COMISIÓN EUROPEA
Bruselas, 10.12.2024
COM(2024) 577 final
2024/0319(COD)
Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, (UE) 2021/2115 y (UE) 2021/2116 en lo relativo al refuerzo de la posición de los agricultores en la cadena de suministro alimentario
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA
•Razones y objetivos de la propuesta
Mediante sucesivas reformas, la política agrícola común (PAC) ha ido evolucionando hacia la ayuda a la renta y la orientación al mercado con la libre determinación de los precios de los productos agrarios. Dichas reformas respondieron principalmente a los desafíos endógenos, los excedentes y las crisis. Con todo, la mayor parte de los desafíos a los que se enfrenta el sector agrícola se deben a factores exógenos a la agricultura y requieren una respuesta política más amplia.
La PAC ya establece determinadas medidas destinadas a reforzar la posición de los agricultores en la cadena de suministro alimentario. Sin embargo, se espera que continúe la presión sobre las rentas agrarias, puesto que los agricultores hacen frente a unos riesgos cada vez mayores, a un aumento de los costes de los insumos y a unos requisitos de producción más estrictos.
La pandemia de COVID-19 y la actual guerra de agresión de Rusia contra Ucrania han causado un aumento sin precedentes de los costes de los insumos agrícolas relacionados con la energía y han conducido a un largo período de elevada inflación, lo que ha afectado a los costes para los agricultores y a los precios de los alimentos. Al mismo tiempo, los agricultores siguen esforzándose por que su producción sea más sostenible, de acuerdo con las normas de la UE.
Además, muchos consumidores, que se enfrentan a un aumento del coste de la vida, han cambiado sus hábitos de consumo y han empezado a consumir productos alimenticios menos caros. Esto ha desestabilizado aún más la distribución del valor añadido a lo largo de la cadena de suministro alimentario, creando inestabilidad en la asignación de los beneficios y los costes entre los agentes de la cadena, alimentando las protestas y aumentando la desconfianza.
El 15 de marzo de 2024, la Comisión presentó un documento de reflexión en el que anunció una serie de medidas destinadas a mejorar la posición de los agricultores en la cadena de suministro alimentario. En este conjunto de medidas, se incluyó una modificación específica del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 y de los Reglamentos relativos a la PAC.
El Consejo de Agricultura y Pesca celebrado el 26 de marzo de 2024 apoyó las medidas anunciadas en el documento de reflexión.
En las Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea 2024-2029 se incide en que es necesario que los agricultores tengan unos ingresos justos y suficientes, se corrijan los desequilibrios existentes, se refuerce la posición de los agricultores y se les proteja más contra las prácticas comerciales desleales.
Además, en el informe final del diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura en la UE se pidieron ajustes en la posición de los agricultores en la cadena de valor; dicho diálogo, anunciado por la presidenta de la Comisión Europea en su discurso sobre el estado de la Unión de 13 de septiembre de 2023 y lanzado en enero de 2024, reunió a veintinueve principales partes interesadas de los sectores agroalimentarios europeos, la sociedad civil, las comunidades rurales y el mundo académico. Los principios políticos rectores del informe del diálogo estratégico ponen claramente de manifiesto que las condiciones del mercado deben permitir unos ingresos dignos para los agricultores y otros agentes de la cadena alimentaria y que las relaciones de poder en la cadena alimentaria deben estar bien equilibradas. El primer capítulo de las recomendaciones del diálogo estratégico versa sobre la consecución de una cadena de valor alimentaria justa y competitiva mediante el refuerzo de la posición de los agricultores en la cadena de valor alimentaria. Las recomendaciones, que se centran principalmente en los contratos, invitan a considerar los datos sobre los costes de producción y los precios como elementos importantes en la negociación contractual, así como a reflexionar sobre la posibilidad de abrir negociaciones en caso de un aumento excepcional de los costes. También mencionan la importancia de los mecanismos de mediación. En cuanto a la cooperación, piden que se refuercen las organizaciones de productores y las asociaciones de organizaciones de productores, se simplifique su proceso de reconocimiento y se les proporcione un apoyo específico. El diálogo estratégico reconoce que las dimensiones económica, medioambiental y social de la sostenibilidad son igualmente importantes tanto para las sociedades europeas en general como para los sistemas agroalimentarios en particular; también señala que la PAC debe apoyar la consecución de resultados medioambientales y sociales positivos y la diversificación del modelo de negocio sostenible, como, por ejemplo, las cadenas de distribución cortas.
En consonancia con las recomendaciones del informe del diálogo estratégico, procede, por tanto, adoptar medidas para reforzar la posición contractual de los agricultores y restablecer la confianza de los agentes en la cadena de suministro alimentario.
•Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
El artículo 39 del TFUE establece los objetivos de la PAC:
·incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico, asegurando el desarrollo racional de la producción agrícola, así como el empleo óptimo de los factores de producción, en particular, de la mano de obra;
·garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura;
·estabilizar los mercados;
·garantizar la seguridad de los abastecimientos;
·asegurar al consumidor suministros a precios razonables.
La propuesta es coherente con estos objetivos y con la filosofía general de los Reglamentos relativos a la PAC actualmente en vigor (el Reglamento sobre la organización común de mercados, el Reglamento sobre los Planes Estratégicos de la PAC y el Reglamento sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la PAC).
•Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta modifica, sin alterar su esencia, un número limitado de disposiciones de los Reglamentos relativos a la PAC actualmente en vigor. Puesto que tales disposiciones son coherentes con otras políticas de la Unión, la propuesta también es coherente con dichas políticas.
2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD
•Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 42, párrafo primero, y el artículo 43, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) porque: i) la propuesta modifica el Reglamento (UE) n.º 1308/2013, el Reglamento (UE) 2021/2115 y el Reglamento (UE) 2021/2116, todos ellos basados en el artículo 43, apartado 2, del TFUE; ii) el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 también se basa en el artículo 42, párrafo primero, del TFUE, y la presente propuesta contiene igualmente disposiciones que regulan la (no) aplicación de las normas sobre competencia.
•Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La presente propuesta modifica los Reglamentos vigentes adoptados a escala de la UE y que son aplicables en todos los Estados miembros.
El objetivo de las modificaciones es reforzar la posición de los agricultores en la cadena de suministro agroalimentario mediante: i) la simplificación de las normas sobre el reconocimiento de las organizaciones de productores; ii) el refuerzo de las normas sobre contractualización; iii) el establecimiento de normas sobre el uso de menciones facultativas intersectoriales para «justo», «equitativo» y menciones equivalentes, así como para «cadenas de distribución cortas»; iv) la introducción de la posibilidad de conceder ayuda financiera de la Unión a los Estados miembros para las medidas adoptadas por los operadores en períodos en los que los mercados sufren grandes desequilibrios; v) la mejora del grado de organización del sector agrícola en los Estados miembros mediante el apoyo a las organizaciones de productores que ejecutan programas operativos, así como la mejora del uso de las intervenciones sectoriales en los otros sectores a que se refiere el artículo 42, letra f), del Reglamento (UE) 2021/2115.
Las modificaciones mantienen la igualdad de condiciones entre los productores y el grado de armonización que ya se ha alcanzado con los Reglamentos vigentes. Por tanto, se considera que los Estados miembros no pueden aplicarlos de forma aislada.
•Proporcionalidad
La propuesta modifica los Reglamentos vigentes solo en la medida estrictamente necesaria para alcanzar los objetivos expuestos anteriormente, al tiempo que se garantiza que las modificaciones sigan siendo específicas y se ofrece una flexibilidad adecuada.
Las modificaciones propuestas únicamente modifican aspectos específicos de un número limitado de disposiciones de los Reglamentos vigentes. Mejoran y refuerzan aún más las disposiciones vigentes relativas a los contratos de los agricultores y sus organizaciones con otros agentes de la cadena, fortalecen el poder de negociación de las organizaciones de productores y sus asociaciones, alivian la carga administrativa para su reconocimiento y crean un marco que favorece la adopción de regímenes y acuerdos voluntarios destinados a mejorar la remuneración de los agricultores y las iniciativas de sostenibilidad social.
•Elección del instrumento
Puesto que la presente propuesta modifica los Reglamentos vigentes del Parlamento Europeo y del Consejo, las modificaciones también deben introducirse mediante un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo.
3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO
•Evaluaciones ex post/controles de la adecuación de la legislación existente
La propuesta para realizar modificaciones específicas del Reglamento OCM y de otros Reglamentos relativos a la PAC es una de las medidas anunciadas en el documento de reflexión de la Comisión de 15 de marzo de 2024. Debido a la urgencia de responder a los acuciantes retos a los que se enfrenta actualmente el sector agrícola y de actuar para responder a las protestas de los agricultores, no se llevó a cabo ninguna evaluación ex post ni ningún control de la adecuación de la legislación existente.
•Consultas con las partes interesadas
Debido a la urgencia de actuar para hacer frente a los apremiantes desafíos del sector agrícola europeo, no se ha llevado a cabo ninguna convocatoria de datos ni ninguna consulta pública. No obstante, se consultó a las partes interesadas pertinentes mediante reuniones específicas (véase «Obtención y uso de asesoramiento especializado»).
•Obtención y uso de asesoramiento especializado
Aunque no se llevó a cabo ninguna convocatoria de datos ni ninguna consulta pública debido a la urgencia de actuar, la Comisión ha presentado en varias ocasiones las medidas propuestas al Consejo y a las autoridades de la Red Europea de Competencia, así como en una reunión ampliada del grupo de diálogo civil con las partes interesadas pertinentes y en reuniones bilaterales en las que participaron todas las asociaciones pertinentes dentro de la cadena de suministro agroalimentario con sede en la UE, incluidas las de consumidores.
•Evaluación de impacto
Dada la urgencia de actuar para responder a los acuciantes retos a los que se enfrenta actualmente el sector agrícola, no se ha podido llevar a cabo ninguna evaluación de impacto.
Sin embargo, las medidas propuestas se han desarrollado sobre la base de aportaciones de las partes interesadas, en particular de las autoridades de la Red Europea de Competencia, del presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, así como las recibidas en la reunión ampliada del grupo de diálogo civil y en reuniones bilaterales en las que participaron todas las asociaciones pertinentes dentro de la cadena de suministro agroalimentario con sede en la UE, incluidas las de consumidores.
También están en consonancia con las recomendaciones pertinentes del diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura en la UE de septiembre de 2024.
El impacto de la propuesta dependerá de la aceptación de determinadas medidas voluntarias por parte de los agricultores y compradores de productos agrarios, así como de las decisiones de los Estados miembros de usar las opciones y excepciones previstas.
En un plazo de tres meses tras la adopción de la propuesta se elaborará un documento de trabajo de los servicios de la Comisión. Describirá claramente las cuestiones tratadas, los cambios específicos propuestos y su posible impacto, e incluirá un resumen de las observaciones recibidas de las partes interesadas.
•Adecuación regulatoria y simplificación
La presente propuesta es una de las medidas anunciadas en el documento de reflexión de la Comisión de 15 de marzo de 2024 como parte del paquete de simplificación. La cuantificación de la reducción de la carga administrativa se presentará, en la medida de lo posible, en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión.
•Derechos fundamentales
La presente propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS
La presente propuesta no tiene ninguna repercusión presupuestaria cuantificable.
Aunque las medidas 12 a 17 (enumeradas en el punto 5 «Otros elementos» — «Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta») pueden acelerar la ejecución de los programas operativos por parte de las organizaciones de productores y, en consecuencia, aumentar los gastos, cualquier gasto relacionado se mantendrá por debajo del sublímite máximo del FEAGA.
En lo relativo a la reserva agrícola financiada con cargo al FEAGA, la propuesta no prevé ningún cambio en su importe global. Si bien usar la reserva para financiar medidas adoptadas de conformidad con el artículo 222 del Reglamento OCM puede tener consecuencias en la posible asignación de importes para otras medidas excepcionales en un año determinado, en esta fase no es posible su cuantificación.
La ayuda financiera que la Unión aporta a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas aprobada por los Estados miembros para ejecutar los programas operativos se limitará a un determinado porcentaje (del 4,1 % al 5,5 %, en función del tipo de beneficiarios y de los objetivos perseguidos) del valor de la producción comercializada de dichas organizaciones de productores.
La propuesta contiene disposiciones que conceden a los Estados miembros un cierto grado de flexibilidad en cuanto a las asignaciones financieras para los tipos de intervenciones en forma de pagos directos y para los tipos de intervenciones en «otros» sectores. Los fondos disponibles para la ayuda financiera de la Unión a las organizaciones de productores que operen en «otros» sectores se limitarán a los importes transferidos (dentro de los límites de la disposición legal correspondiente) de los pagos directos decididos por los Estados miembros y aprobados por la Comisión. En caso de que los Estados miembros decidan utilizar esa flexibilidad, tan solo afectará a las asignaciones para pagos directos y «otros» sectores, y el cambio se mantendrá dentro del FEAGA. El impacto no puede cuantificarse en esta fase.
5.OTROS ELEMENTOS
•Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información
La presente propuesta modifica el Reglamento (UE) n.º 1308/2013, el Reglamento (UE) 2021/2115 y el Reglamento (UE) 2021/2116. Por lo tanto, el plan de ejecución y las modalidades de seguimiento, evaluación e información siguen siendo las mismas que las del marco actual.
•Documentos explicativos (para las Directivas)
No procede (el texto jurídico es un Reglamento).
•Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
En primer lugar, deben establecerse unos requisitos mínimos para el uso de menciones que describen las modalidades comerciales que garanticen una asignación equitativa del valor añadido a los agricultores. El objetivo es aumentar la transparencia y la fiabilidad en el uso de dichas menciones para asegurar una asignación equitativa del valor añadido a lo largo de la cadena de suministro alimentario, evitar el uso indebido de dichas menciones y garantizar que los consumidores dispongan de información fiable sobre la asignación equitativa del valor añadido a los agricultores y las cadenas de distribución cortas.
En segundo lugar, todas las entregas de productos agrarios deben estar amparadas por un contrato escrito, sin perjuicio de determinadas excepciones y de la posibilidad de que los Estados miembros eximan determinados productos agrarios de dicho requisito.
En tercer lugar, los contratos escritos deben incluir determinados elementos que garanticen la transparencia y la previsibilidad en el cálculo del precio final.
En cuarto lugar, los contratos con una duración superior a seis meses deben incluir una cláusula de revisión que permita a los agricultores, a las organizaciones de productores o a las asociaciones de organizaciones de productores solicitar una revisión del contrato, en particular en situaciones en las que el precio ya no cubra los costes de producción, y rescindir el contrato si se rechaza dicha petición.
En quinto lugar, los Estados miembros deben establecer un mecanismo de mediación y ponerlo a disposición de las partes que deseen utilizarlo.
En sexto lugar, deben simplificarse las normas existentes sobre la definición y el reconocimiento de las organizaciones de productores. Además, para reforzar la colaboración entre los productores de productos ecológicos, debe explicitarse la posibilidad de la creación de organizaciones de productores por dichos productores y el reconocimiento de las mismas.
En séptimo lugar, deben aclararse las normas vigentes sobre las organizaciones de productores para garantizar que dichas organizaciones se creen a iniciativa de los agricultores y se regulen con unas normas que permitan a los miembros que sean agricultores controlar democráticamente sus organizaciones y las decisiones que en ellas se tomen.
En octavo lugar, las organizaciones de productores no reconocidas, incluidas las cooperativas, deben poder negociar las condiciones contractuales en nombre de sus miembros para una parte o para la totalidad de su producción.
En noveno lugar, las asociaciones de organizaciones de productores reconocidas deben poder negociar las condiciones contractuales en nombre de los miembros de sus organizaciones de productores reconocidas.
En décimo lugar, la promoción de iniciativas con menciones facultativas utilizadas para designar modalidades comerciales, como «justo», «equitativo» o menciones equivalentes, así como «cadena de distribución corta», debe ser uno de los objetivos que toda organización interprofesional reconocida puede perseguir.
En undécimo lugar, no deben estar sujetas a la aplicación del artículo 101, apartado 1, del TFUE las iniciativas de cooperación vertical y horizontal relativas a los productos agrarios y alimenticios, cuyo objetivo sea establecer unos requisitos de sostenibilidad social más estrictos que los requisitos obligatorios.
En duodécimo lugar, el Reglamento (UE) 2021/2115 debe modificarse en lo que respecta a los tipos de intervenciones en determinados sectores. Además, debe aumentarse la ayuda financiera de la Unión a los programas operativos en determinados sectores.
En decimotercer lugar, debe incrementarse del 50 % al 60 % la ayuda financiera de la Unión a los programas operativos ejecutados por organizaciones de productores en el sector de las frutas y hortalizas en los Estados miembros en los que el grado de organización de los productores sea inferior al 10 % durante los tres años consecutivos anteriores a la ejecución del programa operativo.
En decimocuarto lugar, debe concederse un incentivo específico a los jóvenes agricultores y a los nuevos agricultores que se adhieran a una organización de productores reconocida y que inviertan en sus instalaciones.
En decimoquinto lugar, la ayuda financiera de la Unión a las organizaciones de productores y a las asociaciones de organizaciones de productores en caso de fenómenos meteorológicos adversos, desastres naturales, enfermedades vegetales o infestaciones parasitarias debe incrementarse del 50 % al 70 % de los gastos reales efectuados, en determinadas condiciones.
En decimosexto lugar, debe permitirse a los Estados miembros, a partir de 2025, utilizar hasta el 6 % de sus asignaciones para pagos directos con el objetivo de apoyar a los sectores contemplados en el artículo 1, apartado 2, letras a) a h), k), m), o) a t) y w), del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 y a los sectores que abarcan los productos enumerados en el anexo VI del Reglamento (UE) 2021/2115.
En decimoséptimo lugar, el Reglamento (UE) 2021/2116 debe modificarse para permitir que se emplee la reserva agrícola para apoyar categorías específicas de acciones colectivas de determinados operadores privados que se lleven a cabo a fin de estabilizar los sectores afectados por un grave desequilibrio del mercado.
2024/0319 (COD)
Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, (UE) 2021/2115 y (UE) 2021/2116 en lo relativo al refuerzo de la posición de los agricultores en la cadena de suministro alimentario
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 42, párrafo primero, y su artículo 43, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1)El sector agrícola, en particular los agricultores, se enfrenta a una serie de retos. La pandemia de COVID-19 y la actual guerra de agresión de Rusia contra Ucrania han causado un aumento sin precedentes de los costes de los insumos agrícolas relacionados con la energía y han conducido a un largo período de elevada inflación, lo que ha afectado a los costes para los agricultores y a los precios de los alimentos. Al mismo tiempo, los agricultores siguen esforzándose por que su producción sea más sostenible desde el punto de vista medioambiental. Muchos consumidores, que se enfrentan a un aumento del coste de la vida, también han cambiado sus hábitos de consumo y han empezado a consumir productos alimenticios menos caros. Esto ha desestabilizado aún más la distribución del valor añadido a lo largo de la cadena de suministro alimentario y ha aumentado la incertidumbre de los agricultores, lo que ha avivado las protestas y alimentado la desconfianza. Procede, por tanto, adoptar medidas para hacer frente a estos retos y restaurar la confianza de los agentes en la cadena de suministro alimentario.
(2)Varios operadores de la cadena de suministro agrícola y alimentario, activos en diferentes fases de producción, transformación, comercialización, distribución y venta al por menor, han elaborado sistemas y etiquetas para fomentar modalidades comerciales que garanticen la asignación equitativa del valor añadido a los agricultores y la creación y el mantenimiento de cadenas de distribución cortas. Cabe fijar unos requisitos mínimos para usar menciones facultativas que describen dichas modalidades comerciales a fin de aumentar la transparencia y la fiabilidad de su uso en la cadena de suministro alimentario, complementando las normas vigentes en materia de etiquetado de los productos alimenticios, en particular el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.
(3)En aras de una mayor confianza y equidad a lo largo de la cadena de suministro alimentario, las menciones «justo», «equitativo» o menciones equivalentes deben utilizarse únicamente para designar modalidades comerciales que aseguren la estabilidad y la transparencia de las relaciones comerciales entre agricultores y compradores, que garanticen que los precios fijados sean considerados equitativos por los agricultores participantes y que apoyen y contribuyan a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, de forma que también sean coherentes con el anexo I de la Directiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo y del Consejo.
(4)La mención «cadena de distribución corta» debe utilizarse únicamente para designar las modalidades comerciales en las que exista una conexión directa entre agricultores y consumidores que permita dialogar directamente sobre el proceso de producción y el producto, incluso mediante comunicación a distancia o a través de un intermediario que garantice dichos diálogos en el momento de la venta. Como alternativa, esta mención puede utilizarse cuando exista una estrecha relación entre los agricultores y los consumidores dentro de su proximidad geográfica, incluso en contextos transfronterizos. Esto animará a los consumidores a pagar unos precios que remuneren equitativamente a los agricultores por lo que producen, reforzará y contribuirá al desarrollo de las zonas rurales y mejorará la transparencia en cuanto al origen y los métodos de producción de los productos.
(5)A la luz de las condiciones del mercado, la evolución de las expectativas de los consumidores y los avances tanto en las normas de comercialización como en las normas internacionales pertinentes, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para garantizar unas condiciones uniformes a la hora de usar las menciones facultativas que designan modalidades comerciales relacionadas con la asignación equitativa del valor añadido a los agricultores y la creación y el mantenimiento de cadenas de distribución cortas. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.
(6)Por estas mismas razones, deben delegarse en la Comisión las competencias para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en lo que respecta a las menciones facultativas suplementarias que sean equivalentes a las menciones «justo» o «equitativo».
(7)Si bien los Estados miembros pueden mantener o introducir disposiciones nacionales que establezcan requisitos adicionales para el uso de menciones facultativas para las modalidades comerciales, dichas disposiciones no deben dificultar, limitar u obstaculizar el uso de dichas menciones para los productos producidos o comercializados legalmente en otro Estado miembro.
(8)El uso de contratos escritos desempeña un papel clave en la rendición de cuentas de los operadores: conciencia sobre la importancia de las señales del mercado, adapta la oferta a la demanda, mejora la transmisión de precios dentro de la cadena de suministro, aumenta la transparencia y previene y combate las prácticas comerciales desleales. Por consiguiente, las normas sobre relaciones contractuales en el sector lácteo deben ampliarse para incluir productos distintos de la leche cruda, garantizando al mismo tiempo su conformidad con las normas sobre relaciones contractuales aplicables a otros sectores agrícolas.
(9)Con el fin de aumentar la flexibilidad para los Estados miembros y simplificar el procedimiento de reconocimiento de las organizaciones de productores —reduciendo así los costes de transacción y mejorando la eficiencia—, las normas sobre las organizaciones de productores deben permitir su reconocimiento con una única solicitud que incluya múltiples sectores y productos. Además, para reforzar la colaboración entre los productores de productos ecológicos, debe disponerse expresamente la creación de organizaciones de productores por productores de productos ecológicos y el reconocimiento de las mismas. Los criterios para el reconocimiento de las organizaciones de productores y sus estatutos deben igualmente disponer que dichas organizaciones se creen a iniciativa de los agricultores y se regulen con unas normas que permitan a los miembros que sean agricultores controlar democráticamente su organización y decisiones. Esto no debe ser óbice para que se unan a organizaciones de productores otros productores que no sean agricultores, así como no productores.
(10)Para promover un mayor desarrollo sostenible, que es un principio fundamental del Tratado y un objetivo prioritario en las políticas de la Unión, así como para garantizar la transparencia, la estabilidad y la equidad en las relaciones comerciales entre agricultores y compradores a lo largo de toda la cadena de suministro, los Estados miembros deben poder reconocer a las organizaciones de productores que persigan objetivos específicos con menciones facultativas correspondientes a modalidades comerciales, como «justo», «equitativo» o menciones equivalentes, así como «cadena de distribución corta».
(11)A fin de garantizar un nivel de vida justo para los agricultores, fortalecer su posición negociadora con respecto a los transformadores y otros agentes en la cadena de suministro, así como asegurar una distribución más justa del valor añadido a lo largo de la cadena de suministro, la posibilidad de negociar las condiciones contractuales en nombre de sus miembros debe ampliarse a las organizaciones de productores no reconocidas, entre ellas las cooperativas, para una parte o para la totalidad de su producción. Con el objetivo de garantizar la igualdad de trato con los miembros de organizaciones de productores reconocidas, esta posibilidad debe estar sujeta a unos límites adecuados. En particular, las organizaciones de productores no reconocidas que se acojan a dicha posibilidad deben cumplir los criterios de reconocimiento establecidos a escala de la Unión y participar en las actividades previstas en el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, entre las que se encuentra la concentración de la oferta y la comercialización de los productos de sus miembros.
(12)A fin de reforzar la posición negociadora de las organizaciones de productores reconocidas y garantizar el desarrollo viable de la producción agrícola, debe permitirse a las asociaciones de organizaciones de productores reconocidas negociar condiciones contractuales en nombre de sus miembros, incluido el precio, para una parte o la totalidad de la producción de sus miembros. Esta posibilidad debe permitirse, siempre que se garantice que las organizaciones que son miembros de dichas asociaciones no lo sean también de otra asociación de organizaciones de productores y que el volumen de productos cubiertos por las actividades de la asociación no supere el 33 % de la producción nacional total de un Estado miembro determinado. Para mantener una competencia efectiva en el mercado, las asociaciones de organizaciones de productores reconocidas tampoco deben estar autorizadas a negociar condiciones contractuales cuando en dichas asociaciones haya organizaciones de productores no reconocidas.
(13)Para evitar que los compradores socaven la posición negociadora de las organizaciones de productores, deben establecerse unas garantías adecuadas para los contactos entre los compradores y los miembros de dichas organizaciones de productores. Si bien los compradores pueden ponerse en contacto con los miembros de las organizaciones de productores, dichos contactos no deben menoscabar los objetivos de las organizaciones de productores ni la concentración de la oferta y la comercialización de productos.
(14)Las organizaciones interprofesionales desempeñan un importante papel a la hora de facilitar el diálogo entre los agentes de la cadena de suministro y promover las mejores prácticas, la transparencia del mercado, la estabilidad y la equidad en las relaciones comerciales entre agricultores y compradores a lo largo de toda la cadena de suministro. Procede, por tanto, incorporar a la lista de los objetivos a los que una organización interprofesional reconocida puede aspirar la promoción de iniciativas para incluir menciones facultativas correspondientes a modalidades comerciales, como «justo», «equitativo» o menciones equivalentes, así como «cadena de distribución corta».
(15)Algunos Estados miembros han decidido que todas las entregas de productos agrarios en su territorio deben estar amparadas por contratos escritos entre las partes. Cuando los Estados miembros no se valgan de esta posibilidad, los agricultores, las organizaciones de productores o las asociaciones de organizaciones de productores podrán solicitar el uso de contratos escritos. Sin embargo, debido a la posición en desventaja de los agricultores en la negociación y al temor a represalias comerciales por parte de los compradores, puede resultar difícil para los agricultores y sus asociaciones presentar tal solicitud. Para aumentar la confianza, la transparencia y la eficiencia en la cadena de suministro y permitir que todos los agricultores, organizaciones de productores y asociaciones de organizaciones de productores se beneficien del uso de contratos escritos, las entregas de productos agrarios en la Unión por parte de un agricultor, una organización de productores o una asociación de organizaciones de productores a un transformador, distribuidor o minorista deben estar amparadas por un contrato escrito.
(16)A fin de tener más en cuenta las señales del mercado y mejorar la transmisión de precios, los Estados miembros deben poder exigir el uso de contratos escritos para la entrega de productos agrarios por parte de productores distintos de los agricultores, las organizaciones de productores o las asociaciones de organizaciones de productores, y obligar a que los compradores recurran a ofertas escritas de contratos para la entrega de productos agrarios. En aras de la simplicidad y la reducción de los costes de transacción, el presente Reglamento debe establecer determinadas excepciones al uso obligatorio de contratos u ofertas por escrito y permitir a los Estados miembros eximir determinadas entregas del uso obligatorio de contratos u ofertas escritas, ofreciéndoles al mismo tiempo a los agricultores y a sus asociaciones la posibilidad de solicitar el uso de contratos escritos u ofertas escritas cuando no exista tal obligación.
(17)El uso obligatorio de contratos escritos para la entrega de productos agrarios y las condiciones básicas para su utilización deben establecerse a escala de la Unión, garantizando igualmente que el derecho de las partes a negociar todos los elementos de sus contratos no se limite más allá de lo estrictamente necesario.
(18)A fin de animar a las partes a alcanzar un acuerdo amistoso en caso de litigio sobre la celebración o la revisión de un contrato escrito, los Estados miembros deben fijar unos mecanismos de mediación. Los Estados miembros deben informar a la Comisión sobre los mecanismos de mediación existentes en su territorio o sobre la creación de dichos mecanismos, y la Comisión puede facilitar el intercambio de mejores prácticas sobre ellos.
(19)Para facilitar el funcionamiento de los mecanismos de transmisión de precios, cuando el precio final que debe pagarse por la entrega de los productos agrarios se calcule combinando diversos factores establecidos en el contrato, entre dichos factores deben figurar indicadores objetivos, índices o métodos de cálculo fácilmente comprensibles para las partes. Con el objeto de evitar que los agricultores se vean obligados a vender sistemáticamente por debajo de sus costes de producción, los indicadores, índices y métodos de cálculo del precio final deben reflejar los cambios en las condiciones de mercado y los costes de producción de los productos agrarios entregados.
(20)Teniendo en cuenta la vulnerable posición de negociación de los agricultores y de sus organizaciones, los casos recientes de gran volatilidad de los costes de los insumos agrícolas y los precios de mercado, así como la necesidad de una transmisión de precios más eficiente dentro de la cadena de suministro, los contratos con una duración superior a seis meses deben incluir una cláusula de revisión que los agricultores y sus organizaciones puedan activar. Esta cláusula debe permitir a los agricultores solicitar en cualquier momento, una vez transcurridos seis meses, una revisión de los elementos del contrato y ofrecerles la posibilidad de rescindirlo en caso de que no se alcance un acuerdo sobre una revisión, sin interferir en el derecho de las partes a negociar otras posibilidades de revisión del contrato.
(21)Para aumentar la transparencia contractual y contribuir a una mayor equidad en las prácticas comerciales, los Estados miembros deben poder exigir que se registren los contratos escritos para la entrega de productos agrarios.
(22)Algunas iniciativas de cooperación vertical y horizontal relativas a los productos agrarios y alimenticios, con las que se pretende aplicar unos requisitos más estrictos que los obligatorios, pueden tener efectos positivos en el objetivo de la política agrícola común de garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola y en el objetivo de desarrollo sostenible de la Unión. Por lo tanto, en determinadas circunstancias, tales iniciativas no deben estar sujetas a la aplicación del artículo 101, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
(23)En períodos de grave desequilibrio del mercado, ciertas categorías específicas de actuaciones colectivas realizadas por operadores privados pueden ayudar a estabilizar los sectores en cuestión. A fin de garantizar que los operadores privados disponen de los recursos necesarios para llevar a cabo estas actuaciones, la Comisión debe poder facilitar recursos de la Unión disponibles procedentes de la reserva agrícola para apoyarlas. Los Estados miembros también deben poder asignar recursos nacionales adicionales.
(24)Para que los productores de remolacha azucarera puedan beneficiarse de una mayor claridad en los contratos y para garantizar un marco contractual armonizado, sin olvidar la especificidad del sector de la remolacha azucarera, las condiciones de compra de los contratos de suministro de remolacha azucarera deben ajustarse a las condiciones aplicables al uso de contratos escritos en otros sectores agrícolas.
(25)Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 en consecuencia.
(26)Para reforzar la posición de los agricultores en la cadena de suministro alimentario, deben modificarse varias disposiciones del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los tipos de intervención en determinados sectores. El propósito de estas modificaciones es ayudar a los agricultores a que se adhieran a organizaciones de productores o asociaciones de organizaciones de productores reconocidas en virtud del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, o a que permanezcan en ellas, habida cuenta del positivo papel que desempeñan estas organizaciones y asociaciones en el fortalecimiento del poder de negociación de los productores. Además, para garantizar un apoyo más eficiente y específico a las organizaciones de productores a través de los planes estratégicos de la PAC, debe preverse la posibilidad de aumentar la ayuda financiera de la Unión destinada a los programas operativos en determinados sectores.
(27)En algunos Estados miembros, el valor de la producción de frutas y hortalizas comercializadas por las organizaciones de productores, en comparación con el valor total de la producción de frutas y hortalizas, sigue estando muy por debajo de la media de la Unión. Entre los incentivos financieros disponibles, los Estados miembros ya pueden proporcionar ayuda financiera nacional a las organizaciones de productores situadas en determinadas regiones en las que el grado de organización se sitúe significativamente por debajo de la media de la Unión, tal como se establece en el artículo 53 del Reglamento (UE) 2021/2115. Con el fin de aumentar la competitividad, reforzar la posición de los agricultores en la cadena de valor y crear nuevas organizaciones de productores, debe concederse un incentivo financiero consistente en un aumento del 10 % de la ayuda financiera de la Unión a las organizaciones de productores de los Estados miembros en los que el grado de organización de los productores sea inferior al 10 % durante los tres años consecutivos anteriores a la ejecución del programa operativo pertinente.
(28)Para facilitar el relevo generacional en el sector agrícola y fomentar la entrada de nuevos miembros en las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas y en otros sectores a que se refiere el artículo 42, letra f), del Reglamento (UE) 2021/2115, debe concederse un incentivo particular a los jóvenes agricultores y a los nuevos agricultores que se adhieran a una organización de productores reconocida en virtud del Reglamento (UE) n.º 1308/2013. Por consiguiente, debe facilitarse un posible aumento del 10 % de la ayuda financiera de la Unión para los gastos relacionados con las inversiones efectuadas en las instalaciones de un joven agricultor o de un nuevo productor que se adhiera por primera vez a una organización de productores reconocida.
(29)Dada la recurrencia de las adversidades climáticas, los desastres naturales, las enfermedades vegetales o las infestaciones parasitarias en los últimos años, ha resultado de utilidad que las organizaciones de productores y las asociaciones de organizaciones de productores pudieran reorientar fondos, incluidos los de la ayuda financiera de la Unión en el marco del fondo operativo, para dirigirlos a las intervenciones necesarias para paliar las consecuencias de dichos acontecimientos. Por consiguiente, cabe prever la posibilidad de que la ayuda financiera de la Unión contemplada en el artículo 52, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/2115 se aumente del 50 % al 70 % de los gastos reales efectuados en determinadas circunstancias.
(30)Para apoyar el establecimiento de tipos de intervenciones en los otros sectores a que se refiere el artículo 42, letra f), del Reglamento (UE) 2021/2115, a partir de 2025 debe concederse a los Estados miembros una mayor flexibilidad para ajustar la asignación de fondos a estos sectores utilizando hasta el 6 % de sus asignaciones para pagos directos.
(31)Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) 2021/2115 en consecuencia.
(32)Con miras a garantizar que los recursos de la Unión procedentes de la reserva agrícola puedan ponerse a disposición de los Estados miembros para apoyar acciones colectivas de operadores privados en períodos de grave desequilibrio del mercado, debe ampliarse la posibilidad de utilizar la reserva agrícola para respaldar acciones colectivas cuando la Comisión decida que las normas de competencia no se aplican a dichas acciones.
(33)Por consiguiente, el artículo 16 del Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo debe modificarse en consecuencia.
(34)Con el fin de dar a los operadores del mercado el tiempo necesario para adaptarse y de permitir a la Comisión que evalúe los sistemas y prácticas nacionales existentes, la aplicación de las normas relativas a la reserva de las menciones facultativas «justo», «equitativo» y sus menciones equivalentes, así como de la mención «cadenas de distribución cortas», debe aplazarse dos años tras la entrada en vigor del presente Reglamento. Asimismo, para que los operadores adecúen sus relaciones contractuales a las nuevas normas sobre contratos escritos, la aplicación de dichas normas debe aplazarse dieciocho meses tras su entrada en vigor.
HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1308/2013
El Reglamento (UE) n.º 1308/2013 se modifica como sigue:
1)En la parte II, título II, capítulo I, sección 1, se inserta la subsección siguiente tras la subsección 3:
«Subsección 3 bis
Uso de menciones facultativas correspondientes a productos en todos los sectores enumerados en el artículo 1, apartado 2
Artículo 88 bis
Menciones facultativas correspondientes a modalidades comerciales
1.Las menciones “justo”, “equitativo” o menciones equivalentes únicamente podrán utilizarse, solas o en combinación con otras menciones, en el etiquetado, en la presentación, en el material publicitario o en documentos comerciales de un producto de los sectores enumerados en el artículo 1, apartado 2, que se comercialice, siempre que dichas menciones se utilicen para informar a los compradores de las modalidades existentes de organización de la producción, distribución o comercialización que contribuyan, como mínimo, a:
a)conseguir estabilidad y transparencia en las relaciones de los agricultores con los compradores a lo largo de la cadena de suministro;
b)fijar un precio considerado equitativo por los agricultores participantes por sus productos; y
c)fomentar iniciativas colectivas que persigan uno o varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
2.La mención “cadena de distribución corta” únicamente podrá utilizarse, sola o en combinación con otras menciones, en el etiquetado, en la presentación, en el material publicitario o en documentos comerciales de un producto de los sectores enumerados en el artículo 1, apartado 2, que se comercialice, siempre que la mención se utilice para informar a los compradores de las modalidades existentes de organización de la producción, distribución o comercialización que prevén:
a)una relación directa entre el agricultor y el consumidor final del producto; o
b) una relación estrecha y proximidad geográfica entre el agricultor y el consumidor final del producto.
3.La Comisión podrá adoptar actos de ejecución para especificar las condiciones a que se refieren el apartado 1, letras a), b) y c), y el apartado 2, letras a) y b), tomando en consideración cualquier norma internacional pertinente.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 229, apartado 2.
4.Con arreglo al artículo 227, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados que modifiquen el apartado 1 a fin de añadir menciones que sean equivalentes a las menciones “justo” o “equitativo”, cuando dichas menciones equivalentes se utilicen en el mercado para informar a los compradores sobre las modalidades comerciales a que se refiere el apartado 1.
5.Los Estados miembros podrán adoptar o mantener normas nacionales que establezcan condiciones adicionales a las mencionadas en el apartado 1, letras a), b) y c), y en el apartado 2, letras a) y b), para el uso de las menciones a que se refieren los apartados 1 y 2, respectivamente. Dichas normas no prohibirán, restringirán ni impedirán el uso de las menciones a que se refieren los apartados 1 y 2 en el caso de los productos producidos o comercializados legalmente en otro Estado miembro con las menciones a que se refieren los apartados 1 y 2.
6. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de las normas previstas en el Reglamento (UE) n.º 1169/2011.».
2)El artículo 148 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 148
Relaciones contractuales en el sector de la leche y de los productos lácteos
1.Toda entrega de leche y productos lácteos en la Unión por parte de un ganadero, una organización de productores o una asociación de organizaciones de productores a un transformador, recolector, distribuidor o minorista estará amparada por un contrato escrito entre las partes.
Dicho contrato deberá cumplir las condiciones establecidas en los apartados 4 y 8.
A los efectos del presente artículo, por “recolector” se entenderá una empresa que transporta leche cruda de un ganadero o de otro recolector a un transformador de leche cruda o a otro recolector, produciéndose en cada caso una transferencia de propiedad de la leche cruda.
2.Los Estados miembros también podrán decidir que:
a)la entrega de leche y productos lácteos en la Unión por parte de un productor que no sea un ganadero, una organización de productores o una asociación de organizaciones de productores a un transformador, recolector, distribuidor o minorista estará amparada por un contrato escrito;
b) los primeros compradores de leche y productos lácteos presentarán por escrito una oferta de contrato para la entrega de leche y productos lácteos por parte del ganadero, una organización de productores o una asociación de organizaciones de productores.
Dicho contrato u oferta de contrato deberá cumplir las condiciones que figuran en los apartados 4 y 8.
3.Los Estados miembros establecerán un mecanismo de mediación para los casos en los que no exista un acuerdo mutuo para celebrar un contrato a que se refieren los apartados 1 y 2 o para revisar dicho contrato.
Los Estados miembros informarán a la Comisión de los mecanismos de mediación establecidos en su territorio.
4.El contrato o la oferta de contrato a que se refieren los apartados 1 y 2 deberán:
a)realizarse antes de la entrega;
b)formalizarse por escrito; e
c)incluir, en particular, los elementos siguientes:
i)el precio que se pagará por la entrega, que deberá:
–ser fijo y figurar en el contrato, o
–calcularse combinando varios factores establecidos en el contrato, que incluirán indicadores objetivos, índices o métodos de cálculo del precio final, que sean fácilmente accesibles y comprensibles y reflejen los cambios en las condiciones del mercado y los costes de producción, las cantidades entregadas y la calidad o composición de la leche y los productos lácteos entregados. A tal efecto, los Estados miembros podrán establecer indicadores con arreglo a criterios objetivos basados en estudios sobre la producción y la cadena de suministro alimentario. Las partes en los contratos tendrán libertad para hacer referencia a estos indicadores o a otros;
ii)el volumen de leche cruda o la calidad y cantidad de la leche o de los productos lácteos que vayan a suministrarse, así como el calendario de dichas entregas;
iii)la duración del contrato, que podrá incluir una duración definida o una duración indefinida con una cláusula de rescisión. Cuando la duración mínima de un contrato sea superior a seis meses, el contrato incluirá una cláusula de revisión que podrá ser activada por el ganadero, una organización de productores o una asociación de organizaciones de productores;
iv)información detallada sobre los plazos y procedimientos de pago;
v)las modalidades de recogida o entrega de la leche o los productos lácteos; y
vi)las reglas aplicables en caso de fuerza mayor.
5.No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, no se exigirá un contrato escrito ni una oferta de contrato por escrito en los siguientes casos:
a)un miembro de una organización de productores o cooperativa suministra la leche o los productos lácteos de que se trate a la organización de productores o cooperativa de la que sea miembro, siempre que los estatutos de dicha organización de productores o cooperativa o las normas y decisiones previstas en dichos estatutos o derivadas de ellos contengan disposiciones que tengan efectos similares a las establecidas en el apartado 4;
b)el primer comprador de la leche o los productos lácteos es una microempresa o una pequeña empresa en el sentido de la Recomendación 2003/361/CE;
c)la entrega y el pago de la leche o los productos lácteos se realizan simultáneamente;
d)la entrega se efectúa gratuitamente o en el contexto de la eliminación de leche o productos lácteos que ya no sean aptos para la venta.
6.Los Estados miembros podrán decidir que no se exija un contrato escrito o una oferta escrita en uno o varios de los siguientes casos:
a)la entrega se refiere a productos de un valor igual o inferior a un umbral que determinará el Estado miembro y que no será superior a 10 000 EUR;
b)la entrega se refiere a leche y productos lácteos que están sujetos a fluctuaciones estacionales de la oferta o de la demanda o a su carácter perecedero;
c)la entrega se refiere a leche y productos lácteos que están sujetos a prácticas de venta tradicionales o habituales.
7.Cuando, en virtud del apartado 5, letras b), c) y d), o del apartado 6, no se exija un contrato escrito o una oferta por escrito de contrato, un ganadero, una organización de productores o una asociación de organizaciones de productores podrá exigir que la entrega de leche o productos lácteos esté amparada por un contrato escrito o por una oferta por escrito de contrato. Dicho contrato u oferta de contrato deberá cumplir las condiciones que figuran en el apartado 4 y en el apartado 8, párrafo primero.
8.Las partes negociarán libremente todos los elementos de los contratos para la entrega de leche o productos lácteos celebrados entre ganaderos, organizaciones de productores o asociaciones de organizaciones de productores y recolectores, transformadores, distribuidores o minoristas, incluidos los elementos y sus componentes mencionados en el apartado 4, letra c).
Los Estados miembros podrán establecer uno o varios de los siguientes elementos:
a)en relación con los contratos escritos a que se refiere el apartado 1 del presente artículo:
i)una obligación para las partes de acordar una relación entre una determinada cantidad de leche y productos lácteos entregada y el precio a pagar por dicha entrega;
ii)una duración mínima que será de al menos seis meses y no obstaculizará el correcto funcionamiento del mercado interior;
b)en relación con las ofertas escritas a que se refiere el apartado 2, letra b), la obligación de que la oferta escrita incluya una duración mínima del contrato, establecida mediante legislación nacional. Dicha duración mínima será de al menos seis meses y no obstaculizará el correcto funcionamiento del mercado interior.
Los ganaderos, las organizaciones de productores o las asociaciones de organizaciones de productores podrán rechazar por escrito la duración mínima impuesta en virtud del párrafo segundo.
9.Los Estados miembros podrán exigir al comprador de leche o de productos lácteos que registre los contratos escritos a que se refiere el apartado 1 antes de que el ganadero, una organización de productores o una asociación de organizaciones de productores entregue la leche o los productos lácteos de que se trate a un recolector, transformador, distribuidor o minorista en su territorio.
10.Los Estados miembros que hagan uso de las opciones a que se refieren los apartados 2, 6, 8 y 9 informarán a la Comisión del modo en que las apliquen.
11.La Comisión podrá adoptar actos de ejecución en los que se establezcan las medidas necesarias para la aplicación uniforme de los apartados 4 y 5 y las medidas relativas a las notificaciones que tienen que efectuar los Estados miembros de conformidad con el apartado 10. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 229, apartado 2.».
3)El artículo 152 se modifica como sigue:
a)el apartado 1 se modifica como sigue:
i)la letra a) se sustituye por el texto siguiente:
«a) estén constituidas por productores de uno o varios sectores enumerados en el artículo 1, apartado 2, o por productores de productos ecológicos de uno o varios sectores enumerados en el artículo 1, apartado 2, y estén controladas por los miembros que sean agricultores, de conformidad con el artículo 153, apartado 2, letra c);»;
ii)en la letra b), la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente:
«b) se hayan creado a iniciativa de los agricultores y realicen como mínimo una de las siguientes actividades:»;
iii)la letra c), inciso vi), se sustituye por el texto siguiente:
«vi) promover la asistencia técnica y prestar este tipo de asistencia para el uso de normas de producción, mejorar la calidad de los productos y desarrollar productos con denominación de origen protegida, indicación geográfica protegida o cubiertos por una etiqueta de calidad nacional, llevar a cabo iniciativas que promuevan las cadenas de distribución corta o el uso de las menciones facultativas a que se refiere el artículo 88 bis;»;
b)en el apartado 1 bis, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:
«1 bis. No obstante lo dispuesto en el artículo 101, apartado 1, del TFUE, una organización de productores reconocida en virtud del apartado 1 del presente artículo o una organización de productores, incluida una cooperativa, que un Estado miembro no haya reconocido como organización de productores, pero que cumpla los requisitos establecidos en el apartado 1 del presente artículo y en el apartado 1 del artículo 154, podrá planificar la producción, optimizar los costes de producción, comercializar y negociar contratos para el suministro de productos agrarios, en nombre de sus miembros con respecto a una parte o a la totalidad de la producción.»;
c)en el apartado 1 ter, se añade el párrafo segundo siguiente:
«No obstante lo dispuesto en el apartado 1 bis y en el párrafo primero, una asociación de organizaciones de productores reconocida en virtud del artículo 156, apartado 1, también podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere el apartado 1 bis, párrafo primero, siempre que:
a)sus miembros hayan sido reconocidos de conformidad con el apartado 1 del presente artículo;
b)sus miembros no sean miembros de otra asociación de organizaciones de productores reconocida para un producto determinado;
c) sus miembros cumplan las condiciones del apartado 1 bis, párrafo segundo, letras a) y b);
d) el volumen de productos cubiertos por las actividades a que se refiere el apartado 1 bis, párrafo primero, no supere el 33 % de la producción nacional total de un Estado miembro determinado.».
4)El artículo 153 se modifica como sigue:
a)en el apartado 2, la letra c) se sustituye por el texto siguiente:
«c) las normas que garanticen a los miembros que son agricultores el control democrático de su organización y de las decisiones de esta, así como de sus cuentas y presupuestos;»;
b)el apartado 2 bis se sustituye por el texto siguiente:
«2 bis. Los estatutos de una organización de productores podrán prever la posibilidad de que los miembros estén en contacto directo con los compradores, siempre que tal contacto directo no ponga en peligro los objetivos perseguidos por la organización de productores o la concentración de la oferta y la comercialización de productos por parte de la organización de productores. La concentración de la oferta se considerará garantizada si la organización de productores negocia y determina los elementos esenciales de las ventas, como el precio, la calidad y el volumen.»;
c)el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a las organizaciones de productores del sector de la leche y los productos lácteos.».
5)En el artículo 157, apartado 1, letra c), se añade el inciso siguiente:
«xvii) promover el uso de las menciones facultativas a que se refiere el artículo 88 bis.».
6)El artículo 168 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 168
Relaciones contractuales
1.Toda entrega en la Unión de productos agrarios de un sector enumerado en el artículo 1, apartado 2, distintos de la leche y los productos lácteos y el azúcar, por parte de un agricultor, una organización de productores o una asociación de organizaciones de productores a un transformador, distribuidor o minorista estará amparada por un contrato escrito entre las partes.
Dicho contrato deberá cumplir las condiciones establecidas en los apartados 4 y 8.
2.Los Estados miembros también podrán decidir que:
a)la entrega de productos agrarios en la Unión por parte de un productor que no sea un agricultor, una organización de productores o una asociación de organizaciones de productores a un transformador, distribuidor o minorista estará amparada por un contrato escrito;
b)los primeros compradores de los productos agrarios presentarán por escrito una oferta de contrato de entrega de productos agrarios por parte del agricultor, una organización de productores o una asociación de organizaciones de productores.
Dicho contrato u oferta de contrato deberá cumplir las condiciones que figuran en los apartados 4 y 8.
3.Los Estados miembros establecerán un mecanismo de mediación para los casos en los que no haya acuerdo para celebrar el contrato a que se refieren los apartados 1 y 2 o para revisar dicho contrato.
Los Estados miembros informarán a la Comisión sobre los mecanismos de mediación establecidos en su territorio.
4.El contrato o la oferta de contrato a que se refieren los apartados 1 y 2 deberán:
a)realizarse antes de la entrega;
b)formalizarse por escrito; e
c)incluir, en particular, los elementos siguientes:
i)el precio que se pagará por la entrega, que deberá:
–ser fijo y figurar en el contrato, o
–calcularse combinando varios factores establecidos en el contrato, que incluirán indicadores objetivos, índices o métodos de cálculo del precio final, que sean fácilmente accesibles y comprensibles y reflejen los cambios en las condiciones del mercado y los costes de producción, las cantidades entregadas y la calidad o composición de los productos agrarios entregados; a tal efecto, los Estados miembros podrán establecer indicadores con arreglo a criterios objetivos basados en estudios sobre la producción y la cadena de suministro alimentario. Las partes en los contratos tendrán libertad para hacer referencia a estos indicadores u otros que consideren pertinentes;
ii)la cantidad y la calidad de los productos agrarios en cuestión que pueden o deben ser entregados y el calendario de dichas entregas;
iii)la duración del contrato, que podrá incluir o una duración definida o una duración indefinida con una cláusula de rescisión. Cuando la duración mínima de un contrato sea superior a seis meses, el contrato también incluirá una cláusula de revisión que podrá ser activada, en particular, por el agricultor, una organización de productores o una asociación de organizaciones de productores;
iv)información detallada sobre los plazos y procedimientos de pago;
v)las modalidades de recogida o entrega de los productos agrarios; y
vi)las reglas aplicables en caso de fuerza mayor.
5.No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, no se exigirá un contrato escrito ni una oferta de contrato por escrito en los siguientes casos:
a)un miembro de una organización de productores o cooperativa suministra los productos agrarios de que se trate a la organización de productores o cooperativa de la que sea miembro, siempre que los estatutos de dicha organización de productores o cooperativa o las normas y decisiones previstas en dichos estatutos o derivadas de ellos contengan disposiciones que tengan efectos similares a las establecidas en las letras a), b) y c) del apartado 4;
b)el primer comprador de los productos agrarios de que se trate es una microempresa o una pequeña empresa en el sentido de la Recomendación 2003/361/CE;
c)la entrega y el pago de los productos agrarios de que se trate tienen lugar simultáneamente;
d)la entrega se efectúa gratuitamente o en el contexto de la eliminación de los productos que ya no sean aptos para la venta.
6.Los Estados miembros podrán decidir que no se exija un contrato escrito o una oferta escrita en uno o varios de los siguientes casos:
a)la entrega se refiere a productos de un valor igual o inferior a un determinado umbral que determinará el Estado miembro y que no será superior a 10 000 EUR;
b)la entrega se refiere a productos agrarios que están sujetos a fluctuaciones estacionales de la oferta o de la demanda o a su carácter perecedero;
c)la entrega se refiere a productos agrarios que están sujetos a prácticas de venta tradicionales o habituales.
7.Cuando, en virtud del apartado 5, letras b), c) y d), o del apartado 6, no se exija un contrato escrito o una oferta por escrito de contrato, un agricultor, una organización de productores o una asociación de organizaciones de productores podrá exigir que toda entrega de productos agrarios a un transformador, distribuidor o minorista esté amparada por un contrato escrito entre las partes o por una oferta por escrito de contrato. Dicho contrato u oferta de contrato deberá cumplir las condiciones que figuran en el apartado 4 y en el apartado 8, párrafo primero.
8.Las partes negociarán libremente todos los elementos de los contratos para la entrega de productos agrarios celebrados entre agricultores, organizaciones de productores o asociaciones de organizaciones de productores y transformadores, distribuidores o minoristas, incluidos los elementos y sus componentes a que se refiere el apartado 4, letra c).
Los Estados miembros podrán establecer uno o varios de los siguientes elementos:
a)en relación con los contratos escritos a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, un Estado miembro podrá establecer:
i)una obligación para las partes de acordar una relación entre la cantidad determinada de productos agrarios entregados y el precio a pagar por dicho suministro,
ii)una duración mínima, que será de al menos seis meses y no obstaculizará el correcto funcionamiento del mercado interior;
b)en relación con las ofertas escritas a que se refiere el apartado 2, letra b), la obligación de que la oferta escrita incluya una duración mínima del contrato, establecida por la legislación nacional a tal efecto. Dicha duración mínima será de al menos seis meses y no obstaculizará el correcto funcionamiento del mercado interior.
Los agricultores, las organizaciones de productores o las asociaciones de organizaciones de productores podrán rechazar por escrito la duración mínima impuesta en virtud del párrafo segundo.
9.Los Estados miembros podrán exigir al comprador de productos agrarios que registre los contratos escritos a que se refiere el apartado 1 antes de que el agricultor, una organización de productores o una asociación de organizaciones de productores entregue los productos agrarios de que se trate a un transformador, distribuidor o minorista en su territorio.
10.Los Estados miembros que hagan uso de las opciones a que se refieren los apartados 2, 6, 8 y 9 informarán a la Comisión del modo en que las apliquen.
11.La Comisión podrá adoptar actos de ejecución en los que se establezcan las medidas necesarias para la aplicación uniforme de los apartados 4 y 5 y las medidas relativas a las notificaciones que tienen que efectuar los Estados miembros de conformidad con el apartado 10. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 229, apartado 2.».
7)El artículo 210 bis se modifica como sigue:
a)en el apartado 3 se añaden las letras siguientes:
«d) apoyar la viabilidad económica de las pequeñas explotaciones que dependen predominantemente de mano de obra familiar con una producción estándar, tal como se define en el artículo 2, punto 8, del Reglamento (CE) n.º 1217/2009 del Consejo, que no excederá de 100 000 EUR;
e) atraer y apoyar a los jóvenes productores de productos agrarios; o
f) mejorar las condiciones de trabajo y seguridad en las actividades agrícolas o de transformación.»;
b)el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:
«A partir del 8 de diciembre de 2023, los productores a que se refiere el apartado 1 podrán solicitar a la Comisión un dictamen sobre la compatibilidad con el presente artículo de los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas a que se refiere el apartado 1 con respecto a la aplicación de normas de sostenibilidad que tienen por objeto contribuir a la consecución de uno o varios de los objetivos establecidos en el apartado 3, letras a), b) y c).
A partir del [fecha de entrada en vigor +2 años], los productores a que se refiere el apartado 1 podrán solicitar a la Comisión un dictamen sobre la compatibilidad con el presente artículo de los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas a que se refiere el apartado 1 con respecto a la aplicación de normas de sostenibilidad que tienen por objeto contribuir a la consecución de uno o varios de los objetivos establecidos en el apartado 3, letras d), e) y f).
La Comisión enviará su dictamen al solicitante en el plazo de cuatro meses a partir de la recepción de una solicitud completa.
Si en cualquier momento posterior a la emisión de su dictamen la Comisión considera que ya no se cumplen las condiciones a que se refieren los apartados 1, 3 y 7 del presente artículo, declarará que el artículo 101, apartado 1, del TFUE será aplicable en el futuro al acuerdo, decisión o práctica concertada de que se trate e informará de ello a los productores.
La Comisión podrá modificar el contenido de un dictamen, por iniciativa propia o a solicitud de un Estado miembro, en particular si el solicitante facilitó información imprecisa o utilizó el dictamen indebidamente.».
8)En el artículo 222, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1. Durante los períodos de desequilibrios graves en los mercados, la Comisión podrá adoptar actos de ejecución a efectos de que el artículo 101, apartado 1, del TFUE no se aplique a los acuerdos y decisiones de los agricultores, de las asociaciones de agricultores o de las asociaciones de dichas asociaciones, o bien de las organizaciones de productores reconocidas, de las asociaciones de organizaciones de productores reconocidas, y de las organizaciones interprofesionales reconocidas pertenecientes a cualquiera de los sectores a que se refiere el artículo 1, apartado 2, del presente Reglamento, siempre que tales acuerdos y decisiones no menoscaben el correcto funcionamiento del mercado interior, tengan como única finalidad estabilizar el sector afectado y entren en una o más de las siguientes categorías:
a)retirada del mercado o distribución gratuita de sus productos;
b)transformación y procesado;
c)almacenamiento por operadores privados;
d)medidas de promoción conjunta;
e)acuerdos sobre requisitos de calidad;
f)adquisición conjunta de insumos necesarios para combatir la propagación de plagas y enfermedades en los animales y las plantas en la Unión, o de insumos necesarios para hacer frente a los efectos de los desastres naturales en la Unión;
g)planificación temporal de la producción, teniendo en cuenta la naturaleza específica del ciclo de producción.
Cuando la Comisión adopte actos de ejecución de conformidad con el párrafo primero del presente artículo, podrá decidir poner a disposición de los Estados miembros de que se trate la ayuda de la Unión procedente de la reserva agrícola a que se refiere el artículo 16 del Reglamento (UE) 2021/2116. Dicha ayuda financiera proporcionará los medios necesarios para la aplicación de estos acuerdos y estas decisiones por parte de los operadores interesados.
La Comisión especificará en actos de ejecución el ámbito de aplicación de la excepción del párrafo primero, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo, el período durante el cual se aplicará la excepción y, en su caso, el importe de la reserva agrícola asignado al Estado miembro de que se trate en virtud del párrafo segundo.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 229, apartado 2.».
9)El anexo X se modifica como sigue:
a)en el punto I, el punto 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1. Los contratos de suministro se celebrarán antes de la entrega, por escrito y por una cantidad de remolacha que deberá estipularse.»;
b)en el punto I, el punto 2 se sustituye por el texto siguiente:
«2. La duración de los contratos de suministro podrá ser de varios años. Cuando la duración mínima de un contrato sea superior a seis meses, el contrato incluirá una cláusula de revisión que podrá ser activada por el agricultor, una organización de productores o una asociación de organizaciones de productores.»;
c)en el punto II, punto 2, se añade el párrafo siguiente:
«El precio se calculará combinando varios factores establecidos en el contrato, que incluirán indicadores objetivos, índices o métodos de cálculo del precio final, que sean fácilmente accesibles y comprensibles y reflejen los cambios en las condiciones del mercado y los costes de producción, las cantidades suministradas y la calidad o composición de la remolacha azucarera entregada. A tal efecto, los Estados miembros podrán establecer indicadores con arreglo a criterios objetivos basados en estudios sobre la producción y la cadena de suministro alimentario. Las partes en los contratos tendrán libertad para hacer referencia a estos indicadores u otros que consideren pertinentes.»;
d)en el punto III, se añade el párrafo siguiente:
«Los contratos de suministro incluirán las normas aplicables en caso de fuerza mayor.»;
e)se inserta el punto IX bis siguiente:
«PUNTO IX bis
Los Estados miembros podrán exigir a la empresa azucarera que registre los contratos escritos de suministro antes de la entrega de la remolacha azucarera.».
Artículo 2
Modificaciones del Reglamento (UE) 2021/2115
El Reglamento (UE) 2021/2115 se modifica como sigue:
1)El artículo 52 se modifica como sigue:
a)en el apartado 3, se añade la letra i) siguiente:
«i) la organización de productores o la asociación de organizaciones de productores ejecuta un programa operativo en un Estado miembro en el que el grado de organización de los productores del sector de las frutas y hortalizas ha sido inferior al 10 % durante los tres años consecutivos anteriores a la ejecución del programa operativo. El grado de organización se calculará como el valor de la producción de frutas y hortalizas obtenida en el Estado miembro en cuestión y comercializada por organizaciones de productores o asociaciones de organizaciones de productores reconocidas en virtud del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, dividido por el valor total de la producción de frutas y hortalizas obtenido en dicho Estado miembro.»;
b)se inserta el apartado 5 bis siguiente:
«5 bis. El límite del 50 % establecido en el apartado 1 se elevará al 60 % para los gastos asociados a los objetivos contemplados en el artículo 46, letras a), b) o c), si se cumplen las siguientes condiciones:
a)el gasto está relacionado con inversiones en activos materiales e inmateriales a que se refiere el artículo 47, apartado 1, letra a), realizadas por jóvenes agricultores o nuevos agricultores que se adhieran por primera vez a una organización de productores reconocida en virtud del Reglamento (UE) n.º 1308/2013;
b)las inversiones previstas en la letra a) se realizan en las instalaciones de estos jóvenes agricultores o nuevos agricultores como parte de su primer programa operativo.»;
c)se añade el apartado 7 siguiente:
«7.
El límite del 50 % previsto en el apartado 1 se incrementará hasta el 70 % de los gastos reales efectuados en un año determinado para los programas operativos ejecutados por organizaciones de productores o asociaciones de organizaciones de productores y afectados en ese año por adversidades climáticas, desastres naturales, enfermedades vegetales o infestaciones parasitarias que deberán determinar los Estados miembros.».
2)En el artículo 68, se inserta el apartado 2 bis siguiente:
«2 bis.
El artículo 52, apartado 3, letras a) a d) y f) a h), y el artículo 52, apartado 5 bis, del presente Reglamento se aplicarán mutatis mutandis.».
3)En el artículo 88, el apartado 7 se sustituye por el texto siguiente:
«7.
A partir de 2025, los Estados miembros podrán revisar las decisiones a que se refiere el apartado 6 en el contexto de una solicitud de modificación de sus planes estratégicos de la PAC, presentada con arreglo al artículo 119, y decidir utilizar hasta el 6 % de sus asignaciones para los pagos directos contempladas en el anexo V, cuando corresponda, una vez deducidas las asignaciones disponibles para el algodón mencionadas en el anexo VIII, para los tipos de intervenciones en otros sectores a los que se hace referencia en el título III, capítulo III, sección 7.
El importe correspondiente al porcentaje de las asignaciones de los Estados miembros para pagos directos a que se refiere el párrafo primero del presente apartado, utilizado para tipos de intervenciones en otros sectores durante un ejercicio determinado, se considerarán asignaciones de los Estados miembros para tipos de intervenciones en otros sectores por ejercicio financiero.».
Artículo 3
Modificación del Reglamento (UE) 2021/2116
En el artículo 16, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (UE) 2021/2116, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:
«b) medidas excepcionales en virtud de los artículos 219, 220, 221 y 222 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013.».
Artículo 4
Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El artículo 1, punto 1), será aplicable a partir de [+ 2 años].
El artículo 1, puntos 2) y 6), será aplicable a partir de [+18 meses].
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo
Por el Consejo
La Presidenta
La Presidenta / El Presidente