CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. ATHANASIOS RANTOS

presentadas el 22 de octubre de 2026 (1)

Asunto C‑858/24 P

VC

contra

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU‑OSHA)

« Recurso de casación — Contratos públicos — Protección de los intereses financieros de la Unión — Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 — Artículo 136, apartados 1, letra c), y 2 — Decisión de exclusión de un operador económico de los procedimientos de adjudicación — Inexistencia de sentencia firme o de decisión administrativa definitiva que establezca que ese operador es culpable de falta de ética profesional grave — Exclusión sobre la base de una calificación jurídica preliminar fundamentada en una decisión administrativa cuya ejecución se encuentra suspendida — Artículo 136, apartado 7 — Adopción de medidas correctoras por el operador económico — Artículo 143, apartado 9 — Artículo 261 TFUE — Competencia jurisdiccional plena — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Tutela judicial efectiva »






 Introducción

1.        Mediante su recurso de casación, VC solicita, en primer término, la anulación de la sentencia del Tribunal General de 2 de octubre de 2024, VC/EU‑OSHA (Exclusión de los contratos públicos basada en una resolución administrativa nacional suspendida) (T‑126/23, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2024:666), mediante la que se desestimó el recurso de anulación que había interpuesto contra la Decisión de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU‑OSHA) de 13 de enero de 2023 por la que se ordena, en particular, por una parte, su exclusión, durante un período de dos años con efectos a partir del 18 de enero de 2023, de la participación en los procedimientos de contratación pública, en los procedimientos relativos a subvenciones, premios, adjudicaciones e instrumentos financieros cubiertos por el presupuesto general de la Unión y en los procedimientos de adjudicación cubiertos por el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) con arreglo al Reglamento (UE) 2018/1877 (2) (artículos 1 y 2) y, por otra parte, la inscripción de VC en la base de datos del sistema de detección precoz y exclusión durante el período de exclusión (artículo 3) y la publicación en el sitio web de la Comisión Europea de determinada información relativa a la exclusión (artículo 4) (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»). En segundo término, VC solicita la anulación de la Decisión controvertida. Por último, en tercer término, pide que se condene en costas a la EU‑OSHA.

2.        Conforme a lo solicitado por el Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones se centrarán en el análisis de los motivos primero y segundo del recurso de casación, que se refieren, respectivamente, al valor atribuido a una resolución judicial nacional que suspende la ejecución de una decisión administrativa que sirve de fundamento a una decisión de exclusión de un operador económico de un procedimiento de adjudicación a los efectos del artículo 136, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 (3) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero») y al alcance de la competencia jurisdiccional plena del Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 143, apartado 9, de este Reglamento.

 Marco jurídico

3.        A tenor de los considerandos 64, 67 a 69, 71, 73, 77, 79 y 84 del Reglamento Financiero:

«(64)      Con el fin de proteger los intereses financieros de la Unión, la Comisión debe establecer un único sistema de detección precoz y exclusión.

[…]

(67)      La decisión sobre la exclusión de una persona o entidad de la participación en procedimientos de concesión de subvenciones […] y la decisión de publicación de la información conexa debe ser adoptada por los ordenadores responsables, habida cuenta de su autonomía en materia administrativa. De no existir una sentencia firme o una decisión administrativa definitiva […], los ordenadores responsables deben tomar su decisión sobre la base de una calificación jurídica preliminar, teniendo en cuenta la recomendación de la instancia. La instancia debe valorar asimismo la duración de una exclusión en aquellos casos en que la duración no haya sido fijada mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva.

(68)      El cometido de la instancia debe consistir en garantizar el funcionamiento coherente del sistema de exclusión. La instancia debe estar compuesta por una presidencia permanente, dos representantes de la Comisión y un representante del ordenador solicitante.

(69)      La calificación jurídica preliminar no prejuzga la evaluación definitiva de la conducta de la persona o entidad de que se trate por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros en virtud del Derecho nacional. La recomendación de la instancia, así como la decisión del ordenador responsable, debe por consiguiente revisarse tras la notificación de dicha evaluación definitiva.

[…]

(71)      Al pronunciarse sobre la exclusión de una persona o entidad […], el ordenador responsable debe garantizar el cumplimiento del principio de proporcionalidad tomando en consideración particularmente la gravedad de la situación, su impacto presupuestario, el tiempo transcurrido desde que se produjo la conducta de que se trate, su duración y reiteración, si la conducta fue intencionada o el grado de negligencia mostrado y el grado de colaboración de la persona o entidad con la autoridad competente correspondiente y la contribución de la persona o entidad a la investigación.

[…]

(73)      Una persona o entidad no debe ser objeto de una decisión de exclusión cuando haya adoptado medidas correctoras, demostrando así su fiabilidad. Esa posibilidad no debe aplicarse en el caso de las actividades delictivas más graves.

[…]

(77)      La duración de una exclusión debe limitarse en el tiempo […] y debe ser conforme al principio de proporcionalidad.

[…]

(79)      Es importante poder reforzar el efecto disuasorio logrado con la exclusión y la imposición de sanciones pecuniarias. […]

[…]

(84)      Se debe conceder al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una competencia judicial ilimitada con respecto a las decisiones de exclusión y las sanciones pecuniarias impuestas con arreglo al presente Reglamento, de conformidad con el artículo 261 del TFUE.»

4.        La sección 2 del Reglamento Financiero, titulada «Sistema de detección precoz y exclusión», forma parte del capítulo 2, dedicado a las disposiciones aplicables a la gestión directa e indirecta. Esta sección comprende los artículos 135 a 145. A tenor del artículo 136, titulado «Criterios de exclusión y decisiones de exclusión»:

«1.      El ordenador competente excluirá a las personas o entidades a que se refiere el artículo 135, apartado 2, de la participación en los procedimientos de adjudicación regulados por el presente Reglamento o de la posibilidad de ser seleccionadas para la ejecución de los fondos de la Unión cuando la persona o entidad se encuentre en una o más de las siguientes situaciones de exclusión:

[…]

c)      cuando se haya establecido mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva que la persona o entidad es culpable de falta de ética profesional grave por haber infringido las disposiciones legales o reglamentarias aplicables o las normas deontológicas de la profesión a la que pertenece, o por cualquier conducta ilícita que afecte significativamente a su credibilidad profesional, si dicha conducta denota un propósito doloso o negligencia grave, con inclusión de cualquiera de las conductas siguientes:

[…]

ii)      celebración con otras personas o entidades de un acuerdo destinado a falsear la competencia,

[…]

2.      De no existir una sentencia firme o, en su caso, una decisión administrativa definitiva en los supuestos a que se refiere el apartado 1, letras c), d), f), g) y h), del presente artículo, o en el supuesto a que se refiere el apartado 1, letra e), del presente artículo, el ordenador competente excluirá a las personas o entidades a que se refiere el artículo 135, apartado 2, sobre la base de una calificación jurídica preliminar de una conducta de las contempladas en dichas letras, teniendo en cuenta los hechos y conclusiones que figuren en la recomendación de la instancia a que se refiere el artículo 143.

La calificación preliminar a que se refiere el párrafo primero del presente apartado se entenderá sin perjuicio de la apreciación de la conducta de las personas o entidades concretas a que se refiere el artículo 135, apartado 2, por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros en virtud de su Derecho nacional. Tras la notificación de una sentencia firme o de una decisión administrativa definitiva, el ordenador competente revisará sin demora su decisión de excluir a las personas o entidades a que se refiere el artículo 135, apartado 2, y/o de imponer una sanción pecuniaria a un perceptor. Si la sentencia firme o la decisión administrativa definitiva no establecen la duración de la exclusión, el ordenador competente fijará esa duración en función de las conclusiones y hechos demostrados y teniendo en cuenta la recomendación de la instancia a que se refiere el artículo 143.

Cuando la sentencia firme o la decisión administrativa definitiva resuelva que las personas o entidades a que se refiere el artículo 135, apartado 2, no son culpables de la conducta objeto de una calificación jurídica preliminar, sobre cuya base dicha persona o entidad ha sido excluida, el ordenador competente procederá sin dilación a poner fin a dicha exclusión y/o a reembolsar, según proceda, toda sanción pecuniaria impuesta.

Los hechos y las conclusiones a que se refiere el párrafo primero incluirán, en particular:

[…]

b)      decisiones administrativas no definitivas que pueden incluir medidas disciplinarias adoptadas por el organismo de supervisión competente responsable de verificar la aplicación de las normas de ética profesional;

[…]

e)      decisiones de la Comisión en relación con la infracción del Derecho de la Unión en materia de competencia o decisiones de una autoridad nacional competente en relación con la infracción del Derecho de la Unión o nacional en materia de competencia.

3.      Toda decisión del ordenador competente adoptada al amparo de los artículos 135 a 142 o, cuando proceda, toda recomendación de la instancia a que se refiere el artículo 143 se adoptará de conformidad con el principio de proporcionalidad, y en particular teniendo en cuenta:

a)      la gravedad de la situación, en especial las repercusiones para los intereses financieros y la imagen de la Unión;

b)      el tiempo transcurrido desde la conducta de que se trate;

c)      la duración de la conducta y su reiteración;

d)      si la conducta fue intencionada o el grado de negligencia mostrado;

[…]

f)      cualquier otra circunstancia atenuante, como:

i)      el grado de colaboración de la persona o entidad a que se refiere el artículo 135, apartado 2, con la autoridad competente pertinente y la contribución de dicha persona o entidad a la investigación, reconocida por el ordenador competente, o

[…]

6.      El ordenador competente, teniendo en cuenta, cuando proceda, la recomendación de la instancia a que se refiere el artículo 143, no excluirá a las personas o entidades a que se refiere el artículo 135, apartado 2, de la participación en los procedimientos de adjudicación o de ser seleccionadas para la ejecución de los fondos de la Unión en los siguientes supuestos:

a)      cuando la persona o entidad haya adoptado medidas correctoras especificadas en el apartado 7 del presente artículo, que sean suficientes para demostrar su fiabilidad. […]

7.      Las medidas correctoras a que se refiere el apartado 6, párrafo primero, letra a), incluirán, en particular:

a)      medidas para determinar el origen de las situaciones que dan lugar a la exclusión y medidas técnicas, organizativas y de personal concretas en el sector comercial o de actividad [del operador económico], que resulten apropiadas para corregir la conducta y evitar que vuelvan a producirse;

[…]

8.      Habida cuenta, cuando proceda, de la recomendación revisada de la instancia a que se refiere el artículo 143, el ordenador competente revisará sin demora su decisión de excluir a las personas o entidades mencionadas en el artículo 135, apartado 2, de oficio o a instancia de dichas personas o entidades, cuando estas últimas hayan adoptado medidas correctoras que sean suficientes para demostrar su fiabilidad o hayan aportado nuevos elementos que demuestren que la situación de exclusión a que se refiere el apartado 1 del presente artículo ha dejado de existir.

[…]»

5.        El artículo 143 del Reglamento Financiero, titulado «Instancia», prevé en su apartado 9:

«El Tribunal de Justicia de la Unión Europea gozará de competencia jurisdiccional plena para ejercer el control de una decisión por la cual el ordenador competente excluya a una persona o entidad a que se refiere el artículo 135, apartado 2, y/o imponga una sanción pecuniaria a un perceptor, incluida la anulación de la exclusión, la reducción o aumento de su duración y/o la anulación, reducción o incremento de la sanción financiera impuesta. […]»

 Antecedentes del litigio

6.        Los antecedentes del litigio figuran en los apartados 2 a 13 de la sentencia recurrida y pueden resumirse como sigue.

7.        El 11 de mayo de 2021, la EU‑OSHA publicó el anuncio de licitación EUOSHA/2021/OP/F/SE/0144, relativo a la prestación de servicios web y de tecnologías de la información y la comunicación. El contrato de que se trata estaba dividido en tres lotes.

8.        Ese mismo día, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) adoptó una resolución (en lo sucesivo, «resolución de la CNMC») en la que declaraba que, entre marzo de 2009 y mayo de 2017, VC había participado, junto con otras empresas, en una red de colaboración en la que los participantes intercambiaban información sensible y orquestaban estrategias para eliminar la competencia en licitaciones relativas a la prestación de servicios de consultoría a las administraciones españolas y a otros organismos públicos. Al considerar que estas prácticas constituían una infracción única y continua del Derecho de la competencia, la CNMC impuso a VC una multa y le prohibió contratar con la Administración española.

9.        El 21 de junio de 2021, VC presentó una oferta para el segundo lote del contrato en cuestión, relativo a la prestación de servicios de soporte y consultoría de gestión de proyectos.

10.      El 24 de agosto de 2021, tras haber preguntado a VC por los motivos por los que su declaración sobre el honor no mencionaba la resolución de la CNMC y por la adopción de medidas correctoras para enmendar la infracción identificada, la EU‑OSHA recibió respuesta de VC. En esta, indicaba que la referida resolución, por un lado, no era firme, toda vez que la Audiencia Nacional no se había pronunciado sobre el recurso interpuesto contra dicha resolución ni sobre la solicitud de medidas cautelares que acompañaba al recurso y, por otro lado, no contenía ninguna prohibición efectiva de participar en contratos públicos porque el Ministerio de Hacienda todavía no había determinado el alcance de la prohibición.

11.      El 10 de febrero de 2022, la EU‑OSHA solicitó a la instancia convocada con arreglo al artículo 143 del Reglamento Financiero (en lo sucesivo, «instancia competente») que formulara una recomendación sobre la exclusión o la imposición de una sanción pecuniaria a VC.

12.      El 11 de abril de 2022, la Audiencia Nacional acordó suspender la ejecución de la resolución de la CNMC (en lo sucesivo, «resolución judicial de suspensión»).

13.      El 13 de julio de 2022, la instancia competente notificó a VC la calificación preliminar de su conducta en el sentido del artículo 136, apartado 2, del Reglamento Financiero.

14.      El 8 de diciembre de 2022, tras haber presentado VC observaciones sobre dicha calificación preliminar, la instancia competente recomendó a la EU‑OSHA que excluyera a VC de la participación en la licitación en cuestión y publicara dicha exclusión, al entender que su conducta era constitutiva de «falta de ética profesional grave».

15.      El 17 de enero de 2023, siguiendo la recomendación de la instancia competente, la EU‑OSHA notificó a VC la Decisión controvertida, cuyo contenido se expone en el punto 1 de las presentes conclusiones.

 Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

16.      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 9 de marzo de 2023, VC interpuso contra la Decisión controvertida un recurso de anulación que se fundamentaba en cinco motivos. Los dos primeros, que son los únicos pertinentes a los efectos de las presentes conclusiones, se basaban, respectivamente, en la inobservancia por la EU‑OSHA de la resolución judicial de suspensión y en error en la apreciación de las medidas correctoras adoptadas por VC.

17.      Por lo que respecta a la primera parte del primer motivo, basada concretamente en la infracción del artículo 136, apartado 2, del Reglamento Financiero, el Tribunal General dedujo, para empezar, en los apartados 25 y 26 de la sentencia recurrida, del tenor del artículo 136, apartados 1, letra c), inciso ii), y 2, de este Reglamento, por una parte, que la inexistencia de sentencia o de decisión firme en la que se declare el comportamiento infractor de que se trate no impide que la autoridad competente de la Unión adopte una medida de exclusión con el fin de proteger los intereses financieros de la Unión sobre la base de una calificación jurídica preliminar de la conducta del operador económico de que se trate y, por otra parte, que el legislador de la Unión ha querido permitir que esa autoridad efectúe su propia valoración de los actos cometidos por el operador económico de que se trate, sin esperar a que un órgano jurisdiccional haya dictado sentencia, en el entendido de que la eficacia del régimen de exclusión exige que pueda aplicarse lo antes posible, sin esperar a una sentencia firme. A continuación, el Tribunal General declaró, en los apartados 28 a 33 de dicha sentencia, que la EU‑OSHA, que estaba obligada a apreciar la conducta de VC a la luz de la resolución de la CNMC y de la resolución judicial de suspensión, había estimado con buen criterio que esta última resolución no impedía que las constataciones de la resolución de la CNMC se tomaran en consideración para demostrar la existencia de una falta de ética profesional grave de VC y adoptar una medida de exclusión. A este respecto, el Tribunal General recordó, en el apartado 29 de dicha sentencia, la postura de la EU‑OSHA según la cual la resolución judicial de suspensión, al no haberse pronunciado sobre la existencia de fumus boni iuris, no suscitaba ninguna duda acerca de la validez y la legalidad de la resolución de la CNMC. En el apartado 31, también declaró que los hechos que se reprochan a VC no se basan en meras suposiciones o presunciones, sino en elementos resultantes de una investigación llevada a cabo por la CNMC. En el apartado 32 de la mencionada sentencia, consideró que la resolución judicial de suspensión, basada en las consecuencias de la multa impuesta y de la prohibición de contratar sobre la continuación de las actividades de VC, no se posicionaba sobre el fundamento de la resolución de la CNMC. Añadió que VC admitía que el juez nacional no había examinado expresamente la existencia de fumus boni iuris. Por último, en el apartado 33 de dicha sentencia, el Tribunal General consideró carente de pertinencia la suspensión de la prohibición de contratar en España, ya que esta suspensión se basaba en motivos ajenos a las constataciones de la resolución de la CNMC.

18.      Por lo que se refiere a la segunda parte del primer motivo, basada en la violación del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y del artículo 19 TUE, apartado 1, el Tribunal General estimó, en el apartado 39 de la sentencia recurrida, que la resolución judicial de suspensión no había sido ignorada y que no se había vulnerado la tutela judicial de VC. Indicó, en el apartado 40 de dicha sentencia, que la EU‑OSHA había considerado acertadamente que, al no pronunciarse la resolución judicial de suspensión sobre el fundamento de la resolución de la CNMC, podía basarse en las constataciones de esta última para declarar la existencia de una falta de ética profesional grave y adoptar una medida de exclusión. El Tribunal General también declaró, en el apartado 42 de la mencionada sentencia, que el ejercicio, por la autoridad de la Unión, de la facultad para excluir de los procedimientos de adjudicación a una entidad sobre la base de una calificación preliminar de su conducta no vulnera el artículo 47 de la Carta, puesto que esa entidad dispone de un cauce para recurrir esa exclusión ante el juez de la Unión, siendo el Tribunal General competente tanto para anular dicha exclusión como para reexaminarla, en virtud de su competencia jurisdiccional plena reconocida en el artículo 143, apartado 9, del Reglamento Financiero. El Tribunal General concluyó así, en el apartado 43 de la referida sentencia, que una resolución judicial de suspensión no tiene el mismo efecto que el que se reconoce a las decisiones o a las sentencias firmes que obligan a las autoridades de la Unión a excluir al operador económico de que se trate, de conformidad con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento Financiero. Según el Tribunal General, se privaría de efecto útil a la facultad de exclusión si esta se paralizara por la mera presentación de un recurso suspensivo contra la decisión administrativa que sirve de fundamento a la exclusión. En consecuencia, desestimó el primer motivo.

19.      Por lo que atañe al segundo motivo, relativo a las medidas correctoras adoptadas por VC con arreglo al artículo 136, apartados 6 y 7, del Reglamento Financiero, el Tribunal General, en el apartado 55 de la sentencia recurrida, declaró, en cuanto a la naturaleza de su competencia y a la intensidad de su control sobre las medidas correctoras, que el examen de dichas medidas forma parte de la apreciación de la conducta que justifique la sanción, y no de la apreciación de la propia sanción. A criterio del Tribunal General, la apreciación que ha de realizarse sobre las referidas medidas equivale a comprobar la persistencia de la falta de ética profesional grave, deducida en el caso de autos de la infracción declarada por la CNMC, y la posibilidad de que se repita, lo cual forma parte de la apreciación de la conducta del operador de que se trate. Concluyó en consecuencia, en el apartado 57 de dicha sentencia, que no podía ejercer su competencia jurisdiccional plena, tal como se contempla en el artículo 143, apartado 9, del Reglamento Financiero, interpretado a la luz del artículo 261 TFUE, a efectos del examen de las medidas correctoras, y que debía limitarse a controlar la legalidad de la apreciación que la EU‑OSHA había realizado sobre esas medidas. A este respecto, el Tribunal General precisó, en el apartado 59 de la mencionada sentencia, que debía reconocerse a las instituciones un margen de apreciación para valorar las medidas correctoras, por cuanto la valoración de estas medidas forma parte integrante de la del comportamiento ilícito.

 Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes

20.      En apoyo de su recurso de casación, VC formula tres motivos, basados, el primero, en error de Derecho en la interpretación del artículo 136, apartados 1 y 2, del Reglamento Financiero, el segundo, en la infracción del artículo 143, apartado 9, de este Reglamento en relación con la competencia jurisdiccional plena del Tribunal General y, el tercero, en error de Derecho en la interpretación del artículo 140 de dicho Reglamento.

21.      VC solicita al Tribunal de Justicia que estime el primer motivo de casación y, en consecuencia, anule íntegramente la sentencia recurrida y la Decisión controvertida; subsidiariamente, que estime el tercer motivo de casación y anule la sentencia recurrida y el artículo 4 de la Decisión controvertida; con carácter subsidiario de segundo grado, que estime el segundo motivo de casación, anule íntegramente la sentencia recurrida y devuelva el asunto al Tribunal General y, en cualquier caso, que condene en costas a la EU‑OSHA.

22.      La EU‑OSHA solicita al Tribunal General que desestime el recurso de casación y condene en costas a VC. En su escrito de formalización de la intervención, la Comisión apoya las pretensiones de la EU‑OSHA.

 Análisis

 Primer motivo de casación, basado en error de Derecho en la interpretación del artículo 136, apartados 1 y 2, del Reglamento Financiero

23.      Mediante su primer motivo de casación, que se dirige contra los apartados 24, 26, 27, 41 y 43 de la sentencia recurrida, VC reprocha al Tribunal General, en esencia, haber declarado que la resolución judicial de suspensión de la resolución de la CNMC carecía de efecto vinculante a los efectos de la adopción de la decisión de exclusión. Entiende que el Tribunal General, por una parte, interpretó erróneamente el artículo 136, apartados 1 y 2, del Reglamento Financiero, habida cuenta de su tenor, génesis, contexto y finalidad, y, por otra parte, infringió el artículo 325 TFUE, en relación con el artículo 4 TUE, apartado 3, y el artículo 47 de la Carta, en relación con el artículo 19 TUE, apartado 1. (4)

24.      Antes de entrar a examinar las distintas alegaciones de VC, me parece útil, con carácter preliminar, indicar que el «sistema de detección precoz y exclusión», establecido por el Reglamento Financiero (UE, Euratom) 2015/1929 (5) y posteriormente reforzado y concretado por el Reglamento 2018/1046, tiene por objeto proteger los intereses financieros de la Unión y, así, garantizar la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión, (6) en particular facilitando la detección precoz de los operadores económicos que puedan suponer un riesgo para los intereses financieros de la Unión. (7) Más concretamente, este sistema pretende, con carácter preventivo y disuasorio, (8) identificar, mediante un mecanismo centralizado de detección precoz, a los operadores económicos poco fiables, (9) a fin de excluirlos (durante un período determinado) de la participación en los procedimientos de contratación pública y, por tanto, del acceso a los fondos de la Unión.

25.      A este respecto, ha de recordarse, por una parte, que, a tenor del artículo 136, apartado 1, letra c), inciso ii), del Reglamento Financiero, (10) el ordenador competente excluirá a un operador económico de la participación en los procedimientos de adjudicación o de selección para la ejecución de los fondos de la Unión cuando se haya establecido mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva que es culpable de falta de ética profesional grave por haber infringido las disposiciones legales o reglamentarias aplicables o las normas deontológicas de la profesión o cuando, por cualquier conducta ilícita que afecte significativamente a su credibilidad profesional, dicha conducta denota un propósito doloso o negligencia grave, entre otros, en caso de celebración de acuerdos destinados a falsear la competencia.

26.      Por otra parte, conforme al artículo 136, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento Financiero, de no existir una sentencia firme o decisión administrativa definitiva en los supuestos a que se refiere el apartado 1, letras c) a h), de esta disposición, el ordenador competente excluirá a un operador económico sobre la base de una calificación jurídica preliminar de una conducta de las contempladas en dichas letras, teniendo en cuenta los hechos y conclusiones que figuren en la recomendación de la instancia competente, que se convoca a petición de ese ordenador competente. (11) A continuación, el párrafo segundo de esta disposición precisa que tal calificación preliminar se entenderá sin perjuicio de la apreciación definitiva de la conducta del operador económico por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros en virtud de su Derecho nacional y que, tras la notificación de tal evaluación definitiva, el ordenador competente tiene la obligación de revisar sin demora, en particular, su decisión de exclusión. Así, en virtud del párrafo tercero de esta disposición, cuando de la evaluación definitiva resulte que el operador no es culpable de la conducta objeto de una calificación preliminar sobre cuya base haya sido excluido, el ordenador competente está obligado a poner fin sin dilación a dicha exclusión. Por último, el párrafo cuarto de esta disposición contiene una lista indicativa de los hechos y conclusiones que la instancia y el ordenador competentes deben tener en cuenta, que incluye, en particular, en su letra b), las decisiones administrativas no definitivas.

27.      Del tenor de estos dos apartados, a la luz de los considerandos 67 y 69 del Reglamento Financiero, se deduce que regulan dos situaciones distintas que se excluyen mutuamente. En efecto, como declaró fundadamente el Tribunal General en el apartado 24 de la sentencia recurrida, la exclusión de un operador económico de un procedimiento de adjudicación es posible, bien cuando se determine mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva que ha cometido una falta de ética profesional grave o ha adoptado una conducta ilícita, de conformidad con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento Financiero, bien, en ausencia de tal sentencia o decisión, sobre la base de una calificación preliminar de su conducta por parte del ordenador competente, de conformidad con el artículo 136, apartado 2, de este Reglamento. En el primer supuesto, el ordenador competente está obligado a excluir al operador de la participación en los procedimientos de adjudicación, mientras que, en el segundo supuesto, el ordenador competente está obligado a adoptar su decisión sobre la base de la calificación preliminar, teniendo en cuenta los hechos y conclusiones que figuren en la recomendación de la instancia competente.

28.      En el caso de autos, como resulta de los puntos 17 y 18 de las presentes conclusiones, el Tribunal General concluyó que la EU‑OSHA no había incurrido en error de Derecho al excluir a VC de la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos. Consideró, por un lado, que la decisión de exclusión se había adoptado de conformidad con el artículo 136, apartado 2, del Reglamento Financiero, sin que la resolución judicial de suspensión tenga el mismo efecto que el que se reconoce a las sentencias firmes o decisiones definitivas que obligan a las autoridades de la Unión a excluir al operador de que se trate en virtud del artículo 136, apartado 1, de este Reglamento, y, por otro lado, que la EU‑OSHA había estimado con buen criterio que la resolución judicial de suspensión no impedía, dada la falta, en particular, de pronunciamiento expreso sobre la existencia de fumus boni iuris, que las constataciones de la resolución de la CNMC se tomaran en consideración, en el marco de la calificación jurídica a que se refiere el artículo 136, apartado 2, de dicho Reglamento, para demostrar la existencia de una falta de ética profesional grave de VC.

29.      Este análisis del Tribunal General me parece plenamente ajustado a la interpretación del artículo 136 del Reglamento Financiero tanto literal y contextual como histórica y teleológica.

30.      En efecto, en primer término, por lo que atañe al tenor literal del artículo 136 del Reglamento Financiero, como resulta del análisis desarrollado en los puntos 25 a 27 de las presentes conclusiones, el apartado 2 de esta disposición regula precisamente las situaciones en que no existe sentencia firme o decisión administrativa definitiva, en particular cuando se ha interpuesto recurso contra ellas o cuando una decisión administrativa ha sido objeto, como en el caso de autos, de una resolución judicial de suspensión. Aunque VC no cuestiona, como tal, la aplicación de esta disposición, sí pone en tela de juicio el alcance del control que el ordenador competente tiene que ejercer, sosteniendo que este estaba vinculado por la resolución judicial de suspensión. Sin embargo, del tenor del artículo 136, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento Financiero resulta que el ordenador competente debe realizar una calificación preliminar de la situación de exclusión de que se trate, teniendo en cuenta los hechos y conclusiones que figuren en la recomendación de la instancia competente. En una situación como la del caso de autos, en la que se ha dictado una resolución judicial de suspensión de una resolución administrativa que sirve de fundamento a una decisión de exclusión, esa obligación conlleva necesariamente que el ordenador competente, al igual que la instancia competente, tome en consideración dicha resolución de suspensión a los efectos de tal calificación. Esta conclusión queda asimismo corroborada por el artículo 136, apartado 2, párrafo cuarto, letra b), de este Reglamento, que menciona expresamente, entre los hechos y conclusiones a que se refiere el párrafo primero que deben tenerse en cuenta, las «decisiones administrativas no definitivas».

31.      La motivación de la resolución de suspensión puede tener a este respecto especial pertinencia para la apreciación de la existencia de una situación de exclusión. A modo de ejemplo, si, en tal resolución, el juez nacional se pronuncia sobre la existencia de fumus boni iuris, (12) tal apreciación puede constituir un elemento pertinente para la evaluación de la situación de que se trate y, por lo tanto, tener un peso probatorio importante tanto en la apreciación de la instancia competente como en la del ordenador. (13) No obstante, de ello no puede deducirse que tal resolución vincule automáticamente al ordenador competente, como sostiene VC. Las resoluciones de suspensión, que tienen por naturaleza carácter provisional y cuyo objeto y requisitos de adopción pueden variar según los sistemas jurisdiccionales nacionales, no pueden tener por efecto privar al ordenador de la competencia que le confiere el artículo 136, apartado 2, de dicho Reglamento para realizar su propia calificación preliminar de la situación de exclusión.

32.      En segundo término, ha de observarse que la interpretación que se deduce del tenor literal del artículo 136 del Reglamento Financiero queda corroborada por su contexto. En efecto, la interpretación defendida por VC privaría de todo efecto útil a los párrafos segundo y tercero del artículo 136, apartado 2, de dicho Reglamento, interpretados a la luz de su considerando 69, por cuanto vaciaría de sentido a la exigencia que incumbe al ordenador competente de revisar sin demora una decisión de exclusión tras la notificación de la sentencia firme o de la decisión definitiva en que se declare que el operador económico de que se trate no es culpable de la conducta objeto de la calificación preliminar en la que se basaba la exclusión.

33.      En tercer término, esta interpretación también encuentra apoyo en la génesis del artículo 136 del Reglamento Financiero. En efecto, históricamente, la reforma del Reglamento Financiero n.º 966/2012 (14) pretendía, en particular, reforzar la eficacia del sistema de detección precoz y exclusión introduciendo un mecanismo decisorio que permitiera al ordenador competente adoptar una decisión de exclusión en caso de ausencia de sentencia firme o decisión administrativa definitiva y con independencia de la posible existencia de una resolución de suspensión. Así se deduce del Reglamento Financiero 2015/1929, que introdujo el mecanismo de la calificación preliminar, con la finalidad de reforzar la protección de los intereses financieros de la Unión. (15)

34.      En cuarto término, y sobre todo, tal interpretación queda claramente corroborada por los objetivos que persigue el sistema de detección precoz y exclusión, que, como su nombre indica, tiene por objeto, por una parte, detectar lo antes posible las situaciones que puedan suponer un riesgo para los intereses financieros de la Unión, a fin de evitar que los operadores económicos poco fiables puedan beneficiarse de fondos europeos y, por otra parte, garantizar el efecto disuasorio de este sistema. (16) Pues bien, para garantizar la rapidez, la eficacia y el efecto disuasorio de dicho sistema, el legislador de la Unión previó, en el artículo 136, apartado 2, del Reglamento Financiero, que el ordenador competente pueda adoptar una decisión de exclusión a la mayor brevedad, incluso antes de que se dicte una sentencia firme o decisión administrativa definitiva. (17) Admitir que el ordenador competente esté automáticamente vinculado por una resolución judicial de suspensión privaría en gran parte a este mecanismo de su alcance. En efecto, semejante interpretación permitiría a un operador económico poco fiable seguir participando, mientras dure el procedimiento nacional, en procedimientos de adjudicación de contratos públicos financiados por la Unión y, en su caso, obtener fondos o financiación de esta, aun cuando tal conducta pudiera justificar su exclusión. Así, ese operador podría primero eludir una medida de exclusión por encontrarse recurrida la decisión administrativa que constata los hechos o por haberse esta suspendido cautelarmente y, posteriormente, una vez que recaiga sentencia firme, invocar el tiempo transcurrido desde los hechos para invocar la desproporción de tal medida. Semejante situación sería difícilmente conciliable con los objetivos de detección precoz y eficaz y de prevención que persigue el sistema de exclusión. La interpretación propugnada por VC tendría así por efecto reducir la eficacia de este mecanismo y, por lo tanto, privar de efecto útil al artículo 136, apartado 2, del Reglamento Financiero.

35.      A la luz de lo anterior, estimo que la interpretación realizada por el Tribunal General se ajusta tanto al tenor literal y al contexto del artículo 136 de dicho Reglamento como a su génesis y a los objetivos que persigue.

36.      Las demás alegaciones de VC no desvirtúan esta conclusión. En efecto, en primer término, ha de señalarse que el Tribunal General acertó al rehusar considerar que el artículo 136, apartado 2, del Reglamento Financiero sea —como sostiene VC— una «excepción a una regla general» y al entender que establece un procedimiento específico aplicable a una de las dos situaciones que pueden presentarse cuando un operador económico se encuentra en una situación de exclusión como la del caso de autos. (18) Por ende, el principio, invocado por VC, según el cual las excepciones a una regla general deben ser objeto de interpretación estricta no puede aplicarse en el presente caso.

37.      En segundo término, VC yerra al afirmar que el Tribunal General consideró que los apartados 1 y 2 del artículo 136 del Reglamento Financiero se aplican alternativamente, en el sentido de que «se pued[e] acudir de forma alternativa a mera voluntad del ordenador competente», eligiendo uno u otro. En efecto, el Tribunal General, en el apartado 24 de la sentencia recurrida, se limitó a distinguir dos supuestos que se excluyen mutuamente. En consecuencia, la aplicación de uno u otro de estos apartados no depende de la elección discrecional del ordenador competente, sino de la existencia o inexistencia de una sentencia firme o de una decisión administrativa definitiva.

38.      En tercer término, contrariamente a lo que afirma VC, el Tribunal General no «priv[ó] de todo valor jurídico» a las resoluciones judiciales dictadas por los tribunales nacionales. De los apartados 29 y 32 de la sentencia recurrida resulta que, por el contrario, tuvo en cuenta la resolución judicial de suspensión al declarar que, en la Decisión controvertida, la EU‑OSHA, con buen criterio, había, por una parte, considerado que, dada la falta de cualquier pronunciamiento sobre la existencia de fumus boni iuris, la resolución judicial de suspensión no suscitaba ninguna duda acerca de la validez y la legalidad de la resolución de la CNMC (19) y, por otra parte, que la suspensión de esta resolución de la CNMC no impedía que las constataciones obrantes en ella se tomaran en consideración para demostrar la existencia de una falta de ética profesional grave de VC. En efecto, en el apartado 31 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que esas constataciones no se basaban en meras suposiciones o presunciones, sino en elementos resultantes de una investigación llevada a cabo por la CNMC. Pues bien, este análisis, en su conjunto, que se ajusta al grado de examen requerido en el marco de la calificación jurídica preliminar a que se refiere el artículo 136, apartado 2, del Reglamento Financiero, demuestra así que el Tribunal General no «priv[ó] de todo valor jurídico» a la resolución judicial de suspensión. (20)

39.      En cuarto término, la alegación de VC de que su interpretación se ve corroborada por el dictamen del Tribunal de Cuentas Europeo, que, según indica VC, durante el procedimiento legislativo, «exigió que todas las decisiones administrativas fuesen vinculantes para poder producir ese efecto, al margen de que las mismas tuviesen carácter definitivo o no», no puede prosperar. Por una parte, los dictámenes consultivos del Tribunal de Cuentas tienen carácter no vinculante y no pueden constituir por sí solos una fuente de Derecho que corrobore la génesis de dicha disposición cuando el propio tenor de esta se opone claramente. Por otra parte, en cualquier caso, dicho dictamen no realiza ninguna distinción entre las decisiones «vinculantes y no vinculantes», sino que se limita simplemente a pedir que la decisión administrativa que puede dar inicio al mecanismo de exclusión del artículo 136, apartado 1, del Reglamento Financiero se asimile, en cuanto a sus efectos, a una sentencia firme y tenga de esta manera carácter vinculante. (21)

40.      Por último, en quinto término, por lo que se refiere a la supuesta infracción del artículo 325 TFUE, el Tribunal General declaró, al término de la ponderación entre la resolución de la CNMC y la resolución judicial de suspensión, en el apartado 34 de la sentencia recurrida, que no se podía reprochar a la EU‑OSHA ni una contradicción entre los motivos de la Decisión controvertida y los de la resolución de suspensión ni una falta de coordinación con las autoridades nacionales que vulnerase el principio de cooperación leal establecido en el artículo 4 TUE, apartado 3, o comprometiese la lucha contra el fraude regulada en el artículo 325 TFUE. El Tribunal General llegó a esta conclusión de manera acertada. En efecto, como resulta del punto 38 de las presentes conclusiones, ni la EU‑OSHA ni el Tribunal General pasaron por alto la resolución judicial de suspensión, ya que esta no pone en entredicho la resolución de la CNMC que declara la infracción del Derecho de la competencia.

41.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, opino que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho en la interpretación del artículo 136, apartados 1 y 2, del Reglamento Financiero. En consecuencia, propongo que se desestime el primer motivo de casación por infundado.

 Segundo motivo de casación, basado en la infracción del artículo 143, apartado 9, del Reglamento Financiero

42.      Mediante su segundo motivo de casación, que se dirige contra los apartados 55 a 59 de la sentencia recurrida, VC reprocha esencialmente al Tribunal General haber infringido el artículo 143, apartado 9, del Reglamento Financiero al rehusar ejercer su competencia jurisdiccional plena en la apreciación de las medidas correctoras adoptadas en virtud del artículo 136, apartado 7, de este. Más concretamente, VC alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 55 de la sentencia recurrida, que el examen de las medidas correctoras forma parte de la apreciación de la conducta del operador de que se trate porque supone comprobar si persiste la falta de ética profesional grave y si es posible que se repita. A su juicio, el Tribunal General vulneró así el principio de legalidad consagrado en el artículo 49 de la Carta, estableciendo en dicha sentencia una nueva infracción que no está contemplada en la normativa aplicable. Por consiguiente, a su criterio, el Tribunal General debería haber ejercido la competencia jurisdiccional plena que le confiere expresamente el legislador de la Unión, pese a la complejidad de la apreciación de las circunstancias y al margen de apreciación reconocido a la EU‑OSHA y a la instancia competente.

43.      Ha de comenzarse por recordar que, en virtud del artículo 143, apartado 9, del Reglamento Financiero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dispone de competencia jurisdiccional plena para ejercer el control de una decisión por la cual el ordenador excluya a un operador económico y/o imponga una sanción pecuniaria, incluida la anulación de la exclusión, la reducción o aumento de su duración y/o la anulación, reducción o incremento de la sanción pecuniaria impuesta. Este precepto debe leerse a la luz del artículo 261 TFUE, según el cual puede atribuirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una competencia jurisdiccional plena respecto de las sanciones previstas en determinados reglamentos.

44.      En el caso de autos, como resulta del punto 19 de las presentes conclusiones, el Tribunal General declaró, para empezar, en el apartado 54 de la sentencia recurrida, que el alcance de la competencia jurisdiccional plena reconocida en el artículo 143, apartado 9, del Reglamento Financiero se limita estrictamente a la determinación de la sanción, con exclusión de toda modificación de los elementos constitutivos de la conducta que justifique dicha sanción. A continuación, en el apartado 55 de dicha sentencia, consideró que el examen de las medidas correctoras forma parte de la apreciación de esa conducta, en atención a los propios términos del artículo 136, apartado 6, letra a), de dicho Reglamento, y que, de este modo, esta disposición se opone a excluir de los contratos a un operador que haya adoptado determinadas medidas correctoras que demuestren su fiabilidad. Según el Tribunal General, la apreciación de estas medidas correctoras tiene por objeto, en tales circunstancias, la persistencia de la falta de ética profesional grave, por lo que forma parte de la apreciación del comportamiento del operador de que se trate y de las circunstancias de hecho relacionadas con él, y no de la apreciación de la sanción. Por último, en los apartados 56 y 57 de dicha sentencia, el Tribunal General añadió que la conducta, que debe distinguirse de la sanción a efectos de determinar el ámbito de aplicación de la competencia jurisdiccional plena, no se limita, en materia de contratación pública, a la infracción declarada por una autoridad nacional y a sus elementos constitutivos, sino que incluye asimismo otros elementos, en su caso posteriores a dicha infracción y que pueden llevar al ordenador competente a inferir la fiabilidad del operador afectado pese a dicha infracción. De ello dedujo el Tribunal General que no podía ejercer su competencia jurisdiccional plena para evaluar las medidas correctoras adoptadas por VC sustituyendo la apreciación de la EU‑OSHA por la suya propia, por lo que se limitaba, así, a controlar la legalidad.

45.      En primer lugar, por lo que toca al alcance de la competencia jurisdiccional plena ejercida en virtud del artículo 143, apartado 9, del Reglamento Financiero, considero que no puede limitarse a la determinación de la sanción. Es cierto que el artículo 261 TFUE atribuye al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una competencia jurisdiccional plena «respecto de las sanciones previstas en dichos reglamentos». (22) No obstante, a mi juicio, el concepto de «sanción» debe entenderse atendiendo a las particularidades de la normativa de que se trate y no puede limitarse, en el marco de la aplicación del Reglamento Financiero, exclusivamente a las decisiones que impongan «sanciones pecuniarias» con arreglo al artículo 138 de dicho Reglamento. Semejante interpretación colisionaría, en efecto, con el propio tenor del artículo 143, apartado 9, de dicho Reglamento, que prevé expresamente el ejercicio de la competencia jurisdiccional plena a efectos de «ejercer el control de una decisión por la cual el ordenador competente excluya a [un operador económico] […], incluida la anulación de la exclusión, la reducción o aumento de su duración». (23) Ha de señalarse asimismo que el concepto de «sanción» tiene un alcance particular en el marco de la aplicación del referido Reglamento. En efecto, su artículo 138 establece que podrán imponerse sanciones pecuniarias como medida alternativa a una decisión de exclusión que resulte desproporcionada según los criterios del artículo 136, apartado 3, de este Reglamento. Así pues, la exclusión y la sanción pecuniaria pueden imponerse, en función de las circunstancias, de forma alternativa o acumulativa. (24)

46.      Además, ha de señalarse que, si bien una decisión de exclusión no impone stricto sensu una multa pecuniaria, como reconoce el Tribunal General en el apartado 60 de la sentencia recurrida, puede no obstante acarrear consecuencias importantes para el operador económico excluido, al quedar privado, durante un determinado período, de la posibilidad de participar en procedimientos de adjudicación y, por lo tanto, de acceder a determinada financiación de la Unión. Por consiguiente, pese a su finalidad preventiva y protectora de los intereses financieros de la Unión, las medidas de exclusión también tienen, habida cuenta de sus consecuencias para los operadores económicos afectados, carácter disuasorio. (25)

47.      Por último, considero útil señalar que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia corrobora la calificación de la decisión de exclusión como medida administrativa con carácter sancionador. En efecto, en la sentencia Vialto, el Tribunal de Justicia, además de emplear en varias ocasiones el término «sanción de exclusión», en lugar del de «decisión de exclusión», precisa que esta «sanción de exclusión» es «principalmente punitiva». (26) Esta calificación muestra así que la exclusión no puede concebirse como una medida puramente preventiva o protectora de los intereses financieros de la Unión.

48.      Habida cuenta de todas estas consideraciones, opino que el Tribunal General, que además calificó él mismo en varias ocasiones la decisión de exclusión de «sanción» en la sentencia recurrida, (27) incurrió en error de Derecho al afirmar, en su apartado 54, que la competencia jurisdiccional plena «se limita estrictamente a la determinación de la sanción», lo que tiene como consecuencia que se excluyan tácitamente las decisiones de exclusión de su ámbito de aplicación.

49.      En segundo lugar, una vez sentado que la competencia jurisdiccional plena también alcanza a la revisión de las decisiones de exclusión, «incluida la anulación de la exclusión, la reducción o aumento de su duración», ha de determinarse si esta competencia se proyecta también sobre el control de las medidas correctoras propuestas por VC. A este respecto, a diferencia de los asuntos del ámbito del Derecho de la competencia, en los que la competencia jurisdiccional plena se limita a la determinación del importe de la multa y tiene por objeto la apreciación de la multa impuesta por la Comisión, excluyéndose cualquier modificación de los elementos constitutivos de la infracción legalmente declarada por ella, (28) el ejercicio de esta competencia en el marco del Reglamento Financiero entraña necesariamente que se tenga en cuenta cualquier elemento que pueda afectar a la fundamentación de la decisión de exclusión o a su duración. Así sucede, en particular, con los hechos y conclusiones considerados por la instancia competente en la formulación de la recomendación o por el ordenador competente en la formulación de la calificación preliminar. Consiguientemente, a diferencia de lo que mantiene el Tribunal General, en esencia, en los apartados 54 y 56 de la sentencia recurrida, el ejercicio de la competencia jurisdiccional plena también le permite «revisar» los elementos que puedan modificar la apreciación de la conducta que justifica la exclusión. Pues bien, a este respecto, las medidas correctoras constituyen, como subraya el Tribunal General en el apartado 55 de dicha sentencia, uno de los elementos constitutivos, además de parte integrante, de la conducta que justifica la exclusión, habida cuenta de que el artículo 136, apartado 6, letra a), del Reglamento Financiero consagra la imposibilidad de excluir de los contratos a un operador que haya adoptado determinadas medidas correctoras que demuestren su fiabilidad, entendiéndose que no procede excluir a un operador culpable de una infracción que haya vuelto a ser fiable. Por otra parte, como señala acertadamente el Tribunal General en el apartado 56 de dicha sentencia, la conducta no se limita a la infracción declarada por una autoridad nacional y a sus elementos constitutivos, sino que incluye otros elementos, en su caso posteriores a la infracción y que pueden llevar a la autoridad de la Unión a deducir la fiabilidad del operador de que se trate pese a dicha infracción, como la adopción de medidas correctoras. De lo anterior resulta que el Tribunal General estaba, en principio, en disposición de ejercer su competencia jurisdiccional plena a los efectos del examen del segundo motivo, relativo a las medidas correctoras adoptadas por VC.

50.      En estas circunstancias, considero que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al concluir, en el apartado 57 de la sentencia recurrida, que la competencia jurisdiccional plena que le confiere el artículo 143, apartado 9, del Reglamento Financiero no alcanza a las medidas correctoras adoptadas en virtud del artículo 136, apartado 6, letra a), de este Reglamento.

51.      En tercer y último lugar, quisiera recordar no obstante que, cuando los fundamentos de Derecho de una resolución del Tribunal General revelen una violación del Derecho de la Unión, pero la parte dispositiva de esa resolución esté fundada con arreglo a otros fundamentos de Derecho, tal violación no puede dar lugar a la anulación de dicha resolución y procede realizar una sustitución de fundamentos de Derecho.

52.      A este respecto, ha de señalarse que, en el procedimiento ante el Tribunal General, VC aportó dos categorías de pruebas: por una parte, pruebas relativas a medidas correctoras adoptadas con posterioridad a la decisión de exclusión, que no se presentaron durante el procedimiento administrativo ante la EU‑OSHA, y, por otra parte, pruebas relativas a medidas correctoras adoptadas con anterioridad a la decisión de exclusión, esto es, ante la CNMC, o durante el procedimiento administrativo, que fueron, sin excepción, examinadas por la EU‑OSHA.

53.      En primer término, por lo que respecta a las pruebas relativas al primer tipo de medidas correctoras, sobre cuya base VC solicitó, en esencia, al Tribunal General que ejerciera su competencia jurisdiccional plena, se plantea la cuestión de si tales pruebas, posteriores a la decisión de exclusión, que no se presentaron durante el procedimiento administrativo ante la EU‑OSHA, pueden tomarse en consideración en el marco del ejercicio de dicha competencia. A este respecto, ha de recordarse que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el juez con competencia jurisdiccional plena debe tener en cuenta la situación de hecho y de Derecho existente en la fecha en que resuelve cuando considera justificado ejercer su facultad de reforma. (29) Ello significa que puede tener en cuenta no solo elementos anteriores que no figuran en el acto impugnado, sino, si procede, excepcionalmente, también elementos posteriores a la adopción de la decisión. En efecto, según el Tribunal de Justicia, el juez de la Unión está facultado para tener en cuenta todas las circunstancias de hecho que considere pertinentes para lograr que su control de legalidad sea completo, tanto si son anteriores como posteriores a la decisión impugnada. (30) No obstante, para que un elemento fáctico posterior pueda ser tenido en cuenta por el juez con competencia jurisdiccional plena, no solo debe ser pertinente para la apreciación concreta que le corresponde efectuar, sino que también debe estar objetivamente justificado, en particular en cuanto a las razones por las que no pudo presentarse durante el procedimiento administrativo.

54.      En el caso de autos, en su control de legalidad, el Tribunal General estimó, en el apartado 65 de la sentencia recurrida, que no podía pronunciarse sobre las medidas correctoras no presentadas ante la EU‑OSHA. En efecto, consideró que, al disponer que no se excluirá a un operador económico si ha adoptado medidas correctoras suficientes para demostrar su fiabilidad, el artículo 136, apartado 6, letra a), del Reglamento Financiero impone a este la carga de demostrar que las medidas correctoras adoptadas pueden impedir su exclusión y que, a riesgo de privar de efecto a la carga de la prueba impuesta por dichas disposiciones, no cabe admitir que ese operador aporte ante el Tribunal General elementos de prueba no comunicados durante el procedimiento de exclusión, con el fin de lograr la anulación de la decisión de exclusión. En efecto, por una parte, como explicó el Tribunal General en los apartados 66 y 67 de dicha sentencia, el Reglamento Financiero, en su artículo 136, apartado 8, regula el supuesto de medidas correctoras o de elementos presentados después de la decisión de exclusión, disponiendo expresamente en tal caso que esa decisión será revisada sin demora por el ordenador competente. El Tribunal General observó, acertadamente, que sería contrario a la buena administración de la justicia y al equilibrio institucional que se pronunciara sobre nuevas medidas correctoras o nuevos elementos de prueba presentados, en su caso, simultáneamente al ordenador y que podrían inducir a este a revisar la Decisión impugnada en el transcurso del procedimiento. (31) Además, en los apartados 67 y 68 de dicha sentencia, el Tribunal General determinó de manera suficiente en Derecho que VC no puede alegar que, durante el procedimiento administrativo ante la EU‑OSHA, no se le había dado la oportunidad de presentar todos los elementos que quería invocar para acreditar que las medidas correctoras adoptadas demostraban su fiabilidad.

55.      Pues bien, este razonamiento me parece perfectamente trasladable al control jurisdiccional pleno, aun cuando no se excluya, en principio, la valoración de pruebas posteriores a la decisión de exclusión. En efecto, admitir que una decisión de exclusión o su duración puedan impugnarse en el marco del ejercicio de competencia jurisdiccional plena, sobre la base de elementos que no se hayan presentado durante la fase administrativa, equivaldría, salvo imposibilidad objetiva, a eludir el procedimiento expresamente contemplado en el artículo 136, apartado 8, del Reglamento Financiero. Por añadidura, semejante posibilidad podría perjudicar a la buena administración de la justicia y al equilibrio institucional.

56.      Por consiguiente, considero que las pruebas relativas a las medidas correctoras posteriores a la decisión de exclusión, que no se presentaron durante el procedimiento administrativo ante la EU‑OSHA, no pueden ser valoradas por el juez de la Unión en el marco del ejercicio de su competencia jurisdiccional plena.

57.      En segundo término, por lo que atañe a las pruebas relativas a las medidas correctoras presentadas durante el procedimiento administrativo ante la EU‑OSHA, algunas de las cuales se adoptaron antes de la resolución de la CNMC, (32) de los apartados 72 y 73 de la sentencia recurrida resulta que fueron objeto de una apreciación autónoma de la EU‑OSHA. Al término de su control de legalidad, el Tribunal General, en los apartados 70 a 112 de la sentencia recurrida, llegó a la conclusión, por una parte, de que la EU‑OSHA no había incurrido en error manifiesto en su apreciación de las medidas correctoras adoptadas por VC, tanto si se consideran aisladamente como conjuntamente y en orden cronológico, habida cuenta de la insuficiencia de pruebas de su aplicación y de su eficacia, común a todas ellas. Por otra parte, el Tribunal General estimó que esta conclusión no queda desvirtuada por la circunstancia de que VC no haya sido sancionada desde la resolución de la CNMC, que, según VC, demuestra su fiabilidad desde esa fecha, ya que la no imposición de sanciones por una autoridad de competencia no implica, en particular, la eficacia de las medidas correctoras adoptadas. En estas circunstancias, habida cuenta de que el Tribunal General constató que la EU‑OSHA no había incurrido en error manifiesto de apreciación, dudo que esas medidas correctoras hubieran podido justificar una «revisión» de la decisión de exclusión en el marco del ejercicio de la competencia jurisdiccional plena, aunque solo fuera para modificar su alcance. En efecto, atendiendo a las circunstancias particulares, de los elementos esgrimidos por VC en el marco del presente recurso de casación no se deduce que, en la fecha en la que el Tribunal General resolvió, hubiera estado justificado que este ejerciera su competencia jurisdiccional plena y su facultad de reforma para revisar la decisión de exclusión.

58.      En consecuencia, aun cuando el Tribunal General considerara erróneamente que no podía ejercer su competencia jurisdiccional plena, contemplada en el artículo 143, apartado 9, del Reglamento Financiero, a los efectos del examen de las medidas correctoras, tal error de Derecho, señalado en el punto 50 de las presentes conclusiones, carece de incidencia en la apreciación de las medidas correctoras adoptadas por VC y, por lo tanto, en el fallo de la sentencia recurrida. En efecto, los fundamentos de Derecho expuestos por el Tribunal General en su control de legalidad resultan trasladables al control jurisdiccional pleno y, de este modo, permiten llegar al mismo resultado.

59.      En vista de todas las consideraciones que anteceden, procede declarar que, si bien el Tribunal General incurrió en error de Derecho en lo atinente al alcance de su competencia jurisdiccional plena, tal error no entraña la anulación de la sentencia recurrida, habida cuenta de la sustitución de fundamentos de Derecho acometida en los puntos 53 a 57 de las presentes conclusiones.

 Conclusión

60.      Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, sin prejuzgar la procedencia del tercer motivo de casación, propongo al Tribunal de Justicia que desestime por infundados los motivos de casación primero y segundo.


1      Lengua original: francés.


2      Reglamento del Consejo, de 26 de noviembre de 2018, por el que se aprueba el Reglamento Financiero aplicable al undécimo Fondo Europeo de Desarrollo y se deroga el Reglamento (UE) 2015/323 (DO 2018, L 307, p. 1).


3      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 (DO 2018, L 193, p. 1).


4      Más concretamente, VC alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 24 de la sentencia recurrida, que la EU‑OSHA podía acudir de forma alternativa al procedimiento contemplado en el artículo 136, apartados 1 o 2, del Reglamento Financiero. Según VC, el apartado 1 de este artículo establece una regla general aplicable en caso de que haya una sentencia firme o decisión administrativa definitiva, mientras que el apartado 2 recoge una excepción aplicable cuando no exista tal sentencia o decisión, que, como toda excepción, debe ser objeto de interpretación estricta. De ello colige VC que, en el marco del apartado 2, el ordenador competente debería haberse limitado a respetar la resolución judicial de suspensión con ocasión de la calificación jurídica preliminar de su conducta, sin poder llevar a cabo su propia investigación y sin apreciar él mismo esa conducta, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General en los apartados 26 y 27 de la sentencia recurrida. VC añade que esta interpretación del artículo 136 es la única compatible con los principios de lucha coordinada contra el fraude (artículo 325 TFUE), cooperación leal entre autoridades (artículo 4 TUE, apartado 3), tutela judicial efectiva (artículo 47 de la Carta) y Estado de Derecho (artículo 19 TUE, apartado 1).


5      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de octubre de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO 2015, L 286, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento Financiero 2015/1929»).


6      Véase, en este sentido, la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo (C‑156/21, EU:C:2022:97) apartados 264 y 265.


7      Véanse el artículo 135, apartado 1, letra a), y el considerando 64 del Reglamento Financiero, que se corresponde con el considerando 8 del Reglamento Financiero 2015/1929.


8      Véase el considerando 79 del Reglamento Financiero, que se corresponde con el considerando 21 del Reglamento Financiero 2015/1929 y el punto 47 de las presentes conclusiones.


9      Tal falta de fiabilidad es resultado de diferentes situaciones, que se califican de «situaciones de exclusión» y se enumeran en el artículo 136, apartado 1, del Reglamento Financiero.


10      Al igual que el artículo 106 del Reglamento Financiero 2015/1929, vigente en la fecha de la infracción de que trae causa la exclusión en cuestión.


11      Véanse el artículo 143 y los considerandos 67 y 68 del Reglamento Financiero. Esta instancia, compuesta por un presidente permanente, dos representantes de la Comisión y un representante del ordenador solicitante, interviene para dar una garantía al operador susceptible de exclusión, asegurando el funcionamiento coherente del sistema de exclusión cuando la exclusión no haya sido aún objeto de sentencia firme o decisión administrativa definitiva.


12      La comparación de los sistemas nacionales confirma, por lo demás, que la apreciación del fumus boni iuris del recurso no constituye un requisito uniforme para la concesión de una medida provisional. Así, sin ánimo de exhaustividad, algunos ordenamientos jurídicos incluyen tal examen entre los requisitos para la concesión de protección provisional (Bélgica, Grecia, Francia o Italia), mientras que otros solo lo aplican en determinados supuestos (Alemania o Países Bajos). En el caso de España, parece que, a pesar de las propuestas de que se introduzca progresivamente el fumus boni iuris entre los requisitos para la concesión de las medidas provisionales, los tribunales se han atenido generalmente al estado del Derecho existente y solamente aplican este criterio en casos específicos (véase, a este respecto, «Provisional Court Protection in Administrative Disputes in Europe: The Constitutional Status of Interim Measures Deriving from the Right to Effective Court Protection. A Comparative Approach», European Law Journal, vol. 10, n.º 1, 2004, p. 57, notas 58 y 59).


13      La calificación jurídica preliminar no tiene por objeto revisar la fundamentación de la decisión que declara la existencia de una «falta de ética profesional grave» o de la «conducta ilícita» ni, a fortiori, en el caso de autos, determinar si el operador económico ha cometido una infracción de la normativa de competencia. En efecto, el ordenador no es un órgano de recurso ni un órgano de revisión de una decisión nacional. Le corresponde, en cambio, apreciar si la decisión administrativa nacional relativa al operador se corresponde con una situación de exclusión contemplada en el artículo 136, apartado 1, del Reglamento Financiero y, en su caso, calificarla a la luz de esta disposición y decretar la exclusión tras haber obtenido la recomendación de la instancia competente. En este contexto, le incumbe, en particular, controlar la observancia del principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta los elementos indicativos que se relacionan en el artículo 136, apartado 3, y en el considerando 71 del Reglamento Financiero, como la gravedad de la situación, el tiempo transcurrido desde la conducta de que se trate, la duración de esta, la intencionalidad y el grado de negligencia.


14      Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo (DO 2012, L 298, p. 1).


15      Véase, a este respecto, el considerando 9 del Reglamento Financiero 2015/1929.


16      Véase el punto 24 de las presentes conclusiones.


17      Véase, en este sentido, la sentencia de 9 de febrero de 2022, Elevolution — Engenharia/Comisión (T‑652/19, EU:T:2022:63), apartado 77.


18      Aun en el supuesto, siguiendo la tesis de VC, de que el ordenador competente esté vinculado por una resolución judicial de suspensión, el tenor del artículo 136 del Reglamento Financiero debería entonces distinguir tres supuestos, sujetos a regímenes diferentes, en función de que exista: i) una decisión administrativa definitiva o una sentencia firme; ii) una decisión administrativa no definitiva o una sentencia no firme que sea objeto de un recurso acompañado de suspensión cautelar, y iii) una decisión administrativa o una sentencia que sea objeto de recurso, sin que haya recaído aún resolución sobre una solicitud de suspensión cautelar. Sin embargo, el Reglamento Financiero no contempla este segundo supuesto.


19      En efecto, en el apartado 32 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló, esencialmente, por una parte, que la resolución judicial de suspensión, basada exclusivamente en las consecuencias de la multa y de la prohibición de contratar sobre la continuación de las actividades de VC, no pone en modo alguno en cuestión las constataciones de la CNMC relativas a la violación del Derecho de la competencia y, por otra parte, que las consideraciones implícitas que VC extrae de la concesión de tal medida cautelar en cuanto a la verosimilitud de sus alegaciones no bastan para desvirtuar las constataciones y las consideraciones explícitas de la resolución de la CNMC.


20      A este respecto, me parece inexacto afirmar, como hace VC, que la resolución judicial de suspensión privó a la resolución de la CNMC «de todo efecto vinculante, conforme al Derecho español». Dicha resolución suspendió la ejecutoriedad de la sanción, sin no obstante afectar a la validez y al efecto declarativo de la resolución de la CNMC en lo atinente a la declaración de la infracción del Derecho de la competencia imputada a VC. Por consiguiente, mientras no sea anulada por sentencia firme, la resolución de la CNMC sigue disfrutando de la presunción de legalidad de los actos administrativos en el Derecho nacional.


21      Véase el Dictamen n.º 1/2015 sobre una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (2015/C 52/01, apartado 23).


22      El subrayado es mío.


23      El subrayado es mío. Véase asimismo el considerando 84 del Reglamento Financiero.


24      Véanse, en este mismo sentido, el considerando 74 del Reglamento Financiero y las conclusiones del Abogado General Spielmann presentadas en el asunto Comisión/TP (C‑170/25 P, EU:C:2026:571), punto 76.


25      Véase asimismo el artículo 140 del Reglamento Financiero, que prevé la publicación de la información relativa a la exclusión o a las sanciones pecuniarias «con el fin de reforzar […] el efecto disuasorio de la exclusión», publicación que contribuye, según el considerando 79, a «garantizar que no se repita la misma conducta». El subrayado es mío. Véase, en este sentido, la sentencia de 30 de mayo de 2024, Vialto Consulting/Comisión (C‑130/23 P, en lo sucesivo, «sentencia Vialto», EU:C:2024:439), apartado 31.


26      Véanse la sentencia Vialto, apartado 31, y las conclusiones del Abogado General Spielmann presentadas en el asunto Comisión/TP (C‑170/25 P, EU:C:2026:571), puntos 75 a 85.


27      Véanse, a este respecto, los apartados 40, 55 y 149 de la sentencia recurrida. Véase asimismo el apartado 42 de dicha sentencia, en el que el Tribunal General reconoce expresamente que es «competente en el caso de autos tanto para anular la Decisión impugnada como para reexaminarla, en virtud de su competencia jurisdiccional plena».


28      Véase la sentencia de 21 de enero de 2016, Galp Energía España y otros/Comisión (C‑603/13 P, EU:C:2016:38), apartados 76 y 77.


29      Véanse, a este respecto, las conclusiones que presenté en el asunto Westfälische Drahtindustrie y Pampus Industriebeteiligungen/Comisión (C‑70/23 P, EU:C:2024:105), apartado 64 y jurisprudencia citada.


30      Véase el auto de 7 de julio de 2016, Westfälische Drahtindustrie y Pampus Industriebeteiligungen/Comisión (C‑523/15 P, EU:C:2016:541), apartados 35 a 45 y jurisprudencia citada. Así sucede, con mayor razón, cuando el ejercicio de la competencia jurisdiccional plena tiene por objeto, en el marco del Derecho de la competencia, el examen de la capacidad contributiva de la empresa para el pago de una multa, en tanto en cuanto el juez de la Unión solo puede apreciar esa capacidad valorando la situación fáctica existente en el momento en que resuelve.


31      El Tribunal General señaló que tal riesgo es real en el caso de autos, puesto que, el 21 de noviembre de 2023, durante el procedimiento ante el Tribunal General, VC presentó ante la EU‑OSHA una solicitud de revisión con arreglo al artículo 136, apartado 8, del Reglamento Financiero, aportando elementos obrantes en los anexos de la demanda y del escrito de réplica que no se habían presentado previamente a la EU‑OSHA.


32      A saber, una investigación interna; el cese de las personas implicadas en la conducta en cuestión; un programa de cumplimiento; el seguimiento y actualización del programa de cumplimiento; la mejora del canal de denuncias; la existencia de comités de gestión y de prevención de riesgos, la adopción de políticas y procedimientos en materia de ética, y la formación de los empleados.