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15.11.2018 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 415/6 |
RESOLUCIÓN (1)
sobre el impacto del comercio ilegal de productos fitosanitarios, semillas y otros insumos agrícolas en las economías de los países ACP
(2018/C 415/02)
La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE,
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Reunida en Bruselas (Bélgica) del 18 al 20 de junio de 2018, |
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Visto el artículo 18, apartado 1, de su Reglamento interno, |
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Visto el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (en lo sucesivo, «el Acuerdo de Cotonú») (2), así como las revisiones de dicho Acuerdo de 2005 y 2010 (3), |
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Vistos la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y el documento final aprobado el 25 de septiembre de 2015 por la Asamblea General, titulado «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», y, en particular, el objetivo 2 de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que se enumeran en ese documento, a saber, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible (4), |
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Visto el informe A/HRC/16/49 del relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, titulado «La agroecología y el derecho a la alimentación», de 8 de marzo de 2011, |
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Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria paritaria ACP-UE sobre los desafíos de la agricultura familiar y la producción agrícola a pequeña escala en los países ACP, de 21 de diciembre de 2016, |
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Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de febrero de 2017, sobre los plaguicidas de bajo riesgo de origen biológico (5), |
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Visto el apartado 56 de la declaración conjunta del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión, de 30 de junio de 2017, sobre el nuevo Consenso Europeo en materia de Desarrollo: nuestro Mundo, nuestra Dignidad, nuestro Futuro (6), |
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Visto el Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativo a las medidas de protección contra las plagas de los vegetales (7), |
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Vistas la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (8) y la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de biocidas (9), |
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Visto el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios (10), |
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Visto el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas (11), |
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Visto el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (12), |
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Vistas las decisiones (13), las resoluciones y la declaración de la 106.a sesión del Consejo de Ministros ACP, celebrada los días 5 y 6 de diciembre de 2017, |
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Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Resolución A/RES/70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 25 de septiembre de 2015, y el documento final de la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible titulado «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», y en particular el objetivo de desarrollo sostenible 2, |
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Vista la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), adoptada en 1952 para prevenir e impedir la introducción y la propagación de organismos perjudiciales para las plantas (14), |
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Vistos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre la seguridad y la salud en la agricultura, en particular el Convenio n.o 170 sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo (15) y el Convenio n.o 184 relativo a la seguridad y la salud en la agricultura (16), |
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Visto el informe A/HRC/34/48 de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, de 24 de enero de 2017 (17), |
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Vista la publicación, por parte de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas: directrices sobre los plaguicidas altamente peligrosos (Roma, marzo de 2016), |
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Vistos el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), de 1995 (18), y el Código internacional de conducta para la gestión de productos fitosanitarios o plaguicidas, semillas y otros insumos agrícolas (PFPSI), |
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Vista la Declaración de la 9.a Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Bali del 3 al 6 de diciembre de 2013, sobre la constitución de existencias públicas con fines de seguridad alimentaria (19), |
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Visto el informe de la Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD) titulado «Agriculture at a crossroads» (La agricultura en una encrucijada), de 2009 (20), |
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Vista la red de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el comercio ilegal de plaguicidas, |
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Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Económico, Asuntos Financieros y Comerciales (ACP-UE/xxxxxx), |
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A. |
Considerando que la agricultura desempeña un papel clave en el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y la erradicación del hambre en los países ACP; |
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B. |
Considerando las recomendaciones del relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación en su informe titulado «La agroecología y el derecho a la alimentación» (2011), que revela que la agroecología puede duplicar la producción alimentaria en regiones enteras en un plazo de diez años, al tiempo que mitiga el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la pobreza rural; |
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C. |
Considerando que el desarrollo de la agricultura intensiva se caracteriza por la investigación científica, normalmente controlada por las industrias agroquímica y farmacéutica, y el empleo de sustancias químicas, como los productos fitosanitarios o plaguicidas, las semillas y los insumos agrícolas; |
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D. |
Considerando que la comunidad internacional ha introducido numerosos instrumentos jurídicos que establecen el consenso internacional sobre los PFPSI necesarios para el comercio, la seguridad alimentaria y la salud humana; considerando sin embargo que el uso de sustancias ilegales en los alimentos, en particular plaguicidas ilícitos, va en aumento en todo el mundo y que en él participan sofisticadas redes delictivas y la delincuencia organizada; |
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E. |
Considerando que, según las estimaciones de la FAO y la OMS, más del 30 % de los plaguicidas que se venden cada año en los países en desarrollo no cumplen las normas internacionales y a menudo están mal etiquetados o carecen de identificación; |
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F. |
Considerando que se comercializa un amplio abanico de productos ilegales, en particular productos no autorizados por las autoridades locales, productos falsificados, caducados o adulterados, con envases o etiquetado falsos; |
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G. |
Considerando que el uso incontrolado de PFPSI tiene consecuencias negativas para el medio ambiente, la salud humana y la economía de los países afectados; |
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H. |
Considerando que los riesgos más evidentes son los perjuicios para la salud humana, en particular las enfermedades otorrinolaringológicas, cutáneas, pulmonares y digestivas y los cánceres, que afectan principalmente a los jóvenes y las mujeres, y en mayor número en el sector de la producción alimentaria en que se utilizan PFPSI; |
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I. |
Considerando el informe de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, según el cual los PFPSI son responsables de 200 000 muertes al año por intoxicación aguda, de las cuales el 99 % se produce en países en desarrollo; |
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J. |
Considerando que la utilización de plaguicidas no conformes a las normas internacionales repercute asimismo en la confianza en los productos agrícolas y, por tanto, en la capacidad de desarrollar más las exportaciones; |
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K. |
Considerando que los agroquímicos legales, incluidos plaguicidas, plantean retos de seguridad y riesgos sanitarios en todo su ciclo de producción, y que las consecuencias negativas potencialmente más graves tienen lugar en las fases de almacenamiento, transporte, distribución, uso y eliminación; considerando que los gobiernos de los países ACP se enfrentan a importantes limitaciones a la hora de desarrollar un marco regulador efectivo para los PFPSI, como la falta de datos, las carencias presupuestarias y de recursos humanos y una aplicación inadecuada de la legislación, lo que favorece su tráfico a gran escala; |
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L. |
Considerando que el tráfico ilícito reduce los posibles ingresos fiscales, dificulta el control de los flujos de fondos y mina la confianza en las instituciones públicas, con lo que genera un acceso deficiente al capital extranjero, unas primas de riesgo más elevadas para las inversiones en activos nacionales y un desarrollo económico más lento; |
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M. |
Considerando que la mayoría de los países ACP no han adoptado legislación en materia de PFPSI, y que aquellos que sí lo han hecho no han adoptado normas estrictas ni adecuadas para desincentivar el tráfico de estos productos; |
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N. |
Considerando que muchos de los usuarios de PFPSI no poseen el nivel de formación o educación necesario para comprender las especificaciones técnicas de estos productos, por lo que ignoran sus efectos perjudiciales para la salud, la economía y el medio ambiente; |
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O. |
Considerando que la liberalización mundial de los mercados agrícolas, el bajo precio de los PFPSI ilegales, la falta de formación y de conocimientos, la inadecuación de la legislación y la falta de control en los países ACP son, en parte, la causa de la proliferación de estos productos ilegales en los mercados ACP; |
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1. |
Considera que es fundamental elaborar una estrategia clara para luchar contra el comercio ilegal de PFPSI y respaldar la seguridad alimentaria apoyando soluciones tecnológicas que conduzcan al desarrollo de semillas locales adecuadas para un determinado clima o zona geográfica, y a la producción de PFPSI orgánicos; considera asimismo que esta estrategia debe basarse en el apoyo a una agroecología y una agricultura familiar respetuosas con el medio ambiente y que favorezcan una economía social y solidaria; |
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2. |
Insta a la Unión y a sus Estados miembros a que cumplan el compromiso contraído en el Consenso Europeo en materia de Desarrollo de apoyar la agroecología, también mediante el componente de inversión del Plan Europeo de Inversiones Exteriores y el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible destinado a la agricultura y reflejando dicho compromiso en el próximo marco financiero plurianual, a fin de aplicar el espíritu de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París sobre el cambio climático; |
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3. |
Observa que, para aprovechar las oportunidades que ofrecen los PFPSI a efectos del desarrollo de la agricultura, los países ACP deben:
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4. |
Pide que se promueva el uso de fertilizantes orgánicos y que se adopten prácticas agrícolas que empleen cantidades razonables de PFPSI legales; pide asimismo que se emprenda una reflexión en los países ACP sobre la utilización de sustancias que, pese a ser legales, tienen nefastos efectos demostrados sobre el medio ambiente, la biodiversidad y la salud humana; |
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5. |
Destaca la necesidad de reforzar el conocimiento científico y tecnológico de carácter público especializado en este ámbito, al margen del sector privado, con el fin de contribuir a identificar a los actores, los grupos delictivos organizados y las redes relacionados con el comercio ilícito de PFPSI, así como la necesidad de acciones concretas para prevenir y combatir la importación, la venta y el uso de plaguicidas ilícitos; |
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6. |
Resalta la necesidad de un control gubernamental de las externalidades generadas por el uso inadecuado de PFPSI; |
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7. |
Pide la prohibición de todos los PFPSI nocivos para las abejas y los polinizadores; |
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8. |
Reclama la necesidad de una revisión en profundidad de los criterios de autorización de la comercialización de PFPSI, garantizando que la aportación de los datos y las pruebas no esté en manos de la industria, y prevalezca así el principio de precaución. |
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9. |
Recomienda establecer medidas para penalizar a las personas responsables de la ocultación o la manipulación de los datos para conseguir la comercialización de PFPSI, tanto en el seno de las empresas como de las administraciones. |
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10. |
Reclama una lucha eficaz contra el tráfico y la inseguridad alimentaria mediante la prestación de asistencia técnica y financiera y una lucha decidida de los Estados miembros de la Unión contra la exportación o el tránsito de PFPSI falsificados en su territorio; |
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11. |
Reitera la necesidad urgente de desarrollar y mejorar la labor de sensibilización y formación destinada a los agricultores, los pequeños productores y los comerciantes, a fin de que tomen conciencia del problema de los PFPSI ilegales, de su ineficacia y de su peligrosidad; |
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12. |
Subraya la importancia de difundir información sobre los PFPSI a fin de que los productores, los usuarios y los consumidores puedan adoptar hábitos prudentes de seguridad; considera que, para ello, la sensibilización debe tener un enfoque colectivo y no limitarse a los profesionales interesados; |
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13. |
Subraya que los gobiernos de los países ACP deben adoptar medidas destinadas a promover la adopción de legislación o el refuerzo de la legislación existente, en particular mediante la creación de un delito específico, a fin de sancionar penalmente a los infractores, controlar los flujos de PFPSI ilegales tanto dentro como fuera de sus fronteras y establecer laboratorios nacionales adaptados, así como almacenes para conservar los cultivos locales que sean más resistentes al clima local. |
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14. |
Pide a las empresas que fabrican y comercializan los productos en cuestión que los presenten en formatos adaptados a los agricultores de los países ACP en términos de volumen, concentración y envasado, a fin de facilitar su utilización y reducir los costes y los riesgos de exposición, inhalación e ingesta; recomienda asimismo que, a fin de alcanzar los objetivos, se organice un proceso eficiente de eliminación de residuos; |
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15. |
Insiste en la necesidad de establecer sanciones penales realmente disuasorias para reprimir la puesta en circulación y la venta de productos falsos, falsificados o que no respeten la legislación en vigor; |
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16. |
Pide que se intensifique la cooperación internacional a fin de establecer medidas que sancionen con mayor severidad la producción, exportación o importación de productos falsificados o ilegales, así como la inobservancia de las normas que rigen la propiedad intelectual; |
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17. |
Pide a los países ACP y a los Estados miembros de la Unión Europea que intensifiquen la asistencia administrativa mutua en materia aduanera, a fin de determinar, del modo más preciso posible, los flujos de transporte y almacenamiento de PFPSI falsificados o adulterados y actuar de forma concertada para desmantelarlos, en particular mediante entregas vigiladas y la creación de equipos conjuntos de investigación; |
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18. |
Aboga por el refuerzo del enfoque regional para combatir más eficazmente la falsificación, en vista de la importancia fundamental de establecer laboratorios regionales en los países ACP y reforzar la cooperación aduanera y las redes de intercambio de información sobre PFPSI entre los países ACP de una misma región; |
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19. |
Insiste en que la cooperación regional, en particular mediante reconocimientos de homologación, permite garantizar una libre circulación segura y sana, factor indispensable para un mercado regional y continental; |
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20. |
Recomienda la creación, en el contexto de la cooperación ACP-UE, de un fondo público común de investigación que garantice la independencia respecto a la industria y el desarrollo en todos los sectores de la agronomía, incluida la enseñanza secundaria y superior agrícola, que servirá para reforzar la capacidad de los países ACP de poner en marcha procesos nacionales de aprobación y certificación de PFPSI, así como planes de información y formación de los agricultores sobre los cultivos ecológicos; |
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21. |
Pide la implantación de un sistema obligatorio de control público de calidad y de destrucción de las existencias no conformes, eficaz y riguroso, con arreglo a las especificaciones de la OMS y la FAO, y de un mecanismo de trazabilidad de los PFPSI que permita determinar su composición, origen e identificación; |
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22. |
Encarga a sus copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo de Ministros ACP-UE, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, al Consejo Europeo, a la Unión Africana, al Parlamento Panafricano, a los Parlamentos nacionales y regionales, a las organizaciones regionales relacionadas con los países ACP, al Banco Europeo de Inversiones y al Banco Mundial. |
(1) Aprobada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE el 20 de junio de 2018 en Bruselas (Bélgica).
(2) DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.
(3) DO L 287 de 4.11.2010, p. 3.
(4) Resolución A/RES/70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0042.
(6) DO C 210 de 30.6.2017, p. 1.
(7) DO L 317 de 23.11.2016, p. 4.
(8) DO L 230 de 19.8.1991, p. 1.
(9) DO L 123 de 24.4.1998, p. 1.
(10) DO L 309 de 24.11.2009, p. 1.
(11) DO L 167 de 27.6.2012, p. 1.
(12) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20140410&from=FR
(13) Decisión n.o 12/CVI/18, relativa a las barreras no arancelarias.
(14) https://www.ippc.int/es/history-of-the-ippc
(15) http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C170
(16) http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C184
(17) https://digitallibrary.un.org/record/861172/files/A_HRC_34_48-ES.pdf
(18) https://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/spsagr_s.htm
(19) https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/mc9_s/desci38_s.htm.
(20) http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/Investment/Agriculture_at_a_Crossroads_Global_Report_IAASTD.pdf