(1)

Por carta de 29 de marzo de 2018, Chequia notificó a la Comisión el régimen de ayudas SA.50787 (2018/N). La Comisión solicitó información adicional por cartas de 22 de mayo de 2018, 19 de julio de 2018, 8 de octubre de 2018, 17 de diciembre de 2018, 6 de marzo de 2019, 28 de mayo de 2019 y 6 de mayo de 2020. Las autoridades checas presentaron información adicional por cartas de 21 de junio de 2018, 20 de agosto de 2018, 8 de noviembre de 2018, 18 de enero de 2019 y 29 de mayo de 2020.

(2)

Por carta de 6 de abril de 2018, Chequia notificó el régimen de ayudas SA.50837 (2018/N). La Comisión solicitó información adicional por cartas de 1 de junio de 2018, 14 de agosto de 2018, 8 de octubre de 2018, 17 de diciembre de 2018, 6 de marzo de 2019, 28 de mayo de 2019 y 6 de mayo de 2020. Las autoridades checas presentaron información adicional por cartas de 21 de junio de 2018, 13 de septiembre de 2018, 8 de noviembre de 2018, 18 de enero de 2019, 29 de marzo de 2019 y 29 de mayo de 2020.

(3)

Por carta de 6 de marzo de 2019, la Comisión informó a las autoridades checas de su decisión de transferir las dos notificaciones al registro de ayudas no notificadas, ya que la ayuda se concedió antes de la notificación de los regímenes de ayudas a la Comisión. Al mismo tiempo, la Comisión decidió fusionar estos casos a efectos de su evaluación, por tratarse de idéntico objeto.

(4)

Por carta de 12 de enero de 2021, la Comisión informó a Chequia de que había decidido incoar el procedimiento establecido en el artículo 108, apartado 2, del TFUE en relación con la ayuda concedida a grandes empresas antes de la adopción de la Decisión C(2021) 41 final, de 12 de enero de 2021 (2) (en lo sucesivo, «Decisión de incoación») y su notificación a las autoridades checas. Al mismo tiempo, la Comisión decidió no formular objeciones a las ayudas que se concederían en virtud de los dos regímenes SA.50787 y SA.50837 tras la adopción de la Decisión de incoación y su notificación a las autoridades checas, debido a que eran compatibles con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE.

(5)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del TFUE se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (3). La Comisión invitó a las partes interesadas y a Chequia a presentar sus observaciones.

(6)

La Comisión recibió cinco observaciones al respecto por parte de los interesados. Transmitió dichas observaciones a Chequia, dándole la posibilidad de comentarlas. Mediante la misma carta, la Comisión también invitó a las autoridades checas a que facilitaran información actualizada acerca de la situación de los procedimientos de recuperación iniciados por las autoridades checas, en particular en relación con los procedimientos judiciales conexos (4). Chequia presentó sus observaciones por carta de 23 de mayo de 2022.

(7)

Por carta de 15 de junio de 2022, la Comisión solicitó aclaraciones adicionales sobre las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales nacionales en relación con la recuperación de las ayudas concedidas antes de la notificación de la Decisión de incoación de la Comisión a las autoridades checas. Las autoridades checas respondieron mediante carta de 24 de agosto de 2022.

(8)

La presente Decisión cubre las ayudas concedidas ilegalmente a grandes empresas para la reestructuración de huertos y para la construcción de sistemas de riego por goteo en huertos, campos de lúpulo, viñedos y viveros, antes de la notificación de los regímenes SA.50787 y SA.50837.

(9)

Los regímenes notificados son los siguientes:

a)

SA.50787 (2021/C) (ex 2018/N): ayudas a la reestructuración de huertos;

b)

SA.50837 (2021/C) (ex 2018/N): ayudas a la construcción de sistemas de riego por goteo en huertos, campos de lúpulo, viñedos y viveros.

(10)

Con las dos notificaciones, Chequia tenía la intención de sustituir las medidas de ayuda existentes SA.46621 (2016/XA) y SA.46972 (2016/XA), exentas en virtud del Reglamento (UE) n.o 702/2014 de la Comisión (5), con el fin de ampliar el grupo de beneficiarios admisibles con grandes empresas. A tal fin, tras su aprobación por parte de la Comisión, los regímenes de ayudas debían sustituir a estos regímenes de exención por categorías.

(11)

Mediante la notificación SA.50787 (2021/C) (ex 2018/N), las autoridades checas pretendían conceder ayudas para la plantación de huertos cultivados según el método de producción integrada.

(12)

Mediante la notificación SA.50837 (2021/C) (ex 2018/N), las autoridades checas pretendían conceder ayudas para la construcción de sistemas funcionales de riego por goteo en huertos, campos de lúpulo, viñedos y viveros en Chequia.

(13)

El régimen de ayudas exento SA.46621 (2016/XA) entró en vigor el 17 de octubre de 2016. El régimen de ayudas exento SA.46972 (2016/XA) entró en vigor el 7 de diciembre de 2016. Ambos regímenes de ayudas exentos fueron sustituidos el 12 de enero de 2021 por los regímenes de ayuda notificados SA.50787 y SA.50837.

(14)

Con la Decisión de incoación, los dos regímenes de ayuda notificados SA.50787 y SA.50837 se aprobaron para el futuro hasta el 31 de diciembre de 2024.

(15)

Con arreglo a los dos regímenes SA.50787 y SA.50837, pueden concederse ayudas a empresas de todos los tamaños dedicadas a la producción agrícola primaria.

(16)

La base jurídica para ambos regímenes SA.50787 y SA.50837, así como para los anteriores regímenes de ayudas de exención por categorías SA.46621 (2016/XA) y SA.46972 (2016/XA), está constituida por los siguientes actos:

(17)

El presupuesto global del régimen de ayudas SA.50787 (2021/C) asciende a 1 400 millones de coronas checas (CZK) (aproximadamente 52,4 millones EUR (6)).

(18)

El presupuesto global del régimen de ayudas SA.50837 (2021/C) asciende a 560 millones CZK [aproximadamente 21 millones EUR (7)].

(19)

Ambos regímenes de ayudas se financian con cargo al presupuesto del Estado. Las ayudas se conceden en forma de subvenciones directas. La autoridad otorgante para ambos regímenes es el Fondo Estatal de Intervención Agrícola (Státní zemědělský intervenční fond).

(20)

Las ayudas en virtud de este régimen de ayudas pueden concederse a huertos de nueva plantación en Chequia fuera de la capital, Praga. La ayuda se concede en un año de plantación.

(21)

Podrán concederse ayudas para la plantación de las variedades de fruta enumeradas en el cuadro del documento de interpretación del programa de subvenciones, cultivadas en el sistema de producción integrada, que no superen los límites fijados de metales pesados (8).

(22)

Podrán optar a ayudas los costes siguientes:

(23)

Podrán concederse ayudas de hasta el 50 % de los costes subvencionables y dentro de los siguientes importes máximos:

(24)

Las inversiones en el marco de este régimen tienen por objeto mejorar los resultados globales y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas.

(25)

Esta misma medida no estaba prevista en el Programa de Desarrollo Rural (en lo sucesivo, el «PDR») de Chequia 2014-2020. Aunque el PDR contenía la medida «Producción integrada de frutas», según las autoridades checas estas dos medidas no se solapaban sino que eran complementarias. Si bien la ayuda estatal se concede para la plantación de huertos, la financiación en el marco de la medida de desarrollo rural se concedía a huertos ya existentes. Los solicitantes podían solicitar tanto financiación con ayudas estatales para el establecimiento de huertos como la posterior financiación en el marco del PDR para su mantenimiento. En tal caso, debían presentar dos análisis del suelo que acreditasen el respeto de los valores límite de las sustancias químicas.

(26)

La Comisión constató que el régimen era coherente con los objetivos perseguidos por el PDR de Chequia 2014-2020, específicamente con el objetivo de contribuir a mejorar la competitividad de la producción agrícola primaria y mejorar la calidad de la producción primaria (considerandos 92 y 93 de la Decisión de incoación). Además, la Comisión concluyó que las ayudas tuvieron unos efectos medioambientales positivos, ya que el método de producción integrada da lugar a menores cantidades de metales pesados en el suelo (considerando 94 de la Decisión de incoación).

(27)

En virtud de este régimen, podrán concederse ayudas para los siguientes costes:

(28)

Las ayudas pueden concederse hasta el 50 % de los costes subvencionables y los beneficiarios pueden recibir hasta 72 000 CZK [aproximadamente 2 700 EUR (12)] por hectárea de sistema de riego por goteo construido.

(29)

Las inversiones subvencionadas en virtud de este régimen no se refieren a la mejora de las instalaciones de riego o elementos de la infraestructura de riego existentes, sino únicamente a los sistemas de riego por goteo de nueva construcción.

(30)

De conformidad con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (13), Chequia comunicó a la Comisión el plan hidrológico de cuenca para toda la región en la que se realizan las inversiones, así como en las demás zonas cuyo medio ambiente pueda verse afectado por la inversión. En el programa de medidas correspondiente, se especificaron las medidas establecidas en el marco del plan hidrológico de cuenca, de conformidad con el artículo 11 de dicha Directiva, y que son pertinentes para el sector agrícola.

(31)

Según las autoridades checas, las inversiones contempladas por este régimen de ayudas pueden dar lugar a un incremento neto de la superficie irrigada que afecte a una masa determinada de aguas subterráneas o superficiales. En este contexto, las autoridades checas confirmaron que las inversiones no afectan a masas de agua subterráneas o superficiales cuya categoría haya sido calificada como inferior a buena en el correspondiente plan hidrológico de cuenca por motivos relativos a la cantidad de agua.

(32)

Según las autoridades checas, el régimen tiene repercusiones medioambientales positivas, ya que el método de riego por goteo tiene un efecto de ahorro de agua en comparación con otros tipos de riego. Se espera que el riego por goteo se traduzca en un ahorro de agua de al menos el 30 %, con miras a luchar contra la sequía, y que, de este modo, mejore la estabilidad de la producción y aumente su calidad, al tiempo que se economiza el uso del agua.

(33)

Las autoridades checas confirmaron que un análisis medioambiental debe demostrar que las inversiones objeto de ayuda no tendrán ninguna repercusión medioambiental negativa. A tal fin, cada solicitud de ayuda se evalúa de forma individual.

(34)

La concesión de la ayuda está supeditada a la presentación de un permiso de gestión de aguas, expedido por la autoridad competente en materia de agua que evalúe, entre otras cosas, los efectos del proyecto en los distintos componentes del medio ambiente.

(35)

Además, la ayuda está supeditada a la instalación de un sistema de medición del consumo de agua al nivel de una inversión subvencionada.

(36)

En lo que respecta a la cuenca hidrográfica en la que se realice la inversión, las autoridades checas se comprometieron a garantizar una contribución de los diversos usos del agua a la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua por el sector agrícola de conformidad con el artículo 9, apartado 1, primer guion, de la Directiva 2000/60/CE, teniendo en cuenta, cuando proceda, los efectos sociales, medioambientales y económicos de la recuperación y las condiciones geográficas y climáticas de la región o regiones afectadas.

(37)

La Comisión constató que el régimen era coherente con los objetivos perseguidos por el PDR de Chequia 2014-2020, específicamente con el objetivo de contribuir a mejorar la competitividad de la producción agrícola primaria y mejorar la calidad de la producción primaria (considerandos 92 y 93 de la Decisión de incoación). Además, la Comisión concluyó que las ayudas tuvieron unos efectos medioambientales positivos, ya que el método de producción integrada da lugar a menores cantidades de metales pesados en el suelo (considerando 94 de la Decisión de incoación).

(38)

Los regímenes de ayudas SA.50787 y SA.50837 fueron notificados a la Comisión el 29 de marzo de 2018 y el 6 de abril de 2018, respectivamente. Las autoridades checas confirmaron que ya se habían aplicado con anterioridad a su notificación.

(39)

Teniendo en cuenta que Chequia incumplió su obligación en virtud del artículo 108, apartado 3, del TFUE, en la Decisión de incoación (14) la Comisión concluyó que las ayudas ya concedidas a grandes empresas antes de la notificación de los regímenes SA.50787 y SA.50837 constituían una nueva ayuda, que consideraba ayuda ilegal en el sentido del artículo 1, letra f), del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo (15).

(40)

De conformidad con el artículo 107, apartado 3, del TFUE, las ayudas solo pueden considerarse compatibles con el mercado interior si pueden acogerse a alguna de las exenciones previstas en dicho artículo. En los casos en cuestión, la Comisión examinó si era aplicable la exención prevista en el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, tal como se interpreta en las disposiciones pertinentes de las Directrices aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 de la Unión Europea (16) (en lo sucesivo, «Directrices de 2014»).

(41)

Con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, las ayudas pueden considerarse compatibles con el mercado interior si se constata que facilitan el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

(42)

Los regímenes de ayudas también se evaluaron a la luz de las Directrices de 2014, que estaban en vigor en el momento de la aprobación de los regímenes SA.50787 y SA.50837.

(43)

En concreto, en su Decisión de incoación, la Comisión evaluó la compatibilidad de los dos regímenes SA.50787 y SA.50837 con el mercado interior sobre la base de la parte I («Principios comunes de evaluación») y el capítulo 1.1.1.1 de la parte II («Ayudas para inversiones en activos materiales e inmateriales de explotaciones agrícolas vinculadas a la producción agrícola primaria»), de las Directrices de 2014.

(44)

Sobre la base de dicha evaluación, la Comisión concluyó en su Decisión de incoación que las ayudas que se concedieran tras la aprobación de los dos regímenes de ayudas y tras la notificación de la Decisión a las autoridades checas eran compatibles con el mercado interior de conformidad con el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE.

(45)

Sin embargo, en esta fase, la Comisión no pudo extraer la misma conclusión en lo que respecta a las ayudas concedidas a grandes empresas antes de la notificación y aprobación de los dos regímenes de ayudas SA.50787 y SA.50837 mediante la Decisión de la Comisión. La evaluación de estos regímenes de ayudas puso de manifiesto que, si bien las ayudas eran compatibles con las condiciones específicas del capítulo 1.1.1.1 de la parte II de las Directrices de 2014, existían dudas sobre la existencia de un efecto incentivador y, por consiguiente, sobre la compatibilidad de dichas ayudas con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, por los motivos que se exponen a continuación.

(46)

Con arreglo al punto 66 de las Directrices de 2014, una ayuda solo podría considerarse compatible con el mercado interior si tuviera un efecto incentivador. Además, en virtud de dicho punto, una ayuda tendría un efecto incentivador si diera lugar a un cambio en el comportamiento de una empresa de tal modo que esta emprenda una actividad adicional que no habría realizado sin la ayuda o que solo habría emprendido de una manera limitada o diferente.

(47)

De conformidad con el punto 70 de las Directrices de 2014, la Comisión consideró que una ayuda no ofrecía incentivos al beneficiario cuando el trabajo del proyecto o de la actividad correspondiente ya se hubiera iniciado antes de la presentación de la solicitud de ayuda por el beneficiario a las autoridades nacionales. Dicha solicitud de ayuda debía incluir como mínimo el nombre del solicitante y el tamaño de la empresa, una descripción del proyecto o la actividad que incluyera su localización y las fechas de inicio y final, el importe de la ayuda necesaria para llevarlo a cabo y los costes subvencionables.

(48)

De conformidad con el punto (35)25, de las Directrices de 2014, «inicio de los trabajos del proyecto o de la actividad» significa bien el inicio de las actividades o los trabajos de construcción en relación con la inversión, bien el primer compromiso en firme para el pedido de equipos o el empleo de servicios, bien otro compromiso que haga el proyecto o la actividad irreversible, lo que ocurra primero.

(49)

Además, de conformidad con el punto 72 de las Directrices de 2014, las grandes empresas tenían que describir en la solicitud la situación sin la ayuda, es decir, la situación mencionada como hipótesis contrafactual, y presentar pruebas documentales en apoyo de la hipótesis contrafactual descrita en la solicitud. De conformidad con el punto 73 de las Directrices de 2014, al recibir una solicitud, la autoridad otorgante debía comprobar la credibilidad de la hipótesis contrafactual y confirmar que las ayudas tenían el efecto incentivador exigido.

(50)

En relación con esta condición adicional aplicable a las grandes empresas de presentar la hipótesis contrafactual, en la Decisión de incoación la Comisión hizo referencia a la definición de microempresas y pymes, tal como se establece en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 702/2014 (17), y a la jurisprudencia pertinente de los órganos jurisdiccionales de la Unión (18).

(51)

De conformidad con el artículo 2, apartado 1, del anexo I del Reglamento (UE) n.o 702/2014, «la categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (pyme) está constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones EUR o cuyo balance general anual no excede de 43 millones EUR».

(52)

De conformidad con el artículo 3, apartado 1, del anexo I del Reglamento (UE) n.o 702/2014, por «empresa autónoma» se entiende la que no puede calificarse ni como empresa asociada en el sentido del apartado 2, ni como empresa vinculada a tenor del apartado 3 de dicho artículo.

(53)

De conformidad con el artículo 4, apartado 2, del anexo I del Reglamento (UE) n.o 702/2014, «cuando una empresa, en la fecha de cierre de las cuentas, constate que se han rebasado en un sentido o en otro, y sobre una base anual, los límites máximos de efectivos o los límites máximos financieros enunciados en el artículo 2, esta circunstancia solo le hará adquirir o perder la calidad de media o pequeña empresa, o de microempresa, si este rebasamiento se produce en dos ejercicios consecutivos».

(54)

Los considerandos 109 a 113 de la Decisión de incoación contenían el siguiente razonamiento en este contexto.

(55)

El considerando 40 del Reglamento (UE) n.o 702/2014 explica que la definición de «pyme» utilizada a efectos de dicho Reglamento se basa en las definiciones establecidas en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (19), con objeto de eliminar diferencias que puedan dar pie a falseamientos de la competencia y facilitar la coordinación entre las distintas iniciativas nacionales y de la Unión relativas a las pyme, así como por razones de claridad administrativa y seguridad jurídica.

(56)

El considerando 39 del Reglamento (UE) n.o 702/2014 explica la razón subyacente de eximir a las pymes de la obligación de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3, del TFUE: «Las pymes desempeñan una función decisiva en la creación de empleo y, en términos más generales, constituyen un factor de estabilidad social y dinamizan la economía. No obstante, su desarrollo puede verse limitado por las deficiencias del mercado, lo que hace que sufran una serie de trabas características. A menudo tienen dificultades para obtener capital o créditos, dadas las reticencias de determinados mercados financieros a asumir riesgos y las escasas garantías que aquellas pueden ofrecer. Sus limitados recursos también pueden restringir sus posibilidades de acceso a la información, especialmente en lo que se refiere a las nuevas tecnologías y los mercados potenciales. Para facilitar el desarrollo de las actividades económicas de las pymes, el presente Reglamento debe, por lo tanto, eximir determinadas categorías de ayudas en favor de las pymes de la obligación de notificación del artículo 108, apartado 3, del Tratado».

(57)

Como se expresa en las numerosas sentencias de los órganos jurisdiccionales de la Unión, solo las empresas que padecen las trabas características de una pyme deben tener derecho a las ventajas que derivan de dicha condición. De conformidad con la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión, la definición de «pyme» debe interpretarse de manera estricta, ya que las ventajas que ofrece la condición de pyme son, en la mayoría de los casos (en particular en el ámbito de las ayudas estatales), excepciones a las normas generales (20). Es necesario excluir de esta condición de pyme a los grupos de empresas cuyo poder económico pueda ser superior al de las verdaderas pymes, aun cuando cumplan formalmente los criterios establecidos en la definición de «pyme» (21). También debe garantizarse que la definición de pyme no se eluda por medios puramente formales (22). De conformidad con esta jurisprudencia, si una empresa afectada no padece las trabas características de una pyme, la Comisión tiene derecho a negarse a reconocerla como pyme. Esta jurisprudencia se guía por el principio de effet utile, que ampara el efecto útil del Derecho de la Unión.

(58)

El artículo 4, apartado 2, del anexo I del Reglamento (UE) n.o 702/2014 prevé un mecanismo para que las pymes mantengan su condición a pesar de los cambios que se consideran temporales y sujetos a volatilidad («si este rebasamiento se produce en dos ejercicios consecutivos»). Sería contrario al principio de effet utile ofrecer tal posibilidad a las empresas que, como consecuencia de un cambio de propiedad a raíz de una fusión o adquisición, tengan en realidad una estructura permanentemente modificada, empujándolas de forma duradera a rebasar los límites máximos de efectivos o los límites máximos financieros pertinentes permitidos para una pyme. De ello se deduce que, si la realidad económica demuestra que una empresa determinada no es una verdadera pyme, aunque esta situación particular no se describa en el artículo 4, apartado 2, de la definición de pyme del anexo I del Reglamento (UE) n.o 702/2014, dicha empresa no debería beneficiarse de la condición de pyme tras tal cambio de propiedad.

(59)

Por lo tanto, en consonancia con la interpretación coherente de la Comisión, y sobre la base del principio de effet utile, tal como se expresa en la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión en relación con la definición de «pyme» (considerando 57), el artículo 4, apartado 2, del anexo I del Reglamento (UE) n.o 702/2014 no se aplica en el caso de empresas que superen los límites máximos aplicables a las pymes como consecuencia de un cambio en la estructura o la propiedad tras una fusión o adquisición. En tal caso, el momento pertinente para la evaluación es el momento de la transacción (por la que la empresa en cuestión se convirtió definitivamente en parte de una empresa más grande) y no el momento de cierre de las cuentas de la entidad jurídica solicitante.

(60)

Sobre esta base, el considerando 114 de la Decisión de incoación contenía la siguiente conclusión: si bien pueden concederse ayudas en favor de las pymes agrícolas sobre la base de las correspondientes medidas de exención por categorías en virtud del Reglamento (UE) n.o 702/2014 hasta la aprobación de ambos regímenes de ayudas, no existe ningún régimen de ayudas en vigor que permita conceder ayudas a grandes empresas. De ello se deduce que las ayudas se concedieron a grandes empresas incumpliendo la obligación de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3, del TFUE.

(61)

Como se explica en el considerando 10, ambos regímenes de ayudas SA.50787 y SA.50837 tenían por objeto sustituir las medidas existentes de exención por categorías SA.46621 (2016/XA) y SA.46972 (2016/XA), con el fin de proporcionar la base para la concesión de ayudas también a grandes empresas.

(62)

Las autoridades checas confirmaron que, en virtud de ambos regímenes de exención por categorías, se concedieron ayudas a la inversión a algunas empresas que se consideraban pymes en el momento de la concesión de la ayuda. Según la información presentada por las autoridades checas el 8 de noviembre de 2018 (23), el control administrativo ex post realizado por parte de dichas autoridades puso de manifiesto que estos beneficiarios no se adecuaban a la definición de «pyme» establecida en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 702/2014, tal como se interpreta en la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión en relación con dicha definición. Sobre esta base, la Comisión consideró en la Decisión de incoación (24) que estos beneficiarios eran grandes empresas en el momento de la concesión de la ayuda.

(63)

En su Decisión de incoación, la Comisión recordó que no se había solicitado ninguna hipótesis contrafactual para las ayudas a la inversión concedidas sobre la base de regímenes de exención por categorías de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 702/2014, ya que dicha ayuda debía limitarse a las pymes (25). Por lo tanto, la Comisión expresó dudas sobre si los beneficiarios, que eran grandes empresas y que recibieron ayudas sobre la base de uno o ambos regímenes de exención por categorías (considerando 62), en efecto presentaron la hipótesis contrafactual (26).

(64)

Dado que la presentación de la hipótesis contrafactual, junto con los documentos justificativos, constituía uno de los requisitos vinculados a la presencia del efecto incentivador de la ayuda para grandes empresas, la Comisión concluyó que las ayudas concedidas a grandes empresas antes de la notificación de los dos regímenes de ayudas SA.50787 y SA.50837 no parecía tener un efecto incentivador.

(65)

Además, la Comisión expresó dudas en cuanto a la proporcionalidad de las ayudas concedidas a grandes empresas antes de la notificación de los regímenes SA.50787 y SA.50837, en particular el planteamiento de costes netos extra con arreglo a los puntos 95 a 97 de las Directrices de 2014. De hecho, ante la probable ausencia de la hipótesis contrafactual (27), las autoridades checas no podían garantizar que los importes de las ayudas correspondieran a los costes netos extras de ejecutar la inversión en la zona en cuestión, comparándola con la hipótesis sin ayuda (28).

(66)

A la luz de este razonamiento, la Comisión concluyó en la Decisión de incoación que existían dudas en cuanto a la existencia de un efecto incentivador y al cumplimiento del principio de proporcionalidad de las ayudas concedidas a grandes empresas antes de su aprobación por parte de la Comisión (29).

(67)

Por estos motivos, la Comisión incoó el procedimiento con arreglo al artículo 108, apartado 2, del TFUE e invitó a todos los terceros que pudieran haberse visto afectados por estas ayudas, así como a Chequia, a presentar sus observaciones. Al mismo tiempo, la Comisión invitó a Chequia a facilitar toda la información que pudiera ayudar a evaluar la ayuda.

(68)

En sus observaciones a la Decisión de incoación, las autoridades checas confirmaron que los dos regímenes de exención por categorías [(SA.46621 (2016/XA) y SA.46972 (2016/XA)] se limitaban a pymes y explicaron que la única razón para conceder ayudas también a grandes empresas fue la evaluación errónea por parte de las autoridades checas del tamaño de dichos beneficiarios. Las autoridades checas afirmaron que la limitación de la ayuda a pymes quedaba clara por referencia al artículo 14 del Reglamento (UE) n.o 702/2014 en la base jurídica nacional y que no era necesario repetirla de otra forma. Además, explicaron que se habían producido errores administrativos, por los que se consideró erróneamente que algunas grandes empresas beneficiarias eran pymes en el momento de la concesión de la ayuda, y que el control ex post de las autoridades puso de manifiesto que dicha evaluación inicial era errónea.

(69)

Chequia confirmó que, en enero de 2019, incoó procedimientos de recuperación en relación con la ayuda concedida a siete beneficiarios identificados, que eran grandes empresas en el momento en que recibieron la ayuda. Estos procedimientos de recuperación se referían a ayudas concedidas en virtud de una o ambas exenciones por categorías en los años 2016 y 2017.

(70)

Las autoridades checas explicaron que el objetivo del Ministerio de Agricultura checo era proporcionar ayuda durante esos dos años únicamente a pymes. La base jurídica (las normas nacionales del programa de subvenciones) contenía una referencia al artículo 14 del Reglamento (UE) n.o 702/2014, que limitaba la ayuda a las pymes. Por lo tanto, no contenía preguntas sobre las condiciones adicionales pertinentes aplicables a las grandes empresas (hipótesis contrafactual y criterio de proporcionalidad).

(71)

Al mismo tiempo, las autoridades checas consideraron en sus observaciones a la Decisión de incoación que, a pesar de la ausencia de la hipótesis contrafactual y de su evaluación por parte de las autoridades nacionales, podía considerarse que el efecto incentivador de la ayuda, concedida incorrectamente a grandes empresas, estaba presente.

(72)

A este respecto, las autoridades checas alegaron que las inversiones en la reestructuración y el riego de los huertos conllevan costes elevados que los beneficiarios no habrían realizado sin la ayuda. En opinión de las autoridades checas, esto se ve confirmado por el hecho de que, a partir de 2018, cuando no había ningún régimen de ayudas aprobado en favor de grandes empresas, las grandes empresas no plantaron nuevos huertos, así como tampoco se realizaron inversiones en sistemas de riego por goteo. Por este motivo, las autoridades checas consideraron que los grandes beneficiarios que recibieron ayudas en el período 2016-2017 sobre la base de uno o ambos regímenes de exención por categorías no habrían realizado las inversiones sin dichas ayudas.

(73)

Por lo tanto, Chequia considera que el efecto incentivador estaba presente de facto en estos casos.

(74)

Del mismo modo, en opinión de las autoridades checas, esta ayuda era proporcionada, ya que el importe máximo de la ayuda para inversiones en la reestructuración de huertos se limitaba a 240 000 CZK por hectárea, mientras que los costes reales podían alcanzar aproximadamente 500 000 CZK y más para las grandes empresas. Habida cuenta del importe máximo posible de la ayuda, las autoridades checas consideraron que, aun sin la evaluación de la hipótesis contrafactual, podía suponerse que la tasa interna de rentabilidad del proyecto era razonable y que la ayuda no dio lugar a un aumento de esta por encima del nivel habitual.

(75)

Asimismo, Chequia añadió que una situación en la que las grandes empresas no invierten en plantación de huertos ni en sistemas de riego por goteo es muy negativa. Las autoridades checas explicaron que en Chequia la superficie de huertos frutales lleva mucho tiempo en declive, con un porcentaje cada vez más elevado de huertos viejos.

(76)

La Comisión recibió observaciones de cinco terceros, todos ellos beneficiarios de las ayudas, ya sea en virtud de uno o de ambos regímenes de ayudas. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 1, letra h), del Reglamento (UE) 2015/1589, todos ellos pueden considerarse partes interesadas.

(77)

Estos cinco beneficiarios se ven afectados por el procedimiento de recuperación mencionado en el considerando 69. Los otros dos beneficiarios afectados por los procedimientos de recuperación (RBQ SADY s.r.o. y M+A+J s.r.o.) no presentaron observaciones.

(78)

Las observaciones de estos cinco beneficiarios confirmaron que:

(79)

Resumen de las observaciones presentadas en relación con la Decisión de incoación:

(80)

POMONA Těšetice a.s recibió ayudas en virtud de ambos regímenes de ayudas en diciembre de 2016.

(81)

En sus observaciones, POMONA Těšetice a.s. alegó que la decisión de concesión de la ayuda establecía la confianza legítima. La empresa alega que la ayuda se utilizó de conformidad con el objetivo establecido en la base jurídica.

(82)

POMONA Těšetice a.s. explicó que, sobre la base de la base jurídica nacional («Principios para la concesión de ayudas», considerando 16), no era posible concluir que la ayuda se limitara únicamente a las pymes. La empresa alegó que había indicado correctamente su tamaño de gran empresa en la solicitud de ayuda.

(83)

POMONA Těšetice a.s. incluyó en la presentación la hipótesis contrafactual, explicando la situación sin la ayuda y afirmando que la ayuda era proporcionada.

(84)

ÚSOVSKO EKO s.r.o. recibió ayudas para la reestructuración de huertos (régimen de ayudas SA.50787) en diciembre de 2016 y en diciembre de 2017.

(85)

La empresa alegó que había actuado de buena fe e invocó la confianza legítima, ya que en las solicitudes de ayuda de ambos años indicó correctamente su condición de gran empresa. ÚSOVSKO EKO s.r.o. presentó copias de sus solicitudes de ayuda para ambos años, que demostraban que solo la solicitud de ayuda para el año 2017 incluía la cuestión del tamaño del solicitante de la ayuda. La empresa indicó su tamaño de gran empresa.

(86)

ÚSOVSKO EKO s.r.o. alega que la decisión del Ministerio de Agricultura sobre la retirada de las ayudas era ilegal, ya que infringía sustancialmente las disposiciones sobre procedimientos administrativos.

(87)

La empresa afirma que la base jurídica nacional («Principios para la concesión de ayudas», considerando 16) en el período comprendido entre 2008 y 2018 no establecía expresamente la condición de que los beneficiarios tuvieran que ser pymes. La base jurídica nacional definía a los beneficiarios admisibles como «empresarios dedicados a la producción agrícola» (32). Según ÚSOVSKO EKO s.r.o., solo a partir de 2015 la base jurídica nacional hacía referencia al artículo 14 del Reglamento (UE) n.o 702/2014 (33), pero sin excluir expresamente a las grandes empresas del grupo de beneficiarios admisibles. Además, la definición de los beneficiarios admisibles se mantuvo inalterada.

(88)

Según ÚSOVSKO EKO s.r.o, en los años 2015 a 2017 el Ministerio de Agricultura checo no estaba al corriente de que, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 702/2014, las ayudas a la inversión no podían concederse a grandes empresas. La exclusión expresa no apareció en la base jurídica nacional hasta 2018 y, desde ese año, USOVSKO EKO s.r.o. no ha vuelto a solicitar ayudas.

(89)

ÚSOVSKO EKO s.r.o. incluyó en sus observaciones a la Comisión la hipótesis contrafactual, explicando la situación sin la ayuda. La empresa considera que la ayuda tuvo un efecto incentivador y era proporcionada.

(90)

ÚSOVSKO AGRO s.r.o. recibió ayudas en virtud de ambos regímenes de ayudas en diciembre de 2017.

(91)

En sus observaciones, la empresa alegó que había actuado de buena fe e invocó la confianza legítima ya que en ambas solicitudes de ayuda indicó correctamente su condición de gran empresa. ÚSOVSKO AGRO s.r.o. presentó copias de sus solicitudes de ayuda. En ambas, la empresa indicó su tamaño de gran empresa.

(92)

ÚSOVSKO AGRO s.r.o. considera que la decisión del Ministerio de Agricultura sobre la retirada de las ayudas es ilegal, ya que infringe sustancialmente las disposiciones sobre procedimientos administrativos.

(93)

Al igual que los demás beneficiarios que presentaron sus observaciones a la Decisión de incoación, ÚSOVSKO AGRO s.r.o. también alegó que la base jurídica nacional («Principios para la concesión de ayudas», considerando 16), entre los años 2008 y 2018, no establecía expresamente la condición de que los beneficiarios debían ser pymes. La base jurídica nacional definía a los beneficiarios admisibles como «empresarios dedicados a la producción agrícola» (34). A partir de 2015, la base jurídica nacional hacía referencia al artículo 14 del Reglamento (UE) n.o 702/2014, pero sin excluir expresamente a las grandes empresas de los beneficiarios admisibles. Además, la definición de beneficiarios admisibles se mantuvo inalterada.

(94)

Según ÚSOVSKO AGRO s.r.o, en los años 2015 a 2017 el Ministerio de Agricultura checo no era consciente de que, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 702/2014, las ayudas no podían concederse a grandes empresas. Esta limitación expresa no apareció en la base jurídica nacional hasta 2018 y, desde ese año, USOVSKO AGRO s.r.o. ya no ha solicitado ayudas.

(95)

ÚSOVSKO AGRO s.r.o. incluyó en sus observaciones la hipótesis contrafactual que explica la situación sin la ayuda. La empresa considera que la ayuda tuvo un efecto incentivador y era proporcionada.

(96)

SADY CZ s.r.o. recibió ayudas en virtud de ambos regímenes de ayudas en diciembre de 2017.

(97)

La empresa presentó copias de sus solicitudes de ayuda. Una solicitud de ayuda indicaba correctamente que la empresa era una gran empresa. Según la otra solicitud de ayuda, la empresa era mediana empresa. SADY CZ s.r.o. explicó esta discrepancia por un error administrativo y respaldó esta explicación con el extracto del Registro Mercantil, que se adjuntaba a ambas solicitudes de ayuda y que demostraba que se trataba de una gran empresa.

(98)

Dado que el tamaño de la empresa se indicó correctamente en (una) solicitud de ayuda, SADY CZ s.r.o. sostiene que la Comisión se equivocó en la Decisión de incoación al declarar que las autoridades checas «concedieron ayudas a grandes empresas que consideraron pymes». Según SADY CZ s.r.o., las autoridades checas eran conscientes de que la ayuda se concedía a una gran empresa, ya que se indicaba expresamente en la solicitud de ayuda. Por lo tanto, las autoridades checas no podían haber considerado a este beneficiario como una pyme.

(99)

Según SADY CZ s.r.o., las autoridades checas comprobaron reiteradamente que se cumplían las condiciones para la concesión de la ayuda.

(100)

La empresa declaró en sus observaciones a la Decisión de incoación que la base jurídica nacional («Principios para la concesión de ayudas», considerando 16) no establecía el tamaño del beneficiario entre los requisitos de elegibilidad.

(101)

No obstante, SADY CZ s.r.o. alegó en sus observaciones a la Decisión de incoación que la ayuda tenía un efecto incentivador y era proporcionada y que estas dos condiciones habían sido verificadas por las autoridades checas. La empresa alegó que, antes de solicitar la ayuda, preparó un documento interno titulado «Intención de inversión para la renovación de huertos», en el que evaluaba la rentabilidad del proyecto y demostraba el efecto incentivador y la proporcionalidad de la ayuda (sobre la base de la tasa interna de rentabilidad, el valor neto actualizado, la rentabilidad del índice y el período de amortización). Sin embargo, este documento no se presentó a la autoridad otorgante. SADY CZ s.r.o. incluyó este documento en sus observaciones para la Comisión. La empresa insiste en que no puede ser sancionada por la negligencia administrativa de las autoridades checas.

(102)

Con relación al artículo 6, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 702/2014, SADY CZ s.r.o. sugirió que la ayuda recibida sobre la base de los dos regímenes de exención por categorías podría considerarse una ayuda ad hoc concedida a grandes empresas sobre la base del citado artículo.

(103)

Lužanská Zemědělská a.s. recibió ayudas para la reestructuración de huertos en los años 2016 y 2017.

(104)

La empresa alegó que el formulario de solicitud de ayuda de 2016 no contenía ninguna pregunta relativa al tamaño del solicitante, por lo que no pudo indicar su tamaño de gran empresa. En 2017, el formulario de solicitud de ayuda ya incluía esta pregunta y Lužanská Zemědělská a.s. indicó correctamente su tamaño de gran empresa. En ambos años, la empresa presentó asimismo un extracto del Registro Mercantil, que demostraba su estructura de propiedad.

(105)

Al igual que otros terceros, que presentaron sus observaciones a la Decisión de incoación, Lužanská Zemědělská a.s. también señaló que la base jurídica nacional («Principios para la concesión de ayudas», considerando 16) no incluía el tamaño del beneficiario entre los requisitos de elegibilidad. Además, con relación al artículo 6, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 702/2014, Lužanská Zemědělská a.s. alega que dicho Reglamento permitía expresamente la ayuda a grandes empresas. Así pues, según la redacción exacta de los principios para la concesión de ayudas, podía optar a la ayuda «un empresario activo en la producción agrícola» (sin limitación añadida del tamaño del solicitante).

(106)

Según Lužanská Zemědělská a.s., la Comisión había incurrido en error en la Decisión de incoación al declarar que las autoridades checas «concedieron ayudas a grandes empresas que consideraron pymes». De hecho, las autoridades checas eran conscientes de que las ayudas se concedían a una gran empresa, ya que el tamaño de la empresa Lužanská Zemědělská a.s. se indicaba expresamente en la solicitud de ayuda para el año 2017, y en el año 2016 quedaba claro a partir del extracto del Registro Mercantil presentado.

(107)

Además, Lužanská Zemědělská a.s. alega que, a pesar de que en el formulario de solicitud de ayuda de 2017 indicó su tamaño de gran empresa y que las autoridades deberían haber deducido su condición de gran empresa a partir de sus documentos adjuntos, técnicamente hablando, no era una gran empresa en el momento de las solicitudes de ayuda en 2016 y 2017. Esto se debe a que:

(108)

Lužanská Zemědělská a.s. reitera que no puede ser sancionada por el hecho de que las autoridades checas no solicitaran una hipótesis contrafactual. La empresa afirma que pudo presentar su análisis interno antes de la concesión de la ayuda y que sería un «enfoque muy formalista, que ignoraría por completo la realidad económica y, sobre todo, la finalidad para la que se concede la ayuda en la práctica».

(109)

En sus observaciones, la empresa incluyó el análisis financiero y de rentabilidad del proyecto de inversión. La Comisión observa que estos documentos están fechados el 11 de marzo de 2021, es decir, después de la concesión de la ayuda y de la revocación de las decisiones de concesión por parte de la autoridad otorgante y del procedimiento de recuperación iniciado. Esta fecha coincide con la fecha de presentación de las observaciones en relación con la Decisión de incoación y no hay indicación alguna de cuándo se prepararon realmente.

(110)

Lužanská Zemědělská a.s. también alegó que, de conformidad con el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 702/2014, estas ayudas también estaban a disposición de grandes empresas como ayuda ad hoc.

(111)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, del Reglamento (UE) 2015/1589, la Comisión presentó las observaciones de los terceros interesados a Chequia por carta de 25 de abril de 2022 e invitó a esta a presentar sus observaciones en el plazo de un mes a partir de la fecha de la carta.

(112)

Las autoridades checas respondieron por carta de 23 de mayo de 2022 y, posteriormente, presentaron información adicional por carta de 24 de agosto de 2022.

(113)

En la primera carta, de 23 de mayo de 2022, las autoridades checas confirmaron que los argumentos presentados por los terceros eran muy similares a los presentados por ellas en los procedimientos judiciales nacionales, todos ellos incoados contra las decisiones de recuperación del Ministerio de Agricultura de Chequia.

(114)

Chequia estuvo de acuerdo con el argumento de los terceros de que las ayudas se utilizaron de conformidad con sus objetivos, a pesar de haberse concedido a grandes empresas que no eran admisibles en virtud de los regímenes de exención por categorías y en un momento en que no se notificaron ayudas a grandes empresas. Las autoridades checas también estuvieron de acuerdo en que las ayudas tenían un efecto incentivador a pesar de la ausencia de hipótesis contrafactual, ya que dichas inversiones no se habrían realizado sin las ayudas, debido principalmente a sus elevados costes. Las autoridades checas también reiteraron que, a pesar de la ausencia de evaluación de la hipótesis contrafactual, la tasa interna de rentabilidad de los proyectos era razonable y las ayudas no dieron lugar a su aumento por encima de los niveles habituales.

(115)

Por lo que se refiere a la presunta ausencia de la restricción explícita del tamaño de los beneficiarios admisibles en la base jurídica nacional, Chequia reiteró que la intención y el significado de la base jurídica era conceder ayudas exclusivamente a las pymes. A tal fin, la base jurídica nacional de los años 2016 y 2017 establecía que las ayudas se concedían sobre la base del artículo 14 del Reglamento (UE) n.o 702/2014, es decir, que solo estaban disponibles para las pymes. Las autoridades checas señalaron que ninguno de los beneficiarios afectados por la recuperación de las ayudas cuestionó el hecho de que fueran grandes empresas, por lo que las autoridades checas iniciaron los procedimientos de recuperación.

(116)

En cuanto a la situación de los siete procedimientos judiciales nacionales, las autoridades checas informaron de que, en el momento de la redacción de la carta, en cinco casos el Tribunal Municipal de Praga ya había resuelto y desestimado las reclamaciones. Dos de los demandantes (Sady CZ s.r.o. y Lužanská Zemědělská a.s.) retiraron sus reclamaciones. En otro asunto (RBQ SADY s.r.o.), la decisión del Tribunal estaba pendiente.

(117)

Las autoridades checas explicaron que, en todas las sentencias dictadas, el Tribunal Municipal de Praga constató que el Ministerio de Agricultura había emitido correctamente las decisiones de recuperación. Al mismo tiempo, el Tribunal hizo referencia al artículo 15, apartado 3, letra c), de la Ley n.o 218/2000 Rec. sobre normas presupuestarias, en su versión vigente en el momento en que se incoaron los procedimientos de recuperación. Esta disposición establecía que no es posible ordenar el reembolso de una subvención ya abonada en la cuenta de un beneficiario si el motivo de la recuperación es que la ayuda se concedió infringiendo el Derecho de la Unión o el Derecho nacional. Así pues, el Tribunal Municipal de Praga consideró que, si bien el Ministerio de Agricultura estaba obligado a iniciar procedimientos para la recuperación de la ayuda, el artículo 15, apartado 3, letra c), de la Ley n.o 218/2000 Rec., en su versión vigente en el momento en que se inició la recuperación, impedía al Ministerio ejecutar la recuperación efectiva de dicha ayuda.

(118)

En la carta de 24 de agosto de 2022, las autoridades checas explicaron que el artículo 15, apartado 3, de la Ley n.o 218/2000 Rec. se modificó el 1 de enero de 2022 y que se suprimió la letra c).

(119)

Sin embargo, las autoridades checas sostuvieron que, tal como declaró el Tribunal Municipal de Praga, a pesar de la modificación, el principio de seguridad jurídica impide recuperar las ayudas concedidas, ya que la modificación de la Ley n.o 218/2000 Rec. no puede aplicarse con carácter retroactivo.

(120)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, «[s]alvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

(121)

En su Decisión de incoación (37), la Comisión llegó a la conclusión preliminar de que se cumplían las condiciones del artículo 107, apartado 1, del TFUE y, por tanto, los regímenes notificados SA.50787 y SA.50837 constituían ayuda estatal en el sentido de dicho artículo.

(122)

Esta conclusión preliminar no se cuestionó en ninguna de las observaciones recibidas de los terceros y de Chequia. Además, la propia Chequia notificó los regímenes como medidas de ayuda estatal.

(123)

La calificación de una medida como ayuda, en el sentido de dicho artículo, requiere por tanto que concurran las siguientes condiciones acumulativas: i) la medida debe ser imputable al Estado y estar financiada con cargo a recursos públicos; ii) la medida debe conferir una ventaja a su beneficiario; iii) dicha ventaja debe ser selectiva, y iv) la medida debe falsear o amenazar con falsear la competencia y afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros.

(124)

Dado que las medidas de ayuda notificadas se rigen por una ley en virtud de la cual, sin necesidad de medidas de aplicación adicionales (considerando 16), pueden concederse ayudas con carácter individual a las empresas definidas en la ley de manera general y abstracta (secciones 2.2.3, 2.2.4, 2.3 y 2.4), la Comisión considera que se trata de regímenes de ayudas en el sentido del punto 35, apartado 4, de las Directrices de 2014. Los regímenes solo pueden considerarse compatibles con el mercado interior si pueden beneficiarse de una de las exenciones previstas en el TFUE (véase también la sección 7.2).

(125)

Los regímenes son imputables al Estado, ya que se basan en los actos jurídicos descritos en el considerando 16 y son aplicados por la autoridad estatal (considerando 19). Se pagan con cargo al presupuesto del Estado, es decir, mediante fondos estatales (considerando 19).

(126)

Los regímenes conceden una ventaja a sus beneficiarios en forma de subvenciones directas (considerando 19). De este modo, los regímenes liberan a estos beneficiarios de los costes que tendrían que asumir en condiciones normales de mercado.

(127)

Los regímenes son selectivos, ya que las ayudas solo se conceden a determinadas empresas, en particular a empresas dedicadas a la producción agrícola primaria.

(128)

Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las ayudas concedidas a una empresa parecen afectar al comercio entre Estados miembros cuando dicha empresa opera en un mercado abierto a los intercambios intracomunitarios (38). Los beneficiarios de las ayudas operan en el sector de la producción agrícola primaria, donde se producen los intercambios intracomunitarios (39). Así pues, este sector está abierto a la competencia en el ámbito de la UE y, por ello, es sensible a cualquier medida que se adopte en favor de la producción en uno o varios Estados miembros. Por consiguiente, cabe la posibilidad de que el régimen falsee la competencia y afecte al comercio entre los Estados miembros.

(129)

Por tanto, la Comisión confirma sus conclusiones preliminares expuestas en los considerandos 58 a 62 de la Decisión de incoación y reitera que las ayudas concedidas en virtud de ambos regímenes constituyen ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

(130)

De conformidad con el artículo 1, letra d), del Reglamento (UE) 2015/1589, un «régimen de ayudas» se define como un dispositivo con arreglo al cual se pueden conceder ayudas individuales a las empresas definidas en el mismo de forma genérica y abstracta, sin necesidad de medidas de aplicación adicionales.

(131)

En su Decisión de incoación (40), la Comisión también llegó a la conclusión preliminar de que las medidas de ayuda SA.50787 y SA.50837 constituían regímenes en el sentido de dicha definición y del punto 35, apartado 4, de las Directrices de 2014, ya que su base jurídica no requería medidas de aplicación adicionales para la concesión de las ayudas e identificaba a los beneficiarios de manera general y abstracta. La misma base jurídica y la misma conclusión sobre la existencia de regímenes se aplican a los regímenes de ayudas de exención por categorías SA.46621 (2016/XA) y SA.46972 (2016/XA) que eran aplicables en 2016 y 2017, cuando las ayudas a grandes empresas se concedieron de forma ilegal.

(132)

Por lo que se refiere a la calificación de las medidas de ayuda como regímenes, dos terceros, SADY CZ s.r.o. (considerando 102) y Lužanská Zemědělská a.s. (considerando 110), alegaron que las ayudas que se les concedieron constituían de hecho una ayuda ad hoc con arreglo al artículo 6, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 702/2014.

(133)

Por lo que respecta a esta alegación, la Comisión recuerda, en primer lugar, la definición de ayuda ad hoc. De conformidad con el artículo 2, apartado 13, del Reglamento (UE) n.o 702/2014, se entiende por «ayuda ad hoc» la ayuda que no se conceda sobre la base de un régimen de ayudas.

(134)

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la Comisión observa que la ayuda recibida por SADY CZ s.r.o. y Lužanská Zemědělská a.s. se concedió sobre la base de las normas nacionales del programa de subvenciones (la base jurídica mencionada en el considerando 16) sin necesidad de medidas de aplicación adicionales. De hecho, la ayuda a las grandes empresas se concedió erróneamente en el contexto de los regímenes de exención por categorías, que en realidad solo estaban abiertos a las pymes. No se notificó a la Comisión ninguna ayuda ad hoc individual a grandes empresas antes de la concesión de las ayudas a estos beneficiarios. La única notificación que afectaba a grandes empresas fue cuando Chequia notificó los regímenes SA.50787 y SA.50837, después de que hubiera concedido las ayudas a las grandes empresas. La ayuda a las grandes empresas en 2016 y 2017 también se fundamentó en la misma base jurídica nacional que se aplicaba a los regímenes de exención por categorías y que también se indicó posteriormente en la notificación de los regímenes SA.50787 y SA.50837. En otras palabras, las ayudas en virtud de esos regímenes notificados se ejecutaron en el pasado, si bien la Comisión no fue notificada de ninguna ayuda ad hoc ni régimen antes de su ejecución ni las ayudas estaban cubiertas por el Reglamento (UE) n.o 702/2014 relativo a la exención por categorías por las razones que se exponen a continuación (considerandos 138 a 164).

(135)

La base jurídica nacional establece los elementos esenciales de la ayuda (costes subvencionables e intensidades de ayuda) y define a los beneficiarios de manera abstracta y general. Sobre esta base, las autoridades checas concedieron ayudas a los beneficiarios sin ningún margen de apreciación que les permitiera influir en los elementos esenciales de la ayuda ni en las condiciones en las que se concedió. A la luz de la explicación presentada por las autoridades checas (considerando 68), la Comisión considera que la concesión de ayudas a grandes empresas sobre la base de los regímenes de exención por categorías fue el resultado de un error administrativo y no el ejercicio de una potestad discrecional.

(136)

Por consiguiente, la Comisión concluye que la ayuda concedida ilegalmente a las grandes empresas antes de la notificación de los regímenes SA.50787 y SA.50837, pero de conformidad con su base jurídica y en igualdad de condiciones que la ayuda concedida a las pymes en virtud de dicha base jurídica, se concedió en el contexto de dos regímenes de ayudas en el sentido del artículo 1, letra d), del Reglamento (UE) 2015/1589. Por consiguiente, la Comisión no acepta la alegación de SADY CZ s.r.o. y Lužanská Zemědělská a.s. de que la ayuda que se les concedió podía constituir ayuda ad hoc con arreglo al artículo 6, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 702/2014 (véanse también los considerandos 142 a 164).

(137)

En cualquier caso, la Comisión no puede aceptar como compatible una ayuda ad hoc que no cumpla todas las condiciones de compatibilidad del Reglamento (UE) n.o 702/2014 (véanse los considerandos 149 a 161).

(138)

En su Decisión de incoación, la Comisión consideró que las ayudas se concedieron a grandes empresas sin notificación previa a la Comisión de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del TFUE (41). Al mismo tiempo, las ayudas concedidas a grandes empresas no podían considerarse compatibles con arreglo a los regímenes de exención por categorías, ya que el artículo 14 del Reglamento (UE) n.o 702/2014 se aplica únicamente a las pymes. En consecuencia, el dictamen preliminar de la Comisión era que dichas ayudas a grandes empresas constituían una ayuda nueva, que era ilegal en el sentido del artículo 1, letra f), del Reglamento (UE) 2015/1589.

(139)

En sus observaciones a la Decisión de incoación, tanto Chequia como los terceros confirmaron que las ayudas se concedieron a algunas grandes empresas antes de las fechas de notificación de los regímenes de ayudas SA.50787 y SA.50837 a la Comisión.

(140)

La Comisión recuerda que dos terceros, SADY CZ s.r.o. (considerando 102) y Lužanská Zemědělská a.s. (considerando 110) alegaron que las ayudas que se les concedieron constituían de hecho una ayuda ad hoc a efectos del artículo 6, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 702/2014. Por consiguiente, en su opinión, dichas ayudas no se considerarían ayudas ilegales, ya que los regímenes de exención por categorías se publicaron de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 702/2014.

(141)

Para el análisis de dicha alegación, la Comisión se remite al artículo 3 del Reglamento (UE) n.o 702/2014, que establece las condiciones para la exención de las ayudas de la obligación de notificación prevista en el artículo 108, apartado 3, del TFUE. El artículo mencionado establece que los regímenes de ayudas, las ayudas individuales concedidas con arreglo a regímenes de ayudas y las ayudas ad hoc son compatibles con el mercado interior a efectos del artículo 107, apartados 2 o 3, del Tratado, y que están exentos de la obligación de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3, del Tratado, siempre que dichas ayudas cumplan todas las condiciones establecidas en el capítulo I de dicho Reglamento, así como las condiciones específicas aplicables a la categoría pertinente establecidas en el capítulo III de dicho Reglamento.

(142)

Por consiguiente, la Comisión valora si la ayuda concedida a SADY CZ s.r.o. y Lužanská Zemědělská a.s. y, por analogía, también a otras grandes empresas, podría considerarse una ayuda ad hoc sobre la base de los artículos 1 y 6 del Reglamento (UE) n.o 702/2014.

(143)

El artículo 1 del Reglamento (UE) n.o 702/2014 establece el ámbito de aplicación de dicho Reglamento.

(144)

De conformidad con el artículo 1, apartado 1, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) n.o 702/2014, dicho Reglamento se aplica a las «ayudas en favor de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (pyme) activas en el sector agrícola, concretamente producción agrícola primaria, transformación y comercialización de productos agrícolas, con la excepción de los artículos 14, 15, 16, 18, 23 y 25 a 28 que se aplicarán únicamente a las pyme dedicadas a la producción agrícola primaria».

(145)

La Comisión recuerda que el artículo 14 del Reglamento (UE) n.o 702/2014 establece las condiciones de las ayudas en favor de las inversiones relacionadas con la producción agrícola primaria y que, por tanto, constituía la base jurídica de los regímenes de exención por categorías SA.46621 (2016/XA) y SA.46972 (2016/XA). Como se ha señalado anteriormente (considerando 134), las autoridades checas concedieron erróneamente las ayudas a las grandes empresas en el contexto de los regímenes de exención por categorías, que en realidad solo estaban abiertos a las pymes. La ayuda a las grandes empresas en 2016 y 2017 también se fundamentó en la misma base jurídica nacional que se aplicaba a los regímenes de exención por categorías y que también se indicó posteriormente en la notificación de los regímenes SA.50787 y SA.50837. En otras palabras, las ayudas en virtud de esos regímenes notificados se ejecutaron en el pasado, teniendo en cuenta que no se notificó a la Comisión ninguna ayuda ad hoc ni régimen antes de su aplicación y que tampoco estaban cubiertas por el Reglamento (UE) n.o 702/2014 relativo a la exención por categorías por las razones que se exponen a continuación.

(146)

De conformidad con el artículo 1, apartado 1, letras b) a e), del Reglamento (UE) n.o 702/2014, las siguientes categorías de ayudas podrían concederse a todas las empresas, sin aplicar el límite relativo al tamaño:

(147)

Por lo que respecta a otras categorías de ayudas incluidas en el Reglamento (UE) n.o 702/2014, el artículo 1, apartado 1, letra a), inciso i), de dicho Reglamento no prevé ninguna exención a la restricción de la limitación de las ayudas a las pymes en virtud de los artículos 14, 15, 16, 18, 23 y 25 a 28.

(148)

De ello se deduce que las grandes empresas solo podían optar a las categorías de ayudas enumeradas en el artículo 1, letras b) a e), del Reglamento (UE) n.o 702/2014, ya sea sobre la base del régimen de exención por categorías o como ayuda ad hoc. Todos los demás tipos de ayudas incluidas en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento, en particular el artículo 14, se limitaban a las pymes. Esto basta por sí solo para desestimar la pretensión de calificar las ayudas a las grandes empresas como ayuda ad hoc con arreglo al Reglamento (UE) n.o 702/2014.

(149)

Además, la Comisión recuerda que, de conformidad con el artículo 3 del Reglamento (UE) n.o 702/2014, los regímenes de ayudas, las ayudas individuales concedidas con arreglo a regímenes de ayudas y las ayudas ad hoc serán compatibles con el mercado interior a tenor del artículo 107, apartados 2 o 3, del Tratado, y quedarán exentos de la obligación de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3, del Tratado, siempre que dichas ayudas cumplan todas las condiciones establecidas en el capítulo I de dicho Reglamento.

(150)

De conformidad con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 702/2014, dicho Reglamento solo se aplicaba a las ayudas que tuvieran un efecto incentivador.

(151)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 702/2014, «[s]e considerará que las ayudas tienen un efecto incentivador si, antes de comenzar a trabajar en el proyecto o actividad, el beneficiario ha presentado por escrito una solicitud de ayuda al Estado miembro de que se trate».

(152)

En la Decisión de incoación, la Comisión no cuestionó que las solicitudes de ayuda se presentaran correctamente, y la investigación confirmó que se cumplió esta condición y que no se concedió ninguna ayuda sin la solicitud de ayuda previa a dicha concesión.

(153)

De conformidad con el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 702/2014, se consideró que las ayudas ad hoc concedidas a las grandes empresas tenían un efecto incentivador si, además de garantizar el cumplimiento de la condición establecida en el apartado 2 [de dicho artículo], el Estado miembro verificaba, antes de conceder la ayuda ad hoc en cuestión, que la documentación elaborada por el beneficiario demostraba que la ayuda daría lugar a una o varias de las situaciones enumeradas en el apartado 3, letras a) a d), de dicho artículo.

(154)

De conformidad con el considerando 24 del Reglamento (UE) n.o 702/2014, en lo que atañe a cualesquiera ayuda ad hoc cubierta por dicho Reglamento concedida a un beneficiario que sea una gran empresa, el Estado miembro también debía garantizar, además de las condiciones sobre el efecto incentivador aplicable a las pymes, que el beneficiario hubiera analizado, en un documento interno, la viabilidad del proyecto o actividad objeto de la ayuda con y sin ella. El Estado miembro debía verificar que este documento interno confirmaba un incremento sustancial del alcance del proyecto o actividad, un incremento sustancial del importe total desembolsado por el beneficiario en el proyecto o actividad objeto de la ayuda o una aceleración sustancial del ritmo de ejecución del proyecto o actividad de que se trate. También debía haber sido posible determinar el efecto incentivador sobre la base de que, de no ser por la ayuda, el proyecto de inversión o la actividad no se habría llevado a cabo en la zona rural en cuestión.

(155)

En opinión de la Comisión, el documento descrito en el considerando 24 del Reglamento (UE) n.o 702/2014 y solicitado con arreglo al artículo 6, apartado 3, de dicho Reglamento era, en esencia, equivalente a la hipótesis contrafactual. Además, al igual que la hipótesis contrafactual, el Estado miembro tenía la obligación de verificar, antes de conceder la ayuda ad hoc, que la documentación preparada por el beneficiario demostrara que la ayuda daría lugar a una o varias de las situaciones enumeradas en el apartado 3, letras a) a d), de dicho artículo.

(156)

En la Decisión de incoación, la Comisión expresó sus dudas de que los beneficiarios, que eran grandes empresas en el momento de la concesión de las ayudas, presentaran la hipótesis contrafactual (42).

(157)

Durante la investigación, las autoridades checas no facilitaron información que indicara que hubieran verificado, antes de la concesión de las ayudas, si la documentación preparada por el beneficiario demostraba que la ayuda cumplía las condiciones establecidas en el artículo 6, apartado 3, letras a) a d), del Reglamento (UE) n.o 702/2014. Por el contrario, la explicación anterior de las autoridades checas de que las ayudas se concedieron a algunas grandes empresas porque se consideraron erróneamente pymes confirma, en opinión de la Comisión, que las condiciones específicas de las ayudas a grandes empresas no se aplicaron en este caso.

(158)

SADY CZ s.r.o. y Lužanská Zemědělská a.s., los dos beneficiarios que adujeron el argumento de las ayudas ad hoc con arreglo al artículo 6, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 702/2014, no especificaron si presentaron los documentos internos exigidos con arreglo a dicho artículo para la evaluación ex ante por parte de las autoridades nacionales. Sin embargo, ambos beneficiarios presentaron a la Comisión copias de sus solicitudes de ayuda, lo que permite concluir que tal documentación no estaba incluida en las solicitudes de ayuda. Lo mismo se aplica a las demás grandes empresas que presentaron observaciones en relación con la Decisión de incoación. En sus observaciones, las autoridades checas no especificaron si habían obtenido o no los documentos internos requeridos de conformidad con el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 702/2014 para la evaluación ex ante. Se limitaron a considerar que las ayudas concedidas a las grandes empresas cumplían el criterio del efecto incentivador y eran proporcionadas (considerandos 71 a 74). Por consiguiente, la Comisión concluye que las autoridades del Estado miembro no verificaron previamente el cumplimiento del artículo 6, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 702/2014.

(159)

De conformidad con el artículo 6, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 702/2014, no obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de dicho artículo, se consideró que las medidas en forma de ventajas fiscales tenían un efecto incentivador, siempre que se cumplieran las condiciones establecidas en dicho apartado. Las ayudas objeto de la investigación se concedieron como subvención directa y no como ventaja fiscal. Por lo tanto, esta exención no era aplicable.

(160)

Tampoco era de aplicación la exención al efecto incentivador establecida en el artículo 6, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 702/2014, que enumeraba las categorías de ayudas que no estaban obligadas a tener un efecto incentivador o se consideraba que lo tenían. Las ayudas a la inversión no estaban cubiertas por dicha exención.

(161)

Por este motivo, la Comisión concluye que no se cumplían las condiciones establecidas en el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 702/2014 y, en consecuencia, de conformidad con el artículo 3 de dicho Reglamento, el Reglamento (UE) n.o 702/2014 de la Comisión no podía aplicarse a dichas ayudas.

(162)

Por consiguiente, la Comisión no acepta la alegación de SADY CZ s.r.o. y Lužanská Zemědělská a.s. de que la ayuda que se les concedió (o se concedió a otras grandes empresas) constituía ayuda ad hoc con arreglo al artículo 6, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 702/2014.

(163)

Dado que dichas ayudas no cumplían todas las condiciones establecidas en el capítulo I del Reglamento (UE) n.o 702/2014, de conformidad con el artículo 3 de dicho Reglamento (43), no podían quedar exentas de la obligación de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3, del TFUE.

(164)

La Comisión concluye que las autoridades checas no cumplieron su obligación establecida en el artículo 108, apartado 3, del TFUE, dado que concedieron ayudas a la inversión a algunos beneficiarios antes de su notificación a la Comisión y su aprobación por parte de esta. Por lo tanto, la Comisión sostiene que dichas ayudas deben considerarse ayudas ilegales en el sentido del artículo 1, letra f), del Reglamento (UE) 2015/1589.

(165)

Con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, las ayudas pueden considerarse compatibles con el mercado interior si se constata que facilitan el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

(166)

En su Decisión de incoación, la Comisión llevó a cabo un examen detallado de la compatibilidad de los dos regímenes SA.50787 y SA.50837 (en particular las ayudas ya concedidas a las grandes empresas) (44) con las normas sobre ayudas estatales de la Unión aplicables en ese momento. En el presente caso, se trataba de la parte I («Principios comunes de evaluación») y la parte II, sección 1.1.1.1. («Ayudas para inversiones en activos materiales e inmateriales de explotaciones agrícolas vinculadas a la producción agrícola primaria») de las Directrices de 2014, que estaban en vigor en el momento en que se concedieron las ayudas (45) a las grandes empresas.

(167)

Por lo que se refiere a la compatibilidad de los regímenes con las condiciones específicas establecidas para las ayudas a la inversión en la sección 1.1.1.1. de las Directrices de 2014, la Comisión concluyó con carácter preliminar que ambos regímenes (en particular las ayudas ya concedidas a las grandes empresas) cumplían dichas condiciones.

(168)

Por lo que respecta a la evaluación de la compatibilidad de los regímenes con los principios comunes de evaluación con arreglo al artículo 107, apartado 3, del TFUE, establecidos en la parte I de las Directrices de 2014, la Comisión llegó a conclusiones preliminares diferentes en lo que respecta a las ayudas concedidas antes de su notificación y las ayudas que solo debían concederse tras su aprobación y notificación de la Decisión de la Comisión a Chequia.

(169)

Aunque el dictamen preliminar de la Comisión confirmó que estas últimas ayudas cumplían los principios comunes de evaluación (46), no se llegó a la misma conclusión por lo que respecta a las ayudas ya concedidas a las grandes empresas antes de su notificación. En concreto, la Comisión planteó dudas sobre si dichas ayudas eran proporcionadas y si tenían un efecto incentivador (47).

(170)

La Comisión recuerda que existían dudas sobre si las grandes empresas (que recibieron ayudas erróneamente en el contexto de los regímenes de exención por categorías y que, en esencia, ejecutaron los regímenes SA.50787 y SA.50837 antes de su notificación) presentaron la hipótesis contrafactual y si las ayudas concedidas se ajustaban al planteamiento de costes netos extra establecido en los puntos 95 a 97 de las Directrices de 2014. La Comisión argumentó que, ante la probable ausencia de la hipótesis contrafactual, las autoridades checas no habrían podido determinar que los importes de las ayudas fueran proporcionados y correspondieran a los costes netos extras de ejecutar la inversión en la zona en cuestión, comparándola con la hipótesis sin ayuda.

(171)

La Comisión recuerda que todos los beneficiarios que presentaron sus observaciones sobre la Decisión de incoación indicaron en al menos una de sus solicitudes de ayuda en 2016 y 2017 su condición de gran empresa y no de pyme en el momento de la concesión de la ayuda. En cualquier caso, su condición de gran empresa resultaba evidente a partir de la documentación presentada que acompañaba a las solicitudes de identificación.

(172)

Todos los beneficiarios que presentaron sus observaciones a la Decisión de incoación confirmaron también que las autoridades checas no solicitaron la hipótesis contrafactual a pesar de haber indicado en las solicitudes de ayuda o en la documentación adjunta que eran grandes empresas.

(173)

Todos los beneficiarios que presentaron sus observaciones a la Decisión de incoación (considerandos 76 a 110) alegaron que las ayudas tenían un efecto incentivador a pesar de la ausencia de hipótesis contrafactual y de su verificación por parte de las autoridades checas. La mayoría de ellos incluyó dicha hipótesis contrafactual en las observaciones enviadas a la Comisión. Las autoridades checas apoyaron este parecer de los beneficiarios que presentaron sus observaciones a la Decisión de incoación (considerando 71).

(174)

La Comisión evalúa los argumentos sobre la presencia de un efecto incentivador a la luz de los puntos pertinentes de la sección 3.4., parte I, de las Directrices de 2014.

(175)

Con arreglo al punto 70 de las Directrices de 2014, las ayudas nunca ofrecían incentivos al beneficiario cuando el trabajo del proyecto o de la actividad correspondiente ya se había iniciado antes de la presentación de la solicitud de ayuda por el beneficiario a las autoridades nacionales.

(176)

De conformidad con el punto 72 de las Directrices de 2014, además de la información establecida en el punto 71 de dichas Directrices, las grandes empresas debían describir en la solicitud la situación sin la ayuda, mencionada como hipótesis contrafactual o como proyecto o actividad alternativos, y presentar pruebas documentales en apoyo de la hipótesis contrafactual descrita en la solicitud.

(177)

Además, de conformidad con el punto 73 de las Directrices de 2014, al recibir una solicitud de ayuda, la autoridad otorgante debía comprobar la credibilidad de la hipótesis contrafactual y confirmar que las ayudas tuvieran el efecto incentivador exigido.

(178)

Las copias de las solicitudes de ayuda y la documentación adjunta presentadas a la Comisión confirman que las grandes empresas beneficiarias que presentaron sus observaciones a la Decisión de incoación presentaron las solicitudes antes de que se les concedieran las ayudas.

(179)

Sin embargo, la investigación confirmó sin lugar a dudas que ninguna de las solicitudes de ayuda presentadas por las grandes empresas incluía la hipótesis contrafactual. De ello se deduce que, antes de conceder las ayudas a las grandes empresas, las autoridades checas no comprobaron ni confirmaron que dichas ayudas tuvieran un efecto incentivador.

(180)

De los puntos 72 y 73 de las Directrices de 2014 se desprende que ambas condiciones debían cumplirse antes de la concesión de la ayuda, es decir, el solicitante debía describir la situación sin la ayuda en la solicitud y la autoridad otorgante debía verificarla antes de la concesión de la ayuda. Si no se cumplen estas dos condiciones, el efecto incentivador es hipotético y no puede demostrarse.

(181)

La Comisión subraya que el efecto incentivador de las ayudas no puede suponerse, sino que debe ser demostrado por el solicitante de la ayuda y confirmado por la autoridad otorgante antes de la concesión de la ayuda. Además, el punto 72 de las Directrices de 2014 exigía que la hipótesis contrafactual se describiera en la solicitud de ayuda. Este punto, o cualquier otro punto de las Directrices de 2014, no preveía ninguna demostración alternativa de la hipótesis contrafactual. Por lo tanto, la Comisión no puede aceptar ni evaluar las hipótesis contrafactuales ex post que las grandes empresas beneficiarias presentaron junto con sus observaciones sobre la Decisión de incoación.

(182)

Así pues, se confirma la opinión preliminar de que las ayudas no tenían efecto incentivador.

(183)

Por lo que respecta al criterio de proporcionalidad, la Comisión recuerda las normas aplicables a las ayudas en cuestión en el momento de su concesión a grandes empresas.

(184)

De conformidad con el punto 95 de las Directrices de 2014, en el caso de ayudas a la inversión concedidas a grandes empresas en virtud de regímenes notificados, los Estados miembros debían garantizar que el importe de las ayudas se limitara al mínimo sobre la base del «planteamiento de costes netos extras».

(185)

De conformidad con el punto 97 de las Directrices de 2014, el Estado miembro debía garantizar que el importe de la ayuda correspondía a los costes netos extra de ejecutar la inversión en la zona en cuestión, frente a la situación contrafactual en la que no hay ayuda. A tal fin, debía utilizarse el método previsto en el punto 96 de dichas Directrices junto con las intensidades máximas de ayuda como límite máximo. Además, el importe de las ayudas no podía superar el mínimo necesario para que el proyecto fuera suficientemente rentable, por ejemplo, no podía aumentar la tasa de retorno de la inversión por encima de las tasas normales de rentabilidad aplicadas por la empresa en cuestión a otros proyectos de inversión de índole similar o, en caso de no conocerse estas tasas, aumentar la tasa de retorno de la inversión por encima del coste de capital de la empresa en su conjunto o por encima de las tasas de rentabilidad registradas habitualmente en el sector en cuestión.

(186)

Las anteriores normas relativas a la proporcionalidad de las ayudas también exigían que este criterio se comprobara y confirmara antes de la concesión de las ayudas a grandes empresas.

(187)

En la Decisión de incoación, la Comisión expresó sus dudas de que las ayudas concedidas a grandes empresas antes de su aprobación por parte de la Comisión respetaran el planteamiento de costes netos extras con arreglo a los puntos 95 a 97 de las Directrices de 2014 (48). A este respecto, la Comisión señaló que, ante la probable ausencia de la hipótesis contrafactual (en esa etapa), las autoridades checas no podían garantizar que los importes de las ayudas correspondieran a los costes netos extras de ejecutar la inversión en la zona en cuestión, comparándola con la hipótesis sin ayuda.

(188)

La investigación confirmó que las grandes empresas no presentaron la hipótesis contrafactual junto con la solicitud de ayuda. Por lo tanto, las autoridades checas no disponían de información que les permitiera comprobar y confirmar que las ayudas cumplían el planteamiento de costes netos extras con arreglo a los puntos 95 a 97 de las Directrices de 2014. La Comisión señala que ni los citados puntos 95 a 97 de las Directrices de 2014 ni ningún otro punto de dichas Directrices preveían una demostración del planteamiento de costes netos extras alternativa. Por consiguiente, se confirma la duda preliminar de que no se determinó la proporcionalidad de las ayudas concedidas a las grandes empresas.

(189)

Así pues, la Comisión considera que las ayudas concedidas a las grandes empresas antes de la fecha de notificación de los regímenes de ayudas SA.50787 y SA.50837 no pueden considerarse compatibles con el mercado interior en virtud de la exención prevista en el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, ya que dichas ayudas no cumplían las condiciones relativas a la existencia de un efecto incentivador y a la proporcionalidad establecidas en las disposiciones aplicables de las Directrices de 2014.

(190)

Uno de los beneficiarios de las ayudas (Lužanská Zemědělská a.s.) alega en sus observaciones sobre la Decisión de incoación que, a pesar de que en el formulario de solicitud de ayuda de 2017 había indicado su tamaño de gran empresa y que las autoridades debían tener conocimiento de su condición de gran empresa por los documentos adjuntados, desde un punto de vista formal, no era una gran empresa en el momento de la concesión de la ayuda en 2016 y 2017 y, por lo tanto, las ayudas concedidas eran compatibles con arreglo al Reglamento (UE) n.o 702/2014 (considerando 107). La empresa alega que pasó a formar parte de Agrofert (una gran empresa) en julio de 2016, por lo que, en observancia del tenor literal del artículo 4, apartado 2, del anexo I, del Reglamento (UE) n.o 702/2014, no perdió «la calidad de media o pequeña empresa» durante los dos años siguientes, esto es, cuando solicitó la ayuda en septiembre de 2016 y, posteriormente, en septiembre de 2017.

(191)

En primer lugar, la Comisión señala que Lužanská Zemědělská contradice sus propias solicitudes de ayuda en 2016 y 2017, que indicaban expresamente su tamaño de gran empresa o, al menos, las autoridades deberían haber deducido su condición de gran empresa a partir de sus documentos adjuntos. Sobre esta base, el cambio posterior de la posición de la empresa no es creíble ni aceptable. Como alegó Chequia, las ayudas a grandes empresas se concedieron por error (considerando 68) y en su control ex post no consideró a Lužanská Zemědělská a.s. como una pyme (49).

En cualquier caso, la Comisión añade que tal interpretación del artículo 4, apartado 2, del anexo I del Reglamento (UE) n.o 702/2014, propuesta por Lužanská Zemědělská, no se ajusta a la interpretación de la definición de «pyme» por parte de los órganos jurisdiccionales de la Unión, que se basa en el principio de effet utile. La Comisión explicó su interpretación del artículo 4, apartado 2, y de la definición de «pyme» en la Decisión de incoación (50) (como se recuerda en los considerandos 54 a 60). Este razonamiento se mantiene y no ha sido rebatido por la República Checa ni por ninguno de los terceros.

(192)

En la Decisión de incoación (51), la Comisión concluyó que sería contrario al principio de effet utile proporcionar tal posibilidad a las empresas que superasen los umbrales de efectivos o financieros debido al cambio permanente en la estructura, es decir, como consecuencia de un cambio de propiedad a raíz de una fusión o adquisición. Tal cambio impulsa de forma duradera los límites máximos de efectivos o los límites máximos financieros pertinentes y, por lo tanto, estas variables dejan de estar sujetas a los resultados económicos de una empresa. La Comisión considera que, en tal caso, la realidad económica demuestra que una empresa determinada no es una verdadera pyme. De ello se deduce que, aunque esta situación particular no se establece de forma expresa en el artículo 4, apartado 2, de la definición de «pyme» del anexo I del Reglamento (UE) n.o 702/2014, sobre la base también de la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión y del principio de effet utile, dicha empresa no debe beneficiarse, tras un cambio permanente de propiedad, de la condición de pyme.

(193)

En cambio, en el caso de que una empresa superase los límites máximos aplicables a las pymes como consecuencia de un cambio permanente en la estructura o la propiedad tras una fusión o adquisición, el momento pertinente para la evaluación sería el momento de la transacción (por la que la empresa en cuestión se convierte definitivamente en parte de una empresa más grande) y no el momento de cierre de las cuentas de la entidad jurídica solicitante.

(194)

De conformidad con esta interpretación, la Comisión considera que Lužanská Zemědělská a.s. (o cualquier otra gran empresa beneficiaria) no puede invocar el artículo 4, apartado 2, del anexo I del Reglamento (UE) n.o 702/2014 para justificar su tamaño como pyme en el momento de las solicitudes de ayuda presentadas en 2016 y 2017. Por el contrario, la Comisión considera que Lužanská Zemědělská a.s. se convirtió en gran empresa en el momento en que pasó a formar parte de forma permanente de Agrofert y no solo después de haber superado, debido a este cambio de propiedad, los umbrales de efectivos o financieros establecidos en el artículo 2 de dicho anexo durante dos ejercicios contables consecutivos. Por lo tanto, las ayudas concedidas a Lužanská Zemědělská a.s. (o a cualquier otra gran empresa beneficiaria) no están cubiertas por la exención por categorías prevista en el Reglamento (UE) n.o 702/2014 [ya que el artículo 14 de dicho Reglamento solo se aplica a las pymes y las ayudas no pueden considerarse ayudas ad hoc a grandes empresas (considerandos 144, 147 y 148), y las ayudas son ilegales e incompatibles].

(195)

La Comisión concluye que las ayudas concedidas a las grandes empresas en forma de subvenciones directas constituyen ayuda estatal a efectos del artículo 107, apartado 1, del TFUE. La Comisión concluye que Chequia había ejecutado ilegalmente los regímenes de ayudas SA.50787 y SA.50837 al conceder ayudas a las grandes empresas antes de la notificación, en incumplimiento del artículo 108, apartado 3, del TFUE.

(196)

Además, el análisis anterior demuestra que las ayudas no pueden declararse compatibles con el mercado interior.

(197)

De ello se deduce que las ayudas estatales concedidas por Chequia a grandes empresas en virtud de los regímenes SA.50787 y SA.50837 antes de su notificación son ilegales e incompatibles con el mercado interior.

(198)

De conformidad con el artículo 108, apartado 2, del TFUE, y con la jurisprudencia reiterada de los órganos jurisdiccionales de la Unión, la Comisión dispone de competencias para decidir que el Estado miembro interesado debe suprimir o modificar la ayuda que se haya declarado incompatible con el mercado interior (52). Los órganos jurisdiccionales de la Unión también han declarado en varias ocasiones que la obligación de un Estado miembro de suprimir una ayuda que la Comisión ha declarado incompatible con el mercado interior tiene por objeto restablecer la situación preexistente (53).

(199)

En este contexto, los órganos jurisdiccionales de la Unión han determinado que este objetivo se logra cuando el beneficiario ha devuelto los importes concedidos a través de una ayuda ilegal, eliminándose de tal modo la ventaja de que había disfrutado en comparación con sus competidores en el mercado interior, y se ha restablecido la situación existente antes de que se abonara la ayuda (54).

(200)

De acuerdo con la jurisprudencia, el artículo 16, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/1589 establece que «[c]uando se adopten decisiones negativas en casos de ayuda ilegal, la Comisión decidirá que el Estado miembro interesado tome todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda (“decisión de recuperación”). La Comisión no exigirá la recuperación de la ayuda si ello fuera contrario a un principio general del Derecho de la Unión».

(201)

Así pues, Chequia está obligada a recuperar las ayudas ilegales e incompatibles (considerandos 195 y 196) de todos los beneficiarios que eran grandes empresas en el momento en que se concedieron dichas ayudas, salvo que cumplieran todas las condiciones del Reglamento (UE) n.o 1408/2013 de la Comisión (55) o la aplicación de un principio general del Derecho de la UE, como se alegó durante el procedimiento de investigación formal. La recuperación abarcará el período comprendido entre la fecha en que las ayudas se pusieron a disposición del beneficiario y la recuperación efectiva. El importe que debe recuperarse devengará intereses hasta la fecha de la recuperación efectiva.

(202)

Las autoridades checas ya han identificado siete grandes empresas beneficiarias y han puesto en marcha los procedimientos adecuados para recuperar las ayudas ilegales concedidas en los años 2016-2017 en virtud de uno o ambos regímenes de ayudas de exención por categorías (considerando 69). Sin embargo, las autoridades checas sostienen que los procedimientos de recuperación no pudieron completarse con la recuperación efectiva de las ayudas de los beneficiarios, por las razones expuestas en los considerandos 117 a 119 de la presente Decisión. Sobre la base de las sentencias de los órganos jurisdiccionales nacionales y de la legislación nacional en vigor en el momento de iniciarse los procedimientos de recuperación, en concreto el artículo 15, apartado 3, letra c), de la Ley n.o 218/2000 Rec. sobre normas presupuestarias, las autoridades checas invocan el principio de seguridad jurídica.

(203)

La Comisión considera que el artículo 15, apartado 3, letra c), de la Ley n.o 218/2000 Rec. sobre normas presupuestarias, en su versión vigente en el momento en que se iniciaron los procedimientos de recuperación, contradecía las normas de la UE aplicables en materia de recuperación de ayudas ilegales, tal como se expresa en numerosas sentencias de los órganos jurisdiccionales de la Unión, que se indican a continuación.

(204)

De la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión se desprende que, si se han concedido ayudas en virtud de un Reglamento de exención por categorías siendo así que no se cumplían los requisitos establecidos para poder disfrutar de una exención conforme a ese Reglamento, dicha ayuda se ha concedido incumpliéndose la obligación de notificación y, por tanto, debe considerarse ilegal (56). Las ayudas estatales no contempladas por un Reglamento de exención por categorías deben seguir sujetas a la obligación de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3, del TFUE (57).

(205)

De conformidad con la jurisprudencia, el artículo 108, apartado 3, del TFUE debe interpretarse en el sentido de que dicha disposición exige a la autoridad nacional recuperar de oficio las ayudas que haya concedido en virtud de un Reglamento de exención por categorías cuando constate, en una fase posterior, que no se cumplían los requisitos establecidos en dicho Reglamento (58).

(206)

Cuando una autoridad nacional constate que unas ayudas que ha concedido en virtud de un Reglamento de exención por categorías no cumplen los requisitos establecidos para poder acogerse a la exención prevista en dicho Reglamento, incumbe a dicha autoridad adoptar las medidas adecuadas para subsanar la ilegalidad de la ejecución de las ayudas, con el fin de que el beneficiario no conserve la libre disposición de estas por el tiempo que quede hasta la decisión de la Comisión, en particular la de recuperar por iniciativa propia la ayuda concedida ilegalmente (59).

(207)

Por otro lado, la Comisión recuerda el principio de primacía del Derecho de la UE establecido por la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión (60), según el cual el Derecho de la UE prevalece cuando surge un conflicto entre un aspecto del Derecho de la UE y el Derecho nacional. En virtud de dicho principio, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a dar pleno efecto a las disposiciones del Derecho de la Unión, en particular, en su caso, denegando (de oficio) la aplicación de cualquier disposición contraria de la legislación nacional.

(208)

Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, tanto las autoridades administrativas como los órganos jurisdiccionales nacionales a los que se ha de recurrir, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a dar pleno efecto al Derecho de la Unión que tenga efecto directo vinculante para las autoridades de los Estados miembros (61).

(209)

La Comisión señala que los órganos jurisdiccionales nacionales deben tener en cuenta la situación jurídica resultante de los procedimientos en curso ante la Comisión, aunque esta sea provisional (62). Esto significa que, mientras el procedimiento de investigación esté en curso, los órganos jurisdiccionales nacionales deben extraer consecuencias jurídicas de la propia decisión de incoación y adoptar todas las medidas adecuadas para abordar el posible incumplimiento de la obligación del efecto suspensivo.

(210)

La Comisión también recuerda la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión, que se refiere a la obligación de la autoridad nacional a la que se ha dirigido una solicitud de ayuda a la que pueda resultar aplicable un Reglamento de exención por categorías, de examinar con atención, teniendo en cuenta los elementos que se le han presentado, si la ayuda solicitada satisface todos los requisitos pertinentes establecidos en dicho Reglamento y denegar tal solicitud si no cumple alguno de ellos (63).

(211)

La Comisión considera que el artículo 15, apartado 3, letra c), de la Ley n.o 218/2000 Rec., en su versión vigente en el momento en que se incoaron los procedimientos de recuperación y aplicada en el presente caso por los órganos jurisdiccionales nacionales, impide la aplicación efectiva de las normas de la UE en materia de recuperación de ayudas ilegales e incompatibles, ya que excluye expresamente la posibilidad de recuperación efectiva de las ayudas ya abonadas cuando el motivo de la recuperación es que la decisión de concesión infringía el Derecho de la UE (64).

(212)

De la jurisprudencia reiterada de los órganos jurisdiccionales de la Unión se desprende que los principios de primacía y efectividad del Derecho de la Unión implican que los Estados miembros y los beneficiarios de las ayudas no pueden invocar el principio de seguridad jurídica para limitar la recuperación en caso de conflicto entre el Derecho nacional y el Derecho de la Unión. En tal caso, prevalece el Derecho de la Unión y las normas nacionales deben dejarse sin efecto o interpretarse de manera que se preserve la efectividad del Derecho de la Unión (65).

(213)

Las grandes empresas beneficiarias que presentaron sus observaciones a la Decisión de incoación alegaron en dichas observaciones a la Comisión que las decisiones de concesión de ayudas de las autoridades checas crearon una confianza legítima en cuanto a la compatibilidad de la ayuda. Exponen varios elementos que, en su opinión, demuestran que podían confiar legítimamente en que las ayudas que se les concedieron cumplían todos los requisitos aplicables. Los argumentos de la mayoría de los terceros eran que las autoridades checas eran plenamente conscientes de su condición de grandes empresas en el momento de la concesión de las ayudas y que las ayudas eran proporcionadas y tenían un efecto incentivador a pesar de la ausencia de hipótesis contrafactual. Según las terceras partes, las autoridades checas comprobaron reiteradamente que se cumplían las condiciones para la concesión de las ayudas y no señalaron deficiencias [antes de que el control ex post determinara que no eran pymes y que, por tanto, recibieron ayudas por error (considerandos 78 a 110)].

(214)

La Comisión recuerda que, según jurisprudencia reiterada (66), el derecho a reclamar el respeto de la confianza legítima puede ser invocado por cualquier persona que se encuentre en una situación en la que se demuestre que la administración de la Unión creó esperanzas fundadas en cuanto a las ayudas concedidas. Sin embargo, nadie puede invocar una violación del principio de protección de la confianza legítima si la administración no ha dado a dicha persona unas garantías concretas. La concesión de ayudas estatales no puede dar lugar a la confianza legítima de terceros en la regularidad de dichas ayudas si estas se concedieron infringiendo el artículo 108, apartado 3, del TFUE (67).

(215)

La Comisión señala que la alegación de la confianza legítima formulada por los terceros en el presente asunto se refiere única y exclusivamente a las decisiones de las autoridades nacionales.

(216)

En este sentido, la Comisión recuerda que una autoridad nacional que concede una ayuda de conformidad con un Reglamento de exención por categorías tiene competencia para adoptar una decisión definitiva por la que se concluya que no existe obligación de notificar a la Comisión la ayuda solicitada, a tenor del artículo 108, apartado 3, del TFUE (68).

(217)

Cuando una autoridad nacional concede una ayuda aplicando erróneamente un Reglamento de exención por categorías, lo hace infringiendo tanto disposiciones de dicho Reglamento como el artículo 108, apartado 3, del TFUE (69). En el presente caso, se llega a la misma conclusión sobre la ayuda ilegal que infringe el artículo 108, apartado 3, del TFUE si se evalúan las ayudas concedidas a grandes empresas antes de la notificación de los regímenes SA.50787 y SA.50837.

(218)

Se infiere de lo anterior que, en tal situación, la concesión de una ayuda por parte de una autoridad nacional no puede generar una confianza legítima en la regularidad de dicha ayuda en el beneficiario de esta (70).

(219)

Además, corresponde a los terceros interesados mostrar la prudencia y la diligencia necesarias y asegurarse del cumplimiento de las normas del Derecho de la Unión (71). El Tribunal confirmó que un operador económico que actúe con la debida diligencia debe normalmente poder determinar si se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 108 del TFUE (72). En el presente caso, las grandes empresas beneficiarias no tuvieron en cuenta, en particular, que la base jurídica nacional se refería al artículo 14 del Reglamento (UE) n.o 702/2014, que se aplica únicamente a las pymes (considerando 115).

(220)

Teniendo en cuenta este razonamiento, la Comisión considera infundadas las alegaciones de los terceros de que se vulneró su confianza legítima. Al mismo tiempo, las posibles garantías dadas por las autoridades nacionales a terceros no pueden aducirse como un obstáculo a la recuperación de las ayudas ilegales e incompatibles.

(221)

A la luz de los argumentos expuestos, los beneficiarios no pueden invocar principios generales del Derecho de la Unión, como la confianza legítima y la seguridad jurídica, para impedir la recuperación de la ayuda incompatible que se les concedió ilegalmente. Por consiguiente, la Comisión considera que nada impide la aplicación del artículo 16, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo. Ningún principio general del Derecho de la Unión se opone a la recuperación de las ayudas ilegales e incompatibles detectadas en el marco de la presente Decisión.

(222)

Por consiguiente, la Comisión concluye que las autoridades checas están obligadas a adoptar todas las medidas adecuadas para recuperar las ayudas ya abonadas a grandes empresas con el fin de restablecer la situación económica en la que se encontrarían los beneficiarios sin la concesión de la ayuda ilegal e incompatible.

(223)

Las autoridades checas deben recuperar los importes de ayuda especificados en cada decisión por la que se concede una ayuda a un beneficiario (73) que, en el momento de la concesión de dicha ayuda, era una gran empresa en el sentido de la definición establecida en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 702/2014, junto con los intereses de recuperación. Los intereses deben calcularse a partir de la fecha en que la ayuda en cuestión se puso a disposición del beneficiario y hasta su recuperación efectiva, de conformidad con el capítulo V del Reglamento (CE) n.o 794/2004 de la Comisión (74), modificado por el Reglamento (UE) 2015/2282 (75).

(224)

Por lo que respecta a los beneficiarios afectados por la recuperación, si bien algunos ya han sido identificados, no puede descartarse que pueda haber otros beneficiarios afectados. Por consiguiente, la Comisión invita a las autoridades checas a implementar la presente Decisión y a recuperar las ayudas ilegales e incompatibles de todos los beneficiarios que, en el momento de la concesión de las ayudas, no cumplían las condiciones de la definición de «pyme» establecida en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 702/2014.