–

el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 23 de mayo de 2025;

–

el escrito de adaptación de la demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 16 de octubre de 2025;

1

Mediante su recurso, el demandante, el Sr. Vladimir Avetisyan, solicita, por un lado, sobre la base del artículo 263 TFUE, la anulación, en primer lugar, de la Decisión (PESC) 2025/528 del Consejo, de 14 de marzo de 2025, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO L, 2025/528), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2025/527 del Consejo, de 14 de marzo de 2025, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO L, 2025/527) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos de marzo de 2025»), y en segundo lugar, de la Decisión (PESC) 2025/1895 del Consejo, de 12 de septiembre de 2025, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO L, 2025/1895), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1894 del Consejo, de 12 de septiembre de 2025, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO L, 2025/1894) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos de septiembre de 2025»), en la medida en que dichos actos (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos impugnados») le afectan y, por otro lado, sobre la base del artículo 268 TFUE, la reparación del perjuicio supuestamente sufrido.

Antecedentes del litigio

2

El demandante es un nacional ruso y armenio.

3

El presente asunto se inscribe en el contexto de las medidas restrictivas adoptadas por la Unión Europea respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

4

El 17 de marzo de 2014, el Consejo de la Unión Europea adoptó, sobre la base del artículo 29 TUE, la Decisión 2014/145/PESC, relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 16). Ese mismo día, el Consejo adoptó, con fundamento en el artículo 215 TFUE, el Reglamento (UE) n.o 269/2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 6).

5

El 25 de febrero de 2022, ante la gravedad de la situación en Ucrania, el Consejo adoptó, por un lado, la Decisión (PESC) 2022/329, por la que se modifica la Decisión 2014/145 (DO 2022, L 50, p. 1), y, por otro, el Reglamento (UE) 2022/330, por el que se modifica el Reglamento n.o 269/2014 (DO 2022, L 51, p. 1), fundamentalmente para modificar los criterios con arreglo a los cuales las personas físicas o jurídicas, las entidades o los organismos podían ser objeto de las medidas restrictivas en cuestión.

6

El artículo 2, apartados 1 y 2, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2022/329, dispone lo siguiente:

7

El Reglamento n.o 269/2014, en su versión modificada por el Reglamento 2022/330, imponía la adopción de medidas de inmovilización de fondos y definía las modalidades de tal inmovilización en términos sustancialmente idénticos a los de la Decisión 2014/145, en su versión modificada. En efecto, en particular, el artículo 3, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento reproducía esencialmente el artículo 2, apartado 1, letra f), de la referida Decisión [en lo sucesivo, «criterio f)»].

8

Mediante la Decisión (PESC) 2024/1738 del Consejo, de 24 de junio de 2024, por la que se modifica la Decisión 2014/145 (DO L, 2024/1738), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1746 del Consejo, de 24 de junio de 2024, por el que se aplica el Reglamento n.o 269/2014 (DO L, 2024/1746), se añadió el nombre del demandante, respectivamente, a la lista de personas, entidades y organismos que figura en el anexo de la Decisión 2014/145 modificada y a la que figura en el anexo I del Reglamento n.o 269/2014 modificado (en lo sucesivo, conjuntamente, «listas controvertidas»), por el siguiente motivo:

9

El 6 de septiembre de 2024, el Consejo remitió al demandante una copia del expediente de pruebas con la referencia WK 7807/2024 (en lo sucesivo, «expediente WK»), con fecha de 31 de mayo de 2024.

10

Mediante la Decisión (PESC) 2024/2456 del Consejo, de 12 de septiembre de 2024, por la que se modifica la Decisión 2014/145 (DO L, 2024/2456), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2455 del Consejo, de 12 de septiembre de 2024, por el que se aplica el Reglamento n.o 269/2014 (DO L, 2024/2455), se mantuvo el nombre del demandante en las listas controvertidas por el mismo motivo que el mencionado en el anterior apartado 8.

11

Mediante escrito de 13 de septiembre de 2024, el Consejo informó al demandante de su decisión de mantener el nombre de este en las listas controvertidas.

12

Mediante escrito de 31 de octubre de 2024, completado con un escrito de 8 de noviembre de 2024, el demandante remitió al Consejo una solicitud de reconsideración de la decisión de mantener su nombre en las listas controvertidas.

13

El 14 de marzo de 2025, el Consejo adoptó los actos de marzo de 2025, mediante los cuales se mantuvo el nombre del demandante en las listas controvertidas por el mismo motivo que el mencionado en el anterior apartado 8.

14

Mediante escrito de 17 de marzo de 2025, el Consejo denegó la solicitud de reconsideración del demandante de 31 de octubre de 2024 y le informó de su decisión de mantener su nombre en las listas controvertidas.

15

Mediante escrito de 5 de abril de 2025, el demandante remitió al Consejo una solicitud de reconsideración de la decisión de mantener su nombre en las listas controvertidas.

Hechos posteriores a la interposición del recurso

16

El 12 de septiembre de 2025, el Consejo adoptó los actos de septiembre de 2025, mediante los cuales se mantuvo el nombre del demandante en las listas controvertidas sobre la base del siguiente motivo modificado:

17

El nombre del demandante se mantuvo en las listas controvertidas por el mismo motivo mediante la Decisión (PESC) 2026/696 del Consejo, de 14 de marzo de 2026, por la que se modifica la Decisión 2014/145 (DO L, 2026/696), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/695 del Consejo, de 14 de marzo de 2026, por el que se aplica el Reglamento n.o 269/2014 (DO L, 2026/695).

Pretensiones de las partes

18

El demandante, tras la adaptación de la demanda, solicita al Tribunal General que:

–

Anule los actos impugnados en la medida en que le afectan.

–

Condene al Consejo a abonarle la cantidad de 192 480 euros en concepto de reparación del perjuicio supuestamente sufrido.

–

Condene en costas al Consejo.

19

El Consejo solicita al Tribunal General que:

–

Desestime la pretensión de anulación.

–

Desestime la pretensión de indemnización.

–

Condene en costas al demandante.

Fundamentos de Derecho

Sobre la pretensión de anulación de los actos impugnados

20

En apoyo de su pretensión de anulación, el demandante invoca un motivo único basado en errores de apreciación.

Consideraciones preliminares

21

Si bien es cierto que el Consejo dispone de cierto margen de apreciación para determinar caso por caso si se cumplen los criterios jurídicos en que se basan las medidas restrictivas controvertidas, no es menos cierto que los órganos jurisdiccionales de la Unión deben garantizar un control, en principio pleno, de la legalidad de todos los actos de la Unión (véanse las sentencias de 11 de septiembre de 2024, Tokareva/Consejo, T‑744/22, EU:T:2024:608, apartado 31 y jurisprudencia citada, y de 19 de marzo de 2025, BSW — management company of «BMC» holding/Consejo, T‑1042/23, EU:T:2025:314, apartado 30 y jurisprudencia citada).

22

La efectividad del control jurisdiccional garantizado por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea exige, en particular, que el juez de la Unión se asegure de que la decisión de adoptar o mantener medidas restrictivas, que constituye un acto de alcance individual para la persona o entidad afectadas, dispone de unos fundamentos de hecho suficientemente sólidos. Ello implica verificar los hechos alegados en el resumen de motivos en que se basa dicha decisión, de modo que el control jurisdiccional no quede limitado a una apreciación de la verosimilitud abstracta de los motivos invocados, sino que examine la cuestión de si tales motivos, o al menos uno de ellos que se considere suficiente, por sí solo, para fundamentar tal decisión, están o no respaldados por hechos (véanse las sentencias de 1 de agosto de 2025, Timchenko/Consejo, C‑702/23 P, EU:C:2025:605, apartado 38 y jurisprudencia citada; de 26 de marzo de 2026, Pumpyanskiy y otros/Consejo, C‑696/23 P, C‑704/23 P y C‑711/23 P, C‑35/24 P y C‑111/24 P, EU:C:2026:245, apartado 327, y jurisprudencia citada, y de 11 de septiembre de 2024, Tokareva/Consejo, T‑744/22, EU:T:2024:608, apartado 32 y jurisprudencia citada).

23

Es la autoridad competente de la Unión quien debe acreditar, en caso de impugnación, que los motivos invocados contra la persona o la entidad afectada son fundados, y no es dicha persona quien debe aportar la prueba negativa de que tales motivos carecen de fundamento. No se exige para ello que el Consejo presente ante el juez de la Unión todos los datos y pruebas inherentes a los motivos expuestos en el acto cuya anulación se solicita. Es preciso que los datos o pruebas presentados respalden los motivos invocados contra la persona o entidad afectada (véanse las sentencias de 1 de agosto de 2025, Timchenko/Consejo, C‑702/23 P, EU:C:2025:605, apartado 39 y jurisprudencia citada, y de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo, T‑193/22, EU:T:2023:716, apartado 123 y jurisprudencia citada).

24

La apreciación de si estos motivos son fundados ha de efectuarse examinando los elementos de prueba y de información, no de forma aislada, sino atendiendo al contexto en el que se insertan. En efecto, el Consejo cumple la carga de la prueba que le corresponde si pone de manifiesto ante el juez de la Unión un conjunto de indicios suficientemente precisos, concretos y concordantes que permitan acreditar que la persona sometida a una medida restrictiva cumplía, en la fecha de adopción de los actos controvertidos, los requisitos previstos por el criterio aplicado (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo, T‑193/22, EU:T:2023:716, apartado 124 y jurisprudencia citada, y de 11 de septiembre de 2024, Tokareva/Consejo, T‑744/22, EU:T:2024:608, apartado 33 y jurisprudencia citada).

25

Además, es preciso recordar que las medidas restrictivas tienen carácter cautelar y, por definición, provisional, y que su validez se supedita siempre a que se mantengan las circunstancias de hecho y de Derecho que justificaron su adopción, así como a la necesidad de su mantenimiento para la consecución del objetivo al que se asocian. De ese modo, al reconsiderar periódicamente esas medidas restrictivas, corresponde al Consejo llevar a cabo una apreciación actualizada de la situación y hacer un balance de los efectos de tales medidas, con miras a determinar si han permitido alcanzar los objetivos perseguidos con la inclusión inicial de los nombres de las personas y entidades afectadas en la lista controvertida o si todavía es posible llegar a la misma conclusión en relación con esas personas y entidades (véanse las sentencias de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo, T‑193/22, EU:T:2023:716, apartado 168 y jurisprudencia citada, y de 11 de septiembre de 2024, Tokareva/Consejo, T‑744/22, EU:T:2024:608, apartado 36 y jurisprudencia citada).

26

De ello se sigue que, para justificar el mantenimiento del nombre de una persona en una lista de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas, no se prohíbe al Consejo basarse en los mismos elementos de prueba que los que justificaron la inclusión inicial, la nueva inclusión o el mantenimiento anterior del nombre de la demandante en la lista, siempre que, por un lado, los motivos de inclusión no hayan cambiado y, por otro, el contexto no haya evolucionado de tal manera que esos elementos de prueba hayan quedado obsoletos. Ese contexto incluye no solo la situación del país respecto del que se ha fijado el régimen de medidas restrictivas, sino también la situación particular del interesado (véanse las sentencias de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo, T‑193/22, EU:T:2023:716, apartado 169 y jurisprudencia citada, y de 29 de mayo de 2024, Belavia/Consejo, T‑116/22, EU:T:2024:334, apartado 77 y jurisprudencia citada).

27

Por último, procede señalar que la actuación del juez de la Unión se rige por el principio de libre apreciación de la prueba y el único criterio de apreciación del valor de las pruebas aportadas reside en su credibilidad. A este respecto, para apreciar el valor probatorio de un documento, hay que comprobar la verosimilitud de la información que en él se contiene teniendo en cuenta, en especial, el origen del documento, las circunstancias de su elaboración, así como su destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, parece razonable y fidedigno (sentencia de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo, T‑193/22, EU:T:2023:716, apartado 114).

28

Procede apreciar a la luz de estas consideraciones si el Consejo incurrió en errores de apreciación al mantener el nombre del demandante en las listas controvertidas en los actos de marzo de 2025 y posteriormente en los actos de septiembre de 2025.

Sobre los actos de marzo de 2025

29

El demandante alega que el Consejo incurrió en un error de apreciación al estimar, tras la reconsideración periódica de su situación, que existía una base fáctica suficientemente sólida para justificar la adopción de los actos de marzo de 2025.

30

El demandante sostiene que, en su solicitud de reconsideración de 31 de octubre de 2024, es decir, más de cuatro meses antes de la adopción de los actos de marzo de 2025, informó al Consejo de su dimisión de sus funciones en RBA‑Management, de la cesión de sus participaciones en RBA‑Management y de la ruptura de las relaciones entre las sociedades RBA‑Management y Compel y que aportó al Consejo documentos destinados a demostrar el cambio en su situación personal. Pues bien, señala que el Consejo no lo tuvo en cuenta contrariamente a su obligación de reconsideración. Según el demandante, en la fecha de adopción de los actos de marzo de 2025, todas las alegaciones del Consejo que le concernían contenidas en el expediente WK estaban obsoletas desde hacía más de cuatro meses por lo que no podían servir de justificación para el mantenimiento de las medidas restrictivas adoptadas en su contra.

31

El Consejo aduce que, si bien tiene la obligación de reconsiderar su decisión si los nuevos elementos de prueba sustanciales presentados se refieren a la situación particular sometida a su examen periódico, no ocurre lo mismo cuando las pruebas aportadas carecen de valor probatorio. Considera que las pruebas aportadas por el demandante no son suficientemente concluyentes para garantizar la efectividad de su dimisión del cargo de director general de RBA‑Management y de la venta de sus participaciones en dicha sociedad. Habida cuenta de las actividades desempeñadas por el demandante en beneficio de Compel desde hace más de veinte años, estima que este no demostró con un grado de certeza suficiente que ya no desempeñaría ningún cargo en la referida empresa. Además, el demandante no aportó elementos fácticos suficientes que demostraran su cambio de actividad. El Consejo sostiene que, habida cuenta de todos los elementos de hecho, las pruebas que figuran en el expediente WK justifican el mantenimiento del nombre del demandante en los actos de marzo de 2025.

32

En el caso de autos, procede recordar que, en los actos de marzo de 2025, el mantenimiento del nombre del demandante en las listas controvertidas está motivado por el hecho de que, por su condición de director general y fundador de RBA‑Management, es responsable de los actos de esta última, que es gestora de Compel, y, por tanto, presta apoyo material al Gobierno de la Federación de Rusia.

33

Con carácter preliminar, procede señalar que las partes están de acuerdo en que el concepto de «fundador» utilizado en el motivo de inclusión del nombre del demandante es el del Derecho ruso y debe entenderse en el sentido de que significa «socio» o «titular de participaciones sociales».

34

El hecho de que el concepto de «fundador» se refiere al titular actual de una participación de capital en una sociedad de responsabilidad limitada se ve confirmado por el extracto del sitio de Internet «audit-it.ru» de la empresa auditora Avdeev & Co, que figura en el expediente WK relativo a RBA‑Management (documento n.o 6). Este documento indica que RBA‑Management fue inscrita el 9 de julio de 2007 como sociedad de responsabilidad limitada en el registro nacional unificado ruso de personas jurídicas. En la rúbrica «quién es el propietario (fundador) de la sociedad» [who is the owner (founder) of the organization], el demandante aparece como «fundador» de RBA‑Management desde el 7 de diciembre de 2015 y se mencionan los nombres de los anteriores «fundadores». El referido documento indica, asimismo, lo siguiente: «7.12.2015 el nuevo fundador es Vladimir Avetisyan[, el] nuevo fundador es Sergey Alekseevich Cherkasov» (7.12.2015 The new founder is Vladimir Avetisyan[, t]he new founder is Sergey Alekseevich Cherkasov) y «23.4.2020 Sergey Alekseevich Cherkasov ya no se menciona como fundador en el registro nacional unificado de personas jurídicas» (23.4.2020 Sergey Alekseevich Cherkasov is no longer listed as a founder in the Unified State Register of Legal Entities).

35

Además, consta que la justificación del Consejo sobre la procedencia de mantener el nombre del demandante en las listas controvertidas en la fecha de adopción de los actos de marzo de 2025 se basa únicamente en los documentos contenidos en el expediente WK, con fecha de 31 de mayo de 2024. Estos documentos sirvieron de base para la adopción de los actos de inclusión del nombre del demandante en las listas controvertidas el 24 de junio de 2024 y todos ellos fueron consultados el 22 de febrero de 2024, a excepción de uno de ellos que fue consultado el 16 de abril de 2024. El Consejo no ha aportado ninguna prueba nueva ante el Tribunal General para fundamentar el motivo esgrimido contra el demandante en los actos de marzo de 2025.

36

En su solicitud de reconsideración de 31 de octubre de 2024, el demandante indicó que había dimitido de su puesto de director general de RBA‑Management el 16 de octubre de 2024 y que desde el 29 de octubre de 2024 ya no era propietario de RBA‑Management. A este respecto, remitió al Consejo varios documentos destinados a demostrar el cambio en su situación, en concreto:

–

la resolución n.o 16, de 16 de octubre de 2024, del único miembro de RBA‑Management, que pone fin a las facultades del demandante y designa al Sr. Aleksandr Gurin como director general de dicha sociedad (en lo sucesivo, «resolución n.o 16»);

–

el extracto del registro nacional unificado ruso de personas jurídicas relativo a RBA‑Management, con fecha de 30 de octubre de 2024, en el que consta que el Sr. Gurin fue inscrito el 24 de octubre de 2024 como director general de RBA‑Management;

–

un acuse de recibo de las autoridades tributarias informando de la recepción, el 29 de octubre de 2024, de las modificaciones de los documentos constitutivos de RBA‑Management.

37

En la solicitud de reconsideración referida, el demandante explicó, asimismo, que la transmisión de las participaciones sociales en una sociedad de responsabilidad limitada debía presentarse a las autoridades a través de un notario y que, a este respecto, presentaba el acuse de recibo de las autoridades tributarias. Sin embargo, indicó que el cambio de propietario de RBA‑Management aún no había sido inscrito en el registro nacional unificado ruso de personas jurídicas, pero que transmitiría un extracto de dicho registro al Consejo tan pronto como constara en él la información sobre la transmisión de las participaciones.

38

A este respecto, el 8 de noviembre de 2024, el demandante remitió al Consejo una prueba complementaria, a saber, el extracto del registro nacional unificado ruso de personas jurídicas relativo a RBA‑Management, con fecha de 7 de noviembre de 2024. Según ese documento, el Sr. Gurin fue registrado el 5 de noviembre de 2024 como «miembro/fundador» de RBA‑Management y como titular del 100 % de las participaciones sociales de esta sociedad.

39

Mediante escrito de 17 de marzo de 2025, el Consejo desestimó la solicitud de reconsideración del demandante basándose en que no consideraba plausibles las pruebas aportadas por el interesado relativas, en particular, a la supuesta salida de este de RBA‑Management.

40

La cuestión relevante a la hora de examinar el mantenimiento del nombre de una persona en las listas controvertidas es si, tras la inclusión de su nombre o después de la reconsideración precedente, la situación fáctica ha cambiado de tal manera que ya no permite sustentar la misma conclusión respecto de la implicación de dicha persona en las actividades objeto de las medidas restrictivas (véanse las sentencias de 18 de diciembre de 2024, Mironovich Shor/Consejo, T‑489/23, EU:T:2024:912, apartado 154 y jurisprudencia citada, y de 3 de septiembre de 2025, Boguslayev/Consejo, T‑604/24, no publicada, EU:T:2025:817, apartado 41).

41

Además, procede señalar que los actos de mantenimiento se basan en la reconsideración periódica de las medidas restrictivas controvertidas para permitir al Consejo tener en cuenta posibles cambios de circunstancias relativos, en particular, a la situación individual de las personas objeto de las mismas. En efecto, los actos de marzo de 2025 representan el resultado de ese ejercicio de reconsideración periódica (véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de octubre de 2022, Ovsyannikov/Consejo, T‑714/20, no publicada, EU:T:2022:674, apartado 85, y de 29 de noviembre de 2023, Pumpyanskiy/Consejo, T‑734/22, no publicada, EU:T:2023:761, apartado 84).

42

Por otra parte, cuando la persona afectada formula observaciones sobre el resumen de motivos, la autoridad competente de la Unión está obligada a examinar, de modo cuidadoso e imparcial, la fundamentación de los motivos alegados, teniendo en cuenta tales observaciones y las eventuales pruebas de descargo que las acompañen (véase la sentencia de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartado 114 y jurisprudencia citada).

43

Por lo tanto, procede examinar si el Consejo incurrió en un error de apreciación al mantener el nombre del demandante en las listas controvertidas en los actos de marzo de 2025 sobre la base del expediente WK. En particular, ha de determinarse si, en la fecha de adopción de los actos de marzo de 2025, los elementos de prueba que figuran en el expediente WK demostraban que el demandante desempeñaba las funciones que habían justificado el mantenimiento de su nombre en las listas controvertidas, a saber, que seguía siendo director general y fundador de RBA‑Management, habida cuenta de la información facilitada por este con el fin de demostrar que su situación había cambiado en octubre de 2024.

44

En primer lugar, el demandante reprocha al Consejo no haber tenido en cuenta los elementos de prueba que había presentado en su solicitud de reconsideración.

45

El Consejo niega el valor probatorio de dichos documentos. Sostiene que el demandante presentó documentos con partes ocultadas, lo que no permite apreciar su contenido, que no aportó ningún elemento que permitiera comprobar la identidad del nuevo administrador de RBA‑Management y que presentó un contrato de cesión de participaciones sociales sin prueba de la realidad del pago del precio.

46

En primer término, el Consejo alega que numerosos apartados de la resolución n.o 16, mediante la cual el demandante puso fin a sus funciones de director general de RBA‑Management, estaban ocultados, lo que impedía apreciar su contenido completo.

47

A este respecto, procede señalar que, aunque este documento contiene partes ocultadas, de él se desprende claramente que el demandante, único socio de RBA‑Management que posee el 100 % del capital de esta, por una parte, pone fin a sus funciones de director general el 16 de octubre de 2024 y, por otra, designa al Sr. Gurin como director general a partir de esa misma fecha. Este documento está firmado por el demandante.

48

Por lo tanto, el Consejo no puede sostener válidamente que las partes ocultadas no permiten comprender el contenido de dicho documento.

49

Además, la versión íntegra de la resolución n.o 16, aportada como anexo de la réplica, confirma que solo se ocultaron datos personales.

50

A este respecto, en la dúplica, el Consejo sostiene que la resolución n.o 16, el extracto del registro nacional unificado ruso de personas jurídicas relativo a RBA‑Management y el extracto de ese mismo registro relativo a Compel, presentados en su versión íntegra como anexo de la réplica, son inadmisibles con arreglo al artículo 85 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, en la medida en que el demandante habría podido presentarlos anexos a la demanda.

51

Pues bien, el demandante indicó que había presentado la versión íntegra de dichos documentos en respuesta al reproche que le había hecho el Consejo, en el escrito de contestación a la demanda, de haber ocultado determinada información.

52

Por lo tanto, procede señalar que los documentos que figuran anexos a la réplica no constituyen nuevas pruebas, sino que se aportaron para rebatir el argumento del Consejo que negaba el valor probatorio de esos mismos documentos presentados como anexo de la demanda, debido a que contenían partes ocultadas. Por consiguiente, debe declararse la admisibilidad de los anexos de la réplica. Además, la información ocultada se refería únicamente a datos personales y el demandante no puede ser penalizado por no haber mostrado esos datos.

53

En segundo término, el Consejo sostiene que el demandante invoca la designación de un nuevo administrador de RBA‑Management sin aportar ningún elemento que permita comprobar la identidad de esa persona.

54

Si bien, mediante esta alegación, el Consejo hace referencia a los datos personales ocultados en la resolución n.o 16 y en el extracto del registro nacional unificado ruso de personas jurídicas relativo a RBA‑Management, procede señalar que, dado que dicho registro era accesible al público, el Consejo tenía la posibilidad de comprobar la identidad del nuevo director general de RBA‑Management mediante una mera consulta de ese registro. Además, el demandante presentó como anexo de la réplica la versión íntegra de tales documentos.

55

En tercer término, el Consejo señala que el demandante presentó, como anexo de la demanda, un contrato de cesión de participaciones sociales sin prueba de la realidad del pago del precio acordado, a saber, 8 700 000 rublos rusos (RUB) (aproximadamente 95 000 euros), que parece irrisorio para una sociedad como RBA‑Management, que gestiona Compel, y sin prueba de que el cesionario hubiera asumido efectivamente responsabilidades de gestión. La opinión del jurisconsulto, que el demandante también presentó como anexo de la demanda, relativa a la titularidad de RBA‑Management, tiene, a juicio del Consejo, escaso valor probatorio en la medida en que fue elaborada a petición del demandante y no es creíble puesto que procede de su abogado en Rusia.

56

Debe considerarse que, dado que el documento del abogado ruso del demandante presentado como anexo de la demanda fue redactado a efectos del presente recurso, tiene escaso valor probatorio.

57

Sin embargo, la alegación del Consejo de que el precio acordado es irrisorio se basa en una interpretación errónea del contrato de venta del 100 % de las participaciones sociales de RBA‑Management, celebrado el 29 de octubre de 2024 entre el demandante y el Sr. Gurin, que figura anexo a la demanda. Este contrato menciona un precio de venta de 14 700 000 RUB (aproximadamente 161 000 euros), y no el importe que indica el Consejo.

58

Además, el contrato de compraventa adopta la forma de un documento notarial, lo que le confiere cierto valor probatorio. Por último, la venta por el demandante de sus participaciones en RBA‑Management objeto de dicho contrato también queda acreditada por el extracto del registro nacional unificado ruso de personas jurídicas relativo a RBA‑Management, con fecha de 7 de noviembre de 2024, en el que se menciona al Sr. Gurin como fundador de RBA‑Management.

59

Por lo tanto, el Consejo yerra al sostener que las pruebas aportadas por el demandante carecían de valor probatorio.

60

En segundo lugar, el demandante sostiene que, en la fecha de adopción de los actos de marzo de 2025, los documentos contenidos en el expediente WK estaban obsoletos y que el Consejo incurrió en un error de apreciación al no tener en cuenta el cambio en su situación personal.

61

El Consejo alega que las pruebas aportadas por el demandante únicamente demuestran una dimisión aparente de sus funciones en RBA‑Management y una cesión aparente de sus participaciones en esta sociedad. Por consiguiente, considera que las pruebas que figuran en el expediente WK siguen siendo pertinentes para fundamentar el motivo de mantenimiento del nombre del demandante en los actos de marzo de 2025.

62

En primer término, el Consejo sostiene que la fiabilidad del registro nacional unificado ruso de personas jurídicas, cuyos extractos ha presentado el demandante, debe determinarse a la luz de todas las circunstancias fácticas del expediente y que dicho registro no permite por sí solo probar que el demandante, que había ejercido de manera efectiva actividades de gestión de Compel a través de RBA‑Management durante muchos años, renunciara a toda actividad de apoyo. En la vista, el Consejo precisó que el hecho de que el registro nacional unificado ruso de personas jurídicas registrara la dimisión del demandante no significa que este hubiera puesto fin en la práctica a sus actividades.

63

Antes de nada, procede señalar que el demandante presentó extractos del registro nacional unificado ruso de personas jurídicas relativos a RBA‑Management, con fecha de 30 de octubre y de 7 de noviembre de 2024, para demostrar que el nombre del nuevo director general y del nuevo fundador de RBA‑Management había sido registrado oficialmente. Contrariamente a lo que sostiene el Consejo, estos extractos no se presentan de manera aislada, sino que tienen por objeto corroborar la información que figura en la solicitud de reconsideración.

64

A continuación, ha de señalarse que, mediante estas alegaciones, el Consejo cuestiona necesariamente la fiabilidad de la información contenida en el registro nacional unificado ruso de personas jurídicas.

65

Pues bien, como subraya el demandante, por una parte, este registro público, elaborado por el Ministerio de Hacienda ruso, es una fuente de información sobre las sociedades y se presume que refleja la situación real de cualquier entidad inscrita. Por otra parte, el Consejo utiliza ese mismo registro en determinados expedientes probatorios para justificar inclusiones en las listas de personas sujetas a medidas restrictivas.

66

Por último, cabe destacar que, en el expediente WK, el Consejo se basó en otro registro, el portal «checko.ru», para justificar el hecho de que el demandante era el director general y el fundador de RBA‑Management.

67

A este respecto, el 22 de febrero de 2024 el Consejo había consultado el extracto del sitio de Internet «checko.ru» relativo al demandante que figura en el expediente WK (documento n.o 3). En dicho expediente, el Consejo indica que el portal «checko.ru» «permite la verificación rápida y gratuita de cualquier persona física o jurídica registrada en la Federación de Rusia». Por lo tanto, el Consejo no puede cuestionar la fiabilidad de este portal.

68

Pues bien, el Consejo no ha presentado una versión actualizada del extracto del referido portal, posterior al 7 de noviembre de 2024, lo que le habría permitido comprobar o desmentir la información según la cual el demandante había dimitido y otra persona había sido nombrada director general y fundador de RBA‑Management.

69

Por consiguiente, el Consejo no ha aportado ningún elemento que demuestre que la información contenida en el registro nacional unificado ruso de personas jurídicas sea errónea.

70

En segundo término, el Consejo alega que los documentos presentados por el demandante parecen un medio de eludir los efectos de las medidas restrictivas adoptadas en su contra y no una prueba sólida de que este último hubiese renunciado a toda responsabilidad en el sector de los componentes electrónicos utilizables en material militar. El Consejo considera que no debe concederse credibilidad alguna a este tipo de maniobra.

71

Pues bien, no puede reprocharse al demandante haber querido poner fin a sus funciones en RBA‑Management en octubre de 2024 para eludir las medidas restrictivas que le resultan aplicables desde junio de 2024.

72

Además, el hecho de que el demandante adopte medidas para dejar de estar incluido en las listas controvertidas puede percibirse como el resultado de la eficacia de las medidas restrictivas, en la medida en que manifiesta así su intención de dejar de ejercer las actividades que justificaron la inclusión de su nombre en las listas controvertidas.

73

En tercer término, el Consejo sostiene que, desde el punto de vista temporal, el plazo entre los actos que invoca el demandante y el período de reconsideración es demasiado reducido para cerciorarse de la realidad de la retirada de los negocios de este último, que ejerce actividades al servicio de Compel desde hace más de 20 años y que tiene la responsabilidad de dirigir esa empresa desde 2015. El plazo de 16 semanas entre las gestiones del demandante en octubre de 2024 y los actos de marzo de 2025 no permitió al Consejo apreciar la efectividad y la sinceridad de la retirada del demandante de toda forma de apoyo al Gobierno ruso o de beneficio obtenido de dicho Gobierno.

74

A este respecto, procede recordar que el demandante presentó documentos para acreditar su retirada de RBA‑Management el 31 de octubre de 2024, a saber, dentro del plazo fijado para presentar solicitudes de reconsideración, que expiraba el 2 de noviembre de 2024.

75

Por lo tanto, el Consejo no puede sostener, so pena de privar de efecto útil a las solicitudes de reconsideración, que no disponía del tiempo necesario para reexaminar el fundamento del motivo de inclusión a la luz de las pruebas aportadas por el demandante para demostrar el cambio en su situación personal. Además, procede recordar que los actos de marzo de 2025 fueron adoptados a raíz de una reconsideración periódica.

76

Además, procede recordar que los documentos presentados por el demandante en su solicitud de reconsideración tenían por objeto demostrar que ya no era director general ni fundador de RBA‑Management y que, por este motivo, ya no estaba justificado mantener su nombre en las listas controvertidas.

77

Por una parte, como se ha indicado en el anterior apartado 67, el Consejo tenía la posibilidad de comprobar rápidamente la exactitud de la información transmitida por el demandante, en particular consultando el sitio de Internet «checko.ru».

78

Por otra parte, carece de pertinencia la alegación del Consejo de que no disponía del tiempo necesario para cerciorarse de la efectividad de la retirada del demandante de toda actividad en Compel o de cualquier forma de apoyo al Gobierno ruso, habida cuenta del papel desempeñado en el pasado en dicha sociedad, en particular, durante la guerra de agresión contra Ucrania. En efecto, el motivo que justificaba el mantenimiento del nombre del demandante en los actos de marzo de 2025 se basaba únicamente en su condición de director general y fundador de RBA‑Management.

79

En cuarto término, el Consejo alega que el demandante no ha aportado pruebas suficientes que demuestren el cambio en sus actividades. Sostiene que el demandante no ha aportado el más mínimo principio de prueba de que ya no operaba en el sector de la electrónica, pese a haber hecho toda su carrera en ese sector, y que no ha presentado pruebas de su retirada definitiva de toda función en Compel. Además, habría podido aportar pruebas relativas a su nueva actividad en el sector inmobiliario y a su establecimiento en Armenia.

80

A este respecto, procede recordar que, según la jurisprudencia citada en el apartado 23 de la presente sentencia, corresponde al Consejo acreditar el carácter fundado del motivo invocado contra el demandante y no a este último aportar la prueba negativa de la falta de fundamento.

81

En la medida en que el Consejo estimaba que, a pesar de los documentos aportados por el demandante, este había mantenido en la práctica sus actividades, le correspondía aportar la prueba de ello.

82

Así pues, al exigir al demandante demostrar que no había continuado ejerciendo actividades en el sector de la electrónica o en relación con Compel o aportar pruebas de su nueva actividad, el Consejo invierte la carga de la prueba.

83

Además, procede recordar que, habida cuenta del motivo para mantener el nombre del demandante que figura en los actos de marzo de 2025, las únicas pruebas pertinentes eran las que tenían por objeto acreditar o rebatir el hecho de que el demandante era director general y fundador de RBA‑Management y responsable de los actos de dicha sociedad en la fecha de adopción de los actos de marzo de 2025. El Consejo no podía exigir al demandante que aportara pruebas adicionales no relacionadas con este motivo.

84

En quinto término, el Consejo sostiene que las pruebas aportadas por el demandante no demostraban que este hubiese puesto fin a sus actividades de manera efectiva, habida cuenta de todos los hechos del expediente.

85

A este respecto, el Consejo alega que existen indicios serios y concordantes que permiten considerar que el demandante mantiene vínculos con Compel y que justifican el mantenimiento de su nombre en las listas controvertidas. Menciona elementos de prueba contenidos en el expediente WK relativos a Compel, que demuestran que esta empresa fabrica componentes electrónicos destinados a la industria armamentística utilizados en la guerra de agresión contra Ucrania. Recuerda, asimismo, que diferentes pruebas que figuran en el expediente WK revelan que el demandante tiene una formación de ingeniero en el sector de actividad de Compel, que ejerció funciones importantes en dicha empresa, que fue fundador de Compel Regions LLC y que, a través de RBA‑Management, asumió las funciones de dirección de Compel entre febrero de 2015 y octubre de 2024, es decir, poco después de la ocupación de Crimea y durante la invasión de Ucrania.

86

Así pues, mediante esta argumentación, el Consejo aduce, en esencia, que las pruebas aportadas por el demandante para demostrar su dimisión y la venta de sus participaciones en RBA‑Management no son creíbles ni reflejan la realidad, habida cuenta de las actividades pasadas de este último en el seno de Compel.

87

Pues bien, procede recordar que, según la jurisprudencia citada en el apartado 24 de la presente sentencia, la apreciación del carácter fundado de los motivos para mantener el nombre del demandante en los actos de marzo de 2025 debe efectuarse examinando los elementos de prueba en el contexto en el que se inscriben y el Consejo cumple la carga de la prueba que le corresponde si pone de manifiesto ante el juez de la Unión un conjunto de indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes que permitan acreditar que el demandante cumplía los requisitos previstos en el criterio f) en la fecha de adopción de los referidos actos.

88

Por una parte, en lo que atañe al contexto, debe señalarse que el Consejo se limita a referirse a elementos de prueba que figuran en el expediente WK, la mayoría de los cuales atañen a Compel y no al demandante, relativos a las actividades pasadas de este en el seno de dicha sociedad.

89

Pues bien, el Consejo no puede sostener válidamente que elementos de prueba relativos a la carrera pasada del demandante en Compel, contenidos en el expediente WK y que, por tanto, se refieren a hechos anteriores a mayo de 2024, puedan restar credibilidad a la retirada del demandante de sus funciones en RBA‑Management en octubre de 2024.

90

El Consejo tampoco puede descartar las pruebas aportadas por el demandante en su solicitud de reconsideración por no ser suficientes para demostrar el cese efectivo de este en sus funciones en RBA‑Management basándose únicamente en la constatación de que el demandante ejerció la mayor parte de su carrera en el seno de Compel. Tal apreciación por parte del Consejo conduciría a congelar la situación del demandante y a privar de todo efecto útil al ejercicio de la reconsideración periódica prevista (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de noviembre de 2023, Pumpyanskiy/Consejo, T‑734/22, no publicada, EU:T:2023:761, apartado 85 y jurisprudencia citada).

91

Además, en lo que atañe a la carga de la prueba, si el Consejo estimaba que los elementos de prueba aportados por el demandante únicamente demostraban una aparente retirada de sus funciones en RBA‑Management y que el motivo que figuraba en los actos de marzo de 2025 seguía siendo válido, le correspondía aportar la prueba de que el demandante mantenía vínculos efectivos con dicha sociedad y seguía siendo responsable de los actos de esta en la fecha de adopción de los actos de marzo de 2025.

92

Pues bien, el Consejo no ha aportado el más mínimo elemento de prueba posterior a octubre de 2024 que pueda fundamentar su afirmación de que la retirada del demandante de sus actividades en el seno de RBA‑Management era puramente ficticia.

93

Por otro lado, si el Consejo estimaba que el demandante cumplía los requisitos del criterio f) por un motivo distinto del que figura en los actos de marzo de 2025, a saber, debido a los vínculos que, en su opinión, mantenía directamente con Compel o a cualquier otra forma de apoyo que prestara al Gobierno ruso, le correspondía aportar la prueba de ello y modificar en consecuencia el motivo para mantener el nombre del demandante en las listas controvertidas. En cualquier caso, el Consejo no aporta ningún elemento de prueba que pueda demostrar la existencia de un vínculo entre el demandante y Compel en la fecha de adopción de los actos de marzo de 2025.

94

Por lo tanto, a falta de cualquier elemento de prueba dirigido a completar el expediente WK, ningún indicio permitía considerar que el demandante aún era, de hecho, directivo y fundador de RBA‑Management en la fecha de adopción de los actos de marzo de 2025. La alegación del Consejo según la cual las actividades pasadas del demandante en Compel restaban toda credibilidad a este cambio de situación es puramente especulativa y carece de fundamento.

95

De todo lo anterior se desprende que el Consejo no ha demostrado que los documentos presentados por el demandante para demostrar el cambio en su situación personal carecieran de todo valor probatorio. Así pues, procede considerar que estos documentos constituyen un principio de prueba de que el demandante había dimitido de su cargo de directivo de RBA‑Management en octubre de 2024 y había dejado de ser fundador de esta en noviembre de 2024.

96

Así pues, el Consejo no podía limitarse a basarse únicamente en los elementos que figuraban en el expediente WK, que son anteriores en varios meses a la información aportada por el demandante y que, habida cuenta de esta información, presentaban un carácter obsoleto.

97

Por lo tanto, el Consejo erró al descartar los documentos que había presentado el demandante por considerarlos insuficientes para demostrar que la situación personal de este había cambiado de manera efectiva en octubre de 2024, sin aportar versiones actualizadas de los documentos que figuran en el expediente WK u otras pruebas que demostraran que las circunstancias que justificaron la inclusión del nombre del demandante en las listas controvertidas persistían en la fecha de adopción de los actos de marzo de 2025, a saber, que este seguía siendo director general y fundador de RBA‑Management y responsable de los actos de la referida sociedad en esa fecha.

98

Por consiguiente, procede declarar que el Consejo, al no llevar a cabo una apreciación actualizada de la situación del demandante, no ha acreditado el carácter fundado del motivo por el que se mantuvo el nombre del demandante en las listas controvertidas en la fecha de adopción de los actos de marzo de 2025.

99

De ello se deduce que el Consejo incurrió en un error de apreciación al mantener el nombre del demandante en las listas controvertidas en los actos de marzo de 2025 sobre la base del criterio f).

Sobre los actos de septiembre de 2025

100

El demandante alega que el Consejo incurrió en un error de apreciación al mantener su nombre en las listas controvertidas mediante los actos de septiembre de 2025 pese a que había puesto fin a la situación que motivó la inclusión inicial y que el Consejo reconoció ese cambio de situación en el motivo de inclusión de su nombre.

101

El Consejo sostiene que solo pudo constatar el cese formal y aparente en el cargo directivo del demandante, pero que este no había completado su expediente con el más mínimo elemento que acreditase el cese efectivo de toda función relacionada con Compel, única manera de demostrar que el vínculo constante y esencial entre el «directivo» y Compel había finalizado. En su opinión, una dimisión aparente no es suficiente ni convincente, habida cuenta del papel desempeñado por el demandante en la importación de material destinado a apoyar el esfuerzo bélico ruso.

102

En su solicitud de reconsideración de 5 de abril de 2025, el demandante transmitió de nuevo al Consejo la resolución n.o 16, citada en el apartado 36 de la presente sentencia, y el extracto del registro nacional unificado ruso de personas jurídicas relativo a RBA‑Management, de 7 de noviembre de 2024, citado en el anterior apartado 38. También transmitió, en particular, el extracto del registro nacional unificado ruso de personas jurídicas relativo a RBA‑Management, con fecha de 27 de marzo de 2025, en el que se menciona al Sr. Gurin como director general y fundador de RBA‑Management, así como el extracto del sitio de Internet «checko.ru», relativo a él, que constituye una actualización del documento n.o 3 del expediente WK.

103

Procede señalar que, en los actos de septiembre de 2025, el Consejo modificó el motivo por el que se mantenía el nombre del demandante en las listas controvertidas. Estas modificaciones indican que el demandante es «el ex» director general de RBA‑Management y que, por su condición de director general y fundador de RBA‑Management, el demandante «fue» responsable de los actos de dicha sociedad.

104

De ello se desprende necesariamente que el Consejo tuvo en cuenta la información facilitada por el demandante en su solicitud de reconsideración de 5 de abril de 2025 y consideró que este último había aportado pruebas suficientes que demostraban un cambio en su situación individual, a saber, que ya no era director general de RBA‑Management y que había dejado de ser responsable de los actos de RBA‑Management.

105

Por lo tanto, el Consejo no puede sostener válidamente que, en este nuevo motivo, se limitaba a tomar nota de una modificación únicamente aparente de la situación personal del demandante. En efecto, tal interpretación no se corresponde con el tenor del motivo de mantenimiento del nombre del demandante que figura en los actos de septiembre de 2025.

106

Así pues, procede señalar que el motivo aducido en los actos de septiembre de 2025 para justificar el mantenimiento del nombre del demandante en las listas controvertidas se basa exclusivamente en el hecho de que este fue, en el pasado, responsable de los actos de RBA‑Management.

107

Ahora bien, el criterio f), referido a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que «apoyen», material o financieramente, al Gobierno de la Federación de Rusia, está claramente redactado en tiempo presente (sentencia de 10 de julio de 2024, Rashevsky/Consejo, T‑309/22 y T‑739/22, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2024:455, apartado 173), lo que implica que el apoyo debe prestarse el día de la adopción de los actos de mantenimiento (véanse, por analogía, las conclusiones del abogado General Biondi presentadas en los asuntos acumulados Letonia/Aven y Fridman, C‑440/24 P y C‑441/24 P, EU:C:2025:854, apartado 115).

108

Según reiterada jurisprudencia, la circunstancia de que una persona haya dejado de ejercer sus funciones en el seno de una estructura no implica, por sí sola, que esas antiguas funciones carezcan de pertinencia, habida cuenta de que sus actividades pasadas podrían influir en su comportamiento. No obstante, consideradas aisladamente, las antiguas funciones de una persona no pueden justificar la inclusión de su nombre en las listas controvertidas. Si el Consejo pretendiera basarse en las actividades pasadas de dicha persona, tendría que aportar, en efecto, indicios serios y concordantes que permitieran razonablemente considerar que esta última mantiene vínculos con la estructura en la que ejercía sus funciones en la fecha de adopción del acto controvertido, justificativos de la inclusión de su nombre en las listas, tras el cese de sus actividades en esa estructura (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de noviembre de 2021, Assi/Consejo, T‑256/19, EU:T:2021:818, apartado 128 y jurisprudencia citada).

109

Pues bien, ha de señalarse que el Consejo no aporta ninguna prueba que demuestre que el demandante mantuviera vínculos con RBA‑Management o que continuase desempeñando funciones en esta empresa en la fecha de adopción de los actos de septiembre de 2025.

110

A este respecto, procede considerar que el Consejo no puede presumir, por el mero hecho de que el demandante haya sido director general de RBA‑Management y haya sido responsable de los actos de dicha sociedad, que pueda calificarse de persona física que presta apoyo material al Gobierno ruso varios meses después de haber abandonado tales funciones. En efecto, esto daría lugar a que la situación del solicitante quedara congelada y privaría de todo efecto útil al ejercicio de la reconsideración periódica prevista, en particular, en el artículo 6, párrafo tercero, de la Decisión 2014/145 y en el artículo 14, apartado 4, del Reglamento n.o 269/2014, en sus versiones modificadas (véanse, por analogía, las sentencias de 6 de septiembre de 2023, Shulgin/Consejo, T‑364/22, no publicada, EU:T:2023:503, apartado 116 y jurisprudencia citada, y de 29 de noviembre de 2023, Pumpyanskiy/Consejo, T‑734/22, no publicada, EU:T:2023:761, apartado 85 y jurisprudencia citada).

111

Además, de la jurisprudencia citada en el apartado 26 de la presente sentencia se desprende que es cierto que no se prohíbe al Consejo basarse en los mismos elementos de prueba que justificaron el mantenimiento anterior del nombre del demandante en las listas controvertidas, siempre que, por un lado, los motivos de inclusión no hayan cambiado y, por otro, el contexto no haya evolucionado de tal manera que esos elementos de prueba hayan quedado obsoletos.

112

No obstante, procede señalar que el motivo de inclusión del nombre del demandante fue modificado en los actos de septiembre de 2025 y que, al reconocer que el demandante ya no era responsable de los actos de RBA‑Management, el Consejo reconoció de manera implícita, pero necesaria, el carácter obsoleto de las pruebas que figuraban en el expediente WK dirigidas a demostrar que el demandante era el directivo de RBA‑Management.

113

De ello se deduce que el Consejo no ha cumplido con la carga de la prueba que le incumbía de conformidad con la jurisprudencia citada en los apartados 23 y 24 anteriores en la medida en que no aporta ningún elemento de prueba que permita considerar que el demandante, debido a sus antiguas funciones en RBA‑Management, prestaba apoyo material al Gobierno de la Federación de Rusia en el sentido del criterio f) en la fecha de adopción de los actos de septiembre de 2025.

114

Las alegaciones del Consejo no desvirtúan esta conclusión.

115

El Consejo señala que los documentos contenidos en el expediente WK relativos a Compel siguen siendo pertinentes y demuestran que esta empresa estaba situada en el centro de maniobras fraudulentas para garantizar la importación de material destinado a apoyar la guerra en Ucrania y que el demandante no puede afirmar que dirigió una empresa con fines puramente civiles. Habida cuenta de estos elementos, el Consejo se pregunta sobre la realidad de la retirada del demandante, que sería el directivo efectivo de Compel.

116

Por una parte, la alegación del Consejo según la cual el demandante podría seguir dirigiendo Compel de hecho no es pertinente. En efecto, en los actos de septiembre de 2025, el apoyo del demandante al Gobierno ruso no se justifica sobre la base de que subsistan vínculos entre el demandante y Compel tras su dimisión del cargo de directivo de RBA‑Management ni del hecho de ser directivo de facto de Compel.

117

Además, la afirmación del Consejo según la cual el demandante conservó la supuesta dirección de facto de Compel no está, en cualquier caso, respaldada por ningún elemento de prueba.

118

A este respecto, al sostener que el demandante no ha demostrado el cese efectivo de toda función relacionada con Compel ni ha aportado pruebas suficientes para demostrar de manera convincente que se jubiló en Armenia renunciando a toda actividad, el Consejo invierte la carga de la prueba. Si el Consejo consideraba que el demandante seguía ejerciendo actividades en Compel que justificaban su inclusión en virtud del criterio f), le correspondía aportar la prueba de ello y modificar en consecuencia el motivo de inclusión del nombre del demandante.

119

De lo anterior se desprende que, dado que la motivación de los actos de septiembre de 2025, que se relaciona con el criterio f), se refiere únicamente a las antiguas funciones del demandante en RBA‑Management, el Consejo incurrió en un error de apreciación al estimar que, en la fecha de adopción de dichos actos, el demandante podía ser calificado de persona física que presta apoyo material al Gobierno ruso. En efecto, el Consejo no puede considerar que el mero hecho de que el demandante ejercía, un año antes de la adopción de los actos de septiembre de 2025, las funciones de director general de RBA‑Management es suficiente para justificar el mantenimiento de su nombre en las listas controvertidas como persona que presta apoyo material al Gobierno ruso (véase, por analogía, la sentencia de 10 de septiembre de 2025, Pumpyanskiy/Consejo, T‑541/24, no publicada, EU:T:2025:841, apartado 120 y jurisprudencia citada).

120

De ello se deduce que el Consejo incurrió en un error de apreciación al mantener el nombre del demandante en las listas controvertidas sobre la base del criterio f) en los actos de septiembre de 2025.

121

De todo lo anterior se desprende que procede estimar el motivo único y anular los actos impugnados en la medida en que afectan al demandante.

Sobre la pretensión de indemnización

122

El demandante solicita que se declare la responsabilidad extracontractual del Consejo con arreglo al artículo 340 TFUE debido a la vulneración de su derecho de defensa. Alega que el Consejo, en su escrito de 17 de marzo de 2025, se limitó a fórmulas estereotipadas y estandarizadas para responder a su solicitud de reconsideración de 31 de octubre de 2024. Según él, la negativa del Consejo a tramitar esta solicitud le causa un daño cierto al prolongar las medidas restrictivas al menos mientras dure el presente procedimiento, es decir, aproximadamente dos años.

123

En lo referente al daño, el demandante indica que los bancos armenios se niegan a ofrecer prestaciones bancarias a las personas objeto de sanciones internacionales por lo que se ha visto obstaculizado en sus proyectos de instalarse en Armenia y ejercer allí una actividad comercial en el sector inmobiliario. Señala que, debido al comportamiento de los bancos armenios, sus pérdidas económicas ascienden, por una parte, a 42 480 euros, correspondientes a la imposibilidad de arrendar un inmueble que posee en Ereván (Armenia) durante dos años, y, por otra parte, a 150 000 euros, correspondientes a una pérdida de volumen de negocios durante ese mismo período, debido a la imposibilidad de celebrar determinados contratos y de realizar inversiones en el sector inmobiliario en Ereván.

124

A este respecto, ha de recordarse que, según reiterada jurisprudencia, la responsabilidad extracontractual de la Unión, en el sentido del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, está supeditada a que concurran una serie de requisitos, entre los que figura la existencia de una violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica cuyo objeto sea conferir derechos a los particulares, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre el incumplimiento de la obligación que incumbe al autor del acto y el daño sufrido por los perjudicados (véanse las sentencias de 10 de septiembre de 2019, HTTS/Consejo, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, apartado 32 y jurisprudencia citada, y de 11 de septiembre de 2024, Tokareva/Consejo, T‑744/22, EU:C:2024:608, apartado 171 y jurisprudencia citada).

125

Además, los requisitos para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión, en el sentido del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, son acumulativos. De ello se deduce que, cuando no se cumpla uno de estos requisitos, deberá desestimarse el recurso en su totalidad, sin que sea necesario examinar los demás requisitos (véase la sentencia de 11 de septiembre de 2024, Tokareva/Consejo, T‑744/22, EU:T:2024:608, apartado 172 y jurisprudencia citada).

126

En lo que respecta al requisito relativo a la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento alegado y el perjuicio invocado, dicho perjuicio debe derivarse de forma suficientemente directa del comportamiento reprochado, el cual debe constituir la causa determinante del perjuicio, aunque no hay obligación de reparar toda consecuencia perjudicial, incluso remota, de una situación ilegal. Incumbe al demandante probar la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento imputado y el perjuicio alegado (véanse las sentencias de 13 de diciembre de 2018, Iran Insurance/Consejo, T‑558/15, EU:T:2018:945, apartado 121 y jurisprudencia citada, y de 1 de junio de 2022, Eleveté Invest Group y otros/Comisión y JUR, T‑523/17, EU:T:2022:313, apartado 655 y jurisprudencia citada).

127

En el caso de autos, por un lado, en lo que atañe al comportamiento reprochado, el demandante invoca una vulneración de su derecho de defensa por parte del Consejo al tramitar su solicitud de reconsideración de 31 de octubre de 2024. Por otro lado, en lo que se refiere al perjuicio invocado, alega la imposibilidad de alquilar un bien inmueble que posee en Ereván y una pérdida de volumen de negocios, debido al comportamiento de los bancos armenios.

128

Así pues, mediante su razonamiento, el demandante sostiene que una supuesta vulneración de su derecho de defensa durante el procedimiento de reconsideración llevó al Consejo a mantener erróneamente su nombre en las listas controvertidas, lo que le obligó a interponer el presente recurso prorrogando así las medidas restrictivas mientras durase el procedimiento ante el Tribunal, duración que estima en dos años. Explica que, durante esos dos años, no ha podido emprender actividades comerciales en Armenia debido a la negativa de los bancos armenios a abrirle una cuenta bancaria.

129

Así pues, de la argumentación del demandante se desprende que el perjuicio alegado se derivaría, a lo sumo, de la negativa, suponiéndola acreditada, de los bancos armenios a abrirle una cuenta bancaria y no directamente de la supuesta vulneración de su derecho de defensa.

130

Por lo tanto, es preciso señalar que no puede demostrarse ninguna relación directa entre el hecho, suponiendo que estuviese demostrado, de que el Consejo no tramitara la solicitud de reconsideración del demandante y los obstáculos encontrados por este en la realización de sus proyectos en Armenia.

131

Por lo tanto, el demandante no demuestra la existencia de una relación de causalidad directa entre el comportamiento ilícito que reprocha al Consejo y el perjuicio supuestamente sufrido.

132

En cualquier caso, aun suponiendo que el demandante hubiera sostenido que el comportamiento reprochado al Consejo resultaba de la adopción de los actos impugnados, no se ha demostrado que la negativa de los bancos armenios a ofrecerle servicios bancarios sea consecuencia directa de las medidas restrictivas que le afectan.

133

A este respecto, si bien, como señala el Consejo, tal comportamiento de los bancos armenios solo puede resultar de su propia iniciativa y de su propia política interna, no puede excluirse que hayan decidido voluntariamente atenerse a las medidas restrictivas adoptadas por la Unión Europea. Sin embargo, tal constatación carece de pertinencia en el caso de autos.

134

En efecto, por una parte, dado que los actos impugnados no son aplicables en Armenia, de ellos no se deriva obligación alguna para los bancos armenios. Por otra parte, las medidas restrictivas adoptadas en aplicación de los actos impugnados consisten en medidas de congelación de fondos de las personas cuyos nombres están incluidos en las listas controvertidas y no en medidas de prohibición de apertura de cuentas bancarias.

135

De ello se deduce que, al no cumplirse uno de los requisitos para que se genere la responsabilidad del Consejo, procede desestimar la pretensión de indemnización.

Costas

136

A tenor del artículo 134, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, cada parte cargará con sus propias costas.

137

En el caso de autos, al haber sido desestimadas parcialmente las pretensiones del demandante y del Consejo, procede decidir que cada parte cargue con sus propias costas.

1)

Anular la Decisión (PESC) 2025/528 del Consejo, de 14 de marzo de 2025, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/527 del Consejo, de 14 de marzo de 2025, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, la Decisión (PESC) 2025/1895 del Consejo, de 12 de septiembre de 2025, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1894 del Consejo, de 12 de septiembre de 2025, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, en la medida en que se mantuvo el nombre del Sr. Vladimir Avetisyan en la lista de personas, entidades y organismos a los que se aplican dichas medidas restrictivas.

2)

Desestimar el recurso en todo lo demás.

3)

El Sr. Avetisyan y el Consejo de la Unión Europea cargarán cada uno con sus propias costas.