Edición provisional

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. NICHOLAS EMILIOU

presentadas el 30 de octubre de 2025 (1)

Asunto C‑198/24

TQ

contra

Mr Green Limited

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunal Regional de lo Civil de Viena, Austria)]

« Petición de decisión prejudicial — Cooperación judicial en materia civil y mercantil — Cobro transfronterizo de deudas — Procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas — Reglamento (UE) n.º 655/2014 — Carácter no contradictorio del procedimiento por el que se dicta la orden de retención — Artículo 11 — Consecuencias de una petición de decisión prejudicial planteada durante dicho procedimiento — Requisitos para dictar una orden de retención — Artículo 7 — Periculum in mora — Riesgo real de que, sin una orden de retención, la ejecución ulterior del crédito del acreedor se vea impedida o resulte considerablemente más difícil — Elementos que pueden tenerse en cuenta en la evaluación de dicho requisito »






I.      Introducción

1.        La presente petición de decisión prejudicial, planteada por el Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunal Regional de lo Civil de Viena, Austria), forma parte de una serie de asuntos (2) relativos a juegos de azar en línea ofrecidos por sociedades establecidas en Malta. Por lo general, los sitios de Internet que explotan no solo son accesibles desde otros Estados miembros, sino que también se dirigen (a través de los nombres de esos sitios de Internet, del lenguaje utilizado en ellos, de la publicidad, etc.) a esos otros Estados miembros (en el presente asunto, Austria). Estas sociedades prestan sus servicios sobre la base de licencias de juego expedidas por la Autoridad de Juegos de Azar de Malta con arreglo al Derecho maltés. Sin embargo, no siempre cuentan con licencias expedidas por las autoridades de los Estados miembros destinatarios para ofrecer esos juegos en su territorio, como exige la normativa sobre juegos de azar de dichos Estados.

2.        Un número significativo de consumidores de esos Estados miembros destinatarios participa en esos juegos de azar en línea y muchos de ellos pierden cantidades considerables de dinero. En los últimos años, algunos jugadores han intentado recuperar sus pérdidas incoando procedimientos civiles ante sus órganos jurisdiccionales locales (3) contra sociedades de juegos de azar maltesas. Normalmente se alega que i) el consumidor realizó y perdió apuestas en los juegos de azar en virtud de un contrato de juego celebrado con una de esas sociedades; ii) dado que la sociedad en cuestión carecía de licencia de las autoridades del Estado miembro destinatario, los juegos de azar ofrecidos eran ilegales y, por lo tanto, dicho contrato era nulo de pleno derecho de conformidad con el Derecho local en materia de contratos, y, iii) en consecuencia, dicha sociedad debe restituir esas apuestas en virtud de la normativa en materia de enriquecimiento injusto. Al parecer, se han tramitado o están actualmente pendientes miles de demandas de este tipo en Austria y Alemania. Resulta asimismo que, hasta el momento, en la mayoría de los casos los órganos jurisdiccionales de estos Estados miembros han estimado las demandas.

3.        Como era de esperar, las sociedades maltesas de juegos de azar se oponen a esas pretensiones de restitución. Según parece, también se niegan a dar cumplimiento a las sentencias dictadas contra ellas por los órganos jurisdiccionales locales de los consumidores, por considerarlas manifiestamente erróneas. Estas sociedades sostienen que, en la medida en que sus servicios se prestan en virtud de licencias de juego concedidas por las autoridades maltesas —que, con frecuencia, autorizan la oferta de juegos de azar tanto en Malta como desde Malta—, están facultadas para ofrecer tales servicios en toda la Unión, de conformidad con la libertad consagrada en el artículo 56 TFUE.

4.        Según estas sociedades, cuando los Estados miembros destinatarios aplican sus normativas sobre juegos de azar y sus requisitos de concesión de licencias contra ellas, por motivos de protección de los jugadores (como la prevención del fraude y de la ludopatía, así como otras inquietudes conexas), dichos Estados restringen de forma injustificada o desproporcionada su libertad para prestar servicios. Alegan que la normativa maltesa sobre juegos de azar y la supervisión ejercida por la Autoridad de Juegos de Azar de Malta ofrecen una protección adecuada a los jugadores —lo que constituye una consideración importante que estos órganos jurisdiccionales locales no tienen en cuenta—.

5.        Las sociedades maltesas de juegos de azar han recibido el apoyo del legislador maltés a este respecto. Considerando que los Estados miembros destinatarios obstaculizan la libre prestación de servicios de esas sociedades consagrada en el artículo 56 TFUE y que ha sido la «política pública que Malta viene siguiendo desde hace mucho tiempo fomentar el establecimiento de operadores de juegos de azar en Malta que ofrezcan la prestación local y transfronteriza de sus servicios de una manera conforme con la legislación local, en un esfuerzo por fomentar la empresa privada en consonancia con el artículo 18 de la Constitución maltesa», (4) el legislador aprobó, el 12 de junio de 2023, el Proyecto de Ley 55, que ha añadido un nuevo artículo 56A a la Ley de Juegos de Azar maltesa. (5) Este artículo establece, en esencia, que toda acción por la que se cuestione la legalidad de los servicios ofrecidos por las sociedades maltesas con arreglo a una licencia maltesa de juego será considerada inadmisible por los órganos jurisdiccionales malteses. Además, prevé que ninguna sentencia extranjera que estime tal acción se reconocerá ni ejecutará en Malta.

6.        En este contexto, la presente petición de decisión prejudicial versa sobre la cuestión específica de si un jugador que formula una pretensión de restitución frente a una sociedad maltesa de juegos de azar puede obtener su futura ejecución en virtud de la orden europea de retención de cuentas (en lo sucesivo, «orden de retención» u «orden») con arreglo al Reglamento (UE) n.º 655/2014. (6) Esta medida provisional tiene por objeto asegurar los fondos que supuestamente posee la sociedad en cuentas bancarias de diversos Estados miembros.

7.        A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente desea obtener aclaraciones sobre uno de los requisitos que deben cumplirse para dictar una orden de retención (previsto en el artículo 7 del Reglamento OERC), a saber, el requisito de que el demandante demuestre la «necesidad urgente» de dicha medida (un requisito, comúnmente denominado periculum in mora, que el Tribunal de Justicia nunca ha examinado hasta la fecha). El órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre el tipo de prueba que un acreedor que solicita tal medida debe aportar a este respecto. Entre otras cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se dilucide si los requisitos para la concesión de una orden de retención deben limitarse exclusivamente a las pruebas que demuestren la intención subjetiva del deudor de poner en peligro la ejecución del crédito —como actos de dilapidación, ocultación o enajenación de bienes— o si también pueden tenerse en cuenta en esa evaluación factores objetivos, incluidas las intervenciones del legislador nacional, como se ilustra en el presente asunto.

II.    Marco jurídico

A.      Reglamento OERC

8.        La orden de retención es una medida cautelar de «inmovilización». Más concretamente, en virtud de los artículos 2 y 5 del Reglamento OERC, tal medida puede ser solicitada, en «asuntos transfronterizos», por una persona (designada como «acreedor» en el Reglamento OERC) que reclame una «deuda pecuniaria» en «materia civil y mercantil» contra otra persona (designada en dicho Reglamento como «deudor»), antes de incoar el procedimiento sobre el fondo del asunto, durante dicho procedimiento o después de haber obtenido una resolución judicial (o una transacción judicial o un documento público con fuerza ejecutiva) que obligue al deudor al pago. La orden puede ser dictada por el órgano jurisdiccional competente para conocer del fondo del asunto o por el órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución sobre el fondo del asunto. (7) En el momento de la emisión, la orden impone a la entidad o entidades financieras de que se trate la obligación vinculante de «retener» los fondos que se tengan en una o varias cuentas bancarias situadas en el territorio de otro Estado miembro, prohibiendo así al deudor —o a cualquiera de sus agentes autorizados— enajenar, transferir o gravar de cualquier otro modo dichos activos, con el fin de garantizar su disponibilidad para la ejecución del crédito subyacente del acreedor en una fase posterior. (8) Con vistas a garantizar su rápida ejecución, una orden de retención es ejecutable automáticamente (y sin excepción) en el Estado miembro en el que se mantenga la cuenta o cuentas de que se trate. (9) Esta vía de recurso del Derecho de la Unión tiene por objeto mejorar la eficacia de la ejecución transfronteriza de las resoluciones, fomentando así el funcionamiento del mercado interior y garantizando a los acreedores la «tutela judicial efectiva» en la Unión Europea. (10)

9.        El Reglamento OERC establece normas uniformes que regulan las distintas cuestiones relativas al «nacimiento», la «vida» y el «fenecimiento» de dicha orden de retención. (11) En particular, el artículo 7 de dicho Reglamento establece una serie de requisitos materiales para dictar tal orden. Dispone, en su párrafo primero, que «el órgano jurisdiccional dictará la orden de retención cuando el acreedor le haya presentado pruebas suficientes para convencerl[o] de que existe la necesidad urgente de una medida cautelar en forma de orden de retención por existir un riesgo real de que, sin dicha medida, la ejecución ulterior del crédito frente al deudor se verá impedida o resultará considerablemente más difícil».

III. Hechos, procedimiento nacional y cuestión prejudicial planteada

10.      Mr Green Limited (en lo sucesivo, «Mr Green») ofrece juegos de azar en línea a través del sitio de Internet www.mrgreen.com en (entre otros países) Austria desde su domicilio social en Malta. Esta sociedad es titular de una licencia de juego expedida por la Autoridad de Juegos de Azar de Malta con arreglo al Derecho maltés. Sin embargo, no dispone de licencia en virtud de la Glücksspielgesetz (Ley de Juegos de Azar) austriaca.

11.      Entre el 3 de enero de 2017 y el 25 de abril de 2019, TQ, un consumidor con residencia habitual en Viena (Austria), participó en juegos de azar en el sitio de Internet de Mr Green. En ese período realizó y finalmente perdió apuestas por un importe total de 62 878 euros.

12.      Posteriormente, TQ formuló una pretensión de restitución contra Mr Green ante el Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunal Regional de lo Civil de Viena). TQ alegó que, dado que Mr Green no era titular de una licencia con arreglo a la Ley de Juegos de Azar austriaca, el contrato de juego subyacente era nulo de pleno derecho, lo que implicaba la obligación de dicha sociedad de restituir las apuestas que él había perdido.

13.      Mediante sentencia de 2 de diciembre de 2021, el órgano jurisdiccional austriaco estimó dicha pretensión y, en consecuencia, condenó a Mr Green a restituir el importe de 62 878 euros, así como a pagar intereses y las costas. Mediante sentencia de 21 de febrero de 2022, el Oberlandesgericht Wien (Tribunal Superior Regional de Viena, Austria) desestimó el recurso de apelación interpuesto por dicha sociedad. Ambas sentencias adquirieron firmeza y fuerza ejecutiva el 13 de abril de 2022.

14.      El 13 de febrero de 2024, TQ solicitó al Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Tribunal de Distrito de Viena Centro, Austria) que dictase una orden de retención en relación con la pretensión estimada en esas sentencias, dirigida a las cuentas bancarias cuya titularidad supuestamente correspondía a Mr Green en Irlanda, Luxemburgo, Malta y Suecia.

15.      Por lo que respecta al requisito del periculum in mora previsto en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento OERC, TQ alegó, en esencia, que i) Mr Green intentó frustrar un procedimiento de ejecución forzosa en Austria transfiriendo activos fuera de dicha jurisdicción, en particular poniendo fin —en una fecha no precisada, anterior al 16 de febrero de 2021— a la relación contractual que mantenía con Dimoco Europe GmbH, un proveedor de servicios de pago con el que Mr Green mantenía un saldo acreedor y que, en su condición de tercero deudor, había seguido atendiendo las deudas de Mr Green hasta principios de febrero de 2021. Existía un «riesgo real» (en el sentido de dicha disposición) de que Mr Green adoptara medidas similares en otros Estados miembros y transfiriera todos sus activos a Malta. Si así fuera, el cobro del crédito de TQ se vería «impedid[o] o resultar[ía] considerablemente más difícil» en el sentido de dicha disposición, dado que ii) el artículo 56A de la Ley de Juegos de Azar maltesa, recientemente introducido, hacía prácticamente imposible la ejecución de tales créditos frente a una sociedad maltesa de juegos de azar en Malta.

16.      Mediante resolución de 15 de febrero de 2024, el Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Tribunal de Distrito de Viena Centro) denegó la solicitud de TQ por considerar que no se cumplía el requisito del periculum in mora previsto en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento OERC. Más concretamente, dicho órgano jurisdiccional consideró que no existía una «necesidad urgente» de tal medida, ya que TQ había retrasado su solicitud durante un período de dos años a partir de la fecha en la que las resoluciones que pretendía preservar habían adquirido fuerza ejecutiva. En cualquier caso, las acciones emprendidas por Mr Green en 2021 no bastaban para demostrar que existiese un «riesgo real» de que, a falta de tal orden, la ejecución del crédito de TQ se viera «impedida o resultar[a] considerablemente más difícil» en 2024, y, mientras que la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili [Tribunal de lo Civil (Sala de Competencia General), Malta] sí denegaba la ejecución de sentencias austriacas basadas en el artículo 56A de la Ley de Juegos de Azar maltesa, no estaba claro si los órganos jurisdiccionales superiores de Malta se habían pronunciado o se pronunciarían en el mismo sentido.

17.      TQ interpuso recurso contra esa resolución ante el Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunal Regional de lo Civil de Viena). Al comprobar que la resolución de dicho recurso dependía de la interpretación correcta del artículo 7, apartado 1, del Reglamento OERC, el citado órgano jurisdiccional decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, del Reglamento [OERC] en el sentido de que no deben tenerse en cuenta las actuaciones del deudor que se retrotraigan tres o más años ni los impedimentos a la ejecución de la resolución que existan en el Estado miembro del deudor?»

18.      Han presentado observaciones escritas TQ, Mr Green, los Gobiernos belga y maltés y la Comisión Europea. Los mismos interesados estuvieron representados en la vista celebrada el 19 de junio de 2025.

IV.    Apreciación

19.      Una solicitud de orden de retención como la presentada por TQ ante los órganos jurisdiccionales austriacos es claramente admisible. En particular, la situación está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento OERC. En efecto, TQ pretende, con su solicitud, garantizar la ejecución forzosa de una «deuda pecuniaria en materia civil y mercantil» (12) en un «asunto transfronterizo». (13)

20.      En cambio, el órgano jurisdiccional remitente duda de que tal solicitud pueda considerarse fundada en circunstancias como las del presente asunto. Como se indica en la introducción, ello depende de si se cumplen los requisitos para emitir una orden de retención (previstos en el artículo 7 del Reglamento OERC). En la sección B abordaré la cuestión planteada por dicho órgano jurisdiccional a este respecto. Antes de proceder a ello, en la sección A, examinaré una cuestión preliminar debatida ante el Tribunal de Justicia, relativa a la manera óptima de conciliar el procedimiento prejudicial con el procedimiento de la OERC.

A.      Sobre la conciliación del procedimiento prejudicial y el procedimiento de la OERC

21.      Para que las medidas de «inmovilización» sean eficaces, deben incorporar un elemento de sorpresa. Los fondos mantenidos en cuentas bancarias constituyen activos muy volátiles. En caso de ser informado previamente de que su cuenta es objeto de tal medida, un deudor recalcitrante podría, antes de que la medida pueda ejecutarse, extraer rápidamente los fondos mediante una simple transacción bancaria electrónica.

22.      Con el fin de garantizar este elemento de sorpresa y, por lo tanto, de evitar que se materialice el riesgo antes descrito, el legislador de la Unión consideró esencial que los órganos jurisdiccionales nacionales resolvieran las solicitudes de órdenes de retención (y, en su caso, que dictaran tales órdenes) en procedimientos inaudita parte, sobre la única base de la información y de las pruebas aportadas por el acreedor. Por lo que respecta a esta primera fase del procedimiento de la OERC (en lo sucesivo, «fase de emisión»), el artículo 11 del Reglamento OERC establece que «no se notificará al deudor la solicitud de una orden de retención, ni se le oirá sin haberse dictado previamente la orden». En efecto, en virtud de los artículos 24, 25 y 28, apartado 1, del Reglamento, el deudor solo debe ser notificado después de que el banco en cuestión haya cumplimentado la orden. El deudor tiene derecho entonces, en virtud del artículo 33 del Reglamento, a solicitar la revocación de la orden ante el órgano jurisdiccional que la haya dictado y será oído en esta segunda fase del procedimiento de la OERC (en lo sucesivo, «fase de revisión»).

23.      Sin embargo, las dificultades surgen en este contexto, por lo demás bien concebido, cuando los órganos jurisdiccionales nacionales —como el Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunal Regional de lo Civil de Viena)— conocen de solicitudes de órdenes de retención, pero siguen albergando dudas acerca de la interpretación de los requisitos previstos en el Reglamento OERC, incluidos los requisitos establecidos en el artículo 7 de este, y desean que el Tribunal de Justicia les proporcione aclaraciones al respecto en el marco del procedimiento prejudicial previsto en el artículo 267 TFUE.

24.      Parece totalmente lógico que los órganos jurisdiccionales nacionales deseen, como el órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto, obtener tales aclaraciones en la fase de emisión, antes de adoptar una decisión sobre la emisión de la orden de retención (sobre todo porque, con arreglo al artículo 17, apartado 1, del Reglamento OERC, tienen la obligación de examinar si se cumplen tales requisitos en esa fase). Además, estos órganos jurisdiccionales están perfectamente facultados para solicitar una decisión prejudicial en tal fase. (14) Sin embargo, el problema reside en que el planteamiento de una petición de decisión prejudicial en esta fase puede menoscabar la necesaria confidencialidad de la solicitud pendiente de una orden de retención, como consecuencia involuntaria de las normas procesales que rigen el procedimiento prejudicial ante el Tribunal de Justicia.

25.      Más concretamente, ha de recordarse que, en virtud del artículo 23, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando un órgano jurisdiccional nacional plantea una petición de decisión prejudicial, la Secretaría del Tribunal de Justicia notifica la resolución de remisión a las partes del litigio principal. Además, con arreglo al artículo 23, párrafo segundo, del Estatuto y al artículo 96, apartado 1, letra a), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, esas mismas partes tienen derecho a presentar observaciones al Tribunal de Justicia. Por lo que respecta a los procedimientos nacionales relativos a la orden de retención en virtud del Reglamento OERC, el término «partes del procedimiento principal» incluye claramente al deudor.

26.      Sobre este último punto, soy consciente de que, por lo que respecta a los procedimientos a nivel nacional, la identidad de las «partes del litigio principal» se determina, por lo general, con arreglo a las normas procesales nacionales aplicables y, lógicamente (puesto que se trata de una cuestión de Derecho nacional), es el órgano jurisdiccional remitente quien se encarga de ello (según se establece en el artículo 97, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento). (15) No obstante, los procedimientos relativos a la orden de retención se caracterizan por la particularidad de que se rigen principalmente por las normas de procedimiento uniformes establecidas por el Derecho de la Unión en el Reglamento OERC. Por consiguiente, la identificación de esas «partes» debe llevarse a cabo de conformidad con dichas normas. Dado que esas normas forman parte del Derecho de la Unión, corresponde al Tribunal de Justicia proporcionar una interpretación uniforme para garantizar la coherencia entre los Estados miembros. (16)

27.      De una lectura sistemática de las normas en cuestión se desprende que el deudor es, simplemente, el demandado en tal procedimiento, ya que es, según la definición que figura en el artículo 4, punto 7, del Reglamento OERC, la persona «contra la cual» el acreedor pretende obtener una orden de retención. El hecho de que el deudor no deba ser informado de la fase de emisión (ni oído durante tal fase) o de que solo se le permita defenderse en la fase de revisión no cambia esto. En efecto, debe considerarse que estas dos fases forman parte de un marco procedimental único, es decir, del procedimiento de la OERC, que implica fundamentalmente una relación contradictoria entre el acreedor y el deudor en lo que respecta a la adopción de una medida cautelar. (17)

28.      En resumen, cuando un órgano jurisdiccional nacional plantea una petición de decisión prejudicial en la fase de emisión, el Tribunal de Justicia informa al deudor de dicha petición y le permite participar en el procedimiento prejudicial. Esto implica necesariamente el descubrimiento intempestivo, por parte del deudor, de la solicitud de orden de retención dirigida contra su(s) cuenta(s) pendiente ante el órgano jurisdiccional nacional. De hecho, esto es lo que sucedió en el presente asunto en lo que respecta a Mr Green.

29.      Esto constituye, en mi opinión, una situación desafortunada, puesto que reintroduce el mismo riesgo que el legislador ha pretendido mitigar con el artículo 11 del Reglamento OERC —a saber, el riesgo de que el deudor oculte o dilapide los bienes objeto de la solicitud antes de la ejecución de la orden—. De este modo, el acreedor que ha presentado la solicitud podría sufrir un perjuicio irreparable contrario a su derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El efecto útil del sistema establecido por el artículo 267 TFUE también se ve comprometido. (18) De hecho, la decisión prejudicial dictada por el Tribunal de Justicia puede tener, en definitiva, una utilidad limitada para el órgano jurisdiccional nacional en el asunto de que se trate, en particular si la emisión de una orden de retención se considera legítima a la luz de dicha decisión, pero el deudor ha ocultado o dilapidado entretanto sus bienes, privando así a la solicitud de su efecto útil.

30.      Esta situación no debería repetirse en el futuro. Debe encontrarse una solución pragmática que i) salvaguarde el derecho de los órganos jurisdiccionales nacionales a presentar peticiones de decisión prejudicial sobre los requisitos establecidos en el Reglamento OERC (algo que también es esencial para garantizar la aplicación uniforme de dicho instrumento en toda la Unión Europea) y, al mismo tiempo, ii) preserve el efecto útil del Reglamento OERC y los intereses del acreedor.

31.      Una posible solución podría consistir en que el Tribunal de Justicia (re)interpretara el artículo 23 del Estatuto y el artículo 96, apartado 1, letra a), del Reglamento de Procedimiento en el sentido de que, cuando un órgano jurisdiccional nacional presente una petición de decisión prejudicial relativa al Reglamento OERC durante la fase de emisión, el deudor —aunque formalmente sea «parte del procedimiento principal»— no debería ser informado de dicha petición ni, a fortiori, estar facultado para presentar observaciones al Tribunal de Justicia. Este enfoque responde a una lógica «simétrica» que resulta atractiva a primera vista: las «partes» (como el deudor) podrían participar en el procedimiento prejudicial si pueden hacerlo en el procedimiento principal y en la medida en que puedan hacerlo. Sin embargo, no creo que tal solución sea ni factible ni adecuada.

32.      Es manifiestamente contraria al tenor del artículo 23 del Estatuto y del artículo 96, apartado 1, letra a), del Reglamento de Procedimiento, que confiere a todas las «partes» de un procedimiento nacional el derecho a que se les notifique una petición de decisión prejudicial planteada durante dicho procedimiento y a presentar observaciones al Tribunal de Justicia. No se prevé ninguna excepción para quienes no estén informados del procedimiento principal o no tengan derecho a comparecer ante el órgano jurisdiccional remitente. (19)

33.      Además, ha de recordarse que los redactores del artículo 23 del Estatuto y del artículo 96, apartado 1, letra a), del Reglamento de Procedimiento autorizaron a las «partes del litigio principal» a participar en el procedimiento prejudicial para garantizar su derecho a ser oídas, como parte de su derecho fundamental a un juez imparcial (protegido por el artículo 47 de la Carta). En efecto, la interpretación del Derecho de la Unión proporcionada por el Tribunal de Justicia en respuesta a una petición de decisión prejudicial tiene generalmente una incidencia importante, si no determinante, sobre el resultado del procedimiento nacional. Una excepción para las «partes» que ocupan la posición del deudor durante la fase de emisión sería cuestionable a la luz de ese objetivo.

34.      Más concretamente, en el contexto de los procedimientos a nivel nacional relativos a la orden de retención, el derecho del deudor a ser oído solo se retrasa (hasta después de la ejecución). El deudor tendrá eventualmente (en la fase de revisión) la oportunidad de convencer al órgano jurisdiccional nacional de que, en realidad, no se cumplían los requisitos para dictar la orden.

35.      En cambio, si un órgano jurisdiccional nacional plantea una petición de decisión prejudicial durante la fase de emisión y no se informa al deudor de dicha petición ni se le permite presentar observaciones al Tribunal de Justicia, este último dará una interpretación vinculante del Reglamento OERC que, muy probablemente, determinará la legalidad de la orden de retención solicitada de una vez para siempre, sin que el deudor tenga oportunidad alguna de exponer su punto de vista al respecto. Esta interpretación vinculará al órgano jurisdiccional nacional para el resto del procedimiento de la OERC. Si esta interpretación resulta perjudicial para los intereses del deudor, este no tendrá una verdadera oportunidad de abogar por una interpretación diferente ante el órgano jurisdiccional nacional o el Tribunal de Justicia en la fase de revisión (salvo en el improbable supuesto de que convenza al juez nacional para que plantee, en esa fase, una nueva petición de decisión prejudicial sobre las mismas cuestiones del Derecho de la Unión). A este respecto, se denegará el derecho del deudor a ser oído.

36.      En mi opinión, un enfoque preferible para los órganos jurisdiccionales nacionales consistiría en abstenerse de plantear peticiones de decisión prejudicial en la fase de emisión y, en su lugar, de ser necesario, hacerlo únicamente tras la posible ejecución de la orden de retención. (20)

37.      En la fase de emisión, un órgano jurisdiccional nacional no está obligado a tener la certeza absoluta de que se cumplen plenamente los requisitos establecidos en el Reglamento OERC para la concesión de una orden de retención. Por ejemplo, por lo que respecta al requisito previsto en el artículo 7, apartado 1, de este, como se expondrá en las secciones siguientes, el órgano jurisdiccional nacional debe dictar la orden cuando el acreedor haya presentado pruebas suficientes de un riesgo real para la ejecución de su crédito. En esta fase no se requiere una prueba completa y es posible que persista cierto grado de incertidumbre. El mismo principio se aplica a la interpretación de este requisito: cuando, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 7, apartado 1, la interpretación propuesta por el acreedor parezca fundada y se cumpla el requisito una vez considerados todos los factores, cualquier duda residual que tenga el órgano jurisdiccional nacional en cuanto a su significado preciso debe reservarse para un ulterior examen y debe dictarse la orden de retención. (21)

38.      En efecto, la resolución adoptada por el órgano jurisdiccional nacional en la fase de emisión solo es, en realidad, «provisional». De hecho, la legalidad de la orden de retención emitida será revisada por el mismo órgano jurisdiccional nacional en la fase de revisión. En esta fase tendrá lugar un debate profundo y contradictorio sobre estas exigencias. Si este debate confirma las dudas que albergaba el órgano jurisdiccional nacional, este tendrá la posibilidad de plantear una petición de decisión prejudicial en la materia, con el fin de obtener una interpretación definitiva de tales exigencias. Solo después, el órgano jurisdiccional nacional adoptará una resolución definitiva y completa sobre la legalidad de la orden de retención, en su caso, a la luz de la interpretación proporcionada por el Tribunal de Justicia.

39.      Un argumento en contra podría ser que la fase de revisión de la orden de retención no es automática, sino que solo tiene lugar si el deudor solicita la revocación de dicha medida en virtud del artículo 33 del Reglamento OERC. Un órgano jurisdiccional nacional —en particular uno comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, y, por lo tanto, obligado a plantear cuestiones prejudiciales sobre el Derecho de la Unión— puede estar legítimamente preocupado por el hecho de que, al abstenerse de presentar una petición de decisión prejudicial en la fase de emisión, corre el riesgo de verse privado de la oportunidad posterior de hacerlo, en caso de que el deudor no impugne la orden de retención.

40.      No obstante, cabe señalar, en primer lugar, que la probabilidad de que un deudor no solicite la revocación de la orden es relativamente baja. La inmovilización de su cuenta bancaria no es, por regla general, una medida que los deudores tiendan a ignorar. Además, cuando se dicta una orden de retención, la decisión que se comunica al deudor llama expresamente su atención sobre el hecho de que puede solicitar su revocación. Asimismo, este instrumento facilita sobremanera al deudor hacerlo. La revocación puede solicitarse en cualquier momento, utilizando un simple formulario normalizado. (22)

41.      En segundo lugar, en el supuesto poco probable de que un órgano jurisdiccional nacional albergue serias dudas sobre la posible pasividad del deudor, una aplicación prudente y creativa de las disposiciones del Reglamento OERC podría ofrecer una vía procesal eficaz. En particular, el artículo 35, apartado 2, de dicho Reglamento permite al órgano jurisdiccional emisor, cuando su Derecho procesal nacional lo permita, revocar de oficio la orden de retención sobre la base de un «cambio de circunstancias». Este concepto no está definido ni limitado en el Reglamento OERC y, en mi opinión, es lo suficientemente amplio como para abarcar situaciones en las que el Tribunal de Justicia, con posterioridad a la adopción de la orden, proporcione una interpretación de dicho Reglamento OERC que incida en la legalidad de la medida adoptada. Por consiguiente, el órgano jurisdiccional nacional podría i) emitir una orden de retención; posteriormente, ii) plantear una petición de decisión prejudicial para el control de oficio de la legalidad de la orden con arreglo al artículo 35, apartado 2, y iii) revocar o confirmar dicha medida a la luz de la respuesta del Tribunal de Justicia.

42.      Ciertamente, la solución que propongo puede dar lugar a que el deudor tenga que soportar un período prolongado —correspondiente a la duración del procedimiento prejudicial— durante el cual su cuenta permanezca inmovilizada en virtud de una orden de retención que podría, en última instancia, basarse en una interpretación del Derecho de la Unión que posteriormente se considere errónea. No obstante, el Tribunal de Justicia podría tener en cuenta la precaria situación del deudor y dar prioridad a las peticiones de decisión prejudicial relativas al Reglamento OERC. Además, en el caso excepcional de que una orden de retención ponga gravemente en peligro la capacidad del deudor para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia, el Tribunal de Justicia podría recurrir al procedimiento prejudicial de urgencia (PPU) o, al menos, al procedimiento acelerado (PPA), que, a través de diversos medios, reduce la duración del procedimiento ante el Tribunal de Justicia a solo algunas semanas.

B.      Sobre el artículo 7, apartado 1, del Reglamento OERC

43.      El artículo 7 del Reglamento OERC establece una serie de requisitos sustantivos para dictar una orden de retención, que varían en función de que el acreedor haya obtenido, en el momento de presentar su solicitud, un título ejecutivo por el que se exija al deudor el pago de la deuda subyacente.

44.      Cuando, como sucede en el caso de TQ, el acreedor ya ha obtenido dicho título, solo se aplica el artículo 7, apartado 1. A tenor de esta disposición, el órgano jurisdiccional al que se solicite la orden de retención la «dictará» «cuando el acreedor le haya presentado pruebas suficientes para convencerl[o] de que existe la necesidad urgente de [esa] medida cautelar […] por existir un riesgo real de que, sin dicha medida, la ejecución ulterior del crédito frente al deudor se verá impedida o resultará considerablemente más difícil».

45.      Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si deben tenerse en cuenta en ese contexto las «actuaciones del deudor que se retrotraigan tres o más años» y los «impedimentos a la ejecución de la resolución que existan en el Estado miembro del deudor». Esta pregunta específica refleja las circunstancias invocadas por TQ en apoyo de su solicitud de orden de retención, tal como se resumen en el anterior punto 15, a saber, i) la finalización, por parte de Mr Green, en 2021, de un contrato con un proveedor de servicios de pago austriaco (Dimoco Europe) y ii) la adopción por el legislador maltés del artículo 56A de la Ley de Juegos de Azar maltesa.

46.      En lugar de dar una respuesta adaptada a este conjunto específico de hechos, considero que el Tribunal de Justicia debería abordar la presente cuestión prejudicial con carácter más general, sobre todo porque aún no ha interpretado el artículo 7, apartado 1, del Reglamento OERC. Por consiguiente, como se expone en las secciones siguientes, el Tribunal de Justicia debería aportar precisiones generales sobre (1) el sentido del requisito previsto en esta disposición y (2) los tipos de pruebas que un acreedor puede presentar para demostrar que se cumple dicho requisito. En este contexto, procede abordar también la posible pertinencia de las circunstancias mencionadas por el órgano jurisdiccional remitente en su cuestión prejudicial. Facilitar tal respuesta no solo ayudará al órgano jurisdiccional remitente, sino que también reducirá la probabilidad de que otros órganos jurisdiccionales presenten en asuntos futuros peticiones de decisión prejudicial sobre el artículo 7, apartado 1.

1.      «Necesidad urgente» de una orden de retención

47.      Comenzaré por lo evidente. Dado que el artículo 7, apartado 1, del Reglamento OERC no hace referencia a las legislaciones nacionales de los Estados miembros, esta disposición debe ser objeto de una interpretación autónoma que garantice su aplicación uniforme en toda la Unión Europea.

48.      Hecha esta precisión, me parece que, a la luz de las explicaciones facilitadas en la resolución de remisión y del debate mantenido ante el Tribunal de Justicia, procede abordar dos cuestiones interdependientes —cruciales para el funcionamiento eficaz del sistema establecido por el Reglamento OERC— en lo que respecta a la interpretación del artículo 7, apartado 1, de dicho acto jurídico.

49.      En primer lugar, contrariamente a la hipótesis del órgano jurisdiccional remitente y a las observaciones formuladas por Mr Green y el Gobierno maltés, el artículo 7, apartado 1, no impone dos requisitos distintos —a saber, la «necesidad urgente» de una orden de retención y un «riesgo real» de que, a falta de tal medida, la ejecución ulterior del crédito del acreedor se vea impedida o resulte considerablemente más difícil—. Más bien, del tenor de esta disposición se desprende inequívocamente que estos conceptos constituyen dos aspectos indisociables de un solo requisito: el acreedor debe demostrar que existe una «necesidad urgente» de la medida «por existir» (es decir, como consecuencia de) un «riesgo real» para la ejecución ulterior de su crédito. En esencia, esto refleja el requisito del periculum in mora («peligro en la demora» o «urgencia») común a muchos recursos. (23)

50.      En segundo lugar, como supone acertadamente esta vez el órgano jurisdiccional remitente y como también han sostenido los interesados que han presentado observaciones al Tribunal de Justicia (a excepción del Gobierno belga), el «riesgo real» contemplado en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento OERC debe entenderse en el sentido referido, en esencia, al riesgo de que el deudor pueda adoptar medidas —como la dilapidación, la ocultación o la destrucción de bienes o su enajenación por un valor inferior al real— para eludir el pago de la deuda.

51.      Es cierto que el tenor del artículo 7, apartado 1, del Reglamento OERC resulta ambiguo sobre este punto. Como he señalado anteriormente, tan solo se refiere a un «riesgo real» de que la ejecución ulterior del crédito del acreedor pueda verse «impedida o result[e] considerablemente más difícil». Considerados aisladamente, estos términos tan vagos podrían abarcar no solo el riesgo de que un deudor (recalcitrante) adopte medidas para eludir el pago, sino también (como sostiene el Gobierno belga) cualquier otra amenaza «real» para el cobro del crédito, como el riesgo de que un deudor (benévolo) se declare insolvente en el momento de la ejecución debido a unas circunstancias financieras deficientes o deterioradas en el curso normal de sus negocios o el hecho de que el deudor tenga que satisfacer los créditos de múltiples acreedores.

52.      No obstante, el considerando 14 del Reglamento OERC aclara que la interpretación más restrictiva expuesta en el anterior punto 50 refleja la intención del legislador. Concretamente, el párrafo tercero de dicho considerado señala que una orden de retención solo está garantizada cuando, de no adoptarse tal medida, la ejecución o el cobro ulteriores del crédito del acreedor podrían verse impedidos o resultar considerablemente más difíciles «por existir un riesgo real de que, cuando el acreedor logre que se ejecute dicha resolución, el deudor haya dilapidado, ocultado o destruido sus bienes, o los haya enajenado por un valor inferior al real, en una proporción inusual o por un medio no habitual». El párrafo cuarto refuerza este enfoque al precisar que «el mero hecho de que el deudor tenga más de un acreedor» o «el mero hecho de que el deudor padezca dificultades financieras o sufra un deterioro de su situación financiera» no constituyen, por sí mismos, motivos suficientes para emitir una orden de retención.

53.      Los trabajos preparatorios del Reglamento OERC confirman la intención del legislador a este respecto. En un primer momento, el entonces artículo 7, apartado 1, letra b), de la propuesta de Reglamento OERC de la Comisión formulaba el requisito del periculum in mora en términos amplios, afirmando que «la ejecución ulterior […] podría verse obstaculizada o resultar considerablemente más difícil, debido incluso a la existencia de un riesgo real de que el demandado pueda trasladar, enajenar u ocultar los activos que posee en la cuenta o cuentas bancarias que deban retenerse». Durante las negociaciones mantenidas en el seno del Consejo, algunas delegaciones se mostraron partidarias de mantener este enfoque amplio. No obstante, la mayoría de las delegaciones consideró que, habida cuenta de los efectos potencialmente «draconianos» de una orden de retención sobre un deudor —en la medida en que restringe severamente el derecho fundamental del deudor a la propiedad y puede incluso paralizar su actividad económica—, debía alcanzarse un «equilibrio adecuado» entre los intereses del acreedor y los del deudor. En consecuencia, se acordó que dicha medida solo debería concederse cuando existiera un «riesgo real» de que el deudor pudiera intentar eludir el pago. (24) El requisito del periculum in mora debía formularse en consecuencia. Tras varias modificaciones del artículo 7, apartado 1, del Reglamento OERC se decidió finalmente que i) la propia disposición seguiría siendo concisa y que se referiría únicamente a la existencia de un «riesgo real» para la ejecución, si bien ii) se incluirían «aclaraciones explicativas específicas» sobre la naturaleza de ese riesgo en un considerando —que finalmente se convirtió en el considerando 14—. (25)

54.      A la luz de las consideraciones anteriores, procede concluir que el artículo 7, apartado 1, del Reglamento OERC establece un único requisito, que corresponde al concepto tradicional del periculum in mora. Interpretada teniendo en cuenta el considerando 14 de este, esta disposición debe entenderse en el sentido de que el requisito en cuestión se cumple cuando el acreedor haya aportado pruebas suficientes para convencer al órgano jurisdiccional que conozca del asunto de la urgente necesidad de una orden de retención, al existir un riesgo real de que, si esa medida no se adopta, el deudor pueda haber dilapidado, ocultado o destruido sus bienes o haberlos enajenado por un valor inferior al real, en el momento en que el acreedor esté en condiciones de ejecutar una resolución judicial existente o futura, impidiendo o, al menos, haciendo así que resulte considerablemente más difícil el cobro del crédito del acreedor.

2.      ¿Qué puede demostrar tal «necesidad urgente»?

55.      Como subraya el artículo 7, apartado 1, del Reglamento OERC, sobre el acreedor recae la carga de aportar «pruebas suficientes» para demostrar que existe, en el asunto de que se trate, un «riesgo real» de que, si no se dicta la orden de retención solicitada, en el momento en que el acreedor esté en condiciones de ejecutar una resolución judicial existente o futura, el deudor pueda haber dilapidado, ocultado o destruido sus bienes o haberlos enajenado por un valor inferior al real.

56.      No obstante, la carga de la prueba que incumbe al acreedor debe respetar el «equilibrio adecuado» mencionado en el anterior punto 53. Por un lado, contrariamente a lo que sostiene el Gobierno maltés, no puede exigirse al acreedor que aporte la prueba fehaciente de que el deudor tiene la intención de eludir el pago o de que está intentando hacerlo. Esta exigencia resultaría, en la práctica, a menudo imposible de cumplir y menoscabaría considerablemente el efecto útil del Reglamento OERC. Por otro lado, para evitar que se dicte una orden de retención contra un deudor que no tiene intención de eludir el pago, la solicitud del acreedor tampoco puede basarse en meras conjeturas o afirmaciones generales. En mi opinión, el enfoque «equilibrado» consiste en exigir al acreedor que aporte indicios concretos que den lugar a una probabilidad razonable de que, si no se dicta la orden, en el momento en que puedan adoptarse medidas de ejecución, el deudor pueda haber dilapidado, ocultado o destruido sus bienes o haberlos enajenado por un valor inferior al real.

57.      El párrafo cuarto del considerando 14 del Reglamento OERC establece una lista de circunstancias que pueden suponer tales indicios. Lógicamente, esta lista se refiere, en particular, a actos del deudor relativos a sus activos que resultan «inusuales», es decir, carentes de justificación económica o comercial —por ejemplo, «movimientos para retirar fondos de cuentas y […] gastos» que realice el deudor que no parezcan necesarios «en el ejercicio normal de su actividad» o para cubrir «sus gastos familiares recurrentes»—. Tal comportamiento puede dar lugar a una sospecha razonable de que el deudor está tomando efectivamente medidas para ocultar o mermar sus fondos. Esta lista se examinará detalladamente a continuación. A efectos del presente asunto, basta con señalar que, como indica la expresión «por ejemplo» utilizada en dicho párrafo, esta lista no es exhaustiva, sino meramente ilustrativa. Como señala acertadamente la Comisión, cualquier elemento que, considerado individual o conjuntamente con otros, pueda indicar tal «riesgo real» de que el deudor intenta eludir el pago puede constituir un indicio pertinente. Como precisa, además, el mismo párrafo del considerando 14, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a llevar a cabo una «valoración general» de todas las circunstancias invocadas por los acreedores a este respecto.

58.      En el asunto principal, no corresponde al Tribunal de Justicia, sino al órgano jurisdiccional remitente, llevar a cabo esa «valoración general», sobre la base de las pruebas aportadas por TQ en apoyo de su solicitud. No obstante, dado que el presente asunto se refiere al artículo 7, apartado 1, del Reglamento OERC, procede proporcionar al órgano jurisdiccional remitente todos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que puedan ser útiles para esta valoración.

59.      Comenzaré por la circunstancia más destacada invocada por TQ, a saber, la adopción por el legislador maltés del artículo 56A de la Ley de Juegos de Azar maltesa —lo que el órgano jurisdiccional remitente denomina, en su cuestión prejudicial, «impedimentos a la ejecución de la resolución que existan en el Estado miembro del deudor»—. Contrariamente a lo que sostienen Mr Green y el Gobierno maltés, este elemento es, en mi opinión, manifiestamente pertinente en el marco de la «valoración general» que debe realizar el órgano jurisdiccional nacional.

60.      Por regla general, el mero hecho de que el deudor posea bienes en un Estado miembro distinto de aquel del órgano jurisdiccional que expidió el título de deuda o de que el deudor haya transferido —o esté transfiriendo— sus activos de un Estado miembro a otro no basta por sí solo para demostrar la existencia de un «riesgo real» para el cobro del crédito del acreedor. En efecto, con independencia de las intenciones del deudor a este respecto, normalmente no puede eludir el pago de sus deudas por esa vía. De hecho, el acreedor puede, en principio, invocar ese título en ese otro Estado miembro, casi tan fácilmente como podría hacerlo en el Estado miembro de origen, en virtud de los mecanismos previstos por el Reglamento Bruselas I bis. (26) Con arreglo a las normas establecidas en dicho Reglamento, y de conformidad con el principio de confianza mutua en el que se basan, una resolución judicial o un documento público con fuerza ejecutiva emitidos en un Estado miembro son, en principio, automáticamente ejecutivos en todos los demás Estados miembros.

61.      Sin embargo, como sostienen el Gobierno belga y la Comisión, esto es diferente cuando un Estado miembro adopta una norma (en este caso, el artículo 56A de la Ley de Juegos de Azar maltesa) que obliga a sus órganos jurisdiccionales a negar la fuerza ejecutiva, en su territorio, de sentencias extranjeras como la que estimó la pretensión del acreedor.

62.      La cuestión de si el artículo 56A de la Ley de Juegos de Azar maltesa es compatible con el Reglamento Bruselas I bis —cuestión que ha sido ampliamente debatida ante el Tribunal de Justicia— carece de pertinencia a efectos del presente análisis. (27) Lo que importa es que, en la actualidad, la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili [Tribunal de lo Civil (Sala de Competencia General)] parece atenerse a esta disposición. Se ha informado de que actualmente se encuentran pendientes ante la Qorti ta’ l-Appell (Tribunal de Apelación, Malta) varios recursos contra las sentencias de aquel órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional de apelación puede adoptar, a su debido tiempo, un punto de vista diferente. No obstante, no es menos cierto que, en virtud de dicha Ley, existe al menos una probabilidad razonable de que la ejecución del crédito de TQ resulte imposible en Malta.

63.      Dado que no puede adoptarse ninguna medida de ejecución contra el deudor en el territorio del Estado miembro en cuestión, los activos que este tenga en él (lo que, con respecto a las sociedades de juegos de azar establecidas y que operan desde dicho Estado miembro, probablemente significa la mayoría de ellos) se encuentran efectivamente «ocultos» para el acreedor. Asimismo, al tiempo que, como sostiene el Gobierno maltés, el artículo 56A de la Ley de Juegos de Azar maltesa no afecta a la posibilidad de que el acreedor exija la ejecución de su sentencia en otros Estados miembros, crea, como aduce TQ, un incentivo para el deudor transfiera al Estado miembro en cuestión los activos que pueda poseer en otros Estados miembros, «ocultando» así su patrimonio por completo del acreedor.

64.      Contrariamente a lo que sostienen Mr Green y el Gobierno maltés, la consideración de tal elemento no pone en entredicho el «equilibrio adecuado» entre los intereses del acreedor y los del deudor que el legislador pretendía alcanzar. Aunque, como se ha indicado anteriormente, el Reglamento OERC no tiene por objeto proteger al acreedor contra cualquier riesgo de cobro de su crédito, sino contra el riesgo de que el deudor eluda el pago, de ello no se deduce que en la evaluación de ese riesgo solo puedan tenerse en cuenta las actuaciones pasadas o presentes del deudor. Si bien los elementos mencionados en el párrafo cuarto del considerando 14 del Reglamento OERC se basan en su mayoría, (28) lógicamente, en el comportamiento del deudor, su enumeración es meramente ilustrativa, como se ha indicado anteriormente. Para que la orden de retención cumpla su objetivo, el riesgo de que pueda eludir el pago debe evaluarse de manera realista. Por tanto, debe tenerse en cuenta cualquier indicio que revele tal riesgo. (29)

65.      Dicho esto, como señala la Comisión, tal circunstancia no basta, por sí sola, para demostrar que se cumple el requisito del periculum in mora previsto en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento OERC. De hecho, en el presente asunto no cabe suponer razonablemente, de manera abstracta, que todas las sociedades maltesas de juegos de azar se aprovecharán de la oportunidad que brinda el artículo 56A de la Ley de Juegos de Azar maltesa y «ocultarán» todos sus activos en Malta para eludir el pago de las pretensiones de restitución de los jugadores (como la formulada por TQ). En mi opinión, ello depende de una «valoración general» caso por caso de otros elementos que indiquen una probabilidad razonable de que, de no emitirse la orden de retención, la sociedad de que se trate podría hacerlo (lo que, a su vez, justificaría la «inmovilización» de los potenciales fondos que esa sociedad tenga en otros Estados miembros para evitar ese riesgo). Esta consideración me lleva a las demás circunstancias invocadas por TQ.

66.      En primer lugar, como sugiere el considerando 14, párrafo cuarto, del Reglamento OERC, «la conducta del deudor respecto de la reclamación del acreedor» es pertinente a este respecto. En el presente asunto, Mr Green se niega expresamente a cumplir las sentencias firmes dictadas por los órganos jurisdiccionales austriacos en favor de TQ y hay razones para creer —entre otras cosas porque Mr Green así lo ha declarado ante el Tribunal de Justicia— que esta sociedad se basará en el artículo 56A de la Ley de Juegos de Azar maltesa para oponerse a la ejecución de dichas sentencias en Malta. Como señala acertadamente el Gobierno belga, tales elementos pueden contribuir, en el contexto de la «valoración general», a demostrar la existencia del «riesgo real» requerido.

67.      En segundo lugar, como indica el párrafo cuarto del citado considerando, también son pertinentes «la naturaleza de los activos del deudor» y «cualquier actuación reciente de este en relación con sus activos». Las sociedades que, por ejemplo, posean bienes inmuebles en varios Estados miembros no serían necesariamente capaces de enajenarlos fácilmente y, por lo tanto, de «ocultar» totalmente sus activos en el Estado miembro en el que estén establecidas. En cambio, es más probable que esto ocurra si la reclamación del acreedor se refiere a una sociedad que opera en línea, desde el Estado miembro en cuestión, y que no cuenta con activos, o que cuenta con activos limitados, en otro lugar. En este contexto, las medidas adoptadas por dicha sociedad en relación con esos activos potenciales, como la transferencia de fondos desde las cuentas bancarias que la sociedad pueda tener en otros Estados miembros o el cierre de tales cuentas bancarias, pueden constituir indicios de ese riesgo de «ocultación», en tanto en cuanto tales medidas parezcan «inusuales», es decir, carentes de justificación económica o comercial.

68.      Del mismo modo, en el presente asunto, también es pertinente la finalización, por parte de Mr Green, de la relación comercial que mantenía con un proveedor de servicios de pago (Dimico Europe) en Austria, que tuvo como consecuencia la transferencia del saldo acreedor que dicha sociedad tenía con ese proveedor de servicios. En particular, por lo que se refiere a las sociedades que operan en línea y que no cuentan con activos materiales, o que cuentan con activos limitados, en los Estados miembros destinatarios, el saldo acreedor que se mantenga con un proveedor de pago puede ser uno de los pocos activos que posean fuera de Malta. En la medida en que parezca «inusual», como sostiene la Comisión, tal finalización puede ser el indicio de una estrategia más amplia del deudor consistente en «ocultar» todos sus activos en Malta. No obstante, es necesario que exista un vínculo temporal entre ambos. Por este motivo, el considerando 14 del Reglamento OERC se refiere a cualquier «actuación reciente» del deudor en relación con sus activos. Una actuación demasiado alejada en el tiempo ya no puede constituir un indicio de que el riesgo persiste en el momento en que se examina la solicitud de orden de retención. No obstante, esto debe determinarse a la luz de las demás circunstancias tenidas en cuenta en el marco de la «valoración general». Corresponderá al órgano jurisdiccional remitente comprobar este extremo en el presente asunto.

69.      Antes de concluir, me gustaría abordar un último punto, que ha suscitado mucho debate ante el Tribunal de Justicia, a saber, el momento en que TQ solicitó la orden de retención. No cabe duda de que su pretensión se originó en 2019 (cuando participó en los juegos de azar ofrecidos por Mr Green); Mr Green puso fin al contrato con Dimoco Europe en febrero de 2021; las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales austriacos por las que se estimó la pretensión de TQ adquirieron firmeza y fuerza ejecutiva el 13 de abril de 2022, y el artículo 56A de la Ley de Juegos de Azar maltesa fue adoptado el 12 de junio de 2023. Sin embargo, TQ presentó la solicitud el 13 de febrero de 2024. Mr Green y el Gobierno maltés afirman que este retraso justifica, por sí solo, que no se conceda la orden de retención solicitada. (30)

70.      Sin embargo, no hay nada en el Reglamento OERC que imponga al acreedor la obligación de presentar su solicitud en el mismo momento en que surja un «riesgo real» para la ejecución de su crédito. La única consideración relevante es si ese riesgo sigue existiendo en el momento en el que el acreedor lo hace. El hecho de que pueda haber presentado su solicitud con anterioridad no es, por sí solo, importante. Es cierto, como se ha señalado anteriormente, que el que algunos elementos se remonten a varios años atrás puede indicar, dependiendo de las circunstancias, que el riesgo pertinente ya no existe —ya sea porque nada hace pensar que el deudor vaya a seguir tomando medidas para eludir la ejecución o porque el deudor ya haya adoptado tales medidas y sea demasiado tarde para que la orden de retención sea efectiva—. Ahora bien, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar este extremo en el presente asunto.

V.      Conclusión

71.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunal Regional de lo Civil de Viena, Austria) del siguiente modo:

«El artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil,

debe interpretarse en el sentido de que

el requisito previsto en esta disposición se cumple cuando el acreedor haya aportado pruebas suficientes para convencer al órgano jurisdiccional que conozca del asunto de que existe una necesidad urgente de una orden de retención, en la medida en que exista un riesgo real de que, si no se adopta esa medida, en el momento en que el acreedor esté en condiciones de ejecutar una resolución judicial existente o futura, el deudor pueda haber dilapidado, ocultado o destruido sus bienes o haberlos enajenado por un valor inferior al real, impidiendo así o, al menos, haciendo que resulte considerablemente más difícil el cobro del crédito del acreedor.»


1      Lengua original: inglés.


2      Véanse mis conclusiones presentadas en los asuntos Wunner (C‑77/24, EU:C:2025:432) y European Lotto and Betting y Deutsche Lotto- und Sportwetten (C‑440/23, EU:C:2025:668). En el presente asunto reiteraré ciertas consideraciones contextuales que reflejan las alegaciones de los interesados en esos asuntos.


3      La competencia de estos órganos jurisdiccionales se deriva de la regla forum actoris prevista en favor de los consumidores en virtud del artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento Bruselas I bis»).


4      Véase https://parlament.mt/14th-leg/acts/act-xxi-of-2023 (consultada por última vez el 7 de septiembre de 2025).


5      Véase la L-Att tal-2023 li jemenda l-Att dwar il-Logħob [Ley de Juegos de Azar de 2003 (modificación)] (suplemento de la Malta Government Gazette, n.º 21,071, de 16 de junio de 2023 — Sección A, p. 473) (en lo sucesivo, «Proyecto de Ley 55»). L-Att dwar il-Logħob (Ley de Juegos de Azar) (suplemento de la Malta Government Gazette, n.º 19,991, de 15 de mayo de 2018 — Sección A, p. 509) (en lo sucesivo, «Ley de Juegos de Azar maltesa»).


6      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil (DO 2014, L 189, p. 59; en lo sucesivo, «Reglamento OERC»).


7      Véase el artículo 6 del Reglamento OERC.


8      Véanse los considerandos 4, 5, 7 y 47 y el artículo 1, apartado 1, del Reglamento OERC.


9      Véase el artículo 22 del Reglamento OERC.


10      Véanse los considerandos 1 a 5 del Reglamento OERC.


11      Véase el artículo 1, apartado 1, del Reglamento OERC. Las cuestiones procesales que no estén reguladas en dicho Reglamento se rigen por el Derecho nacional del órgano jurisdiccional que conozca del asunto (véase el artículo 46, apartado 1).


12      En primer lugar, la deuda de TQ es «pecuniaria», ya que está destinada al «pago de una cantidad determinada de dinero» (véase el artículo 4, punto 5, del Reglamento OERC). En segundo lugar, dicha deuda se refiere a «materia civil y mercantil», dado que la exige un particular frente a otro particular, con arreglo a las normas ordinarias del Derecho civil. Por último, no se aplica ninguna de las exclusiones enumeradas en el artículo 2, apartados 2 a 4, de dicho Reglamento.


13      Dado que las cuentas bancarias que deben retenerse por la orden de retención solicitada se mantienen en Estados miembros distintos del Estado miembro del órgano jurisdiccional al que se solicitó la orden [véase el artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento OERC].


14      Véase, por analogía, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company (C‑333/21, EU:C:2023:1011), apartado 58 y jurisprudencia citada.


15      Hasta ahora, la Secretaría del Tribunal de Justicia ha seguido este enfoque. En la sentencia de 7 de noviembre de 2019, K.H. K.  (Retención de cuentas) (C‑555/18, EU:C:2019:937), el deudor fue considerado «parte del litigio principal». En cambio, en la sentencia de 20 de abril de 2023, Starkinvest (C‑291/21, EU:C:2023:299), no lo fue. Ello se debió a la información divergente facilitada por los órganos jurisdiccionales remitentes en cada uno de esos asuntos.


16      Trasladar esta cuestión a las normas de procedimiento nacionales con arreglo al artículo 46, apartado 1, del Reglamento OERC tendría como consecuencia que el derecho del deudor a ser oído ante el Tribunal de Justicia variaría en función del Estado miembro en el que se ubicase el órgano jurisdiccional remitente.


17      Varias disposiciones del Reglamento OERC califican al mismo tiempo al «acreedor» y al «deudor» de «partes» en el procedimiento de la OERC (véanse los artículos 36, apartados 2 y 3, y 37). Es interesante señalar que los términos «demandante» y «demandado» se utilizaron, junto con los de «acreedor» y «deudor», en la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la orden europea de retención de cuentas para simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil [COM(2011) 445 final; en lo sucesivo, «propuesta de Reglamento OERC»]. En el seno del Consejo de la Unión Europea surgió la preferencia por mantener un solo conjunto de términos y los términos «acreedor» y «deudor» fueron privilegiados simplemente porque parecían más amplios; véase, entre otros, Grupo «Derecho Civil» (Orden de retención de cuentas), Doc. 16427/11, 7 de noviembre de 2011, p. 4. Véase también Cuniberti, G. y Migliorini, S., The European Account Preservation Order Regulation: A Commentary, Cambridge University Press, Cambridge — Nueva York, 2018, pp. 32 y 278.


18      Véase la sentencia de 21 de febrero de 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen y Zuckerfabrik Soest (C‑143/88 y C‑92/89, en lo sucesivo, «sentencia Zuckerfabrik», EU:C:1991:65), apartados 17 a 19.


19      En efecto, cada vez que se plantean al Tribunal de Justicia peticiones de decisión prejudicial en el marco de un procedimiento nacional sumario y no contradictorio (por ejemplo, la emisión de requerimientos de pago), el demandado está autorizado a participar en el procedimiento (véanse, por ejemplo, las sentencias de 14 de diciembre de 1971, Politi, 43/71, EU:C:1971:122, pp. 1042 y 1043; de 18 de junio de 1998, Corsica Ferries France, C‑266/96, EU:C:1998:306, apartado 17, y de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartados 53 y 54).


20      No cabe reprochar al órgano jurisdiccional remitente su decisión en el presente asunto, puesto que ni sabía ni podía prever razonablemente que la remisión daría lugar inevitablemente a que se informara al deudor.


21      En cambio, cuando la solicitud del acreedor sea insustancial, el órgano jurisdiccional remitente debe limitarse a denegarla, en cuyo caso no parecería necesario plantear una petición de decisión prejudicial.


22      Véanse, respectivamente, los artículos 19, apartado 3, letra f), y 36, apartado 1, del Reglamento OERC.


23      Véanse la sentencia de 7 de noviembre de 2019, K.H. K.  (Retención de cuentas) (C‑555/18, EU:C:2019:937), apartado 40, y Silverstri, E., «Article 7: Conditions for issuing a Preservation Order», en Gascón Inchausti, F. y D’Alessandro, E., (eds.), The European Account Preservation Order: A Commentary on Regulation (EU) No 655/2014, Edward Elgar Publishing, 2022, pp. 81 y 82, §§ 7.05 y 7.06. Véase, por analogía, la sentencia Zuckerfabrik, apartado 28. Es cierto que el considerando 14 del Reglamento OERC establece que el acreedor debe demostrar que «su pretensión necesita urgentemente protección judicial y que, sin la orden, la ejecución de la resolución judicial existente o futura puede verse impedida o resultar considerablemente más difícil» (el subrayado es mío). No obstante, en mi opinión, esto refleja simplemente un caso de redacción imprecisa por parte del legislador (póngase en relación con los apartados 28 y 33 de la sentencia Zuckerfabrik). Por otra parte, ha de recordarse que los considerandos de un acto jurídico de la Unión, si bien pueden arrojar luz sobre partes ambiguas de sus propias disposiciones (véase, por ejemplo, el punto 52 de las presentes conclusiones), no tienen un valor jurídico vinculante y no pueden ser invocados válidamente como fundamento para interpretar dichas disposiciones en un sentido contrario a su tenor (véase la sentencia de 2 de abril de 2009, Tyson Parketthandel, C‑134/08, EU:C:2009:229, apartado 16 y jurisprudencia citada).


24      Véanse Consejo de la Unión Europea, delegación del Reino Unido del Grupo «Derecho Civil» (Orden de retención de cuentas), Doc. 13140/12, 13 de agosto de 2012, pp. 5 y 6; delegación de Suecia del Grupo «Derecho Civil» (Orden de retención de cuentas), Doc. 13140/12, 27 de agosto de 2012, p. 2; delegación de Alemania del Grupo «Derecho Civil» (Orden de retención de cuentas), Doc. 13140/12, 28 de agosto de 2012, p. 8; Delegación de Irlanda del Grupo «Derecho Civil» (Orden de retención de cuentas), Doc. 13140/12, 5 de septiembre de 2012, p. 4, y delegación de Finlandia del Grupo «Derecho Civil» (Orden de retención de cuentas), Doc. 13140/12, ADD 11, 7 de septiembre de 2012.


25      Véanse Presidencia del Grupo «Derecho Civil» (Orden de retención de cuentas), Doc. 8806/13 LIMITE, 26 de abril de 2013, pp. 2 a 4, y Secretaría General del Consejo, 6 de febrero de 2014, doc. 6215/14, pp. 7 y 21. Véase también Parlamento Europeo, Posición aprobada en primera lectura el 15 de abril de 2014 con vistas a la adopción del Reglamento [OERC] [EP-PE_TC1-COD (2011) 0204], pp. 8 y 35.


26      Véase, por analogía, la sentencia de 10 de febrero de 1994, Mund & Fester (C‑398/92, EU:C:1994:52), apartados 18 a 22.


27      Por lo tanto, el Tribunal de Justicia no debe proporcionar orientaciones al respecto en el presente asunto.


28      En efecto, el considerando 14 también hace referencia a «la naturaleza de los activos del deudor».


29      Vuelvo a señalar que carece de pertinencia en este contexto determinar si, en el presente asunto, el artículo 56A de la Ley de Juegos de Azar maltesa es conforme con el Reglamento Bruselas I bis y, por tanto, si las sociedades maltesas de juegos de azar están facultadas, con arreglo al Derecho de la Unión, para oponerse a la ejecución de las pretensiones de restitución del jugador en Malta —como alegan Mr Green y el Gobierno maltés—. Incluso si así fuera, una sociedad de ese tipo no estaría facultada para eludir el pago de esos créditos en toda la Unión Europea mediante la reubicación de activos en el Estado miembro en cuestión. Podría dictarse una orden de retención para evitar tal riesgo.


30      Véase, en el mismo sentido, el punto 16 de las presentes conclusiones.