<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRT11998ESA.0900311501.case.xml"><NO.CASE>T-100/94</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61994B0100</NO.CELEX><NO.SEQ>0002.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>3117</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>3140</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>24</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>AUTO DE <DATE ISO="19980915">15.9.1998</DATE> — ASUNTO T-100/94</LEFT><RIGHT>MICHAILIDIS Y OTROS / COMISIÓN</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Tribunal de Primera Instancia</HT> (Sala Segunda)</P><P>de <DATE ISO="19980915">15 de septiembre de 1998</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: griego.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>En el asunto T-100/94,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P>Kapniki A. Michailidis AE,</P><P>P. Moskof AE Kapna eis Fulla,</P><P>M. Vogiatzoglou exagogikos oikos kapnon AE,</P><P>Diethnis Kapniki-Georgios Allamanis AE,</P><P>Exelka Emporikai kai Viomichanikai Epicheiriseis AE,</P><P>sociedades helénicas, con domicilio social en Tesalónica (Grecia), representadas por la Sra. Eleni Metaxaki, Abogada de Atenas, que designan como domicilio en Luxemburgo el despacho de M<HT TYPE="SUP">e</HT> Aikaterini Thill-Kamitaki, 4, rue de l'Avenir,</P><PARTY.STATUS>partes demandantes,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><?PAGE NO="II-3118"?><P>apoyadas por</P><INTERVENERS><P><HT TYPE="BOLD">República Helénica,</HT> representada por el Sr. Panagiotis Mylonopoulos, Consejero Jurídico del Servicio Jurídico especial para las Comunidades Europeas del Ministerio de Asuntos Exteriores; la Sra. Dimitra Tsangaraki, Jurista y Consejera especial del Secretario de Estado para Asuntos Exteriores, y el Sr. Meletis Tsotsanis, Jurista del Ministerio de Agricultura, en calidad de Agentes, asistidos por la Sra. Eleni Lyratzaki, Abogada de Atenas, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de Grecia, 117, Val Sainte-Croix,</P><P>parte coadyuvante,</P></INTERVENERS><AGAINST>contra</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Comisión de las Comunidades Europeas,</HT> representada por la Sra. Maria Kontou-Durande, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,</P><PARTY.STATUS>parte demandada,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><P>que tiene por objeto un recurso de anulación parcial del Reglamento (CE) n° 3477/93 de la Comisión, de <DATE ISO="19931217">17 de diciembre de 1993</DATE>, relativo a los tipos de conversión agrícolas aplicables en el sector del tabaco (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="317" DATE.PUB="1993" PAGE.FIRST="30">DO L 317, p. 30</REF.DOC.OJ>),</P><?PAGE NO="II-3119"?><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Segunda),</P><P>integrado por los Sres.: A. Kalogeropoulos, Presidente, C. W. Bellamy y J. Pirrung, Jueces;</P><P>Secretario: Sr. H. Jung;</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL><P>dicta el siguiente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Auto</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Marco jurídico del litigio</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>Hasta la cosecha de 1992 inclusive, el Reglamento (CEE) n° 727/70 del Consejo, de <DATE ISO="19700421">21 de abril de 1970</DATE>, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del tabaco crudo (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="094" DATE.PUB="1970" PAGE.FIRST="1">DO L 94, p. 1</REF.DOC.OJ>; EE 03/03, p. 212; en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>Reglamento n° 727/70<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>), establecía un régimen común cuyo objeto consistía, en particular, en asegurar a los productores de la Comunidad garantías de venta de sus cosechas en precios equitativos. Este régimen estaba basado en un sistema de precios de objetivo y de intervención que debía fijarse anualmente por el Consejo. Por una parte, establecía la obligación de los organismos nacionales de intervención de comprar el tabaco en hoja a un precio mínimo (precio de intervención) y, por otra, la concesión de primas destinadas a fomentar las compras de este tabaco por parte de los usuarios directamente a los cultivadores comunitarios. Esta última medida de concesión de primas pretendía que los cultivadores alcanzasen precios de producción más próximos a los precios de objetivo, superiores a los precios de intervención. Las primas tenían por finalidad compensar la diferencia entre los precios practicados en el mercado mundial y los precios de objetivo comunitarios más elevados.</TXT></NP><?PAGE NO="II-3120"?><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>Con arreglo al artículo 3 del Reglamento n° 727/70, las primas se abonaban a los primeros compradores de tabaco en hoja, siempre que hubiesen pagado el precio de intervención a los cultivadores y que el tabaco crudo hubiese sido sometido a un régimen de control. A efectos de la aplicación de dicha disposición, el Reglamento (CEE) n° 1726/70 de la Comisión, de <DATE ISO="19700825">25 de agosto de 1970</DATE>, relativo a las modalidades de concesión de la prima para el tabaco en hoja (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="191" DATE.PUB="1970" PAGE.FIRST="1">DO L 191, p. 1</REF.DOC.OJ>; EE 03/04, p. 26; en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>Reglamento n° 1726/70<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>), había establecido (artículo 1) un régimen de control en la fase de la primera transformación y acondicionamiento que permitía efectuar verificaciones al inicio y al término de las operaciones. Este régimen establecía (apartado 1 del artículo 2 del Reglamento) un <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>certificado-prima<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/> destinado a aportar la prueba de que se había sometido a control, en el Estado expedidor, el tabaco en hoja recolectado en la Comunidad.</TXT></NP><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>Habida cuenta de que el derecho definitivo a la prima sólo se adquiría si el tabaco entregado había sido transformado, el importe final de la prima sólo podía calcularse en el momento de la salida del tabaco del lugar donde había estado sujeto a control. Hasta el año 1990, la salida del lugar del control podía producirse en cualquier momento, de modo que podían pasar varios años antes de dicha fecha.</TXT></NP><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Posteriormente, el Reglamento (CEE) n° 1329/90 del Consejo, de <DATE ISO="19900514">14 de mayo de 1990</DATE>, por el que se modifica el Reglamento n° 727/70 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="132" DATE.PUB="1990" PAGE.FIRST="25">DO L 132, p. 25</REF.DOC.OJ>), limitó a cuatro años el período durante el cual la empresa de transformación podía sacar el tabaco del control. El inciso iv) del párrafo segundo del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento n° 727/70, modificado por el Reglamento n° 1329/90, estableció que la prima sólo se concedería a los compradores que, antes de finalizado el período de cuatro años siguiente al año de la cosecha, aportasen la prueba de que el tabaco había sido vendido para ser incorporado a productos manufacturados o exportado a terceros países.</TXT></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>Para que la empresa de transformación pudiese pagar el precio mínimo al cultivador al comprar el tabaco, el apartado 2 del artículo 7 del Reglamento n° 1726/70 establecía que el comprador podía, en determinadas condiciones, obtener un adelanto del importe total de la prima en el momento en que se sometiera el tabaco a control. Este pago anticipado de la prima total estaba supeditado a la celebración de un <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>contrato de cultivo europeo<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>, a saber, un contrato de compraventa entre la empresa de transformación y el cultivador, así como la constitución, por parte de dicha<?PAGE NO="II-3121"?> empresa, de una fianza igual al 20 % del importe de la prima. Desde el año 1991, los contratos celebrados entre los cultivadores y las empresas de transformación debían registrarse ante las autoridades nacionales de control. Con arreglo a la normativa aplicable, las primas se concedían también a los cultivadores que sometieran su propio tabaco en hoja a las operaciones de primera transformación y de acondicionamiento.</TXT></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>En el marco del régimen de control establecido por el Reglamento n° 1726/70, el importe de la prima debía abonarse en moneda nacional y calcularse sobre la base del tipo de conversión válido el día de la salida del lugar donde el tabaco había sido sometido a control.</TXT></NP><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>En efecto, los párrafos primero y segundo del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento n° 1726/70, en su versión resultante del Reglamento (CEE) n° 1353/75 de la Comisión, de <DATE ISO="19750528">28 de mayo de 1975</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="138" DATE.PUB="1975" PAGE.FIRST="12">DO L 138, p. 12</REF.DOC.OJ>; EE 03/08, p. 167), y del Reglamento (CEE) n° 887/85 de la Comisión, de <DATE ISO="19850402">2 de abril de 1985</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="096" DATE.PUB="1985" PAGE.FIRST="12">DO L 96, p. 12</REF.DOC.OJ>; EE 03/34, p. 94), disponían:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>El derecho a la prima se adquirirá en el momento de la salida del tabaco [...] del lugar en el que haya sido puesto bajo control.</P><P>El hecho generador del derecho a la prima [...] se considerará producido en dicha fecha.<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>Con arreglo al apartado 1 del artículo 7 del mismo Reglamento, el importe de la prima (expresado en ECU) se adeudaba en el momento en que se adquiriera el derecho a la prima y se pagaba en el Estado miembro que hubiese expedido el certificado-prima.</TXT></NP><?PAGE NO="II-3122"?><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>La aplicación de estas diversas disposiciones tenía por efecto que, en el supuesto de que la moneda nacional hubiese sufrido una devaluación entre la fecha del pago del anticipo de la prima y la fecha en la que la prima se adeudaba, a saber, la fecha en que el tabaco salía del control, la empresa de transformación recibía, en el momento de la salida del control, un pago adicional correspondiente a la diferencia entre el importe de la prima convertido en moneda nacional al tipo aplicable en el momento del pago del anticipo y el mismo importe convertido al tipo aplicable en el momento de la salida del control.</TXT></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>En su sentencia de <DATE ISO="19971120">20 de noviembre de 1997</DATE>, Moskof (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-244/95" YEAR="1997" PAGE.ECR="I-6441">C-244/95, Rec. p. I-6441</REF.DOC.ECR>), apartados 53 y 93, el Tribunal de Justicia consideró que esta discordancia entre el momento en que el transformador percibía efectivamente el anticipo sobre la totalidad de la prima y la fecha del nacimiento del derecho a la prima tenía por consecuencia que los transformadores de los Estados miembros con monedas débiles optaran por sacar el tabaco del control lo más tarde posible, con objeto de aprovechar al máximo el beneficio especulativo derivado de la devaluación de la moneda nacional y, por consiguiente, al aumento del complemento de la prima. El Tribunal de Justicia señaló (apartado 53 de la sentencia) que, aun después de 1990, fecha en la que se limitó a un plazo de cuatro años, esta distancia en el tiempo entre el pago del anticipo sobre la prima y la salida del control había originado gastos cuyo carácter injustificado fue destacado, en particular, por el Tribunal de Cuentas en el punto 3.4 de su Informe Especial n° 8/93, sobre la organización común del mercado del tabaco crudo (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="065" DATE.PUB="1994" PAGE.FIRST="1">DO 1994, C 65, p. 1</REF.DOC.OJ>).</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>El Reglamento n° 727/70 fue sustituido por el Reglamento (CEE) n° 2075/92 del Consejo, de <DATE ISO="19920630">30 de junio de 1992</DATE>, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del tabaco crudo (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="215" DATE.PUB="1992" PAGE.FIRST="70">DO L 215, p. 70</REF.DOC.OJ>; en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>Reglamento n° 2075/92<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>). El sistema de precios de objetivo fue abandonado y la prima, aun cuando su pago continúa realizándose a través de la empresa de la primera transformación, está destinada actualmente al cultivador.</TXT></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>El artículo 6 del Reglamento n° 2075/92 establece en el primer guión de su apartado 1, que la empresa de primera transformación debe abonar al cultivador en el momento de la entrega del tabaco un importe igual a la prima, además del precio de compra. En su apartado 2 añade que el organismo competente reintegrará el<?PAGE NO="II-3123"?> importe de la prima a la empresa de primera transformación, previa presentación de los documentos justificantes. De este modo, ha desaparecido el intervalo temporal en materia de primas, que caracterizaba al régimen anterior.</TXT></NP><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>Sin embargo, puesto que, en virtud del artículo 28 del Reglamento n° 2075/92, el Reglamento n° 727/70 sólo se había derogado con efectos a partir de la cosecha de 1993, este último seguía siendo aplicable a las cosechas de tabaco anteriores a ésta que se hallaban en la situación descrita en los apartados 1 y 2 del artículo 3, y todo ello habida cuenta del <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>período de comercialización<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/> de cuatro años hasta 1997, fecha en la que la organización común de mercados de origen se extinguió definitivamente. Por lo tanto, para estas cosechas anteriores a 1993, las empresas de transformación seguían teniendo derecho a un anticipo sobre la prima una vez que el tabaco estuviese sometido a control, y la prima definitiva no se devengaba hasta que el tabaco salía del control después de su transformación. Por consiguiente, las consecuencias monetarias ligadas al intervalo temporal, también debían subsistir en principio.</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>En este contexto, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) n° 3477/93, de <DATE ISO="19931217">17 de diciembre de 1993</DATE>, relativo a los tipos de conversión agrícolas aplicables en el sector del tabaco (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="317" DATE.PUB="1993" PAGE.FIRST="30">DO L 317, p. 30</REF.DOC.OJ>; en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>Reglamento impugnado<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/> o <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>Reglamento n° 3477/93<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/>).</TXT></NP><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>Este Reglamento introdujo el principio de las fechas fijas para la conversión en moneda nacional de las diversas ayudas y primas establecidas en el marco de la nueva organización común de mercado.</TXT></NP><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>Además, con el fin de evitar las distorsiones de mercado, fijó el <DATE ISO="19930701">1 de julio de 1993</DATE> como hecho generador de la prima para los tabacos de las cosechas anteriores a 1993 (séptimo considerando).</TXT></NP><?PAGE NO="II-3124"?><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>Para ello, establece en su artículo 5:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>En lo que respecta al tabaco que salga del lugar de control a partir del <DATE ISO="19930701">1 de julio de 1993</DATE>, el tipo de conversión agrícola para la prima prevista en el artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 727/70 será el aplicable el <DATE ISO="19930701">1 de julio de 1993</DATE>.<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>En el párrafo primero de su artículo 6 se deroga el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento n° 1726/70.</TXT></NP><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>En el párrafo segundo de su artículo 7, se declara que es aplicable a partir del <DATE ISO="19930701">1 de julio de 1993</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>El Reglamento impugnado fue adoptado sobre la base del Reglamento (CEE) n° 3813/92 del Consejo, de <DATE ISO="19921228">28 de diciembre de 1992</DATE>, relativo a la unidad de cuenta y a los tipos de conversión aplicables en el marco de la Política Agrícola Común (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="387" DATE.PUB="1992" PAGE.FIRST="1">DO L 387, p. 1</REF.DOC.OJ>; en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>Reglamento n° 3813/92<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/>), que modificó el régimen agromonetario precedente, con vistas a la realización del mercado interior el <DATE ISO="19930101">1 de enero de 1993</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>El apartado 1 del artículo 6 del Reglamento n° 3813/92 recoge el principio, ya reconocido en el régimen agromonetario precedente, según el cual el tipo de conversión agrícola aplicable a un precio o importe particular es aquel que sea válido en el momento en que interviene el hecho generador, es decir, <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>el hecho por el que se alcanza el objetivo económico de la operación<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/>. No obstante, el apartado 2 del mismo artículo permite a la Comisión que determine un hecho generador específico del tipo de conversión agrícola, distinto del hecho generador general contemplado en el apartado 1.</TXT></NP><?PAGE NO="II-3125"?><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>El apartado 1 del artículo 13 del Reglamento n° 3813/92 establece que, en caso de que resulten necesarias medidas transitorias, tales medidas serán adoptadas por la Comisión y serán aplicables durante el período estrictamente necesario para facilitar la puesta en marcha del nuevo régimen.</TXT></NP><NP><NO.P>23</NO.P><TXT>El Reglamento (CEE) n° 1068/93 de la Comisión, de <DATE ISO="19930430">30 de abril de 1993</DATE>, por el que se establecen normas para determinar y aplicar los tipos de conversión utilizados en el sector agrario (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="108" DATE.PUB="1993" PAGE.FIRST="106">DO L 108, p. 106</REF.DOC.OJ>) enuncia, en su artículo 23, que las disposiciones relativas a los hechos generadores de los tipos de conversión agrícola (artículos 9 a 12) son aplicables a partir del <DATE ISO="19930701">1 de julio de 1993</DATE> en el caso de los productos o importes para los que no exista campaña de comercialización. Tal es el caso del tabaco crudo, como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia Moskof, antes citada (apartado 18).</TXT></NP><NP><NO.P>24</NO.P><TXT>En estas circunstancias, y como señaló el Tribunal de Justicia en esta última sentencia (apartados 71 a 78), el artículo 5 del Reglamento impugnado en el presente asunto aparece como una disposición transitoria, cuyo objetivo es evitar la incoherencia que habría resultado de una aplicación simultánea de la antigua y la nueva normativa agromonetaria y que habría consistido en que los tabacos de las cosechas anteriores a 1993 habrían salido, con toda probabilidad, del control más tarde que los tabacos de las cosechas de 1993 y posteriores.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>El impacto del Reglamento impugnado sobre las demandantes</P></TI></TITLE><NP><NO.P>25</NO.P><TXT>Las demandantes critican a la Comisión por haber <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>congelado<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/>, mediante el Reglamento impugnado, el hecho generador del tipo de conversión agrícola en la fecha fija de <DATE ISO="19930701">1 de julio de 1993</DATE>, y por haber abandonado el sistema anterior de los hechos generadores variables, según el cual, el derecho al pago de la prima podía ser ejercitado por las empresas de transformación de tabaco en cualquier momento durante el período de comercialización de cuatro años. En el momento de la compra del tabaco crudo, dichas empresas habían pagado a los cultivadores un precio elevado en el que ya estaba incluida la prima que iban a recibir posteriormente, cuando el tabaco saliera del control. Con arreglo al nuevo sistema, ya no podrían cubrir el precio de compra elevado, puesto que ya no iban a percibir la prima al tipo de<?PAGE NO="II-3126"?> conversión agrícola en vigor en la fecha de la salida del tabaco del control. Debido a la continua depreciación de la moneda griega en relación con el ECU, la <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>congelación<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/> del tipo de conversión agrícola iba a infligir a las demandantes perjuicios considerables.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Procedimiento</P></TI></TITLE><NP><NO.P>26</NO.P><TXT>Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el <DATE ISO="19940311">11 de marzo de 1994</DATE>, las demandantes interpusieron el presente recurso.</TXT></NP><NP><NO.P>27</NO.P><TXT>Mediante auto de <DATE ISO="19941006">6 de octubre de 1994</DATE>, el Presidente de la Sala Primera ampliada admitió la intervención de la República Helénica en el asunto, en apoyo de las pretensiones de las demandantes.</TXT></NP><NP><NO.P>28</NO.P><TXT>El <DATE ISO="19950704">4 de julio de 1995</DATE>, la Sala Primera ampliada formuló a las partes varias preguntas sobre la admisibilidad del recurso, a las que respondieron dentro del plazo señalado.</TXT></NP><NP><NO.P>29</NO.P><TXT>Mediante decisión del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19950919">19 de septiembre de 1995</DATE>, el Juez Ponente fue destinado a la Sala Segunda ampliada a la cual se atribuyó, en consecuencia, el asunto.</TXT></NP><NP><NO.P>30</NO.P><TXT>Mediante auto de <DATE ISO="19960109">9 de enero de 1996</DATE>, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) suspendió el procedimiento en el asunto T-100/94 hasta que se dictara la sentencia del Tribunal de Justicia que pusiera fin al proceso en el asunto C-244/95, Moskof, que tenía por objeto una petición presentada por un órgano jurisdiccional helénico con el fin de obtener una decisión con carácter prejudicial sobre la validez del Reglamento n° 3477/93.</TXT></NP><?PAGE NO="II-3127"?><NP><NO.P>31</NO.P><TXT>Mediante la sentencia Moskof, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró en dicho asunto que el análisis de los distintos motivos formulados por el órgano jurisdiccional nacional en sus cuestiones prejudiciales no había revelado la existencia de ningún elemento que pudiera afectar a la validez del artículo 5 del Reglamento n° 3477/93.</TXT></NP><NP><NO.P>32</NO.P><TXT>Como respuesta a una solicitud del Tribunal de Primera Instancia, las partes presentaron entre el <DATE ISO="19980205">5</DATE> y el <DATE ISO="19980216">16 de febrero de 1998</DATE> sus observaciones sobre las posibles consecuencias de dicha sentencia en el presente litigio.</TXT></NP><NP><NO.P>33</NO.P><TXT>Tras haber señalado la inadmisibilidad del presente recurso, la Comisión consideró que, en su sentencia Moskof, el Tribunal de Justicia había adoptado posición, esencialmente, sobre la totalidad de los motivos que también habían invocado las demandantes para obtener la anulación del Reglamento impugnado. La parte demandada dedujo de ello que, en todo caso, el recurso debía ser desestimado por infundado.</TXT></NP><NP><NO.P>34</NO.P><TXT>La República Helénica estimó igualmente que el Tribunal de Justicia ya había respondido a las cuestiones jurídicas invocadas ante el Tribunal de Primera Instancia. Se remitió a la apreciación del Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la continuación que hubiera de darse al presente procedimiento.</TXT></NP><NP><NO.P>35</NO.P><TXT>Las partes demandantes criticaron, desde diversos puntos de vista, las constataciones de hecho y los fundamentos de Derecho efectuados por el Tribunal de Justicia en la sentencia Moskof.</TXT></NP><NP><NO.P>36</NO.P><TXT>Mediante decisión del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19980609">9 de junio de 1998</DATE>, adoptada de conformidad con los artículos 14 y 51 del Reglamento de Procedimiento, el asunto fue asignado a la Sala Segunda integrada por tres Jueces.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="II-3128"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Pretensiones de las partes</P></TI></TITLE><NP><NO.P>37</NO.P><TXT>Las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>Declare inválidos el artículo 5, el primer guión del artículo 6 y el párrafo segundo del artículo 7 del Reglamento impugnado.</P></ITEM><ITEM><P>Condene en costas a la Comisión.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>38</NO.P><TXT>La parte coadyuvante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>Estime el recurso de anulación interpuesto.</P></ITEM><ITEM><P>Condene en costas a la Comisión.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>39</NO.P><TXT>La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>Declare la inadmisibilidad del recurso o, en su defecto, lo declare infundado.</P></ITEM><ITEM><P>Condene en costas a las partes demandantes.</P></ITEM></LIST></P></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="II-3129"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sobre la admisibilidad del recurso</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Argumentos de las partes</P></TI></TITLE><NP><NO.P>40</NO.P><TXT>La Comisión alega la inadmisibilidad del recurso debido a que no concurren los requisitos exigidos en el párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado CE. De la mera lectura de los textos se desprende que el Reglamento impugnado regula, con carácter general, la aplicación de los tipos de conversión agrícolas en el sector del tabaco y se dirige a todas las personas físicas o jurídicas que comercializan dicho producto. Aun en el supuesto de que el Reglamento impugnado sea equivalente a una decisión dirigida a los comerciantes de tabaco, no obstante dicha decisión no puede afectar a los demandantes individualmente.</TXT></NP><NP><NO.P>41</NO.P><TXT>En la medida en que las demandantes se consideran individualmente afectadas debido:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>A la celebración de <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>contratos de cultivo europeos<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/> con los productores para el tabaco de las cosechas 1989, 1990, 1991 y 1992;</P></ITEM><ITEM><P>al hecho de que dicho tabaco no había salido del control el <DATE ISO="19930701">1 de julio de 1993</DATE>;</P></ITEM><ITEM><P>al hecho de que dichos contratos ya habían sido registrados ante las autoridades nacionales competentes y</P></ITEM><ITEM><P>al pago de adelantos sobre las primas ya efectuado,</P></ITEM></LIST></P><P>la Comisión subraya que no tuvo conocimiento de la existencia de dichos contratos y que, por otra parte, no necesita tener conocimiento de ellos para administrar la organización común de mercado.</P></NP><?PAGE NO="II-3130"?><NP><NO.P>42</NO.P><TXT>Añade que nunca solicitó a los Estados miembros que le comunicaran esta clase de datos personales. Tuvo conocimiento de las cantidades totales de tabaco importadas y exportadas gracias a los controles de la calidad y de la variedad, y no mediante el control de los productores que entregan tabaco o de los transformadores que lo reciben.</TXT></NP><NP><NO.P>43</NO.P><TXT>Las actividades económicas de las demandantes, como ellas mismas confirmaron, representan menos del 40 % del mercado griego de tabaco. Esto significa que el Reglamento impugnado afecta a un círculo mucho más amplio de empresas griegas, a las que habría que añadir todos los comerciantes italianos de tabaco, si fuera exacto que las sociedades que comercializan tabaco en los Estados miembros que tienen una moneda estable están menos afectadas por el Reglamento impugnado. Por otra parte, Grecia, aunque es el principal país productor de tabaco en la Comunidad, no es el único y no tiene en modo alguno la exclusiva de padecer tensiones inflacionistas y, por consiguiente, tendencias a una fuerte fluctuación de su moneda.</TXT></NP><NP><NO.P>44</NO.P><TXT>Por último, la Comisión destaca que, aun en el supuesto de que el círculo de los transformadores afectados por el Reglamento impugnado haya quedado definitivamente cerrado en el momento de la adopción del acto impugnado, se trataría prácticamente de la totalidad de los transformadores de tabaco de la Comunidad que han podido celebrado contratos de cultivo europeos. Ahora bien, el hecho de que el número de operadores sea limitado, no basta para individualizarlos. De otro modo, cabría sostener que cualquier medida de esta naturaleza afecta en abstracto a un sector dado de operadores, más o menos amplio. Mediante reducción al absurdo podría llegarse a la conclusión de que, prácticamente la totalidad de los Reglamentos de la Política Agrícola Común afecta individualmente a los agricultores interesados, que son conocidos por la Administración en todo momento, bien porque están inscritos en los registros, o porque solicitaron concretamente el beneficio de los diversos mecanismos de esta Política. Esta posibilidad de individualización que no excluye a nadie, no corresponde en absoluto al interés exigido por el artículo 173 del Tratado.</TXT></NP><NP><NO.P>45</NO.P><TXT>Las demandantes, apoyadas por el Gobierno helénico, sostienen, basándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (en particular, las sentencias de <DATE ISO="19710513">13 de mayo<?PAGE NO="II-3131"?> de 1971</DATE>, International Fruit Company y otros/Comisión, asuntos acumulados <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="41/70+42/70+43/70+44/70" YEAR="1971" PAGE.ECR="411">41/70, 42/70, 43/70 y 44/70, Rec. p. 411</REF.DOC.ECR>; de <DATE ISO="19850117">17 de enero de 1985</DATE>, Piraiki-Patraiki y otros/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="11/82" YEAR="1985" PAGE.ECR="207">11/82, Rec. p. 207</REF.DOC.ECR>; de <DATE ISO="19850711">11 de julio de 1985</DATE>, Salerno y otros/Comisión y Consejo, asuntos acumulados <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="87/77+130/77+22/83+9/84+10/84" YEAR="1985" PAGE.ECR="2523">87/77, 130/77, 22/83, 9/84 y 10/84, Rec. p. 2523</REF.DOC.ECR>; de <DATE ISO="19900626">26 de junio de 1990</DATE>, Sofrimport/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-152/88" YEAR="1990" PAGE.ECR="I-2477">C-152/88, Rec. p. I-2477</REF.DOC.ECR>; de <DATE ISO="19901106">6 de noviembre de 1990</DATE>, Weddel/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-354/87" YEAR="1990" PAGE.ECR="I-3847">C-354/87, Rec. p. I-3847</REF.DOC.ECR>; de <DATE ISO="19910516">16 de mayo de 1991</DATE>, Extramet Industrie/Consejo, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-358/89" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-2501">C-358/89, Rec. p. I-2501</REF.DOC.ECR>, y de <DATE ISO="19940518">18 de mayo de 1994</DATE>, Codorniu/Consejo, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-309/89" YEAR="1994" PAGE.ECR="I-1853">C-309/89, Rec. p. I-1853</REF.DOC.ECR>), que, por el contrario, el acto impugnado sólo es un Reglamento desde el punto de vista formal y que, en realidad, constituye una Decisión que las afecta directa e individualmente: directamente, porque las disposiciones impugnadas se aplican a los Estados miembros que no disponen de ningún margen de apreciación para determinar el importe final de la prima que debe pagarse a las empresas de transformación con arreglo al artículo 7 del Reglamento n° 1726/70, e, individualmente, porque dichas disposiciones, retroactivas, se aplican a un círculo bien determinado de empresas y, por ello, constituyen un haz de Decisiones individuales.</TXT></NP><NP><NO.P>46</NO.P><TXT>Sobre este último extremo, las partes demandantes y coadyuvante subrayan que el artículo 5 del Reglamento impugnado atañe sólo a las empresas de transformación cuyo tabaco de las cosechas 1989, 1990, 1991 y 1992 no haya salido del control el <DATE ISO="19930701">1 de julio de 1993</DATE>. Por consiguiente, dichas personas constituyen un círculo restringido que está irrevocablemente fijado y que no puede ser ampliado después de la adopción del Reglamento controvertido. Además, en el momento de la adopción de dicho Reglamento, la Comisión conocía a estas personas. En efecto, con arreglo al Reglamento n° 1726/70, poseían certificados-primas, emitidos cuando el tabaco fue sometido a control, en los que figuran de modo preciso las cantidades de tabaco, el año de la cosecha y la identidad de los transformadores. Gracias a estos certificados-primas, así como a los contratos de cultivo europeos celebrados con los cultivadores y registrados, la Comisión conocía con exactitud, para todas las cosechas anteriores a 1993, las cantidades de tabaco sometidas a control y las personas que las habían puesto bajo control, las cantidades de tabaco salidas del control, así como las cantidades de tabaco que seguían sometidas a un régimen de control en el momento de la adopción del Reglamento impugnado.</TXT></NP><NP><NO.P>47</NO.P><TXT>Las partes demandantes y coadyuvante deducen de ello que la posición jurídica de las personas a las que se dirige el Reglamento impugnado resulta afectada debido a una situación de hecho que las caracteriza en relación con cualquier otro transformador de tabaco de cosechas anteriores a la cosecha de 1993. La Comisión conocía esta situación particular —a saber, el número limitado, la dimensión y la identidad<?PAGE NO="II-3132"?> de las empresas afectadas— o, por lo menos, podía conocerla. En efecto, estuvo regularmente informada por los Estados miembros acerca de todos los procedimientos de puesta bajo control y de salida del control de los tabacos de cosechas anteriores a la de 1993. Por otra parte, la Comisión había pagado a las demandantes los anticipos sobre las primas para los tabacos de que se trata.</TXT></NP><NP><NO.P>48</NO.P><TXT>Remitiéndose a la respuesta dada por la Comisión en el Informe Especial n° 8/93 del Tribunal de Cuentas sobre la organización común del mercado de tabaco crudo (antes citado en el apartado 10), las demandantes destacan que la propia Comisión confirmó que había mejorado su conocimiento del mercado, subrayando el carácter limitado del número de operadores económicos presentes en este sector (punto 7.3). Por último, exponen que Grecia es el primer productor comunitario de tabaco y que la moneda griega experimenta una divergencia particularmente importante frente al ECU. Por consiguiente, al adoptar el Reglamento impugnado, la Comisión ha perjudicado esencialmente a las empresas griegas de transformación, que, por consiguiente, están suficientemente individualizadas. La organización común del mercado del tabaco no tiene como único objetivo el de sostener el sector de los productores, sino que también extiende el régimen favorable instaurado al sector de los comerciantes, que cumplen una importante función en el sistema establecido. En efecto, sólo gracias a las primas, incluidas en los contratos de cultivo europeos, pueden comercializar el tabaco producido en la Comunidad las empresas de transformación. Ahora bien, después de la <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>congelación<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/> del tipo de conversión agrícola en virtud del Reglamento impugnado, las demandantes ya no pueden ejecutar los contratos de cultivo firmados, sin sufrir un perjuicio muy grave que excede cualquier idea de riesgo comercial.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Apreciación del Tribunal de Primera Instancia</P></TI></TITLE><NP><NO.P>49</NO.P><TXT>De conformidad con el artículo 113 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia, al pronunciarse en las condiciones establecidas en los apartados 3 y 4 del artículo 114 del mismo Reglamento, podrá examinar de oficio, en cualquier momento, las causas de inadmisión de la demanda por motivos de orden público, entre las cuales figuran, según reiterada jurisprudencia, los requisitos de<?PAGE NO="II-3133"?> admisibilidad de un recurso fijados por el artículo 173 del Tratado (sentencia del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19970123">23 de enero de 1997</DATE>, Coen, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-246/95" YEAR="1997" PAGE.ECR="I-403">C-246/95, Rec. p. I-403, apartado 21</REF.DOC.ECR>, y auto del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19980324">24 de marzo de 1998</DATE>, Meyer y otros/Tribunal de Justicia, T-181/97, no publicado en la Recopilación, apartados 10 y siguientes).</TXT></NP><NP><NO.P>50</NO.P><TXT>En el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia estima que se halla suficientemente informado por los documentos que obran en autos para poder pronunciarse sobre la admisibilidad del presente recurso en relación con el párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado, sin entrar en la fase oral del procedimiento.</TXT></NP><NP><NO.P>51</NO.P><TXT>El párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado atribuye a los particulares el derecho a impugnar cualquier decisión que, aunque revista la forma de un Reglamento, los afecte directa e individualmente. El objetivo de dicha disposición es, principalmente, evitar que, mediante la mera elección de la forma de Reglamento, las Instituciones comunitarias puedan excluir el recurso de un particular contra una Decisión que le afecta directa e individualmente, y precisar de este modo que la elección de la forma no puede cambiar la naturaleza de un acto (véanse, la sentencia del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19800617">17 de junio de 1980</DATE>, Calpak y Società Emiliana Lavorazione Frutta/Comisión, asuntos acumulados <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="789/79+790/79" YEAR="1980" PAGE.ECR="1949">789/79 y 790/79, Rec. p. 1949, apartado 7</REF.DOC.ECR>, y el auto del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19931028">28 de octubre de 1993</DATE>, FRSEA y FNSEA/Consejo, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-476/93" YEAR="1993" PAGE.ECR="II-1187">T-476/93, Rec. p. II-1187, apartado 19</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>52</NO.P><TXT>El criterio de distinción entre el Reglamento y la decisión debe buscarse en el alcance general o no del acto de que se trata (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19821006">6 de octubre de 1982</DATE>, Alusuisse Italia/Consejo y Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="307/81" YEAR="1982" PAGE.ECR="3463">307/81, Rec. p. 3463, apartado 8</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>53</NO.P><TXT>En el presente asunto, procede analizar la naturaleza de las disposiciones discutidas del Reglamento impugnado y, en particular, los efectos jurídicos que pretenden producir o que efectivamente producen.</TXT></NP><NP><NO.P>54</NO.P><TXT>Dichas disposiciones regulan un producto determinado —el tabaco de las cosechas anteriores a la de 1993, que no haya salido del control antes del <DATE ISO="19930701">1 de julio de 1993</DATE>—<?PAGE NO="II-3134"?> y fijan el tipo de conversión entre el ECU y las distintas monedas nacionales, aplicable a la prima concedida para este producto. Al mismo tiempo, establecen la derogación de las disposiciones divergentes del régimen anterior. Las disposiciones discutidas están redactadas en términos generales y abstractos, no mencionan nominalmente a las demandantes ni se dirigen a operadores económicos determinados, tales como las sociedades demandantes.</TXT></NP><NP><NO.P>55</NO.P><TXT>Por lo tanto, el Reglamento impugnado se presenta como una medida de alcance general en el sentido del artículo 189 del Tratado. Se aplica a situaciones determinadas objetivamente y produce efectos jurídicos en relación con categorías de personas contempladas de forma general y abstracta (véase, en este sentido, el auto del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19950619">19 de junio de 1995</DATE>, Kik/Consejo y Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-107/94" YEAR="1995" PAGE.ECR="II-1717">T-107/94, Rec. p. II-1717, apartado 35</REF.DOC.ECR>, y la jurisprudencia citada), a saber, todos los operadores económicos activos en el sector del tabaco que, dentro de la Comunidad, hubiesen puesto bajo control el tabaco de las cosechas anteriores a la de 1993 y cuyo tabaco aún no hubiera salido de dicho control antes del <DATE ISO="19930701">1 de julio de 1993</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>56</NO.P><TXT>Sin embargo, en estas circunstancias, incluso un acto normativo aplicable a la generalidad de los operadores económicos interesados puede afectar individualmente a algunos de ellos, siempre que resultan afectados por el acto controvertido a causa de ciertas cualidades que les son propias o de una situación de hecho que los caracteriza en relación con cualesquiera otras personas (sentencia Codorniu/Consejo, antes citada, apartados 19 y 20).</TXT></NP><NP><NO.P>57</NO.P><TXT>En consecuencia, procede examinar si las disposiciones normativas impugnadas han individualizado a las demandantes.</TXT></NP><NP><NO.P>58</NO.P><TXT>Las demandantes, apoyadas por la parte coadyuvante, alegan que pertenecen a un círculo restringido de empresas irrevocablemente fijado en la fecha decisiva, a saber el <DATE ISO="19930701">1 de julio de 1993</DATE>, cuya identidad, número y dimensión eran conocidos por la Comisión y que, por consiguiente, las disposiciones discutidas constituyen en realidad un haz de Decisiones individuales adoptadas por la Comisión únicamente<?PAGE NO="II-3135"?> respecto a estas empresas. Sobre este extremo, cabe recordar que la posibilidad de determinar con mayor o menor precisión el número o incluso la identidad de los sujetos de Derecho a los que se aplica un acto en un momento dado no basta para contradecir el alcance general y, por tanto, la naturaleza normativa de dicho acto y en absoluto implica que dichos sujetos deban ser considerados como afectados individualmente por el acto, siempre que conste que la citada aplicación se efectúa en virtud de una situación objetiva de hecho o de Derecho definida por el acto y relacionada con la finalidad de este último (sentencias del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19680711">11 de julio de 1968</DATE>, Zuckerfabrik Watenstedt/Consejo, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="6/68" YEAR="1968" PAGE.ECR="595">6/68, Rec. pp. 595, 605 y 606</REF.DOC.ECR>; de <DATE ISO="19700416">16 de abril de 1970</DATE>, Compagnie française commerciale et financière/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="64/69" YEAR="1970" PAGE.ECR="221">64/69, Rec. p. 221, apartado 11</REF.DOC.ECR>; de <DATE ISO="19770505">5 de mayo de 1977</DATE>, Koninklije Scholten Honig/Consejo y Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="101/76" YEAR="1977" PAGE.ECR="797">101/76, Rec. p. 797, apartado 23</REF.DOC.ECR>; autos del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19930524">24 de mayo de 1993</DATE>, Arnaud y otros/Consejo, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-131/92" YEAR="1993" PAGE.ECR="I-2573">C-131/92, Rec. p. I-2573, apartado 13</REF.DOC.ECR>; de <DATE ISO="19930712">12 de julio de 1993</DATE>, Gibraltar y Gibraltar Development/Consejo, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-168/93" YEAR="1993" PAGE.ECR="I-4009">C-168/93, Rec. p. I-4009, apartado 12</REF.DOC.ECR>, y de <DATE ISO="19971218">18 de diciembre de 1997</DATE>, Sveriges Betodlares y Henrikson/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-409/96 P" YEAR="1997" PAGE.ECR="I-7531">C-409/96 P, Rec. p. I-7531, apartado 37</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>59</NO.P><TXT>En el caso de autos, no se ha demostrado que la fijación del tipo de conversión entre ECU y moneda nacional en las disposiciones impugnadas estuviese dirigida específicamente a las sociedades demandantes. Por el contrario, los operadores económicos afectados forman un grupo bastante heterogéneo que, con arreglo al artículo 3 del Reglamento n° 727/70, está integrado, por una parte, por compradores de tabaco, es decir, sociedades mercantiles, y, por otra, por cultivadores que han puesto su propio tabaco bajo control. Además, del Informe Especial n° 8/93 del Tribunal de Cuentas, citado por las demandantes, resulta que estas dos categorías de operadores económicos están establecidas en siete Estados miembros de la Comunidad que son productores de tabaco en hoja, a saber, Bélgica, Alemania, España, Francia, Italia, Grecia y Portugal. Por consiguiente, existen siete relaciones diferentes entre el ECU y la moneda nacional.</TXT></NP><NP><NO.P>60</NO.P><TXT>A continuación, es preciso recordar que, puesto que las disposiciones impugnadas constituyen una normativa transitoria destinada a facilitar el paso del antiguo al nuevo régimen agromonetario general, el carácter normativo de ambos no suscita duda alguna. Por ello, aun cuando afecten a un círculo restringido de operadores económicos, no pierden por ello su naturaleza normativa. A este respecto, el Tribunal de Justicia afirmó en su auto Arnaud y otros/Consejo, antes citado (apartados 4, 13, 15 y 16), que una disposición que tiene por objeto establecer una medida transitoria, aunque afecte a un círculo cerrado de operadores económicos —a saber,<?PAGE NO="II-3136"?> todos aquellos que hayan desempeñado una actividad económica determinada durante un cierto período y cuyos establecimientos estén inscritos en un registro comunitario— produce efectos jurídicos con respecto a categorías de personas contempladas en términos generales y abstractos.</TXT></NP><NP><NO.P>61</NO.P><TXT>Las demandantes alegan que, los productores de tabaco griegos resultan especialmente afectados por las disposiciones impugnadas. Sobre este extremo, es preciso admitir que los operadores económicos establecidos en un país con <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>moneda flotante<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/>, como Grecia o Italia en la época de que se trata, pueden ver su situación obstaculizada, mientras que los operadores establecidos en un país con <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>moneda fuerte<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/> podrían incluso beneficiarse de esta circunstancia en el supuesto de que el tipo de conversión aplicable en la fecha de <DATE ISO="19930701">1 de julio de 1993</DATE> les sea más favorable que el tipo en vigor en una fecha posterior en que tenga lugar la salida efectiva de su tabaco del control. Sin embargo, la circunstancia de que las disposiciones impugnadas puedan tener efectos concretos distintos para los diversos sujetos de Derecho a los que se aplican no contradice, por sí misma, su carácter reglamentario, siempre que esta situación esté objetivamente determinada (sentencias Koninklijke Scholten Honig/Consejo y Comisión, antes citada, apartado 24, y Sveriges Betodlares y Henrikson/Comisión, antes citada, apartado 37).</TXT></NP><NP><NO.P>62</NO.P><TXT>Puesto que las disposiciones impugnadas en el caso de autos se refieren a diferentes categorías de personas y a diferentes situaciones de conversión monetaria, tampoco puede tratarse de un haz de decisiones individuales en el sentido de las citadas sentencias International Fruit Company y otros /Comisión (apartado 21) y Weddel/Comisión (apartado 23), invocadas por las demandantes. Procede observar que dichas sentencias se refieren a situaciones específicas relativas a solicitudes individuales de licencias de importación y que los Reglamentos impugnados en esos asuntos se habían adoptado como respuesta a dichas solicitudes. Ahora bien, en el presente asunto, la Comisión no había recibido ninguna solicitud de las demandantes sobre cuya base se hubiese adoptado la normativa transitoria controvertida. Por consiguiente, las dos sentencias antes citadas carecen de pertinencia para la solución del presente litigio.</TXT></NP><?PAGE NO="II-3137"?><NP><NO.P>63</NO.P><TXT>Lo mismo sucede en lo que respecta a la sentencia Salerno y otros/Comisión y Consejo, antes citada, habida cuenta de que dicha sentencia se pronunció en el ámbito particular de la función pública y se refiere a un Reglamento que había sido adoptado para contratar 56 agentes cuya identidad estaba definitivamente determinada en el momento de su adopción.</TXT></NP><NP><NO.P>64</NO.P><TXT>Por lo que se refiere a la sentencia Sofrimport/Comisión, antes citada, cabe recordar que, en el asunto que dio lugar a esta sentencia, se declaró la admisibilidad del recurso interpuesto por un importador contra un Reglamento que prohibía la expedición de certificados de importación por la única razón de que el demandante se hallaba en una situación amparada por otro Reglamento que imponía a la Comisión, precisamente, tener en cuenta dicha situación (apartados 11 a 13 de la sentencia). Ahora bien, en el caso de autos, la normativa comunitaria pertinente no contiene ninguna disposición específica que obligara a la Comisión a tener en cuenta, en el momento de la adopción de las disposiciones impugnadas, las consecuencias de éstas en la situación de las demandantes.</TXT></NP><NP><NO.P>65</NO.P><TXT>Por otra parte, el hecho de que las demandantes sufran eventualmente perjuicios en el cumplimiento de determinados contratos de cultivo europeos relativos al tabaco de las cosechas a que se refiere el Reglamento impugnado no puede individualizarlas en el sentido de la sentencia Piraiki-Patraiki y otros/Comisión, antes citada. En efecto, al contrario de la decisión examinada en dicha sentencia, que versaba sobre una autorización para establecer una medida de salvaguardia comercial que impedía el cumplimiento de contratos de importación que el demandante había celebrado antes de su adopción (apartado 19), el Reglamento impugnado, aunque puede menoscabar la situación económica de las demandantes, no tiene el efecto de impedir el cumplimiento de los contratos de cultivo controvertidos.</TXT></NP><NP><NO.P>66</NO.P><TXT>Las demandantes también invocan la sentencia Codorníu/Consejo. El Tribunal de Justicia declaró en esta sentencia que una disposición de naturaleza normativa puede afectar individualmente a determinados operadores económicos en la medida en que lesione derechos específicos de estos últimos (véanse el auto del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19951123">23 de noviembre de 1995</DATE>, Asocarne/Consejo, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-10/95 P" YEAR="1995" PAGE.ECR="I-4149">C-10/95 P, Rec. p. I-4149, apartado 43</REF.DOC.ECR>, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19960710">10 de julio de 1996</DATE>, Weber/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-482/93" YEAR="1996" PAGE.ECR="II-609">T-482/93, Rec. p. II-609, apartado 67</REF.DOC.ECR>). Sin embargo, en el caso de autos, las demandantes no habían adquirido, antes de la adopción del Reglamento impugnado,<?PAGE NO="II-3138"?> ningún derecho a que se les aplicase un tipo de conversión determinado. En efecto, el tipo de conversión se fijaba únicamente en función de la evolución monetaria de la dracma y, por lo tanto, dependía de la actividad de los mercados y de las medidas eventualmente adoptadas por las autoridades helénicas competentes en la materia.</TXT></NP><NP><NO.P>67</NO.P><TXT>Por consiguiente, el hecho de que las demandantes posean certificados-primas, el hecho de que hayan firmado contratos de cultivo europeos registrados y el hecho de que la Comisión ya les hubiera pagado adelantos sobre las primas, tampoco las individualiza. En efecto, estas tres circunstancias, lejos de conferir derechos monetarios concretos, están comprendidas en la actividad comercial normal de cualquier empresa que comercializa tabaco bajo el régimen de organización común de mercado.</TXT></NP><NP><NO.P>68</NO.P><TXT>Por último, las demandantes no pueden referirse eficazmente a la sentencia Extramet Industrie/Consejo, antes citada. En efecto, en el asunto que dio lugar a esta sentencia, se declaró la admisibilidad del recurso, interpuesto contra un Reglamento por el que se establecen derechos antidumping, debido a que la demandante había demostrado la existencia de un conjunto de elementos constitutivos de una situación particular, dada su posición económica y de competencia muy específica (apartado 17 de la sentencia). Ahora bien, no existen elementos comparables en el presente asunto.</TXT></NP><NP><NO.P>69</NO.P><TXT>Por añadidura, como declaró el Tribunal de Justicia en su sentencia Moskof, antes citada (apartados 68 a 70), el artículo 5 del Reglamento n° 3477/93, que pone fin a la posibilidad que tenían los transformadores de tabaco de elegir el momento de la realización del hecho generador del tipo de conversión agrícola, no puede violar el principio de la confianza legítima, subrayando además que dichos transformadores no pueden invocar un derecho adquirido al mantenimiento de una ventaja que para ellos resulta del establecimiento de la organización común de mercados y de la cual se beneficiaron en un momento determinado. Por consiguiente, las demandantes no pueden invocar ni una confianza legítima ni un derecho adquirido cuya violación por el Reglamento impugnado podría individualizarles en el sentido del párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado.</TXT></NP><?PAGE NO="II-3139"?><NP><NO.P>70</NO.P><TXT>De las consideraciones que anteceden se desprende que las demandantes no están individualmente afectadas por el artículo 5, el primer guión del artículo 6 y el párrafo segundo del artículo 7 del Reglamento n° 3477/93.</TXT></NP><NP><NO.P>71</NO.P><TXT>Por consiguiente, debe declararse la inadmisibilidad del recurso, sin que sea necesario pronunciarse sobre la cuestión de si las demandantes están directamente afectadas por dichas disposiciones.</TXT></NP><NP><NO.P>72</NO.P><TXT>A mayor abundamiento, es preciso señalar que, a pesar de la inadmisibilidad declarada mediante la presente decisión, las demandantes tenían la posibilidad de cuestionar la legalidad del artículo 5 del Reglamento n° 3477/93. En efecto, como ha demostrado la sentencia Moskof, antes citada, una de ellas impugnó ante el órgano jurisdiccional nacional competente una decisión del organismo de intervención nacional que, adoptada sobre la base de dicha disposición normativa, le resultaba lesiva y el órgano jurisdiccional nacional planteó una petición prejudicial ante el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 177 del Tratado, que cuestiona, desde once puntos de vista diferentes, la validez del Reglamento n° 3477/93 (véanse los apartados 30 a 35 <HT TYPE="ITALIC">supra).</HT></TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Costas</P></TI></TITLE><NP><NO.P>73</NO.P><TXT>Con arreglo al apartado 2 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de las partes demandantes y al haber solicitado la Comisión su condena en costas, procede condenarlas solidariamente al pago de las costas de ésta.</TXT></NP><NP><NO.P>74</NO.P><TXT>Con arreglo al apartado 4 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, la República Helénica, parte coadyuvante, soportará sus propias costas.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="II-3140"?><JURISDICTION><INTRO><P>En virtud de todo lo expuesto,</P><P>EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)</P><P>resuelve:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>Declarar la inadmisibilidad del recurso.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Condenar solidariamente a las partes demandantes al pago de las costas de la Comisión. La parte coadyuvante cargará con sus propias costas.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Dictado en Luxemburgo, a <DATE ISO="19980915">15 de septiembre de 1998</DATE>.</P><SIGNATORY><P>El Secretario</P><P>H. Jung</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>El Presidente</P><P>A. Kalogeropoulos</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>