Edición provisional

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. NICHOLAS EMILIOU

presentadas el 23 de abril de 2026 (1)

Asunto C‑176/25 [Steizer] (i)

IU

contra

BT

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania)]

« Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia civil — Ley aplicable en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) n.º 593/2008 (Roma I) y Reglamento (CE) n.º 864/2007 (Roma II) — Licencia exclusiva sobre derechos de autor concedida por A a B mediante un contrato verbal — Demanda por infracción de esos derechos de autor presentada por B contra C — Excepción, propuesta por C, de falta de legitimación de B por invalidez de la licencia contractual concedida a B por no cumplir determinados requisitos formales — Ley aplicable a la cuestión de la validez formal de dicha licencia contractual»






I.      Introducción

1.        La presente petición de decisión prejudicial ha sido planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania). Mediante sus dos cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, cuál es la ley aplicable a la validez formal de las licencias contractuales y de las cesiones de derechos de autor (2) cuando un tercero impugna esa validez en un procedimiento por infracción.

2.        Más concretamente, se solicita al Tribunal de Justicia que aclare si las normas de conflicto de leyes pertinentes a este respecto son las establecidas en a) el Reglamento (CE) n.º 593/2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (3) (en lo sucesivo, «Reglamento Roma I»), b) el Reglamento (CE) n.º 864/2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (4) (en lo sucesivo, «Reglamento Roma II»), o c) la legislación nacional de los Estados miembros en materia de derechos de autor. Por las razones que expondré a continuación, considero que debe acogerse la primera de estas opciones.

II.    Marco jurídico

A.      Convenio de Berna

3.        El artículo 5 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Acta de París de 24 de julio de 1971), en su versión modificada el 28 de julio de 1979 (en lo sucesivo, «Convenio de Berna»), titulado «Derechos garantizados: 1. y 2. Fuera del país de origen; 3. En el país de origen; 4. “País de origen”», dispone, en las partes pertinentes:

«1)      Los autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del presente Convenio, en los países de la Unión [establecida por el presente Convenio] que no sean el país de origen de la obra, de los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales, así como de los derechos especialmente establecidos por el presente Convenio.

2)      El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra. Por lo demás, sin perjuicio de las estipulaciones del presente Convenio, la extensión de la protección así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección.»

B.      Reglamento Roma I

4.        El artículo 1 del Reglamento Roma I, titulado «Ámbito de aplicación material», establece, en su apartado 1, que «el presente Reglamento se aplicará a las obligaciones contractuales en materia civil y mercantil en las situaciones que impliquen un conflicto de leyes».

5.        El artículo 3 de este Reglamento, titulado «Libertad de elección», dispone, en su apartado 1, que «el contrato se regirá por la ley elegida por las partes».

6.        A tenor del artículo 4 del mismo Reglamento, que lleva por título «Ley aplicable a falta de elección»:

«1.      A falta de elección realizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 […], la ley aplicable al contrato se determinará de este modo:

[…]

b)      el contrato de prestación de servicios se regirá por la ley del país donde el prestador del servicio tenga su residencia habitual;

[…]».

7.        De conformidad con el artículo 11 del Reglamento Roma I, titulado «Validez formal»:

«1.      Un contrato celebrado entre personas, o sus representantes, que se encuentren en el mismo país en el momento de su celebración será válido en cuanto a la forma si reúne los requisitos de forma de la ley que lo rija en cuanto al fondo en virtud del presente Reglamento, o de la ley del país donde se haya celebrado.

2.      Un contrato celebrado entre personas que se encuentren en distintos países, o por medio de representantes que estén en distintos países, en el momento de su celebración será válido en cuanto a la forma si reúne las condiciones de forma de la ley que lo rija en cuanto al fondo en virtud del presente Reglamento, o de la ley de los países en que se encuentren cualquiera de las partes, o cualquiera de sus representantes, en el momento de la celebración, o de la ley del país en que cualquiera de las partes tuviera su residencia habitual en ese momento.

[…]»

8.        El artículo 12 de este Reglamento, titulado «Ámbito de la ley aplicable», prevé lo siguiente en su apartado 1:

«La ley aplicable al contrato en virtud del presente Reglamento regirá en particular:

a)      su interpretación;

b)      el cumplimiento de las obligaciones que genere;

c)      dentro de los límites de los poderes conferidos al tribunal por su Derecho procesal, las consecuencias de un incumplimiento total o parcial de estas obligaciones […]

[…]

e)      las consecuencias de la nulidad del contrato.»

C.      Reglamento Roma II

9.        El artículo 1 del Reglamento Roma II, titulado «Ámbito de aplicación», dispone en su apartado 1:

«El presente Reglamento se aplicará a las obligaciones extracontractuales en materia civil y mercantil, en las situaciones que comportan un conflicto de leyes. […]».

10.      El artículo 8 de este Reglamento, titulado «Infracción de los derechos de propiedad intelectual», establece en su apartado 1:

«La ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual será la del país para cuyo territorio se reclama la protección.»

11.      A tenor del artículo 15 del mismo Reglamento, titulado «Ámbito de la ley aplicable»:

«La ley aplicable a la obligación extracontractual con arreglo al presente Reglamento regula, en particular:

a)      el fundamento y el alcance de la responsabilidad, incluida la determinación de las personas que puedan considerarse responsables por sus propios actos;

b)      las causas de exoneración, así como toda limitación y reparto de la responsabilidad;

[…]

f)      las personas que tienen derecho a la reparación del daño sufrido personalmente;

[…]».

D.      Ley alemana de derechos de autor

12.      El artículo 29 de la Urhebergesetz (Ley de Derechos de Autor; en lo sucesivo, «ley alemana de derechos de autor»), que lleva por título «Transmisión de los derechos de autor», dispone:

«1)      Los derechos de autor no son transferibles salvo que se transmitan en ejecución de una disposición testamentaria o a los coherederos en el contexto de la partición de una herencia.

2)      Se autoriza la concesión de derechos de uso (artículo 31), autorizaciones contractuales y acuerdos basados en derechos de explotación, así como contratos relativos a los derechos morales de los autores tal como se regulan en el artículo 39.»

13.      El artículo 34 de la ley alemana de derechos de autor, titulado «Transmisión de los derechos de uso», establece, en su apartado 1, que «el derecho de uso solo podrá transmitirse con el consentimiento del autor […]».

E.      Ley polaca de derechos de autor

14.      El artículo 53 de la Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Ley de 4 de febrero de 1994 sobre los Derechos de Autor y Derechos Afines; en lo sucesivo, «ley polaca de derechos de autor») establece que, «para la cesión de derechos patrimoniales de autores, deberá celebrarse un contrato por escrito, so pena de nulidad».

III. Hechos, procedimiento nacional, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

15.      BT comercializa desde Alemania accesorios para automóviles, incluidas alfombrillas, a través de plataformas en línea como eBay. A tal fin, entre abril de 2014 y abril de 2018, encargó en varias ocasiones a un fotógrafo polaco (en lo sucesivo, «fotógrafo») que tomara fotografías de dichas alfombrillas. En cada ocasión, el marido de BT llevó las alfombrillas al estudio del fotógrafo en Polonia. Tras cada sesión, el fotógrafo entregó las fotografías en una memoria USB al marido de BT. Al parecer, las partes acordaron verbalmente que BT podía utilizar esas fotografías en sus ofertas de venta en línea. Sin embargo, no se celebró ningún contrato escrito entre ellos. (5)

16.      Entre febrero y marzo de 2018, otro comerciante de accesorios para vehículos de motor, IU, reprodujo esas fotografías para ilustrar sus propias ofertas de alfombrillas en eBay, sin solicitar la autorización previa de BT.

17.      BT demandó entonces a IU ante el Landgericht (Tribunal Regional de lo Civil y Penal, Alemania) competente, invocando la infracción de los derechos de autor sobre las fotografías con arreglo a la ley alemana de derechos de autor y solicitando, en particular, que se dictara una orden de cesación de la presunta infracción.

18.      El Landgericht (Tribunal Regional de lo Civil y Penal) estimó la demanda. Declaró, en particular, que las fotografías en cuestión estaban protegidas en virtud de la ley alemana de derechos de autor y que el fotógrafo había cedido a BT derechos exclusivos de uso. IU infringió esos derechos al reproducir las fotografías en sus propias ofertas sin la autorización de BT.

19.      IU interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia ante el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf). En su recurso de apelación, IU alegó que BT carecía de legitimación activa, ya que el fotógrafo no le había cedido válidamente el derecho exclusivo a utilizar las fotografías. En su opinión, el acuerdo verbal celebrado entre BT y el fotógrafo era inválido por incumplimiento del requisito de la forma escrita, establecido por el Derecho polaco (que, en su opinión, regula la validez formal de dicho acuerdo en virtud del artículo 11 del Reglamento Roma I).

20.      BT respondió que gozaba de legitimación activa, ya que se le habían cedido válidamente los derechos exclusivos de uso de las fotografías protegidos por la ley alemana de derechos de autor. En su opinión, la cuestión de la validez formal del contrato verbal en este sentido debe distinguirse de la de la validez formal del «acto de disposición» del derecho de autor como tal. Alega que, en virtud del artículo 8, apartado 1, del Reglamento Roma II, la segunda cuestión se rige por la ley del país para cuyo territorio de reclama protección (lex loci protectionis), a saber, el Derecho alemán, y que dicha ley no impone el requisito de la forma escrita para tal cesión.

21.      En estas circunstancias, el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 8, apartado 1, del Reglamento Roma II en el sentido de que la ley del país para cuyo territorio se reclama la protección también se aplica a la cuestión de la validez (formal) de la cesión de derechos exclusivos de uso de fotografías del autor al cesionario?

2)      En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: ¿es decisiva la ley del contrato para la cuestión de la validez (formal) de la cesión de derechos exclusivos de uso de fotografías del autor al cesionario y, por tanto, son aplicables los artículos 4 y 11 del Reglamento [Roma I]?»

22.      Han presentado observaciones escritas BT y la Comisión Europea. IU y la Comisión estuvieron representados en la vista celebrada el 15 de enero de 2026.

IV.    Apreciación

23.      Como se ha señalado en la introducción, mediante sus dos cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pretende, en esencia, que se determine la ley aplicable a la cuestión de la validez formal de una licencia contractual o de una cesión de derechos de autor, cuando un tercero impugna esa validez en un procedimiento por infracción.

24.      Con el fin de realizar una exposición de la mayor claridad posible, comenzaré presentando la cuestión de fondo y el conflicto de leyes objeto de debate (A), antes de abordar las normas pertinentes del Derecho internacional privado (B).

A.      Cuestión de fondo y conflicto de leyes objeto de debate

25.      Cabe recordar, para empezar, que los derechos de autor son una forma de «propiedad intelectual» que los Estados otorgan en virtud de sus respectivas legislaciones nacionales (legislaciones que, no obstante, han sido armonizadas en gran medida por diversos instrumentos internacionales, entre los que destacan el Convenio de Berna y, en la Unión, varias directivas). (6)

26.      En esencia, los derechos de autor confieren al creador (o «autor») de una creación intelectual (u «obra»), con determinadas condiciones, (7) un conjunto de derechos económicos y morales exclusivos (8) sobre su uso, exigibles erga omnes. No obstante, ese monopolio legal está limitado territorialmente: solo existe en la jurisdicción del Estado que la concede (lo que suele denominarse «principio de territorialidad» de los derechos de autor). (9)

27.      En el litigio principal, no parece discutirse que el fotógrafo, como «autor» de las fotografías en cuestión, goza de la protección de los derechos de autor sobre dichas «obras», entre otros, en virtud del Derecho alemán. (10)

28.      Los autores pueden explotar sus derechos de autor de diferentes maneras. En particular, pueden conceder licencias a terceros, autorizando así actos que, de otro modo, vulnerarían sus derechos exclusivos. Alternativamente, pueden ceder sus derechos de autor a terceros, transmitiendo así la titularidad del propio derecho, generalmente a cambio de remuneración. Dichas licencias o cesiones voluntarias de derechos de autor pueden plasmarse bien en contratos independientes, bien en cláusulas incorporadas a acuerdos contractuales más amplios, como contratos de servicios, de edición o de distribución. (11)

29.      En el presente asunto, también parece pacífico que el fotógrafo tenía la intención de transmitir a BT los derechos de autor sobre las fotografías. Aunque el órgano jurisdiccional remitente proporciona pocos datos, parece que dicha transmisión formaba parte de los diversos contratos verbales de servicios de fotografía celebrados entre las partes. En virtud de esos contratos, el fotógrafo no solo se comprometió a realizar las fotografías, sino también a entregarlas a BT. La transmisión de los derechos de autor en cuestión era un aspecto accesorio de esa obligación. En efecto, sin algún tipo de licencia o de cesión de tales derechos, BT no habría podido explotar legalmente las fotografías (publicándolas en ofertas de venta en eBay) en Alemania.

30.      La calificación jurídica exacta de este acuerdo sobre derechos de autor no está clara. Si bien el órgano jurisdiccional remitente indica que el fotógrafo cedió los derechos de autor de que se trata a BT, esta última sostiene que, en realidad, le concedió una licencia exclusiva sobre ellos. La segunda calificación parece ajustarse mejor a la ley alemana de derechos de autor, que prohíbe a los autores ceder, en sí, sus derechos de autor (alemanes), pero les permite transmitir los «derechos de uso» sobre la «obra» de que se trate mediante una licencia exclusiva de este tipo. No obstante, tales licencias permiten al licenciatario utilizar la «obra», excluyendo su uso por parte de cualquier otra persona, incluido el autor, y, en consecuencia, produce efectos funcionalmente equivalentes a los de una cesión. (12) Por consiguiente, no me detendré en esta distinción (que, en cualquier caso, no es determinante a efectos del presente análisis).

31.      Aclarado lo anterior, es habitual que los ordenamientos jurídicos nacionales impongan ciertas restricciones a la concesión de licencias o a la cesión de los derechos de autor. En particular, suelen establecer determinados requisitos de forma, como el de que la licencia se conceda, o la cesión se realice, mediante documento escrito. (13)

32.      Cuando esas operaciones se producen en un contexto transfronterizo, se suscitan, no obstante, algunas dificultades. En tales situaciones, las legislaciones de los distintos Estados que tienen conexión con la operación pueden imponer requisitos divergentes o incluso contradictorios, que es precisamente lo que ocurre en el caso de autos. La operación controvertida está vinculada, en particular, a Polonia (debido a la residencia habitual del fotógrafo y al lugar de origen de las «obras» de que se trata) y a Alemania (debido a la residencia habitual de BT y al lugar de explotación de los derechos de autor). Mientras que la ley polaca exige la forma escrita, la alemana, según el órgano jurisdiccional remitente, no lo hace.

33.      Este conflicto de leyes constituye el núcleo del procedimiento por infracción incoado por BT ante el órgano jurisdiccional remitente. En él, IU sostiene que la licencia contractual exclusiva sobre los derechos de autor, en la que se fundamenta la demanda de BT, es formalmente inválida en virtud de la ley polaca (al no existir un acuerdo escrito entre ella y el fotógrafo a este respecto). A falta de una licencia o cesión válida de esos derechos de autor, en opinión de IU, BT carecía de legitimación para iniciar el citado procedimiento. BT se basa, en cambio, en la ley alemana para invocar la validez de dicha licencia y, en consecuencia, su derecho a hacer valer los derechos de autor de que se trata.

34.      En estas circunstancias, la cuestión determinante es cuál de las leyes nacionales concurrentes debe aplicar el órgano jurisdiccional remitente para determinar si la licencia contractual exclusiva de que se trata es formalmente válida y, por extensión, si BT está legitimada para ejercitar una acción por infracción contra un tercero como IU. Esta cuestión debe resolverse aplicando las normas de conflicto de leyes pertinentes que examinaré a continuación.

B.      Ley aplicable a la validez formal de una licencia contractual o cesión de derechos de autor con arreglo a las normas de conflicto de leyes pertinentes

35.      Cuando un presunto beneficiario de una licencia de derechos de autor o cesión de derechos de autor (como BT) ejercita una acción por infracción ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro contra un tercero (como IU), no existe una única norma de conflicto de leyes que designe una determinada ley material aplicable a todas las cuestiones que puedan plantearse en dicho procedimiento. Por el contrario, en función de la naturaleza de la cuestión o cuestiones específicas de que se trate, pueden ser pertinentes diversas normas de conflicto de leyes vinculadas a distintas categorías conocidas del Derecho privado, y que designan (potencialmente) leyes materiales distintas (1). (14) Por consiguiente, para determinar las normas pertinentes en lo que respecta a la validez formal de una licencia contractual o de una cesión de derechos de autor y, en definitiva, la ley aplicable, es esencial caracterizar correctamente esta cuestión, es decir, determinar en qué categoría encaja (2).

1.      Normas de conflicto de leyes «concurrentes»

36.      Como se ha indicado en el punto anterior, en los procedimientos por infracción ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, resultan pertinentes diferentes normas de conflicto de leyes por lo que respecta a las cuestiones relativas a la responsabilidad extracontractual (a), al contrato de licencia o de cesión (b) y a los derechos de autor en sí (c).

a)      Responsabilidad extracontractual

37.      En primer lugar, las normas de conflicto de leyes del Reglamento Roma II son pertinentes (15) para las cuestiones (que se consideran) relativas a la posible responsabilidad extracontractual (o, en los términos de dicho Reglamento, la «obligación extracontractual») del presunto infractor frente al demandante. (16) En virtud del artículo 15 de dicho Reglamento, la ley aplicable a la «obligación extracontractual» de que se trate regula la «responsabilidad extracontractual».

38.      En virtud del artículo 8 del Reglamento Roma II, la ley aplicable a una «obligación extracontractual» que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor, (17) es «la del país para cuyo territorio se reclama la protección» (lex loci protectionis). (18)

39.      Por lo tanto, si se considerase que la validez formal de una licencia contractual o de una cesión de derechos de autor guarda relación con la «responsabilidad extracontractual», la ley alemana regularía esta cuestión en el litigio principal, en virtud del artículo 8 del Reglamento Roma II, en relación con su artículo 15, por cuanto BT reclama la protección de los derechos de autor para Alemania.

b)      Contrato

40.      En segundo lugar, las normas de conflicto de leyes del Reglamento Roma I son pertinentes (19) en lo que respecta a las cuestiones (que se consideran) relativas a las «obligaciones contractuales» derivadas de un contrato (o cláusula) de licencia o de cesión que vincula a las partes. (20) En virtud del artículo 12 del Reglamento Roma I, la ley aplicable al contrato de que se trate (lex contractus) rige esas cuestiones «contractuales».

41.      En virtud del artículo 3, apartado 1, del Reglamento Roma I, la ley aplicable al contrato (incluido para la licencia o la cesión de los derechos de autor) es la ley elegida por las partes. (21)

42.      A falta de tal elección (como parece suceder en el presente asunto), (22) el artículo 4 del Reglamento Roma I establece normas objetivas para determinar la ley aplicable al contrato de que se trate. Estas normas son bastante complejas. A efectos del presente asunto, baste señalar que el artículo 4, apartado 1, contiene una lista exhaustiva de criterios de conexión asociados a determinadas categorías de contratos. Aunque los contratos referentes a derechos de propiedad intelectual no están contemplados como tales, (23) el artículo 4, apartado 1, letra b), establece este criterio de conexión para los «contrato[s] de prestación de servicios», categoría que incluye evidentemente acuerdos como los celebrados entre el fotógrafo y BT. (24)

43.      En virtud de esta disposición, la ley aplicable a tal contrato es «la ley del país donde el prestador del servicio tenga su residencia habitual». En el asunto principal, parece pacífico que el «prestador del servicio», a saber, el fotógrafo, tiene su «residencia habitual» en Polonia. (25) Por consiguiente, la ley polaca es la lex contractus pertinente. (26)

44.      No obstante, cabe añadir que, para determinadas «cuestiones contractuales», el Reglamento Roma I no se limita a designar la lex contractus, dejando en manos de esta la solución que ha de adoptarse, sino que establece normas cuasi materiales (u «orientadas a los resultados»). El artículo 11 de dicho instrumento contiene normas de este tipo sobre la «validez formal» del contrato. Estas normas son distintas en función de que las partes (o sus representantes) se encontrasen o no en el mismo país en el momento de la celebración del contrato de que se trate. En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente parece partir del presupuesto de que BT (o más bien su «representante», es decir, su marido) y el fotógrafo se encontraban en el mismo país, Polonia, en el momento de la celebración de sus acuerdos (y, por tanto, que los contratos se celebraron en Polonia). Dado que se trata de una cuestión de hecho, partiré de este presupuesto. (27) En tal caso, el artículo 11, apartado 1, establece que el contrato será válido en cuanto a la forma (de ahí que la norma esté «orientada a los resultados») si reúne los requisitos de forma bien i) de la lex contractus, o bien ii) de la ley del país donde se haya celebrado el contrato (o lex loci contractus). En el presente asunto, por las razones expuestas, debería tratarse de la ley polaca en ambos casos.

45.      Por consiguiente, si se entendiese que la validez formal de una licencia contractual o de una cesión de derechos de autor constituye una cuestión «contractual», la ley polaca regiría ese aspecto en el litigio principal, en virtud de los artículos 4 y 11 del Reglamento Roma I.

c)      Derechos de autor en sí

46.      En tercer lugar, a falta de normas de conflicto de leyes pertinentes a escala de la Unión (28) o en el Convenio de Berna, (29) las normas nacionales de conflicto de leyes de los Estados miembros son pertinentes para las cuestiones (que se consideran) relativas a los derechos de autor en sí, es decir, las características intrínsecas de esos derechos de «propiedad intelectual». (30)

47.      Existen algunas divergencias entre estas normas nacionales de conflicto de leyes. No obstante, habida cuenta de la naturaleza de los derechos de autor (protección monopolística concedida por un Estado, en virtud de su propia ley, únicamente para su territorio), estas normas suelen prever, como en el caso de autos las normas de conflicto de leyes alemanas, que tales cuestiones en materia «patrimonial» (31) (también) se rijan por la lex loci protectionis. (32)

48.      Por lo tanto, si se considerase que la cuestión de la validez formal de una licencia contractual o de una cesión de derechos de autor guarda relación con los derechos de autor en sí, la ley alemana debería regir esta cuestión en el litigio principal, con arreglo a las normas de conflicto de leyes alemanas, puesto que BT reclama la protección del derecho de autor para Alemania.

2.      Sobre la correcta calificación de la cuestión de la validez formal de una licencia contractual o de una cesión de derechos de autor

49.      Habida cuenta de esa diversidad de normas de conflicto de leyes, la determinación de la ley pertinente en lo que concierne a la validez formal de una licencia contractual o de una cesión de derechos de autor (y, en definitiva, si el litigio principal se rige por la ley alemana o por la ley polaca) depende de la correcta calificación de esta cuestión, esto es, si debe considerarse referente a la «responsabilidad extracontractual», al «contrato» o a los «derechos de autor en sí». Una calificación incorrecta implicaría una interpretación errónea de estas normas y la aplicación de una ley material inadecuada. (33)

50.      A efectos de esta calificación, el alcance de las categorías de «responsabilidad extracontractual» y de «contrato» debe definirse de manera autónoma, a la luz de los objetivos que persiguen los Reglamentos Roma I y Roma II, en particular la necesidad de garantizar la seguridad jurídica en cuanto a la ley aplicable y la «previsibilidad del resultado de los litigios». (34) De no ser así, la calificación de una cuestión determinada (y, junto con ella, la posible aplicación de estos instrumentos) podría variar en función del foro que conozca del asunto. (35) Además, el alcance de la categoría residual (la relativa a los derechos de autor en sí) debe delimitarse en consecuencia dentro de los sistemas nacionales de conflicto de leyes. En efecto, estas diferentes categorías no deben solaparse. Si una única cuestión quedara comprendida simultáneamente en dos categorías, podrían designarse a la vez diferentes leyes materiales, potencialmente contradictorias. Tal resultado menoscabaría la propia función de las normas de conflicto de leyes y privaría a los Reglamentos Roma I y Roma II de su efecto útil.

51.      A continuación, explicaré, en primer lugar, por qué la validez formal de una licencia contractual o de una cesión de derechos de autor no guarda relación con la «responsabilidad extracontractual» (a). Posteriormente, expondré las razones por las que, pese a ciertas dificultades, esta cuestión no debe considerarse «patrimonial», sino «contractual» (b).

a)      La validez formal de una licencia contractual o de una cesión de derechos de autor no guarda relación con la «responsabilidad extracontractual»

52.      Una cosa está clara. Como señala la Comisión, la cuestión de la validez formal de una licencia contractual o de una cesión de derechos de autor, aun cuando se plantee en el contexto de un procedimiento por infracción, no guarda relación con la «responsabilidad extracontractual». Por consiguiente, las normas de conflicto de leyes establecidas en el Reglamento Roma II no son pertinentes.

53.      En efecto, en cuanto al fondo, no existe ninguna relación entre esta cuestión y la (presunta) responsabilidad del (presunto) infractor. Obviamente, sin una licencia contractual o cesión válida de los derechos de autor en cuestión, BT no puede iniciar un procedimiento por infracción. (36) Sin embargo, la cuestión de la validez de esa licencia contractual o cesión es previa a la apreciación de una eventual infracción de los derechos de autor por parte de la demandada (por lo que, en buena lógica, debe ser resuelta por el órgano jurisdiccional que conoce del asunto antes de que se acometa ese análisis). (37) La inexistencia de un vínculo material entre esta cuestión y la responsabilidad también queda ilustrada por el hecho de que la validez de una licencia contractual o de una cesión puede surgir en contextos procesales totalmente diferentes (por ejemplo, en procedimientos referidos a la determinación de la propiedad, la validez de un contrato de licencia de derechos de autor o de cesión, etc.).

54.      En este contexto, es errónea la alegación de BT de que la cuestión de la validez debe, con todo, quedar englobada en la categoría de «responsabilidad extracontractual» cuando se plantea en un procedimiento por infracción, ya que es más sencillo para el órgano jurisdiccional que conoce del asunto pronunciarse sobre la totalidad del procedimiento aplicando únicamente la ley designada por el artículo 8, apartado 1, del Reglamento Roma II. De conformidad con los principios generales que subyacen a la calificación en caso de conflicto de leyes, resumidos en el punto 35 de las presentes conclusiones, las normas de conflicto de leyes y, por extensión, la ley que regula una cuestión determinada deben depender de la naturaleza de dicha cuestión y no del contexto procesal en el que se plantee. De lo contrario, surgiría el riesgo de que, por ejemplo, una determinada licencia contractual o cesión se considere válida, en virtud de un conjunto de normas sustantivas, cuando se impugna en un procedimiento por infracción, pero inválida en virtud de otro conjunto de normas sustantivas, en el contexto de un procedimiento de determinación de la propiedad (o de una demanda reconvencional por invalidez de la cesión, etc.), y viceversa. Semejante resultado sería incompatible con los objetivos de seguridad jurídica y de previsibilidad que subyacen a los Reglamentos Roma I y Roma II. (38)

b)      La validez formal de una licencia contractual o de una cesión de derechos de autor no es una cuestión «patrimonial», sino «contractual»

55.      Queda por determinar si la cuestión de la validez formal de una licencia contractual o de una cesión tiene naturaleza «contractual» o pertenece al ámbito «patrimonial». Esta cuestión requiere una explicación más detallada, en particular porque ha dado lugar a posturas distintas entre los tribunales de los Estados miembros y en la doctrina.

56.      Por regla general, en lo que respecta a los acuerdos contractuales sobre derechos de autor, debe realizarse en todo caso una clara distinción entre las cuestiones «patrimoniales» y las «contractuales». Las cuestiones que guardan relación con los derechos de autor «en sí» deben someterse siempre a la ley que rija esos derechos, determinada con arreglo a las normas de conflicto de leyes nacionales (generalmente la lex loci protectionis), con independencia de la ley aplicable al contrato subyacente en virtud del Reglamento Roma I. Semejante clasificación distributiva está justificada, además de por las razones indicadas en el punto 49 de las presentes conclusiones, por consideraciones de política: si bien las partes deben tener libertad, en virtud de dicho Reglamento, para elegir la ley aplicable a sus «obligaciones contractuales», no deben, en cambio, poder hacerlo en lo que respecta a las características intrínsecas de los propios derechos de autor. (39)

57.      No cabe duda de que la transmisibilidad de los derechos de autor, es decir, la cuestión de si el titular de esos derechos (el autor) puede cedérselos a otra persona, en particular mediante contrato, forma parte del ámbito «patrimonial».  En efecto, la transmisibilidad (y su alcance) constituye una característica intrínseca de los derechos en cuestión. En consecuencia, solo puede concederse una licencia sobre derechos de autor o producirse una cesión mediante contrato si la ley que rige los derechos en cuestión lo permite, con independencia de la ley aplicable a dicho contrato. (40)

58.      En cambio, cuando (y en la medida en que) la ley que rige los derechos de autor permite su cesión en virtud de contrato (como sucede en el presente asunto, ya que, si bien el Derecho alemán excluye la cesión de los derechos de autor, sí autoriza la concesión de licencias exclusivas, como en el caso de autos), la siguiente cuestión de si una licencia contractual o una cesión de esos derechos de autor tiene que cumplir determinados requisitos de forma (incluido, en este caso, el requisito de la forma escrita) no guarda relación, en esencia, con los derechos de autor «en sí», sino con el contrato subyacente. (41)

59.      En efecto, estos requisitos no se derivan de la naturaleza de los derechos de autor. Por el contrario, se imponen para proteger al autor, que a menudo se considera la parte más débil en los contratos en materia de derechos de autor (frente a los intermediarios, como las editoriales). Concretamente, estos requisitos se han concebido para garantizar el consentimiento informado del autor a cualquier obligación, derivada de tal contrato, de conceder una licencia o ceder sus derechos de autor, así como la transparencia en cuanto al contenido preciso de tal obligación. (42)

60.      Por lo tanto, no sorprende que tales requisitos suelan imponerse so pena de nulidad del contrato de licencia o de cesión (o de la cláusula contractual) de que se trate (como sucede, por ejemplo, con el artículo 53 de la ley polaca de derechos de autor). En tales circunstancias, dichos requisitos se refieren manifiestamente a la «validez formal» del contrato (o cláusula) en el sentido del artículo 11 del Reglamento Roma I. (43) Incluso cuando estos requisitos se exigen a efectos de prueba (por ejemplo, cuando la única prueba admisible de una licencia contractual o cesión es un documento escrito), su efecto práctico es comparable: las licencias o cesiones que no puedan acreditarse no pueden ejecutarse. (44) Por consiguiente, la naturaleza de la cuestión no es radicalmente diferente y las disposiciones del Reglamento Roma I siguen siendo aplicables (en particular, el artículo 18, apartado 2, que remite al artículo 11). (45) En resumen, cualquiera que sea la naturaleza exacta de estos requisitos (de forma o de prueba) en el Derecho nacional, se refieren intrínsecamente a (la validez o prueba de) las «obligaciones contractuales» que vinculan a las partes.

61.      La conclusión de que los requisitos de forma no se refieren a los derechos de autor «en sí», sino al contrato en virtud del cual se concede una licencia o se ceden esos derechos queda también corroborada por el hecho de que los ordenamientos jurídicos nacionales imponen requisitos similares con respecto a contratos y cláusulas referentes a diversas cuestiones (por ejemplo, para las cláusulas de no competencia en los contratos de trabajo, los acuerdos internacionales de elección de foro, etc.), (46) generalmente con fines de protección análogos. La circunstancia de que, en el presente asunto, esos requisitos se apliquen a contratos sobre derechos de autor no modifica su naturaleza intrínsecamente «contractual». (47)

62.      Esta interpretación no queda desvirtuada por las alegaciones de BT y de la Comisión. Según estas partes, es preciso distinguir entre i) la validez formal del contrato de licencia o de cesión y ii) la validez formal del «acto de transmisión» de los derechos de autor. (48) Mientras que la primera constituye efectivamente una «cuestión contractual» (puesto que se refiere exclusivamente a las «obligaciones contractuales» que vinculan a las partes), la segunda es, en cambio, una «cuestión patrimonial» (porque la cesión de los derechos de autor en sí afecta a terceros). Además, en la medida en que las partes en el litigio principal no son las partes del contrato, sino una de ellas y un tercero, solo entra en juego el segundo aspecto. En efecto, la cuestión es si, en realidad, la propiedad de los derechos de autor se transmitió a BT y, por lo tanto, si esta puede hacer valer ese derecho de propiedad frente a dicho tercero. Por consiguiente, concluyen BT y la Comisión, a este respecto deben aplicarse los requisitos formales que impone la lex loci protectionis (en el presente asunto, la ley alemana). (49)

63.      Esta argumentación se basa, en mi opinión, en una confusión en cuanto a la naturaleza de la cuestión debatida. Para aclarar este error, hay que dar ciertas explicaciones.

64.      La distinción que proponen BT y la Comisión entre «validez formal del contrato» y «validez formal del acto de transmisión», fuertemente inspirada en el Derecho privado alemán (50) (y que, a primera vista, puede inducir a confusión a los abogados de una tradición diferente), remite, en mi opinión, a lo que se entiende habitualmente, en otros ordenamientos jurídicos, como la distinción entre i) la validez de una licencia contractual o cesión de propiedad intelectual y ii) la oponibilidad de dicha licencia o cesión frente a terceros.

65.      Concretamente, cuando dos personas han celebrado un contrato de cesión o de licencia exclusiva válido sobre un derecho de propiedad intelectual, puede suscitarse la cuestión de si el licenciatario o el cesionario puede invocar la transmisión de ese derecho (o, en otras palabras, las consecuencias de dicho contrato) frente a terceros, incluido en un procedimiento por infracción (como ha hecho BT frente a IU). En algunos ordenamientos jurídicos, esto solo es posible una vez que se han cumplido determinadas formalidades, normalmente la inscripción de la licencia o cesión de que se trate en un registro público específico. Llegados a este punto, deseo subrayar que, además de que generalmente no se imponen en el caso de transmisiones contractuales de derechos de autor, (51) las formalidades de que se trata son fundamentalmente distintas de los requisitos de forma examinados en el presente asunto. Esas formalidades son, en esencia, trámites administrativos ajenos al contrato que implican a los poderes públicos, que no se imponen para proteger a (una de) las partes del contrato, sino para garantizar la publicidad, información, transparencia y, en última instancia, seguridad jurídica en lo que respecta a la situación de la propiedad intelectual, en interés de la comunidad. Es evidente que esta cuestión particular de la oponibilidad frente a terceros (incluida la posible aplicación de estas formalidades) es una cuestión intrínsecamente «patrimonial». Se refiere a la característica erga omnes inherente a los derechos de autor. (52)

66.      Sin embargo, la cuestión que se suscita en el litigio principal no guarda relación, en esencia, con la oponibilidad frente a terceros. IU no niega que, con arreglo al Derecho alemán, puede oponerse a terceros una licencia contractual exclusiva sobre derechos de autor, también en el contexto de un procedimiento por infracción, sin ninguna formalidad a este respecto. En cambio, recuérdese, IU niega la propia existencia de una licencia contractual válida entre el fotógrafo y BT (sin la cual BT no tendría legitimación activa), debido al supuesto incumplimiento de los requisitos de forma que se han examinado. Por las razones expuestas, esta cuestión de la validez y esos requisitos se refieren intrínsecamente a los contratos celebrados entre BT y el fotógrafo. (53) Es evidente que, si no existe un contrato de cesión o de licencia (o una cláusula) válido entre las partes, no puede haber en modo alguno una transmisión de derechos de autor que pueda oponerse frente a terceros. Ahora bien, la cuestión de la validez del contrato es anterior a cualquier debate sobre la oponibilidad frente a terceros. El hecho de que esta cuestión sea propuesta como excepción procesal por un tercero que pretende eludir un procedimiento de infracción no modifica su carácter «contractual». Procede recordar vez más que la calificación de una cuestión jurídica depende de su naturaleza objetiva y no de la identidad de la parte que la invoca. (54)

67.      La interpretación que propongo, según la cual la cuestión de la validez formal de una licencia contractual o de una cesión de derechos de autor debe considerarse «contractual» y, por tanto, estar comprendida en el ámbito de aplicación de las normas de conflicto de leyes del Reglamento Roma I, en particular su artículo 11, está en consonancia con el objetivo de seguridad jurídica y de previsibilidad que persigue dicho Reglamento.

68.      En efecto, esta interpretación facilita las operaciones transfronterizas relacionadas con los derechos de autor. Con arreglo al artículo 11, una licencia contractual o una cesión de derechos de autor normalmente se considera (55) válida y eficaz si cumple los requisitos de la lex contractus o de la lex loci contractus. Esto proporciona a las partes seguridad jurídica en cuanto a la validez (formal) y la eficacia de sus acuerdos, en particular cuando se refieren a varios derechos de autor nacionales, regulados por otras tantas leyes nacionales: las partes no tienen que temer la ineficacia (parcial o total) de su operación por incumplimiento de los diferentes requisitos que esas leyes nacionales puedan imponer.

69.      En cambio, el criterio defendido por BT y la Comisión implicaría que las partes tuvieran que respetar tanto los requisitos de forma de la lex contractus o de la lex loci contractus (tal como se establece en el artículo 11 del Reglamento Roma I) como los establecidos por la ley que regula el derecho en sí (o leyes, si el contrato se refiere a varios derechos de autor nacionales). Tal criterio aumentaría el riesgo de ineficacia de los contratos relativos a derechos de autor por vicio de forma, privando así al artículo 11 de gran parte de su efecto útil en relación con esta categoría de contratos. (56)

70.      Por último, entiendo que, en realidad, lo que en ocasiones justifica que la cuestión debatida se califique como materia «patrimonial» no es tanto su carácter objetivo como la preocupación por que, de lo contrario, las partes puedan soslayar, al amparo del artículo 11 del Reglamento Roma I, los requisitos de forma impuestos por la ley que rige los derechos de autor (de nuevo, normalmente, la lex loci protectionis), eligiendo, como ley aplicable a su contrato, una ley más permisiva, mientras que los Estados miembros a menudo consideran que esos requisitos son especialmente importantes, habida cuenta del objetivo de protección del autor que persiguen.

71.      Sin embargo, esta preocupación no es específica de los contratos sobre derechos de autor. Aparece siempre que las leyes nacionales imponen requisitos de forma para determinados contratos o cláusulas. A este respecto, ha de señalarse que el legislador de la Unión, consciente de la importancia que los legisladores nacionales pueden atribuir a tales requisitos, optó por primar, en virtud del artículo 11 del Reglamento Roma I, la validez formal de los contratos sobre la aplicación estricta de tales requisitos, con el fin de garantizar la seguridad jurídica de las partes, de conformidad con los objetivos generales del Reglamento Roma I. (57)

72.      A falta de una disposición específica en contrario, no acierto a ver ninguna razón que justifique soslayar el artículo 11 del Reglamento Roma I y la opción política plasmada en él en lo referente a los contratos sobre derechos de propiedad intelectual, calificando (o recalificando) artificialmente los requisitos examinados en las presentes conclusiones como materia «patrimonial». Corresponde al legislador de la Unión determinar si, desde el punto de vista político, es deseable que los requisitos de forma previstos por la lex loci protectionis se apliquen en todo caso so pena de nulidad del contrato subyacente. Si considera necesario tal criterio, podría modificar el artículo 11 en consecuencia, por ejemplo introduciendo normas específicas para los contratos sobre derechos de propiedad intelectual. (58)

73.      En cualquier caso, el Reglamento Roma I, en su vigente redacción, ya incorpora mecanismos para dar cabida a esas consideraciones. En particular, el artículo 9 del citado Reglamento concede cierto margen de apreciación al órgano jurisdiccional que conoce de un litigio para que, sin perjuicio de la ley o leyes que rigen el contrato en virtud de las disposiciones generales de dicho Reglamento, aplique las «leyes de policía» de su Derecho nacional (artículo 9, apartado 2) o la ley del «país en que las obligaciones derivadas del contrato tienen que ejecutarse o han sido ejecutadas» (artículo 9, apartado 3).

74.      Así pues, en la medida en que el país de que se trate considere los requisitos de forma impuestos por la ley que rige los derechos de autor suficientemente «esenciales» como para poder ser calificados de «leyes de policía», (59) y siempre que esa ley coincida con i) la ley del foro o ii) la ley del país en el que deban cumplirse las obligaciones contractuales, (60) las mencionadas normas podrían aplicarse (y el contrato declararse nulo por vicio de forma), con independencia de las disposiciones establecidas en el artículo 11 del Reglamento Roma I. (61) No obstante, esta apreciación debe efectuarse necesariamente caso por caso. (62)

75.      En el litigio principal, dado que la cuestión de la validez formal de la licencia contractual exclusiva que invoca BT es de naturaleza «contractual», deben aplicarse las normas de conflicto de leyes del Reglamento Roma I. En virtud de su artículo 11, los contratos subyacentes podrían ser formalmente inválidos, al no cumplir los requisitos de forma establecidos en la ley polaca. Por lo tanto, a falta de una licencia o cesión de derechos de autor válida a su favor, BT podría carecer de legitimación activa ante el órgano jurisdiccional remitente, como sostiene IU. No obstante, corresponde a ese órgano jurisdiccional comprobar este extremo. (63)

V.      Conclusión

76.      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania) del siguiente modo:

«Los artículos 1, apartado 1, 10, 11 y 18, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, deben interpretarse en el sentido de que, en una situación de conflicto de leyes, la cuestión de los eventuales requisitos de forma que debe cumplir una licencia contractual o una cesión de derechos de autor para ser considerada válida o acreditada se rige por la ley o leyes materiales que designen las disposiciones de este Reglamento.»


1      Lengua original: inglés.


i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.


2      Para más información, véanse los puntos 25 a 34 de las presentes conclusiones.


3      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008 (DO 2008, L 177, p. 6).


4      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007 (DO 2007, L 199, p. 40).


5      O, al menos, no en aquel momento (véase la nota 63 de las presentes conclusiones). Tampoco se acordó la ley aplicable al encargo del fotógrafo o a la transmisión de los derechos de autor.


6      Véase, en particular, la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10).


7      En particular, una «obra» solo está protegida si es «original» (véanse, en este sentido, los artículos 2, apartado 3, y 14 bis, apartado 1, del Convenio de Berna y la sentencia de 16 de julio de 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, apartado 37).


8      Véanse, por una parte, los artículos 9 a 14 ter del Convenio de Berna y los artículos 2 a 4 de la Directiva 2001/29 y, por otra parte, el artículo 6 bis del Convenio de Berna.


9      Véanse el artículo 5, apartado 2, del Convenio de Berna y la sentencia de 22 de enero de 2015, Hejduk (C‑441/13, EU:C:2015:28), apartado 22 y jurisprudencia citada.


10      Y probablemente en otros Estados, con arreglo a sus legislaciones respectivas. No obstante, BT no invoca esos otros derechos de autor nacionales ante el órgano jurisdiccional remitente. Por lo tanto, no son pertinentes en el litigio principal.


11      Véanse, asimismo, Guibault, L., Hugenholtz, P. B., van Eechoud, M. M. M., van Gompel, S. J., y Helberger, N., The Recasting of Copyright & Related Rights for the Knowledge Economy, Institute for Information Law, University of Amsterdam, Países Bajos, 2006, apartados 3.2.1 y 3.2.2; y Fawcett, J. J., y Torremans, P., Intellectual Property and Private International Law, Oxford Private International Law Series, 3.ª ed., 2024, apartados 14.01, 14.02, 14.14, 14.107 y 14.108.


12      Compárese con el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley alemana de derechos de autor. Véase asimismo Guibault, L., Hugenholtz, P. B., y otros, nota 11, op. cit., apartado 3.2.2.


13      Además, en ocasiones esas leyes exigen que cada cláusula conexa esté firmada por el autor, que los derechos en cuestión, junto con el alcance y la duración de la licencia o cesión, se indiquen claramente, etc. Véanse, por ejemplo, en Francia, los artículos L-131-2 y L-131-3 del code de la propriété intellectuelle (Código de Propiedad Intelectual) y, en el Reino Unido, el artículo 90, apartado 3, de la Copyright, Designs and Patents Act 1988 (Ley sobre Derechos de Autor, Dibujos y Modelos y Patentes de 1988). Véase, con carácter general, un análisis comparativo de los ordenamientos jurídicos de los Estados a este respecto, Guibault, L., Hugenholtz, P. B., y otros, nota 11, op. cit., y Kono, T. (ed.), Intellectual Property and Private International Law: Comparative Perspectives, Hart Publishing, Oxford, 2012.


14      Véanse, a este respecto, las sentencias de 21 de enero de 2016, ERGO Insurance y Gjensidige Baltic (C‑359/14 y C‑475/14, EU:C:2016:40), apartados 47 a 62, y de 28 de julio de 2016, Verein für Konsumenteninformation (C‑191/15, EU:C:2016:612), apartados 35 a 60. Véanse también las conclusiones del Abogado General Saugmandsgaard Øe presentadas en el asunto Verein für Konsumenteninformation (C‑191/15, EU:C:2016:388), punto 51; Fawcett, J. J., y Torremans, P., nota 11, op. cit., apartados 14.15 a 14.17, 15.09 y 15.32 a 15.35, y Plender, R., y Wilderspin, M., The European Private International Law of obligations, Sweet & Maxwell, 4.ª ed., Londres, 2015, apartados 2-069 a 2-075 y 22-041 a 22-047. Ello implica necesariamente que, a menudo, un órgano jurisdiccional deba aplicar leyes materiales diferentes en un único procedimiento.


15      En efecto, las «obligaciones extracontractuales» (véase, en relación con este concepto, la sentencia de 21 de enero de 2016, ERGO Insurance y Gjensidige Baltic, C‑359/14 y C‑475/14, EU:C:2016:40, apartado 46) derivadas de infracciones de derechos de propiedad intelectual están comprendidas en la «materia civil y mercantil», en el sentido del artículo 1, apartado 1, del Reglamento Roma II (véase, por analogía, la sentencia de 8 de septiembre de 2022, IRnova, C‑399/21, EU:C:2022:648, apartado 30). Además, estas «obligaciones» no están excluidas del ámbito de aplicación de dicho Reglamento en virtud de su artículo 1, apartado 2.


16      Véanse, en este sentido, los artículos 1, apartado 1, y 15 del Reglamento Roma II. Esta última disposición indica que esta categoría comprende, en particular, cuestiones como el fundamento y el alcance de la responsabilidad, las causas de exoneración de responsabilidad, la existencia, la naturaleza y la evaluación de los daños o la indemnización solicitada, etc.


17      Véase, a este respecto, el considerando 26 del Reglamento Roma II.


18      Véase el considerando 26 del Reglamento Roma II. Esa norma de conflicto de leyes es conforme con el artículo 5, apartado 2, del Convenio de Berna, que establece, en sus pasajes pertinentes, que «la extensión de la protección así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección».


19      En efecto, las «obligaciones contractuales» (véase, para este concepto, la sentencia de 21 de enero de 2016, ERGO Insurance y Gjensidige Baltic, C‑359/14 y C‑475/14, EU:C:2016:40, apartado 44) que se derivan de un contrato de licencia o de cesión de derechos de autor están comprendidas en la «materia civil y mercantil», en el sentido del artículo 1, apartado 1, del Reglamento Roma I (véase, por analogía, la sentencia de 8 de septiembre de 2022, IRnova, C‑399/21, EU:C:2022:648, apartado 30). Además, estas «obligaciones contractuales» no están excluidas del ámbito de aplicación de dicho Reglamento en virtud de su artículo 1, apartado 2.


20      Véanse, en este sentido, los artículos 1 y 10 a 12 del Reglamento Roma I. Concretamente, de sus artículos 10 a 12 se desprende que esta categoría comprende, en particular, cuestiones como la validez (tanto material como formal) de estas «obligaciones», su interpretación, su cumplimiento, las consecuencias de su incumplimiento, etc.


21      Dado que la cuestión fue abordada por el Tribunal de Justicia en la vista, quisiera subrayar que esta posibilidad de elección no es, en ningún caso, contraria al Convenio de Berna. Aparte de que el Convenio de Berna no contiene normas relativas a los contratos en materia de derechos de autor, la «protección» del derecho que se contempla en el artículo 5, apartado 2, de dicho Convenio no se ve afectada cuando ese derecho es objeto de un contrato que, a elección de las partes, se rige por una ley distinta de la lex loci protectionis (véase, asimismo, Fawcett, J. J., y Torremans, P., nota 11, op. cit., apartado 14.41, y Raynard, J., Droit d’auteur et conflits de loi: essai sur la nature juridique du droit d’auteur,  Litec, París, 1990, pp. 526 y 527).


22      Véase la nota 5.


23      Esta norma específica figuraba en el artículo 4, apartado 1, letra f), de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2005, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (COM/2005/0650 final). Sin embargo, esa norma no quedó recogida en la versión final del Reglamento, probablemente porque los contratos referentes a derechos de propiedad intelectual son, en la práctica, demasiado heterogéneos (véase el anterior punto 28) como para poder quedar razonablemente sujetos a un único criterio de conexión [véase, en este sentido, el Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), 21.11.2007 — COM(2005) 0650 — C6-0441/2005 — 2005/0261(COD), Comisión de Asuntos Jurídicos, enmienda 43].


24      En particular, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el concepto de «contrato de prestación de servicios», en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento Roma I, comprende todo contrato en virtud del cual una persona «llev[a] a cabo una determinada actividad» para otra «a cambio de una remuneración» (véase, en particular, la sentencia de 3 de octubre de 2019, Verein für Konsumenteninformation, C‑272/18, EU:C:2019:827, apartado 46 y jurisprudencia citada). Es evidente que tomar fotografías es una «determinada actividad» ejercida por el fotógrafo en favor de BT «a cambio de una remuneración».


25      A este respecto, el artículo 19, apartado 1, del Reglamento Roma I establece, en su parte pertinente, que «la residencia habitual de una persona física que esté ejerciendo su actividad profesional será el lugar del establecimiento principal de dicha persona». En el caso de autos, se trataría probablemente del estudio sito en Polonia que se ha mencionado.


26      Se entiende que el artículo 4, apartado 3, del Reglamento Roma I establece una «cláusula de escape» en virtud de la cual «si del conjunto de circunstancias se desprende claramente que el contrato presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro país distinto del indicado en los apartados 1 […], se aplicará la ley de este otro país». Sin embargo, no creo que concurra ninguna razón para aplicar esta cláusula en el litigio principal. En efecto, habida cuenta de las circunstancias del caso de autos, los contratos controvertidos no presentan «vínculos manifiestamente más estrechos» con Alemania, por ejemplo, que con Polonia.


27      Véase, no obstante, la nota 63 de las presentes conclusiones.


28      En particular, las cuestiones relativas a los derechos de autor en sí no están comprendidas en el ámbito de aplicación de los Reglamentos Roma I y Roma II [véase, en este sentido, el Informe del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales de Mario Giuliano, profesor de la Universidad de Milán, y Paul Lagarde, profesor de la Universidad de París I (DO 1980, C 282, p. 1) (en lo sucesivo, «informe Giuliano-Lagarde»), p. 10, y Fawcett, J. J., y Torremans, P., nota 11, op. cit., apartado 14.10]. Además, las directivas de la Unión sobre derechos de autor que se han mencionado no establecen normas de conflicto de leyes a este respecto.


29      Véase, en este sentido, la sentencia de 30 de junio de 2005, Tod’s y Tod’s France (C‑28/04, EU:C:2005:418), apartado 32.


30      Por lo general, se admite que esta categoría incluye cuestiones como la existencia, la creación, la validez, la naturaleza y el alcance de las prerrogativas concedidas, así como sus excepciones, su duración, etc. Véase, entre otros, Fawcett, J. J., y Torremans, P., nota 11, op. cit., apartados 13.46 a 13.74; Plender, R., y Wilderspin, M., op. cit., nota 14, apartados 22-001 a 22-047; Basedow, J., «Article 3.102: Lex protectionis», en Basedow, J., y otros (eds.), Conflict of Laws in intellectual Property — The CLIP Principles and Commentary — European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property, Oxford University Press, 2013, apartado 3:12.C07.


31      Dado que la cuestión fue abordada por el Tribunal de Justicia en la vista, debo precisar que existe cierto debate sobre determinadas cuestiones relativas a los derechos de autor «en sí», en particular la cuestión de la propiedad inicial (es decir, quién debe considerarse «autor» de una obra). Algunas normas nacionales de conflicto de leyes, resoluciones o autores dejan esta cuestión específica en manos de la lex loci protectionis, mientras que otros la someten a ley del país de origen de la obra en cuestión (lex originis). El país de origen se define, en el artículo 5, apartado 4, del Convenio de Berna, como, en esencia, el país en el que la obra haya sido publicada por primera vez. En el litigio principal, la lex originis sería la ley polaca porque las fotografías fueron tomadas en Polonia. Estas divergencias se derivan de la ambigüedad del Convenio de Berna en cuanto a la cuestión de la propiedad inicial y existen argumentos en apoyo de ambas soluciones (véase, asimismo, Fawcett, J. J., y Torremans, P., nota 11, op. cit., apartados 13.75 a 13.91). No obstante, no entraré en este debate. En efecto, no es necesario pronunciarse al respecto en el presente asunto, pues este no tiene por objeto la cuestión de la propiedad inicial.


32      En efecto, cuando alguien reclama protección en el ámbito de la propiedad intelectual en un Estado, la ley de ese Estado debería determinar lógicamente si esa protección existe, la naturaleza y el alcance de ese monopolio, su duración, etc. Tal norma de conflicto de leyes es conforme, también en este caso, con el artículo 5, apartado 2, del Convenio de Berna, que establece que «la extensión de la protección […] se regirá […] exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección». A veces, la aplicación de la lex loci protectionis está prevista en leyes referentes al Derecho internacional privado. En otras ocasiones, los órganos jurisdiccionales nacionales infieren directamente esa aplicación del artículo 5, apartado 2, del Convenio de Berna. Véanse, asimismo, Fawcett, J. J., y Torremans, P., nota 11, op. cit., apartados 12.22 a 12.28, 13.13 a 13.45 y 14.06 a 14.09, y Kono, T. (ed.), nota 13, op. cit.


33      Ciertamente, en el presente asunto, dado que las normas de conflicto de leyes asociadas a las categorías de «responsabilidad extracontractual» y de «propiedad» designan, ambas, la lex loci protectionis, la distinción entre ellas es menos importante en la práctica. No obstante, sigue siendo pertinente desde el punto de vista de los principios.


34      Véanse los considerandos 6 y 16 del Reglamento Roma I y los considerandos 6 y 14 del Reglamento Roma II.


35      En efecto, los Estados miembros pueden haber adoptado, en su propio Derecho privado, puntos de vista diferentes en cuanto al alcance de las categorías en cuestión.


36      Véase el punto 66 de las presentes conclusiones.


37      Véanse, por analogía, mis primeras conclusiones presentadas en el asunto BSH Hausgeräte (C‑339/22, EU:C:2024:159), punto 44. Véanse también Fawcett, J. J., y Torremans, P., nota 11, op. cit., apartados 13.74, 15.32 a 15.35; Plender, R., y Wilderspin, M., nota 14, op. cit., apartados 22-041 a 22-047, y Dickinson, A., The Rome II Regulation — The Law Applicable to Non-Contractual Obligations, Oxford, 2010, apartados 3.88 a 3.90 y 8.18.


38      Véase Fawcett, J. J., y Torremans, P., nota 11, op. cit., apartado 13.74. A la luz de las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia en la vista, quisiera subrayar que, habida cuenta de las explicaciones anteriores, la referencia al «fundamento […] de la responsabilidad» que figura en el artículo 15, letra a), del Reglamento Roma II no puede interpretarse en el sentido de que abarca la cuestión de la validez de la licencia contractual o de la cesión que invoca la demandante. Esta referencia tiene por objeto englobar los «elementos intrínsecos de la responsabilidad», como la «naturaleza de la responsabilidad (estricta o fundada sobre el ilícito); la definición de ilícito, incluida la cuestión de saber si una omisión puede constituir un ilícito; el vínculo de causalidad entre el hecho generador y el daño; la determinación de las personas que se responsabilizan», etc. [véase la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales [COM(2003) 427 final, p. 13], exposición de motivos, p. 23]. Una vez más, la cuestión de la validez no tiene nada que ver con estos «elementos». Del mismo modo, tampoco puede entenderse que la referencia que figura en el artículo 15, letra f), del Reglamento Roma II a las «personas que tienen derecho a la reparación del daño sufrido personalmente» incluya esta cuestión. Esta mención, indiscutiblemente oscura, se refiere a la cuestión de «si una persona distinta de la “víctima directa” puede obtener reparación del daño que se le causa “de rebote”, como consecuencia del sufrido por la persona perjudicada […], por ejemplo, el causado a los hijos o al cónyuge de un difunto» (ibidem, p. 24; véase también, a este respecto, la sentencia de 10 de diciembre de 2015, Lazar, C‑350/14, EU:C:2015:802, apartados 25 a 28). Esta cuestión es intrínsecamente distinta de la de si el demandante es el beneficiario de una licencia o cesión válida.


39      En efecto, como se ha explicado en la nota 32 de las presentes conclusiones, tales propiedades intrínsecas solo pueden regirse por la ley nacional que confiere la protección, de conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Convenio de Berna (o, por lo que respecta a la propiedad inicial, quizá por la lex originis).


40      Véase Lucas, A., «Droit international privé et droit d’auteur», Les Cahiers de propriété intellectuelle, vol. 22, n.º 3, pp. 761 a 775, especialmente pp. 769 y 770; Fawcett, J. J., y Torremans, P., nota 11, op. cit., apartados 13.41, 13.99 a 13.104, 14.08 y 14.15 a 14.17; Raynard, J., op. cit, nota 21, p. 594; Plender, R., y Wilderspin, M., nota 14, op. cit., apartados 22-041 a 22-047; Drexl, J., «Article 3:301: Transferability», en Basedow, J., y otros (eds.), nota 30, op. cit. Véase, por analogía, el artículo 14, apartado 2, del Reglamento Roma I, en virtud del cual la transmisibilidad de un crédito contractual es una cuestión reservada a la ley que rige el crédito en cuestión. En cuanto a la transmisibilidad, las legislaciones de los Estados difieren. En primer lugar, si bien la mayoría de los Estados aplican un enfoque «dualista» en virtud del cual pueden cederse los derechos económicos, pero no los derechos morales, algunos Estados (como Alemania, tal y como se ha explicado en el punto 30 de las presentes conclusiones) siguen un enfoque «unitario» en virtud del cual los autores no pueden ceder sus derechos de autor, sino únicamente conceder licencias exclusivas sobre sus derechos económicos (lo que conduce, en esencia, al mismo resultado). En segundo lugar, el alcance de una eventual transmisión puede variar: algunos Estados solo permiten la cesión total de los derechos de autor, mientras que otros solo permiten la cesión (parcial) de determinados derechos exclusivos, por un período limitado (etc.) (véase un análisis comparativo de las legislaciones de los Estados miembros en Guibault, L., Hugenholtz, P. B., y otros, nota 11, op. cit).


41      Véase, en el mismo sentido, Lucas, A., nota 40, op. cit., pp. 761 a 775, especialmente pp. 769 y 770; Fawcett, J. J., y Torremans, P., nota 11, op. cit., apartados 13.104, 14.182 y 14.183; Plender, R., y Wilderspin, M., nota 14, op. cit., apartados 22-041 a 22-047; Drexl, J., nota 40, op. cit., apartado 3:301.C02; Heinze, C., «Article 3:504: Formal validity», en Basedow, J., y otros (eds.), nota 30, op. cit., apartado 3:504.C02. Además, en la gran mayoría de los Estados miembros, suele aplicarse la calificación de «contractual» (véase un análisis comparativo en Kono, T., nota 13, op. cit.).


42      En efecto, un documento escrito suele garantizar que el autor está debidamente informado de lo que está aceptando. Véase Guibault, L., Hugenholtz, P. B., y otros, nota 11, op. cit., pp. 31 y 67; van Eechoud, M. M. M., «Choice of Law in Copyright and Related Rights: Alternatives to the Lex Protectionis», Kluwer Law International, 2003, pp. 196, 197, 203 a 205, y Raynard, J., nota 21, op. cit., pp. 641 a 654.


43      Concretamente, si bien el artículo 11 del Reglamento Roma I no define el concepto de «validez formal», el informe Giuliano-Lagarde indica que el concepto de «forma», en el sentido de esta disposición, se refiere a «toda manifestación externa exigida a una persona que exprese la voluntad de quedar jurídicamente vinculada y a falta de la cual tal expresión no se consideraría plenamente eficaz» (ibidem, p. 29). Esto incluye, evidentemente, la exigencia de que el contrato de licencia o de cesión de derechos de autor figure por escrito so pena de nulidad.


44      Véase, por ejemplo, el artículo L-131-3 del code de la propriété intellectuelle (Código de Propiedad Intelectual, Francia).


45      A tenor del artículo 18, apartado 2, del Reglamento Roma I, «los contratos […] podrán ser acreditados por cualquier medio de prueba admitido bien por la ley del foro, bien por cualquiera de las leyes contempladas en el artículo 11, conforme a la cual el […] contrato sea válido en cuanto a la forma, siempre que tal medio de prueba pueda emplearse ante el tribunal que conozca del asunto».


46      Véanse, respectivamente, el informe Giuliano-Lagarde, p. 31, y el artículo 25, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis.


47      Carece de importancia que los requisitos examinados en el presente asunto suelan figurar en la normativa en materia de derechos de autor de los Estados (y no en su legislación de contratos) y que, en ocasiones, estén redactados como si no se refirieran al contrato, sino a los derechos de autor «en sí» [compárense, por ejemplo, el artículo 90, apartado 3, de las British Copyright, Designs and Patents Acts (Leyes Británicas de Derechos de Autor, Dibujos y Modelos y Patentes), según el cual «la cesión de los derechos de autor solo será efectiva si consta por escrito […]» (el subrayado es mío), y el artículo 53 de la ley polaca de derechos de autor, en virtud del cual «el contrato [de cesión de derechos de autor] deberá celebrarse por escrito […]» (el subrayado es mío)]. La calificación a efectos de la determinación de las normas de conflicto de leyes pertinentes no puede depender de la calificación formal o del tenor preciso de determinadas normas con arreglo a las presuntas ley o leyes aplicables. Debe hacerse con independencia de estas consideraciones, a la luz de categorías definidas de manera autónoma y de la naturaleza de la cuestión subyacente. Por las razones expuestas, a efectos de los conflictos de leyes, cuando los legisladores nacionales establecen tales requisitos en sus respectivas legislaciones sobre derechos de autor, abandonan la categoría de «derechos de autor en sí» para entrar en la «contractual».


48      Véase el punto 20 de las presentes conclusiones.


49      En consecuencia, la Comisión explicó que, en su opinión, i) el contrato de licencia exclusiva es válido en cuanto a la forma, en virtud del artículo 11 del Reglamento Roma I, porque las normas generales en materia contractual previstas en el Derecho polaco autorizan los contratos verbales; ii) no existe cesión de derechos de autor polacos, ya que la ley polaca de derechos de autor exige la forma escrita para que la cesión sea válida; iii) no obstante, los derechos de autor alemanes fueron válidamente cedidos en virtud de ese contrato, ya que tal requisito no figura en la Ley alemana de derechos de autor.


50      Concretamente, este enfoque está muy influido por el «Trennungs- und Abstraktionsprinzip» del Derecho civil alemán, en relación con la venta de bienes, en virtud del cual una única operación de venta debe considerarse, desde el punto de vista jurídico, como dos «actos» distintos, a saber: i) el «acto generador de las obligaciones», que únicamente vincula al vendedor y al comprador, incluida la obligación del vendedor de transmitir la propiedad al comprador (es decir, el contrato de compraventa), y ii) el «acto de disposición», consistente en el cambio efectivo de la titularidad, del vendedor al comprador, con efectos erga omnes. Esto ha llevado a una parte de la jurisprudencia y de la doctrina alemanas a defender, en el ámbito de los conflictos de leyes, la Spaltungstheorie (teoría del fraccionamiento), en virtud de la cual el primer «acto» debe regirse por la lex contractus y el otro «acto» por la ley aplicable al derecho de propiedad en sí (en el caso de la propiedad intelectual, la lex loci protectionis). BT y la Comisión defienden, en esencia, esta teoría en el presente asunto.


51      Véase, a este respecto, el artículo 5, apartado 2, del Convenio de Berna, según el cual «el goce y el ejercicio de [los derechos de autor] no estarán subordinados a ninguna formalidad».


52      Véanse asimismo, en relación con estas formalidades y la manera en que difieren por su naturaleza de los requisitos en cuestión, Fawcett, J. J., y Torremans, P., nota 11, op. cit., apartados 14.01 y 14.02, 14.08, 14.15 a 14.17; Raynard, J., nota 21, op. cit., pp. 591 a 600, 635, 637 y 644; el informe Giuliano-Lagarde, p. 29; Plender, R., y Wilderspin, M., nota 14, op. cit., apartado 14-071; Drexl, J., nota 40, op. cit., apartado 3:301.C07, y Heinze, C., nota 41, op. cit., apartado 3:504.C02.


53      Por consiguiente, para evitar más confusión en la materia, en mi opinión, debe descartarse la Spaltungstheorie (teoría del fraccionamiento) alemana en lo que respecta a los contratos en materia de derechos de propiedad intelectual. Así lo confirma el artículo 14, apartado 1, del Reglamento Roma I. Esta disposición no se aplica a la cesión de un derecho de propiedad (real), sino a la cesión voluntaria de créditos. No obstante, por analogía, establece que las «relaciones» entre el cedente y el cesionario se regirán por la ley que, en virtud de dicho Reglamento, se aplique al contrato que les ligue. De su considerando 38 se desprende que el legislador utilizó el término «relaciones» para abarcar, en los pocos Estados miembros que establecen esta distinción, tanto «el contrato» como «el acto de disposición». Así pues, el legislador de la Unión rechazó, a efectos del Reglamento Roma I, la idea de que una única operación deba entenderse como dos «actos» jurídicos distintos, cuya «validez formal» podría regirse por dos legislaciones diferentes. En cambio, el legislador estableció una distinción entre la validez de la cesión y la oponibilidad de esa cesión frente a terceros (cuestión se rige por las normas nacionales sobre conflicto de leyes).


54      Esto plantea, naturalmente, la cuestión, distinta, de si un tercero como IU tiene derecho a invocar la invalidez de un contrato de licencia o de cesión (o de una cláusula) por incumplimiento de estos requisitos. A menudo, la nulidad (o inexistencia) derivada de tal incumplimiento es relativa, es decir, solo puede ser invocada por la parte que goza de la protección de esos requisitos, es decir, el autor. Evidentemente, esta cuestión distinta es también una cuestión de naturaleza «contractual», regulada por la lex contractus pertinente.


55      Véase Fawcett, J. J., y Torremans, P., nota 11, op. cit., apartado 14.183. Véanse, no obstante, los puntos 73 y 74 de las presentes conclusiones.


56      El Convenio de Berna no impone un resultado tan desafortunado. En realidad, la cuestión que se debate queda totalmente fuera del ámbito de aplicación de dicho Convenio. No tiene nada que ver con la «protección» de la que goza el autor en virtud del derecho de autor, tal como se contempla en el artículo 5, apartado 2, de dicho Convenio, sino con la información y el consentimiento del autor en sus relaciones contractuales con otras personas.


57      Véase el informe Giuliano-Lagarde, pp. 29 y 30.


58      El artículo 11, apartado 5, del Reglamento Roma I ya contiene semejantes disposiciones especiales en relación con «todo contrato que tenga por objeto un derecho real sobre un bien inmueble o el arrendamiento de un bien inmueble». Véase, respecto de propuestas en este sentido, van Eechoud, M. M. M., op. cit., nota 42, pp. 196 y 205.


59      El artículo 9, apartado 1, del Reglamento Roma I define el concepto de «ley de policía» como la «disposición cuya observancia un país considera esencial para la salvaguardia de sus intereses públicos, tales como su organización política, social o económica, hasta el punto de exigir su aplicación a toda situación comprendida dentro de su ámbito de aplicación». El hecho de que los requisitos en cuestión protejan ante todo a los particulares (en particular, a los autores) no excluye necesariamente que persigan un «interés público» en el sentido de dicha disposición (véase, por analogía, la sentencia de 5 de septiembre de 2024, HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung II, C‑86/23, EU:C:2024:689, apartados 46 y 47).


60      Con frecuencia, el contrato tendrá que cumplirse en el país de protección y puede cuando menos argumentarse que el incumplimiento de los requisitos de forma establecidos en la ley de ese país conlleva que el cumplimiento de ese contrato (en particular, la obligación de conceder una licencia o de ceder derechos de autor) sea ilegal.


61      Véanse Fawcett, J. J., y Torremans, P., nota 11, op. cit., apartados 14.164 a 14.174 y 14.156, y el informe Giuliano-Lagarde, p. 31. Es cierto que, como no se trata de una obligación, sino de una mera facultad, el artículo 9 del Reglamento Roma I genera cierta incertidumbre en cuanto a si los requisitos de forma que impone la lex protectionis podrían aplicarse como «ley de policía». Sin embargo, este grado de incertidumbre es inherente a la actual versión del Reglamento. Para disiparla, el legislador de la Unión debería i) excluir totalmente la posibilidad de aplicar la «ley de policía» en cuanto a la forma o ii) imponer la aplicación de los requisitos de forma previstos por la lex protectionis como obligatorios en virtud del artículo 11.


62      Véase, asimismo, sobre el método para identificar una «ley de policía» y los requisitos para su aplicación, la sentencia de 5 de septiembre de 2024, HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung II (C‑86/23, EU:C:2024:689), apartados 39 a 46. Además, cuando el autor resulta ser un trabajador o un consumidor, se aplican normas especiales de protección, que limitan la posibilidad de que las partes elijan la ley aplicable y que pueden permitir al autor invocar la protección de la ley de su residencia habitual (que a menudo corresponderá a la lex loci protectionis) (para más detalles, véanse los artículos 6, 8 y 11, apartado 5, del Reglamento Roma I). Por último, este Reglamento también establece garantías para las situaciones internacionales «falsas», es decir, aquellas en que unas partes que residen habitualmente en un mismo Estado eligen una ley extranjera, por lo que respecta a los derechos de autor reconocidos en ese Estado, en un contexto que, por lo demás, es puramente «interno», con el único fin de eludir las disposiciones imperativas, incluidas las relativas a la forma, previstas por su Derecho común. Aunque esa elección de ley extranjera es, en principio, válida en virtud del artículo 3, apartado 1, el apartado 3 de este artículo establece que dicha elección no afectará a la aplicación de las disposiciones imperativas.


63      En efecto, el órgano jurisdiccional remitente debe comprobar varios elementos a este respecto. En primer lugar, dicho órgano jurisdiccional ha de comprobar si los contratos pertinentes se celebraron efectivamente en Polonia en presencia de las partes (o de sus representantes), como parece suponer (véase el apartado 44 anterior). En efecto, de la exposición de hechos parece desprenderse que BT encargó al fotógrafo, con antelación y quizás desde Alemania, que tomara las fotografías. Es posible que los contratos se celebraran en ese momento. Pues bien, cuando las partes se encuentran en distintos países en el momento de la celebración del contrato, según el artículo 11, apartado 2, ese contrato será válido en cuanto a la forma si reúne los requisitos de forma i) de la lex contractus o ii) de la «ley de los países en que se encuentren cualquiera de las partes, o cualquiera de sus representantes, en el momento de la celebración» o iii) de la «ley del país en que cualquiera de las partes tuviera su residencia habitual en ese momento». Por lo tanto, no puede excluirse que la ley alemana sea aplicable en virtud de los incisos ii) o iii). De ser así, los contratos controvertidos serían formalmente válidos con arreglo al artículo 11, apartado 2, dado que, según parece, la ley alemana no exige que ese contrato se haga por escrito. En segundo lugar, suponiendo que la validez de los contratos se rija exclusivamente por la ley polaca, correspondería al órgano jurisdiccional remitente determinar si los contratos de licencia exclusiva están comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 53 de la ley polaca de derechos de autor y si un tercero como IU puede invocar, en virtud de la ley polaca, la nulidad de dichos contratos por incumplimiento del requisito establecido en dicha disposición (véase la nota 54 de las presentes conclusiones). Por último, BT ha alegado ante el Tribunal de Justicia que el fotógrafo confirmó posteriormente la cesión por escrito. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar el efecto que dicha confirmación pudiera tener sobre la validez de los contratos con arreglo a la ley polaca.