El presente recurso de casación se enmarca en un procedimiento de oposición, formulado por LG Electronics Inc.,  2  – En lo sucesivo, «LG» u «oponente». en relación con la solicitud de registro de la marca comunitaria «compressor technology», presentada en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) por BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH.  3  – En lo sucesivo, «BSH» o «solicitante». En él se solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 4 de diciembre de 2014, BSH/OAMI — LG Electronics (compressor technology).  4  – T‑595/13, EU:T:2014:1023; en lo sucesivo, «sentencia recurrida».

El presente recurso de casación presenta dos vertientes.

Por una parte, debe ser una nueva ocasión para que el Tribunal de Justicia precise los supuestos en los que el juez de la Unión debe plantear de oficio un fundamento jurídico con el fin de cumplir su función de juez de la legalidad.

Por otra parte, debe permitir al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la estructura y el ejercicio de los recursos interpuestos ante la OAMI para que se revisen las resoluciones de las Divisiones de Oposición. En particular, el Tribunal de Justicia deberá definir el alcance y las normas de ejecución del artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 216/96 de la Comisión, de 5 de febrero de 1996, por el que se establece el Reglamento de procedimiento de las Salas de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Diseños y Modelos).  5  – DO L 28, p. 11. Reglamento, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 2082/2004 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2004 (DO L 360, p. 8) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 216/96»).

Dicha disposición establece lo siguiente: «En los procedimientos inter partes, la parte recurrida podrá, en su escrito de contestación, formular pretensiones dirigidas a anular o modificar la resolución recurrida con respecto a un punto no planteado en el recurso. Dichas pretensiones quedarán sin objeto en caso de desistimiento por parte del recurrente.»

En el presente asunto, cuando BSH interpuso, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria,  6  – DO L 78, p. 1. un recurso para que se revisara la resolución de la División de Oposición en relación con una lista muy limitada de productos, LG se adhirió, en el escrito de contestación que formuló con arreglo al artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 216/96, al recurso y solicitó la revisión de dicha resolución en relación con una lista mucho mayor de productos.

Mediante resolución de 5 de septiembre de 2013,  7  – Asunto R 1176/2012-1. Resolución, en su versión modificada por la resolución rectificativa de 3 de diciembre de 2013; en lo sucesivo, «resolución controvertida». la Primera Sala de Recurso de la OAMI (en lo sucesivo, «Sala de Recurso») desestimó el recurso de BSH y estimó parcialmente la solicitud de LG.

El presente asunto trata de la legalidad de dicha resolución.

Mientras que el recurso de anulación interpuesto ante el Tribunal General trataba únicamente de la valoración en cuanto al fondo del riesgo de confusión entre los signos en conflicto a efectos del registro de la marca «compressor technology», el recurso de casación interpuesto ante el Tribunal de Justicia plantea dos cuestiones de índole puramente jurídica relativas, por una parte, a la función del juez y, por otra, a la existencia y a la legalidad de los recursos.

Por lo que se refiere a la función del juez, propondré al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida, no por los motivos alegados por BSH ante el Tribunal de Justicia, sino porque el Tribunal General no examinó de oficio dos motivos de orden público basados, el primero, en la falta de competencia de la Sala de Recurso para revisar la resolución de la División de Oposición en relación con productos distintos de los mencionados por la solicitante en el recurso principal y, el segundo, en la vulneración en ese procedimiento de su derecho a ser oída.

Puesto que ambos motivos han sido objeto de un debate contradictorio ante el Tribunal de Justicia, propondré a dicho Tribunal que las examine de oficio y resuelva él mismo el litigio.

Tal es el marco en el que el Tribunal de Justicia deberá determinar si, en atención, tanto a las reglas establecidas en los artículos 58 a 64 del Reglamento n.o 207/2009, como a las garantías procesales consagradas en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), el objeto del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 216/96 es, efectivamente, establecer un recurso paralelo al previsto en el Reglamento n.o 207/2009.

De este modo, el Tribunal de Justicia deberá poner fin a la inseguridad jurídica actual, provocada por la falta de uniformidad en los criterios sostenidos por las distintas Salas de Recurso de la OAMI y por las distintas formaciones del Tribunal General en cuanto a la interpretación de tal disposición.

En las presentes conclusiones, explicaré por qué el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 216/96 no puede, evidentemente, pretender ofrecer un recurso independiente del contemplado en los artículos 58 y siguientes del Reglamento n.o 207/2009. En consecuencia, sostendré que cuando estimó un recurso manifiestamente inadmisible, la Sala de Recurso no estaba facultada para revisar la resolución de la División de Oposición en lo tocante a productos distintos de los que eran objeto del recurso principal y sobrepasó los límites de su competencia.

Con carácter subsidiario, explicaré asimismo que la Sala de Recurso no respetó el derecho de defensa de BSH al no permitirle presentar sus observaciones una vez que LG se adhirió al recurso.

Por consiguiente, propondré al Tribunal de Justicia que anule la resolución controvertida y condene a la OAMI en las costas de ambas instancias.

Mediante resolución de 3 de mayo de 2012, la División de Oposición denegó parcialmente la solicitud de registro de la marca comunitaria «compressor technology» formulada por BSH. Consideró, en efecto, que existía riesgo de confusión con la marca anterior «KOMPRESSOR», propiedad de LG, con respecto a una parte de los productos reivindicados incluidos en las clases 7, 9 y 11, en el sentido del Arreglo de Niza,  10  – Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión modificada y revisada. entre ellos los aparatos eléctricos de limpieza para uso doméstico, incluidos las aspiradoras y los aparatos de aspiración en seco y húmedo.  11  – Véase la lista completa de los productos de que se trata en el apartado 3 de la sentencia recurrida.

En cuanto a los demás productos reivindicados incluidos en las clases 7, 9 y 11, la División de Oposición desestimó la oposición formulada por LG alegando que no existía riesgo de confusión.

Esta resolución fue notificada a las partes el 3 de mayo de 2012.

El 26 de junio de 2012, BSH interpuso recurso de anulación contra la misma, cumplimentando el formulario de recurso establecido al efecto y, el 3 de septiembre de 2012, presentó el escrito de motivación de su recurso. BSH solicitó la revisión de la resolución de la División de Oposición en cuanto a la apreciación del riesgo de confusión en relación con aparatos eléctricos de limpieza para uso doméstico, incluidos las aspiradoras y los aparatos de aspiración en seco y húmedo, comprendidos en la clase 7, dado que los demás productos no estaban afectados por dicha resolución.

En consecuencia, el 31 de octubre de 2012, LG, mediante un único escrito titulado «Escrito de contestación», formuló, por una parte, su escrito de contestación a las alegaciones presentadas por BSH en apoyo de su recurso, y, por otra parte, solicitó la revisión de la resolución de la División de Oposición para que se desestimase con mayor amplitud la solicitud de registro de la marca «compressor technology». En particular, LG sostuvo que, contrariamente a lo resuelto por la División de Oposición, sí existía riesgo de confusión con los siguientes productos:

Clase 7: equipos eléctricos de eliminación de basuras, en concreto, trituradoras y compactadores de basura;

Clase 9: básculas para personas; aparatos eléctricos para soldar láminas; aparatos de mando a distancia, de señalización y de control (eléctricos/electrónicos) para máquinas y equipos domésticos y de cocina; soportes de datos legibles por máquina grabados y sin grabar para aparatos electrodomésticos; distribuidores eléctricos para bebidas o comidas, máquinas de venta; partes comprendidas en la clase 9 de todos los productos mencionados.

Partes comprendidas en la clase 9 de aparatos e instrumentos eléctricos comprendidos en la clase 9, a saber, planchas eléctricas; básculas para la cocina;

Clase 11: lámparas de infrarrojos (que no sean para uso médico); almohadillas de calefacción (que no sean para uso médico), mantas eléctricas (que no sean para uso médico); surtidos mecánicos para servir bebidas frías para su uso en combinación con aparatos para refrigerar bebidas.

Mediante escrito de 8 de noviembre de 2012, titulado «Traslado del escrito de contestación», la OAMI comunicó a BSH el «escrito» presentado por LG, señalándole que la fase escrita del procedimiento había concluido, que, en consecuencia, se da traslado del escrito adjunto sólo a título informativo, que el expediente será transmitido a la Sala de Recurso en tiempo útil, quien se pronunciará sobre el asunto».

En el apartado 13 de la resolución controvertida, la Sala de Recurso declaró admisible el recurso de BSH al haberse interpuesto de conformidad con los artículos 58 a 60 del Reglamento n.o 207/2009 y con la Regla 48 del Reglamento n.o 2868/95.

En el apartado 14 de la resolución controvertida, al examinar el alcance del recurso, la Sala de Recurso señaló que, en su escrito de contestación al escrito de motivación del recurso de BSH, LG había introducido un recurso «accesorio» («ancillary appeal»), con arreglo al artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 216/96, en virtud del cual solicitaba la revisión de la resolución de la División de Oposición en lo relativo a los productos antes mencionados incluidos en las clases 7, 9 y 11.

Concluido su examen, la Sala de Recurso desestimó el recurso de BSH y estimó parcialmente la adhesión al recurso de LG.

En consecuencia, BSH interpuso un recurso de anulación ante el Tribunal General planteando un único motivo, basado en la infracción, por parte de la Sala de Recurso, del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, relativo a la apreciación del riesgo de confusión de los signos en conflicto.

El Tribunal General desestimó dicho recurso.

Mediante su recurso de casación, BSH solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y la resolución controvertida y, subsidiariamente, que devuelva el asunto al Tribunal General y que condene a la OAMI a cargar con las costas en ambas instancias.

La OAMI solicita que se desestime el recurso de casación y se condene en costas a BSH.

En apoyo de su recurso de casación, BSH invoca dos motivos.

El primer motivo de casación se plantea por primera vez ante el Tribunal de Justicia. Dicho motivo se basa en la vulneración por la OAMI del artículo 60 del Reglamento n.o 207/2009, el cual establece las normas de procedimiento aplicables a la interposición de un recurso ante las Salas de Recurso de la OAMI. En efecto, BSH sostiene que la adhesión al recurso de LG no era admisible puesto que no cumplía ninguno de los requisitos de plazo y forma exigidos por dicho artículo.

El segundo motivo de casación se basa en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 40/94 en la apreciación del riesgo de confusión entre los signos «compressor technology» y «KOMPRESSOR».

A estas alturas, no considero que sea necesario valorar si la resolución controvertida incurre en los vicios denunciados por BSH en su recurso de casación. En efecto, considero, de entrada, que la sentencia recurrida ha de ser anulada por cuanto el Tribunal no examinó de oficio que la resolución controvertida fue dictada por una autoridad sin competencia, vulnerando el derecho de defensa de la solicitante.

En efecto, considero que la adhesión al recurso formulada por la oponente era manifiestamente inadmisible, de manera que la Sala de Recurso carecía de competencia para revisar la resolución de la División de Oposición en relación con los productos a que dicha adhesión se refería.

Asimismo, he de señalar que la Sala de Recurso modificó la resolución de la División de Oposición, estimando las pretensiones de la oponente, sin haber dado previamente a BSH la oportunidad de mostrar eficazmente su punto de vista, vulnerando de este modo su derecho de defensa.

Pues bien, la falta de competencia y los vicios sustanciales de forma son motivos de orden público que el juez de la Unión puede o debe plantear de oficio cuando las partes no lo hagan.

De las normas que regulan el procedimiento ante las instancias jurisdiccionales de la Unión, en particular, de los artículos 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y 177 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de General, se desprende que son las partes las que determinan y circunscriben el litigio. De ello se desprende que el juez de la Unión no puede, en principio, sobrepasar las solicitudes que se le formulan en las pretensiones y, asimismo, que debe resolver sobre esas solicitudes ateniéndose al marco jurídico y fáctico expuesto por las mismas.

Sin embargo, la función del juez de la Unión no es pasiva. En el marco del contencioso de la marca comunitaria, su control jurisdiccional no se limita a ser una mera duplicación del control efectuado anteriormente por la Sala de Recurso de la OAMI.  12  – Sentencia OAMI/Kaul (C‑29/05 P, EU:C:2007:162), apartado 55. Su cometido tampoco se limita a apreciar los méritos de las posiciones de cada una de las partes en el litigio ateniéndose estrictamente a los motivos y argumentos invocados por éstas. En efecto, la función del juez de la Unión no es la de ser un mero árbitro. Debe garantizar también el cumplimiento del Derecho de la Unión, especialmente, las garantías fundamentales consagradas en la Carta.

Por tanto, las normas relativas al procedimiento ante cada órgano jurisdiccional de la Unión y la jurisprudencia han establecido varios supuestos en los que el juez de la Unión tiene competencia para plantear de oficio un motivo de Derecho, en aras del cumplimiento de su misión como juez de la legalidad.

De este modo, con arreglo a su Reglamento de procedimiento, el Tribunal General puede plantear de oficio su incompetencia manifiesta para conocer de un recurso o su carácter manifiestamente inadmisible o, en su caso, manifiestamente carente de fundamentación jurídica  13  – Véase el artículo 126 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. También puede plantear de oficio las causas de inadmisión de la demanda por motivos de orden público,  14  – Véase el artículo 129 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. es decir, las infracciones de un requisito esencial de admisibilidad de un recurso, como la existencia de un acto impugnable,  15  – Auto ISAE/VP e Interdata/Comisión (C‑130/91, EU:C:1992:7), apartado 11. la legitimación activa  16  – Sentencias Italia/Comisión (C‑298/00 P, EU:C:2004:240), apartado 35, y Regione Siciliana/Comisión (C‑417/04 P, EU:C:2006:282), apartado 36. o también el respeto de los plazos procedimentales.  17  – Sentencias Politi/ETF (C‑154/99 P, EU:C:2000:354), apartado 15 y jurisprudencia citada, y Evropaïki Dynamiki/Comisión (C‑469/11 P, EU:C:2012:705), apartado 50 y jurisprudencia citada.

Además, el Tribunal de Justicia ha distinguido entre, de una parte, los motivos relativos a la legalidad material del acto impugnado, que tienen que ver con la infracción de una norma jurídica relativa a la aplicación del TFUE y que sólo pueden ser examinados por el juez de la Unión si han sido invocados por las partes, y, de otra parte, los motivos que ponen en tela de juicio la legalidad externa del acto impugnado, que están comprendidos dentro de los vicios sustanciales de forma, son de orden público y deben ser planteados de oficio por el juez de la Unión.  18  – Sentencias Comisión/Sytraval y Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154), apartado 67 y jurisprudencia citada, y Comisión/Irlanda y otros (C‑89/08 P, EU:C:2009:742), apartado 40. En este último supuesto, las irregularidades que afectan a la forma del acto o del procedimiento tramitado vulneran los derechos de terceros o de las personas afectadas por dicho acto o pueden influir en su contenido.  19  – Tomo prestada esta definición a Rideau, J.: «Recours en annulation», Jurisclasseur Europe, fascículo 331, apartado 22. Puede tratarse, por ejemplo, de una falta de autenticación regular  20  – Sentencia Comisión/Solvay (C‑287/95 P y C‑288/95 P, EU:C:2000:189), apartado 55. o de una falta de notificación.  21  – Sentencia Hoechst/Comisión (C‑227/92 P, EU:C:1999:360), apartado 72.

Así, el Tribunal de Justicia ha confirmado que la incompetencia del autor del acto impugnado  22  – Sentencia Salzgitter/Comisión (C‑210/98 P, EU:C:2000:397), apartado 56 y jurisprudencia citada, y auto Planet/Comisión (T‑320/09, EU:T:2011:172), apartado 41 y jurisprudencia citada. y la falta o insuficiencia de motivación de dicho acto  23  – Sentencia Comisión/Irlanda y otros (C‑89/08 P, EU:C:2009:742), apartado 34 y jurisprudencia citada. constituyen motivos de orden público que pueden o, incluso, deben ser planteados de oficio por el juez de la Unión, aun cuando ninguna de las partes se lo haya pedido.

Por tanto, no puede reprocharse al juez de la Unión que conozca de un recurso de anulación que trascienda el marco del litigio, se exceda en su competencia, resuelva ultra petita e infrinja su Reglamento de Procedimiento cuando plantea de oficio un motivo de esa índole, referido precisamente a la legalidad del acto cuya anulación se le solicita.  24  – Sentencia Comisión/Irlanda y otros (C-89/08 P, EU:C:2009:742), apartado 35.

En los diferentes supuestos contemplados por la jurisprudencia, el vicio de que adolece el acto impugnado reviste un carácter lo suficientemente grave para justificar su sanción por parte del juez de la Unión, aunque no lo haya planteado la parte demandante. En otras palabras, cuando el acto impugnado es contrario a la fuerza de cosa juzgada o procede de un vicio sustancial de forma o de la vulneración de un derecho fundamental, poco importa saber si dicho acto adolece también de los vicios expuestos por la parte demandante en apoyo de su recurso de anulación. La defensa del ordenamiento jurídico de la Unión y la protección de los derechos fundamentales permiten y, en su caso, obligan al juez que conoce de la legalidad apreciar que dicho acto adolece de un vicio que, en todo caso, implica su anulación.

Es evidente que esta facultad no puede supeditarse al requisito de que se vincule a los motivos y alegaciones invocados por las partes. En efecto, el cumplimiento de un requisito de este tipo sería contrario al objeto mismo de la facultad de examen de oficio, que tiene por objeto precisamente suplir la carencia de las partes cuando se ha infringido una norma de orden público.

En el caso de autos, del expediente transmitido al Tribunal General se desprende que la adhesión al recurso de LG al amparo del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 216/96 no cumplía ninguno de los requisitos de plazo y de forma que debe cumplir para ser admisible.

Asimismo, de la resolución controvertida se desprende claramente que, aunque la Sala de Recurso se pronunció expresamente sobre la admisibilidad del recurso interpuesto con carácter principal por BSH en el apartado 13, en ningún momento examinó la admisibilidad de la adhesión al recurso de LG, pese a que la resolución controvertida se basa en datos que la misma alega ella.

Pues bien, ¿cómo estimar un recurso si no se valoró previamente su admisibilidad?

Debe reconocerse que la tarea es delicada cuando existe una gran confusión con respecto al alcance del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 216/96 y a las normas procedimentales que enmarcan la interposición de tal recurso.

Dicho esto, y cualesquiera que sean las circunstancias, al no pronunciarse en cuanto a la admisibilidad del recurso interpuesto por LG, la Sala de Recurso infringió la Regla 49, apartado 1, del Reglamento n.o 2868/95 que dispone, recuérdese, que, «si el recurso no cumpliese los requisitos establecidos en los artículos [58 a 60 del Reglamento n.o 207/2009] y en la letra c) del apartado 1 y en el apartado 2 de la Regla 48 [relativa al contenido del recurso], la Sala de Recurso lo rechazará como inadmisible».

Por otra parte, al resolver dicho recurso, también sobrepasó los límites de su competencia, dado que sólo existe recurso si se interpone con arreglo a los requisitos legales.

Así pues, antes de apreciar los motivos de anulación planteados por las partes, el Tribunal General estaba obligado a examinar de oficio la competencia de la Sala de Recurso para adoptar la resolución controvertida.

Además, de los datos que obran en autos se desprende claramente que la resolución controvertida fue adoptada sin que BSH pudiera presentar con carácter previo sus observaciones en relación con la adhesión al recurso de LG, lo que ha viciado indudablemente la motivación de dicha resolución. Esta omisión ha resultado tanto más flagrante cuanto los datos mencionados por LG en su adhesión al recurso han sido manifiestamente decisivos para la resolución del procedimiento, dado que la Sala de Recurso revisó la resolución de la División de Oposición en perjuicio de BSH.

Pues bien, sobre la base de la jurisprudencia que acabo de recordar, el Tribunal de Justicia considera una y otra vez que basar una resolución judicial en hechos y documentos que las partes, o una de ellas, no han podido conocer y sobre los cuales, por tanto, no han podido pronunciarse, supone violar un principio jurídico elemental.

Por lo tanto, al no haber examinado la competencia de la Sala de Recurso, el Tribunal General debía haber controlado de oficio la legalidad de la resolución controvertida en atención, tanto a los principios fundamentales de derecho a ser oído y de contradicción, como a los artículos 63, apartado 2, y 75, segunda frase, del Reglamento n.o 207/2009.

En consecuencia, propondré al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida por estos motivos.

En caso de que se anule la sentencia recurrida en casación, el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que éste podrá o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este último resuelva, o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita.

Mi opinión es que el estado del litigio permite que sea juzgado en relación con los dos fundamentos de Derecho cuyo examen de oficio propongo al Tribunal de Justicia.

En primer lugar, en cuanto a si Sala de Recurso era competente para revisar la resolución de la División de Oposición en relación con los productos incluidos en la adhesión al recurso de LG, esta cuestión se refiere a la admisibilidad de dicho recurso y ha sido objeto de debate entre BSH y la OAMI en sus escritos procesales y en la vista ante el Tribunal de Justicia.

En segundo lugar, por lo que respecta a si la resolución controvertida incurre en una vulneración del derecho de defensa de BSH al no haber sido oída, esta cuestión también ha sido objeto de un debate contradictorio ante el Tribunal de Justicia.

En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que examine de oficio el motivo de casación basado en la incompetencia de la Sala de Recurso para adoptar la resolución controvertida.

Por lo tanto, en las presentes conclusiones, examinaré con carácter subsidiario el motivo de casación basado en la vulneración del derecho a ser oída de la solicitante y en la violación del principio de contradicción en el procedimiento de adopción de dicha resolución.

A tenor del artículo 137 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento en casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de dicho Reglamento, se decidirá sobre las costas en la sentencia o en el auto que ponga fin al proceso.

En el caso de autos, procede señalar que, aunque la sentencia recurrida se anule, propongo al Tribunal de Justicia estimar el recurso de BSH y anular la resolución controvertida. Por consiguiente, propongo que se condene a la OAMI a cargar con las costas en que incurrió BSH tanto en primera instancia como en el recurso de casación, con arreglo a lo solicitado por ésta.