CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. LAILA MEDINA
presentadas el 4 de junio de 2026 (1)
Asunto C‑229/25
GQ,
IF
contra
MVCI Management, S. L.,
MVCI Holidays, S. L.,
MVCI Playa Andaluza Holidays, S. L.
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Marbella (Málaga)]
« Procedimiento prejudicial — Adquisición de un derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido — Directiva 94/47/CE — Contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico — Directiva 2008/122/CE — Acción de nulidad de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico o contratos similares — Acción de restitución de cantidades abonadas en virtud del contrato declarado radicalmente nulo — Acción de reclamación del tanto del precio contractual por pagos anticipados — Principio de efectividad — Plazo de prescripción — Comienzo del cómputo del plazo de prescripción »
I. Introducción
1. El contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico se define en la Directiva 2008/122/CE (2) como el «contrato de duración superior a un año en virtud del cual un consumidor adquiere, a título oneroso, el derecho a utilizar uno o varios alojamientos para pernoctar durante más de un período de ocupación». Estos contratos tienen principalmente por objeto alojamientos vacacionales. (3) Se regían inicialmente por la Directiva 94/47/CE, (4) que fue derogada por la Directiva 2008/122. Esta última Directiva amplió la protección del consumidor a otros productos vacacionales similares a los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico.
2. Las Directivas 94/47 y 2008/122 persiguen reforzar la protección de los consumidores en el ámbito de los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico (o contratos similares), que, según el informe de la Comisión Europea sobre la evaluación de la Directiva 2008/122, se caracterizan por compromisos a largo plazo o por riesgos financieros significativos para los consumidores. (5) Tal propósito se garantiza mediante las normas de información precontractual y contractual, el derecho de desistimiento y la prohibición del pago de anticipos.
3. El presente asunto versa sobre las posibles limitaciones impuestas por el principio de efectividad a las normas nacionales que regulan el plazo de prescripción de los recursos contemplados en el Derecho nacional por la infracción de las normas de las Directivas 94/47 y 2008/122 relativas a la información y la prohibición del pago de anticipos. Este asunto brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de examinar, por vez primera, la normativa de la Unión en materia de protección de los consumidores en el ámbito del aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico desde la perspectiva del principio de autonomía procesal, tal como está limitado por el principio de efectividad.
II. Marco jurídico
A. Derecho de la Unión
1. Directiva 94/47
4. El artículo 3 de la Directiva 94/47 establecía:
«1. Los Estados miembros dispondrán en sus legislaciones medidas a fin de que el vendedor esté obligado a proporcionar un documento a cualquier persona que solicite información sobre el o los bienes inmuebles, el cual deberá incluir, además de una descripción general de dicho bien o de dichos bienes, por lo menos información concisa y precisa sobre los datos indicados en las letras a) a g), i) y l) del Anexo, así como indicaciones sobre la forma de obtener información complementaria.
2. Los Estados miembros dispondrán en sus legislaciones que toda la información mencionada en el apartado 1 y que deba incluirse en el documento a que se refiere el apartado 1 forme parte integrante del contrato.
[…]»
5. A tenor del artículo 4 de la Directiva 94/47:
«Los Estados miembros dispondrán en su legislación:
– que el contrato, que se hará obligatoriamente por escrito, deberá contener al menos los datos que se mencionan en el Anexo;
[…]».
6. El artículo 6 de la Directiva 94/47 preceptuaba:
«Los Estados miembros establecerán en sus legislaciones medidas encaminadas a prohibir cualquier pago de anticipos por el adquirente antes del final del período de ejercicio del derecho de resolución contemplado en el primer guion del punto 1 del artículo 5.»
2. Directiva 2008/122
7. El artículo 4 de la Directiva 2008/122, titulado «Información precontractual», preceptúa en la letra a) de su apartado 1:
«1. Con suficiente antelación antes de que el consumidor quede vinculado por cualquier contrato u oferta, el comerciante le facilitará información precisa y suficiente, de forma clara y comprensible, del siguiente modo:
a) si se trata de un contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico: mediante el formulario de información normalizado recogido en el anexo I y la información prevista en la parte 3 de dicho formulario».
8. El artículo 5 de la Directiva 2008/122, titulado «Contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de producto vacacional de larga duración, de reventa o de intercambio», establece en su apartado 2:
«La información a que se refiere el artículo 4, apartado 1, formará parte integrante del contrato y no se alterará a menos que las partes dispongan expresamente lo contrario […]».
9. El artículo 9 de esta Directiva, titulado «Pago de anticipos», tiene el siguiente tenor:
«Respecto a los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de producto vacacional de larga duración y de intercambio, los Estados miembros velarán por que se prohíba el pago de anticipos, la constitución de garantías, la reserva de dinero en cuentas, el reconocimiento explícito de deuda o cualquier otra contrapartida al comerciante o a un tercero por parte del consumidor antes de que concluya el plazo de desistimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.»
B. Derecho español
1. Ley 42/1998
10. El artículo 1, apartado 7, de la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias (BOE n.º 300, de 16 de diciembre de 1998, p. 42076), disponía:
«El contrato por virtud del cual se constituya o transmita cualquier otro derecho, real o personal, por tiempo superior a tres años y relativo a la utilización de uno o más inmuebles durante un período determinado o determinable al año, al margen de la presente Ley, será nulo de pleno derecho, debiéndole ser devueltas al adquirente o cesionario cualesquiera rentas o contraprestaciones satisfechas, así como indemnizados los daños y perjuicios sufridos.»
11. El artículo 11 de esta Ley tenía el siguiente tenor:
«1. Queda prohibido el pago de cualquier anticipo por el adquirente al transmitente antes de que expire el plazo de ejercicio de la facultad de desistimiento o mientras disponga de la facultad de resolución a las que se refiere el artículo anterior. […]
2. Si el adquirente hubiera anticipado alguna cantidad al transmitente, tendrá derecho a exigir en cualquier momento la devolución de dicha cantidad duplicada, pudiendo optar entre resolver el contrato en los tres meses siguientes a su celebración o exigir su total cumplimiento.»
2. Ley 4/2012
12. La Ley 42/1998 fue sustituida por la Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias (BOE n.º 162, de 7 de julio de 2012, p. 49192).
13. El artículo 13 de la Ley 4/2012 establece:
«1. En los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de producto vacacional de larga duración y de intercambio se prohíbe el pago de anticipos, la constitución de garantías, la reserva de dinero en cuentas, el reconocimiento expreso de deuda o cualquier contraprestación a favor del empresario o de un tercero y a cargo del consumidor, antes de que concluya el plazo de desistimiento.
[…]
3. Los actos realizados en contra de esta prohibición son nulos de pleno derecho y el consumidor podrá reclamar el duplo de las cantidades entregadas o garantizadas por tales conceptos.»
14. A tenor del artículo 23, apartado 7, de la Ley 4/2012:
«El contrato por virtud del cual se constituya o transmita cualquier otro derecho, real o personal, por tiempo superior a un año y relativo a la utilización de uno o más inmuebles durante un período determinado o determinable al año, al margen del presente Título, y con la sola excepción de lo dispuesto en el apartado siguiente, será nulo de pleno derecho, debiéndole ser devueltas al adquirente o cesionario cualesquiera rentas o contraprestaciones satisfechas, así como indemnizados los daños y perjuicios sufridos.»
3. Código Civil
15. El artículo 1964, apartado 2, del Código Civil contemplaba un plazo de prescripción de quince años para las acciones personales que no tuvieran señalado término especial de prescripción. Tras su modificación, (6) tiene ahora el siguiente tenor:
«Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación.»
16. El artículo 1969 del Código Civil preceptúa, por su parte, que el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse.
III. Hechos, litigio principal y cuestiones prejudiciales
17. GQ e IF son dos consumidores que celebraron con MVCI Management, S. L., MVCI Holidays, S. L., y MVCI Playa Andaluza Holidays, S. L. (en lo sucesivo, «MVCI Holidays»), dos contratos de transmisión de derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico o similares. El primero se celebró el 23 de mayo de 2007 y el segundo, el 21 de marzo de 2016.
18. GQ e IF ejercieron ante el órgano jurisdiccional remitente una acción de nulidad de dichos contratos por razón de su duración y por la falta de determinación de su objeto. También interesaron el pago de una cantidad en concepto de restitución del importe del precio de cada uno de ellos, menos los usos habidos (en lo sucesivo, «acción de restitución»), y reclamaron que se les entregase el tanto del precio contractual por pagos anticipados (en lo sucesivo, «acción de reclamación por pagos anticipados»).
19. MVCI Holidays arguyó que no concurre causa de nulidad y que no se habían realizado pagos anticipados. Subsidiariamente, alegó que la acción de restitución y la acción de reclamación por pagos anticipados están prescritas en aplicación del artículo 1964, apartado 2, del Código Civil.
20. En lo referente a la acción de restitución, el órgano jurisdiccional remitente señala que las reglas generales del Derecho civil son aplicables. Con arreglo a la legislación y la jurisprudencia nacionales, mientras que la acción de nulidad de un contrato es imprescriptible, la acción de restitución de las prestaciones realizadas en ejecución de un contrato nulo está sujeta al régimen de prescripción de las acciones personales.
21. Por lo que respecta a la acción de reclamación por pagos anticipados, el Tribunal Supremo ha determinado que los pagos anticipados en contratos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico o similares son nulos de pleno derecho, que el pago, por el comerciante, del duplo del tanto del precio contractual constituye una sanción civil y que su reclamación no está supeditada o condicionada al previo desistimiento del contrato o a su resolución.
22. El órgano jurisdiccional remitente indica que ni el Tribunal de Justicia ni el Tribunal Supremo se han pronunciado sobre la concreta cuestión del inicio (dies a quo) del plazo de prescripción de la acción de restitución o de la acción de reclamación por pagos anticipados.
23. Sin embargo, algunos órganos jurisdiccionales nacionales inferiores han aplicado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia referida a la prescripción de las acciones de restitución derivadas de la declaración de nulidad de cláusulas abusivas con arreglo a la Directiva 93/13/CEE. (7)Según esta jurisprudencia, fijar la fecha de celebración del contrato como inicio del cómputo de un plazo de prescripción para una acción de restitución de cantidades abonadas en virtud de una cláusula contractual declarada abusiva puede contravenir el principio de efectividad. (8)En cambio, un plazo de prescripción cuyo día inicial se corresponde con la fecha en que adquiere firmeza la resolución que declara abusiva una cláusula contractual es compatible con el principio de efectividad.
24. Conforme a dicha jurisprudencia, esos órganos jurisdiccionales nacionales han considerado que la fecha de inicio del plazo de prescripción de la acción de restitución y de la acción de reclamación por pagos anticipados debe fijarse en el momento en que se declara la nulidad del contrato de adquisición de los derechos de aprovechamiento por turno o similar.
25. En opinión del órgano jurisdiccional remitente, tal interpretación de las normas que regulan el plazo de prescripción no es correcta, en vista de las diferencias sustanciales que existen entre, por una parte, la acción de restitución en el ámbito de la nulidad de un contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico (o similar) y la acción de reclamación por pagos anticipados y, por otra parte, la acción de restitución de cantidades abonadas en virtud de una cláusula abusiva. En efecto, a su juicio, cuando se declara abusiva una cláusula, esa declaración depende de que un órgano judicial constate la infracción de la normativa de contratos de consumo conforme al control de abusividad y de transparencia. Sin embargo, en los casos en que un contrato es declarado radicalmente nulo por haberse celebrado «al margen de la ley» o en que se han efectuado pagos anticipados prohibidos, el incumplimiento de los requisitos legales es directamente constatable desde el mismo momento en que se celebró el contrato o en que se efectuaron los pagos anticipados.
26. El órgano jurisdiccional remitente explica que este planteamiento se aplica cuando, como en el caso de autos, el contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico o similar excede la duración máxima permitida por la ley o cuando se ha alegado que no contiene la identificación registral del inmueble y turno sobre el que recae el derecho adquirido. Estos supuestos se corresponden con circunstancias que pueden ser advertidas directamente por las partes contratantes sin necesidad de que sean previamente declaradas por un juez. Lo mismo sucede cuando se han efectuado pagos anticipados prohibidos.
27. El órgano jurisdiccional remitente considera que, en tales supuestos, el dies a quo de la acción de restitución puede fijarse en el momento de la perfección del contrato, y el de la acción de reclamación en el momento en que se efectuaron los pagos anticipados prohibidos.
28. El órgano jurisdiccional remitente estima que tal interpretación es compatible con el principio de efectividad por las siguientes razones. En primer lugar, el ordenamiento jurídico español prevé un plazo de prescripción muy amplio para la acción de restitución, a saber, quince años en la redacción del Código Civil aplicable hasta 2015 y cinco años después de esa fecha. En segundo lugar, basta con una simple reclamación extrajudicial para interrumpir el plazo de prescripción. En tercer lugar, no existe riesgo de que el plazo de prescripción venza antes de que el consumidor pueda conocer que el contrato suscrito o el pago efectuado está afectado de nulidad radical, en la medida en que el fundamento de la eventual nulidad es susceptible de ser apreciado desde el mismo momento en el que el contrato se celebra o el pago se efectúa.
29. A juicio del órgano jurisdiccional remitente, tal interpretación contribuye asimismo a la seguridad jurídica. De fijarse el dies a quo del plazo de prescripción en la fecha de la declaración judicial de nulidad del contrato o de la declaración judicial de que se efectuaron pagos anticipados prohibidos, la correspondiente pretensión de restitución o de reclamación por pagos anticipados se convertiría en imprescriptible.
30. Para terminar, el órgano jurisdiccional remitente apunta que una interpretación diferente resultaría contraria al principio de seguridad jurídica. Las relaciones jurídicas en cuestión pueden haber nacido hace décadas. Existe el riesgo de incentivar comportamientos estratégicos de demandantes que traten de dilatar sus reclamaciones, con la consiguiente ventaja económica que ello supone, al computarse los intereses de demora desde la fecha de celebración del contrato o desde la fecha en que se efectuaron los pagos anticipados.
31. En estas circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Marbella decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) Las Directivas [94/47] y [2008/122] y la jurisprudencia del [Tribunal de Justicia] sobre el principio de efectividad del derecho de la Unión Europea ¿deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una norma/jurisprudencia nacional que fija el comienzo del cómputo de la prescripción de la acción de restitución en el momento de la perfección de un contrato de aprovechamiento de bien inmueble de uso turístico o similar, en los supuestos en los que la nulidad radical del contrato deriva de circunstancias directamente apreciables desde el momento de su celebración, como sería el exceso de duración o la indeterminación de su objeto?
2) Las Directivas [94/47] y [2008/122] y la jurisprudencia del [Tribunal de Justicia] sobre el principio de efectividad del derecho de la Unión Europea ¿deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una norma/jurisprudencia nacional que fija el comienzo del cómputo de la prescripción de la acción de reclamación del tanto del precio contractual por pagos anticipados en el momento en que se efectuaron los pagos prohibidos en un contrato de aprovechamiento de bien inmueble de uso turístico o similar?»
32. GQ e IF, MVCI Holidays, el Gobierno español y la Comisión han presentado observaciones escritas.
IV. Apreciación
A. Primera cuestión prejudicial
33. Con carácter preliminar, ha de recordarse que, según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido en el artículo 267 TFUE, corresponde a este último proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, corresponde, en su caso, al Tribunal de Justicia reformular las cuestiones que se le han planteado. A este respecto, corresponde al Tribunal de Justicia deducir del conjunto de elementos aportados por el órgano jurisdiccional nacional, y especialmente de la motivación de la resolución de remisión, los elementos del Derecho de la Unión que requieren una interpretación, teniendo en cuenta el objeto del litigio. (9)
34. El litigio principal versa sobre dos contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico o similares. El contrato celebrado el 23 de mayo de 2007 está comprendido en el ámbito de aplicación temporal de la Directiva 94/47, mientras que el suscrito el 21 de marzo de 2016 lo está en el ámbito de aplicación temporal de la Directiva 2008/122.
35. De las indicaciones obrantes en el auto de remisión resulta que, en el contexto de la acción de nulidad de los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico (o similares) controvertidos en el litigio principal, los consumidores alegan que se han incumplido los requisitos legales porque dichos contratos exceden la duración máxima permitida por la legislación española. Alegan asimismo que los contratos no contienen la identificación registral del apartamento y turno sobre el que recae el derecho adquirido, incurriendo así en indeterminación del objeto del contrato.
36. En virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 94/47 y del artículo 4 de la Directiva 2008/122, el comerciante está obligado a facilitar al consumidor determinada información antes de la celebración del contrato. (10) De los artículos 3, apartado 2, y 4 de la Directiva 94/47 y del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/122 resulta que esa información debe incluirse en el contrato, formando así parte integrante del mismo. (11)
37. Así, mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 3 y 4 de la Directiva 94/47 y los artículos 4 y 5 de la Directiva 2008/122, en relación con el principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una legislación o jurisprudencia nacional conforme a la cual el cómputo del plazo de prescripción de la acción de restitución de las cantidades pagadas por el consumidor en virtud de un contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico (o similar) nulo comienza en la fecha de la perfección del contrato, en el supuesto de que la nulidad del contrato derive de circunstancias directamente apreciables desde el momento de su celebración, como el exceso de duración o la indeterminación de su objeto.
1. Admisibilidad
38. La Comisión y el Gobierno español manifiestan dudas sobre la admisibilidad de la primera cuestión prejudicial. Más concretamente, ambas partes interesadas señalan que las Directivas 94/47 y 2008/122 no contienen reglas sobre la duración máxima del contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico (o similar) y la posible nulidad del contrato en caso de superación de tal duración. Así pues, la regla de la duración máxima queda fuera del ámbito de aplicación de estas Directivas. Lo mismo cabe decir, según la Comisión, de la identificación del inmueble en el Registro de la Propiedad (español). El Gobierno español alega que, aunque la descripción precisa del objeto del contrato se rige parcialmente por dichas Directivas, no se anudan consecuencias concretas a la falta de tal descripción por parte del comerciante.
39. Es preciso recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia, en el marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida en el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse. De lo anterior se deduce que las cuestiones relativas al Derecho de la Unión gozan de una presunción de pertinencia. (12)
40. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para responder adecuadamente a las cuestiones que se le hayan planteado. (13)
41. En el presente asunto, la primera cuestión prejudicial exige aclarar el alcance de la información precontractual y contractual que el comerciante está obligado a facilitar al consumidor. También se refiere a las consecuencias que los Estados miembros anudan al incumplimiento, por el comerciante, de las disposiciones nacionales adoptadas de conformidad con las Directivas 94/47 y 2008/122, así como a la apreciación, a la luz del principio de efectividad, de las normas nacionales de prescripción aplicables.
42. En estas circunstancias, estimo que la primera cuestión prejudicial es admisible.
2. Fondo
43. Para responder a la primera cuestión prejudicial, ha de comprobarse previamente si las disposiciones de Derecho nacional que según GQ e IF se han infringido en el presente asunto están comprendidas en el ámbito de aplicación de las Directivas 94/47 y 2008/122. Por ende, solo en caso de que se cumpla esta condición tendrían que ajustarse a los requisitos establecidos en estas Directivas las normas nacionales que regulan el plazo de prescripción de la acción de restitución por nulidad del contrato de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico (o similar). (14)
a) Obligaciones de información y ámbito de aplicación de las Directivas 94/47 y 2008/122
44. Para empezar, por lo que respecta al requisito nacional de la duración máxima del contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico (o similar), (15) ha de señalarse, al igual que el Gobierno español y la Comisión, que no figura en dichas Directivas. Estas establecen la duración mínima del contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico (o similar), (16) pero no una duración máxima.
45. La Directiva 94/47 es una directiva de armonización mínima. (17) En consecuencia, los Estados miembros seguían manteniendo la competencia para introducir un requisito de duración máxima del contrato más favorable para los consumidores.
46. La Directiva 2008/122 emplea una técnica de armonización máxima. Como se indica en su considerando 3, no se permite a los Estados miembros mantener o introducir en su Derecho interno disposiciones divergentes de las que recoge esta Directiva. No obstante, como resulta con claridad de dicho considerando, en los casos en que no existan dichas disposiciones armonizadas, los Estados miembros «deben tener libertad para mantener o introducir normas de Derecho interno acordes con el Derecho [de la Unión]».
47. Como se ha apuntado, la duración máxima del contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico no está armonizada por la Directiva 2008/122. Por ende, los Estados miembros siguen siendo competentes para mantener o introducir tal requisito, siempre que no pueda afectar a alguna otra disposición de esta Directiva. Consiguientemente, las normas nacionales que regulan las consecuencias del incumplimiento de este requisito y el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción de restitución están comprendidas en el ámbito sobre el que los Estados miembros mantienen competencia. En estas circunstancias, no es necesario examinar estas normas nacionales a la luz del principio de efectividad. (18)
48. En segundo lugar, por lo que se refiere al requisito de la determinación del objeto del contrato, el órgano jurisdiccional remitente se refiere, más concretamente, a la exigencia de informar al consumidor de la identificación del inmueble en el Registro de la Propiedad y del turno sobre el que recae el derecho adquirido. (19)
49. Ha de señalarse que las Directivas 94/47 y 2008/122 exigen que el contrato contenga una descripción precisa y detallada del bien y de su ubicación. (20) Nada más se indica en ellas sobre los pormenores que colman este requisito. A este respecto, debe recordarse que del artículo 288 TFUE resulta que, al transponer una directiva, los Estados miembros están obligados a garantizar su plena eficacia, a la vez que disponen de un amplio margen de apreciación respecto de la elección de los medios. (21)
50. El desarrollo del requisito de la descripción precisa y detallada establecido en las Directivas 94/47 y 2008/122 queda a la discreción de los Estados miembros. Por consiguiente, un Estado miembro puede imponer la identificación del bien en el Registro de la Propiedad como medio concreto para garantizar el cumplimiento de tal requisito. La información sobre la identificación del inmueble debe, por tanto, considerarse comprendida en el ámbito de aplicación de dichas Directivas.
51. En cuanto al turno sobre el que recae el derecho, se trata de un aspecto que forma parte de la información que ha de facilitarse al consumidor. (22)
52. Por consiguiente, el requisito nacional de la determinación del objeto del contrato, al menos en lo referente a la determinación de la duración del derecho de aprovechamiento, (23) debe considerarse comprendido en el ámbito de aplicación de las Directivas 94/47 y 2008/122.
b) Plazo de prescripción de la acción de restitución
53. Con carácter preliminar, ha de recordarse que, cuando no se le haya facilitado la información pertinente antes de la celebración del contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico (o similar), el consumidor dispone de un plazo de desistimiento más extenso. (24) Las Directivas 94/47 y 2008/122 no establecen una sanción específica, en particular para el supuesto de que, una vez vencido el plazo de desistimiento, el comerciante no haya cumplido las obligaciones de información previstas en ellas. En tal situación, además del derecho de desistimiento, es responsabilidad de los Estados miembros establecer sanciones adecuadas. (25) Con arreglo al artículo 15, apartado 2, de la Directiva 2008/122, esas sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.
54. Como resulta del auto de remisión, en Derecho español, la consecuencia anudada al incumplimiento de las obligaciones de información precontractual y contractual es la nulidad del contrato, lo que otorga derecho a la restitución de cualesquiera contraprestaciones satisfechas. (26) La jurisprudencia nacional ha interpretado que este derecho de restitución se refiere a las cantidades abonadas en proporción al tiempo que reste de vigencia al contrato, a fin de tener en cuenta el uso que se ha hecho del inmueble. (27)
55. Del auto de remisión también resulta que los plazos de prescripción de la acción de nulidad del contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico (o similar) y de la acción de restitución se rigen por las reglas generales en materia de prescripción del Derecho civil. Según estas reglas generales, la acción de nulidad del contrato es imprescriptible. En cambio, la acción de restitución de los pagos realizados en virtud del contrato nulo está sujeta al plazo general de prescripción de las acciones personales. A falta de disposición especial que determine otra cosa, el dies a quo de la acción de restitución se fija en la fecha en que esta haya podido ejercitarse. (28) Según el órgano jurisdiccional remitente, debe considerarse que, en el caso de los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico (o similares), esa fecha es la de la perfección del contrato.
56. El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas acerca de si, en el caso de los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico (o similares) declarados radicalmente nulos, resultan aplicables las reglas generales de prescripción o si procede extrapolar a dichos contratos (o similares) la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a las cláusulas abusivas. (29) Si esta jurisprudencia es aplicable, el dies a quo del plazo de prescripción habría de ser la fecha en que se dicte la sentencia firme que declare nulo el contrato.
57. A este respecto, ha de señalarse que las Directivas 94/47 y 2008/122 no establecen normas específicas relativas al plazo de prescripción aplicable a los recursos nacionales disponibles para el caso de incumplimiento de las obligaciones de información por el comerciante.
58. Conforme a reiterada jurisprudencia, a falta de normas de la Unión en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro, en virtud del principio de autonomía procesal, configurar la regulación procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables, a condición de que esta regulación no sea menos favorable que la aplicable a situaciones similares regidas por el Derecho interno (principio de equivalencia) y de que no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión (principio de efectividad). (30)
59. El principio de efectividad también se refleja en el artículo 13 de la Directiva 2008/122, que recoge una norma general de reparación judicial y administrativa según la cual los Estados miembros deben velar por que, en interés de los consumidores, existan medios adecuados y eficaces para garantizar el cumplimiento de esta Directiva por los comerciantes.
60. Por lo que se refiere a este principio, el único controvertido en el presente procedimiento, se ha de señalar que cada caso en el que se plantee la cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición dentro del conjunto del procedimiento, así como el desarrollo y las peculiaridades de este ante las diversas instancias nacionales. Desde esta perspectiva, han de tomarse en consideración, en su caso, los principios en los que se basa el sistema judicial nacional, como la protección del derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica y el buen desarrollo del procedimiento. (31)
61. En cuanto al análisis de las características del plazo de prescripción controvertido en el litigio principal, dicho análisis debe referirse a la duración del plazo de prescripción y a sus modalidades de aplicación, incluyendo el mecanismo previsto para determinar el inicio de dicho plazo. (32)
62. En primer término, por lo que atañe a la duración del plazo de prescripción de la acción de restitución en virtud de un contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico (o similar) declarado radicalmente nulo, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que un plazo razonable de recurso fijado, con carácter preclusivo, en interés de la seguridad jurídica no hará imposible o excesivamente difícil en la práctica el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión si tal plazo resulta materialmente suficiente para permitir que el consumidor prepare e interponga un recurso efectivo. (33)
63. En efecto, el Tribunal de Justicia ha reconocido que la protección del consumidor no es absoluta y que la fijación de plazos razonables de carácter preclusivo para recurrir, en interés de la seguridad jurídica, es compatible con el Derecho de la Unión. (34)
64. En el caso de autos, el plazo de prescripción de la acción de restitución era de quince años y posteriormente se redujo a cinco años. A condición de que se establezcan y conozcan con antelación, dichos plazos son, en principio, suficientes para permitir que el consumidor interesado prepare e interponga un recurso efectivo. (35) Ello es tanto más cierto cuanto que, como ha explicado el órgano jurisdiccional remitente, la normativa nacional permite interrumpir el plazo de prescripción mediante una simple reclamación extrajudicial. (36)
65. En segundo término, por lo que respecta al inicio del plazo de prescripción, el Tribunal de Justicia ha declarado, en el contexto de la Directiva 93/13, que la fecha en que se celebró el contrato que contiene la cláusula abusiva no puede, como tal, constituir el inicio del plazo de prescripción. (37)
66. Esta conclusión del Tribunal de Justicia se basa en una serie de consideraciones importantes relativas, esencialmente, a la posición de inferioridad del consumidor respecto al profesional, a la ignorancia por los consumidores de las cláusulas abusivas o al hecho de que no perciban el alcance de sus derechos, así como, en su caso, a la dilatada duración del contrato que contiene la cláusula abusiva. (38)
67. En este contexto, el Tribunal de Justicia ha declarado que la aplicación de un plazo de prescripción que comience a correr a partir de la celebración del contrato, en la medida en que tal aplicación implica que el consumidor solo pueda solicitar la restitución de los pagos realizados en ejecución de una cláusula contractual declarada abusiva durante un plazo determinado tras la firma de ese contrato —con independencia de si este tenía o podía razonablemente tener conocimiento del carácter abusivo de esta cláusula—, puede hacer excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que la Directiva 93/13 confiere a este consumidor y, por lo tanto, vulnerar el principio de efectividad, en relación con el principio de seguridad jurídica. (39)
68. En cambio, debe considerarse que, en la fecha en que adquiere firmeza la resolución que declara abusiva una cláusula contractual y la anula por esta causa, el consumidor tiene, en principio, un conocimiento cierto de la ilicitud de esa cláusula. Consiguientemente, en principio, es desde esa fecha cuando está en condiciones de hacer valer eficazmente los derechos que la Directiva 93/13 le confiere. (40)
69. No obstante, el Tribunal de Justicia ha aclarado que la Directiva 93/13 no se opone a que el profesional tenga la facultad de demostrar que el consumidor tenía o podía razonablemente tener conocimiento del carácter abusivo de la cláusula en cuestión antes de dictarse una sentencia que la declare nula. (41)
70. A este respecto, ha de señalarse que, al igual que ocurre con la Directiva 93/13 y otras directivas de la Unión en materia de protección de los consumidores, el sistema de protección que establecen las Directivas 94/47 y 2008/122 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad con respecto al comerciante, tanto en lo referente a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que lo lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el comerciante, sin poder influir en su contenido. (42)
71. Los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico (o similares) tienen frecuentemente carácter transfronterizo: su celebración tiene lugar en un país que no es el de la residencia del consumidor y los inmuebles en cuestión están situados en países extranjeros. (43) Además, como ya se ha señalado, se celebran para un dilatado período de tiempo y se caracterizan por compromisos a largo plazo o por riesgos financieros significativos para los consumidores. (44)
72. La información previa y simultánea a la celebración del contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico (o similar) sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de tal celebración reviste para el consumidor una importancia fundamental. En particular, el consumidor decide si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por el profesional basándose principalmente en esa información. (45)
73. Por lo tanto, la obligación de facilitar información es necesaria para que el consumidor pueda conocer sus derechos y obligaciones. Más concretamente, el conocimiento y la comprensión, por parte del consumidor, de los datos que obligatoriamente debe contener el contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico (o similar) son necesarios para la correcta ejecución del contrato y, en particular, para el ejercicio de sus derechos. (46)
74. Habida cuenta de la importancia fundamental de las obligaciones de información y del conocimiento, por el consumidor, de sus derechos, es preciso examinar si existe el riesgo de que el derecho de restitución en virtud de un contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico (o similar) nulo prescriba antes incluso de que los consumidores puedan advertir que falta información.
75. Por lo que atañe a algunos datos que son más descriptivos —como la identidad del comerciante, la descripción del inmueble o la información sobre las instalaciones y servicios— parece, a primera vista, que un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, podrá percatarse de que falta tal información tan pronto como conozca el inmueble.
76. No obstante, la valoración definitiva sobre la posibilidad real de que el consumidor tenga conocimiento de la información faltante que sea pertinente depende de la concreta redacción y de las circunstancias del contrato. Mientras que se antoja más sencillo advertir que falta información cuando los derechos de turno recaen sobre una determinada vivienda, puede no ocurrir lo mismo cuando recaen sobre una pluralidad de alojamientos. (47)
77. El riesgo de desconocimiento es mayor por lo que se refiere a la información sobre el ejercicio de derechos derivados del contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico (o similar). Son estos concretamente los datos que tienen impacto en el compromiso financiero del consumidor en el largo plazo, de cuya falta, probablemente, solo se dará cuenta durante la ejecución del contrato, que abarca un dilatado período de tiempo.
78. La información sobre los costes, sobre el derecho a resolver el contrato y sobre el derecho a revender los derechos contractuales es especialmente ilustrativa al respecto. (48) Con toda probabilidad, se informará al consumidor de la información faltante sobre el método de cálculo de los posibles aumentos de los costes y gastos de mantenimiento cuando el comerciante trate de reclamárselos. Lo mismo cabe decir, por ejemplo, de la información relativa a la resolución del contrato o a la posibilidad de afiliarse a un sistema de reventa de los derechos contractuales. Es posible que el consumidor desconozca las posibles limitaciones y costes asociados al derecho a resolver o revender los derechos contractuales hasta que quiera ejercerlos. (49)
79. Asimismo, no debe olvidarse que el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2008/122 señala claramente que la información tiene que ser «precisa y suficiente» y facilitarse «de forma clara y comprensible». La información poco clara o incompleta puede afectar a la capacidad del consumidor para apreciar el alcance de sus derechos y obligaciones y privarlo de la posibilidad de ejercer sus derechos. (50)
80. En todos esos casos, si el consumidor pudiera pedir la devolución de los pagos realizados en virtud del contrato nulo solamente durante los cinco primeros años (conforme al plazo de prescripción actualmente contemplado en el Derecho civil) que siguen a la suscripción del contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico (o similar), existiría el riesgo de que el plazo de prescripción venciera antes de llegar a término el contrato, aun cuando la pertinencia de la información faltante no se pusiera de manifiesto hasta un momento posterior de la ejecución del contrato.
81. Tal régimen de prescripción puede privar sistemáticamente a los consumidores de la posibilidad de pedir la restitución de los pagos realizados por la nulidad del contrato, que el Derecho nacional señala como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de información.
82. También puede mermar el carácter efectivo y disuasorio de la nulidad contractual señalada como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de información. Si los consumidores tuvieran derecho a interesar la nulidad del contrato, pero no el derecho a que se les restituyan los pagos efectuados, se suscitaría el riesgo de que una parte obtuviera una ventaja indebida frente a la otra parte. Como han alegado esencialmente GQ e IF, el comerciante, tras recuperar el uso exclusivo del inmueble, podría volver a ponerlo en el mercado de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico (o en el de alquiler o compraventa), mientras que el consumidor perdería el uso futuro del inmueble y el dinero ya pagado por tal uso.
83. Por consiguiente, en lo que respecta al inicio del cómputo del plazo de prescripción controvertido en el litigio principal, existe un riesgo no desdeñable de que, en vista de cómo se determina dicho plazo, sea imposible en la práctica o excesivamente difícil para el consumidor ejercer sus derechos en caso de incumplimiento de las obligaciones de información.
84. En cambio, en el momento en que se dicta la resolución firme que declara nulo el contrato, el consumidor tendrá, en principio, un conocimiento cierto de sus derechos y estará en disposición de entablar un procedimiento de restitución.
85. Por último, en la medida en que el órgano jurisdiccional remitente pregunta si señalar como inicio del plazo de prescripción una fecha posterior a la de la perfección del contrato pudiera colisionar con el principio de seguridad jurídica e incentivar la litigación estratégica de los consumidores, ha de señalarse que, al no facilitar la información obligatoria en la fase precontractual o contractual y al eludir facilitársela en cualquier otra fase posterior de la ejecución del contrato, el propio comerciante crea una situación que las Directivas 94/47 y 2008/122 prohíben. (51) Por añadidura, como ha explicado el órgano jurisdiccional remitente, la acción de restitución no se proyecta sobre todas las cantidades abonadas, pues se excluye el período en que se ha usado el inmueble (o en que, cuando menos, ha podido usarse).
86. No obstante, el principio de efectividad no se opone a que el comerciante tenga la facultad de demostrar que el consumidor tenía o podía razonablemente tener conocimiento del incumplimiento de las obligaciones de información antes de dictarse la sentencia que declare el contrato nulo (por dicho incumplimiento). En tal situación, el plazo de prescripción se computa desde ese momento del conocimiento por parte del consumidor. (52)
87. Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, entiendo que los artículos 3 y 4 de la Directiva 97/47 y los artículos 4 y 5 de la Directiva 2008/122, en relación con el principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una legislación o jurisprudencia nacional conforme a la cual el cómputo del plazo de prescripción de la acción de restitución de las cantidades pagadas por el consumidor en virtud de un contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico (o similar) nulo comienza en la fecha de la perfección del contrato, con independencia de si el consumidor tenía o podía tener conocimiento de la información que el comerciante no le facilitó o le facilitó de manera poco clara. En principio, el consumidor tiene un conocimiento cierto de sus derechos en la fecha en que se dicta la resolución firme que declara nulo el contrato. No obstante, el principio de efectividad no se opone a que el comerciante tenga la facultad de demostrar que el consumidor tenía o podía razonablemente tener conocimiento de los aspectos que acarrean la nulidad del contrato en cuestión antes de esa fecha.
B. Segunda cuestión prejudicial
88. El artículo 6 de la Directiva 94/47 y el artículo 9 de la Directiva 2008/122 prohíben el pago de anticipos por parte del consumidor antes de que concluya el plazo dentro del cual puede ejercer el derecho de desistimiento.
89. Mediante su segunda cuestión prejudicial, a la luz de la jurisprudencia citada en el punto 33 de las presentes conclusiones, el órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente si el artículo 6 de la Directiva 94/47 y el artículo 9 de la Directiva 2008/122, en relación con el principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una legislación o jurisprudencia nacional conforme a la cual el cómputo del plazo de prescripción de la acción de reclamación del tanto del precio contractual por pagos anticipados comienza en la fecha en que se efectuaron esos pagos en un contrato de aprovechamiento de bienes de uso turístico o similar.
90. De los considerandos 11 y 12 de la Directiva 94/47 y del considerando 11 de la Directiva 2008/122 resulta que la prohibición del pago de anticipos persigue reforzar la protección de los consumidores ofrecida por el derecho de desistimiento. Este derecho se establece con la finalidad de dar al consumidor la oportunidad de comprender cabalmente sus derechos y obligaciones en virtud del contrato. Si el comerciante pudiera exigir el pago de anticipos dentro del período en el que puede ejercerse el derecho de desistimiento, podría disuadirse al consumidor de ejercer dicho derecho.
91. Del artículo 10 de la Directiva 94/47 y del artículo 15 de la Directiva 2008/122 también se desprende que la imposición de un régimen de sanciones aplicable en caso de incumplimiento de la prohibición del pago de anticipos es responsabilidad de los Estados miembros.
92. Del auto de remisión resulta que, en virtud del Derecho español, los pagos anticipados están prohibidos y el incumplimiento de esta prohibición acarrea para el profesional la obligación de pagar al consumidor el duplo de la cantidad percibida como anticipo.
93. La cuestión que se plantea es si el principio de efectividad (53) se opone a que el inicio del plazo de prescripción de la acción de reclamación por pagos anticipados se fije en la fecha en que se efectuaron esos pagos (de acuerdo con las reglas generales del Derecho civil). Al igual que en el caso de la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas, en particular, acerca de si la jurisprudencia que el Tribunal de Justicia ha desarrollado en el contexto de las cláusulas abusivas debe extrapolarse a las Directivas 94/47 y 2008/122.
94. A este respecto, como ya se ha apuntado, (54) ha de tenerse presente que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre las normas nacionales relativas al plazo de prescripción en materia de restitución de cantidades abonadas en virtud de cláusulas abusivas se fundamenta en un conjunto de consideraciones, entre las que se incluyen la posición de inferioridad de los consumidores y el hecho de que pueden ignorar que una cláusula del contrato es abusiva o no percibir el alcance de sus derechos.
95. Como igualmente se ha indicado ya, (55) en el contexto de los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, el consumidor se halla en una posición de inferioridad con respecto al comerciante. De ahí precisamente que el legislador de la Unión prohíba los pagos anticipados, a fin de garantizar que el consumidor no se vea disuadido de ejercer su derecho de desistimiento.
96. Sin embargo, a diferencia de las cláusulas abusivas reguladas en la Directiva 93/13 y de las obligaciones de información establecidas en las Directivas 94/47 y 2008/122, el grado de exposición de los consumidores al riesgo de que el plazo de prescripción venza antes de que tengan conocimiento de sus derechos no es el mismo en el caso de la prohibición del pago de anticipos.
97. En los contratos con un plazo muy largo, el consumidor puede advertir que una cláusula es abusiva en un momento posterior, cuando esa cláusula tenga un impacto en su compromiso contractual o cuando se le exija su cumplimiento. Del mismo modo, por las razones que ya se han expuesto, (56) es posible que el consumidor no advierta que falta información o que esta es poco clara (lo que puede afectar a su capacidad para apreciar el alcance de sus derechos) hasta un momento posterior de la ejecución del contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico (o similar). Los efectos del incumplimiento, por el comerciante, de sus obligaciones probablemente solo se manifestarán durante la relación contractual. Mientras el comerciante no facilite la información, el incumplimiento de los requisitos legales pertinentes seguirá produciéndose.
98. En cambio, la prohibición de los pagos anticipados se refiere a un único incumplimiento cuyos efectos se manifestarán probablemente en una fase más temprana de la relación contractual. No existe un riesgo real de que el consumidor no tenga conocimiento de la prohibición hasta años después de haber efectuado el pago, cuando, por ejemplo, se le imponga algún cobro o desee ejercer determinados derechos.
99. Cabe señalar asimismo que la finalidad protectora de la prohibición del pago de anticipos es vigorosa al inicio de la relación contractual. La prohibición se establece para que el consumidor no se vea disuadido de desistir del contrato. Sin embargo, esa finalidad va haciéndose más débil con el paso de los años en la ejecución del contrato, máxime cuando, como ocurre en el litigio principal, el consumidor no solo no desistió del contrato, sino que celebró otro contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico (o similar) nueve años después de suscribir el primero.
100. Por añadidura, como ha alegado esencialmente la Comisión, la capacidad real del consumidor para apreciar sus derechos no es la misma en el caso de una cláusula abusiva que en el caso de una prohibición legal de pago de anticipos. Aunque se considera que una cláusula abusiva nunca ha existido, la declaración de que tiene carácter abusivo presupone, en principio, una apreciación judicial de la cláusula contractual que no cabe esperar que realice el consumidor. La cuestión del cumplimiento de las obligaciones de información de las Directivas 94/47 y 2008/122 también puede requerir interpretación judicial.
101. Sin embargo, la prohibición del pago de anticipos no requiere interpretación alguna. Tal pago está prohibido y así se determina claramente en las Directivas 94/47 y 2008/122 y en las normas nacionales de transposición. La prohibición puede ser apreciada por un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Basta con que el consumidor calcule si los anticipos se abonaron dentro del plazo de desistimiento (extendido).
102. No considero que pueda extraerse una conclusión diferente de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual no cabe esperar del consumidor que lleve a cabo actividades propias de la investigación jurídica. (57) Dicha jurisprudencia versa sobre una situación en la que no podía presumirse que un consumidor pudiera razonablemente tener conocimiento de que una cláusula contenida en su contrato tenía un alcance equivalente al de una cláusula tipo que un tribunal supremo nacional de un Estado miembro había declarado abusiva. Se trata de una situación claramente diferente de aquella en la que el legislador establece una prohibición.
103. Fijar un plazo de prescripción razonable a partir de la realización de los pagos garantiza asimismo la seguridad jurídica en una situación en la que existe una prohibición clara. Reclamar una sanción pecuniaria por un anticipo que se abonó hace mucho tiempo puede crear problemas probatorios y vulnerar el derecho de defensa de la parte contraria. (58) Por añadidura, como ha explicado el órgano jurisdiccional remitente, se genera el riesgo de que la parte que reclama la sanción trate de que esta se imponga lo más tarde posible para exigir intereses de demora, aunque las circunstancias de la prohibición estén claras al inicio de la relación contractual.
104. En el litigio principal, de acuerdo con las reglas generales del Derecho civil, el plazo de prescripción de la acción del consumidor para reclamar los pagos anticipados es de cinco años (quince conforme a la versión del Código Civil anteriormente vigente) desde que se efectuaron. Este plazo parece lo suficientemente extenso como para que el consumidor exija la sanción, máxime cuando, como ha señalado el órgano jurisdiccional remitente, basta con una reclamación extrajudicial para interrumpir la prescripción.
105. Por ello, considero que el principio de efectividad no se opone a una norma nacional de prescripción de la acción de reclamación establecida para el caso de incumplimiento de la prohibición del pago de anticipos basada en el Derecho civil general.
106. Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, considero que el artículo 6 de la Directiva 94/47 y el artículo 9 de la Directiva 2008/122, en relación con el principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una legislación o jurisprudencia nacional conforme a la cual el cómputo del plazo de prescripción de la acción de reclamación del tanto del precio contractual por pagos anticipados comienza en la fecha en que se efectuaron los pagos prohibidos en un contrato de aprovechamiento de bienes de uso turístico (o similar).
V. Conclusión
107. A la luz de cuantas consideraciones anteceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Marbella (Málaga) del siguiente modo:
«1) Los artículos 3 y 4 de la Directiva 94/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 1994, relativa a la protección de los adquirentes en lo relativo a determinados aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido, y los artículos 4 y 5 de la Directiva 2008/122/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, relativa a la protección de los consumidores con respecto a determinados aspectos de los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio, en relación con el principio de efectividad,
deben interpretarse en el sentido de que
se oponen a una legislación o jurisprudencia nacional conforme a la cual el cómputo del plazo de prescripción de la acción de restitución de las cantidades pagadas por el consumidor en virtud de un contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico (o similar) nulo comienza en la fecha de la perfección del contrato, con independencia de si el consumidor tenía o podía tener conocimiento de la información que el comerciante no le facilitó o le facilitó de manera poco clara. En principio, el consumidor tiene un conocimiento cierto de sus derechos en la fecha en que se dicta la resolución firme que declara nulo el contrato. No obstante, el principio de efectividad no se opone a que el comerciante tenga la facultad de demostrar que el consumidor tenía o podía razonablemente tener conocimiento de los aspectos que acarrean la nulidad del contrato en cuestión antes de esa fecha.
2) El artículo 6 de la Directiva 94/47 y el artículo 9 de la Directiva 2008/122, en relación con el principio de efectividad,
deben interpretarse en el sentido de que
no se oponen a una legislación o jurisprudencia nacional conforme a la cual el cómputo del plazo de prescripción de la acción de reclamación del tanto del precio contractual por pagos anticipados comienza en la fecha en que se efectuaron los pagos prohibidos en un contrato de aprovechamiento de bienes de uso turístico (o similar).»
1 Lengua original: inglés.
2 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, relativa a la protección de los consumidores con respecto a determinados aspectos de los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio (DO 2009, L 33, p. 10).
3 Staudinger, A., «Timeshare Contracts», en Max-Planck Encyclopaedia of European Private Law, Max-EuP, 2012. En relación con los orígenes del sector del aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, véase Edmonds, J., International Timesharing, 3.ª ed., Longman, Londres, 1991, p. 1.
4 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 1994, relativa a la protección de los adquirentes en lo relativo a determinados aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido (DO 1994, L 280, p. 83).
5 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Informe sobre la evaluación de la [Directiva 2008/122], COM(2015) 644 final, de 16 de diciembre de 2015 (en lo sucesivo, «informe de la Comisión sobre la evaluación de la Directiva 2008/122»).
6 La modificación se realizó mediante la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE n.º 239, de 6 de octubre de 2015, p. 90240).
7 Directiva del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29).
8 Sentencia de 25 de abril de 2024, Banco Santander (Inicio del plazo de prescripción) (C‑561/21, EU:C:2024:362), apartado 34.
9 Sentencia de 16 de abril de 2026, Nitrogénművek (C‑519/24, EU:C:2026:297), apartados 19 y 20 y jurisprudencia citada.
10 La información se facilita en un documento que recibe la denominación de «formulario de información normalizado» en la Directiva 2008/122. Véanse los puntos 4 y 7 de las presentes conclusiones.
11 Véanse los puntos 5 y 8 de las presentes conclusiones.
12 Sentencia de 2 de diciembre de 2025, Stichting Right to Consumer Justice and Stichting App Stores Claims (C‑34/24, EU:C:2025:936), apartado 39 y jurisprudencia citada.
13 Ibidem.
14 Véase, a este respecto, la sentencia de 9 de marzo de 2023, Sogefinancement (C‑50/22, EU:C:2023:177), apartado 26.
15 El auto de remisión no cita las disposiciones nacionales que establecen el requisito de la duración máxima. No obstante, de las alegaciones del Gobierno español y de la Comisión resulta que se establece en el artículo 3 de la Ley 42/1998 y en el artículo 24 de la Ley 4/2012.
16 Según el artículo 2, primer guion, de la Directiva 94/47, el contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico ha de celebrarse «para un período mínimo de tres años». Ese período se redujo a una duración superior a un año, de acuerdo con la definición de «contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico» que figura en el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 2008/122.
17 A tenor del artículo 11 de la Directiva 94/47, los Estados miembros podían adoptar o mantener disposiciones más favorables en materia de protección del adquirente.
18 Véase, a este respecto, la sentencia de 9 de marzo de 2023, Sogefinancement (C‑50/22, EU:C:2023:177), apartado 32 y jurisprudencia citada.
19 El auto de remisión no cita las disposiciones nacionales que establecen estos requisitos. No obstante, de las observaciones del Gobierno español y de la Comisión resulta que figuran en el artículo 9, apartado 1, punto 1, de la Ley 42/1998 y en el artículo 30, apartado 1, punto 3, de la Ley 4/2012.
20 Véase el anexo, letra c), de la Directiva 94/47 y el anexo I, parte 3, punto 2, primer guion, de la Directiva 2008/122.
21 Sentencia de 11 de junio de 2020, Prezident Slovenskej republiky (C‑378/19, EU:C:2020:462), apartado 37 y jurisprudencia citada.
22 El anexo de la Directiva 94/47 se refiere, de manera más amplia en la letra b), a las «condiciones de ejercicio» del derecho objeto del contrato. Cabe considerar que el turno en el que puede ejercerse el derecho se incluye entre esas condiciones. La parte 1 del anexo I de la Directiva 2008/122 incluye, entre los datos que deben contener los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, el «período exacto durante el cual podrá ejercerse el derecho objeto del contrato y, si es necesario, su duración».
23 Formulo esta reserva para el caso de que el Tribunal de Justicia considere que la obligación de facilitar la identificación registral no está incluida en el ámbito de aplicación de las Directivas 94/47 y 2008/122.
24 En tal caso, el plazo de desistimiento vencerá cuando transcurra el período previsto en el artículo 5, apartado 1, tercer guion, de la Directiva 94/47 y en el artículo 6, apartado 3, letra b), de la Directiva 2008/122.
25 La responsabilidad nacional de establecer sanciones deriva del artículo 10 de la Directiva 94/47 y del artículo 15 de la Directiva 2008/112. Según el artículo 6, apartado 3, párrafo segundo, de esta última, además del derecho de desistimiento, los Estados miembros han de establecer sanciones adecuadas de conformidad con el artículo 15, en particular cuando, una vez vencido el plazo de desistimiento, el comerciante no haya cumplido los requisitos de información previstos en esta Directiva.
26 Véanse los puntos 10 y 14 de las presentes conclusiones. La nulidad del contrato es la consecuencia del incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la legislación nacional pertinente, incluido el de la determinación del objeto del contrato.
27 GQ e IF citan, a este respecto, la sentencia del Tribunal Supremo 192/2016, de 29 de marzo de 2016 (ES:TS:2016:1298).
28 Véanse los puntos 15 y 16 de las presentes conclusiones.
29 Véase el punto 23 de las presentes conclusiones.
30 Sentencia de 19 de marzo de 2026, UniCredit Bank y Momentum Credit (C‑679/24, EU:C:2026:223), apartado 62 y jurisprudencia citada.
31 Ibidem, apartado 63 y jurisprudencia citada.
32 Véase, por analogía, la sentencia de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance (C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470), apartado 30.
33 Sentencia de 9 de julio de 2020, Raiffeisen Bank y BRD Groupe Societé Générale (C‑698/18 y C‑699/18, EU:C:2020:537), apartado 62 y jurisprudencia citada.
34 Sentencia de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance (C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470), apartado 32.
35 Sentencia de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance (C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470), apartado 41.
36 Véase el punto 28 de las presentes conclusiones.
37 Sentencia de 19 de marzo de 2026, UniCredit Bank y Momentum Credit (C‑679/24, EU:C:2026:223), apartado 69 y jurisprudencia citada.
38 Véase el razonamiento del Tribunal de Justicia en detalle en la sentencia de 19 de marzo de 2026, UniCredit Bank y Momentum Credit (C‑679/24, EU:C:2026:223), apartados 70 y 71 y jurisprudencia citada.
39 Sentencia de 25 de abril de 2024, Banco Santander (Inicio del plazo de prescripción) (C‑561/21, EU:C:2024:362), apartado 34 y jurisprudencia citada.
40 Sentencia de 25 de abril de 2024, Banco Santander (Inicio del plazo de prescripción) (C‑561/21, EU:C:2024:362), apartado 35.
41 Sentencia de 25 de abril de 2024, Banco Santander (Inicio del plazo de prescripción) (C‑561/21, EU:C:2024:362), apartado 38.
42 Véase, por analogía, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, BMW Bank y otros (C‑38/21, C‑47/21 y C‑232/21, EU:C:2023:1014), apartado 259 y jurisprudencia citada.
43 Véase el considerando 11 de la Directiva 94/47 y el informe de la Comisión sobre la evaluación de la Directiva 2008/122, nota 5, op. cit., p. 2.
44 Véase el punto 2 de las presentes conclusiones.
45 Véase, por analogía, la sentencia de 30 de octubre de 2025, Mercedes-Benz Bank y Volkswagen Bank (C‑143/23, EU:C:2025:837), apartado 66 y jurisprudencia citada.
46 Véase, por analogía, la sentencia de 30 de octubre de 2025, Mercedes-Benz Bank y Volkswagen Bank (C‑143/23, EU:C:2025:837), apartado 68 y jurisprudencia citada.
47 Cuando esos alojamientos estén disponibles, por ejemplo, en distintos hoteles del mismo grupo.
48 Véase la información pertinente en las letras j), k) y l) del anexo de la Directiva 94/47 y en el anexo I, parte 3, puntos 4 a 6, de la Directiva 2008/122.
49 El informe de la Comisión sobre la evaluación de la Directiva 2008/122, nota 5, op. cit., pp. 7 y ss., revela que se suscitan problemas de protección de los consumidores en particular por los aumentos de las cuotas de mantenimiento o de servicios cuando se incrementan sin justificación objetiva, así como por los procedimientos y las condiciones de resolución del contrato y el intercambio de derechos de aprovechamiento por turno. Véase asimismo Conway, L., Timeshares: common problems faced by UK owners — Research Briefing, House of Commons Library, 25 de julio de 2025, donde se señalan, entre los problemas comunes de la propiedad en régimen de aprovechamiento por turno, los incrementos excesivos de las cuotas anuales, los problemas relacionados con la reventa, las dificultades de salida y las cláusulas vitalicias (que hacen extremadamente difícil para el consumidor resolver el contrato).
50 En caso de que la cláusula que contiene la información sea abusiva y no transparente, el consumidor tendría a su disposición medios de protección del consumidor complementarios al amparo de la Directiva 93/13. Si se usaran tácticas de presión para que se suscriba el contrato, el consumidor también podría ampararse en la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (DO 2005, L 149, p. 22). Véase el informe de la Comisión sobre la evaluación de la Directiva 2008/122, nota 5, op. cit., p. 10; Downes, N., «More about timeshare: A revised directive or a regulation? Incidence of other instruments of consumer protection», vol. 16, n.º 4, 2008, European Review of Private Law, pp. 607 a 625.
51 Véase, por analogía, la sentencia de 25 de abril de 2024, Banco Santander (Inicio del plazo de prescripción) (C‑561/21, EU:C:2024:362), apartado 40.
52 Así ocurriría, por ejemplo, si hubiera pruebas de alguna comunicación previa entre el comerciante y el consumidor en la que aquel facilite a este la información faltante. En tal situación, el plazo de prescripción se computa desde el momento en que se haya facilitado al consumidor esa información.
53 Véase la jurisprudencia citada en el punto 58 de las presentes conclusiones.
54 Véase el punto 66 de las presentes conclusiones.
55 Véase el punto 70 de las presentes conclusiones.
56 Puntos 75 y 76 de las presentes conclusiones.
57 Sentencia de 25 de abril de 2024, Banco Santander (Inicio del plazo de prescripción) (C‑561/21, EU:C:2024:362), apartado 49 y jurisprudencia citada.
58 Del auto de remisión resulta que las partes discrepan sobre si se efectuaron o no pagos anticipados prohibidos. Ello demuestra las dificultades que supone que los tribunales tengan que decidir si imponer o no una sanción más de quince años después de que se efectuaran tales pagos (como ocurre en el litigio principal con el primer contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, que se celebró en 2007).