–

en nombre de Protéines France, 77 Foods SAS, Les Nouveaux Fermiers SAS, Umiami SAS, NxtFood SAS, Nutrition et santé SAS y Olga SAS, por el Sr. G. Hannotin, avocat;

–

en nombre de Union végétarienne européenne (EVU), por la Sra. A. Aubert, avocate;

–

en nombre de Beyond Meat Inc., por la Sra. C. Dupeyron, avocate, la Sra. M. R. Oyarzabal Arigita, abogada, y el Sr. B. Van Vooren, advocaat;

–

en nombre del Gobierno helénico, por las Sras. V. Karra, E. Leftheriotou y A. Vasilopoulou, en calidad de agentes;

–

en nombre del Gobierno francés, por los Sres. G. Bain y B. Fodda, en calidad de agentes;

–

en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por los Sres. M. Cherubini y P. Gentili, avvocati dello Stato;

–

en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. F. Clotuche-Duvieusart y B. Rous Demiri, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1924/2006 y (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.o 608/2004 de la Comisión (DO 2011, L 304, p. 18; corrección de errores en DO 2012, L 247, p. 17), en particular los artículos 7, 17 y 38 y el anexo VI, parte A, punto 4, de este.

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Protéines France, la Union végétarienne européenne (EVU), la Association végétarienne de France (AVF) y Beyond Meat Inc., por un lado, y el ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (Ministro de Economía, Hacienda y Soberanía Industrial y Digital, Francia), por otro, en relación con la legalidad del Décret n.o 2022‑947 relatif à l’utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales (Decreto n.o 2022‑947 sobre la utilización de determinadas denominaciones empleadas para designar alimentos que contienen proteínas vegetales), de 29 de junio de 2022 (JORF de 30 de junio de 2022, texto n.o 3).

3

El artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO 2002, L 31, p. 1), titulado «Definición de “alimento”», dispone:

«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por “alimento” (o “producto alimenticio”) cualquier sustancia o producto destinados a ser ingeridos por los seres humanos o con probabilidad razonable de serlo, tanto si han sido transformados entera o parcialmente como si no.

[…]»

4

El artículo 3, punto 1, del Reglamento define el concepto de «legislación alimentaria» del modo siguiente:

«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

5

A tenor del artículo 8 de dicho Reglamento:

«[…] La legislación alimentaria tendrá como objetivo proteger los intereses de los consumidores y ofrecerles una base para elegir con conocimiento de causa los alimentos que consumen. Tendrá asimismo como objetivo prevenir:

6

El artículo 17, apartado 2, del mismo Reglamento establece:

«Los Estados miembros velarán por el cumplimiento de la legislación alimentaria, y controlarán y verificarán que los explotadores de empresas alimentarias y de empresas de piensos cumplen los requisitos pertinentes de la legislación alimentaria en todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución.

[…]

Los Estados miembros regularán asimismo las medidas y las sanciones aplicables a las infracciones de la legislación alimentaria y de la legislación relativa a los piensos. Esas medidas y sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.»

7

El anexo I del Reglamento (CE) n.o 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal (DO 2004, L 139, p. 55; corrección de errores en DO 2004, L 226, p. 22), establece:

«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

[…]

[…]

[…]

[…]»

8

Los considerandos 1 y 3 del Reglamento n.o 1169/2011 establecen:

[…]

9

A tenor del artículo 1, apartado 1, de este Reglamento:

«El presente Reglamento establece la base para garantizar un alto nivel de protección de los consumidores en relación con la información alimentaria, teniendo en cuenta las diferencias en la percepción de los consumidores y sus necesidades de información, al mismo tiempo que asegura un funcionamiento correcto del mercado interior.»

10

El artículo 2 de dicho Reglamento dispone:

«1.   A efectos del presente Reglamento, serán de aplicación las siguientes definiciones:

[…]

[…]

2   Asimismo, se entenderá por:

[…]

[…]

[…]».

11

El artículo 7 del mismo Reglamento establece:

«1.   La información alimentaria no inducirá a error, en particular:

[…]

2.   La información alimentaria será precisa, clara y fácil de comprender para el consumidor.

[…]

4.   Los apartados 1, 2 y 3 también se aplicarán a:

12

A tenor del artículo 8 del Reglamento n.o 1169/2011:

«1.   El operador de empresa alimentaria responsable de la información alimentaria será el operador con cuyo nombre o razón social se comercialice el alimento […]

2.   El operador de empresa alimentaria responsable de la información alimentaria garantizará la presencia y la exactitud de dicha información de conformidad con la normativa aplicable sobre información alimentaria y los requisitos de las disposiciones nacionales pertinentes.

[…]»

13

El artículo 9 de este Reglamento establece, de conformidad con su título, la «lista de menciones obligatorias», entre las que se encuentran, en el apartado 1, letra a), «la denominación del alimento» y, en la letra b) de ese mismo apartado, «la lista de ingredientes».

14

A tenor del artículo 17 de dicho Reglamento:

«1.   La denominación del alimento será su denominación legal. A falta de tal denominación, la denominación del alimento será la habitual, o, en caso de que esta no exista o no se use, se facilitará una denominación descriptiva del alimento.

2.   En el Estado miembro de comercialización se admitirá la utilización de la denominación del alimento con la que el producto se fabrique y comercialice legalmente en el Estado miembro de producción. No obstante, cuando la aplicación de las demás disposiciones del presente Reglamento, en particular las previstas en el artículo 9, no sean suficientes para permitir a los consumidores del Estado miembro de comercialización conocer la naturaleza real del alimento y distinguirlo de los alimentos con los que pudiera confundirse, la denominación del alimento deberá completarse con otras indicaciones descriptivas que habrán de figurar en su proximidad.

[…]

5.   En el anexo VI se establecen disposiciones específicas sobre la denominación del alimento y las menciones que deberán acompañarlo.»

15

El artículo 38 del mismo Reglamento dispone:

«1.   Respecto a las materias específicamente armonizadas por el presente Reglamento, los Estados miembros no podrán adoptar ni mantener medidas nacionales salvo que lo autorice el Derecho de la Unión. Dichas medidas nacionales no supondrán un aumento de obstáculos a la libre circulación de mercancías, incluida la discriminación en relación con los alimentos de otros Estados miembros.

2   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39, los Estados miembros podrán adoptar medidas nacionales sobre las materias no específicamente armonizadas por el presente Reglamento a condición de que no prohíban, impidan o limiten la libre circulación de mercancías que sean conformes con el presente Reglamento.»

16

El anexo VI del Reglamento n.o 1169/2011, titulado «Denominación del alimento y menciones específicas que lo acompañan», establece, en el punto 4 de la parte A, a su vez titulada «Menciones obligatorias que acompañan a la denominación del alimento»:

«En el caso de alimentos en los que un componente o ingrediente que los consumidores esperan que haya sido habitualmente utilizado, se ha sustituido por otro componente o ingrediente, el etiquetado deberá contener —además de la lista de ingredientes— una indicación clara del componente o ingrediente que ha sido utilizado en esa sustitución parcial o total:

17

El artículo L. 412‑10 del Code de la consommation (Código de Consumo) francés, introducido por el artículo 5 de la loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires (Ley de Transparencia en la Información sobre Productos Agrícolas y Alimentarios), de 10 de junio de 2020 (JORF de 11 de junio de 2020, texto n.o 1), dispone:

«[…] Las denominaciones utilizadas para designar alimentos de origen animal no pueden utilizarse para describir, comercializar o promocionar alimentos que contienen proteínas vegetales. Mediante decreto se fijará el contenido en proteínas vegetales por encima del cual no podrá utilizarse esa denominación. Dicho decreto definirá también las modalidades de aplicación del presente artículo y las sanciones que se impondrán en caso de incumplimiento.»

18

Sobre la base de la disposición mencionada en el apartado anterior, las autoridades francesas adoptaron el Decreto n.o 2022‑947.

19

Según el artículo 1, párrafo primero, de dicho Decreto, este se aplicará «a los alimentos fabricados en el territorio nacional que contengan proteínas vegetales».

20

En virtud del artículo 2 de dicho Decreto:

«Queda prohibido utilizar, para designar un producto transformado que contenga proteínas vegetales:

21

El artículo 3 del mismo Decreto establece:

«Como excepción a lo dispuesto en el artículo 2, podrá utilizarse la denominación de un alimento de origen animal:

[…]».

22

En virtud del artículo 5 del Decreto n.o 2022-947:

«Aquellos productos que se fabriquen y comercialicen legalmente en otro Estado miembro de la Unión Europea o en Turquía, o que se fabriquen legalmente en otro Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo[, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3)], no estarán sujetos a los requisitos previstos en el presente Decreto.»

23

El artículo 6 de este Decreto establece:

«Queda prohibido poseer con vistas a la venta o a la distribución gratuita, o poner a la venta, vender o distribuir gratuitamente alimentos que no cumplan las normas establecidas en el presente Decreto.»

24

El artículo 7 del citado Decreto establece:

«Toda infracción de las disposiciones del artículo 6 del presente Decreto será sancionada con una multa administrativa de hasta 1500 euros para una persona física y de hasta 7500 euros para una persona jurídica. […]»

25

De conformidad con su artículo 8, dicho Decreto entró en vigor el 1 de octubre de 2022.

26

El anexo del Decreto n.o 2022-947 contiene una lista de denominaciones de alimentos de origen animal que pueden contener proteínas vegetales y la proporción máxima de proteínas vegetales que pueden contener los alimentos para los que se utilizan estas denominaciones.

27

El artículo 2 del Décret n.o 2024‑144 relatif à l’utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales (Decreto n.o 2024‑144 sobre la utilización de determinadas denominaciones empleadas para designar alimentos que contienen proteínas vegetales), de 24 de febrero de 2024 (JORF de 27 de febrero de 2024, texto n.o 15), dispone:

«Está prohibido utilizar, para describir, comercializar o promocionar un producto procesado que contenga proteínas vegetales:

28

En virtud de su artículo 8, el Decreto n.o 2024-144 entró en vigor el 1 de mayo de 2024.

29

A tenor del artículo 9 de dicho Decreto:

«Queda derogado el Decreto n.o 2022-947 […]».

30

La lista comprendida en el anexo I del Decreto n.o 2024-144 contiene las denominaciones siguientes:

«– Filet;

31

El anexo II de dicho Decreto contiene una lista de términos autorizados para la designación de los alimentos de origen animal que pueden contener proteínas vegetales y la proporción máxima de proteínas vegetales que pueden contener los alimentos para los que se utilizan estos términos.

32

El 18 de julio de 2022, Protéines France, que representa los intereses de las empresas que operan en el mercado francés de las proteínas vegetales, interpuso un recurso ante el Conseil d’État (Consejo de Estado, Francia), el órgano jurisdiccional remitente, por el que solicitaba la anulación del Decreto n.o 2022‑947.

33

Mediante auto de 27 de julio de 2022, este órgano jurisdiccional, actuando como juez de medidas provisionales, suspendió la ejecución de dicho Decreto en lo que respecta a las medidas previstas en su artículo 2, apartados 3 y 4.

34

Dicho órgano jurisdiccional admitió varias demandas de intervención en apoyo de las pretensiones de Protéines France.

35

El 30 de agosto y el 21 de octubre de 2022, respectivamente, la EVU y la AVF, que promueven el vegetarianismo en la Unión y en Francia, respectivamente, y Beyond Meat, que fabrica y comercializa productos a base de proteínas vegetales, también interpusieron recursos ante el mismo órgano jurisdiccional por los que solicitaban la anulación del Decreto n.o 2022-947.

36

El órgano jurisdiccional remitente acumuló los tres asuntos, que tenían por objeto la solicitud de anulación de ese Decreto.

37

En apoyo de sus recursos, las demandantes en el litigio principal alegaron, en particular, que dicho Decreto, que prohíbe el uso de denominaciones como «filete» o «salchicha» para designar productos transformados que contienen proteínas vegetales, sin añadir o incluso añadiendo indicaciones complementarias como «vegetal» o «soja», infringe varias disposiciones del Reglamento n.o 1169/2011.

38

El órgano jurisdiccional remitente considera que los motivos así invocados ante él suscitan cuestiones decisivas para la resolución del litigio que debe resolver y que plantean una seria dificultad.

39

En estas circunstancias, el Conseil d’État (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

40

Como señalan las demandantes en el procedimiento principal, Protéines France y Beyond Meat, en el curso del procedimiento ante el Tribunal de Justicia, las autoridades francesas adoptaron el Decreto n.o 2024-144, cuyo artículo 9 prevé la derogación del Decreto n.o 2022-947.

41

En consecuencia, mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 1 de marzo de 2024, se envió una solicitud de información al órgano jurisdiccional remitente con el fin de obtener aclaraciones sobre las posibles consecuencias de la adopción del Decreto n.o 2024-144 en la subsistencia del objeto del procedimiento principal y en la tramitación de la petición de decisión prejudicial.

42

El 15 de marzo de 2024, el órgano jurisdiccional remitente presentó su respuesta a esa solicitud de información y, el 7 de mayo de 2024, un complemento a esa respuesta, que fue admitido mediante decisión del Presidente de la Sala Segunda de 8 de mayo de 2024.

43

El órgano jurisdiccional remitente considera que, a pesar de la adopción del Decreto n.o 2024-144, las cuestiones planteadas siguen siendo decisivas para la resolución del litigio de que conoce. En particular, en dicha respuesta, el órgano jurisdiccional remitente señala, por un lado, que la aplicación del Decreto n.o 2022-947 solo quedó suspendida en parte mediante el auto mencionado en el apartado 33 de la presente sentencia. Por consiguiente, a algunas de las disposiciones de dicho Decreto se les dio una aplicación efectiva entre el 1 de octubre de 2022, fecha de entrada en vigor del Decreto n.o 2022-947, en virtud del artículo 8 de dicho Decreto, y el 30 de abril de 2024, fecha en la que debía derogarse dicho Decreto, de conformidad con el artículo 9 del Decreto n.o 2024‑144, que entró en vigor el 1 de mayo de 2024, en virtud del artículo 8 del citado Decreto. Por otra parte, dicho órgano jurisdiccional señala que varios de los demandantes en el procedimiento principal han manifestado su intención de impugnar también ante él el Decreto n.o 2024-144, por los mismos motivos que los ya invocados contra el Decreto n.o 2022-947, debido a que, a su juicio, determinadas disposiciones de ambos Decretos son idénticas.

44

Además, el órgano jurisdiccional remitente presentó un auto de 10 de abril de 2024 por el que, pronunciándose sobre una demanda interpuesta por varias empresas francesas, suspendía la aplicación del Decreto n.o 2024-144. Este órgano jurisdiccional señala que esta suspensión impide la derogación del Decreto n.o 2022-947.

45

De la información que, en los términos descritos, se ha facilitado en respuesta a la solicitud de información del Tribunal de Justicia se desprende que, a pesar de la adopción del Decreto n.o 2024-144, los recursos ante el órgano jurisdiccional remitente no han perdido su objeto.

46

Habida cuenta de cuanto precede, ha de hacerse constar que el órgano jurisdiccional remitente explica de modo suficiente en Derecho las razones por las que la adopción, en el curso del procedimiento, del Decreto n.o 2024-144 no convierte en hipotética la presente petición de decisión prejudicial, la cual, por tanto, debe declararse admisible.

47

Con carácter preliminar, debe recordarse, por una parte, que de la jurisprudencia se desprende que las disposiciones del artículo 17 y del anexo VI, parte A, punto 4, del Reglamento n.o 1169/2011 completan las del artículo 7 de dicho Reglamento mediante normas especiales en materia de etiquetado, con el fin de proteger al consumidor contra los engaños producidos por una indicación inexacta (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de diciembre de 2022, LSI — Germany, C‑595/21, EU:C:2022:949, apartado 31).

48

Por otra parte, la interpretación de estas disposiciones debe realizarse a la luz de las definiciones de «denominación legal», «denominación habitual» y «denominación descriptiva» que figuran, respectivamente, en el artículo 2, apartado 2, letra n), en el artículo 2, apartado 2, letra o), y en el artículo 2, apartado 2, letra p), de dicho Reglamento, así como de la obligación, establecida en el artículo 9, apartado 1, letra a), del mismo Reglamento, de mencionar en el alimento de que se trate su denominación.

49

Por consiguiente, ha de considerarse que, mediante sus cuestiones primera y segunda, que deben examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 7 y 17 y el anexo VI, parte A, punto 4, del Reglamento n.o 1169/2011, a la luz de los artículos 2, apartado 2, letras n) a p), y 9, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, deben interpretarse en el sentido de que armonizan específicamente, en el sentido del artículo 38, apartado 1, de dicho Reglamento, la protección de los consumidores contra el riesgo de ser inducidos a error por el uso de denominaciones, distintas de las legales, compuestas de términos procedentes de los sectores de la carnicería, de la charcutería y de la pescadería para describir, comercializar o promocionar alimentos que contengan proteínas vegetales en lugar de proteínas de origen animal, incluso en su totalidad, por lo que se oponen a que un Estado miembro adopte medidas nacionales que regulen o prohíban el uso de denominaciones de esa naturaleza.

50

A tenor del artículo 38, apartado 1, primera frase, del Reglamento n.o 1169/2011, «respecto a las materias específicamente armonizadas por el presente Reglamento, los Estados miembros no podrán adoptar ni mantener medidas nacionales salvo que lo autorice el Derecho de la Unión».

51

De la jurisprudencia se desprende que ninguna de las disposiciones del Reglamento n.o 1169/2011 enumera las «materias específicamente armonizadas» por dicho Reglamento, en el sentido de su artículo 38, apartado 1, y que la identificación de tales materias debe efectuarse con observancia estricta del texto del referido Reglamento (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de octubre de 2020, Groupe Lactalis, C‑485/18, EU:C:2020:763, apartado 25).

52

En el presente asunto, ha de determinarse si las demás disposiciones del Reglamento n.o 1169/2011 mencionadas en el apartado 49 de la presente sentencia realizan una armonización específica de la materia que las autoridades francesas decidieron regular mediante la adopción del Decreto n.o 2022-947.

53

En virtud del artículo 7, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 1169/2011, la información alimentaria no inducirá a error a los consumidores y será precisa, clara y fácil de comprender para estos.

54

A este respecto, del artículo 7, apartado 1, letras a) y d), de dicho Reglamento se desprende, en particular, que los errores de los que debe protegerse a los consumidores afectan, por una parte, a las características del alimento de que se trate, en particular a su naturaleza y composición, y, por otra parte, a la posibilidad de que, mediante su apariencia, descripción o representación gráfica, se les sugiera «la presencia de un determinado alimento o ingrediente, cuando en realidad un componente presente de forma natural o un ingrediente utilizado normalmente en dicho alimento se ha sustituido por un componente o un ingrediente distinto».

55

Además, del artículo 7, apartado 4, de dicho Reglamento se desprende que las obligaciones que dicho artículo impone en materia de información al consumidor se aplicarán también a la publicidad y a la presentación de los alimentos.

56

En virtud del artículo 9, apartado 1, letra a), del mismo Reglamento, es obligatorio que los alimentos lleven su «denominación».

57

El artículo 17, apartado 1, del Reglamento n.o 1169/2011 dispone que la denominación del alimento será su «denominación legal». A falta de tal denominación, la denominación del alimento será la «denominación habitual». En caso de que esta no exista o no se use, se facilitará una «denominación descriptiva» del alimento.

58

El artículo 2, apartado 2, letras n) a p), de este Reglamento ofrece definiciones de los tres conceptos mencionados en el apartado anterior. Así, en primer lugar, la «denominación legal» de un alimento es la «prescrita en las disposiciones de la Unión aplicables al mismo o, a falta de tales disposiciones de la Unión, la denominación prevista en las [disposiciones] aplicables en el Estado miembro en que el alimento se vende al consumidor final». En segundo lugar, la «denominación habitual» de un alimento es cualquier nombre que se acepte como denominación del alimento, de manera que los consumidores del Estado miembro en que se vende no necesiten ninguna otra aclaración. En tercer lugar, la «denominación descriptiva» de un alimento es la que proporciona una descripción del alimento y que es suficientemente clara para permitir a los consumidores conocer su naturaleza y distinguirlo de otros productos con los que pudiera confundirse.

59

De conformidad con el artículo 17, apartado 5, del Reglamento n.o 1169/2011, en el anexo VI del citado Reglamento se establecen disposiciones específicas sobre la denominación del alimento y las menciones que deberán acompañarlo.

60

A este respecto, el anexo VI, parte A, punto 4, de dicho Reglamento dispone que, en el caso de alimentos en los que un componente o ingrediente que los consumidores esperan que haya sido habitualmente utilizado se ha sustituido por otro componente o ingrediente, el etiquetado deberá incluir —además de la lista de ingredientes— una indicación clara del componente o ingrediente que ha sido utilizado en esa sustitución parcial o total, muy cerca de la «denominación del producto», en caracteres de un tamaño suficientemente grande en relación con esta.

61

Así, una lectura conjunta de las disposiciones de los artículos 7, apartados 1, 2 y 4, 9, apartado 1, letra a), y 17, apartados 1 y 5, así como del anexo VI, parte A, punto 4, del Reglamento n.o 1169/2011, permite resumirlas del modo siguiente.

62

En primer lugar, los alimentos deben llevar una denominación. En segundo lugar, esta denominación debe ser una denominación legal o, a falta de esta, una denominación habitual o, en su defecto, una denominación descriptiva. En tercer lugar, dicha denominación debe ser precisa, clara y fácil de comprender para el consumidor. En cuarto lugar, la denominación no deberá inducir a error al consumidor, en particular, sobre las características del alimento en cuestión, entre las que se cuentan la naturaleza y la composición de este, y sobre la sustitución de los componentes o ingredientes naturales habitualmente utilizados por componentes o ingredientes diferentes. En quinto lugar, estos requisitos deberán cumplirse a la hora de comercializar y promocionar cualquier alimento.

63

En cuanto atañe a las denominaciones legales, según el primer supuesto contemplado en el artículo 2, apartado 2, letra n), del Reglamento n.o 1169/2011, estas pueden estar prescritas en las disposiciones de la Unión. Así, por ejemplo, el artículo 2, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento remite al anexo I del Reglamento n.o 853/2004 en lo que respecta a las definiciones de «carne», «carne separada mecánicamente», «preparados de carne», «productos de la pesca» y «productos cárnicos».

64

Dado que la «carne» se define, en el punto 1.1 del citado anexo I, como «las partes comestibles de los animales», un alimento que no contenga dichas partes no puede utilizar la denominación «carne», aunque venga acompañada de indicaciones sobre la sustitución de componentes o ingredientes.

65

Según el segundo supuesto contemplado en el artículo 2, apartado 2, letra n), del Reglamento n.o 1169/2011, a falta de una denominación legal prescrita en las disposiciones de la Unión, los Estados miembros podrán adoptar disposiciones nacionales que prevean dicha denominación.

66

En el presente asunto, por un lado, no existe ninguna disposición del Derecho de la Unión que exija el uso de determinadas denominaciones legales para los productos a base de proteínas vegetales o que prescriba las denominaciones legales aplicables a los productos por el mero hecho de que se definan como de origen animal, sin más indicaciones.

67

Por otra parte, del auto mencionado en el apartado 33 de la presente sentencia se desprende que, en el marco del litigio principal, las autoridades francesas descartaron la hipótesis de que el Decreto n.o 2022-947 estableciera una denominación legal.

68

Sin embargo, como señaló la Abogada General en el punto 84 de sus conclusiones, la cuestión de si estas autoridades han adoptado una denominación de esa naturaleza debe apreciarse de manera objetiva.

69

Si bien esta apreciación debe realizarla el órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal de Justicia puede proporcionarle los criterios de interpretación del Derecho de la Unión necesarios a tal efecto (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de julio de 2019, Baltic Media Alliance, C‑622/17, EU:C:2019:566, apartado 47).

70

A este respecto, del tenor del artículo 2, apartado 2, letra n), del Reglamento n.o 1169/2011 se desprende que las denominaciones legales deben estar «prescritas» o «previstas», es decir, definidas, por disposiciones del Derecho de la Unión o del Derecho de un Estado miembro, con vistas a designar un alimento. Así, adoptar una denominación legal supone asociar una expresión específica a un alimento concreto.

71

Es a la luz de las consideraciones que preceden como ha de examinarse la alegación formulada por el Gobierno italiano en sus observaciones escritas, según la cual, dado que los Estados miembros, a falta de una denominación legal prescrita por la Unión, pueden adoptar medidas para prever denominaciones legales para determinados alimentos, debe reconocérseles también la facultad de prohibir la utilización de determinadas denominaciones para determinados alimentos. En tal sentido, a juicio de dicho Gobierno, la prohibición de utilizar una denominación determinada para ciertos alimentos equivale a la imposición de una denominación legal para alimentos que presentan características diferentes de las contempladas por la prohibición en cuestión. En apoyo de esta alegación, el citado Gobierno invoca la sentencia de 14 de junio de 2017 en el asunto TofuTown.com (C‑422/16, EU:C:2017:458), en la que, a su entender, el Tribunal de Justicia descartó que las denominaciones «leche» y «productos lácteos» pudieran utilizarse para designar alimentos no derivados de la secreción mamaria.

72

No obstante, ha de señalarse que, a efectos del Reglamento n.o 1169/2011, la adopción de medidas consistentes en prever que unos alimentos deban cumplir determinados requisitos, en particular en lo que se refiere a su composición, para ser designados por términos entendidos, en virtud de dichas medidas, como denominación legal no puede considerarse equivalente a la adopción de medidas que prohíben la utilización de determinados términos, no definidos legalmente por dichas medidas, para designar alimentos con determinadas características, en particular en lo que se refiere a su composición.

73

En efecto, las primeras medidas permiten garantizar la protección del consumidor, que debe poder suponer que un alimento designado mediante términos específicos que constituyen una denominación legal determinada cumple los requisitos previstos específicamente para su utilización. En cambio, las segundas medidas no reservan el uso de términos definidos con precisión, como denominación legal, por una autoridad para la designación de alimentos con características específicas.

74

La doctrina que se extrae de la sentencia de 14 de junio de 2017, TofuTown.com (C‑422/16, EU:C:2017:458), no pone en cuestión la falta de equivalencia que se acaba de mencionar.

75

En efecto, de los apartados 5, 8, 20 a 22, 25 y 28 a 30 de dicha sentencia se deduce que las disposiciones del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (DO 2013, L 347, p. 671), que el Tribunal de Justicia debía interpretar en el asunto en que recayó dicha sentencia, definen con precisión los requisitos que deben cumplir los alimentos para poder utilizar la denominación «leche» y las denominaciones propias de los «productos lácteos».

76

En virtud de estas disposiciones, por una parte, la denominación «leche» se reserva exclusivamente al producto de la secreción mamaria normal. Por otro lado, los «productos lácteos» son los derivados exclusivamente de la leche y solo estos productos pueden utilizar las denominaciones que figuran en una lista anexa al Reglamento n.o 1308/2013, así como las denominaciones, en el sentido del artículo 17 del Reglamento n.o 1169/2011, efectivamente utilizadas para dichos productos.

77

A la vista de ese marco jurídico particular, en el fallo de su sentencia de 14 de junio de 2017, TofuTown.com (C‑422/16, EU:C:2017:458), el Tribunal de Justicia declaró, en esencia, que esas disposiciones se oponen que la denominación «leche» y las denominaciones que este Reglamento reserva exclusivamente a los productos lácteos se utilicen para designar, en la comercialización o en la publicidad, un producto puramente vegetal, aun cuando esas denominaciones se completen con menciones explicativas o descriptivas que indiquen el origen vegetal del producto en cuestión, salvo excepción prevista por el Derecho de la Unión.

78

Ahora bien, es preciso hacer constar que el Derecho de la Unión no establece ninguna norma que reserve a determinados alimentos, específicamente definidos como de origen animal, la utilización de denominaciones legales que contengan términos procedentes de los sectores de la carnicería, la charcutería y la pescadería, contemplados en el Decreto n.o 2022-947, o los términos enumerados en el anexo I del Decreto n.o 2024-144. Además, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia no se desprende que tales normas existan en la legislación francesa.

79

De ello se deduce que la doctrina de la sentencia de 14 de junio de 2017, TofuTown.com (C‑422/16, EU:C:2017:458), no puede extrapolarse a efectos del examen de las cuestiones primera y segunda.

80

Por lo tanto, sin perjuicio de la verificación que corresponderá realizar al órgano jurisdiccional remitente de conformidad con los apartados 67 a 69 de la presente sentencia, ha de afirmarse que el Decreto n.o 2022-947 no contiene una «denominación legal» en el sentido del Reglamento n.o 1169/2011, sino que versa sobre la determinación de las «denominaciones habituales» o las «denominaciones descriptivas» que no pueden utilizarse para designar los alimentos a base de proteínas vegetales. Por lo tanto, es necesario determinar si esos conceptos están específicamente armonizados por dicho Reglamento, en el sentido de su artículo 38, apartado 1.

81

A este respecto, ha de señalarse que el artículo 2, apartado 2, letras o) y p), del Reglamento n.o 1169/2011 no prevé que los Estados miembros puedan adoptar medidas que regulen las denominaciones habituales o descriptivas de un determinado alimento, contrariamente a lo que establece el artículo 2, apartado 2, letra n), de dicho Reglamento en lo tocante a las denominaciones legales.

82

Esta diferencia se explica por el hecho de que, a la vista de las definiciones adoptadas por el legislador de la Unión para estas denominaciones habituales y descriptivas, las autoridades nacionales no pueden circunscribir su alcance de forma general y abstracta. En efecto, como alegan en esencia Protéines France y la EVU, por una parte, solo cabrá considerar que una denominación es una denominación habitual de un alimento si el lenguaje corriente, el uso, el hábito, la tradición y la costumbre permiten afirmar que los consumidores reconocen esa denominación como designación específica del producto al que va unida. Por otra parte, para ser calificada como «denominación descriptiva», una denominación, mediante su lectura, debe permitir comprender cuáles son las características principales del alimento así designado.

83

Por lo tanto, a falta de adopción de una denominación legal, del artículo 38, apartado 1, del Reglamento n.o 1169/2011 se desprende que un Estado miembro no puede impedir, mediante una prohibición general y abstracta, que los productores de alimentos a base de proteínas vegetales cumplan su obligación de indicar la denominación de dichos alimentos utilizando denominaciones habituales o denominaciones descriptivas.

84

En cuanto atañe a la cuestión de si un Estado miembro puede adoptar medidas generales y abstractas para prevenir el riesgo de que la utilización de determinadas denominaciones habituales o descriptivas pueda inducir a error a los consumidores debido a que estos no estarían correctamente informados de que, en los alimentos designados con esas denominaciones, las proteínas animales han sido sustituidas por proteínas vegetales, debe tenerse en cuenta que, como se desprende de los apartados 54 y 60 de la presente sentencia, el artículo 7, apartado 1, letra d), y el anexo VI, parte A, punto 4, del Reglamento n.o 1169/2011 se refieren específicamente a la sustitución de componentes o ingredientes alimentarios. Por lo tanto, esta materia también está específicamente armonizada por dicho Reglamento, en el sentido de su artículo 38, apartado 1.

85

Sin embargo, los Gobiernos que han presentado observaciones escritas y la Comisión Europea alegan, en esencia, que estas disposiciones no contemplan la situación que, a su entender, es pertinente en el presente asunto, en el que la composición del alimento en cuestión se convierte, según afirman, en otra completamente diferente.

86

Según reiterada jurisprudencia, para la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión, ha de tenerse en cuenta no solo el tenor de esta, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte [sentencia de 12 de mayo de 2021, Bundesrepublik Deutschland (Notificación roja de Interpol), C‑505/19, EU:C:2021:376, apartado 77 y jurisprudencia citada].

87

En un plano literal, cabe señalar que el tenor del artículo 7, apartado 1, letra d), y el del anexo VI, parte A, punto 4, del Reglamento n.o 1169/2011 aluden a la sustitución de un componente o ingrediente por otro componente o ingrediente diferente. Ahora bien, el hecho de que estas disposiciones se refieran a un componente o ingrediente no es suficiente para considerarlas inaplicables cuando el componente o ingrediente sustituido sea el único componente o ingrediente de un alimento.

88

En un plano contextual, el artículo 2, apartado 2, letra f), del Reglamento define el término «ingrediente» como «cualquier sustancia o producto, incluidos los aromas, los aditivos alimentarios y las enzimas alimentarias y cualquier componente de un ingrediente compuesto que se utilice en la fabricación o la elaboración de un alimento y siga estando presente en el producto acabado, aunque sea en una forma modificada». El artículo 2, apartado 2, letra q), del Reglamento dispone que por «ingrediente primario» se entenderá «un ingrediente o ingredientes de un alimento que representen más del 50 % del mismo o que el consumidor asocia generalmente con su denominación y respecto al cual se requiere normalmente una indicación cuantitativa».

89

Pues bien, el artículo 7, apartado 1, letra d), y el anexo VI, parte A, punto 4, del mismo Reglamento utilizan el término «ingrediente» sin excluir los «ingredientes primarios». Por consiguiente, estos pueden ser objeto de sustitución en el sentido de estas disposiciones.

90

En un plano teleológico, del artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.o 1169/2011, interpretado a la luz de sus considerandos 1 y 3, se desprende que dicho Reglamento tiene por objeto alcanzar un nivel de protección elevado de los consumidores en relación con la información alimentaria, teniendo en cuenta las diferencias en la percepción de los consumidores y sus necesidades de información, al mismo tiempo que se asegura un funcionamiento correcto del mercado interior, mediante la adopción de disposiciones de base.

91

Ahora bien, este nivel de protección elevado puede verse comprometido si las disposiciones relativas a la sustitución, en un alimento, de un componente o ingrediente por otro componente o ingrediente diferente no se aplican cuando esta sustitución afecta a un componente o ingrediente especialmente importante dentro de un alimento o incluso constituye su único componente o ingrediente. En efecto, paradójicamente, el resultado no sería que la venta y la promoción de este alimento estarían prohibidas por el Derecho de la Unión, sino que la protección de los consumidores en estos casos no estaría armonizada y, por tanto, garantizada, mientras que sí lo estaría cuando la sustitución se refiera a un componente o ingrediente menos importante.

92

Por lo tanto, debe considerarse que el artículo 7, apartado 1, letra d), y el anexo VI, parte A, punto 4, del Reglamento n.o 1169/2011 también comprenden la cuestión de la información que debe proporcionarse a los consumidores cuando la composición del alimento en cuestión cambia por completo.

93

Además, de la jurisprudencia relativa en particular a estas disposiciones se desprende que el hecho de indicar, muy cerca de la denominación del alimento, la información relativa a la sustitución de un componente o de un ingrediente basta para proteger al consumidor contra el riesgo de ser inducido a error (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de diciembre de 2022, LSI — Germany, C‑595/21, EU:C:2022:949, apartados 32 y 34).

94

Por lo tanto, como señala en esencia Beyond Meat, esas disposiciones establecen una presunción iuris tantum de que la información facilitada conforme a los criterios que en ellas se establecen protege suficientemente a los consumidores, incluso en caso de sustitución total del único componente o ingrediente que los consumidores pueden esperar encontrar en un alimento designado con una denominación habitual o una denominación descriptiva que contenga determinados términos.

95

No es menos cierto que, si una autoridad nacional considera que las modalidades concretas de venta o de promoción de un alimento inducen a error al consumidor, podrá emprender acciones legales contra el operador en cuestión del sector alimentario, el cual, en virtud del artículo 8, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 1169/2011, es responsable de la información que aparece en ese alimento y debe garantizar la presencia y exactitud de dicha información, así como demostrar que se revierte la presunción mencionada.

96

Habida cuenta de todo cuanto antecede, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que los artículos 7 y 17, así como el anexo VI, parte A, punto 4, del Reglamento n.o 1169/2011, a la luz de los artículos 2, apartado 2, letras o) y p), y 9, apartado 1, letra a), del propio Reglamento, deben interpretarse en el sentido de que armonizan específicamente, en el sentido del artículo 38, apartado 1, de dicho Reglamento, la protección de los consumidores contra el riesgo de ser inducidos a error por el uso de denominaciones, distintas de las legales, compuestas de términos procedentes de los sectores de la carnicería, de la charcutería y de la pescadería para describir, comercializar o promocionar alimentos que contengan proteínas vegetales en lugar de proteínas de origen animal, incluso en su totalidad, por lo que se oponen a que un Estado miembro adopte medidas nacionales que regulen o prohíban el uso de denominaciones de esa naturaleza.

97

Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si, en caso de respuesta afirmativa a las cuestiones prejudiciales primera o segunda, el artículo 38, apartado 1, del Reglamento n.o 1169/2011 debe interpretarse en el sentido de que la armonización específica que llevan a cabo las disposiciones objeto de dichas cuestiones prejudiciales se opone a que un Estado miembro adopte una medida nacional que, por una parte, prevea la imposición de sanciones administrativas en caso de incumplimiento de los requisitos y prohibiciones resultantes de las disposiciones de dicho Reglamento y, por otra, determine el contenido en proteínas vegetales por debajo del cual sigue estando autorizado utilizar denominaciones, distintas de la denominación legal, compuestas por términos de los sectores de la carnicería y la charcutería para describir, comercializar o promocionar alimentos que contienen proteínas vegetales.

98

En cuanto a la primera parte de la tercera cuestión prejudicial, relativa a las prohibiciones y sanciones resultantes de los artículos 6 y 7 del Decreto n.o 2022‑947, ha de recordarse que, en virtud del artículo 17, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento n.o 178/2002, los Estados miembros regularán las medidas y las sanciones aplicables a las infracciones de la legislación alimentaria, las cuales deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

99

De conformidad con el artículo 3, punto 1, de dicho Reglamento, se entenderá por «legislación alimentaria» las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables a los alimentos en general y a la seguridad de los alimentos en particular, en el Derecho de la Unión o en el Derecho nacional. Por otra parte, la legislación alimentaria se aplica a cualquiera de las etapas de la producción, la transformación y la distribución de alimentos.

100

Del artículo 8 de este Reglamento se infiere que la legislación alimentaria tendrá como objetivo proteger los intereses de los consumidores y prevenir, en particular, las prácticas fraudulentas o engañosas, así como cualquier otra práctica que pueda inducir a engaño al consumidor.

101

Estos elementos relativos al Reglamento n.o 178/2002 también son pertinentes en lo tocante al Reglamento n.o 1169/2011.

102

En efecto, de conformidad con el artículo 2, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 1169/2011, a efectos de dicho Reglamento, la definición de «legislación alimentaria» es la formulada en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 178/2002. El considerando 4 del Reglamento n.o 1169/2011 recuerda que, de conformidad con el Reglamento n.o 178/2002, un principio general de la legislación alimentaria es ofrecer a los consumidores una base para elegir con conocimiento de causa los alimentos que consumen y evitar cualquier práctica que pueda inducir a engaño al consumidor.

103

Dado que la legislación alimentaria incluye el Reglamento n.o 1169/2011 y que este Reglamento permite, si concurren determinados requisitos, la adopción de medidas nacionales, los Estados miembros están obligados a prever sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias aplicables a las infracciones de dicho Reglamento o de las referidas medidas.

104

Por consiguiente, la armonización específica que llevan a cabo las disposiciones mencionadas en las cuestiones prejudiciales primera y segunda no se opone a que un Estado miembro establezca sanciones administrativas por el incumplimiento de los requisitos y prohibiciones derivados de esas disposiciones o de medidas nacionales conformes con las referidas disposiciones.

105

En cuanto atañe a la segunda parte de la tercera cuestión prejudicial, ha de señalarse que la fijación, como la que resulta del artículo 3, apartado 1, del Decreto n.o 2022-947, de un contenido máximo autorizado en proteínas vegetales para que los alimentos puedan ser designados mediante determinadas denominaciones habituales o descriptivas supone regular el uso de esas denominaciones, sin que se haya adoptado una denominación legal. Ahora bien, dado que las disposiciones objeto de las cuestiones prejudiciales primera y segunda armonizan específicamente la utilización de las denominaciones mencionadas en primer lugar, un Estado miembro no puede adoptar medidas al respecto sin poner en peligro la uniformidad del Derecho de la Unión.

106

Habida cuenta de cuanto antecede, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 38, apartado 1, del Reglamento n.o 1169/2011 debe interpretarse en el sentido de que la armonización específica apreciada en el punto 1 del fallo no se opone a que un Estado miembro imponga sanciones administrativas en caso de incumplimiento de las prescripciones y de las prohibiciones que resultan de las disposiciones del referido Reglamento y de las medidas nacionales conformes con este último. En cambio, esta armonización específica sí se opone a que un Estado miembro adopte una medida nacional que determine el contenido en proteínas vegetales por debajo del cual sigue estando autorizado utilizar denominaciones, distintas de la denominación legal, compuestas de términos procedentes de los sectores de la carnicería y de la charcutería para describir, comercializar o promocionar alimentos que contengan proteínas vegetales.

107

Dado que el órgano jurisdiccional remitente señala que la cuarta cuestión prejudicial solo se plantea en caso de respuesta negativa a las cuestiones prejudiciales primera y segunda, no procede responder a la cuarta cuestión prejudicial.

108

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: