Edición provisional
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. LAILA MEDINA
presentadas el 17 de septiembre de 2026 (1)
Asunto C‑449/25
FV
contra
Serviciul pentru Imigrări al judeţului Bihor
[Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Oradea (Tribunal Superior de Oradea, Rumanía)]
« Petición de decisión prejudicial — Directiva 2004/38/CE — Artículo 21 TFUE, apartado 1 — Derecho de libre circulación y de libre residencia en el territorio de los Estados miembros — Ciudadanía de la Unión — Beneficiarios — Derecho de residencia derivado — Nacional de un tercer Estado — Prohibición de reconocer parejas de hecho formadas en el extranjero — Disposición que preserva la aplicabilidad de los derechos a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión y del EEE — Unión civil celebrada en otro Estado miembro en el que no ha residido ninguno de los contrayentes — Falta de residencia efectiva en el Estado miembro de acogida — Desarrollo o consolidación de la convivencia familiar — Identidad constitucional nacional — Artículo 4 TFUE, apartado 2 »
1. La presente petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Oradea (Tribunal Superior de Oradea, Rumanía) se refiere a la denegación del derecho de residencia en el territorio de un Estado miembro a un nacional de un tercer Estado que es pareja de un nacional de dicho Estado miembro, cuando ambos han formalizado una unión civil en otro Estado miembro en el que ninguno de ellos ha residido.
2. En esencia, el asunto versa sobre la interpretación del artículo 21 TFUE, apartado 1, y, en concreto, sobre la cuestión de si un ciudadano de la Unión que viaja a otro Estado miembro con la única intención de formalizar una unión civil, sin establecer allí su residencia, ha ejercido con ello el derecho a la libre circulación de tal manera que ello otorgue a la pareja de ese ciudadano un derecho de residencia derivado en el Estado miembro del que es nacional.
I. Marco jurídico
A. Derecho de la Unión
3. El artículo 2 de la Directiva 2004/38, (2) titulado «Definiciones», establece lo siguiente:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
2) “Miembro de la familia”:
a) el cónyuge;
b) la pareja con la que el ciudadano de la Unión ha celebrado una unión registrada, con arreglo a la legislación de un Estado miembro, si la legislación del Estado miembro de acogida otorga a las uniones registradas un trato equivalente a los matrimonios y de conformidad con las condiciones establecidas en la legislación aplicable del Estado miembro de acogida;
[…]
[…]»
4. El artículo 3 de la Directiva 2004/38, que lleva por título «Beneficiarios», tiene el siguiente tenor literal:
«1. La presente Directiva se aplicará a cualquier ciudadano de la Unión que se traslade a, o resida en, un Estado miembro distinto del Estado del que tenga la nacionalidad, así como a los miembros de su familia, tal como se definen en el punto 2 del artículo 2, que le acompañen o se reúnan con él.
2. Sin perjuicio del derecho personal de los interesados a la libre circulación y a la residencia, el Estado miembro de acogida facilitará, de conformidad con su legislación nacional, la entrada y la residencia de las siguientes personas:
[…]
b) la pareja con la que el ciudadano de la Unión mantiene una relación estable, debidamente probada.
El Estado miembro de acogida estudiará detenidamente las circunstancias personales y justificará toda denegación de entrada o residencia a dichas personas.»
5. El artículo 6 de esta Directiva, titulado «Derecho de residencia por un período de hasta tres meses», dispone lo siguiente:
«1. Los ciudadanos de la Unión tendrán derecho de residencia en el territorio de otro Estado miembro por un período de hasta tres meses […]
2. Las disposiciones del apartado 1 se aplicarán asimismo a los miembros de la familia en posesión de un pasaporte válido que no sean nacionales de un Estado miembro y acompañen al ciudadano de la Unión, o se reúnan con él.»
6. El artículo 7 de la Directiva 2004/38, que lleva por título «Derecho de residencia por más de tres meses», dispone en sus apartados 1 y 2:
«1. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de residencia en el territorio de otro Estado miembro por un período superior a tres meses si:
a) es un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en el Estado miembro de acogida, o
b) dispone, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida, o […]
c) — está matriculado en un centro público o privado, reconocido o financiado por el Estado miembro de acogida con arreglo a su legislación o a su práctica administrativa, con la finalidad principal de cursar estudios, inclusive de formación profesional; y
— cuenta con un seguro de enfermedad que cubre todos los riesgos en el Estado miembro de acogida y garantiza a la autoridad nacional competente, mediante una declaración o por cualquier otro medio equivalente de su elección, que posee recursos suficientes para sí y los miembros de su familia para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia, o
d) es un miembro de la familia que acompaña a un ciudadano de la Unión, o va a reunirse con él, y que cumple las condiciones contempladas en las letras a), b) o c).
2. El derecho de residencia establecido en el apartado 1 se ampliará a los miembros de la familia que no sean nacionales de un Estado miembro cuando acompañen al ciudadano de la Unión o se reúnan con él en el Estado miembro de acogida, siempre que dicho ciudadano cumpla las condiciones contempladas en las letras a), b) o c) del apartado 1.»
7. A tenor del artículo 16, apartados 1 y 2, de la misma Directiva, rubricado «Norma general para los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia»:
«1. Los ciudadanos de la Unión que hayan residido legalmente durante un período continuado de cinco años en el Estado miembro de acogida tendrán un derecho de residencia permanente en este. […]
2. El apartado 1 será asimismo aplicable a los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro y que hayan residido legalmente durante un período continuado de cinco años consecutivos con el ciudadano de la Unión en el Estado miembro de acogida.»
B. Derecho rumano
1. Código Civil
8. Con arreglo al artículo 259 de la Legea nr. 287/2009 privind Codul civil (Ley n.º 287/2009, sobre el Código Civil; en lo sucesivo, «Código Civil»):
«1. El matrimonio es la unión libremente consentida entre un hombre y una mujer, celebrada según los requisitos establecidos por la ley.
2. Los hombres y las mujeres tienen el derecho a casarse con el fin de fundar una familia.»
9. El artículo 277 del Código Civil establece que:
«1. Se prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo.
2. Los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el extranjero por ciudadanos rumanos o por extranjeros no gozan de reconocimiento legal en Rumanía.
3. Las parejas de hecho formadas por personas de distinto sexo o del mismo sexo en el extranjero por ciudadanos rumanos o por extranjeros no gozan de reconocimiento legal en Rumanía. [(3)]
4. Serán de aplicación las disposiciones legales relativas a la libre circulación en el territorio rumano de los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo.»
2. Decreto‑ley n.º 194/2002 del Gobierno
10. El artículo 50, apartados 1 y 2, de la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (Decreto‑ley n.º 194/2002 del Gobierno, sobre el régimen de extranjeros en Rumanía; en lo sucesivo, «Decreto‑ley n.º 194/2002») establece:
«1. La Inspección General de Inmigración o sus oficinas territoriales podrán conceder la prórroga del derecho de residencia temporal a los extranjeros que hayan entrado en Rumanía en virtud de un visado de larga duración, así como a aquellos que estén exentos de la obligación de obtener un visado de larga duración, de conformidad con los requisitos previstos en la presente sección.
2. El derecho de residencia en Rumanía podrá prorrogarse sucesivamente por períodos de hasta un año, únicamente si:
[…]
i) se cumplen las condiciones generales previstas en la presente sección, así como las condiciones especiales para la prórroga del derecho de residencia, en función del motivo por el que se solicite.
[…]»
11. El artículo 62, apartados 3 y 32, del Decreto‑ley n.º 194/2002 dispone:
«3. Podrá prorrogarse el derecho de residencia a los extranjeros miembros de la familia de un ciudadano rumano si este último tiene, de conformidad con la ley, el domicilio o la residencia en Rumanía, en los siguientes términos:
[…]
b) para la pareja del ciudadano rumano, si:
i) aporta el certificado de nacimiento del hijo;
[…]
32. Podrá prorrogarse el derecho de residencia a los extranjeros miembros de la familia de un ciudadano rumano a los que, como tales, se les haya concedido un derecho de residencia en otro Estado miembro, si:
a) acrediten que se les ha concedido el derecho de residencia en otro Estado miembro por su condición de miembro de la familia del ciudadano rumano con domicilio o residencia en Rumanía;
b) al presentar la solicitud, aportan los siguientes documentos:
[…]
iii) documentos que acrediten que se les ha concedido el derecho de residencia en otro Estado miembro por su condición de miembro de la familia del ciudadano rumano;
[…]»
12. El artículo 81, apartado 2, del Decreto‑ley n.º 194/2002 establece lo siguiente:
«La Inspección General de Inmigración declarará irregular la residencia de los extranjeros que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:
[…]
c) el extranjero no cumple o ha dejado de cumplir los requisitos de entrada previstos en el artículo 6 del Código de Fronteras Schengen o los requisitos de entrada o de residencia previstos en el presente Decreto‑ley;
[…]»
II. Litigio principal y cuestión prejudicial
13. La demandante, FV, es ciudadana británica.
14. El 12 de junio de 2024, FV y GH, ciudadana rumana con domicilio en Rumanía, formalizaron en Italia una unión civil, con arreglo a la legislación del Estado italiano. (4) Cuando formalizaron la unión civil, FV residía en Australia, mientras que GH residía en Rumanía. Ninguna de ellas residía en territorio italiano.
15. El 1 de enero de 2025, FV entró en el territorio de Rumanía para convivir con su pareja, que se dedica al cuidado de su madre, una persona con grave discapacidad.
16. El 21 de febrero de 2025 FV presentó ante el Serviciul pentru Imigrări al Județului Bihor (Servicio de Inmigración de la Provincia de Bihor, Rumanía; en lo sucesivo, «Servicio de Inmigración») una solicitud de prórroga de su derecho de residencia temporal con fines de reagrupación familiar, ya que, de conformidad con la legislación rumana, el período máximo de residencia sin autorización iba a finalizar el 31 de marzo de 2025.
17. El 16 de abril de 2025 el Servicio de Inmigración adoptó una decisión de retorno ordenando su salida del territorio de Rumanía (en lo sucesivo, «decisión de retorno»). En ella se decía que, con arreglo al artículo 81, apartado 2, letra c), del Decreto‑ley n.º 194/2002, la permanencia de la demandante en el territorio de Rumanía se había convertido en irregular el 16 de abril de 2025, de modo que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto‑ley n.º 194/2002, (5) FV estaba obligada a abandonar el territorio rumano y retornar al Reino Unido en el plazo de 30 días desde la notificación de la decisión.
18. En los fundamentos de la decisión de retorno se puso de manifiesto que FV no había acreditado que tuviera un derecho de residencia en otro Estado miembro de la Unión por su condición de miembro de la familia de un ciudadano rumano. Asimismo, no tenía hijos comunes con su pareja GH.
19. FV ha interpuesto un recurso contra esta decisión de retorno ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo y lo Tributario de la Curtea de Apel Oradea (Tribunal Superior de Oradea), como órgano jurisdiccional de primera y última instancia. FV considera que, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular la sentencia en el asunto Coman, (6) al estar reconocidas las parejas de hecho entre personas del mismo sexo por Italia, Estado miembro de la Unión, Rumanía está obligada a reconocer, a los efectos del ejercicio del derecho a la libre circulación y residencia, las relaciones familiares legalmente constituidas en otro Estado miembro, incluidas aquellas entre personas del mismo sexo. Alega que, mediante la decisión de retorno adoptada, se vulneró su derecho a la vida familiar, garantizado por el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), y por el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), así como su derecho de libre circulación y residencia.
20. Además, FV aduce que la denegación de la prórroga del derecho de residencia basándose en que las parejas de hecho formadas por personas del mismo sexo no están reconocidas en el Derecho nacional constituye una discriminación indirecta de las parejas del mismo sexo y que el demandado está obligado a concederle un derecho de residencia temporal por reagrupación familiar en virtud del artículo 21 TFUE, apartado 1, del artículo 7 de la Directiva 2004/38 y de la sentencia Coman.
21. El Servicio de Inmigración considera que la decisión de retorno adoptada es conforme a Derecho. Sostiene que FV podría haberse acogido a alguno de los dos supuestos previstos en la legislación nacional para el caso de las parejas. Sin embargo, la solicitud de prórroga del derecho de residencia presentada por FV no se ajusta a ninguno de ellos. En opinión del Servicio de Inmigración, un primer supuesto de prórroga del derecho de residencia es el previsto en el artículo 62, apartado 3, del Decreto‑ley n.º 194/2002 que, para el caso de parejas de hecho, establece el requisito de que estas tengan hijos en común, circunstancia que no se da en el caso de la demandante y de su pareja. El segundo supuesto al que la demandante podría haberse acogido es, según el demandado, el previsto en el artículo 62, apartado 32, del Decreto‑ley n.º 194/2002, que exige a los miembros de la pareja que se les haya concedido un derecho de residencia en otro Estado miembro, sin que la demandante haya acreditado el cumplimiento de este requisito.
22. El órgano jurisdiccional remitente constata que los hechos y los fundamentos de Derecho del presente asunto difieren en dos aspectos de los del asunto Coman. En ese asunto, las dos personas del mismo sexo estaban, en primer lugar, casadas, y, en segundo lugar, habían residido previamente con carácter permanente en un Estado miembro distinto del Estado de destino. En cambio, en el presente asunto FV y su pareja formalizaron una unión civil y no residían con carácter permanente en el Estado miembro en el que se formalizó la unión civil ni en otro Estado miembro. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente aprecia que de la documentación que consta en el expediente se desprende que Rumanía es el primer Estado miembro en el que FV convivió por un período de 90 días con su pareja con posterioridad a la formalización de la unión civil.
23. El órgano jurisdiccional remitente también señala que las representantes voluntarias de la demandante confirmaron ante él que FV y GH se habían desplazado a Italia para formalizar la unión civil, dado que la legislación de dicho Estado permite formalizar este tipo de unión civil entre personas del mismo sexo, mientras que la legislación rumana no reconoce tal institución jurídica ni ninguna institución similar para las personas del mismo sexo.
24. Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente constata que FV y su pareja habían hecho uso del derecho a la libre circulación de la ciudadana rumana, en su condición de ciudadana de la Unión, para desplazarse a otro Estado miembro, en concreto a Italia, que permite formalizar uniones civiles entre personas del mismo sexo, acto jurídico que no podía realizarse en Rumanía. El órgano jurisdiccional remitente apunta que, en el caso de que FV y su pareja no hubieran sido personas del mismo sexo, habrían podido contraer matrimonio en Rumanía y no habría habido motivos para denegar la prórroga del derecho de residencia de FV en Rumanía.
25. En estas circunstancias, la Curtea de Apel Oradea (Tribunal Superior de Oradea) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 21 [TFUE], apartado 1, en el sentido de que, en una situación en la que un ciudadano de la Unión Europea ha hecho uso de su libertad de circulación, desplazándose a un Estado miembro distinto de aquel del que es nacional y formalizando con un ciudadano de un tercer Estado, del mismo sexo que él, una unión civil con arreglo a la legislación italiana, se opone a que las autoridades del Estado miembro del que el ciudadano europeo es nacional denieguen el derecho de residencia en el territorio de dicho Estado miembro al nacional del tercer Estado, debido a que el Derecho del Estado miembro no reconoce parejas de hecho formadas por personas del mismo sexo?»
26. Han presentado observaciones escritas los Gobiernos alemán, noruego y rumano y la Comisión Europea. Estas mismas partes, además del Gobierno danés, asistieron a la vista oral, que se celebró el 16 de junio de 2026. Con el permiso del Tribunal de Justicia, las respuestas por escrito de FV a las preguntas planteadas por el Tribunal de Justicia fueron leídas en presencia de los miembros de este y de las partes que asistieron a la vista.
III. Apreciación
27. Procede comenzar señalando que FV recurrió la decisión de retorno ante el órgano jurisdiccional remitente. Según resulta de la resolución de remisión, la decisión de retorno fue consecuencia directa de la denegación de una prórroga del derecho de residencia temporal de FV. El Servicio de Inmigración consideró que la permanencia de la demandante en el territorio de Rumanía se había convertido en irregular el 16 de abril de 2025, tras haber sido denegada su solicitud de prórroga. La cuestión planteada por ese órgano jurisdiccional se refiere a la compatibilidad con el Derecho de la Unión de las condiciones que deben cumplirse para la concesión de un derecho de residencia derivado, más que a la compatibilidad con el Derecho de la Unión de la propia decisión de retorno.
28. El órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si el artículo 21 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que las autoridades del Estado miembro del cual es nacional un ciudadano de la Unión denieguen el permiso de residencia en su territorio a un nacional de un tercer Estado con el cual el ciudadano de la Unión ha celebrado una unión civil con arreglo a la legislación de otro Estado miembro en el que ninguno de ellos ha residido, argumentando que el Derecho del Estado miembro de la nacionalidad no reconoce las uniones civiles entre personas del mismo sexo. (7)
29. Antes de abordar la cuestión de si existe un obstáculo a la libertad de circulación, es necesario determinar si GH ha ejercido derechos de libre circulación de tal manera que se genere para FV un derecho de residencia derivado en Rumanía. Esta cuestión previa resulta decisiva, toda vez que tales cuestiones solo se plantean si el artículo 21 TFUE, apartado 1, o, en su caso, el artículo 20 TFUE son efectivamente aplicables al presente asunto.
A. Sobre el eventual ejercicio de los derechos de libre circulación de manera que se genere para la pareja de una ciudadana de la Unión un derecho de residencia derivado
30. En el presente asunto, GH, nacional rumana, se desplazó hasta Italia con el único objeto de formalizar una unión civil con FV, nacional británica residente en Australia, sin fijar su residencia en Italia. Al regresar GH a Rumanía, FV solicitó un derecho de residencia derivado en Rumanía como pareja de GH. Así pues, el presente asunto trata de una situación en la que, tras haber ejercido supuestamente sus derechos de libre circulación, una ciudadana de la Unión regresa al Estado miembro del que es nacional e invoca dichos derechos a fin de obtener, por ejemplo, un derecho de residencia para su pareja, nacional de un tercer Estado. Esta situación se designa generalmente como «giro en U». (8)
1. Derechos de residencia derivados en virtud del artículo 21 TFUE, apartado 1, con aplicación analógica de la Directiva 2004/38
a) Marco general
31. El artículo 21 TFUE, apartado 1, confiere a todo ciudadano de la Unión el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción, en particular, a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados. (9) El objetivo de la Directiva 2004/38 consiste en facilitar el ejercicio del derecho fundamental e individual a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, que dicha disposición confiere directamente a los ciudadanos de la Unión. (10) El considerando 5 de dicha Directiva pone de relieve que dicho derecho, para que pueda ejercerse en condiciones objetivas de dignidad, debe serle reconocido también a los miembros de las familias de esos ciudadanos, cualquiera que sea su nacionalidad. (11)
32. Ni el artículo 21 TFUE, apartado 1, ni la Directiva 2004/38 reconocen un derecho autónomo a nacionales de terceros Estados vinculados a un ciudadano de la Unión por lazos familiares o personales. Cualesquiera derechos de residencia conferidos a nacionales de terceros Estados por dichas disposiciones son derechos derivados del ejercicio de la libertad de circulación por el ciudadano de la Unión de que se trate. La finalidad y la justificación de estos derechos derivados se basan en la consideración de que no reconocerlos podría menoscabar la libertad de circulación del ciudadano de la Unión. (12)
33. Respecto al marco jurídico que rige estos derechos derivados, existen dos categorías diferentes de nacionales de terceros Estados mencionados en la Directiva 2004/38 que pueden beneficiarse de los derechos relacionados con el ejercicio de la libertad de circulación por un ciudadano de la Unión, de relevancia para el presente asunto.
34. La primera categoría, en virtud del artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/38, incluye a la pareja con la que el ciudadano de la Unión ha celebrado una unión registrada con arreglo a la legislación de un Estado miembro, si la legislación del Estado miembro de acogida otorga a las uniones registradas un trato equivalente a los matrimonios. De cumplirse este requisito, la pareja pasa a considerarse «miembro de la familia» del ciudadano de la Unión y a beneficiarse de todos los derechos que la Directiva confiere a los miembros de la familia. Por lo tanto, esta disposición comprende una situación en la que la unión ha sido formalizada legalmente y está reconocida como equivalente al matrimonio en el Estado miembro de acogida.
35. La segunda categoría, en virtud del artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/38, incluye a la pareja con la que el ciudadano de la Unión mantiene una relación estable, debidamente probada, que no cumple los requisitos del artículo 2, apartado 2, letra b), de dicha Directiva, por ejemplo, debido a que el Estado miembro de acogida no trata las uniones registradas como equivalentes al matrimonio, o a que la unión no ha sido formalmente registrada. En tal caso, la pareja no se considera «miembro de la familia» en el sentido del artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2004/38, pese a lo cual el Estado miembro de acogida está obligado a facilitar su entrada y residencia. Así pues, el artículo 3, apartado 2, letra b), de la referida Directiva comprende una situación en la que la relación existe en la práctica, pero no cumple las formalidades legales requeridas para la consideración como miembro de la familia a efectos del artículo 2, apartado 2, letra b).
36. En consecuencia, para que un miembro de la familia de un ciudadano de la Unión pueda considerarse beneficiario en virtud del artículo 3 de la Directiva 2004/38 en una u otra situación, el ciudadano de la Unión con el que mantiene un vínculo familiar o personal debe estar incluido en el ámbito de aplicación de dicha Directiva. (13)
37. Aunque la Directiva 2004/38 pretende facilitar y reforzar el ejercicio del derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, su objeto se refiere a las condiciones de ejercicio de ese derecho, como resulta de su artículo 1, letra a). (14)
38. Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que, en la medida en que, en virtud de un principio de Derecho internacional, un Estado miembro no puede negar a sus propios nacionales el derecho a entrar en su territorio y a residir en él y estos disfrutan por lo tanto en dicho Estado de un derecho de residencia incondicionado, la Directiva 2004/38 no pretende regular la residencia de un ciudadano de la Unión en un Estado miembro del que es nacional. Por consiguiente, dicha Directiva tampoco pretende conferir, en el territorio de ese mismo Estado miembro, un derecho de residencia derivado a los nacionales de terceros Estados que mantengan un vínculo con el mencionado ciudadano, como miembros de la familia a efectos del artículo 2, apartado 2, de la directiva, ni facilitar la residencia a la pareja con la que el ciudadano de la Unión mantiene una relación estable, debidamente probada, en el sentido del artículo 3, apartado 2, letra b) de la citada Directiva (conjuntamente, «miembros de la familia o pareja»). (15)
39. De ello se deduce que, mientras un ciudadano de la Unión no esté incluido en el concepto de «beneficiario» a efectos del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/38, es decir, mientras no se haya trasladado ni resida en un Estado miembro distinto del Estado del que tenga la nacionalidad, (16) los miembros de la familia de dicho ciudadano de la Unión tampoco están incluidos en ese concepto al objeto de obtener un derecho de residencia derivado en dicho Estado miembro, ya que los derechos reconocidos por esa Directiva a los miembros de su familia o pareja no son derechos propios, sino derechos derivados, adquiridos por su vínculo con el ciudadano de la Unión que es el beneficiario. (17)
40. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha declarado que, aunque los nacionales de terceros Estados que son miembros de la familia de un ciudadano de la Unión no pueden invocar la Directiva 2004/38 para obtener un derecho de residencia derivado en el Estado miembro del que ese ciudadano es nacional, dado que la Directiva no es aplicable en dicho Estado miembro, en determinadas circunstancias pueden beneficiarse de un derecho de residencia derivado sobre la base del artículo 21 TFUE, apartado 1, concretamente cuando la denegación de este derecho constituya un menoscabo de los derechos de circulación del ciudadano de la Unión, al disuadirle de ejercer estos derechos en otro Estado miembro. (18)
41. Como ha explicado el Tribunal de Justicia, la concesión, en el momento del regreso de un ciudadano de la Unión al Estado miembro del que es nacional (es decir, en una situación de «giro en U»), de un derecho de residencia derivado a un nacional de un tercer Estado, miembro de la familia o pareja de dicho ciudadano, con el que este último ha residido en el Estado miembro de acogida, tiene por objeto eliminar el consiguiente obstáculo a la salida del Estado miembro del que es originario, garantizando a dicho ciudadano poder continuar, en este último Estado miembro, la convivencia familiar que había desarrollado o consolidado en el Estado miembro de acogida. (19) El Tribunal de Justicia consideró que, aunque no contempla el mencionado supuesto de regreso, la Directiva 2004/38 debe aplicarse por analogía en lo que respecta a los requisitos para conceder un derecho derivado de residencia en el Estado miembro de acogida a un nacional de un tercer Estado, que es miembro de la familia de un ciudadano de la Unión, dado que en ambos casos es el ciudadano de la Unión la persona de referencia para que pueda concederse tal derecho de residencia derivado. (20) Las mismas conclusiones son válidas respecto a la obligación de facilitar la residencia de la pareja con la que el ciudadano de la Unión mantiene una relación estable, debidamente probada, según dispone el artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/38.
42. El razonamiento del Tribunal de Justicia se basa en el principio según el cual dos situaciones objetivamente comparables deben ser tratadas de manera idéntica. Tanto en la situación del Estado miembro de acogida como en la de «giro en U», es el ciudadano de la Unión quien actúa como persona de referencia para que el nacional de un tercer Estado pueda adquirir un derecho de residencia derivado. De manera análoga, en ambas situaciones lo que se ha de preservar es la convivencia familiar que se ha desarrollado o consolidado durante la residencia efectiva en el Estado miembro de acogida. Dado que el Derecho de la Unión exige que las situaciones objetivamente comparables sean tratadas de manera idéntica, cuando no haya una razón objetiva que justifique una diferencia de trato las condiciones que rigen la concesión de un derecho de residencia derivado, en principio, no deben ser más estrictas en una situación de «giro en U» que las aplicables en la situación del Estado miembro de acogida. (21)
b) La evolución de la jurisprudencia relativa a la situación de «giro en U»
43. La primera vez que se dio una situación de «giro en U» fue en el asunto que dio lugar a la sentencia Singh, en que se trataba de la libre circulación de personas que ejercen una actividad económica. (22) En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que un nacional de un Estado miembro que ha trabajado y residido en otro Estado miembro con un cónyuge nacional de un tercer Estado tiene derecho, al regresar al Estado miembro del que es nacional, a ser acompañado por su cónyuge en condiciones al menos igual de favorables que las establecidas por el Derecho de la Unión, pues lo contrario podría disuadir de antemano al ciudadano de la Unión de ejercer sus derechos de libre circulación. (23)
44. Este razonamiento se extendió posteriormente, en la sentencia Eind, (24) a las situaciones en que un ciudadano de la Unión, tras ejercer una actividad económica en otro Estado miembro, regresa al Estado miembro del que es nacional sin ejercer allí ninguna actividad económica. El Tribunal de Justicia consideró que dicho ciudadano de la Unión podría verse disuadido de abandonar el Estado miembro del que es nacional para trabajar en otro Estado miembro si no tuviese la certeza de poder regresar con un miembro de la familia con independencia de su intención de emprender o no una actividad económica a su regreso. (25) Así pues, dejó de exigirse el vínculo económico establecido en la sentencia Singh, y el fundamento de los derechos derivados de residencia quedó circunscrito exclusivamente al «efecto útil» del derecho a la libre circulación. (26)
45. Tras estas sentencias, se planteó la cuestión de cuánto tiempo deben residir el ciudadano de la Unión y el miembro de su familia en el Estado miembro de acogida antes de regresar al Estado miembro de nacionalidad para que el miembro de la familia pueda obtener un derecho de residencia en el segundo Estado miembro. A fin de abordar esta cuestión, el Tribunal de Justicia estableció en la sentencia O. y B. el marco analítico para responder a esta compleja problemática.
2. El marco analítico establecido por el Tribunal de Justicia en la sentencia O. y B.
46. El marco analítico establecido en la sentencia O. y B. se basa en dos condiciones acumulativas diferentes, pero interconectadas: la residencia efectiva en el Estado miembro de acogida y la convivencia familiar desarrollada o consolidada durante esa residencia efectiva. El cumplimiento de ambas condiciones otorga al miembro de la familia de un ciudadano de la Unión, nacional de un tercer Estado, un derecho de residencia derivado en el Estado miembro del que el ciudadano de la Unión es nacional. De igual manera, este cumplimiento también obliga al Estado miembro de la nacionalidad a facilitar la residencia de la pareja con la que el ciudadano de la Unión mantiene una relación estable, debidamente probada, según dispone el artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/38, aplicado por analogía. (27)
a) Residencia efectiva en el Estado miembro de acogida con arreglo a los artículos 7 o 16 de la Directiva 2004/38
47. En el apartado 51 de la sentencia O. y B., el Tribunal de Justicia sostiene que un obstáculo al ejercicio de los derechos de libre circulación «solo existirá […] cuando la residencia del ciudadano de la Unión en el Estado miembro de acogida tenga una efectividad suficiente para permitirle desarrollar o consolidar una convivencia familiar en este Estado miembro». La fórmula («solo existirá cuando») establece la residencia efectiva como requisito necesario de la existencia de un obstáculo a la libre circulación y, en consecuencia, para la existencia de un derecho de residencia derivado para un miembro de la familia en el momento en que el ciudadano de la Unión regrese al Estado miembro del que es nacional.
48. A continuación, el Tribunal de Justicia desarrolla este requisito por medio de dos hipótesis diferentes. En la primera de ellas, (28) cuando el ciudadano de la Unión solo ejerce los derechos que le reconoce el artículo 6 de la Directiva 2004/38, es decir, la residencia por un período de hasta tres meses, como en vacaciones o fines de semana, en principio tal residencia no expresa intención alguna de instalarse en el Estado miembro de acogida de una manera que permita el desarrollo o la consolidación de una convivencia familiar en él. En consecuencia, la denegación de un derecho de residencia derivado en el momento del regreso no disuadirá al ciudadano de la Unión de ejercer los derechos que le confiere el artículo 6 de la Directiva, y no se crea obstáculo alguno. Por otro lado, el Tribunal de Justicia confirma (29) que los períodos de residencia de corta duración, incluso considerados en su conjunto, se inscriben en el ámbito del artículo 6 y no dan lugar a un derecho de residencia derivado en el momento del retorno.
49. En la segunda hipótesis, (30) cuando un ciudadano de la Unión ejerce los derechos reconocidos por el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2004/38, es decir, residencia durante un período superior a tres meses en las condiciones allí establecidas, dicha residencia acredita, en principio, la instalación en el Estado miembro de acogida y, por lo tanto, el carácter efectivo de la residencia y puede estar unido al desarrollo o la consolidación de una convivencia familiar en dicho Estado. Por consiguiente, se trata de una residencia de más de tres meses con arreglo al artículo 7 de la Directiva 2004/38 y, con mayor motivo, una residencia permanente a efectos del artículo 16 de esta, (31) que abre la puerta a un derecho de residencia derivado en el momento del retorno.
50. De estas dos hipótesis diferentes se deduce que el derecho de residencia derivado que asiste a un miembro de la familia en el momento de regresar el ciudadano de la Unión solo puede tener el alcance de los derechos efectivamente ejercidos por el ciudadano de la Unión en el Estado miembro de acogida. Cuando el ciudadano de la Unión solo ha ejercido el derecho de libre circulación con arreglo al artículo 6 de la Directiva 2004/38, no surge de ello ningún derecho de residencia derivado en el momento del retorno. Cuando el ciudadano de la Unión ha ejercido el derecho de residencia con arreglo a los artículos 7 o 16 de la referida Directiva, puede surgir un derecho de residencia derivado en el momento del retorno. De esta manera, el derecho derivado es reflejo del derecho ejercido por el ciudadano de la Unión. A fortiori, el mismo razonamiento ha de ser válido respecto a la obligación de facilitar la residencia, establecida en el artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/38. El Estado miembro del que el ciudadano de la Unión es nacional debe facilitar la residencia a la pareja con quien este mantenga una relación estable, debidamente probada, siempre que dicho ciudadano de la Unión haya residido efectivamente en el Estado miembro de acogida.
b) La convivencia familiar desarrollada o consolidada durante la residencia efectiva
51. En el supuesto de que se cumpla la premisa de hecho de la residencia efectiva, el desarrollo o consolidación de una convivencia familiar durante esta residencia efectiva es una nueva condición acumulativa que debe satisfacerse para que, en el momento del retorno, nazca la obligación de conceder un derecho de residencia derivado a un miembro de la familia nacional de un tercer Estado (o, la obligación de facilitar la residencia a la pareja con la que el ciudadano de la Unión mantenga una relación estable, debidamente probada). (32) Dado que la apreciación requiere que se establezcan los elementos fácticos pertinentes, incumbe al órgano jurisdiccional remitente determinar si se cumple esta condición en el asunto de que conoce. (33)
52. Una residencia efectiva en el Estado miembro de acogida, durante la cual el ciudadano de la Unión y el miembro de su familia desarrollan o consolidan una convivencia familiar, genera la obligación de conceder un derecho de residencia derivado en el momento del retorno al Estado miembro del que es nacional. De manera análoga, respecto a la pareja con la cual el ciudadano de la Unión haya desarrollado o consolidado una convivencia familiar durante la residencia efectiva en el Estado miembro de acogida, el cumplimiento acumulado de ambos requisitos da lugar a la obligación de facilitar la residencia en el Estado miembro de nacionalidad. El desarrollo y consolidación de la convivencia familiar durante la residencia efectiva es parte inherente del derecho a la libertad de circulación y ha de ser protegido mediante la remoción del siguiente obstáculo: la negativa a conceder un derecho de residencia a un miembro de la familia o a facilitar la residencia a la pareja, nacionales de un tercer Estado, en el Estado miembro de la nacionalidad, lo cual podría constituir un menoscabo de la libertad de circulación del ciudadano de la Unión, al disuadirle de ejercer los derechos de entrada y residencia en el Estado miembro de acogida, pues ello privaría a dicho ciudadano de la certeza de poder continuar, cuando regresase, la convivencia familiar allí desarrollada o consolidada. Si la convivencia familiar no ha sido desarrollada ni consolidada durante la residencia efectiva, desaparece el bien jurídico que la libertad de circulación trata de proteger, y con él el fundamento de la concesión de un derecho de residencia derivado a dicho nacional de un tercer Estado (o el fundamento de la obligación de facilitar la residencia a esa pareja) en el momento del retorno. (34)
53. Esta lectura quedó confirmada en la sentencia Altiner y Ravn, (35) en que el Tribunal de Justicia declaró que el criterio decisivo para la concesión de un derecho de residencia derivado en el momento del retorno del ciudadano de la Unión es la existencia de una vida familiar desarrollada o consolidada en el Estado miembro de acogida, que no haya quedado interrumpida antes de dicho retorno. La citada sentencia confirma que el marco establecido en la sentencia O. y B. se refiere a la realidad de la convivencia familiar efectivamente mantenida en el Estado miembro de acogida, y no al mero acto formal de llevar allí a cabo un acto jurídico. Todas las demás circunstancias son factores pertinentes en una apreciación global, pero no pueden servir como criterios fijos para una decisión automática. (36)
c) Aplicación del citado marco al presente asunto
54. El marco analítico establecido en la sentencia O. y B., aplicado a las circunstancias del presente asunto, lleva a una conclusión obvia: es evidente que no se cumple ninguna de las dos condiciones acumulativas de dicho marco.
55. Respecto a la residencia efectiva, de la resolución de remisión se desprende que GH no residió efectivamente en Italia con arreglo al artículo 7 de la Directiva 2004/38 o con arreglo a su artículo 16. Se desplazó hasta Italia con el único objeto de formalizar una unión civil con FV y regresó a Rumanía inmediatamente después, sin establecer una residencia en Italia. Tal como sostuvo el Tribunal de Justicia en la sentencia O. y B., (37) únicamente la residencia que cumple los requisitos de los artículos 7, apartados 1 y 2, o 16, apartados 1 y 2, de la Directiva 2004/38 da nacimiento a un derecho de residencia derivado en el momento del retorno, y los períodos de residencia de corta duración, como fines de semana o períodos de vacaciones, incluso considerados en su conjunto, se inscriben en el ámbito del artículo 6 de la referida Directiva y no cumplen los requisitos mencionados.
56. Respecto al desarrollo y consolidación de la convivencia familiar, la breve visita de GH a Italia no satisface este requisito, en el sentido que se da a la expresión en la sentencia O. y B. (38) Aunque formalizar una unión civil es un acto jurídico de indudable relevancia personal, no equivale a haber convivido como familia en el Estado miembro de acogida. De la resolución de remisión se desprende que, en el momento en que se formalizó la unión civil, GH tenía su domicilio en Rumanía y FV en Australia, y que FV no llegó a Rumanía hasta aproximadamente seis meses más tarde. En cambio, la resolución de remisión nada dice acerca de si GH y FV compartieron una vida en común en Italia o desarrollaron allí su convivencia familiar en algún sentido concreto y sustantivo. Por lo tanto, le corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar estos hechos y valorar, atendiendo a todas las circunstancias pertinentes, si realmente se desarrolló o consolidó una convivencia familiar durante la presencia de GH en Italia, en el sentido de la sentencia O. y B.
57. Asimismo, de la resolución de remisión se deduce que entre el breve viaje de GH a Italia y la llegada de FV a Rumanía medió un período significativo de aproximadamente seis meses. Esta circunstancia reviste trascendencia jurídica, habida cuenta de la sentencia Altiner y Ravn, en que el Tribunal de Justicia declaró que los Estados miembros tienen derecho a comprobar, antes de conceder un derecho de residencia derivado en virtud del artículo 21 TFUE, apartado 1, si la convivencia familiar entre el ciudadano de la Unión y el nacional de un tercer Estado, miembro de su familia, quedó interrumpida antes de la entrada del nacional de un tercer Estado en el Estado miembro del que es nacional dicho ciudadano de la Unión. (39)
58. El Tribunal de Justicia ha aclarado previamente que la disuasión del ejercicio de la libertad de circulación surge desde el punto de vista del ciudadano de la Unión que, en el momento de regresar a su Estado miembro de nacionalidad, no puede continuar la «convivencia familiar» con los miembros de su familia o con su pareja, que se desarrolló o consolidó en el Estado miembro de acogida. El Tribunal de Justicia reconoce que esta «convivencia familiar» puede haberse originado en el Estado miembro de acogida a consecuencia de un matrimonio o una reagrupación familiar, pero hace hincapié en el requisito del desarrollo de una convivencia familiar durante la residencia en el Estado miembro de acogida, que ha de protegerse en el momento del retorno, y no en la realización del acto jurídico en sí. (40)
59. El argumento según el cual el desarrollo de una convivencia familiar debe entenderse en un sentido prospectivo, de manera que la formalización de una unión civil constituye un acto dirigido a una futura convivencia familiar y, por tanto, ha de ser suficiente, no se ve respaldado por el tenor de la sentencia O. y B.; antes bien, se contradice directamente con él. A lo largo de toda la sentencia, el lenguaje utilizado por el Tribunal de Justicia es retrospectivo. (41) Se ocupa de la protección de una convivencia familiar ya existente y que se ha desarrollado con el ejercicio de la libertad de circulación, no de favorecer el futuro desarrollo de dicha convivencia, todavía no materializada en el Estado miembro de acogida.
60. La lógica de la disuasión opera simultáneamente a través de dos dimensiones temporales, que tienen como punto de referencia el momento de la solicitud de residencia. En una mirada retrospectiva desde ese momento, la primera cuestión es si realmente la convivencia familiar se ha desarrollado o consolidado durante la residencia efectiva en el Estado miembro de acogida, cuestión relativa a hechos que pueden haber quedado acreditados o no en el momento de la solicitud. En una mirada prospectiva a partir de ese mismo momento, la segunda cuestión es si la denegación de un derecho de residencia derivado impediría la continuación de dicha convivencia familiar al regresar. Estas dos cuestiones están relacionadas con una tercera, de carácter hipotético: si, en caso de que el ciudadano de la Unión hubiese sabido, en el momento de partir, que la convivencia familiar que se desarrollarían durante el ejercicio de la libertad de circulación no estaría protegida a su regreso, nunca hubiera salido del Estado miembro del que es nacional. El artículo 21 TFUE, apartado 1, está concebido para neutralizar esta disuasión, es decir, el riesgo de que el ciudadano de la Unión, al toparse con la incertidumbre de si la convivencia familiar que desarrollase durante el ejercicio de la libertad de circulación estaría protegida a su regreso, pudiera sentirse menos inclinado a ejercer el derecho a la libertad de circulación de antemano. (42)
61. La lógica de la disuasión presupone que se ha construido algo concreto durante la residencia en el Estado miembro de acogida, que ahora necesita protección. Una lectura prospectiva implicaría que el ciudadano de la Unión podría poner en marcha la protección del artículo 21 TFUE, apartado 1, sin haber desarrollado realmente una convivencia familiar en otro Estado miembro, habiéndose limitado a adoptar una medida jurídica que podría dar origen a una convivencia familiar en el futuro. Esto no es lo que declara el Tribunal de Justicia en la sentencia O. y B., donde se requiere que la convivencia familiar se haya desarrollado o consolidado realmente durante la residencia efectiva, lo cual constituye una condición retrospectiva basada en hechos ya acontecidos.
62. De la ausencia de una residencia efectiva y del desarrollo y consolidación de una convivencia familiar en el Estado miembro de acogida se deduce que las circunstancias del presente asunto no parecen aptas para suscitar la aplicación del artículo 21 TFUE, apartado 1, según lo interpretó el Tribunal de Justicia en la sentencia O. y B., y que, por tanto, la denegación de un derecho de residencia derivado a FV en Rumanía no constituye para GH un obstáculo al ejercicio de los derechos de libre circulación en el sentido de dicha disposición.
d) El requisito de la residencia efectiva como garantía de las prerrogativas del legislador de la Unión y de la identidad constitucional nacional
63. En caso de que el Tribunal de Justicia considerase que una breve visita como la del presente asunto puede dar lugar a la aplicación del artículo 21 TFUE, apartado 1, tal distanciamiento de la actual jurisprudencia extendería sustancialmente el ámbito de la legislación sobre la libertad de circulación, reduciendo las competencias conservadas por los Estados miembros en materia de familia (43) e inmigración, (44) ambas pertenecientes al espacio de libertad, seguridad y justicia y, por ende, competencia compartidas entre los Estados miembros y la Unión, de conformidad con el artículo 4 TFUE, apartado 2, letra j). Cuando el ciudadano de la Unión no ha ejercido efectivamente los derechos de libre circulación de manera que se cree un vínculo auténtico y significativo con otro Estado miembro, es el legislador de la Unión, y no el Tribunal de Justicia, quien ha de decidir si en tales situaciones concede derechos de residencia a nacionales de terceros Estados. En tal caso, el legislador de la Unión actuaría sobre la base del fundamento jurídico proporcionado por los artículos 79 TFUE, apartado 2, letra a), u 81 TFUE, apartado 3, y lo haría adoptando la legislación derivada necesaria al efecto.
64. En la sentencia Metock, el Tribunal de Justicia se ocupó del reparto de competencias respecto a las medidas necesarias para realizar la libre circulación de los ciudadanos de la Unión. Expuso que la Unión fundamenta sus competencias en los artículos 18 CE, apartado 2, 40 CE, 44 CE y 52 CE, sobre cuya base se adoptó, en particular, la Directiva 2004/38. (45) Actualmente, han sido sustituidos por los artículos 21 TFUE, apartado 2, 46 TFUE, 50 TFUE y 59 TFUE. Asimismo, el Tribunal de Justicia aclaró que el legislador de la Unión «es competente para regular […] la entrada y la residencia de los nacionales de terceros Estados, miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, en el Estado miembro en el que este haya ejercido su derecho a la libre circulación», «dado que la imposibilidad de que la familia de un ciudadano de la Unión le acompañe o se reúna con él en el Estado miembro de acogida puede menoscabar su libertad de circulación, disuadiéndole de ejercer sus derechos de entrada y de residencia en ese Estado miembro». (46)
65. Los artículos 21 TFUE, apartado 2, 46 TFUE, 50 TFUE y 59 TFUE actúan como bases jurídicas respecto a los ciudadanos de la Unión que han ejercido su libertad de circulación instalándose en un Estado miembro diferente del Estado miembro del que son nacionales. En cuanto a las situaciones meramente internas, el Tribunal de Justicia prosiguió aclarando que no son de aplicación las disposiciones del Tratado sobre libertad de circulación ni las medidas adoptadas en su desarrollo. La eventual diferencia de trato entre ciudadanos de la Unión que no hayan ejercido su derecho a la libre circulación y aquellos que lo hayan ejercido, en relación con la entrada y la residencia de los miembros de su familia, no se halla comprendida en el ámbito de aplicación de la legislación sobre la libertad de circulación y la ciudadanía de la Unión. (47)
66. Al margen del ámbito de la legislación sobre libertad de circulación y ciudadanía de la Unión, el legislador de la Unión podría actuar en virtud del artículo 79 TFUE, apartado 2, letra a), que rige las condiciones de la reagrupación familiar respecto a los nacionales de terceros Estados que son miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que regresa a su Estado miembro de nacionalidad, o bien sobre la base del artículo 81 TFUE, apartado 3, que regula los asuntos de familia con dimensión transfronteriza; pero hasta la fecha no ha legislado respecto de los nacionales de terceros Estados que son miembros de la familia o pareja de un ciudadano de la Unión que regresa a su Estado miembro de nacionalidad. En todo caso, no se puede afirmar que en este contexto tenga un fundamento legislativo expreso en el Derecho de la Unión un derecho de residencia derivado para un nacional de un tercer Estado. En consecuencia, no existe disposición alguna en el Derecho de la Unión que reconozca expresamente el derecho de residencia a un nacional de un tercer Estado en la situación referida.
67. De ello se deduce que no procede dar al artículo 21 TFUE, apartado 1, una interpretación que vaya más allá de lo estrictamente necesario para garantizar la efectividad de los derechos de libre circulación efectivamente ejercidos. Tal interpretación socavaría las competencias que conservan los Estados miembros y las decisiones políticas que el legislador de la Unión pueda adoptar en el futuro en virtud de los artículos 79 TFUE, apartado 2, letra a), u 81 TFUE, apartado 3. Este es el motivo por el cual, en las situaciones de «giro en U», el Tribunal de Justicia ha declarado que el Estado miembro de la nacionalidad está obligado a conceder derechos de residencia a los nacionales de terceros Estados que son miembros de la familia de un ciudadano de la Unión (o a facilitar la residencia a un nacional de un tercer Estado que es la pareja con la que el ciudadano de la Unión mantiene una relación estable, debidamente probada), pero solo cuando el ciudadano de la Unión haya ejercido el derecho a la libre circulación residiendo efectivamente en el Estado miembro de acogida y cuando, con ocasión de esta residencia, haya desarrollado o consolidado una convivencia familiar con dichos miembros de su familia o dicha pareja. (48)
68. Por ejemplo, en la sentencia Coman el Tribunal de Justicia limitó las competencias del Estado miembro de la nacionalidad respecto a la admisión y residencia de los nacionales de terceros Estados miembros de la familia de ciudadanos de la Unión, pero solo en la medida estrictamente necesaria para garantizar la efectividad de los derechos reconocidos a los ciudadanos de la Unión por el artículo 21 TFUE, apartado 1. (49) Esta limitación ha sido asociada reiteradamente a la existencia de un vínculo auténtico y significativo entre el ejercicio de los derechos de libre circulación por el ciudadano de la Unión y la situación del nacional de un tercer Estado, miembro de la familia de aquel, vínculo que trata de garantizar el requisito de la residencia efectiva de los artículos 7 o 16 de la Directiva 2004/38. La supresión de este requisito podría llevar a extender el alcance del Derecho de la Unión al ámbito de la legislación nacional sobre inmigración, más allá de lo estrictamente necesario para garantizar la efectividad de los derechos de libre circulación.
69. Así pues, el umbral de la residencia efectiva, según dedujo el Tribunal de Justicia, en la sentencia O. y B., de la estructura y los objetivos del artículo 21 TFUE, apartado 1, asegura que la interpretación que hace el Tribunal de Justicia del ámbito de aplicación de dicha disposición no invada las competencias que los Tratados reservan a los Estados miembros o cuyo ejercicio encomiendan al legislador de la Unión mediante los procedimientos legislativos adecuados.
70. A mi parecer, entendido como un umbral, el requisito de la residencia efectiva preserva un área significativa de competencias a los Estados miembros en materias como la familia, que atañen directamente a su identidad constitucional. Si se suprimiese este umbral y una única visita breve se considerase suficiente para que una situación quede comprendida en el artículo 21 TFUE, apartado 1, con la consiguiente aplicación analógica de la Directiva 2004/38, el alcance de la legislación de la Unión en materia de libertad de circulación se extendería más allá de lo previsto en los Tratados. En efecto, los Estados miembros se verían notablemente limitados en su capacidad de regular aspectos esenciales del Derecho de familia en relación con sus propios nacionales en cualquier situación que presentase incluso el más fugaz elemento transfronterizo. Además, se eludirían las garantías procesales del artículo 81 TFUE, apartado 3, y las competencias compartidas en virtud del artículo 4 TFUE, apartado 2, letra j). La importancia de este equilibrio fue reconocida también por los Gobiernos que intervinieron en la vista oral, incluidos, los Gobiernos danés, alemán y noruego.
71. De ello se deduce que el marco analítico establecido en la sentencia O. y B. lleva a la conclusión de que el artículo 21 TFUE, apartado 1, no es aplicable al presente asunto. En consecuencia, no sustenta la concesión de un derecho de residencia derivado a FV en Rumanía sobre la base de dicha disposición, y tampoco obliga a las autoridades rumanas a facilitar la residencia. A fin de preservar el reparto de competencias entre el Tribunal de Justicia y el legislador de la Unión, así como entre la Unión y los Estados miembros, el requisito de la residencia efectiva ha de seguir vigente en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. No obstante, la cuestión de si, pese a todo, procede conceder a FV un derecho de residencia derivado en Rumanía debe ser examinada también sobre una base jurídica diferente, a saber, el artículo 20 TFUE.
3. Derechos de residencia derivados en virtud del artículo 20 TFUE
72. El Tribunal de Justicia ha señalado en diversas ocasiones que la vocación del estatuto de ciudadano de la Unión es «convertirse en el estatuto fundamental de los nacionales de los Estados miembros». (50) Asimismo, ha sostenido que el artículo 20 TFUE se opone a medidas nacionales que tengan por efecto privar a los ciudadanos de la Unión del disfrute efectivo de la esencia de los derechos conferidos por dicho estatuto. (51)
73. En su calidad de nacional de un Estado miembro, GH goza del estatuto de ciudadana de la Unión en virtud del artículo 20 TFUE, apartado 1, y, por lo tanto, puede invocar, también frente al Estado miembro del que es nacional, los derechos correspondientes a tal estatuto, en particular el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros conferido por el artículo 21 TFUE. (52)
74. El alcance del artículo 20 TFUE en situaciones que implican a miembros de la familia que son nacionales de terceros Estados fue desarrollado por primera vez en la sentencia Ruiz Zambrano. En ella, el Tribunal de Justicia admitió que denegar a un padre nacional de un tercer Estado el derecho de residencia privaría a sus hijos menores ciudadanos de la Unión del disfrute efectivo de la esencia de los derechos conferidos por su estatuto de ciudadanos de la Unión, pues los obligaría a abandonar el territorio de la Unión en su conjunto. (53)
75. En la sentencia Dereci, el Tribunal de Justicia aclaró que la privación del disfrute efectivo de la esencia de los derechos conferidos por la ciudadanía de la Unión equivale a una situación en que el ciudadano de la Unión, de hecho, debe abandonar el territorio de la Unión considerado en su conjunto, y calificó esta situación como excepcional. (54) Asimismo, declaró que el mero deseo de mantener la unidad familiar en el territorio de la Unión no basta por sí mismo para considerar que el ciudadano de la Unión se vería obligado a abandonar el territorio de la Unión si no se concediese al miembro de la familia un derecho de residencia derivado. (55)
76. Procede señalar, a este respecto, que la jurisprudencia relativa al artículo 20 TFUE antes citada se desarrolló en el contexto de asuntos relativos a menores de edad que eran ciudadanos de la Unión y que dependían de un progenitor nacional de un tercer Estado. En la sentencia K.A. y otros (Reagrupación familiar en Bélgica), el Tribunal de Justicia declaró que, a diferencia de los menores de edad, y con mayor motivo cuando se trata de niños de corta edad, un adulto puede, en principio, llevar una existencia independiente de los miembros de su familia. De ahí se deduce que el reconocimiento entre dos adultos miembros de una misma familia de una relación de dependencia que pueda generar un derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE únicamente es posible en casos excepcionales en los que, habida cuenta del conjunto de circunstancias relevantes, la persona en cuestión no podría de ningún modo separarse del miembro de la familia del que es dependiente. (56)
77. De una lectura conjunta de estas sentencias se infiere que el artículo 20 TFUE puede ser invocado en situaciones en que los ciudadanos de la Unión residen en el Estado miembro del que son nacionales y nunca han ejercido su derecho de libre circulación, siempre que exista un vínculo auténtico con el Derecho de la Unión en atención al riesgo de que el ciudadano de la Unión se vea obligado a abandonar el territorio de la Unión considerado en su conjunto. Tras la sentencia Safi, este umbral no se limita a la salida forzosa de la Unión en su conjunto, sino que se extiende a situaciones en las que el ciudadano de la Unión se vería obligado a salir del Estado miembro del que es nacional a fin de acompañar al nacional de un tercer Estado a otro Estado miembro, siempre que este traslado bien impidiese continuar la convivencia familiar con ambos progenitores, o bien fuese contrario al interés superior del niño. (57)
78. No obstante, el umbral para apreciar una violación de los derechos de la ciudadanía europea emanados del artículo 20 TFUE, por haberse denegado un derecho de residencia derivado, es elevado. Únicamente se alcanza cuando se acredita una relación de dependencia entre el ciudadano de la Unión y el nacional de un tercer Estado sobre la base de una evaluación concreta e individual de todas las circunstancias pertinentes. Como indicó el Tribunal de Justicia en la sentencia Chávez-Vílchez y otros, la evaluación debe tener en cuenta todos los factores pertinentes, en particular la cuestión de la guarda y custodia, los vínculos legales, económicos y emocionales entre las partes y los riesgos que podría entrañar la separación. (58)
79. La jurisprudencia establece que la necesaria relación de dependencia se da cuando al ciudadano de la Unión la única opción real que le queda es seguir al nacional de un tercer Estado en caso de que se obligara a este último a abandonar el territorio, generalmente por ser el nacional de un tercer Estado la persona que asume la guarda y custodia efectiva del ciudadano de la Unión menor de edad, como en las sentencias Ruiz Zambrano y Safi.
80. En el presente asunto no existe tal relación de dependencia, si bien le incumbe al órgano jurisdiccional remitente determinar si esto es así, atendiendo a todas las circunstancias pertinentes. GH es una persona mayor de edad que ha decidido formalizar una unión civil con FV, pero en los autos que obran ante el Tribunal de Justicia nada indica que sea dependiente de FV en el sentido requerido por la jurisprudencia, de modo que denegar la residencia a FV no obligaría a GH, en cuanto a necesidad práctica, a abandonar Rumanía ni la Unión. El deseo de vivir juntas como pareja, por comprensible que sea, no alcanza el umbral establecido en la sentencia Dereci. (59)
81. Ateniéndonos a la información disponible en la resolución de remisión, el presente asunto no revela ninguna relación de dependencia que permita encuadrar la situación en el ámbito de aplicación del artículo 20 TFUE, tal como se interpreta en las sentencias Ruiz Zambrano, Dereci y Safi. En consecuencia, el presente asunto no está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 20 TFUE.
4. Posibilidad de aplicar la Carta de manera autónoma al presente asunto
82. Respecto al argumento según el cual la decisión de retorno adoptada contra FV vulneró su derecho a la vida familiar, consagrado en el artículo 7 de la Carta, (60) ha de tenerse en cuenta que las disposiciones de la Carta se dirigen a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión, según se define en su artículo 51, apartado 1. (61)
83. Actualmente, es jurisprudencia reiterada que las normas del Tratado en materia de libre circulación de personas y los actos adoptados para la ejecución de estas no pueden aplicarse a actividades que no presenten ningún punto de conexión con alguna de las situaciones contempladas por el Derecho de la Unión y cuyos elementos pertinentes estén todos situados en el interior de un solo Estado miembro. (62) La ciudadanía de la Unión, establecida por el artículo 20 TFUE, no pretende ampliar el ámbito de aplicación material del Tratado también a situaciones internas sin relación alguna con el Derecho de la Unión. Las posibles discriminaciones de que pueden ser objeto los nacionales de un Estado miembro conforme al Derecho de ese Estado están comprendidas en el ámbito de aplicación de este, por lo que deben ser resueltas en el marco del sistema jurídico interno de dicho Estado. (63)
84. En la sentencia Coman, el Tribunal de Justicia constató un obstáculo a la libre circulación de personas antes de proceder a analizar el respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Carta, pues las medidas nacionales de las que allí se trataba debían considerarse como aplicación del Derecho de la Unión a efectos del artículo 51, apartado 1, de la Carta. Sin embargo, la Carta no se aplica a una situación interna en la que no se haya constatado tal obstáculo. Por los motivos expuestos, el presente asunto no está comprendido en el ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado sobre ciudadanía, pues GH no ha establecido una residencia efectiva en Italia, y su desplazamiento, por sí solo, no basta para generar derechos de residencia derivados para FV, que es nacional de un tercer Estado, en el Estado miembro del que es nacional GH. Al no estar comprendida la situación en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, no es de aplicación la Carta.
85. Dicho esto, lo anterior no significa que queden desprotegidos los derechos fundamentales de GH y FV, en particular su derecho a la vida familiar. Como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia Dereci, «si [el órgano jurisdiccional remitente] considerase […] que [su] situación no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, deberá realizar ese examen a la luz del artículo 8, apartado 1, del CEDH». (64)
5. Conclusión provisional
86. Por lo que atañe a la Directiva 2004/38, esta no va dirigida a regular la residencia de un ciudadano de la Unión en el Estado miembro del que es nacional, de modo que no es aplicable a la presente situación.
87. En cuanto al artículo 21 TFUE, GH no ha ejercido derechos de libre circulación de manera que se genere para FV, que es nacional de un tercer Estado, un derecho de residencia en el Estado miembro del que es nacional GH. GH viajó brevemente a Italia con el único propósito de formalizar una unión civil, sin establecer una residencia efectiva allí en el sentido de los artículos 7 o 16 de la Directiva 2004/38, y sin desarrollar o consolidar una convivencia familiar en dicho Estado miembro en el sentido concreto requerido por la jurisprudencia.
88. Con respecto al artículo 20 TFUE, no se alcanza el umbral establecido en la sentencia Ruiz Zambrano, aclarado en la sentencia Dereci y ampliado en la sentencia Safi. No parece existir entre GH y FV ninguna relación de dependencia como la reconocida en la jurisprudencia. GH es una persona mayor de edad que ha decidido formalizar una unión civil con FV, pero no depende de esta en el sentido requerido por la jurisprudencia.
89. No se cumplen las condiciones que constituyen el umbral para aplicar el artículo 21 TFUE, apartado 1, con aplicación analógica de la Directiva 2004/38, y el artículo 20 TFUE, por lo que la solicitud de un derecho de residencia derivado por parte de FV no está comprendida en el ámbito de aplicación de dichas disposiciones.
B. Análisis alternativo: posibilidad de que la denegación de un derecho de residencia derivado constituya un obstáculo
90. El siguiente análisis se lleva a cabo únicamente en aras de la exhaustividad, en caso de que el Tribunal de Justicia, en contra de la anterior conclusión, considere que GH ha ejercido sus derechos de libre circulación de manera que la solicitud de un derecho de residencia derivado por parte de FV quede comprendida del ámbito de aplicación del artículo 21 TFUE, apartado 1. Solo en ese supuesto sería necesario examinar si la denegación de un derecho de residencia derivado en Rumanía a FV por las autoridades rumanas constituye un obstáculo al ejercicio de los derechos de libre circulación que asisten a GH en virtud del artículo 21 TFUE, apartado 1.
1. Derechos de residencia derivados con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/38, aplicada por analogía
91. Como ya he expuesto, en los casos de retorno comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 21 TFUE, apartado 1, se aplican por analogía las disposiciones de la Directiva 2004/38. (65) La concesión de un derecho de residencia derivado en el Estado miembro de origen solo ha sido reconocida, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/38, respecto a los nacionales de terceros Estados que sean «miembros de la familia» del ciudadano de la Unión en el sentido del artículo 2, apartado 2, de dicha Directiva. Por tanto, un nacional de un tercer Estado que no sea miembro de la familia de un ciudadano de la Unión no se beneficia del derecho de residencia derivado en virtud del artículo 21 TFUE, apartado 1. (66)
92. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la situación de los cónyuges del mismo sexo puede estar incluida por el concepto de miembro de la familia en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/38. (67) Sin embargo, la jurisprudencia no puede extenderse a las uniones registradas. (68) A diferencia del concepto de «cónyuge» que contiene el artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva, que el Tribunal de Justicia, en la sentencia Coman, consideró neutro desde el punto de vista del género y definido en referencia a la legislación del Estado miembro donde se contrajo legalmente (o se reconoció) el matrimonio, el concepto de «pareja registrada» que aparece en el artículo 2, apartado 2, letra b), de la misma Directiva supedita la condición de «miembro de la familia» a que el Estado miembro de acogida otorgue a las uniones registradas un trato equivalente a los matrimonios. Así pues, estas dos disposiciones funcionan de forma diferente: el concepto de «cónyuge» se define mediante remisión a la legislación del Estado miembro donde se contrajera legalmente (o se reconociera) el matrimonio, mientras que la equivalencia entre la unión registrada y el matrimonio se deja en exclusiva a la legislación del Estado miembro de acogida. En consecuencia, la lógica subyacente a la sentencia Coman no puede aplicarse por analogía al presente asunto.
93. Cuando la Directiva 2004/38 se aplica por analogía a una situación de «giro en U», entra en juego la siguiente ficción legal: Rumanía, el Estado miembro del que es nacional el ciudadano de la Unión, adopta el papel del Estado miembro de acogida a efectos de la libertad de circulación. Por consiguiente, es el Derecho rumano el que determina, en virtud del artículo 2, apartado 2, letra b), de dicha Directiva, aplicado por analogía, si la unión civil formalizada por GH y FV en Italia constituye una pareja registrada equivalente al matrimonio y si, en consecuencia, FV debe considerarse miembro de la familia de GH. Dado que, a tenor del artículo 259, apartado 1, del Código Civil, el matrimonio se define como la unión libremente consentida entre un hombre y una mujer, y dado que, con arreglo al artículo 277, apartado 1, de dicho Código, se prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, FV y GH no pueden contraer matrimonio en Rumanía. Además, con arreglo al artículo 277, apartado 3, del Código Civil, las parejas de hecho entre personas de distinto sexo o del mismo sexo celebradas en el extranjero no se reconocen en Rumanía. Puesto que el Derecho rumano no reconoce las parejas de hecho formadas por personas del mismo sexo como equivalentes al matrimonio, FV no está incluida en el concepto de miembro de la familia en el sentido del artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2004/38, aplicado por analogía al presente asunto. No obstante, le incumbe al órgano jurisdiccional remitente comprobar el estatuto legal concreto que el Derecho rumano confiere a una unión civil entre personas del mismo sexo formalizada en Italia y, en particular, si constituye una pareja registrada a efectos del artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/38.
94. Sin embargo, con esta conclusión no termina el análisis. El Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que, cuando un nacional de un tercer Estado no tiene la condición de miembro de la familia en el sentido del artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2004/38, esta conclusión no impide examinar si, pese a todo, puede generarse una obligación más restringida de facilitar la entrada y residencia.
2. Derechos de residencia derivados con arreglo al artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/38, aplicada por analogía
a) La obligación de facilitar la entrada y residencia
95. En la sentencia Banger, el Tribunal de Justicia declaró que, aunque una pareja no registrada de un ciudadano de la Unión no se considerase miembro de la familia en el sentido del artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2004/38, el artículo 21 TFUE, apartado 1, en relación con el artículo 3, apartado 2, letra b, de dicha Directiva, aplicado por analogía, exigía que el Estado miembro de acogida facilitase la concesión de una autorización de residencia a dicha pareja. (69) El Tribunal de Justicia señaló que el nacional de un tercer Estado que mantiene una relación estable, debidamente probada, con un ciudadano de la Unión que ha ejercido sus derechos de libre circulación y residencia y regresa al Estado miembro del que es nacional no debe recibir, a su regreso, un trato menos favorable que el establecido en la Directiva 2004/38 para un nacional de un tercer Estado que mantiene idéntica relación con un ciudadano de la Unión que ejerce sus derechos de libre circulación en Estados miembros distintos del de su nacionalidad. (70) Además, una resolución por la que se deniega la concesión de una autorización de residencia a tal pareja debe basarse en un estudio detenido de las circunstancias personales del solicitante y estar motivada. (71)
96. En la sentencia SM (Menor sometido a «kafala» argelina), (72) el Tribunal de Justicia declaró que, dado que el acogimiento de menores en régimen de «kafala» argelina no crea un vínculo de filiación entre los menores y sus tutores, no puede considerarse que tales menores sean «descendientes directos» de un ciudadano de la Unión a los efectos del artículo 2, apartado 2, letra c) de la Directiva 2004/38. (73) No obstante, el Tribunal de Justicia prosiguió examinando si el menor encaja en el concepto de «otro miembro de la familia» a que se refiere el artículo 3, apartado 2, letra a), de dicha Directiva, en virtud del cual los Estados miembros deben facilitar, de conformidad con su legislación nacional, la entrada y la residencia de cualquier otro miembro de la familia que, en el país de procedencia, esté a cargo o viva con el ciudadano de la Unión beneficiario del derecho de residencia con carácter principal. (74)
97. Por consiguiente, en el contexto de una situación de «giro en U» a efectos del artículo 21 TFUE, apartado 1, es de aplicación por analogía el artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/38, lo que significa que el Estado miembro de la nacionalidad debe facilitar la entrada y residencia de la pareja con la que el ciudadano de la Unión mantenga una relación estable, debidamente probada. (75) A este respecto, el Tribunal de Justicia ha considerado que el artículo 21 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que obliga al Estado miembro del que es nacional un ciudadano de la Unión a facilitar la concesión de una autorización de residencia a la pareja no registrada, nacional de un tercer Estado, con la que el ciudadano de la Unión mantiene una relación estable, debidamente probada, cuando dicho ciudadano regresa con ella al Estado miembro del que es nacional para residir en este tras haber ejercido su derecho de libre circulación para trabajar en un segundo Estado miembro, conforme a los requisitos establecidos en la Directiva 2004/38. (76)
98. En el presente asunto, el hecho de que FV no tenga la condición de miembro de la familia en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/38, aplicado por analogía al presente asunto, no impide examinar si el artículo 21 TFUE, apartado 1, en relación con el artículo 3, apartado 2, letra b), de dicha Directiva aplicado por analogía, exige que Rumanía facilite la entrada y residencia de FV como la pareja con la que GH mantiene una relación estable, debidamente probada.
99. Además, la obligación de facilitar la entrada y residencia con arreglo al artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/38, no es un mero requisito procesal, sino que impone a los Estados miembros una obligación sustantiva de otorgar un trato más favorable a las solicitudes de los nacionales de terceros Estados a que se refiere esa disposición que a las solicitudes de entrada y residencia de otros nacionales de terceros Estados. (77) A fin de cumplir con esta obligación sustantiva, los Estados miembros deben prever la posibilidad de que las personas de que se trata obtengan una decisión sobre su solicitud que esté basada en un estudio detenido de su situación personal que tenga en cuenta las diversas circunstancias pertinentes y que, en caso de denegación, esté debidamente motivada. (78) A este respecto, los Estados miembros no pueden alegar que la posibilidad de acreditar una relación estable no esté recogida en su legislación nacional para las parejas del mismo sexo. De acuerdo con una reiterada jurisprudencia, en el ejercicio de sus competencias en materia de estado civil los Estados miembros deben respetar el Derecho de la Unión y, en particular, la libertad, reconocida a todo ciudadano de la Unión, de circular y residir en el territorio de los Estados miembros. (79) De ello se deduce que un estado civil legalmente constituido en otro Estado miembro en el ejercicio de los derechos de libre circulación debe ser tenido en cuenta por el Estado miembro de la nacionalidad, aunque la propia legislación de ese Estado miembro no reconozca la institución de que se trate, al objeto específico y limitado aplicar los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión. (80)
100. Por consiguiente, pese al margen de apreciación disponible para los Estados miembros, la legislación nacional debe contener criterios que sean conformes con el sentido habitual del término «facilitará» del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/38 y que no priven a dicha disposición de su efecto útil. (81)
101. Además, a los efectos de este análisis alternativo, la obligación de «facilitar» impuesta por el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/38 se aplica por analogía, lo que significa que en el ejercicio de este margen de apreciación el Estado miembro de la nacionalidad está aplicando el Derecho de la Unión en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta. (82) En consecuencia, dicho Estado miembro debe ejercerlo observando las disposiciones de la Carta. A este respecto, como se desprende de las Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, apartado 3, de la Carta, los derechos garantizados en el artículo 7 de esta tienen el mismo sentido y alcance que los garantizados en el artículo 8 del CEDH. (83) De la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que la relación de una pareja de personas del mismo sexo puede estar comprendida en el concepto de «vida privada» y en el de «vida familiar», al igual que sucedería con la relación de una pareja de personas de distinto sexo que se encontrase en la misma situación. (84)
102. De ello se deduce que la denegación automática de una solicitud de residencia por el solo motivo de que la unión civil entre personas del mismo sexo no está reconocida por el Derecho del Estado miembro de la nacionalidad es incompatible con la obligación de facilitar la entrada y residencia en virtud del artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/38, aplicado por analogía a la situación de «giro en U». Esta obligación exige que los Estados miembros estudien las solicitudes caso por caso, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes de la situación personal de los interesados, y adopten resoluciones debidamente motivadas en caso de desestimación. Una denegación categórica basada únicamente en el no reconocimiento de la unión civil por el Derecho nacional privaría de efecto útil al artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva y sería incompatible con el sentido habitual del término «facilitará», interpretado a la luz del artículo 7 de la Carta y del artículo 8 del CEDH.
103. Además, los requisitos que impone el artículo 62 del Decreto‑ley n.º 194/2002 parecen difícilmente conciliables con el artículo 21 TFUE, apartado 1, según lo interpreta el Tribunal de Justicia, con independencia de la orientación sexual de la pareja.
b) Los tres niveles de potencial incompatibilidad de la legislación nacional con el Derecho de la Unión
104. En primer lugar, respecto al requisito de residencia previa establecido en el artículo 62, apartado 32, letra b), inciso iii), del Decreto‑ley n.º 194/2002, dicha disposición supedita la extensión del derecho de residencia a un nacional de un tercer Estado, miembro de la familia de un ciudadano rumano, a la aportación de documentos que certifiquen que a dicho nacional de un tercer Estado le había sido concedido un derecho de residencia en otro Estado miembro como miembro de la familia del ciudadano rumano.
105. En consecuencia, el requisito establecido en el artículo 62, apartado 32, letra b), inciso iii), del Decreto‑ley n.º 194/2002, con arreglo al cual debe haberse concedido formalmente al nacional de un tercer Estado un derecho de residencia en otro Estado miembro como miembro de la familia del ciudadano rumano, impone una condición que va más allá de lo exigido por el tenor del artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/38 y por la jurisprudencia. En efecto, esta disposición solo exige demostrar que el ciudadano de la Unión y su pareja nacional de un tercer Estado mantengan una «relación estable, debidamente probada». Sin embargo, no requiere que se aporten documentos que acrediten que a dicha pareja se le hubiera concedido previamente un derecho de residencia en otro Estado miembro por su condición de miembro de la familia del ciudadano de la Unión. En consecuencia, el artículo 62 del Decreto‑ley n.º 194/2002 impone requisitos adicionales que no se hallan en el artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/38.
106. Además, este requisito resulta difícilmente conciliable con la sentencia Metock, en que el Tribunal de Justicia declaró que el disfrute de un derecho de residencia derivado no puede depender de que el nacional de un tercer Estado haya residido previamente de forma legal en otro Estado miembro. (85)
107. En el presente asunto, FV residía en Australia en el momento de formalización de la unión civil y se trasladó a Rumanía aproximadamente seis meses después del retorno de GH, sin haber residido previamente en ningún otro Estado miembro como pareja de GH. Por lo tanto, aunque FV y GH demostrasen que mantienen una «relación estable, debidamente probada», la aplicación del artículo 62, apartado 32, letra b), inciso iii), del Decreto‑ley n.º 194/2002 tiene por efecto excluir automáticamente a FV de toda posibilidad de obtener un derecho de residencia en Rumanía, solo por la ausencia de una residencia previa formalmente concedida en otro Estado miembro, condición que es incompatible con la sentencia Metock y que priva de todo efecto útil a la obligación de facilitar la entrada y residencia.
108. En segundo lugar, en cuanto a la condición relativa a los hijos establecida en el artículo 62, apartado 3, letra b), inciso i), del Decreto‑ley n.º 194/2002, esta disposición supedita la extensión del derecho de residencia a un nacional de un tercer Estado, pareja de un ciudadano rumano, a la presentación de un certificado de nacimiento del hijo, lo que implica exigir que los miembros de la pareja tengan un hijo en común. Una vez más, esta condición no halla reflejo en el tenor del artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/38. Además, el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2004/38 proporciona una lista exhaustiva de los documentos cuya presentación se puede exigir a los nacionales de terceros Estados, miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, para que se les expida la tarjeta de residencia, sin contemplar la posibilidad de requerir documentos que certifiquen bien una residencia legal previa en otro Estado miembro, bien el nacimiento de un hijo común. Por consiguiente, dichos requisitos van más allá de lo permitido por la Directiva 2004/38, aplicada por analogía a la situación de «giro en U», y son incompatibles con el artículo 21 TFUE, apartado 1, según se interpreta en la sentencia Metock.
109. En tercer lugar, aparte de las posibles incompatibilidades antes identificadas, que surgen con independencia de la orientación sexual de la pareja, el efecto combinado del artículo 62 del Decreto‑ley n.º 194/2002 y el artículo 277 del Código Civil da lugar a otra incompatibilidad diferente con el principio de no discriminación por razón de la orientación sexual, consagrado por el artículo 21, apartado 1, de la Carta. Como ya he mencionado (86) en este análisis alternativo, el Estado miembro de la nacionalidad aplica el Derecho de la Unión en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta, a saber, al ejercer su margen de apreciación en virtud del artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/38, aplicado por analogía.
110. Como observa el propio órgano jurisdiccional remitente en la resolución de remisión, (87) si GH y FV hubiesen sido una pareja de distinto sexo, podrían haber contraído matrimonio en Rumanía (o en otro Estado miembro), y no habría habido motivo para denegar a FV el derecho de residencia. La razón por la que esto no pudo suceder, lo que las obligó a trasladarse a Italia para formalizar una unión civil, es precisamente que la legislación rumana prohíbe los matrimonios entre personas del mismo sexo en virtud del artículo 277, apartado 1, del Código Civil y, con arreglo al apartado 3 del mismo artículo, excluye el reconocimiento de parejas de hecho entre personas del mismo sexo formalizadas en el extranjero. (88) El efecto combinado de estas dos disposiciones y del artículo 62 del Decreto‑ley n.º 194/2002 coloca a las parejas del mismo sexo en una posición estructural diferente y significativamente peor que a las parejas de distinto sexo: mientras que estas últimas pueden contraer matrimonio en Rumanía, cumpliendo así los requisitos de la reagrupación familiar, a las primeras se les niega esta opción por completo, con lo que no les queda ninguna vía factible para obtener el reconocimiento de su relación o de los derechos a la reagrupación familiar con arreglo al Derecho rumano.
111. El artículo 277, apartado 4, del Código Civil no resuelve este efecto discriminatorio, en particular, en el contexto de una situación de «giro en U» que afecte a nacionales rumanos. Aunque preserva la vigencia de los derechos de libre circulación de los ciudadanos de la Unión y del EEE, en sí no instituye ningún mecanismo para el reconocimiento de las relaciones entre personas del mismo sexo de las que sean parte nacionales rumanos que hayan ejercido el derecho a la libre circulación. Esta interpretación se ve corroborada por la sentencia Coman, (89) donde el Tribunal de Justicia, al interpretar el artículo 21 TFUE, apartado 1, no consideró que el artículo 277, apartado 4, del Código Civil resolviese el problema o neutralizase el obstáculo allí constatado. Por el contrario, a la vista de dicha sentencia, Rumanía quedó obligada a reconocer el matrimonio al objeto específico de conceder un derecho de residencia derivado, precisamente porque el artículo 277, apartado 4, del Código Civil preserva la vigencia del artículo 21 TFUE, apartado 1, que es lo que requería el reconocimiento en primer lugar. En consecuencia, la desventaja estructural de la que son objeto las parejas del mismo sexo con arreglo al Derecho rumano aún persiste, y a este respecto sigue siendo pertinente la obligación positiva que impone el artículo 7 de la Carta, en relación con el artículo 8 del CEDH, en caso de que el Tribunal de Justicia considere que el Derecho de la Unión es aplicable al presente asunto.
112. La desventaja estructural antes descrita, en que las parejas del mismo sexo se encuentran en una posición significativamente peor que la de las parejas de distinto sexo y quedan sin ninguna vía factible para obtener el reconocimiento de su relación o de los derechos de reagrupación familiar con arreglo al Derecho rumano, no parece fácil de conciliar con el principio de no discriminación por razón de la orientación sexual, consagrado en el artículo 21, apartado 1, de la Carta, en relación con el artículo 7 de la Carta y con el artículo 8 del CEDH. Tal como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia Coman (90) y reafirmó en la sentencia Wojewoda Mazowiecki, (91) la relación que mantiene una pareja formada por personas del mismo sexo está comprendida en el concepto de vida privada del mismo modo que la de una pareja formada por personas de distinto sexo que se encuentre en la misma situación. Además, como confirmó el Tribunal de Justicia en la sentencia Wojewoda Mazowiecki, (92) partiendo de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los asuntos Fedotova y otros c. Rusia, (93) Przybyszewska y otros c. Polonia (94) y Formela y otros c. Polonia, (95) el artículo 8 del CEDH ahora impone a los Estados miembros la obligación positiva de instaurar un marco jurídico que permita el reconocimiento jurídico y la protección de las parejas formadas por personas del mismo sexo.
113. A este respecto es preciso diferenciar entre la decisión de un Estado miembro de no introducir en su legislación interna el matrimonio o la unión civil entre personas del mismo sexo, lo que pertenece a su ámbito de competencias y puede estar protegido por el artículo 4 TUE, apartado 2, como expresión de su identidad constitucional nacional, y la denegación de toda forma de reconocimiento o protección de las parejas del mismo sexo. Lo primero corresponde a las competencias de los Estados miembros; lo segundo, no, pues constituye un incumplimiento de la obligación positiva impuesta por el artículo 7 de la Carta en relación con el artículo 8 del CEDH, según confirmó el Tribunal de Justicia en la sentencia Wojewoda Mazowiecki. (96)
114. En consecuencia, en caso de que el Tribunal de Justicia considere aplicable el Derecho de la Unión a la solicitud de un permiso de residencia derivado en el presente asunto, las medidas nacionales controvertidas resultan difícilmente conciliables con el artículo 21 TFUE, apartado 1, y con el artículo 21, apartado 1, de la Carta en relación con su artículo 7. En particular, el requisito relativo a la residencia previa y la condición relativa a los hijos, que establece el artículo 62 del Decreto‑ley n.º 194/2002, van mucho más allá de lo que exigen dichas disposiciones. Además, el efecto combinado de dicho artículo 62 y el artículo 277 del Código Civil genera una desventaja estructural específica para las parejas del mismo sexo, a quienes se deja sin una vía factible para obtener el reconocimiento legal de su relación o sus derechos de reagrupación familiar con arreglo al Derecho rumano, en contraste con las parejas de distinto sexo, a las que les queda la opción de contraer matrimonio en Rumanía (o en otro Estado miembro). Corresponde al órgano jurisdiccional remitente valorar estos extremos atendiendo a las consideraciones antes expuestas.
115. Por otro lado, quisiera señalar que el Gobierno rumano no ha formulado ante el Tribunal de Justicia motivo alguno que justifique el supuesto obstáculo al ejercicio de los derechos de libre circulación por GH, en caso de que se llegue a constatar que existe tal obstáculo.
116. Sin embargo, el análisis alternativo no afecta a la principal conclusión, a saber, que el presente asunto no está comprendido en el ámbito de aplicación de los derechos 20 TFUE y 21 TFUE, apartado 1.
117. Sobre la base de las consideraciones que preceden, propongo que el Tribunal de Justicia responda a la cuestión prejudicial del siguiente modo:
Los artículos 20 TFUE y 21 TFUE, apartado 1, y la Directiva 2004/38, aplicada por analogía, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que las autoridades del Estado miembro del que es nacional un ciudadano de la Unión denieguen un derecho de residencia en el territorio de dicho Estado miembro a un nacional de un tercer Estado con el que ese ciudadano de la Unión ha formalizado una unión civil con arreglo a la legislación de otro Estado miembro, debido a que la legislación del Estado miembro de la nacionalidad no reconoce las uniones civiles entre personas del mismo sexo, cuando el ciudadano de la Unión no ha residido efectivamente en el Estado miembro donde se formalizó la unión civil ni ha demostrado ninguna intención de instalarse allí de manera que se desarrolle o consolide una convivencia familiar en ese Estado miembro, y cuando no existe relación de dependencia entre el ciudadano de la Unión y el nacional de un tercer Estado de tal naturaleza que la denegación de la residencia obligaría, en la práctica, a que el ciudadano de la Unión abandonase el territorio de la Unión considerado en su conjunto o el Estado miembro del que es nacional.
IV. Conclusión
118. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión planteada por la Curtea de Apel Oradea (Tribunal Superior de Oradea, Rumanía) del siguiente modo:
«Los artículos 20 TFUE y 21 TFUE, apartado 1, y la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, aplicada por analogía,
deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que las autoridades del Estado miembro del que es nacional un ciudadano de la Unión denieguen un derecho de residencia en el territorio de dicho Estado miembro a un nacional de un tercer Estado con el que ese ciudadano de la Unión ha formalizado una unión civil con arreglo a la legislación de otro Estado miembro, debido a que la legislación del Estado miembro de la nacionalidad no reconoce las uniones civiles entre personas del mismo sexo, cuando el ciudadano de la Unión no ha residido efectivamente en el Estado miembro donde se formalizó la unión civil ni ha demostrado ninguna intención de instalarse allí de manera que se desarrolle o consolide una convivencia familiar en ese Estado miembro, y cuando no existe relación de dependencia entre el ciudadano de la Unión y el nacional de un tercer Estado de tal naturaleza que la denegación de la residencia obligaría, en la práctica, a que el ciudadano de la Unión abandonase el territorio de la Unión considerado en su conjunto o el Estado miembro del que es nacional.»
1 Lengua original: inglés.
2 Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77).
3 Texto facilitado por el Gobierno rumano.
4 El Código Civil utiliza el término «parejas de hecho», mientras que GH y FV celebraron una unión civil en Italia con arreglo al Derecho italiano. Por ello, en las presentes conclusiones, el término «unión civil» se refiere a la relación jurídica establecida entre GH y FV en Italia y el término «pareja de hecho» se emplea para referirse al concepto conforme al Derecho rumano o en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
5 La resolución de remisión cita el artículo 83, apartado 1, del Decreto‑ley n.º 194/2002, así como sus artículos 88, apartados 1 y 3, letra b).
6 Sentencia de 5 de junio de 2018, Coman y otros (C‑673/16, en lo sucesivo, «sentencia Coman», EU:C:2018:385).
7 Una cuestión similar se plantea en el asunto pendiente C‑237/26, PMLP, en el que el órgano jurisdiccional remitente ha preguntado si un Estado miembro puede denegar el reconocimiento de un matrimonio contraído entre dos de sus nacionales del mismo sexo en otro Estado miembro de la Unión Europea, debido a que su Derecho nacional no autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo, en una situación en la que los interesados tampoco habían residido en ese otro Estado miembro, ni antes ni después de contraer matrimonio, pero uno de ellos tiene un vínculo estrecho con él, y ambos se desplazaron hasta allí al único objeto de casarse. A diferencia del presente asunto, relativo a los derechos de residencia derivados, aquel asunto se refería al reconocimiento del estado civil.
8 La expresión «U-turn» (giro en U) se originó en el contexto de las libertades fundamentales de la Unión (como la libertad de establecimiento) y se utiliza para describir el patrón estructural utilizado por un nacional que invoca una libertad fundamental para generar un elemento transfronterizo, con frecuencia precisamente con el fin de «retornar» y acogerse al Derecho de la Unión frente a la legislación nacional de su propio Estado miembro. Véase Wouters, J., PhD thesis (K.U. Leuven, 1996), donde analiza «U-bochtconstructies en misbruik van communautaire rechten» (estructuras de giro en U y abuso de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión) en cuanto a la constitución de sociedades mercantiles; Looijestijn-Clearie, A., «Centros Ltd — A Complete U-Turn in the Right of Establishment for Companies», vol. 49 International & Comparative Law Quaterly, 2000, pp. 621 a 642. Solo más tarde la misma denominación de «giro en U» se aplicó a la jurisprudencia sobre ciudadanía, donde se utilizó para describir el patrón análogo con arreglo al cual un ciudadano de la Unión que ejercía su libertad de circulación en el extranjero, regresaba a continuación a su Estado y trataba de conservar derechos (como el de reagrupación familiar) adquiridos durante el período de estancia en el extranjero.
9 Véase, en este sentido, la sentencia de 14 de noviembre de 2017, Lounes (C‑165/16; en lo sucesivo, «sentencia Lounes», EU:C:2017:862), apartado 45.
10 Sentencias Coman, apartado 18, y de 12 de marzo de 2014, O. y B. (C‑456/12; en lo sucesivo, «sentencia O. y B.», EU:C:2014:135), apartado 35.
11 Véanse las sentencias Lounes, apartado 31, y de 18 de diciembre de 2014, McCarthy y otros, (C‑202/13, EU:C:2014:2450), apartados 31 y 33 y jurisprudencia citada.
12 Véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de noviembre de 2012, Iida (C‑40/11, EU:C:2012:691), apartado 67 y 68, y de 8 de mayo de 2013, Ymeraga y otros (C‑87/12, EU:C:2013:291), apartado 35.
13 Sentencia de 15 de noviembre de 2011, Dereci y otros (C‑256/11; en lo sucesivo, «sentencia Dereci», EU:C:2011:734), apartado 55.
14 Véanse, en este sentido, las sentencias Lounes, apartado 36; O. y B., apartado 41, y de 5 May 2011, McCarthy (C‑434/09; en lo sucesivo, «sentencia McCarthy», EU:C:2011:277), apartado 33.
15 Véanse, en este sentido, las sentencias Lounes, apartado 37, O. y B., apartados 42 y 43, y McCarthy, apartados 29, 34 y 42.
16 Dicho esto, otras disposiciones de la Directiva 2004/38, como su artículo 4, que regula el derecho de salida, pueden, no obstante, ser aplicables a los ciudadanos de la Unión que residan en el Estado miembro del que son nacionales y a los miembros de su familia o a su pareja.
17 Véanse, en este sentido, las sentencias de 2 de octubre de 2025, NiZzA (C‑573/24, EU:C:2025:747), apartado 42, y de 13 de septiembre de 2016, CS (C‑304/14, EU:C:2016:674), apartado 22 y jurisprudencia citada.
18 Véanse, en este sentido, las sentencias Coman, apartado 23; Lounes, apartado 46; O. y B., apartado 44, y de 10 May 2017, Chavez-Vilchez y otros (C‑133/15, EU:C:2017:354), apartado 54.
19 Sentencia O. y B., apartado 49.
20 Ibid., apartado 50.
21 Ibid.
22 Sentencia de 7 de julio de 1992 (C‑370/90, EU:C:1992:296).
23 Ibid., apartado 19.
24 Véase la sentencia de 11 de diciembre de 2007, Eind (C‑291/05, EU:C:2007:771).
25 Ibid., apartado 35. En el apartado 36 de la citada sentencia, el Tribunal de Justicia añadió que «este efecto disuasorio puede producirse igualmente ante la mera perspectiva de que el nacional no pueda continuar, a su vuelta al Estado miembro de origen, una convivencia familiar con sus parientes próximos comenzada eventualmente mediante matrimonio o reagrupación familiar en el Estado miembro de acogida».
26 Sentencia de 7 de julio de 1992 (C‑370/90, EU:C:1992:296). Véanse las sentencias de 8 de noviembre de 2012, Iida (C‑40/11, EU:C:2012:691, apartado 70), y de 11 de diciembre de 2007, Eind (C‑291/05, EU:C:2007:771, apartados 32, 35 y 36).
27 Véanse, en este sentido, las sentencias Coman, apartado 24, y O. y B., apartados 51 a 54.
28 Apartado 52.
29 Apartado 59.
30 Apartado 53.
31 Apartado 55.
32 El apartado 54 de la sentencia O. y B. se articula en términos condicionales y tiene carácter normativo: «cuando, con ocasión de una residencia efectiva del ciudadano de la Unión en el Estado miembro de acogida, […] se desarrolla o se consolida una convivencia familiar en este último Estado miembro, el efecto útil de los derechos que el artículo 21 TFUE, apartado 1, confiere al ciudadano de la Unión de que se trate exige […]».
33 Apartado 57 de la sentencia O. y B.
34 Apartado 54. Algunos autores aducen, incluso, que el criterio decisivo para conservar el derecho de residencia en el momento en que el ciudadano de la Unión regresa al Estado miembro de origen no es la duración de la residencia, sino si la residencia en el Estado miembro de acogida es tal «que permita el desarrollo o a la consolidación de una convivencia familiar en este último Estado miembro», de modo que una residencia superior a tres meses en el Estado miembro de acogida de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 7 de la Directiva 2004/38 podría fundamentar la presunción de que se ha desarrollado una convivencia familiar, en lugar de ser un requisito para ello (Kroeze, H., «Chapter 10 Distinguishing between Use and Abuse of EU Free Movement Law: Evaluating Use of the “Europe-route” for Family Reunification to Overcome Reverse Discrimination», in Cambien, N., Kochenov, D. y Muir, E. (eds.), European Citizenship under Stress: Social Justice, Brexit and Other Challenges, Brill Nijhoff, Leiden, 2020, pp. 222 a 270, disponible en: https://doi.org/10.1163/9789004433076_011).
35 Sentencia de 27 de junio de 2018 (C‑230/17; en lo sucesivo, «sentencia Altiner y Ravn», EU:C:2018:497).
36 Ibid., apartados 30 a 33.
37 Apartado 59.
38 Por consiguiente, cabría señalar que la versión en lengua francesa de dicha sentencia («développer ou consolider») sustenta una interpretación del concepto de «desarrollar o consolidar» que presupone un proceso de desarrollo gradual de la convivencia familiar durante una residencia efectiva, más que la instantánea constitución de un vínculo legal, y que esta postura es coherente con la lógica general del marco establecido en la sentencia O. y B., que trata de la protección de la convivencia familiar efectivamente mantenida en otro Estado miembro, no la meramente formalizada allí.
39 Apartado 31.
40 Sentencias de 8 de noviembre de 2012, Iida (C‑40/11, EU:C:2012:691), apartado 70); de 11 de diciembre de 2007, Eind (C‑291/05, EU:C:2007:771), apartados 35 y 36, y O. y B., apartado 54.
41 El apartado 56 de la citada sentencia habla de que el ciudadano de la Unión «ha mantenido una convivencia familiar» con el nacional de un tercer país en el Estado miembro de acogida, y la respuesta dada en el apartado 61 se refiere a un ciudadano de la Unión que «ha desarrollado o consolidado una convivencia familiar» durante una residencia efectiva allí.
42 A este respecto, cabe hacer referencia a las reflexiones previas sobre la lógica de la disuasión, en los puntos 40 a 44 de las presentes conclusiones.
43 El artículo 81 TFUE, apartado 3, establece que las medidas relativas al Derecho de familia con repercusión transfronteriza se establecerán por el Consejo, que se pronunciará por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo, con arreglo a un procedimiento legislativo especial que atienda a la sensibilidad del Derecho de familia y a la primacía de las competencias nacionales en este ámbito. Esta misma disposición contiene una cláusula pasarela que permite al Consejo, por unanimidad y con sujeción al veto del Parlamento, decidir que ciertos aspectos del Derecho de familia con repercusión transfronteriza puedan ser objeto de actos adoptados mediante el procedimiento legislativo ordinario. Con arreglo al artículo 81 TFUE, apartado 1, dicha competencia, además, se dirige a la cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión transfronteriza; a tenor del apartado 2 del mismo artículo, comprende, en particular, el reconocimiento mutuo y la ejecución de sentencias, la compatibilidad de las normas aplicables en materia de conflictos de leyes y de jurisdicción y la eliminación de los obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles. Así pues, la estructura de los Tratados refleja una decisión deliberada de dejar la definición de las relaciones familiares principalmente a los Estados miembros, tan solo con sujeción a los límites que impone al ejercicio de esta competencia el Derecho de la Unión en materia de libertad de circulación cuando un ciudadano de la Unión haya ejercido efectivamente los derechos de libre circulación de manera que se cree un vínculo auténtico y significativo con otro Estado miembro.
44 El artículo 79 TFUE, apartado 2, letra a), faculta a la Unión para adoptar medidas en el ámbito de las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países, también con vistas a la reagrupación familiar.
45 Sentencia de 25 de julio de 2008, Metock y otros (C‑127/08; en lo sucesivo, «sentencia Metock», EU:C:2008:449), apartado 61.
46 Sentencia Metock, apartados 63 y 65 (el subrayado es mío).
47 Sentencia Metock, apartados 73, 77 y 78. Obsérvese que la referencia al «ámbito de aplicación del Derecho comunitario» en el apartado 78 de la sentencia Metock debe entenderse, en su contexto, como referida al ámbito de aplicación de la Directiva 2004/38, pues dicha sentencia versa sobre la interpretación de la mencionada Directiva.
48 Véase la sentencia O. y B., apartados 56 y 57.
49 El Sr. Coman y el Sr. Hamilton habían residido legalmente juntos en Bélgica durante más de tres meses y habían convivido como familia antes de regresar a Rumanía.
50 Sentencia de 8 de marzo de 2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09; en lo sucesivo, «sentencia Ruiz Zambrano», EU:C:2011:124), apartado 41 y jurisprudencia citada.
51 Véanse las sentencias McCarthy, apartado 47, y Ruiz Zambrano, apartado 42.
52 Véanse la sentencia McCarthy, apartado 48.
53 Véase la sentencia Ruiz Zambrano, apartados 42 y 44.
54 Ibid., apartado 67.
55 Sentencia Dereci, apartado 68.
56 Sentencia de 8 de mayo de 2018,(C‑82/16, EU:C:2018:308), apartado 65.
57 Sentencia de 4 de junio de 2026, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C‑147/24; en lo sucesivo, «sentencia Safi», EU:C:2026:442), apartados 51, 53 y 57 a 63.
58 Véase la sentencia de 10 de mayo de 2017 (C‑133/15, EU:C:2017:354), apartados 68 y 69.
59 En la resolución de remisión se trasluce que GH reside en Rumanía, donde cuida de su madre gravemente discapacitada. Por lo tanto, cabría argumentar que GH se halla atrapada entre su obligación de cuidar de su madre en Rumanía y su deseo de vivir con FV, y que la denegación de la residencia a FV colocaría a GH en una situación personal inasumible. Aunque esta circunstancia evidencia la difícil situación personal en que se encuentra la propia GH, ello no implica una relación de dependencia como las que trata de proteger el artículo 20 TFUE, según la jurisprudencia.
60 Véase el apartado 11 de la resolución de remisión. El artículo 6 TUE, apartado 1, y el artículo 51, apartado 2, de la Carta aclaran, además, que las disposiciones de la Carta no amplían las competencias de la Unión definidas en los Tratados.
61 Véase la sentencia de 26 de febrero de 2013, Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105), apartado 17.
62 Sentencias Metock, apartado 77, y de 1 de abril de 2008, Gobierno de la Communauté française y Gouvernement wallon (C‑212/06, EU:C:2008:178), apartado 33.
63 Véanse, en este sentido, la sentencia Metock, apartado 77.
64 Sentencia Dereci, apartado 72.
65 Véase el punto 41 de las presentes conclusiones.
66 Véase la sentencia de 12 de julio de 2018, Banger (C‑89/17; en lo sucesivo, «sentencia Banger», EU:C:2018:570), apartado 34.
67 Véase la sentencia Coman, apartados 33 a 35.
68 Sentencia Coman, apartado 36.
69 Véanse los apartados 30 a 33.
70 Apartado 32.
71 Apartado 41.
72 Sentencia de 26 de marzo de 2019 (C‑129/18, EU:C:2019:248).
73 Apartado 56.
74 Véase los apartados 57 y 58.
75 Véanse, en este sentido, la sentencia Banger, apartado 33.
76 Ibid., apartado 35.
77 Sentencia de 26 de marzo de 2019, SM (Menor sometido a «kafala» argelina) (C‑129/18, EU:C:2019:248), apartado 61 y jurisprudencia citada.
78 Ibid., apartado 62 y jurisprudencia citada.
79 Sentencias Coman, apartado 38, y de 2 de junio de 2016, Bogendorff von Wolffersdorff (C‑438/14, EU:C:2016:401), apartado 32.
80 Sentencias Coman, apartado 45, y de 8 de junio de 2017, Freitag (C‑541/15, EU:C:2017:432), apartado 46.
81 Véanse, en ese sentido, las sentencias de 26 de marzo de 2019, SM (Menor sometido a «kafala» argelina (C‑129/18, EU:C:2019:248), apartado 63 y Banger, apartado 40 y jurisprudencia citada.
82 Véase la sentencia de 26 de febrero de 2013, Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105), apartado 17.
83 Véanse las Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales (DO 2007, C 303, p. 17).
84 Sentencias citadas en el apartado 50 de la sentencia Coman. Véase TEDH, sentencias de 7 de noviembre de 2013, Vallianatos y otros c. Grecia, CE:ECHR:2013:1107JUD002938109, § 73, y de 14 de diciembre de 2017, Orlandi y otros c. Italia, CE:ECHR:2017:1214JUD002643112, § 143.
85 Apartado 58.
86 Véase el punto 101 de las presentes conclusiones.
87 Apartado 29.
88 El artículo 277, apartado 3, del Código Civil excluye el reconocimiento de todas las parejas de hecho formadas en el extranjero, ya sean entre personas del mismo o de distinto sexo, con lo cual es aparentemente neutral. Sin embargo, su efecto práctico no lo es. A las parejas de distinto sexo, la falta de reconocimiento de una pareja de hecho extranjera no las deja en un vacío legal, pues aún tienen la opción de contraer matrimonio en Rumanía, que la legislación rumana reconoce plenamente. En cambio, para las parejas del mismo sexo, el artículo 277, apartado 1, del Código Civil prohíbe por completo el matrimonio, y el apartado 3 deniega el reconocimiento de las parejas de hecho extranjeras, con el resultado de que estas parejas carecen de una vía legal en Rumanía para obtener cualquier forma de reconocimiento de su relación.
89 Véanse los apartados 39, 40 y 51.
90 Apartado 50.
91 Sentencia de 25 de noviembre de 2025, Wojewoda Mazowiecki (C‑713/23; en lo sucesivo, «sentencia Wojewoda Mazowiecki» EU:C:2025:917), apartado 65.
92 Apartado 66.
93 Sentencia del TEDH de 13 de julio de 2021, CE:ECHR:2021:0713JUD004079210, § 152.
94 Sentencia del TEDH de 12 de diciembre de 2023, CE:ECHR:2023:1212JUD001145417, § 104.
95 Sentencia del TEDH de 19 de septiembre de 2024, CE:ECHR:2024:0919JUD005882812, § 29.
96 Apartado 66.