1.

Mediante su recurso de casación, el Sr. Danilo Poggiolini solicita la anulación del auto del Tribunal General de 3 de julio de 2020, Falqui y Poggiolini/Parlamento, ( 2 ) por el que se declaró la inadmisibilidad manifiesta del recurso de anulación que tenía por objeto la anulación de la nota de 11 de abril de 2019 emitida por el jefe de la Unidad de Remuneración y Derechos Sociales de los Diputados de la Dirección General (DG) de Finanzas del Parlamento Europeo relativa a la adaptación del importe de la pensión que percibe ( 3 ) tras la entrada en vigor, el 1 de enero de 2019, de la Decisión n.o 14/2018 del Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Mesa de la Cámara de Diputados, Italia). ( 4 )

2.

Esta nota, dirigida a varios antiguos diputados europeos o a sus derechohabientes, ha sido objeto de múltiples recursos que han sido declarados manifiestamente inadmisibles por el Tribunal General. El Tribunal de Justicia está conociendo de varios recursos de casación interpuestos contra tales resoluciones del Tribunal General, adoptadas en la misma fecha en términos similares. ( 5 )

3.

En este sentido, el Tribunal de Justicia debe pronunciarse sobre los requisitos de impugnación de las decisiones del Parlamento en materia de revisión de las pensiones de los diputados europeos adoptadas en el marco de un procedimiento administrativo que no está regulado por una normativa específica.

4.

La esencia de la reflexión planteada por el presente recurso de casación y por el recurso de casación interpuesto en el asunto C‑431/20 P, que el Tribunal de Justicia ha decidido examinar conjuntamente, se centrará en el concepto de «acto impugnable» en el sentido del artículo 263 TFUE. ( 6 )

5.

El artículo 56 bis, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General ( 7 ) establece lo siguiente:

«Sin perjuicio de los supuestos contemplados en el artículo 57, apartado 2, en el artículo 72, apartado 4, en el artículo 80, apartado 1, en el artículo 105, apartados 1 y 2, en el artículo 147, apartado 6, en el artículo 148, apartado 9, y en el artículo 178, apartados 2 y 3, todos los escritos procesales se presentarán y serán notificados a través de e‑Curia [ ( 8 )]».

6.

En virtud del artículo 60 de este Reglamento:

«Los plazos procesales se ampliarán, por razón de la distancia, en un plazo único de diez días.»

7.

El artículo 81, apartado 1, del citado Reglamento dispone lo siguiente:

«Dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la demanda, el demandado presentará el escrito de contestación […]».

8.

El artículo 86, apartado 1, de este mismo Reglamento tiene el siguiente tenor:

«Cuando el acto cuya anulación se ha solicitado sea sustituido o modificado por otro acto que tenga el mismo objeto, el demandante podrá adaptar su demanda antes de la declaración de terminación de la fase oral del procedimiento o antes de que el Tribunal General decida resolver sin fase oral, a fin de tener en cuenta esta novedad.»

9.

El artículo 130, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento está redactado en estos términos:

«La demanda en que el demandado solicite que el Tribunal General decida sobre la inadmisión o la incompetencia sin entrar en el fondo del asunto se presentará mediante escrito separado, dentro del plazo fijado en el artículo 81.»

10.

Con arreglo al artículo 6 de la Decisión del Tribunal General, de 11 de julio de 2018, sobre la presentación y notificación de escritos procesales a través de la aplicación e‑Curia: ( 9 )

«Los escritos procesales, incluidos sentencias y autos, se notificarán a través de e‑Curia a los titulares de una cuenta de acceso en los asuntos que les conciernan.

Los destinatarios de las notificaciones mencionadas en el párrafo anterior serán avisados por correo electrónico de todas las notificaciones que se les envíen a través de e‑Curia.

El escrito procesal se considerará notificado en el momento en que el destinatario (ya sea el representante de una parte o un ayudante de este) solicite acceso al mismo. Si no se solicitara acceso al escrito, este se considerará notificado al finalizar el séptimo día siguiente a la fecha de envío del correo electrónico de aviso.

[…]»

11.

Los antecedentes del litigio, recogidos en los apartados 1 a 9 del auto recurrido, pueden resumirse del siguiente modo.

12.

El recurrente es un antiguo miembro del Parlamento, elegido en Italia. Percibe por ello una pensión de jubilación concedida con arreglo a la reglamentación relativa a los gastos y dietas de los diputados del Parlamento.

13.

El 12 de julio de 2018, la Mesa de la Cámara de Diputados acordó, mediante la Decisión n.o 14/2018, recalcular, conforme al sistema de la cotización, el importe de las pensiones de los antiguos miembros de dicha Cámara relativas a los años de mandato anteriores al 31 de diciembre de 2011. ( 10 ) Sobre esta base, se redujo el importe de las pensiones satisfechas a un determinado número de diputados italianos a partir del 1 de enero de 2019.

14.

El Parlamento informó al recurrente, a través de un comentario añadido a su hoja de haberes pasivos del mes de enero de 2019, de que el importe de su pensión podría ser revisado en aplicación de la Decisión n.o 14/2018 y que esta revisión podría dar lugar a la recuperación de importes indebidamente abonados.

15.

Mediante una nota no fechada del jefe de la Unidad de Remuneración y Derechos Sociales de los Diputados de la DG de Finanzas del Parlamento, adjunta a la hoja de haberes pasivos del mes de febrero de 2019, se advirtió al recurrente de que:

16.

Mediante una nota de 11 de abril de 2019, ( 12 ) dicho jefe de unidad informó al recurrente de que, como le había anunciado en su nota de febrero de 2019:

17.

Mediante correo electrónico de 22 de mayo de 2019, el recurrente remitió sus observaciones al servicio competente del Parlamento. Mediante correo electrónico de esa misma fecha, el Parlamento acusó recibo de dichas observaciones e informó al recurrente de que se le daría una respuesta tras examinar sus alegaciones.

18.

Mediante correo electrónico de 8 de julio de 2019, es decir, tras la interposición del recurso en primera instancia, el jefe de la Unidad de Remuneración y Derechos Sociales de los Diputados de la DG de Finanzas del Parlamento indicó al recurrente que sus observaciones no contenían elementos que justificasen una revisión de la posición del Parlamento reflejada en la nota controvertida y que, por lo tanto, el derecho de pensión y el plan de recuperación de los importes indebidamente abonados, calculados y comunicados en el anexo a dicha nota, habían devenido definitivos en la fecha de notificación de esa decisión.

19.

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 10 de junio de 2019, el recurrente interpuso un recurso por el que solicitaba la anulación de la nota controvertida. El 29 de agosto de 2019, el Parlamento, mediante escrito separado, propuso una excepción de inadmisibilidad del recurso.

20.

El 6 de septiembre de 2019, el recurrente presentó un escrito de adaptación de la demanda y, el 10 de octubre de 2019, sus observaciones acerca de la excepción de inadmisibilidad.

21.

El 9 de octubre de 2019, el Parlamento presentó sus observaciones sobre el escrito de adaptación del recurrente.

22.

Mediante el auto recurrido, dictado al amparo del artículo 126 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal General declaró la inadmisibilidad manifiesta del recurso interpuesto por el recurrente.

23.

En primer lugar, por lo que respecta a la pretensión de anulación de la nota controvertida, el Tribunal General comenzó declarando que la excepción de inadmisibilidad había sido propuesta por el Parlamento dentro de los plazos establecidos, dado que deben calcularse teniendo en cuenta un plazo por razón de la distancia único de diez días, aplicable aun cuando el escrito de que se trate se presente a través de e‑Curia. ( 13 )

24.

A continuación, el Tribunal General observó que la nota controvertida no constituía un acto lesivo. ( 14 ) Tras haber señalado que el hecho de que el nuevo método de cálculo de las pensiones fuese aplicable desde el mes de abril de 2019 no bastaba por sí solo para acreditar que el Parlamento hubiera adoptado una posición definitiva sobre el importe de las pensiones, ( 15 ) el Tribunal General dedujo del tenor de la nota controvertida y de la posibilidad que se brindó al recurrente de formular observaciones, a la que se hacía mención en dicha nota y de la que el recurrente hizo uso, ( 16 ) que la respuesta del Parlamento al recurrente era la decisión definitiva de esta institución y no podía, por lo tanto, analizarse como un acto meramente confirmatorio de la nota controvertida. ( 17 )

25.

Por último, el Tribunal General estimó que su apreciación de la inadmisibilidad de la pretensión de anulación de la nota controvertida no puede menoscabar el derecho a la tutela judicial efectiva ni permitir al Parlamento eludir el control del Tribunal General. ( 18 )

26.

En segundo lugar, el Tribunal General declaró que el escrito de adaptación presentado por el recurrente era manifiestamente inadmisible dado que una parte únicamente puede adaptar sus pretensiones y motivos si el recurso inicial en sí mismo no es admisible en la fecha en que se presentó. ( 19 )

27.

En tercer lugar, el Tribunal General declaró la inadmisibilidad manifiesta de la pretensión del recurrente por la que se solicitaba que se condenase al Parlamento a pagar el importe que había retenido indebidamente, dado que, según reiterada jurisprudencia, no puede dictar órdenes conminatorias a las instituciones de la Unión. ( 20 )

28.

El recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

29.

El Parlamento solicita al Tribunal de Justicia que:

30.

En apoyo de su recurso de casación, el recurrente invoca tres motivos basados, respectivamente, en el carácter extemporáneo de la excepción de inadmisibilidad del recurso propuesta por el Parlamento, en el carácter impugnable de la nota controvertida y en la admisibilidad de la pretensión de anulación formulada en el escrito de adaptación. Además, reitera los motivos alegados en primera instancia.

31.

El recurrente alega que el Tribunal General infringió los artículos 60, 81, apartado 1, y 130, apartado 1, de su Reglamento de Procedimiento, así como el artículo 6 de la Decisión e‑Curia, al declarar que la excepción de inadmisibilidad del Parlamento se había presentado correctamente, mediante escrito separado, el 29 de agosto de 2019, pese a que el plazo había expirado el 25 de agosto de 2019.

32.

Aduce que la ampliación de los plazos procesales prevista en el artículo 60 de dicho Reglamento se aplica únicamente a los supuestos en los que es necesario recurrir a comunicaciones por vía postal y que, por consiguiente, no se aplica a la presentación y notificación de actos procesales en el marco del sistema e‑Curia, que garantiza la inmediatez de los intercambios desmaterializados, como precisa la exposición de motivos de la Decisión e‑Curia.

33.

El Parlamento considera, por un lado, que el motivo es en parte inadmisible en cuanto el recurrente no expone la razón por la que el Tribunal General infringió supuestamente el artículo 6 de la Decisión e‑Curia y, por el otro, que dicho motivo es, por lo demás, infundado, dado que se basa en una interpretación manifiestamente errónea del artículo 60 del citado Reglamento, el cual se aplica a todo tipo de presentación de escritos a través de e‑Curia, aplicación a la que es obligatorio recurrir a efectos de tal presentación en virtud del artículo 56 bis, apartado 1, de ese mismo Reglamento.

34.

Como precisa el considerando 3 de la Decisión e‑Curia, se decidió que la utilización de la aplicación e‑Curia, prevista en el artículo 56 bis del Reglamento de Procedimiento, fuera obligatoria para la presentación y la notificación de escritos procesales en los procedimientos seguidos ante el Tribunal General, ante las ventajas que ofrece la inmediatez de los intercambios desmaterializados de escritos procesales resultante de dicha aplicación.

35.

Sin embargo, no se ha modificado la norma recogida en el artículo 60 de ese Reglamento, según la cual los plazos procesales se ampliarán, por razón de la distancia, en un plazo único de diez días, sin más precisiones sobre las modalidades de presentación de los escritos procesales.

36.

El artículo 51 del Reglamento de Procedimiento prevé asimismo la ampliación de los plazos por razón de la distancia. Para calcular los plazos de casación, el Tribunal de Justicia también tiene en cuenta dicha ampliación, incluso en caso de utilización de la aplicación e‑Curia. ( 21 )

37.

En estas circunstancias, considero infundado el primer motivo de casación.

38.

En apoyo de este motivo basado en el artículo 263 TFUE, en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el principio de tutela judicial efectiva, el recurrente aduce que:

39.

El Parlamento alega que:

40.

En cuanto atañe a la alegación del recurrente relativa al riesgo de menoscabar la facultad de control de sus actos por el Tribunal General, el Parlamento se remite al apartado 58 del auto recurrido.

41.

Mediante su segundo motivo, el recurrente censura, en esencia, la apreciación por el Tribunal General del criterio del efecto jurídico que permite ejercitar la vía de recurso prevista en el artículo 263 TFUE, habida cuenta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

42.

Así pues, procede recordar que se consideran «actos recurribles», a los efectos de dicho artículo, todas las disposiciones adoptadas por las instituciones, cualquiera que sea su forma, destinadas a producir efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de la persona física o jurídica demandante, modificando marcadamente su situación jurídica. ( 22 )

43.

En cambio, escapa al control jurisdiccional previsto en el artículo 263 TFUE cualquier acto que no produzca efectos jurídicos obligatorios, como los actos preparatorios y los actos de mera ejecución, las simples recomendaciones y los dictámenes y, en principio, las instrucciones internas. ( 23 )

44.

Para determinar si el acto impugnado produce tales efectos, hay que atenerse al contenido esencial de dicho acto y a la intención de su autor, ( 24 ) y apreciar esos efectos en función de criterios objetivos como el contenido del citado acto, tomando en consideración, en su caso, el contexto en el que se adoptó y las facultades de la institución que fue su autora. ( 25 )

45.

Así pues, los trámites intermedios que tienen por objeto preparar la decisión final no constituyen, en principio, actos que puedan ser objeto de un recurso de anulación. Este es el caso de los actos que expresan una opinión provisional de la institución. ( 26 )

46.

Los actos intermedios tampoco pueden ser objeto de recurso cuando consta que la ilegalidad de que adolecen dichos actos puede invocarse en apoyo de un recurso dirigido contra la decisión final de la que constituyen un acto de elaboración. En tales circunstancias, el recurso interpuesto contra la decisión que pone fin al procedimiento garantizará una tutela judicial suficiente. ( 27 )

47.

Además, la decisión controvertida únicamente puede ser objeto de un recurso de anulación si, aun sin alterar los términos de la parte dispositiva de la decisión que la precede, una modificación en su motivación altera la naturaleza de lo decidido en su parte dispositiva, afectando así a los intereses de los demandantes en el sentido de la jurisprudencia sobre el artículo 263 TFUE. En su defecto, se trata de un acto confirmatorio que no es impugnable en el sentido de dicho artículo.

48.

En el presente asunto, en aplicación de la jurisprudencia correspondiente a la recordada en los puntos 42 y 45 de las presentes conclusiones, ( 28 ) el Tribunal General puso de relieve los elementos basados en el contenido de la nota controvertida, a saber, el término «proyecto» utilizado y la precisión de que la revisión de los derechos de pensión y la recuperación de los importes indebidamente percibidos por los meses de enero a marzo de 2019 solo se convierten en definitivas una vez transcurrido el plazo de 30 días durante el cual podían presentarse observaciones. El Tribunal General consideró que el ejercicio de esta facultad por el recurrente impidió que el proyecto de determinación de los nuevos derechos de pensión deviniese definitivo y que, por consiguiente, el escrito posterior a las observaciones del recurrente constituye la decisión definitiva del Parlamento.

49.

Asimismo, el Tribunal General declaró que dicho escrito no es un acto meramente confirmatorio, dado que la nota controvertida no era en absoluto definitiva y que, a este respecto, carece de relevancia que en dicha nota no se precisase el plazo de respuesta del Parlamento.

50.

En el segundo motivo, el recurrente no rechaza las constataciones del Tribunal General relativas al contenido de la nota controvertida y al contexto en el que se emitió. El recurrente considera que el Tribunal General cometió un error de Derecho al apreciar el carácter impugnable de dicha nota, alegando que esta tuvo por efecto la reducción inmediata del importe de su pensión.

51.

De los apartados 5, 6 y 47 del auto recurrido resulta que el Tribunal General declaró que la nota controvertida fue emitida por el Parlamento, facultado para tomar decisiones, y que el Parlamento tiene la obligación de revisar el importe de las pensiones satisfechas de conformidad con el sistema de determinación del importe de las pensiones de los diputados europeos. Según las constataciones del Tribunal General, en este contexto, la práctica de la DG de Finanzas de dicha institución consistió en informar al recurrente, en el mes de febrero de 2019, de la futura revisión del importe de su pensión, resultante de la aplicabilidad automática de la Decisión n.o 14/2018, y, posteriormente, dos meses más tarde, mediante esa nota, de su aplicación efectiva y de la facultad de formular observaciones en un plazo de 30 días contados desde el envío de la citada nota.

52.

Por consiguiente, de lo anterior cabe deducir que el Parlamento adoptó de manera inequívoca una medida que producía efectos jurídicos que afectaban a los intereses del recurrente y se imponían obligatoriamente a este.

53.

Para considerar que la nota controvertida no constituye una decisión, el Tribunal General tuvo en cuenta la existencia de la facultad de formular observaciones respecto de dicha nota y declaró que tal facultad había sido ejercitada, que las observaciones del recurrente habían sido examinadas y que no se habían recuperado los importes indebidamente satisfechos desde el mes de enero de 2019.

54.

De este modo, el Tribunal General no tomó en consideración los siguientes elementos que resultan de sus constataciones:

55.

De lo anterior se desprende que, en estas circunstancias particulares, muy distintas de las que dieron lugar a la jurisprudencia citada por el Tribunal General en el apartado 46 del auto recurrido, la nota controvertida no puede considerarse, a diferencia de la que se envió en febrero de 2019, como un simple escrito informativo dirigido al recurrente al objeto de conocer su punto de vista y facilitar al Parlamento la información más exhaustiva posible antes de adoptar su decisión o, en otras palabras, como una etapa necesaria previa a la limitación de derechos del recurrente.

56.

En estas circunstancias, la nota controvertida únicamente podría ser considerada como una definición de postura preliminar o preparatoria si el Parlamento hubiera expresado claramente que su decisión de reducir las pensiones a raíz de la Decisión n.o 14/2018 solo produciría efectos concretos a reserva de la falta de presentación de observaciones por el interesado o una vez transcurrido un plazo concreto de presentación de tales observaciones, lo cual no se ha dado en el presente asunto.

57.

A este respecto, es inoperante la constatación de que el Parlamento no dio lugar a que la reducción del importe de la pensión, efectiva desde abril de 2019, produjera todos sus efectos, al no recuperar los importes indebidamente satisfechos entre los meses de enero y marzo de 2019. Ciertamente, tal constatación no puede modificar la calificación de la nota controvertida resultante de la revisión automática del importe de la pensión vencida y de las pensiones que iban a vencer, dado que los requisitos materiales de recuperación de importes indebidos están asimismo vinculados a la Decisión n.o 14/2018.

58.

Corrobora el carácter impugnable de la nota controvertida la constatación, dimanante del apartado 52 del auto recurrido, de que en dicho procedimiento de revisión de las pensiones no se adoptó ninguna otra decisión una vez transcurrido el plazo de 30 días conferido al acreedor de la pensión para formular observaciones o en caso de desestimación de estas. Así pues, a falta de un procedimiento de reexamen que dé lugar a una decisión que contenga una fundamentación detallada en respuesta a las observaciones de los acreedores de la pensión, la legalidad del acto que produjo el efecto de modificar su importe se apreciará al término de dicho plazo en función de la información de la que el Parlamento podía disponer en el momento en el que informó al acreedor.

59.

Del mismo modo, en circunstancias como las del presente litigio, el Parlamento no puede afirmar válidamente que el recurrente, quien, tras haber recibido la nota controvertida, formuló observaciones, debería haber esperado a que dicha institución confirmase la reducción del importe de su pensión para que esta respuesta a sus observaciones pudiera considerarse un acto definitivo y, por tanto, impugnable. En efecto, el éxito de tal actuación por parte del recurrente era altamente improbable en cuanto al principio de la reducción del importe de las pensiones al amparo de la Decisión n.o 14/2018, según la información que había proporcionado reiteradamente el Parlamento, lo que exponía al recurrente al riesgo de que la respuesta de esta institución fuera considerada, a falta de elementos nuevos, un acto confirmatorio, no susceptible de recurso. ( 29 )

60.

El análisis que precede se ve corroborado por la jurisprudencia relativa a la definición de acto lesivo en disputas relativas a la función pública en las que se impugnan los efectos pecuniarios de una decisión. En este sentido, la hoja de haberes mensual puede considerarse una decisión. ( 30 ) Cuando dicha hoja de haberes expresa, por primera vez, la aplicación de un nuevo acto de alcance general de determinación de los derechos económicos, plasma necesariamente, respecto a su destinatario, la adopción de una decisión administrativa de alcance individual que produce efectos jurídicos obligatorios que pueden afectar directa e inmediatamente a los intereses del funcionario de que se trate. En cambio, las nóminas siguientes se limitan, por su parte, a reflejar la continuación en el tiempo de los efectos de dicha decisión administrativa de alcance individual inicial y podrían calificarse de decisiones administrativas de alcance individual confirmatorias. ( 31 )

61.

Además, procede recordar la jurisprudencia reiterada según la cual, cuando un candidato en una oposición solicita la revisión de una decisión adoptada por un tribunal calificador, la decisión adoptada por este después de reconsiderar la situación del candidato es el acto lesivo para dicho candidato, dado que la decisión adoptada tras la revisión sustituye, de esta forma, a la decisión inicial del tribunal calificador. ( 32 )

62.

Por último, dado que, en mi opinión, el carácter impugnable de la nota controvertida en el sentido del artículo 263 TFUE resulta en esencia de la sucesión de la información facilitada al recurrente y de la materialización de una decisión general en condiciones que hacen incierta la tutela judicial de este, me parece oportuno llamar la atención del Tribunal de Justicia sobre el alcance de la sentencia de 28 de junio de 2018, Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Comisión. ( 33 )

63.

En algunos aspectos, cabe trazar un paralelismo entre las circunstancias del asunto que dio lugar a dicha sentencia y aquellas en las que se basa el segundo motivo de casación. En efecto, el Tribunal de Justicia señaló que el recurrente había recibido un correo electrónico el cual podía considerarse que era la notificación de la desestimación de su propuesta por la Comisión Europea ( 34 ) y que desconocía la existencia de la decisión definitiva adoptada por dicha institución tras la fecha de interposición de su recurso. A diferencia del Tribunal General, que, para declarar la inadmisibilidad de dicho recurso, sostuvo que este tenía por objeto un correo electrónico del que la Comisión no era la autora y que el acto impugnado tenía únicamente carácter provisional, ( 35 ) el Tribunal de Justicia dedujo de las constataciones del Tribunal General que este debió reconocer, habida cuenta de las circunstancias particulares de dicho asunto y a fin de garantizar el derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva, que el objeto del recurso dirigido contra la Comisión ( 36 ) era la anulación de la decisión definitiva.

64.

Así pues, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia no se pronunció sobre el carácter provisional del acto controvertido, sino sobre el hecho de que al recurrente le resultaba imposible identificar la Decisión de Ejecución de la Comisión que constituía el acto definitivo, habida cuenta del procedimiento desarrollado, tomando asimismo en consideración que el correo electrónico controvertido contenía información sobre las vías de recurso disponibles y que fueron ejercitadas sin tener conocimiento de la Decisión de Ejecución. ( 37 ) En este sentido, la citada sentencia merece una atención particular en la medida en que ilustra las consecuencias procesales que deben extraerse en caso de incertidumbre sobre la naturaleza y el alcance de los actos en cuanto a sus efectos jurídicos por razón de su tenor literal y su contexto. ( 38 ) Por consiguiente, con carácter subsidiario, propongo al Tribunal de Justicia que adopte una motivación análoga.

65.

De todas estas consideraciones deduzco que el Tribunal General cometió un error de Derecho al declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso de anulación de la nota controvertida interpuesto por el recurrente por no ser un acto impugnable que pueda ser objeto de tal recurso al amparo del artículo 263 TFUE.

66.

Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que declare fundado el segundo motivo y, en consecuencia, anule el auto recurrido sin que sea necesario examinar el tercer motivo, de carácter subsidiario.

67.

No obstante, para el supuesto de que el Tribunal de Justicia decidiera desestimar el segundo motivo, completaré mi análisis sobre el último motivo.

68.

El recurrente critica, con carácter subsidiario, los apartados 62 y 63 del auto recurrido en la medida en que declara inadmisible su pretensión de anulación de la nota controvertida formulada en su escrito de adaptación. Alega que, dado que la demanda reúne los requisitos previstos en el artículo 76 del Reglamento de Procedimiento y cumple los plazos procesales, el Tribunal General debió, en virtud del principio de conservación de los actos jurídicos, convertir la acción y calificar de demanda dicho escrito con arreglo al artículo 86 del citado Reglamento.

69.

El recurrente precisa que el principio que invoca está previsto en el Derecho italiano y es aplicado por los órganos jurisdiccionales italianos y que pensaba poder acogerse a él presentando su escrito de adaptación. La falta de examen de su demanda en cuanto al fondo le impidió disfrutar de la protección de su posición jurídica y, por consiguiente, vulneró su derecho de defensa.

70.

El Parlamento considera que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar que la inadmisibilidad de su escrito de adaptación era consecuencia de la inadmisibilidad de la pretensión de anulación de la nota controvertida. Con carácter subsidiario, el Parlamento arguye que solo podía ser objeto de recurso la decisión adoptada tras haber examinado las observaciones formuladas por el recurrente. Añade que ninguna disposición del Reglamento de Procedimiento y ningún principio general de la Unión obligan al Tribunal General a convertir en demanda el escrito de adaptación y que ni el Derecho italiano ni la jurisprudencia italiana pueden invocarse eficazmente. Asimismo, sostiene que no puede reprocharse al Tribunal General la violación del principio de tutela judicial efectiva, dado que el recurrente podía interponer un recurso de anulación contra la decisión desestimatoria de sus observaciones sobre la nota controvertida.

71.

Dado que, en apoyo del tercer motivo de casación, el recurrente censura la resolución del Tribunal General en cuanto que debió recalificar su pretensión al igual que podría haberlo hecho un órgano jurisdiccional italiano, propongo al Tribunal General que declare este motivo manifiestamente infundado.

72.

El recurrente reitera los motivos invocados en apoyo de su pretensión de anulación de la nota controvertida y de la nota de 8 de julio de 2019, puesto que el Tribunal General no se pronunció en cuanto al fondo.

73.

El Parlamento aduce que estos motivos son inadmisibles en cuanto no están dirigidos contra el auto recurrido y que son inoperantes, ya que el Tribunal General no se pronunció sobre el fondo de la demanda.

74.

Como se desprende de las pretensiones del recurrente formuladas en el marco de su recurso de casación, este solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la pretensión de anulación de la nota controvertida y de la nota de 8 de julio de 2019. En efecto, si el Tribunal de Justicia decide anular el auto recurrido, es preciso preguntarse sobre la posibilidad de que el Tribunal de Justicia entre a conocer del asunto.

75.

De conformidad con el artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este último, en caso de anulación de la resolución del Tribunal General, podrá o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este último resuelva.

76.

En el presente asunto, en esta fase del procedimiento, el Tribunal de Justicia no puede pronunciarse sobre el fondo del recurso interpuesto por el recurrente ante el Tribunal General, dado que este se pronunció únicamente sobre la excepción de inadmisibilidad propuesta por el Parlamento.

77.

En cambio, el Tribunal de Justicia dispone de los elementos necesarios para resolver definitivamente sobre dicha excepción de inadmisibilidad. ( 39 )

78.

Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que declare que debe desestimarse la referida excepción de inadmisibilidad, basada en que la nota controvertida no puede ser objeto de un recurso de anulación.

79.

En consecuencia, procede devolver el asunto al Tribunal General para que examine el recurso del recurrente por el que se solicita la anulación de la nota controvertida.

80.

La devolución del asunto al Tribunal General justifica que se reserve la decisión sobre las costas correspondientes al procedimiento de casación.

81.

A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que: