Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
16 de julio de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Estado de Derecho — Independencia judicial — Artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Normativa nacional que permite comprobar el cumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad de un juez que ejerce sus funciones en el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia) — Composición de la formación jurisdiccional que ha de controlar el cumplimiento de estos requisitos — Irregularidad de las condiciones de nombramiento de un miembro de esa formación — Consecuencias que deben extraerse de tal irregularidad — Imparcialidad — Primacía del Derecho de la Unión »
En el asunto C‑748/23 [Gekus], (i)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia), mediante resolución de 20 de octubre de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de diciembre de 2023, en el procedimiento entre
C. Limited
y
M. S.,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. I. Jarukaitis (Ponente), Presidente de Sala, el Sr. K. Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Cuarta, y los Sres. M. Condinanzi y N. Jääskinen y la Sra. R. Frendo, Jueces;
Abogado General: Sr. N. Emiliou;
Secretaria: Sra. E. Sartori, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 4 de junio de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
– en nombre de C. Limited, por los Sres. M. Kotowicz y M. Radwan-Röhrenschef, adwokaci;
– en nombre de M. S., por los Sres. J. Baniewska y M. Gutowski, adwokaci, y por el Sr. R. Rogala, radca prawny;
– en nombre del Gobierno polaco, por los Sres. B. Majczyna, D. Mazur y M. Rzotkiewicz y por la Sra. S. Żyrek, en calidad de agentes;
– en nombre del Gobierno belga, por las Sras. C. Jacob, M. Jacobs, C. Pochet y L. Van den Broeck, en calidad de agentes;
– en nombre del Gobierno neerlandés, por la Sra. M. K. Bulterman y por el Sr. J. M. Hoogveld, en calidad de agentes;
– en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. K. Herrmann y por los Sres. P. Stancanelli y P. J. O. Van Nuffel, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 1 de agosto de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre C. Limited, una sociedad irlandesa, y M. S., un nacional irlandés, sobre una reclamación de pago resultante de actos jurídicos efectuados en Polonia.
Marco jurídico
3 El artículo 29 de la ustawa o Sądzie Najwyższym (Ley del Tribunal Supremo), de 8 de diciembre de 2017 (Dz. U. de 2018, posición 5), en su versión modificada por la ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Ley por la que se modifican la Ley del Tribunal Supremo y otras leyes), de 9 de junio de 2022 (Dz. U. de 2022, posición 1259) (en lo sucesivo, «Ley del Tribunal Supremo»), dispone lo siguiente:
«[…]
2. En el marco de las actividades llevadas a cabo por el [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia)] o sus órganos, no estará permitido cuestionar la legitimidad de los [órganos jurisdiccionales], de los órganos constitucionales del Estado o de los órganos de control y protección de la legalidad.
3. Ni el [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] ni ningún otro órgano del poder podrán apreciar o examinar la legalidad del nombramiento de un juez o de la facultad de este para ejercer funciones judiciales derivadas de dicho nombramiento.
4. Las circunstancias que hayan rodeado el nombramiento de un juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] no pueden constituir un motivo exclusivo para impugnar una resolución adoptada con la participación de dicho juez ni para cuestionar su independencia e imparcialidad.
5. Podrá examinarse el cumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad por parte de un juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] o de un juez adscrito a [dicho] Tribunal, teniendo en cuenta las circunstancias que hayan rodeado su nombramiento y su conducta tras su nombramiento, a petición del justiciable al que se refiere el apartado 7, si, en las circunstancias de un asunto concreto, ello puede dar lugar a una vulneración del principio de independencia o de imparcialidad que afecte al resultado del asunto, considerando la situación del justiciable y la naturaleza del asunto.
6. Podrá presentarse una solicitud de declaración del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 5 contra un juez del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] [(en lo sucesivo, “test de independencia e imparcialidad”)] o contra un juez adscrito a dicho Tribunal que participe en una formación jurisdiccional que examine:
1) un recurso;
[…]
7. Tendrá derecho a presentar esa solicitud cualquier parte en un procedimiento ante el [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] en los supuestos contemplados en el apartado 6.
[…]
9. La solicitud deberá cumplir los requisitos previstos para un acto procesal y, además, deberá contener:
1) una solicitud de comprobación del cumplimiento, en el caso concreto, de los requisitos establecidos en el apartado 5;
2) las circunstancias que justifican la solicitud y los elementos de prueba que la respaldan.
10. Las solicitudes que no cumplan los requisitos contemplados en el artículo 29, apartado 9, de la Ley del Tribunal Supremo deberán declararse inadmisibles sin que sea necesario requerir la subsanación de los vicios de forma. También se declararán inadmisibles las solicitudes presentadas fuera de plazo o que sean inadmisibles por otro motivo.
[…]
15. El [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] examinará la solicitud a puerta cerrada en una formación de cinco jueces elegidos por sorteo entre todos los miembros del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)], tras oír al juez al que se refiera la solicitud, salvo que la audiencia sea imposible o muy difícil. El juez podrá presentar sus observaciones por escrito. El juez en cuestión quedará excluido del sorteo.
[…]
18. Si se estimara la solicitud, el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) recusará al juez en el asunto. La recusación de un juez en un asunto no podrá constituir un motivo de recusación de ese juez en otros asuntos examinados con su participación.
[…]
21. El auto dictado tras el examen de la solicitud podrá ser objeto de recurso ante el [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] en una formación jurisdiccional de siete jueces elegidos por sorteo entre todos los miembros del [Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)]. El juez en cuestión y el juez que haya participado en el auto impugnado quedarán excluidos del sorteo.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
4 El litigio principal entre C. Limited, una sociedad irlandesa, y M. S., un nacional irlandés, versa sobre sus respectivos derechos y obligaciones en relación con actos jurídicos realizados en Polonia.
5 De los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia resulta que, mediante sentencia de 10 de junio de 2021, el Sąd Apelacyjny w Warszawie (Tribunal de Apelación de Varsovia, Polonia) condenó a M. S. a pagar a C. Limited una cantidad equivalente al importe del crédito de esta última.
6 El 29 de julio de 2021, M. S. solicitó a la High Court (Tribunal Superior, Irlanda), en virtud de lo dispuesto en el artículo 46, en relación con el artículo 45, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1), que denegara el reconocimiento y la ejecución de la sentencia dictada por el Sąd Apelacyjny w Warszawie (Tribunal de Apelación de Varsovia), alegando que se había vulnerado su derecho a un tribunal establecido previamente por la ley por la presencia, en la formación jurisdiccional que pronunció dicha sentencia, de un juez destinado en comisión de servicios por el ministro de Justicia polaco por tiempo indefinido.
7 Simultáneamente, M. S. interpuso un recurso de casación ante el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) contra la referida sentencia del Sąd Apelacyjny w Warszawie (Tribunal de Apelación de Varsovia). Para examinar este recurso de casación se designó una formación de tres jueces, entre ellos el juez JG.
8 C. Limited presentó una solicitud de test de independencia e imparcialidad respecto del juez JG, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 29 de la Ley del Tribunal Supremo.
9 Para demostrar el incumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad del juez JG, C. Limited invocó diversas circunstancias, en particular las que acompañaron su nombramiento.
10 En primer lugar, C. Limited alegó que el juez JG fue nombrado juez de la Sala de lo Civil del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), el 10 de octubre de 2018, sobre la base de la resolución n.º 330/2018 de la Krajowa Rada Sądownictwa (Consejo Nacional del Poder Judicial, Polonia) (en lo sucesivo, «KRS»), aun cuando la ejecución de dicha resolución había sido suspendida, el 27 de septiembre de 2018, en virtud de un auto del Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Polonia). Mediante sentencia de 6 de mayo de 2021, este último órgano jurisdiccional anuló la referida resolución.
11 En segundo lugar, C. Limited invocó el comportamiento del juez JG tras su nombramiento para la Sala de lo Civil del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) y, a este respecto, se refirió a una declaración, de 28 de noviembre de 2019, firmada por ciertos jueces de esa Sala, entre ellos JG, según la cual la sentencia de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros (Independencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo) (C‑585/18, C‑624/18 y C‑625/18, EU:C:2019:982), no es aplicable a los jueces de dicha Sala nombrados en virtud de una resolución adoptada por la KRS en su nueva configuración.
12 En tercer lugar, C. Limited mencionó el hecho de que M. S. pretende que los órganos jurisdiccionales irlandeses no declaren ejecutiva la sentencia del Sąd Apelacyjny w Warszawie (Tribunal de Apelación de Varsovia) invocando, a tal efecto, una infracción de su derecho a que su causa sea oída por un tribunal independiente e imparcial establecido previamente por la ley. En estas circunstancias, según C. Limited, el procedimiento ante el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) debe sustanciarse ante jueces cuya independencia e imparcialidad no ofrezcan duda alguna.
13 Con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 29 de la Ley del Tribunal Supremo, se eligieron por sorteo cinco jueces del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) para constituir la formación jurisdiccional que debía pronunciarse sobre la solicitud de test de independencia e imparcialidad. Dicha formación incluía dos jueces del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) nombrados antes de 2018 y tres jueces nombrados a propuesta de la KRS en su nueva configuración.
14 En el marco del examen de la admisibilidad de la solicitud de C. Limited, el órgano jurisdiccional remitente, actuando en formación unipersonal compuesta por el juez ponente, que es también el presidente de la formación jurisdiccional de cinco jueces, alberga dudas acerca de la interpretación del artículo 29, apartado 5, de la Ley del Tribunal Supremo, a la luz de lo dispuesto en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta.
15 A este respecto, dicho órgano jurisdiccional señala dos interpretaciones de este precepto de Derecho nacional en lo que respecta a la aplicación del test de independencia e imparcialidad derivadas de la jurisprudencia del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo).
16 Según la primera interpretación, denominada «estricta», las solicitudes presentadas con arreglo al artículo 29, apartado 5, de la Ley del Tribunal Supremo se declararán inadmisibles si se basan únicamente en las circunstancias que rodearon el nombramiento del juez de que se trate del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo). Conforme a esta interpretación, la solicitud de test debe precisar, por una parte, las circunstancias referidas al nombramiento del juez y el comportamiento de este posterior a su nombramiento que permitan considerar que no cumple los requisitos de independencia e imparcialidad y, por otra parte, la incidencia del incumplimiento de tales requisitos en el resultado del asunto en el marco del cual se presentó la solicitud, habida cuenta de su naturaleza.
17 Según la segunda interpretación, las solicitudes presentadas al amparo del artículo 29, apartado 5, de la Ley del Tribunal Supremo deben examinarse de manera más amplia, sobre la base de la resolución conjunta adoptada por las Salas de lo Civil y Penal y por la Sala de lo Laboral y de la Seguridad Social del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), el 23 de enero de 2020, por la que se consideró que la KRS no es un órgano independiente, ya que está sometida directamente a las autoridades políticas desde la entrada en vigor de la Ley de 8 de diciembre de 2017. En virtud de dicha resolución, una formación jurisdiccional que cuente entre sus miembros con una persona nombrada juez del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) a propuesta de la KRS en su nueva configuración es un órgano jurisdiccional constituido de manera irregular, de modo que el procedimiento judicial en cuestión es inválido.
18 En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si la exigencia de un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, se cumple cuando tres miembros de la formación de cinco jueces elegidos por sorteo para examinar la solicitud de test de independencia e imparcialidad presentada por C. Limited resultan afectados por la resolución de las tres salas mencionada en el apartado anterior de la presente sentencia. Según el órgano jurisdiccional remitente, los jueces nombrados para el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) a propuesta de la KRS en su nueva configuración no deben participar en el examen de este tipo de solicitudes, ya que ello vulneraría el derecho a un proceso equitativo. En este contexto, dicho órgano jurisdiccional se pregunta sobre la manera en que deben tratarse esas solicitudes de conformidad con las exigencias del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, interpretado a la luz del artículo 47 de la Carta.
19 En estas circunstancias, el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), en formación unipersonal, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) ¿Debe interpretarse el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la [Carta], en el sentido de que las circunstancias que acompañan el nombramiento para un cargo judicial ya pueden denotar en sí el incumplimiento por un juez de los requisitos de independencia e imparcialidad cuando den lugar a que se constituya un órgano jurisdiccional que vulnera el derecho del justiciable a un juez [independiente e imparcial, establecido previamente por la ley] o, con carácter subsidiario, en el sentido de que, para el incumplimiento de estos requisitos, es determinante la aceptación pasiva por el juez (consistente en ejercer la función jurisdiccional) de las irregularidades del procedimiento de su nombramiento para el cargo judicial, que llevan a que se constituya un órgano jurisdiccional que vulnera el derecho del justiciable a [tal] juez?
2) ¿Debe interpretarse el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la [Carta], en el sentido de que, en el llamado procedimiento de comprobación de la [independencia e] imparcialidad de un juez del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), no pueden pronunciarse jueces cuya participación vulnera el derecho del justiciable a un juez, debido a su nombramiento para el cargo de magistrado del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) a propuesta de la [KRS], [en su nueva composición] […]?
3) En caso de una respuesta afirmativa a la segunda cuestión prejudicial, ¿debe interpretarse el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la [Carta], en el sentido de que el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) tiene la obligación de configurar la composición de la formación jurisdiccional en el llamado procedimiento de comprobación de la [independencia e] imparcialidad sin incluir a esos jueces y, en última instancia, omitir la aplicación de la disposición nacional que prevé, en esos procedimientos, una formación jurisdiccional compuesta por cinco personas, y de examinar la solicitud sin que intervengan esos jueces, en otra formación prevista en el Derecho nacional?»
Admisibilidad de las cuestiones prejudiciales
20 C. Limited sostiene, en esencia, que la primera cuestión prejudicial es inadmisible, puesto que la respuesta del Tribunal de Justicia no es necesaria para examinar su solicitud de test de independencia e imparcialidad. Según C. Limited, dicha solicitud no se basa únicamente en las circunstancias que rodearon el nombramiento del juez en cuestión, sino también en otros elementos, como su conducta tras ese nombramiento. Por lo tanto, su solicitud cumple los requisitos del artículo 29 de la Ley del Tribunal Supremo y, en consecuencia, debe ser examinada en cuanto al fondo, cualquiera que sea la respuesta del Tribunal de Justicia a esta cuestión.
21 Procede señalar a este respecto que, ciertamente la solicitud de test de independencia e imparcialidad presentada en el litigio principal se basa en varios elementos, algunos de los cuales no están relacionados con las circunstancias que acompañaron el nombramiento del juez de que se trata. Sin embargo, esa situación no basta para que la primera cuestión prejudicial carezca de pertinencia para resolver el litigio.
22 En efecto, mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 19 TUE, apartado 1, a la luz del artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que las circunstancias que acompañan el nombramiento de un juez pueden, por sí solas, entrañar el incumplimiento por ese juez de los requisitos de independencia e imparcialidad exigidos en virtud de esas disposiciones. Si el Tribunal de Justicia responde afirmativamente a esta cuestión y si se acreditan en el presente asunto las condiciones del nombramiento del juez en cuestión mencionadas por la demandante en el litigio principal, el órgano jurisdiccional remitente podría constatar el incumplimiento de dichos requisitos, sin tener que examinar los demás elementos alegados en apoyo de la solicitud de test de independencia e imparcialidad. Por consiguiente, la respuesta a la primera cuestión prejudicial puede determinar, por sí sola, el resultado del litigio principal.
23 En la vista, las partes también debatieron sobre la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales segunda y tercera. A este respecto, se alegó, en esencia, que el órgano jurisdiccional remitente podría no estar en condiciones de tener en cuenta las respuestas dadas por el Tribunal de Justicia. En efecto, en el litigio principal, el órgano jurisdiccional remitente es una formación unipersonal integrada por el juez ponente, que es también el presidente de la formación jurisdiccional de cinco jueces encargada de examinar la solicitud de test de independencia e imparcialidad presentada por la demandante en el litigio principal. Tal circunstancia suscita dudas acerca de la posibilidad de que ese órgano jurisdiccional aplique efectivamente la interpretación del Derecho de la Unión proporcionada por el Tribunal de Justicia. Además, se ha señalado que la Ley del Tribunal Supremo no prevé normas específicas sobre la recusación de los jueces que, a raíz de un sorteo, sean designados para integrar la formación que debe conocer de una solicitud de test de independencia e imparcialidad que afecte a uno de esos jueces. En estas circunstancias, existe incertidumbre en cuanto a si el órgano jurisdiccional remitente podría subsanar cualquier dificultad que el Tribunal de Justicia pudiera señalar en su respuesta a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera.
24 Conviene observar a este respecto que el órgano jurisdiccional remitente está integrado por el presidente de la formación jurisdiccional de cinco jueces que conoce de la solicitud de test de independencia e imparcialidad, que es precisamente el autor de la petición de decisión prejudicial. Pues bien, como indicó el Abogado General en el punto 38 de sus conclusiones, el Gobierno polaco confirmó en la vista que, con arreglo al Derecho polaco, el presidente de la formación jurisdiccional puede hacer uso de varias vías alternativas para evitar la constitución irregular de dicha formación. Por consiguiente, deben desestimarse las objeciones formuladas respecto de la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales segunda y tercera.
25 Por lo tanto, las tres cuestiones prejudiciales son admisibles.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
26 Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se dilucide, en esencia, si el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que las circunstancias que acompañan el nombramiento de un juez pueden entrañar, por sí solas, una vulneración del derecho a un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, en el sentido de estas disposiciones.
27 Con carácter preliminar, es preciso recordar que, como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, si bien la organización de la Administración de Justicia en los Estados miembros, en particular la institución, la composición, las competencias y el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales nacionales, es competencia de dichos Estados, no es menos cierto que, al ejercer esta competencia, estos deben cumplir las obligaciones que les impone el Derecho de la Unión y, en particular, el artículo 19 TUE [véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 44 y jurisprudencia citada, y de 24 de marzo de 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Recusación de un juez ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, apartado 28].
28 A este respecto, el principio de la tutela judicial efectiva al que se refiere el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, constituye un principio general del Derecho de la Unión, consagrado, en particular, en el artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), y que se corresponde con el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta. Por tanto, esta última disposición debe tenerse debidamente en cuenta para interpretar el referido artículo 19, apartado 1, párrafo segundo [véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 45, y jurisprudencia citada, y de 24 de marzo de 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Recusación de un juez ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, apartado 42].
29 Las garantías de acceso a un tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley —en particular, las que determinan tanto el concepto como la composición de este— constituyen la piedra angular del derecho a un proceso justo. La verificación de si, por su composición, un órgano constituye un tribunal dotado de tales características, cuando surja sobre este punto una duda fundada, es necesaria para la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar al justiciable [sentencia de 24 de marzo de 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Recusación de un juez ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, apartado 69 y jurisprudencia citada].
30 Según reiterada jurisprudencia, las garantías de independencia e imparcialidad exigidas por el Derecho de la Unión postulan la existencia de reglas, especialmente en lo referente a la composición del órgano jurisdiccional de que se trate, así como al nombramiento, a la duración del mandato y a las causas de inhibición, recusación y cese de sus miembros, que permitan excluir toda duda legítima en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de dicho órgano frente a elementos externos y sobre su neutralidad con respecto a los intereses en litigio [sentencias de 6 de octubre de 2021, W.Ż. (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del Tribunal Supremo — Nombramiento), C‑487/19, EU:C:2021:798, apartado 109, y de 24 de marzo de 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Recusación de un juez ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, apartado 70].
31 El Tribunal de Justicia, haciendo referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha declarado que, aunque el derecho a un «juez establecido previamente por la ley» constituye un derecho autónomo, tiene vínculos muy estrechos con las garantías de «independencia» e «imparcialidad». En particular, conforme al principio de separación de poderes que caracteriza el funcionamiento de un Estado de Derecho, la independencia de los tribunales debe garantizarse en especial frente a los poderes legislativo y ejecutivo [sentencia de 24 de marzo de 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Recusación de un juez ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, apartado 72 y jurisprudencia citada].
32 A este respecto, la exigencia de un «juez establecido previamente por la ley», en el sentido del Derecho de la Unión, tiene por objeto evitar que la organización del sistema judicial se deje a la discreción del poder ejecutivo y conseguir que esta materia esté regulada por una ley adoptada por el poder legislativo de conformidad con las normas que delimitan el ejercicio de su competencia. Esta expresión refleja en particular el valor del respeto del Estado de Derecho y se refiere no solo a la base jurídica de la propia existencia del órgano jurisdiccional de que se trate, sino también a su composición en cada asunto del que conozca, así como a cualquier otra disposición de Derecho interno cuyo incumplimiento conlleve la irregularidad de la participación de uno o varios jueces en el examen del asunto, lo que incluye, en particular, disposiciones relativas a la independencia e imparcialidad de los miembros de dicho órgano jurisdiccional [véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de marzo de 2020, Reexamen Simpson/Consejo y HG/Comisión, C‑542/18 RX‑II y C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, apartado 73 y jurisprudencia citada; de 6 de octubre de 2021, W.Ż. (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del Tribunal Supremo — Nombramiento), C‑487/19, EU:C:2021:798, apartado 129, y de 24 de marzo de 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Recusación de un juez ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, apartado 73].
33 Por consiguiente, es necesario asegurarse de que las condiciones materiales y las normas de procedimiento que rigen la adopción de las decisiones de nombramiento impidan que se susciten dudas legítimas en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de los jueces de que se trate frente a elementos externos y sobre su neutralidad, una vez nombrados, con respecto a los intereses en litigio. A tal fin, es importante, en particular, que dichas condiciones y normas se conciban de manera que satisfagan las exigencias recordadas en el apartado anterior de la presente sentencia [sentencia de 24 de marzo de 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Recusación de un juez ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, apartado 74 y jurisprudencia citada].
34 Por lo que respecta, más concretamente, al proceso de nombramiento de los jueces, el Tribunal de Justicia ha declarado que, habida cuenta de las consecuencias capitales que tiene para el correcto funcionamiento y la legitimidad del poder judicial en un Estado democrático regido por la supremacía del Derecho, dicho proceso constituye necesariamente un elemento inherente al concepto de «juez establecido previamente por la ley», a efectos del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, y ha precisado, al mismo tiempo, que la independencia de un órgano jurisdiccional, en el sentido de esta disposición, se mide, en particular, por el modo en que han sido nombrados sus miembros [véase, en este sentido, la sentencia de 24 de marzo de 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Recusación de un juez ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, apartado 75 y jurisprudencia citada].
35 Dicho esto, no todo error que pueda producirse durante el procedimiento de nombramiento de un juez puede generar dudas sobre la independencia y la imparcialidad de ese juez y, por lo tanto, sobre la condición de «juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley», en el sentido del Derecho de la Unión, de una formación jurisdiccional en la que esté integrado [sentencia de 24 de marzo de 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Recusación de un juez ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, apartado 76 y jurisprudencia citada].
36 Es jurisprudencia reiterada que una irregularidad cometida con motivo del nombramiento de los jueces en el seno del sistema judicial de que se trate supone la infracción la exigencia de que el juez esté establecido por la ley, en especial cuando esta irregularidad es de tal naturaleza y gravedad que crea un riesgo real de que otras ramas del poder, en particular el ejecutivo, puedan ejercer una potestad discrecional indebida que ponga en peligro la integridad del resultado al que conduce el proceso de nombramiento y que origine así una duda legítima, en el ánimo de los justiciables, en cuanto a la independencia y la imparcialidad del juez o de los jueces afectados, lo que sucede cuando se cuestionan normas fundamentales que forman parte del establecimiento y del funcionamiento de ese sistema judicial [véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de marzo de 2020, Reexamen Simpson/Consejo y HG/Comisión, C‑542/18 RX‑II y C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, apartado 75, y de 24 de marzo de 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Recusación de un juez ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, apartado 77 y jurisprudencia citada].
37 Para determinar si se ha incumplido la exigencia de un «juez establecido previamente por la ley» y qué consecuencias tiene tal incumplimiento, es preciso realizar una apreciación global de una serie de elementos que, considerados en su conjunto, contribuyan a generar dudas legítimas en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la independencia e imparcialidad de los jueces [sentencia de 24 de marzo de 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Recusación de un juez ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, apartado 78 y jurisprudencia citada].
38 Aplicando la jurisprudencia recordada en los apartados 29 a 31 de la presente sentencia, el Tribunal de Justicia consideró, en el apartado 77 de la sentencia de 21 de diciembre de 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Continuidad en el desempeño del cargo de juez) (C‑718/21, EU:C:2023:1015), en relación con la apreciación de la condición de «órgano jurisdiccional», a efectos del artículo 267 TFUE, de la Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos) del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), que, considerados conjuntamente, los elementos tanto sistémicos como circunstanciales que caracterizaron el nombramiento, en dicho órgano, de varios jueces tienen como consecuencia que este no tenga la condición de «juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley», a efectos del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de septiembre de 2025, AW «T», C‑225/22, EU:C:2025:649, apartados 49 y 50).
39 Asimismo, en los apartados 35 y 37 de la sentencia de 7 de noviembre de 2024, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (C‑326/23, EU:C:2024:940), el Tribunal de Justicia declaró que los vicios que afectaron al procedimiento de nombramiento del juez único que componía el órgano remitente y que había sido nombrado para la Sala de lo Civil del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) eran idénticos a los que afectaron al procedimiento de nombramiento de los jueces de la Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos y eran suficientes, por sí solos, para suscitar dudas legítimas y serias en el ánimo de los justiciables en cuanto a la independencia y a la imparcialidad de dicho juez, de modo que este último no constituye un «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE.
40 Así pues, como observó el Abogado General en el punto 52 de sus conclusiones, algunas deficiencias en el procedimiento de nombramiento de los jueces pueden indicar, por sí solas, que los jueces en cuestión no cumplen los requisitos de independencia e imparcialidad. En tales casos, no puede exigirse a una parte en el procedimiento que plantea la cuestión del respeto de tales requisitos, que aporte elementos adicionales para corroborar el incumplimiento alegado de dichos requisitos.
41 En cuanto a la solicitud de test de independencia e imparcialidad de un juez integrante de una formación jurisdiccional, para determinar si este cumple los requisitos de un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, en el sentido del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta, ha de señalarse que la parte que presenta tal solicitud debe tener la posibilidad de limitarse a formular alegaciones que se basen únicamente en las circunstancias que acompañaron el nombramiento de ese juez y que demuestren que se incurrió, en ese momento, en una irregularidad de tal naturaleza y gravedad que origina, en el ánimo de los justiciables, dudas en cuanto a su independencia e imparcialidad frente al poder ejecutivo o legislativo, sin que sea necesario alegar otros elementos.
42 Si los jueces del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) aplicasen las disposiciones del artículo 29, apartados 5 y 9, de la Ley del Tribunal Supremo en el sentido de que la parte que solicita un test de independencia e imparcialidad de un juez está obligada a invocar, conforme a lo señalado en el apartado 16 de la presente sentencia, elementos adicionales relativos al comportamiento de ese juez tras su nombramiento que puedan constituir un incumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad que se le aplican, debiendo esa parte precisar asimismo la incidencia de dicho incumplimiento en el resultado de un asunto determinado, tal aplicación sería contraria a lo dispuesto en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, interpretado a la luz del artículo 47 de la Carta.
43 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que las circunstancias que acompañan el nombramiento de un juez pueden entrañar, por sí solas, una vulneración del derecho a un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, en el sentido de esas disposiciones, si esas circunstancias suscitan una irregularidad de tal naturaleza y gravedad que origina una duda legítima, en el ánimo de los justiciables, en cuanto a la independencia o la imparcialidad de ese juez.
Segunda cuestión prejudicial
44 Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se dilucide, en esencia, si el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que la comprobación del cumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad de un juez que ejerce sus funciones en un tribunal y, en consecuencia, del derecho a un juez establecido previamente por la ley, en el sentido de esas disposiciones, se encomiende a una formación jurisdiccional de dicho tribunal que incluya a uno o varios jueces que, debido a las condiciones de su nombramiento, se encuentren en una situación idéntica a la del juez objeto de dicha comprobación.
45 A este respecto, como se ha recordado en el apartado 28 de la presente sentencia, el principio de la tutela judicial efectiva a que se refiere el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, es un principio general del Derecho de la Unión que emana de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, consagrado, entre otros, en el artículo 6, apartado 1, del CEDH, el cual se corresponde con el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta.
46 Por otra parte, en la medida en que la Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el CEDH, el artículo 52, apartado 3, de la Carta tiene por objeto asegurar la coherencia necesaria entre los derechos que esta contiene y los derechos correspondientes garantizados por el CEDH, sin que ello afecte a la autonomía del Derecho de la Unión. Según las Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales (DO 2007, C 303, p. 17), el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta se corresponde con el artículo 6, apartado 1, del CEDH. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia debe velar por que la interpretación que realice en el presente asunto garantice un nivel de protección que respete el garantizado por el artículo 6, apartado 1, del CEDH, según lo interpreta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 46 y jurisprudencia citada).
47 Precisado lo anterior, ha de recordarse que todo Estado miembro debe garantizar, en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, que los órganos que, en calidad de «órganos jurisdiccionales» en el sentido definido por el Derecho de la Unión, tengan que resolver sobre cuestiones vinculadas a la aplicación o la interpretación de este Derecho y que formen parte, por tanto, del sistema de vías de recurso en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión cumplan las exigencias de la tutela judicial efectiva, entre ellas la de independencia (sentencia de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 47 y jurisprudencia citada).
48 A este respecto, ha de recordarse que la exigencia de independencia de los jueces, inherente a la función jurisdiccional, forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho fundamental a un proceso equitativo, que revisten una importancia capital como garantías de la protección del conjunto de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables y de la salvaguarda de los valores comunes de los Estados miembros proclamados en el artículo 2 TUE, en particular el valor del Estado de Derecho (sentencia de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 49 y jurisprudencia citada).
49 Según reiterada jurisprudencia, el requisito de independencia comprende dos aspectos. El primero de ellos, de orden externo, exige que el órgano jurisdiccional de que se trate ejerza sus funciones con plena autonomía, sin estar sometido a ningún vínculo jerárquico o de subordinación respecto a terceros y sin recibir órdenes ni instrucciones de ningún tipo, cualquiera que sea su procedencia, de tal modo que quede protegido de injerencias o presiones externas que puedan hacer peligrar la independencia de juicio de sus miembros e influir en sus decisiones [sentencias de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros (Independencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo), C‑585/18, C‑624/18 y C‑625/18, EU:C:2019:982, apartado 121, y de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 50].
50 El segundo aspecto, de orden interno, se asocia al concepto de «imparcialidad» y se refiere a la equidistancia que debe guardar el órgano jurisdiccional de que se trate con respecto a las partes del litigio y a sus intereses respectivos en relación con el objeto de dicho litigio. Este aspecto exige objetividad y que no exista ningún interés en la solución del litigio que no sea el de la aplicación estricta de la norma jurídica [sentencias de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros (Independencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo), C‑585/18, C‑624/18 y C‑625/18, EU:C:2019:982, apartado 122, y de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 51].
51 Estas garantías de independencia e imparcialidad postulan la existencia de reglas, especialmente en lo referente a la composición del órgano jurisdiccional de que se trate, que permitan excluir toda duda legítima en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de dicho órgano frente a elementos externos y en lo que atañe a su neutralidad ante los intereses en litigio [véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros (Independencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo), C‑585/18, C‑624/18 y C‑625/18, EU:C:2019:982, apartado 123, y de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 52].
52 Por lo que respecta, más concretamente, al principio de imparcialidad, como señaló el Abogado General en el punto 65 de sus conclusiones, dicho principio exige que los jueces no tengan ningún interés ni muestren ningún sesgo o prejuicio en los litigios de los que conozcan y que traten a todas las partes del mismo modo y equitativamente.
53 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que la imparcialidad significa normalmente que no existan prejuicios o sesgos, lo cual puede comprobarse de diversas maneras. Según dicho Tribunal, la imparcialidad debe apreciarse desde un enfoque subjetivo, consistente en tomar en consideración la convicción personal y el comportamiento de un juez determinado para comprobar si ha dado muestras de cualquier prejuicio o sesgo en el asunto del que conoce, pero también desde un enfoque objetivo, consistente en valorar si el propio órgano jurisdiccional ofrece, entre otros aspectos por su composición, garantías suficientes para excluir toda duda legítima en cuanto a su imparcialidad (véase, en este sentido, TEDH, sentencia de 15 de octubre de 2009, Micallef c. Malta, CE:ECHR:2009:1015JUD001705606, § 93).
54 En el marco de la apreciación objetiva de la imparcialidad, procede preguntarse si, independientemente de la conducta personal de los jueces, determinados hechos verificables permiten dudar de la imparcialidad de estos. A este respecto, incluso las apariencias pueden tener importancia. Según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para pronunciarse sobre la existencia de motivos que hagan temer que no se satisfacen en un determinado asunto esos requisitos de independencia o de imparcialidad objetiva, el punto de vista de una parte se tiene en cuenta, pero no desempeña un papel decisivo. El factor decisivo consiste en si los temores de que se trate pueden considerarse objetivamente justificados (véanse, en este sentido, TEDH, 15 de octubre de 2009, Micallef c. Malta, CE:ECHR:2009:1015JUD001705606, §§ 96 y 98, y la sentencia de 19 de diciembre de 2024, Vivacom Bulgaria, C‑369/23, EU:C:2024:1043, apartado 33 y jurisprudencia citada).
55 A este respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado asimismo, en esencia, que la participación de jueces en una decisión relativa a la recusación de uno de sus colegas, miembro de la misma formación jurisdiccional, puede servir de fundamento para alegar la infracción del artículo 6, apartado 1, del CEDH, cuando ellos mismos sean objeto de una petición de recusación de esta índole (véase, en este sentido, TEDH, sentencia de 22 de septiembre de 1994, Debled c. Bélgica, CE:ECHR:1994:0922JUD002681891, § 37).
56 Así pues, los miembros de una formación jurisdiccional que deba pronunciarse sobre la cuestión de si la participación de un juez en un órgano jurisdiccional determinado puede incumplir la exigencia de un juez establecido previamente por la ley no pueden encontrarse, ellos mismos, en una situación idéntica a la de ese juez. En efecto, la identidad entre las circunstancias de su propio nombramiento como jueces y las de este último juez puede suscitar en los justiciables dudas legítimas acerca de la neutralidad de esa formación en relación con los intereses en conflicto. De ello resulta que los miembros de dicha formación no pueden examinar la cuestión de la independencia y la imparcialidad de ese juez cuando se encuentren en la misma situación.
57 En el presente asunto, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que las disposiciones relativas al procedimiento iniciado por la demandante en el litigio principal entraron en vigor, a raíz una modificación de la Ley del Tribunal Supremo, en el año 2022, con el fin de garantizar el derecho de los justiciables a un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, en el sentido del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, interpretado a la luz del artículo 47 de la Carta. Este procedimiento permite a las partes de un litigio ante el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) solicitar un test de independencia e imparcialidad de un juez de este órgano jurisdiccional encargado de pronunciarse en el asunto que les afecta, con objeto de determinar si un juez designado para adoptar una resolución en el asunto que les afecta cumple los requisitos de independencia e imparcialidad, y el examen de esta solicitud se encomienda a una formación específica compuesta por cinco jueces elegidos por sorteo entre los jueces del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), con exclusión del juez afectado por dicha solicitud.
58 Así pues, la formación del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) que ha de examinar, sobre la base del artículo 29 de la Ley del Tribunal Supremo, la cuestión de la independencia e imparcialidad de un juez de dicho órgano jurisdiccional debe satisfacer, a su vez, las exigencias relativas a un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta.
59 El órgano jurisdiccional remitente se pregunta, más concretamente, si un juez nombrado para el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) a propuesta de la KRS en su nueva configuración puede pertenecer a la formación de cinco jueces que ha de pronunciarse sobre una solicitud de test de independencia e imparcialidad presentada con arreglo al artículo 29 de la Ley del Tribunal Supremo cuando las condiciones de su propio nombramiento son idénticas a las del juez objeto de dicha solicitud.
60 A este respecto, de la resolución de remisión se desprende que, en la formación del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) encargada de examinar la solicitud de test de independencia e imparcialidad en el litigio principal, tres jueces fueron nombrados, en particular, a propuesta de la KRS en su nueva configuración y que uno de esos tres jueces ya había sido recusado en otro asunto al término del procedimiento cuya aplicación ha solicitado la demandante en el litigio principal.
61 Así pues, como se ha indicado en el apartado 56 de la presente sentencia, cuando un juez que ejerce sus funciones en el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) ha sido nombrado en circunstancias idénticas a las que acompañaron el nombramiento del juez que ha sido objeto de la solicitud de test de independencia e imparcialidad y que precisamente fundamentan dicha solicitud, no cabe admitir que ese primer juez pueda integrar la formación de dicho órgano jurisdiccional encargada de resolver tal solicitud.
62 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que la comprobación del cumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad de un juez que ejerce sus funciones en un tribunal y, en consecuencia, del derecho a un juez establecido previamente por la ley, a efectos de esas disposiciones, se encomiende a una formación jurisdiccional de dicho tribunal que incluya a uno o varios jueces que, debido a las condiciones de su nombramiento, se encuentren en una situación idéntica a la del juez objeto de dicha comprobación.
Tercera cuestión prejudicial
63 Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se dilucide, en esencia, si el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de que la formación de un órgano jurisdiccional que ha de conocer de una solicitud de comprobación del cumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad de un miembro de dicho órgano jurisdiccional vulnere ella misma el derecho a un juez establecido previamente por la ley, debido a la presencia en su seno de un juez que no cumple tales requisitos, el órgano jurisdiccional de que se trate está obligado a velar por que ese juez no participe en el examen de la solicitud y debe inaplicar, en su caso, las normas nacionales que determinan la composición de esa formación con el fin de que la solicitud pueda ser examinada por un órgano que se atenga a las citadas disposiciones del Derecho de la Unión.
64 Así pues, de esta cuestión prejudicial se desprende que el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que un tribunal nacional que ha de controlar la independencia y la imparcialidad de determinados jueces debe velar por que la formación jurisdiccional de ese tribunal que realice tal examen no incluya jueces que no cumplan dichos requisitos y, en caso de respuesta afirmativa, cuáles son las medidas que dicho tribunal está obligado a adoptar al efecto.
65 Conforme a reiterada jurisprudencia, el principio de primacía del Derecho de la Unión consagra la preeminencia de este Derecho sobre el Derecho de los Estados miembros. En consecuencia, este principio obliga a todos los órganos de los Estados miembros a dar plena eficacia a las diferentes normas de la Unión, sin que el Derecho de los Estados miembros pueda influir en los efectos reconocidos a estas normas en el territorio de dichos Estados [sentencia de 13 de julio de 2023, YP y otros (Levantamiento de la inmunidad de un juez y suspensión en sus funciones), C‑615/20 y C‑671/20, EU:C:2023:562, apartado 61 y jurisprudencia citada].
66 De este modo, en virtud de dicho principio, en particular, todo juez nacional encargado de aplicar, en el ámbito de su competencia, las disposiciones del Derecho de la Unión tiene la obligación de garantizar la plena eficacia de las exigencias de ese Derecho en el litigio del que conoce, dejando inaplicada si fuera necesario, y por su propia iniciativa, cualquier normativa o práctica nacional que sea contraria a una norma de efecto directo del Derecho de la Unión, sin que deba solicitar o esperar la previa eliminación de dicha normativa o práctica nacional por vía legislativa o mediante cualquier otro procedimiento constitucional. El cumplimiento de esa obligación es necesario, concretamente, para garantizar el respeto de la igualdad entre los Estados miembros ante los Tratados y constituye una manifestación del principio de cooperación leal enunciado en el artículo 4 TUE, apartado 3 [sentencia de 13 de julio de 2023, YP y otros (Levantamiento de la inmunidad de un juez y suspensión en sus funciones), C‑615/20 y C‑671/20, EU:C:2023:562, apartado 62 y jurisprudencia citada].
67 Pues bien, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, interpretado a la luz del artículo 47 de la Carta, que impone a los Estados miembros una obligación de resultado clara y precisa y que no está sujeta a ninguna condición, en particular en lo que respecta a la independencia y la imparcialidad de los jueces a los que corresponde interpretar y aplicar el Derecho de la Unión y a la exigencia de que hayan sido establecidos previamente por la ley, tiene tal efecto directo, que entraña que deba dejarse inaplicada cualquier disposición, jurisprudencia o práctica nacional contraria a esos preceptos del Derecho de la Unión, según los interpreta el Tribunal de Justicia [sentencia de 13 de julio de 2023, YP y otros (Levantamiento de la inmunidad de un juez y suspensión en sus funciones), C‑615/20 y C‑671/20, EU:C:2023:562, apartado 63 y jurisprudencia citada].
68 También según jurisprudencia reiterada, incluso en ausencia de medidas legislativas nacionales que hayan puesto fin a un incumplimiento declarado por el Tribunal de Justicia, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales adoptar todas las disposiciones necesarias para facilitar que el Derecho de la Unión surta plenos efectos de conformidad con la doctrina derivada de la sentencia declarativa del incumplimiento. Asimismo, dichos órganos jurisdiccionales están obligados, en virtud del principio de cooperación leal previsto en el artículo 4 TUE, apartado 3, a eliminar las consecuencias ilícitas de una infracción del Derecho de la Unión [véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de marzo de 2022, Grossmania, C‑177/20, EU:C:2022:175, apartados 38 y 63 y jurisprudencia citada, y de 13 de julio de 2023, YP y otros (Levantamiento de la inmunidad de un juez y suspensión en sus funciones), C‑615/20 y C‑671/20, EU:C:2023:562, apartado 64].
69 Para cumplir las obligaciones mencionadas en los apartados 65 a 68 de la presente sentencia, un órgano jurisdiccional nacional está obligado a dar a la normativa nacional pertinente, en la medida de lo posible, una interpretación conforme con las exigencias dimanantes del Derecho de la Unión. Sin embargo, si tal interpretación no permite evitar una vulneración del derecho de los justiciables a un juez independiente e imparcial establecido previamente por la ley, dicho órgano jurisdiccional está obligado, para garantizar la primacía del Derecho de la Unión, a dejar sin aplicación las disposiciones nacionales en cuestión, en particular cuando estas entrañen que un asunto sea examinado por jueces que no tengan o parezcan no tener la imparcialidad necesaria [véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de octubre de 2021, W.Ż. (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del Tribunal Supremo — Nombramiento), C‑487/19, EU:C:2021:798, apartados 159 y 161, y de 13 de julio de 2023, YP y otros (Levantamiento de la inmunidad de un juez y suspensión en sus funciones), C‑615/20 y C‑671/20, EU:C:2023:562, apartado 65].
70 Sin embargo, el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, no impone a los Estados miembros un modelo único para garantizar la tutela judicial efectiva ni para restablecer la confianza en el sistema judicial que el público ha perdido debido a irregularidades sistémicas en el nombramiento de los jueces [sentencia de 24 de marzo de 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Recusación de un juez ordinario), C‑521/21, EU:C:2026:242, apartado 64].
71 Por consiguiente, corresponde al ordenamiento jurídico del Estado miembro de que se trate establecer normas procesales que permitan garantizar que la solicitud relativa a la comprobación del cumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad de un miembro de un tribunal sea examinada por una formación jurisdiccional que respete las exigencias derivadas del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.
72 Habida cuenta de todas las consideraciones precedentes, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de que la formación de un órgano jurisdiccional que ha de conocer de una solicitud de comprobación del cumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad de un miembro de dicho órgano jurisdiccional vulnere ella misma el derecho a un juez establecido previamente por la ley, debido a la presencia en su seno de un juez que no cumple tales requisitos, el órgano jurisdiccional de que se trate está obligado a velar por que ese juez no participe en el examen de la solicitud y debe dejar sin aplicación, en su caso, las normas nacionales que determinan la composición de esa formación con el fin de que la solicitud pueda ser examinada por un órgano que se atenga a las citadas disposiciones del Derecho de la Unión. En particular, debe excluirse de la formación jurisdiccional encargada de llevar a cabo ese examen a los jueces que no cumplan las exigencias de la imparcialidad requerida. Corresponde al ordenamiento jurídico del Estado miembro de que se trate establecer normas procesales que permitan garantizar que tal solicitud sea examinada por una formación jurisdiccional que respete las exigencias derivadas del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.
Costas
73 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes de los litigios principales, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
1) El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que
las circunstancias que acompañan el nombramiento de un juez pueden entrañar, por sí solas, una vulneración del derecho a un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, a efectos de esas disposiciones, si esas circunstancias implican una irregularidad de tal naturaleza y gravedad que suscita una duda legítima, en el ánimo de los justiciables, en cuanto a la independencia o la imparcialidad de ese juez.
2) El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a que la comprobación del cumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad de un juez que ejerce sus funciones en un tribunal y, en consecuencia, del derecho a un juez establecido previamente por la ley, a efectos de esas disposiciones, se encomiende a una formación jurisdiccional de dicho tribunal que incluya a uno o varios jueces que, debido a las condiciones de su nombramiento, se encuentren en una situación idéntica a la del juez objeto de dicha comprobación.
3) El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales,
debe interpretarse en el sentido de que
en el supuesto de que la formación de un órgano jurisdiccional que ha de conocer de una solicitud de comprobación del cumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad de un miembro de dicho órgano jurisdiccional vulnere ella misma el derecho a un juez establecido previamente por la ley, debido a la presencia en su seno de un juez que no cumple tales requisitos, el órgano jurisdiccional de que se trate está obligado a velar por que ese juez no participe en el examen de la solicitud y debe dejar sin aplicación, en su caso, las normas nacionales que determinan la composición de esa formación con el fin de que la solicitud pueda ser examinada por un órgano que se atenga a las citadas disposiciones del Derecho de la Unión. En particular, debe excluirse de la formación jurisdiccional encargada de llevar a cabo ese examen a los jueces que no cumplan las exigencias de la imparcialidad requerida. Corresponde al ordenamiento jurídico del Estado miembro de que se trate establecer normas procesales que permitan garantizar que tal solicitud sea examinada por una formación jurisdiccional que respete las exigencias derivadas del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.
Firmas
* Lengua de procedimiento: polaco.
i La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.