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Diario Oficial |
ES Serie C |
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C/2024/6830 |
29.11.2024 |
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
de 21 de octubre de 2024
relativa a las políticas económicas, presupuestarias, de empleo y estructurales de Rumanía
(C/2024/6830)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
Visto el Reglamento (UE) 2024/1263 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2024, relativo a la coordinación eficaz de las políticas económicas y a la supervisión presupuestaria multilateral y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo (1), y en particular su artículo 3, apartado 3,
Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
Considerando lo siguiente:
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El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en lo sucesivo, «Mecanismo»), entró en vigor el 19 de febrero de 2021. El Mecanismo proporciona ayuda financiera a los Estados miembros para la realización de reformas e inversiones, lo que supone un estímulo fiscal financiado por la Unión. En consonancia con las prioridades del Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas, el Mecanismo contribuye a la recuperación económica y social y a la realización de reformas e inversiones sostenibles, en particular dirigidas a promover las transiciones ecológica y digital y aumentar la resiliencia de las economías de los Estados miembros. Asimismo, ayuda a fortalecer las finanzas públicas y a impulsar el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo, a mejorar la cohesión territorial dentro de la Unión y a que prosiga la ejecución del pilar europeo de derechos sociales. |
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El Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) (en lo sucesivo, «Reglamento REPowerEU»), adoptado el 27 de febrero de 2023, tiene por objeto eliminar la dependencia de la Unión de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia. Esto ayudaría a alcanzar la seguridad energética y a diversificar el suministro energético de la Unión, aumentando al mismo tiempo la implantación de las energías renovables, la capacidad de almacenamiento de energía y la eficiencia energética. Rumanía incluyó un nuevo capítulo de REPowerEU en su plan nacional de recuperación y resiliencia con el fin de financiar reformas e inversiones clave que contribuyan a alcanzar los objetivos de REPowerEU. |
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El 16 de marzo de 2023, la Comisión publicó la Comunicación titulada «Competitividad a largo plazo de la UE: más allá de 2030» con el fin de fundamentar las decisiones políticas y crear las condiciones marco necesarias para impulsar el crecimiento. La Comunicación define la competitividad en términos de nueve factores que se refuerzan mutuamente. Entre estos factores, el acceso al capital privado, la investigación y la innovación, la educación y las capacidades y un mercado único que funcione destacan como prioridades de actuación fundamentales en lo que respecta a las reformas y a la inversión con el fin de abordar los retos actuales en materia de productividad y reforzar la competitividad a largo plazo de la Unión y sus Estados miembros. El 14 de febrero de 2024, la Comisión emitió una Comunicación titulada «Informe anual de 2024 sobre el mercado único y la competitividad». En dicha Comunicación se detallan las fortalezas y los retos en materia de competencia del mercado único europeo, haciendo el seguimiento del progreso anual con respecto a los nueve factores de competitividad identificados. |
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El 21 de noviembre de 2023, la Comisión adoptó el Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento sostenible para 2024, lo que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2024 para la coordinación de las políticas económicas. El 22 de marzo de 2024, el Consejo Europeo refrendó las prioridades del Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento sostenible para 2024, que se centran en torno a las cuatro dimensiones de la sostenibilidad competitiva. El 21 de noviembre de 2023, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, adoptó asimismo el Informe sobre el mecanismo de alerta de 2024, en el que señalaba a Rumanía como uno de los Estados miembros que pueden presentar desequilibrios o pueden estar expuestos al riesgo de padecerlos, y para los que sería necesario un examen exhaustivo. La Comisión adoptó asimismo una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro y una propuesta de Informe conjunto sobre el empleo de 2024, en el que se analiza la ejecución de las orientaciones para las políticas de empleo y los principios del pilar europeo de derechos sociales. El 12 de abril de 2024, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (5) (en lo sucesivo, «Recomendación sobre la zona del euro de 2024») y el 11 de marzo de 2024 el Informe conjunto sobre el empleo. |
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El 30 de abril de 2024 entró en vigor el nuevo marco de gobernanza económica de la Unión. Dicho marco comprende el nuevo Reglamento (UE) 2024/1263 relativo a la coordinación eficaz de las políticas económicas y a la supervisión presupuestaria multilateral, el Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (6) relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo, modificado, y la Directiva 2011/85/UE del Consejo (7) sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros, modificada. Los objetivos del nuevo marco de gobernanza económica son promover unas finanzas públicas saneadas y sostenibles, un crecimiento sostenible e integrador y resiliencia a través de reformas e inversiones, y evitar déficits públicos excesivos. El nuevo marco de gobernanza económica promueve asimismo la apropiación nacional y tiene una mayor orientación a medio plazo, junto con una aplicación más sólida y coherente. Cada Estado miembro tiene que presentar al Consejo y a la Comisión un plan fiscal-estructural nacional a medio plazo. El plan fiscal-estructural nacional a medio plazo contiene los compromisos fiscales, de reformas y de inversiones de un Estado miembro y abarca un período de planificación de cuatro o cinco años, en función de la duración habitual de la legislatura a nivel nacional. La senda de gasto neto (8) de los planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo tiene que cumplir los requisitos del Reglamento (UE) 2024/1263, incluidos los requisitos de situar o mantener la deuda de las administraciones públicas en una senda descendente verosímil a más tardar al final del período de ajuste, o de mantenerla en niveles prudentes por debajo del 60 % del producto interior bruto (PIB), y de situar o mantener a medio plazo el déficit de las administraciones públicas por debajo del valor de referencia para el déficit, del 3 % del PIB, establecido en el Tratado. Si un Estado miembro se compromete a llevar a cabo un conjunto pertinente de reformas e inversiones de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento (UE) 2024/1263, el período de ajuste puede ampliarse hasta tres años. Con el fin de apoyar la preparación de dichos planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo, el 21 de junio de 2024 la Comisión publicó orientaciones sobre la información que los Estados miembros deben facilitar en sus planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo y en sus informes anuales de situación. De conformidad con los artículos 5 y 36 del Reglamento (UE) 2024/1263, la Comisión transmitió a los Estados miembros trayectorias de referencia e información técnica, en su caso. Los Estados miembros tienen que presentar sus planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo a más tardar el 20 de septiembre de 2024, a menos que el Estado miembro y la Comisión convengan la ampliación del plazo por un período razonable. De conformidad con su marco jurídico nacional, cada Estado miembro podrá debatir su proyecto de plan a medio plazo en su Parlamento nacional, solicitar a la institución fiscal independiente que emita un dictamen y llevar a cabo una consulta con los interlocutores sociales y otras partes interesadas nacionales. |
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En 2024, el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas sigue evolucionando en consonancia con la aplicación del Mecanismo. La ejecución plena de los planes de recuperación y resiliencia sigue siendo esencial para cumplir las prioridades de actuación en el marco del Semestre Europeo, ya que dichos planes ayudan a abordar de forma efectiva la totalidad o una parte significativa de los retos señalados en las recomendaciones específicas por país pertinentes formuladas en los últimos años. Las recomendaciones específicas por país de 2019, 2020, 2022 y 2023 siguen siendo pertinentes para los planes de recuperación y resiliencia que fueron revisados, actualizados o modificados de conformidad con los artículos 14, 18 y 21 del Reglamento (UE) 2021/241. |
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(7) |
El 31 de mayo de 2021, Rumanía presentó su plan nacional de recuperación y resiliencia a la Comisión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241. De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2021/241, la Comisión evaluó la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la coherencia del plan de recuperación y resiliencia, con arreglo a las directrices de evaluación establecidas en el anexo V de dicho Reglamento. El 29 de octubre de 2021, el Consejo adoptó su Decisión de Ejecución relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de Rumanía (9), que se modificó el 8 de diciembre de 2023 con arreglo al artículo 18, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241 para actualizar la contribución financiera máxima en concepto de ayuda financiera no reembolsable y con arreglo al artículo 21 del Reglamento (UE) 2021/241 para modificar el plan de recuperación y resiliencia debido a circunstancias objetivas, así como para incluir el capítulo de REPowerEU (10). El desembolso de tramos está supeditado a la adopción de una Decisión de la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/241, por la que se establezca que Rumanía ha cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos pertinentes establecidos en la Decisión de Ejecución del Consejo. El cumplimiento satisfactorio presupone que no se ha frustrado la consecución de los hitos y objetivos anteriores. |
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(8) |
El 13 de mayo de 2024, Rumanía presentó su Programa Nacional de Reformas de 2024. De conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 2021/241, el Programa Nacional de Reformas de 2024 refleja también el informe semestral de Rumanía sobre los avances realizados en la ejecución de su plan de recuperación y resiliencia. |
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(9) |
El 19 de junio de 2024, la Comisión publicó el informe específico de 2024 sobre Rumanía. En él se evalúan los avances realizados por Rumanía para poner en práctica las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas por el Consejo entre 2019 y 2023 y se hace balance de la ejecución del plan de recuperación y resiliencia de Rumanía. Sobre la base de dicho análisis, en el informe específico se señalan las deficiencias con respecto a los retos que no se abordan, o solo se abordan parcialmente, en el plan de recuperación y resiliencia, así como los retos nuevos y emergentes. Asimismo, se evalúan los avances de Rumanía en la ejecución del pilar europeo de derechos sociales y en la consecución de los objetivos principales de la Unión en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. |
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(10) |
La Comisión llevó a cabo un examen exhaustivo sobre Rumanía con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011. En marzo de 2024 se publicaron las principales conclusiones de la evaluación que los servicios de la Comisión han llevado a cabo de las vulnerabilidades macroeconómicas de Rumanía a efectos de dicho Reglamento. El 19 de junio de 2024, la Comisión llegó a la conclusión de que Rumanía está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, Rumanía se enfrenta a vulnerabilidades relacionadas con las cuentas exteriores, asociadas principalmente a déficits públicos elevados y crecientes, que siguen suponiendo un problema, mientras que las presiones significativas sobre los precios y los costes han aumentado y las medidas adoptadas han sido débiles. El déficit por cuenta corriente mejoró ligeramente en 2023, debido sobre todo al menor consumo privado y a las mejoras en la relación real de intercambio, pero sigue siendo elevado y se prevé que permanezca constante este año y mejore en 2025. Como consecuencia de ello, la posición de inversión internacional neta ya no está mejorando como porcentaje del PIB, a pesar del elevado crecimiento del PIB nominal, y, si los grandes déficits por cuenta corriente continúan, podría deslizarse aún más hacia el terreno negativo. La inflación general y la subyacente han disminuido, pero la inflación subyacente sigue siendo muy elevada, ligeramente por debajo del máximo que alcanzó recientemente, en 2023, y más elevada que hace un año. La dinámica de los salarios y de los costes laborales se aceleró en 2023 y siguió siendo fuerte en 2024, lo que refleja en parte los importantes aumentos de los salarios mínimos y públicos, en un contexto de tensiones del mercado laboral. Esto ha dado lugar a problemas de competitividad de costes, mientras que la competitividad no relacionada con los costes sigue viéndose afectada por cuellos de botella estructurales. Todos estos factores agravan la preocupación por la consolidación de las pérdidas de competitividad y los retrasos en la mejora necesaria de la balanza comercial. La situación fiscal, que es uno de los principales factores determinantes del elevado déficit por cuenta corriente, se ha deteriorado a lo largo del último año. Se prevé que el gran déficit público siga empeorando ligeramente en 2024 y 2025. La ratio de deuda pública con respecto al PIB aumentó a pesar del elevado crecimiento del PIB nominal, y sigue siendo moderada (50,9 %), pero una gran parte está denominada en moneda extranjera. La persistencia de altos déficits públicos puede impulsar el endeudamiento exterior y hacer que Rumanía dependa más de fuentes de financiación externa, lo que hace que el país sea vulnerable a los cambios en la confianza de los inversores y a las perturbaciones externas. La respuesta política para abordar las vulnerabilidades detectadas ha sido débil. Una senda creíble de saneamiento fiscal es fundamental para reducir los riesgos que amenazan a la estabilidad de la economía. Esto requiere el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el marco del procedimiento de déficit excesivo y la plena ejecución de las reformas fiscales-estructurales incluidas en el plan de recuperación y resiliencia, en particular las destinadas a lograr un aumento estructural de los ingresos públicos, y un control del gasto mucho más estricto que en los últimos años. La ejecución de las reformas e inversiones del plan de recuperación y resiliencia distintas de las fiscales-estructurales también mejoraría la competitividad. |
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(11) |
Según los datos validados por Eurostat, el déficit de las administraciones públicas de Rumanía aumentó del 6,3 % del PIB en 2022 al 6,6 % en 2023, mientras que la deuda de las administraciones públicas aumentó del 47,5 % del PIB a finales de 2022 al 48,8 % a finales de 2023. |
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(12) |
Rumanía ha estado sujeta a un procedimiento de déficit excesivo desde 2020. El 3 de abril de 2020, el Consejo adoptó la Decisión (UE) 2020/509 (11), de conformidad con el artículo 126, apartado 6, del TFUE, sobre la existencia de una situación de déficit excesivo en Rumanía debido al incumplimiento previsto, en 2019, del criterio de déficit del TFUE, y emitió una Recomendación (12) con arreglo al artículo 126, apartado 7, del TFUE con vistas a poner fin a la situación de déficit público excesivo a más tardar en 2022. A la luz de la profunda contracción de la actividad económica derivada de la pandemia de COVID-19, el 18 de junio de 2021 el Consejo adoptó una Recomendación revisada (13) en virtud del artículo 126, apartado 7, del TFUE dirigida a Rumanía con vistas a poner fin a la situación de déficit excesivo a más tardar en 2024 (en adelante, «Recomendación de 18 de junio de 2021»). |
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(13) |
En su Recomendación de 18 de junio de 2021, el Consejo instó a Rumanía a que redujera el déficit global al 8,0 % del PIB en 2021, al 6,2 % en 2022, al 4,4 % en 2023 y al 2,9 % en 2024. Esto era coherente con las tasas de crecimiento nominal del gasto público primario neto del 3,4 % en 2021, el 1,3 % en 2022, el 0,9 % en 2023 y el 0,0 % en 2024. Asimismo, se correspondía con ajustes estructurales anuales del 0,7 % del PIB en 2021, del 1,8 % en 2022, del 1,7 % en 2023 y del 1,5 % en 2024. La Recomendación de 18 de junio de 2021 también especificaba que cualquier ingreso inesperado debía utilizarse para reducir el déficit de las administraciones públicas y que Rumanía debía informar al menos cada seis meses sobre los progresos realizados en la aplicación de la Recomendación hasta que se hubiese corregido el déficit excesivo. |
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(14) |
El déficit global alcanzó el 6,6 % del PIB en 2023 e incumplió ampliamente el objetivo de déficit global, fijado en el 4,4 % del PIB en el procedimiento de déficit excesivo. La razón principal de esta desviación fue un elevado crecimiento continuo del gasto público, impulsado, sobre todo, por las transferencias sociales, el gasto en bienes y servicios y el gasto de capital. El déficit global de 2023 también se vio afectado por el registro de los pagos de salarios del sector público (por un valor del 0,5 % del PIB) a raíz de resoluciones judiciales. Es importante señalar que el contexto macroeconómico fue favorable al saneamiento de la política fiscal. Los resultados económicos de Rumanía desde la adopción de la Recomendación de junio de 2021 se han ajustado en líneas generales a las expectativas, a pesar de las perturbaciones económicas que se han producido desde entonces. El aumento de los ingresos públicos ha sido mucho más rápido de lo previsto, lo que obedece a un crecimiento económico particularmente generador de ingresos tributarios y a una elevada inflación. |
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(15) |
El esfuerzo fiscal en 2023 fue inferior al recomendado por el Consejo. El saldo de la política fiscal estructural de Rumanía se mantuvo prácticamente sin cambios en 2023, frente a una mejora del 1,7 % del PIB recomendada por el Consejo. El crecimiento del gasto primario neto (ajustado en función de las medidas puntuales y las medidas de política fiscal por el lado de los ingresos) fue superior al recomendado en 2023 y se situó en el 11,8 % del PIB, frente a un objetivo del 0,9 % recomendado por el Consejo. Al igual que en los años anteriores contemplados en la Recomendación de 18 de junio de 2021, la mayoría de los beneficios inesperados por el lado de los ingresos se utilizaron para financiar gastos adicionales. Sobre la base de lo anterior, la Comisión considera que Rumanía no tomó medidas eficaces en respuesta a la Recomendación de 18 de junio de 2021. |
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(16) |
El 10 de mayo de 2024, las autoridades rumanas informaron sobre las «medidas adoptadas para corregir el déficit excesivo». Ese informe confirmó el objetivo de déficit público para 2024 del 4,9 % del PIB incluido en el presupuesto, pero también subrayó que la ejecución presupuestaria en los tres primeros meses del año dio lugar a un déficit presupuestario del 2,06 % del PIB, 0,6 puntos porcentuales del PIB por encima del déficit registrado en el mismo período de 2023, cuando el déficit del año completo fue del 6,6 % del PIB. El mayor déficit registrado en los tres primeros meses de 2024 en relación con el mismo período de 2023 se explica principalmente por un rápido aumento del gasto público, derivado sobre todo del aumento de los gastos de inversión. |
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(17) |
Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, el PIB real crecería un 3,3 % en 2024 y un 3,1 % en 2025, y la inflación medida con el índice de precios de consumo armonizado (IPCA) se situaría en el 5,9 % en 2024 y en el 4,0 % en 2025. |
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(18) |
Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, en 2024 se registraría un déficit público del 6,9 % del PIB, mientras que la ratio de deuda de las administraciones públicas con respecto al PIB aumentaría hasta situarse en el 50,9 % a finales de 2024. El aumento previsto del déficit en 2024 obedece principalmente al rápido crecimiento del gasto público corriente. Cabe esperar que los salarios públicos aumenten considerablemente, como consecuencia de los recientes aumentos discrecionales de los salarios en los sectores de la educación, la salud y la defensa. El nuevo cálculo de las pensiones en el contexto de la reforma de las pensiones tendrá un coste a corto plazo en 2024 y 2025, pero generará posteriormente importantes ahorros a medio y largo plazo. En 2024, se espera que la inversión pública como porcentaje del PIB se mantenga prácticamente estable en el alto nivel alcanzado en 2023, debido al rápido crecimiento del gasto de capital por parte de las autoridades locales y a la utilización de fondos procedentes del Mecanismo. |
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(19) |
En 2024, se prevé que el incremento de los ingresos públicos supere el crecimiento del PIB nominal, como consecuencia de un crecimiento económico particularmente «generador de ingresos tributarios», los esfuerzos por mejorar la recaudación de impuestos mediante la digitalización del sistema tributario y los efectos de un paquete de medidas de aumento de los ingresos adoptadas en otoño de 2023, que se espera que aumenten los ingresos públicos en torno a un 1 % del PIB. El paquete consiste principalmente en un aumento de la fiscalidad de las empresas, en particular de las microempresas, un aumento de la fiscalidad de las personas físicas, derivado de la supresión parcial de las facilidades fiscales preferenciales en los sectores de la construcción y la agricultura, la eliminación de los tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido para determinados bienes y servicios, un aumento de los impuestos especiales y un impuesto especial sobre el volumen de negocios de los bancos y las multinacionales. El paquete también incluye medidas por el lado de los gastos, incluida la racionalización de la administración pública y unas condiciones más estrictas para que los funcionarios públicos puedan optar a vales de vacaciones y subsidios de alimentos. Según las estimaciones de la Comisión, se prevé que la orientación fiscal sea globalmente neutra en 2024 (0,1 % del PIB). |
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(20) |
Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, en 2024 se financiarán mediante ayudas no reembolsables («subvenciones») procedentes del Mecanismo gastos equivalentes al 1,0 % del PIB, mientras que en 2023 dichos gastos representaban el 0,1 % del PIB. Los gastos financiados mediante las subvenciones procedentes del Mecanismo permitirán inversiones de gran calidad y reformas que mejoren la productividad sin una repercusión directa en el saldo o la deuda de las administraciones públicas de Rumanía. Rumanía prevé que los gastos respaldados por préstamos del Mecanismo ascenderán al 0,2 % del PIB en 2024 y al 1,2 % del PIB en 2025, frente al 0,3 % del PIB en 2023. |
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(21) |
El 14 de julio de 2023, el Consejo recomendó (14) que Rumanía tomara medidas con el fin de eliminar gradualmente las medidas de apoyo de emergencia en materia energética en vigor aprovechando los ahorros correspondientes para reducir el déficit público, tan pronto como fuera posible en 2023 y 2024. El Consejo recomendó además que, en caso de que fueran necesarias nuevas medidas de apoyo o el mantenimiento de las ya vigentes debido a nuevos aumentos de los precios de la energía, Rumanía garantizara que dichas medidas de apoyo se dirigieran a proteger a los hogares y las empresas vulnerables, fueran viables desde el punto de vista fiscal y siguieran incentivando el ahorro energético. Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, el coste presupuestario neto (15) de las medidas de apoyo de emergencia en materia energética se situaría en el 0,3 % del PIB en 2023 y en el -0,1 % en 2024 y 2025. Seguirán en vigor los regímenes de apoyo, con un impacto global del 0,5 % del PIB en 2024 y del 0,4 % del PIB en 2025, pero se prevé que su impacto se compense con los impuestos sobre beneficios extraordinarios de las empresas productoras y distribuidoras de energía. El coste presupuestario de las medidas de apoyo dirigidas a proteger a los hogares y las empresas vulnerables se estima en el 0,2 % del PIB en 2024, y de este importe, se estima que menos del 0,1 % del PIB mantiene la señal de precios para reducir la demanda de energía y aumentar la eficiencia energética. Si los ahorros correspondientes resultantes de la disminución del coste presupuestario neto de las medidas de apoyo de emergencia en materia energética se aprovecharan para reducir el déficit público, según lo recomendado por el Consejo, esas previsiones implicarían un ajuste fiscal del 0,4 % del PIB en 2024, frente a un efecto expansivo del gasto primario neto financiado a nivel nacional en la orientación fiscal del 1,2 % del PIB ese mismo año. No se prevé que las medidas de apoyo de emergencia en materia energética se eliminen gradualmente tan pronto como sea posible en 2023 y 2024. Esto podría no ajustarse a lo recomendado por el Consejo. Además, no se prevé que los ahorros correspondientes se aprovechen plenamente para reducir el déficit público. Estos riesgos no se ajustan a la recomendación del Consejo. |
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(22) |
Además, el Consejo también recomendó a Rumanía mantener la inversión pública financiada a nivel nacional y garantizar la absorción efectiva de las subvenciones procedentes del Mecanismo y de otros fondos de la Unión, en particular para fomentar las transiciones ecológica y digital. Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, la inversión pública financiada a nivel nacional aumentaría del 2,3 % del PIB en 2023 al 3,3 % del PIB en 2024. Esto se ajusta a lo recomendado por el Consejo. A su vez, se espera que el gasto público financiado por los ingresos procedentes de los fondos de la Unión, incluidas las subvenciones procedentes del Mecanismo, disminuya del 3,3 % del PIB en 2023 al 2,3 % del PIB en 2024. Esta disminución se debe a la finalización del período de programación de 2014-2020 de los fondos estructurales de la Unión, para el que hubo fondos disponibles hasta 2023. |
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(23) |
Sobre la base de las medidas de actuación conocidas en la fecha límite de las previsiones y con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión contemplan para 2025 un déficit público del 7,0 % del PIB. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas con respecto al PIB aumente hasta situarse en el 53,9 % a finales de 2025. El aumento del déficit en 2025 refleja principalmente el coste a corto plazo de la reforma de las pensiones, que se espera que añada otro 0,5 % del PIB al déficit en 2025 con respecto a una base de referencia sin reforma. Sin embargo, es probable que se produzca una cierta moderación del gasto de capital tras las elecciones locales, y se espera que el crecimiento del gasto corriente, excluidas las pensiones, disminuya ligeramente. La previsión de déficit para 2025 no incluye los posibles ingresos adicionales derivados de la reforma del régimen fiscal de las microempresas y la amplia reforma tributaria, que forman parte del plan de recuperación y resiliencia y se están diseñando actualmente. Estas reformas pueden generar ingresos importantes para el Gobierno y, si se diseñan y aplican adecuadamente, reducir considerablemente el déficit de 2025 en comparación con las previsiones. Una política fiscal prudente debería contribuir a reducir la inflación subyacente, que se sitúa muy por encima de la media de la UE y que, de persistir, podría provocar pérdidas de competitividad; también ayudaría a reforzar la posición exterior. |
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(24) |
De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2021/241 y el anexo V, criterio 2.2, de dicho Reglamento, el plan de recuperación y resiliencia incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que deben realizarse para 2026. Se espera que dichas reformas e inversiones ayuden a abordar de forma efectiva la totalidad o una parte significativa de los retos señalados en las recomendaciones específicas por país pertinentes. Dado el calendario ajustado, es esencial avanzar rápidamente en la ejecución efectiva del plan de recuperación y resiliencia, incluido el capítulo de REPowerEU, para impulsar la competitividad a largo plazo de Rumanía mediante las transiciones ecológica y digital, garantizando al mismo tiempo la equidad social. A fin de cumplir los compromisos del plan de recuperación y resiliencia a más tardar en agosto de 2026, es esencial que Rumanía acelere considerablemente la ejecución de las reformas y las inversiones garantizando una gobernanza efectiva y reforzando la capacidad administrativa. La participación sistemática de las administraciones locales y regionales, los interlocutores sociales, la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo esencial para garantizar una amplia implicación en la ejecución satisfactoria del plan de recuperación y resiliencia. |
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(25) |
Como parte de la revisión intermedia de los programas de la política de cohesión, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo (16), Rumanía debe revisar cada programa financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el Fondo de Cohesión y el Fondo de Transición Justa (FTJ) a más tardar en marzo de 2025, teniendo en cuenta, en particular, los retos señalados en las recomendaciones específicas por país de 2024, así como su plan nacional de energía y clima. Dicha revisión constituye la base para la asignación definitiva de la financiación de la Unión incluida en cada programa. Rumanía ha avanzado en la aplicación de los programas de la política de cohesión y del pilar europeo de derechos sociales, pero siguen existiendo retos y persisten importantes disparidades territoriales en materia de inversión y empleo entre la región de la capital y las demás regiones, así como entre las zonas urbanas y no urbanas. Es fundamental acelerar la ejecución de los programas de la política de cohesión y reforzar la capacidad administrativa a nivel nacional y regional. Las prioridades acordadas en los programas siguen siendo pertinentes. Debe prestarse especial atención a la mejora de la gestión y la sostenibilidad de los sectores del agua, las aguas residuales y los residuos. Es igualmente importante mejorar la productividad laboral y la capacidad de innovación de las empresas, centrándose en un apoyo empresarial específico, incluida la colaboración público-privada y la participación en iniciativas europeas de investigación e innovación. Debe seguir dándose prioridad a la inversión en la red ferroviaria y en el transporte urbano sostenible, junto con la protección de la biodiversidad. |
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Además, es fundamental desarrollar la capacidad administrativa a nivel nacional y subnacional, centrándose en el refuerzo de las autoridades regionales y locales. Debe garantizarse la aplicación de los planes territoriales de transición justa, incluida la eliminación progresiva del carbón de aquí a 2032. Los servicios públicos de empleo deben seguir mejorando. A este respecto, es especialmente importante mejorar la eficacia de las medidas de activación del mercado laboral destinadas a las mujeres, los jóvenes que ni trabajan, ni estudian ni reciben formación, las personas con discapacidad y las comunidades marginadas, como los romaníes. Es necesario invertir en educación y formación, así como en la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional de la población. Debe mejorarse la accesibilidad y la calidad de la asistencia social y de los cuidados de larga duración, así como de los servicios sanitarios en todo el país, para los grupos vulnerables, mientras que las medidas de desinstitucionalización deben acelerarse. La pobreza energética también sigue siendo un reto importante. Al llevar a cabo la revisión intermedia, conviene prestar más atención a la oferta de viviendas sociales y servicios sociales conexos, así como al desarrollo sostenible de las zonas urbanas más pequeñas, que se enfrentan a déficits persistentes de capacidad administrativa. Abordar estos desafíos también contribuiría a apoyar la convergencia social al alza, en consonancia con la segunda fase del análisis del país llevado a cabo por los servicios de la Comisión, basado en las características del marco de convergencia social, que se puso a prueba en 2024. De conformidad con el artículo 3, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2024/1263, el Semestre Europeo incluirá la supervisión de la aplicación de las orientaciones en materia de empleo por parte de la Comisión, entre otras cosas a través de un marco para detectar los riesgos para la convergencia social. Rumanía también podría utilizar la iniciativa de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa, creada en virtud del Reglamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo y del Consejo (17), con el fin de apoyar inversiones en biotecnología (como inversiones en el uso de la inteligencia artificial en el sector médico y en la investigación e inversiones productivas en medicamentos esenciales), en tecnologías digitales, en innovación de tecnología profunda y en tecnologías limpias y eficientes en cuanto al uso de los recursos, así como con el fin de invertir en capacidades para hacer frente a la escasez de capacidades, como las necesarias para el desarrollo de estas tecnologías críticas. |
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(27) |
A pesar de las recientes mejoras, el riesgo de pobreza y la desigualdad siguen siendo elevadas y existen diferencias significativas entre grupos de población y regiones, mientras que el acceso al empleo y a la educación sigue siendo desigual en Rumanía. El sistema de protección social todavía muestra una eficacia limitada a la hora de reducir los riesgos de pobreza y las desigualdades, debido a su cobertura insuficiente y su escasa adecuación. Además, la tasa de empleo sigue siendo una de las más bajas de la Unión Europea, en particular por lo que respecta a los grupos infrarrepresentados. Por último, las dificultades para garantizar la igualdad de acceso a una educación y formación de alta calidad tienen un impacto negativo en el crecimiento integrador. |
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(28) |
El plan de recuperación y resiliencia incluye medidas relacionadas con los retos mencionados en el considerando 27. Entre estas medidas figuran una reforma del sistema de protección de adultos con discapacidad, una reforma para introducir tarjetas de trabajo y la formalización del trabajo de los trabajadores domésticos, una inversión en programas de mejora de las capacidades o reciclaje profesional de los empleados de las empresas, una reforma del sistema educativo obligatorio para prevenir y reducir el abandono escolar prematuro y una inversión destinada al desarrollo de un programa marco para la formación continua de los profesionales de los servicios de educación infantil. Los programas de cohesión también incluyen medidas conexas, como intervenciones específicas destinadas al empleo juvenil, la activación y el empleo de grupos desfavorecidos en el mercado laboral, así como la inclusión social de las personas pertenecientes a grupos vulnerables. Avanzar rápidamente en su aplicación contribuiría a abordar los retos mencionados en el considerando 27 y apoyaría la convergencia social al alza. |
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(29) |
A la luz del examen exhaustivo de la Comisión y de sus conclusiones sobre la existencia de desequilibrios excesivos, las recomendaciones formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 se reflejan en las recomendaciones 1 y 2. Las políticas a que se refiere la recomendación 1 contribuyen a abordar las vulnerabilidades asociadas al gran déficit de la balanza por cuenta corriente y al déficit público, que hacen que la economía sea potencialmente vulnerable a las perturbaciones y contribuyen a una inflación elevada. Las políticas a que se refiere la recomendación 2 contribuyen a abordar las vulnerabilidades asociadas a la competitividad de costes debida a unos incrementos salariales superiores al crecimiento de la productividad laboral, así como las asociadas a la competitividad no relacionada con los costes debida a cuellos de botella estructurales. |
RECOMIENDA a Rumanía que tome medidas en 2024 y 2025 con el fin de:
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1. |
Presentar el plan fiscal-estructural a medio plazo de manera oportuna. Endurecer la política fiscal con el fin de lograr un ajuste fiscal para 2024 en su conjunto. En 2025, en consonancia con los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento reformado, limitar el incremento del gasto neto (18) a una tasa compatible con, entre otras cosas, la reducción del déficit de las administraciones públicas para acercarse al valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado y con el mantenimiento de la deuda de las administraciones públicas en un nivel prudente a medio plazo. |
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2. |
Acelerar considerablemente la ejecución de los programas de la política de cohesión y del plan de recuperación y resiliencia, incluido el capítulo de REPowerEU, asegurando la culminación de las reformas e inversiones a más tardar en agosto de 2026, garantizando una gobernanza efectiva y reforzando la capacidad administrativa. En la revisión intermedia de los programas de la política de cohesión, seguir centrándose en las prioridades acordadas, adoptando medidas para afrontar mejor las necesidades en materia de vivienda social, los servicios sociales conexos y el desarrollo de las zonas urbanas más pequeñas, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora de la competitividad que ofrece la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa. |
Hecho en Luxemburgo, el 21 de octubre de 2024.
Por el Consejo
El Presidente
NAGY I.
(1) DO L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj.
(2) DO L 306 de 23.11.2011, p. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1176/oj.
(3) Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (DO L 57 de 18.2.2021, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj).
(4) Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de febrero de 2023, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/241 en lo relativo a los capítulos de REPowerEU en los planes de recuperación y resiliencia y se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1303/2013, (UE) 2021/1060 y (UE) 2021/1755, y la Directiva 2003/87/CE (DO L 63 de 28.2.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/435/oj).
(5) Recomendación (UE) del Consejo, de 12 de abril de 2024, sobre la política económica de la zona del euro (DO C, C/2024/2807, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2807/oj).
(6) Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1467/oj).
(7) Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros (DO L 306 de 23.11.2011, p. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/85/oj).
(8) Gasto neto tal como se define en el artículo 2, punto 2, del Reglamento (UE) 2024/1263: por «gasto neto» se entiende el gasto público, neto de i) los gastos en concepto de intereses; ii) las medidas discrecionales relativas a los ingresos; iii) los gastos en programas de la Unión compensados íntegramente con los ingresos procedentes de los fondos de la Unión; iv) el gasto nacional en cofinanciación de programas financiados por la Unión; v) los elementos cíclicos del gasto en prestaciones de desempleo y vi) las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal.
(9) ST 12319/21 y ST 12319/21 ADD 1.
(10) Decisión de Ejecución del Consejo, de 8 de diciembre de 2023, por la que se modifica la Decisión de Ejecución de 29 de octubre de 2021 relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de Rumanía (ST 15833/23 y ST 15833/23 ADD 1).
(11) Decisión (UE) 2020/509 del Consejo, de 3 de abril de 2020, sobre la existencia de un déficit excesivo en Rumanía (DO L 110 de 8.4.2020, p. 58, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/509/oj).
(12) Recomendación del Consejo de 3 de abril de 2020 encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo de Rumanía (DO C 116 de 8.4.2020, p. 1).
(13) Recomendación del Consejo de 18 de junio de 2021 encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo de Rumanía (DO C 304 de 29.7.2021, p. 111).
(14) Recomendación del Consejo, de 14 de julio de 2023, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2023 de Rumanía y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2023 de Rumanía (DO C 312 de 1.9.2023, p. 216).
(15) Esta cifra representa el coste presupuestario anual de las medidas, incluidos los ingresos y gastos y, en su caso, excluidos los ingresos procedentes de los impuestos sobre los beneficios inesperados de los proveedores de energía.
(16) Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (DO L 231 de 30.6.2021, p. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).
(17) Reglamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de febrero de 2024, por el que se crea la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP) y se modifican la Directiva 2003/87/CE y los Reglamentos (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 y (UE) 2021/241 (DO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).
(18) De conformidad con el artículo 2, punto 2, del Reglamento (UE) 2024/1263, se entiende por «gasto neto» el gasto público, neto de los gastos en concepto de intereses, las medidas discrecionales relativas a los ingresos, los gastos en programas de la Unión compensados íntegramente con los ingresos procedentes de los fondos de la Unión, el gasto nacional en cofinanciación de programas financiados por la Unión, los elementos cíclicos del gasto en prestaciones de desempleo y las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6830/oj
ISSN 1977-0928 (electronic edition)