos solicitados por la Comisión o por cualquier otro organismo externo designado por ésta a fin de comprobar la correcta ejecución de la acción y de las disposiciones del acuerdo. Cuando la Comisión lo considere oportuno, podrá pedir que tal información sea aportada directamente por alguno de los beneficiarios. II.20.2 Los beneficiarios tendrán a disposición de la Comisión todos los documentos originales, especialmente los de carácter contable y fiscal, o, en casos excepcionales debidamente justificados, las copias certificadas de los documentos originales relativos al acuerdo de subvención, conservados en cualquier soporte idóneo que garantice su integridad conforme a la legislación nacional aplicable, durante un período de cinco años a partir de la fecha de pago del saldo a que se refiere el artículo I.5. II.20.3 Los beneficiarios aceptan que la Comisión, bien directamente a través de sus agentes o bien por mediación de cualquier otro organismo externo que haya designado a tal efecto, pueda realizar una auditoría sobre la utilización que se hace de la subvención. Estas auditorías pueden tener lugar a lo largo de todo el período de ejecución del acuerdo hasta el pago del saldo, así como durante un período de cinco años a partir de la fecha de pago del saldo. Cuando proceda, los resultados de estas auditorías podrán derivar en decisiones de recuperación por la Comisión. II.20.4 Los beneficiarios se comprometen a que el personal de la Comisión y las personas externas designadas por ésta tengan un derecho de acceso adecuado a los lugares y dependencias donde se realice la acción, así como a toda la información necesaria, inclusive en formato electrónico, para llevar a cabo las auditorías […]».

En el marco del tercer motivo, la demandante sostiene que los auditores excluyeron muchos gastos sin aportar pruebas y recurriendo a meras inferencias. Ofrece como ejemplo de sus alegaciones las conclusiones de los auditores relativas a los gastos declarados respecto a las actividades del perito X en el marco de la acción contemplada por el acuerdo de subvención C. Deduce de ello que la Comisión, al aprobar tales conclusiones, infringió el principio fundamental y universal de la carga de la prueba, según el cual incumbe a la parte que formula una alegación respaldarla con elementos probatorios pertinentes.

La Comisión cuestiona la fundamentación del presente motivo.

Procede recordar que, según un principio fundamental que rige las ayudas económicas de la Unión, ésta sólo puede subvencionar los gastos efectivamente realizados. De este principio deriva que la prueba de que un proyecto se ha realizado no basta al beneficiario de la ayuda para justificar la concesión de una subvención específica. Debe, además, probar que ha realizado los gastos declarados, con arreglo a los requisitos fijados para la concesión de la ayuda de que se trate, ya que sólo los gastos debidamente justificados pueden considerarse reembolsables. Su obligación de respetar los requisitos financieros establecidos constituye incluso uno de los compromisos esenciales y, por esta razón, condiciona la atribución de la ayuda económica (véase la sentencia de 24 de octubre de 2014, Technische Universität Dresden/Comisión, T‑29/11, EU:T:2014:912, apartado 71 y jurisprudencia citada).

El principio recordado en el apartado precedente está reflejado en las estipulaciones de los acuerdos de subvención relativas a las modalidades de concesión de la financiación. Así, ha de recordarse que, en virtud de los artículos I.6 y II.15.4 de dichos acuerdos, el coordinador debía en particular remitir a la Comisión, una vez finalizada la acción, un estado financiero final de los costes subvencionables en que se hubiera incurrido realmente y una relación recapitulativa completa de los ingresos y gastos de la acción, pudiendo la Comisión eventualmente solicitar la comunicación de información y de documentos suplementarios. Sobre la base de estos documentos contemplados en el artículo II.15.4 de los citados acuerdos la Comisión determina, conforme al artículo II.17 de éstos y sin perjuicio de la información posterior que se reciba en el marco de una auditoría realizada en virtud del artículo II.20 de los propios acuerdos, la cuantía definitiva de la subvención.

Procede recordar también que, en virtud del artículo II.20.3 de los acuerdos de subvención, la Comisión puede efectuar una auditoría sobre la utilización que se haga de la subvención y los resultados de esta auditoría podrán dar lugar a decisiones de recuperación por la Comisión. De otro lado, los artículos II.20.1 y II.20.4 de dichos acuerdos imponen a los beneficiarios de la subvención la obligación de aportar a la Comisión y a las personas autorizadas por ésta toda la información necesaria para verificar que la acción se ha ejecutado de conformidad con esos acuerdos.

El juez de la Unión ha considerado que las conclusiones finales de la auditoría y todos los elementos en que se basan deben analizarse como elementos de prueba a disposición de la Comisión en vista de una eventual acción de responsabilidad contractual ante el Tribunal (sentencia de 8 de septiembre de 2015, Amitié/Comisión, T‑234/12, no publicada, EU:T:2015:601, apartado 136). Por analogía, ha de considerarse que, en el presente asunto, los informes finales de auditoría constituyen elementos de prueba en apoyo de las pretensiones de la Comisión relativas a la ejecución de los acuerdos de subvención.

A la luz de estos principios debe examinarse la objeción específica de la demandante relativa al rechazo de determinados gastos en relación con las actividades del perito X en el ámbito de la acción contemplada por el acuerdo de subvención C.

Del informe final de auditoría relativo a la acción contemplada por el acuerdo de subvención C se desprende que los auditores, haciendo referencia a la descripción de las actividades de la demandante tal como figuraba en su sitio de Internet, constataron que el perito X había participado, el 13 de febrero de 2009, en una jornada de formación en Turquía en el marco de otra acción. No obstante, la demandante declaró que, durante esta misma jornada, el perito X había trabajado a tiempo completo para la acción contemplada por el acuerdo de subvención C. Los auditores rechazaron los costes correspondientes a esta jornada, que ascendían a 450 euros.

Del informe final de auditoría relativo a la acción contemplada por el acuerdo de subvención C se desprende también que los auditores examinaron si el error que dio lugar a la facturación de la jornada del 13 de febrero de 2009 en virtud de dicha acción constituía un error aislado o afectaba igualmente a otras jornadas. Por consiguiente, solicitaron a la demandante que les transmitiera extractos de los informes financieros relativos a otras acciones ejecutadas por la demandante y, en particular, información sobre las personas implicadas y la distribución de su tiempo de trabajo, con el objetivo de verificar, mediante un ejercicio de comparación, la exactitud del número de horas facturadas por las personas implicadas en el marco de la acción contemplada por el acuerdo de subvención C. La demandante se negó a aportar la información solicitada por considerar que no estaba incluida en el ámbito de la auditoría en cuestión.

Al no transmitir la demandante la documentación solicitada, los auditores concluyeron que se veían en la imposibilidad de confirmar que el resto de los costes declarados relativos a las prestaciones del perito X, de una cuantía de 21 445,45 euros (y correspondiente a 39 días de trabajo declarados), se refería exclusivamente a la acción contemplada por el acuerdo de subvención C. Por tanto, formularon una reserva en cuanto al carácter subvencionable de estos costes. Con el mismo fundamento, los auditores formularon una reserva respecto al carácter subvencionable de los costes declarados en lo relativo a las prestaciones realizadas por el perito Y por un montante de 22 824,77 euros. Así pues, los costes declarados que fueron objeto de una reserva por parte de los auditores ascendían a 44 270,22 euros.

Del informe final de auditoría relativo a la acción contemplada por el acuerdo de subvención C se desprende asimismo que las referidas reservas formuladas por los auditores se veían corroboradas por los siguientes elementos. En primer lugar, los auditores señalaron que el 81 % de los honorarios correspondientes al año 2009 y el 100 % de los honorarios correspondientes al período comprendido entre los meses de enero y de junio de 2010, pagados a los dos copropietarios de la demandante, los peritos X e Y, se referían a sus prestaciones declaradas en el marco de las acciones de que se trata, a pesar de que durante estos períodos se estaban realizando otras acciones en las que participaba la demandante. En segundo lugar, constataron que el sistema de contabilidad de la demandante no permitía determinar qué costes de personal correspondían a qué acción. En tercer lugar, constataron que las relaciones detalladas de tiempo de trabajo facilitadas no presentaban de manera pormenorizada la actividad y las horas trabajadas por el personal o los peritos y que en ellas constaba únicamente el tiempo de trabajo imputado a la acción.

En su escrito de 10 de junio de 2013, mediante el que comunicaba el informe final de auditoría relativo a la acción contemplada por el acuerdo de subvención C, la Comisión indicó a la demandante que los costes por un total de 44 270,22 euros relativos a las prestaciones de los peritos X e Y, que habían sido objeto de una reserva por parte de los auditores, podían considerarse subvencionables si la demandante aportaba la documentación requerida por los auditores en el plazo de un mes. La demandante no facilitó tal documentación y esos costes fueron definitivamente rechazados por la Comisión, como costes no subvencionables.

Habida cuenta del principio fundamental que rige las ayudas económicas de la Unión relativo a la carga de la prueba que incumbe al beneficiario de una subvención de la Unión (véase el anterior apartado 93), de la consideración que figura en el anterior apartado 96 y del hecho de que de los autos no se desprende ni se ha alegado que los auditores y la Comisión hayan actuado de mala fe, ha de concluirse que correspondía a la demandante, ante las constataciones concretas de los auditores, presentar elementos probatorios que acreditaran que los costes declarados relativos a las prestaciones de los peritos X e Y cumplían los requisitos de subvencionabilidad establecidos en el artículo II.14.1 de los acuerdos de subvención y, en particular, guardaban relación con el objeto de dichos acuerdos y eran necesarios para la realización de las acciones que éstos contemplaban.

Pues bien, es preciso constatar que la demandante no ha aportado ningún elemento probatorio de esa índole ni durante el procedimiento administrativo previo ni ante el Tribunal.

Ante el Tribunal, la demandante alega que las conclusiones de los auditores no estaban respaldadas por pruebas. A modo de ejemplo, la demandante se refiere al caso del perito X y sostiene que los auditores, a efectos de excluir la totalidad de los 40 días declarados por él, no estaban facultados para proceder por inferencia, basándose en el error cometido respecto a la jornada del 13 de febrero de 2009, sino que debían probar que cada uno de los 39 días restantes no correspondían exclusivamente a la acción contemplada por el acuerdo de subvención C.

Esta argumentación debe rechazarse en la medida en que contraviene el reparto de la carga de la prueba tal como se define en este caso. Más específicamente, los auditores presentaron indicios concretos de la existencia de un riesgo de que los días de trabajo declarados respecto a los peritos X e Y, en el marco de la acción contemplada por el acuerdo de subvención C, no cumplieran los requisitos de subvencionabilidad establecidos en el artículo II.14.1 de dicho acuerdo (véanse los anteriores apartados 98 a 101). Por tanto, correspondía a la demandante demostrar, con pruebas, que se habían cumplido tales requisitos de subvencionabilidad, cosa que no hizo. Por consiguiente, basándose en la presunción de no subvencionabilidad de los costes, presunción que se apoyaba en indicios concretos y que no fue enervada por elementos probatorios, la Comisión podía validar fundadamente la exclusión de todos los gastos correspondientes al trabajo de los peritos X e Y en el marco de esta acción (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de diciembre de 2013, Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Comisión, T‑171/08, no publicada, EU:T:2013:639, apartado 155 y jurisprudencia citada).

La demandante alega asimismo que, si hubiera de seguirse el razonamiento de los auditores y debieran rechazarse todos los días declarados respecto a los peritos X e Y, ello significaría que el trabajo realizado por la demandante habría sido interno y espontáneo, sin la implicación de ningún perito. Semejante conclusión sería paradójica, habida cuenta de la envergadura y de la calidad de ese trabajo.

Esta argumentación debe ser rechazada a la luz del principio expuesto en el anterior apartado 93, según el cual no basta con que el beneficiario de la subvención demuestre que un proyecto ha sido realizado para justificar la atribución de la subvención. El beneficiario debe, por añadidura, aportar la prueba de que ha realizado los gastos declarados conforme a los requisitos fijados para la concesión de la ayuda de que se trate, ya que sólo los gastos debidamente justificados pueden considerarse subvencionables. De ello se infiere que, en este caso, el hecho de que la acción contemplada por el acuerdo de subvención C haya sido realizada y con buenos resultados no es suficiente para la aceptación de los costes declarados respecto a los peritos X e Y como costes subvencionables. Es preciso además que se hayan cumplido los requisitos de subvencionabilidad establecidos concretamente en el artículo II.14.1 del citado acuerdo.

En la réplica, la demandante expone argumentos adicionales que también deben rechazarse sobre la base, en particular, de los principios relativos al reparto de la carga de la prueba en este caso.

Por lo que se refiere a la jornada del 13 de febrero de 2009, la demandante sostiene que la participación del perito X en la formación en Turquía no significaba que le resultara imposible trabajar en la acción contemplada por el acuerdo de subvención C en el transcurso de esa jornada. Esa participación tampoco significaba, según la demandante, que ésta no fuera capaz de llevar una contabilidad correcta.

La demandante añade que el perito X había firmado la relación detallada de tiempo de trabajo requerida en los documentos financieros finales y que se habían remitido a la Comisión facturas y justificantes de pago. Por tanto, se pregunta qué otras pruebas necesita la Comisión, habida cuenta asimismo de que el trabajo ha sido realizado.

Por otro lado, la demandante justifica su negativa a facilitar los documentos solicitados por los auditores alegando que no tenían ningún derecho a realizar una auditoría de todas sus cuentas y que su negativa a facilitar los documentos no puede justificar el rechazo de los costes como no subvencionables.

En lo que atañe, antes de nada, a la jornada del 13 de febrero de 2009, es oportuno recordar el hecho no cuestionado de que el perito X participaba, en el transcurso de esa jornada, en una formación en Turquía que no tenía ninguna relación con la acción contemplada por el acuerdo de subvención C y que, sin embargo, se habían declarado respecto a esta acción costes relacionados con las prestaciones de dicho perito en esa jornada, al haber indicado la demandante que el mencionado perito había trabajado a tiempo completo para esta acción en el transcurso de esa jornada. A la vista de este indicio concreto expuesto por los auditores, según el cual la imputación de tales costes al perito en cuestión en esa jornada no se correspondía con la realidad, incumbía a la demandante probar que, efectivamente, el mismo perito había trabajado a tiempo completo para la acción de que se trate en el transcurso de la jornada en cuestión a pesar de que participaba, ese mismo día, en una formación en Turquía.

Ahora bien, la demandante no cumple con la carga de la prueba que le incumbe. En efecto, ha de constatarse, en línea con lo señalado por los auditores, que las facturas y las relaciones detalladas de tiempo de trabajo invocadas por la demandante y aportadas al Tribunal en el marco de una diligencia de ordenación del procedimiento no permiten acreditar la realidad ni, por tanto, el carácter subvencionable de los costes declarados respecto al perito X. Las facturas presentadas indican únicamente la cantidad facturada por dicho perito a la demandante por un período de tiempo determinado sin precisar ni la acción de que se trata ni los trabajos efectuados por ese perito. Las relaciones detalladas de tiempo de trabajo facilitadas indican únicamente el tiempo de trabajo dedicado por el mismo perito a la acción de que se trata en un día determinado, sin proporcionar detalles acerca de las actividades del perito y del tiempo dedicado en el marco de cada actividad. De otro lado, la demandante no ha puesto en tela de juicio las constataciones de los auditores según las cuales, por una parte, existía un solapamiento entre varias acciones en las que participaba la demandante y, por otra, el sistema de contabilidad de ésta no permitía determinar qué costes de personal correspondían a qué acción (véase el anterior apartado 101). En estas circunstancias, procede concluir que la demandante no ha acreditado la realidad ni, por tanto, el carácter subvencionable de los costes declarados respecto al perito en cuestión en el marco de la acción contemplada por el acuerdo de subvención C, ni respecto a la jornada del 13 de febrero de 2009 ni respecto a los otros 39 días restantes.

En lo atinente, a continuación, a las alegaciones de la demandante relativas a su negativa a facilitar determinados documentos a los auditores (véase el anterior apartado 112), debe indicarse que éstos no solicitaron auditar las cuentas de la demandante, como esta última alega. Los auditores solicitaron examinar los informes financieros de otras acciones en las que participaba la demandante en paralelo a las tres acciones en cuestión, a fin de poder cruzar la información proporcionada por ella sobre el empleo de tiempo del perito X. Tal como señala la Comisión, el objetivo de los auditores era ofrecer una posibilidad a la demandante de demostrar la veracidad de sus declaraciones relativas a la acción contemplada por el acuerdo de subvención C, que era objeto de la auditoría, y no verificar su contabilidad general. Cabe colegir de ello que la argumentación de la demandante no es pertinente, puesto que se basa en una interpretación errónea de la solicitud de los auditores. En cualquier caso, esta argumentación no pone en entredicho la conclusión según la cual la demandante no cumplió con la carga de la prueba que le incumbía.

En atención a las consideraciones anteriores, procede desestimar el presente motivo.

La demandante alega que los informes finales de auditoría adolecían de una serie de errores procesales y materiales manifiestos. En este contexto, formula cinco objeciones que procede examinar sucesivamente.

La Comisión rebate estas objeciones.

La demandante alega que las normas de auditoría aplicadas por los auditores no se establecían en los acuerdos de subvención y, por tanto, no fueron objeto de acuerdo entre las partes. Afirma, por otro lado, que los informes de auditoría, tanto provisionales como finales, no hacían ninguna mención a las estipulaciones de dichos acuerdos y que los auditores actuaron en función de los objetivos fijados de manera unilateral por la Comisión y no sobre la base de los términos del mandato que incluyen esos acuerdos. Arguye que, en la medida en que las conclusiones de los auditores y, posteriormente, la Decisión impugnada se basaban en normas que no fueron objeto de acuerdo entre las partes, esta Decisión debe anularse.

La Comisión sostiene que debe desestimarse el presente motivo.

Con carácter previo, ha de señalarse que, según las indicaciones que figuran en los resúmenes de los informes finales de auditoría, esta auditoría se había efectuado de conformidad con las normas de auditoría internacionales y con los «principios y conceptos básicos del marco internacional para las misiones de seguro establecidos por la Federación internacional de contables». Los informes finales de auditoría precisaban además, en su apartado 1.1, que el objetivo de la auditoría era verificar, en particular, si la contribución financiera abonada por la Comisión había sido utilizada exclusivamente para los fines de la acción de que se trata, si los costes declarados se habían generado durante el período cubierto por el acuerdo de subvención en cuestión, si la veracidad de estos costes quedaba demostrada por una documentación apropiada, justificantes de pago y la existencia de un sistema de controles y si la gestión de la acción por el coordinador respetaba los principios de buena gestión financiera, de economía y de eficacia. Esta definición del objetivo de la auditoría no hacía sino reflejar los requisitos de subvencionabilidad de los costes declarados por el beneficiario de la subvención, establecidos en el artículo II.14.1 de los acuerdos de subvención. Por otro lado, los auditores actuaron en este caso en virtud del artículo II.20 de dichos acuerdos. Por consiguiente, procede desestimar la objeción de la demandante de que los objetivos de la auditoría se habían fijado de manera unilateral por la Comisión.

A continuación, debe señalarse que el examen de los informes finales de auditoría revela que los costes controvertidos declarados por la demandante habían sido rechazados porque no cumplían los requisitos de subvencionabilidad establecidos, en particular, en el artículo II.14.1 de los acuerdos de subvención. Por otra parte, ello se desprende igualmente de las consideraciones anteriores relativas a los demás motivos invocados por la demandante. Tal como alega la Comisión fundadamente, las normas de auditoría, que, según la argumentación de la demandante, no habían sido objeto de acuerdo entre las partes, se refieren únicamente a los estándares profesionales y éticos que los auditores deben seguir en el ejercicio de sus funciones y no guardan ninguna relación con los requisitos de subvencionabilidad de los costes declarados por la demandante. Además, ésta no demuestra cuál sería el nexo entre tales normas de auditoría y las conclusiones de los auditores relativas al carácter subvencionable de los costes; expresado en otros términos, no demuestra de qué manera una norma de auditoría puede hacer que los gastos sean subvencionables o no.

Ha de colegirse de lo anterior que la objeción de la demandante relativa a la aplicación por los auditores de normas de auditoría no fijadas de común acuerdo por las partes debe desestimarse por ser inoperante.

Por último, es preciso señalar que, en la réplica, la demandante alega que su situación era conforme con las normas contables previstas por el Derecho italiano y que, en consecuencia, la Decisión impugnada, supuestamente basada en otras normas de auditoría que no fueron objeto de acuerdo entre las partes, constituía una infracción del artículo 126, apartado 2, letra d), del Reglamento financiero.

El artículo 126, apartado 2, letra d), del Reglamento financiero preceptúa que los gastos subvencionables deben constar en la contabilidad del beneficiario e inscribirse de acuerdo con las normas contables aplicables del país en el que el beneficiario esté establecido y de conformidad con las prácticas contables habituales del beneficiario en materia de gastos.

Pues bien, en el sentido de las consideraciones precedentes, es obligado señalar que el hecho de que los costes declarados por la demandante puedan ser conformes con las normas contables italianas no significa en modo alguno que tales costes sean conformes con los requisitos de subvencionabilidad establecidos, en particular, en el artículo II.14 de los acuerdos de subvención. Por consiguiente, la invocación por la demandante del artículo 126, apartado 2, letra d), del Reglamento financiero no es pertinente.

Habida cuenta de las apreciaciones precedentes, debe desestimarse el presente motivo.

Procede recordar que, en el marco del presente motivo, la demandante formula dos objeciones.

En el marco de la primera objeción, la demandante invoca un lapso de tiempo excesivo de 18 meses que transcurrió entre el 25 de enero de 2012, fecha en la que se le comunicaron los borradores revisados de informes de auditoría, y el 10 de junio de 2013, fecha en la que se le comunicaron los informes finales de auditoría. Arguye que el transcurso de ese lapso de tiempo le dio la impresión de que la Comisión había aceptado implícitamente sus alegaciones contra las conclusiones de los auditores y le causó un perjuicio en la medida en que le impidió impugnar las conclusiones de la Comisión de manera oportuna y eficaz.

En el marco de la segunda objeción, la demandante reprocha a la Comisión que gestionara mal, en general, las acciones de que se trata.

La Comisión rechaza las objeciones de la demandante.

En lo relativo a la primera objeción, debe señalarse de entrada que no existe ninguna disposición normativa ni estipulación contractual que precise la duración de la auditoría prevista en el artículo II.20 de los acuerdos de subvención. Esta última estipulación prevé únicamente, en su apartado 3, que podrá realizarse una auditoría en el plazo de cinco años a partir de la fecha de pago del saldo. También es cierto que, para determinar las obligaciones de las partes dimanantes de la ejecución de los acuerdos de subvención, debe tenerse en cuenta la obligación que incumbe a las partes de un contrato de cumplirlo de buena fe. En el presente asunto, en virtud de este principio, la Comisión tenía que comunicar a la demandante, en un plazo razonable, las conclusiones de los auditores a fin de que pudiera impugnarlas válidamente y, de manera más general, para no dejarla en un estado de incertidumbre que le resultara perjudicial.

Tal como se desprende de los autos, los borradores revisados de los informes de auditoría relativos a las acciones de que se trata fueron remitidos a la demandante el 24 de enero de 2012. La demandante formuló observaciones sobre estos borradores revisados el 15 de febrero de 2012. Los informes finales de auditoría fueron remitidos por los auditores a la Comisión el 26 de abril de 2012 y la Comisión comunicó estos informes a la demandante el 10 de junio de 2013.

Así pues, cabe considerar que el procedimiento de auditoría se desarrolló de conformidad con el principio de cumplimiento de buena fe de los contratos hasta la fecha del 26 de abril de 2012, fecha en la que los auditores remitieron a la Comisión los informes finales de auditoría. Ha de constatarse también que un lapso de tiempo de más de trece meses transcurrió entre el 26 de abril de 2012 y el 10 de junio de 2013, fecha en la que se comunicaron estos informes finales de auditoría a la demandante. Por tanto, debe examinarse si, a la luz del principio de cumplimiento de buena fe de los contratos, tal lapso de tiempo constituye un lapso razonable en este caso.

Habida cuenta del contenido de los autos, un lapso de tiempo de más de trece meses no está justificado y es excesivo. En efecto, a raíz de la remisión por los auditores de los informes finales de auditoría a la Comisión, el 26 de abril de 2012, no hubo ningún contacto entre ésta y la demandante. Por otro lado, tal como se desprende de los escritos de 10 de junio de 2013, la Comisión aceptó en su totalidad estos informes finales de auditoría y no realizó ninguna modificación. Además, ni el objeto de las auditorías ni el contenido de los informes finales de auditoría revisten complejidad alguna.

El único elemento invocado por la Comisión para justificar un lapso de tiempo de más de trece meses fue la apertura de una investigación por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) el 10 de septiembre de 2012. Según la Comisión, debido a la apertura de esa investigación, necesitó varios meses para verificar y aprobar las conclusiones de los auditores.

Ha de señalarse que la Comisión no explica suficientemente de qué manera la apertura de la investigación por la OLAF provocó que se dejaran transcurrir más de trece meses. Además, la apertura de esa investigación tuvo lugar cinco meses después de la transmisión de los informes finales de auditoría a la Comisión, lo que demuestra que, en cualquier caso, transcurrieron cinco meses entre la transmisión de los informes finales de auditoría a la Comisión y la apertura de la investigación por la OLAF. Pues bien, de los autos no se desprende que la Comisión hubiera estado activa de alguna manera durante ese período de cinco meses.

De lo anterior resulta que el lapso de tiempo de más de trece meses transcurrido entre la remisión a la Comisión de los informes finales de auditoría y la comunicación a la demandante de dichos informes constituye, en el presente asunto, un lapso de tiempo excesivo y, por tanto, un incumplimiento por parte de la Comisión de sus obligaciones contractuales tal como se interpretan a la luz del principio de cumplimiento de buena fe de los contratos.

No obstante, de los autos no se desprende que el retraso excesivo en la comunicación a la demandante de los informes finales de auditoría haya afectado a su capacidad para impugnar de manera efectiva las conclusiones de los auditores, como sostiene.

Antes de nada, como indica acertadamente la Comisión, debe señalarse que la demandante tuvo ocasión en dos momentos, a saber, el 22 de diciembre de 2011 y el 15 de febrero de 2012, de transmitir observaciones y documentos justificativos a los auditores cuando los informes de auditoría se encontraban aún en fase de borrador. Conviene destacar asimismo que la Comisión aceptó las conclusiones de los auditores en su totalidad. Dadas estas circunstancias, no se ha acreditado que el retraso excesivo en la comunicación a la demandante de los informes finales de auditoría haya afectado a su capacidad para impugnar de manera efectiva las conclusiones de los auditores. Cabe indicar además que, tras la comunicación de los informes finales de auditoría, la Comisión dio a la demandante otras oportunidades para presentar observaciones y documentos justificativos adicionales y que es en este contexto en el que la demandante formuló observaciones mediante los escritos de 9 de julio de 2013 y de 7 de octubre de 2013.

En cuanto a la alegación que formula la demandante ante el Tribunal según la cual, dada la larga duración de la auditoría, la mayoría de los miembros del personal de gestión de las acciones en cuestión había partido, privando así a la demandante de la información necesaria para impugnar eficazmente las conclusiones de los auditores, debe señalarse lo siguiente.

Por una parte, como observa la Comisión atinadamente, de los autos se desprende que las dos personas claves en la gestión de las acciones de que se trata —a saber, los peritos X e Y— seguían activas en la gestión de la demandante en la fecha de interposición del presente recurso y podían, por tanto, facilitarle toda la información necesaria para rebatir las conclusiones de los auditores.

Por otra parte, es menester señalar que, en virtud del artículo II.20, apartados 2 y 3, de los acuerdos de subvención, la demandante estaba obligada a conservar todos los documentos originales, especialmente los de carácter contable y fiscal, durante un período de cinco años a partir de la fecha de pago del saldo, es decir, hasta 2015. De ello se infiere que el retraso en la comunicación de los informes finales de auditoría no pudo afectar a la capacidad de la demandante de invocar los referidos documentos en apoyo de sus posiciones en la medida en que estaba obligada contractualmente a conservar tales documentos hasta 2015 y que los hechos pertinentes en este caso, a saber, el procedimiento contradictorio de la auditoría, se referían a 2013.

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, debe desestimarse la primera objeción de la demandante.

Procede recordar que, en el marco de la segunda objeción, la demandante reprocha a la Comisión que gestionara mal, en general, las acciones de que se trata. Invoca, como indicios de esta mala gestión, la falta de comunicación de la Comisión, por lo que a ella respecta, durante el desarrollo de esas acciones, la revisión subsiguiente de la guía para los solicitantes de subvenciones, la cual a su juicio contenía ya mucha más información sobre los costes subvencionables, y el hecho de que los acuerdos de subvención contenían diversos errores de redacción.

Esta objeción debe desestimarse por infundada. Respecto a la supuesta falta de comunicación por parte de la Comisión durante el desarrollo de las acciones de que se trata, los autos no acreditan que, durante la ejecución de dichas acciones, la demandante tuviera necesidad de información adicional y de precisiones de la Comisión ni que hubiera solicitado una reunión que esta institución le hubiera denegado. La Comisión invoca también, acertadamente, el hecho de que en noviembre de 2009 sus servicios competentes efectuaron una visita de seguimiento de tales acciones en las dependencias de la demandante.

En cuanto a los otros dos indicios expuestos por la demandante (véase el anterior apartado 185), no son idóneos para acreditar una mala gestión por parte de la Comisión.

Atendidas las apreciaciones anteriores, procede desestimar el presente motivo. Dado que la demandante no ha logrado acreditar que poseía un crédito frente a la Comisión sobre la base de los acuerdos de subvención, debe desestimarse su segunda pretensión.

La demandante cuestiona, en la réplica, la competencia de la Comisión para adoptar la Decisión impugnada. Sostiene que, en materia contractual, la Comisión no puede adoptar actos unilaterales como la Decisión impugnada en el presente asunto y que, para compeler a la otra parte contratante a cumplir sus obligaciones contractuales de carácter financiero, le incumbe, en su caso, presentar ante el juez del contrato una demanda de pago sobre la base del artículo 272 TFUE. Según la demandante, reconocer a la Comisión competencia para adoptar un acto unilateral que constituya título ejecutivo a efectos del cobro de un crédito contractual infringe el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales en la medida en que la «otra parte contratante» no dispone de un recurso efectivo contra ese acto unilateral. De un lado, la eficacia del recurso de anulación contra ese acto se vería afectada por la jurisprudencia del Tribunal según la cual, en el marco de un recurso de anulación, los motivos basados en la violación de las estipulaciones contractuales y del Derecho nacional aplicable al contrato son inadmisibles. De otro lado, en el marco del recurso por responsabilidad contractual interpuesto ante el juez del contrato por la «otra parte contratante» de la Comisión, ésta podría oponer a la «otra parte contratante» el acto unilateral que constituye título ejecutivo validado entretanto por el juez de la legalidad.

La Comisión sostiene que el presente motivo carece de fundamento.

Procede recordar que la base legal de la Decisión impugnada la constituyen el artículo 299 TFUE y el artículo 79, apartado 2, del Reglamento financiero.

El artículo 299 TFUE, párrafo primero, establece lo siguiente: «Los actos del Consejo, de la Comisión o del Banco Central Europeo que impongan una obligación pecuniaria a personas distintas de los Estados serán títulos ejecutivos.»

El artículo 79, apartado 2, del Reglamento financiero preceptúa lo que sigue: «La institución podrá formalizar el devengo de títulos de crédito a cargo de personas distintas de los Estados miembros en una decisión que constituirá título ejecutivo a tenor del artículo 299 TFUE.»

Debe señalarse que el artículo 79, apartado 2, del Reglamento financiero figura en un capítulo titulado «Ingresos», al que sigue un capítulo titulado «Gastos», capítulos ambos que no están destinados a aplicarse en un ámbito particular de la acción de la Unión, sino a todas las operaciones que prevé su presupuesto, de lo que da fe el hecho de que esos capítulos se incluyen en el título IV, que lleva por epígrafe «De la ejecución del presupuesto», que a su vez figura en la primera parte del Reglamento, titulada «Disposiciones comunes».

Así pues, las disposiciones del título IV del Reglamento financiero se aplican también en materia contractual, como se desprende igualmente, en particular, del tenor literal de lo dispuesto en el artículo 90 de dicho Reglamento, incardinado en ese título, según el cual «el pago deberá estar respaldado por la prueba de que la acción correspondiente es conforme con las disposiciones del acto de base o del contrato».

Tal como ha afirmado el Tribunal reiteradamente, ni el artículo 299 TFUE ni el artículo 79, apartado 2, del Reglamento financiero establecen una distinción en función de que el crédito cuyo devengo se formaliza mediante una decisión que constituye título ejecutivo sea de origen contractual o extracontractual (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de junio de 2012, Insula/Comisión, T‑246/09, no publicada, EU:T:2012:287, apartados 94 y 95, y de 27 de septiembre de 2012, Applied Microengineering/Comisión, T‑387/09, EU:T:2012:501, apartado 39).

De lo anterior se deduce que tanto el artículo 299 TFUE como el artículo 79, apartado 2, del Reglamento financiero atribuyen competencia a la Comisión para adoptar la Decisión impugnada a pesar de que el crédito a que se refiere dicha Decisión esté relacionado con la ejecución de los acuerdos de subvención y presente por tanto carácter «contractual».

Contrariamente a las alegaciones de la demandante, la jurisprudencia citada en el anterior apartado 197 no se opone a la sentencia de 17 de junio de 2010, CEVA/Comisión (T‑428/07 y T‑455/07, EU:T:2010:240), apartado 68.

En efecto, del apartado 68 de la sentencia de 17 de junio de 2010, CEVA/Comisión (T‑428/07 y T‑455/07, EU:T:2010:240), se desprende ciertamente que, en principio, la Comisión no tiene, en el ámbito contractual, derecho de adoptar actos unilaterales y que, en consecuencia, no le corresponde dirigir un acto de carácter decisorio al contratante de que se trate, para la ejecución por éste de sus obligaciones contractuales de naturaleza financiera, sino que debe presentar, en su caso, ante el juez competente una demanda de reclamación de cantidad.

No obstante, como ya precisó el Tribunal en la sentencia de 13 de junio de 2012, Insula/Comisión (T‑246/09, no publicada, EU:T:2012:287), apartado 99, de la sentencia de 17 de junio de 2010, CEVA/Comisión (T‑428/07 y T‑455/07, EU:T:2010:240), apartado 68, se deduce que, al pronunciarse en este sentido, el Tribunal se limitó a indicar que, basándose únicamente en el contrato, la Comisión no puede adoptar un acto unilateral con objeto de cobrar un crédito contractual. En cambio, no excluyó que tal acto pueda tener como base legal una disposición, por ejemplo, del Reglamento financiero, tal como sucede en el presente asunto en el que la Decisión impugnada se basa, en concreto, en el artículo 79, apartado 2, de este Reglamento.

En cualquier caso, si la sentencia de 17 de junio de 2010, CEVA/Comisión (T‑428/07 y T‑455/07, EU:T:2010:240), pudiera interpretarse en el sentido de que concluye que la Comisión no tiene competencia para adoptar una decisión que constituya título ejecutivo para formalizar el devengo de un crédito de origen contractual, convendría entonces reconsiderar tal conclusión, por las razones expuestas en los anteriores apartados 195 a 198.

La jurisprudencia del Tribunal mencionada en el anterior apartado 197 tampoco se opone a la sentencia de 9 de septiembre de 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión (C‑506/13 P, EU:C:2015:562), en contra de lo que sostuvo la demandante en respuesta a una pregunta escrita formulada por el Tribunal.

En efecto, en la sentencia de 9 de septiembre de 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión (C‑506/13 P, EU:C:2015:562), la cuestión examinada por el Tribunal de Justicia era la de si una nota de adeudo constituía un acto recurrible con arreglo al artículo 263 TFUE. El Tribunal de Justicia consideró que no sucedía así, en la medida en que la nota de adeudo no producía efectos jurídicos que tuvieran su origen en el ejercicio de prerrogativas de poder público, sino que era indisociable de las relaciones contractuales existentes entre las partes en ese asunto (véanse los apartados 20 y 24 de dicha sentencia).

Es en el contexto del examen de la naturaleza jurídica, contractual o administrativa de una nota de adeudo en el que el Tribunal de Justicia ha afirmado que, si se reconociera competente para pronunciarse en anulación sobre actos que se inscriben en un marco meramente contractual, el juez de la Unión correría, no sólo el riesgo de vaciar de contenido el artículo 272 TFUE, sino también, en el caso de que el contrato no contuviera una cláusula compromisoria, el riesgo de extender su competencia jurisdiccional más allá de los límites trazados por el artículo 274 TFUE (sentencia de 9 de septiembre de 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, apartado 19).

En este mismo contexto el Tribunal de Justicia ha subrayado que, en el supuesto de que una institución, y más en particular la Comisión, opte por la vía contractual en el marco del artículo 272 TFUE para conceder aportaciones financieras, está obligada a permanecer dentro de ese marco y que la incumbe así en particular velar por no utilizar, en sus relaciones con las otras partes contratantes, formulaciones ambiguas que éstas puedan percibir como la expresión de facultades de decisión unilaterales que sobrepasen las estipulaciones contractuales (sentencia de 9 de septiembre de 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, apartado 21).

En la medida en que la sentencia de 9 de septiembre de 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión (C‑506/13 P, EU:C:2015:562), se refiere al examen de una nota de adeudo y de la cuestión de determinar qué tipo de recurso existe para impugnar tal acto, y no al examen de una decisión que constituya título ejecutivo, como es el caso de la Decisión impugnada en el presente asunto, ni de la cuestión de la competencia del autor de una decisión como esa, se puede colegir que la citada sentencia no es pertinente en este caso y no corrobora, por tanto, la tesis de la demandante relativa a la falta de competencia de la Comisión para adoptar la Decisión impugnada. En efecto, contrariamente a la nota de adeudo, que, en el contexto de una relación de naturaleza contractual, constituye un acto que no puede ser objeto de un recurso de anulación, la Decisión impugnada constituye indiscutiblemente tal acto por cuanto tiende a producir efectos jurídicos vinculantes situados en el exterior de la relación contractual entre las partes y que implican el ejercicio de prerrogativas de poder público atribuidas a la Comisión en su condición de autoridad administrativa (véanse, en este sentido, la sentencia de 9 de septiembre de 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, apartado 20, y el auto de 29 de septiembre de 2016, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Comisión, C‑102/14 P, no publicado, EU:C:2016:737, apartados 55 y 58). En efecto, se ha de precisar que, a pesar de que los acuerdos de subvención se refieren expresamente, en su artículo II.19.5, a la posibilidad de la Comisión de adoptar una decisión que constituya título ejecutivo como es el caso de la Decisión impugnada en el presente asunto, la naturaleza jurídica de ésta sigue estando definida, no por dichos acuerdos o por el Derecho que le son aplicables, sino por el artículo 299 TFUE y el artículo 79, apartado 2, del Reglamento financiero (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de junio de 2012, Insula/Comisión, T‑246/09, no publicada, EU:T:2012:287, apartados 94 a 96, y de 27 de septiembre de 2012, Applied Microengineering/Comisión, T‑387/09, EU:T:2012:501, apartado 39).

En la medida en que la Decisión impugnada constituye un acto que puede ser objeto de un recurso de anulación, el riesgo de extensión ilegal de la competencia jurisdiccional del juez de la legalidad, evocado por el Tribunal de Justicia en el apartado 19 de la sentencia de 9 de septiembre de 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión (C‑506/13 P, EU:C:2015:562) (véase el anterior apartado 205), no se presenta en este asunto, ya que, en cualquier caso, el juez del contrato, a saber, en el caso de autos, el juez de la Unión ante el que se ha recurrido con arreglo al artículo 272 TFUE, no dispone de competencia para controlar la legalidad de tal acto (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de octubre de 2008, Helkon Media/Comisión, T‑122/06, no publicada, EU:T:2008:418, apartado 44). En el mismo orden de ideas, la situación a que se refiere el Tribunal de Justicia en el apartado 21 de la citada sentencia (véase el anterior apartado 206) no es aplicable en este caso, puesto que, como ya se ha indicado, la adopción de un acto que constituya título ejecutivo, como es la Decisión impugnada, se sitúa en el exterior de la relación contractual.

La demandante entiende sin embargo que reconocer a la Comisión competencia para adoptar un acto unilateral a efectos del cobro de un crédito contractual infringe el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales en la medida en que la otra parte contratante concernida no dispone de un recurso efectivo contra ese acto unilateral (véase el anterior apartado 190).

A este respecto, procede recordar que el principio de tutela judicial efectiva es un principio general del Derecho de la Unión, actualmente plasmado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales (véase la sentencia de 6 de noviembre de 2012, Otis y otros, C‑199/11, EU:C:2012:684, apartado 46 y jurisprudencia citada). Este principio consta de diversos aspectos, entre los que se incluye el derecho de acceso a los tribunales (sentencia de 6 de noviembre de 2012, Otis y otros, C‑199/11, EU:C:2012:684, apartado 48).

Por lo que respecta al derecho de acceso a los tribunales, procede observar que, para que un «tribunal» pueda resolver una controversia relativa a derechos y obligaciones derivados del Derecho de la Unión de conformidad con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, es preciso que tenga competencia para examinar todas las cuestiones de hecho y de Derecho relevantes para el litigio de que conoce (sentencia de 6 de noviembre de 2012, Otis y otros, C‑199/11, EU:C:2012:684, apartado 49).

En el presente asunto, debe constatarse que, a raíz de la recalificación parcial efectuada, el Tribunal examina, en el marco del mismo recurso, tanto la legalidad de la Decisión impugnada como los fundamentos del crédito contractual de la Comisión frente a la demandante que se halla en el origen de la adopción de dicha Decisión. En la medida en que todas las cuestiones de hecho y de Derecho relevantes para el litigio en cuestión son examinadas por el Tribunal, debe concluirse que el presente recurso constituye un recurso efectivo en el sentido del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales.

Con carácter más general, es preciso señalar que, en el supuesto de que la Comisión adopte una decisión que constituya título ejecutivo para cobrar un crédito contractual a la otra parte contratante concernida, ésta dispone de la posibilidad, siempre que el contrato de que se trate contenga una cláusula compromisoria en el sentido del artículo 272 TFUE, de interponer un recurso ante el Tribunal que tenga como base jurídica tanto el artículo 263 TFUE como el artículo 272 TFUE. En el marco de este recurso, esa otra parte contratante puede no sólo impugnar la legalidad de la decisión en cuestión, invocando motivos basados en el Tratado o en cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, sino también formular motivos y alegaciones que se basen en el contrato o en el Derecho que le sea aplicable y solicitar al Tribunal que se pronuncie sobre el fondo del litigio contractual existente entre ella y la Comisión ejerciendo, a este respecto, la competencia jurisdiccional plena que le confiere el artículo 272 TFUE (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de octubre de 2015, Technion y Technion Research & Development Foundation/Comisión, T‑216/12, EU:T:2015:746, apartado 57, y de 9 de noviembre de 2016, Trivisio Prototyping/Comisión, T‑184/15, no publicada, EU:T:2016:652, apartado 62).

En base a las apreciaciones que anteceden, debe desestimarse el presente motivo.

Procede recordar que el Tribunal ha estimado que la primera objeción del segundo motivo, basada en el retraso excesivo en la comunicación a la demandante de los informes finales de auditoría, debe considerarse formulada en apoyo no sólo de la segunda pretensión, sino también de la primera pretensión, en el sentido de que tal retraso habría afectado a la capacidad de la demandante de defenderse efectivamente en el procedimiento administrativo de cobro que dio lugar a la adopción de la Decisión impugnada (véase el anterior apartado 75).

Procede de forma manifiesta desestimar esta objeción.

En efecto, en la medida en que los informes finales de auditoría fueron comunicados a la demandante mediante los escritos de 10 de junio de 2013 (véase el anterior apartado 27), ésta disponía de dichos documentos antes de la recepción del escrito de 16 de octubre de 2013 por el que la Comisión le comunicó las notas de adeudo y le informó consecuentemente de la incoación del procedimiento administrativo de cobro (véase el anterior apartado 36). De ello se infiere que el retraso excesivo en la comunciación a la demandante de los informes finales de auditoría no afectó, en este caso, a su capacidad de defenderse efectivamente en el procedimiento administrativo de cobro.

En atención a las apreciaciones anteriores, procede desestimar la primera pretensión y, por consiguiente, el recurso en su totalidad.