I.

Introducción

1.

El presente asunto tiene por objeto la interpretación de la Directiva (UE) 2016/801, relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair.  ( 2 ) En concreto, el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría) solicita al Tribunal de Justicia que aclare el requisito de entrada y residencia, previsto en el artículo 7, apartado 1, letra e), de dicha Directiva, que exige que el nacional de un país tercero pueda disponer de «recursos suficientes».

2.

A este respecto, el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital) se pregunta sobre la compatibilidad con el Derecho de la Unión de las prácticas nacionales que imponen, en primer lugar, que tales recursos sean adquiridos con carácter definitivo por el interesado y, en segundo lugar, que este demuestre la naturaleza de tales recursos de forma coherente. Estas cuestiones se plantean en el marco de un litigio entre un nacional de un tercer país, OS, y la Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (Dirección General Nacional de la Policía de Extranjería, Hungría; en lo sucesivo «autoridad nacional en materia de inmigración»), en relación con la denegación de su solicitud de renovación de un permiso de residencia al objeto de prestar un servicio voluntario.

3.

De entrada, observo que el requisito relativo a los «recursos suficientes» no es, en sí mismo, desconocido para el Tribunal de Justicia, habida cuenta de que ya existe jurisprudencia sobre el modo en que debe interpretarse en el marco de otros instrumentos del Derecho de la Unión en materia de migración y libre circulación. Sin embargo, el presente asunto brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de interpretarlo por primera vez en el marco de la aplicación de la Directiva 2016/801.

II.

Marco jurídico

A.

Derecho de la Unión

4.

Los considerandos 20, 21, 41 y 42 de la Directiva 2016/801 establecen:

5.

El artículo 1 de dicha Directiva, que lleva por título «Objeto», tiene el siguiente tenor:

6.

El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2016/801, dispone:

7.

Con arreglo al artículo 5 de la Directiva, titulado «Principios»:

8.

El artículo 7 de la Directiva 2016/801, titulado «Requisitos generales», establece:

9.

El tenor del artículo 20, apartado 1, de la Directiva, titulado «Motivos de denegación» es el siguiente:

B.

Derecho nacional

10.

El artículo 2, letra d), de la a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (Ley n.o II de 2007, relativa a la Entrada y Permanencia de Nacionales de Terceros Países) (en lo sucesivo, «Ley n.o II de 2007»), en su versión aplicable al litigio principal, establece qué familiares se consideran «miembros de la familia» de los nacionales de terceros países. De conformidad con su artículo 13, apartado 1, letra f), los nacionales de terceros países podrán permanecer en el territorio de Hungría durante un período superior a 90 días dentro de un plazo de 180 días si, durante toda su estancia, disponen de recursos suficientes para cubrir sus gastos de manutención y alojamiento, incluidos los gastos del viaje de regreso.

11.

El artículo 29, apartado 5, del a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (Decreto del Gobierno n.o 114/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de aplicación de la Ley n.o II de 2007) (en lo sucesivo «Decreto del Gobierno n.o 114/2007») establece, en esencia, que se considerará que un nacional de un tercer país dispone de los recursos suficientes para su estancia en Hungría si esa persona o un «miembro de su familia» está en condiciones de sufragar los gastos de manutención, alojamiento, viaje de regreso y, en caso necesario, atención médica pertinentes, con los ingresos o el capital que haya adquirido legalmente y tenga a su disposición. El artículo 29, apartado 6, de dicho Decreto del Gobierno regula cómo puede probarse la existencia de tales medios de manutención.

III.

Hechos del litigio principal, procedimiento ante el órgano jurisdiccional remitente y cuestiones prejudiciales

12.

El demandante en el procedimiento principal, OS, es un nacional de un país tercero. Era titular de un permiso de residencia para realizar estudios en Hungría, con validez hasta el 30 de junio de 2020.

13.

El 5 de junio de 2020, el demandante presentó una solicitud de renovación de dicho permiso de residencia con el fin de prestar servicios de voluntariado en la Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület (Organización Mahatma Gandhi para los Derechos Humanos; en lo sucesivo, «Organización»), en Hungría. Indicó que durante el período de voluntariado pretendía financiar su manutención con la ayuda de su tío, de nacionalidad británica. Además, adjuntó su contrato con la Organización, un extracto de la cuenta bancaria a su nombre en el que constan las operaciones efectuadas durante seis meses, una declaración responsable realizada por su tío y documentos que acreditan los ingresos de este.

14.

La autoridad regional competente en materia de inmigración denegó la solicitud de renovación del permiso de residencia y decidió expulsar al solicitante del territorio de la Unión Europea. Dicha autoridad explicó que, habida cuenta de que el tío de OS no podía considerarse un «miembro de la familia», en el sentido del artículo 2, letra d), de la Ley n.o II de 2007, no podía cubrir sus gastos de manutención en Hungría y, por tanto, las pruebas aportadas con la solicitud no podían tenerse en cuenta con arreglo al artículo 29, apartados 5 y 6, del Decreto del Gobierno n.o 114/2007.

15.

El demandante impugnó dicha decisión ante la autoridad nacional en materia de inmigración. Alegó que había concluido un acuerdo de préstamo con su tío y adjuntó una declaración en la que este se comprometía a proporcionarle una determinada cantidad, mientras durara su servicio voluntario, mediante, entre otras cosas, transferencias bancarias. Sin embargo, la autoridad nacional en materia de inmigración también consideró que el tío del demandante no era un «miembro de la familia» y, por tanto, no podía sufragar los gastos de manutención del demandante en Hungría.

16.

OS interpuso un recurso contencioso-administrativo contra esa decisión ante el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital). En su recurso, alegó que su tío podía ayudarle económicamente, no en forma de préstamo, sino gratuitamente. Además, indicó que la autoridad nacional en materia de inmigración actuó de forma contraria a la ley al decidir que no tenía en cuenta los recursos facilitados por su tío por el mero hecho de que no era un «miembro de la familia», en el sentido del Derecho nacional.

17.

En su sentencia, el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital) dio la razón al demandante en este punto. Así pues, anuló las decisiones adoptadas por las autoridades regional y nacional en materia de inmigración y ordenó a la autoridad regional en materia de inmigración que iniciara un nuevo procedimiento.

18.

Sin embargo, dicha sentencia fue anulada por la Kúria (Tribunal Supremo, Hungría), que consideró que, para cumplir el requisito relativo a los «recursos suficientes», tal como se estableció en el artículo 7, apartado 1, letra e), de la Directiva 2016/801 y se transpuso al Derecho nacional, el nacional de un tercer país debe demostrar que ha adquirido los recursos pertinentes bien de un «miembro de la familia», en el sentido del artículo 2, letra d), de la Ley n.o II de 2007, bien como ingresos o activos propios, es decir, con carácter definitivo, y con la capacidad de disponer de ellos como propios sin restricción alguna. Además, era necesario que las declaraciones de la demandante realizadas a este respecto fueran coherentes. A la luz de estos elementos, la Kúria (Tribunal Supremo) ordenó al Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital) que iniciara un nuevo procedimiento.

19.

En el marco de este nuevo procedimiento, el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital), al albergar dudas sobre la compatibilidad con el Derecho de la Unión de los criterios formulados por la Kúria (Tribunal Supremo) en su auto, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

20.

La petición de decisión prejudicial, fechada el 26 de junio de 2023, fue presentada en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 14 de agosto del mismo año. El Gobierno húngaro y la Comisión Europea presentaron observaciones escritas y estuvieron representados en la vista que tuvo lugar el 20 de noviembre de 2024.

IV.

Análisis

21.

La Directiva 2016/801, que establece los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros, se basa en el razonamiento de que «la inmigración procedente de fuera de la Unión es una fuente de personas altamente cualificadas» y que esas personas «desempeñan un importante papel en la configuración del activo clave de la Unión, a saber, el capital humano, y para garantizar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador».  ( 3 ) Como sucede con otras directivas que regulan la migración o la libertad de circulación en la Unión,  ( 4 ) uno de esos requisitos es que la persona de que se trate disponga de los recursos suficientes para cubrir sus gastos de manutención y de viaje de regreso y no represente una carga financiera para el sistema de asistencia social del Estado miembro en el que permanece. Sin embargo, mientras que en algunos de esos instrumentos el requisito de los «recursos suficientes» va acompañado de otros requisitos, de modo que los recursos no solo deben ser suficientes, sino también fijos y regulares,  ( 5 ) este no es el caso en la Directiva 2016/801. De hecho, su artículo 7, apartado 1, letra e), únicamente exige que tales recursos sean «suficientes».  ( 6 )

22.

En este contexto, las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente se derivan del hecho de que la demandante en el litigio principal, nacional de un tercer país, que solicita un permiso de residencia a efectos de realizar labores de voluntariado, formuló declaraciones contradictorias en cuanto a la naturaleza de los recursos destinados a cubrir sus gastos de manutención durante su estancia en Hungría. Inicialmente, alegó que esos recursos le fueron proporcionados por su tío en virtud de un contrato de préstamo, pero, posteriormente, declaró que, en realidad, su tío se los había donado. La Kúria (Tribunal Supremo) indicó a dicho órgano jurisdiccional que tuviera en cuenta que no puede concederse un permiso de residencia en tal situación. Así, la Kúria (Tribunal Supremo) señala, en primer lugar, que los recursos presentados por un solicitante de un permiso de residencia, en virtud de la Directiva 2016/801, deben o bien haber sido proporcionados por un «miembro de la familia», tal como se define en el Derecho nacional (lo que no es el caso del tío de OS), o haber sido adquiridos por el solicitante como ingresos o bienes propios, es decir, con carácter definitivo (lo cual el órgano jurisdiccional remitente interpreta que significa que los recursos deben haberse adquirido a través de una donación y no de un préstamo, si se reciben de un tercero que, como el tío de OS, no reúne las condiciones para ser considerado un «miembro de la familia») y con la capacidad de disponer de ellos como propios, sin restricción alguna. En segundo lugar, el solicitante debe probar la naturaleza de tales recursos de manera coherente (en lo sucesivo, en conjunto, «requisitos controvertidos»).

23.

Concretamente, mediante las cuestiones prejudiciales primera y tercera, el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital) se pregunta, en esencia, si estos requisitos son compatibles con el Derecho de la Unión. Dicho órgano jurisdiccional señala que, en su opinión, los Estados miembros no están autorizados a completar con otros requisitos el contenido del artículo 7, apartado 1, letra e), de la Directiva 2016/801. Además, puesto que en el presente asunto se ha demostrado que el tío de OS es una persona física solvente y que obtiene sus ingresos de forma lícita, resulta discutible la pertinencia de que OS reciba los fondos de esa persona en forma de préstamo o de donación y que los haya percibido con carácter definitivo.

24.

En las secciones que siguen, abordaré, en primer lugar, los argumentos del Gobierno húngaro en cuanto a la admisibilidad de las cuestiones planteadas (A), antes de volver a los aspectos mencionados en el punto anterior (B). A continuación, daré respuesta a la segunda cuestión prejudicial, que se refiere al hecho de que los requisitos controvertidos no han sido impuestos por la legislación nacional en materia de permisos de residencia, sino por la jurisprudencia del más alto órgano jurisdiccional del Estado miembro en cuestión (C).

A.

Admisibilidad

25.

El Gobierno húngaro sostiene que no cabe admitir las cuestiones prejudiciales planteadas, que versan sobre la interpretación de la Directiva 2016/801, puesto que el litigio principal no está comprendido en su ámbito de aplicación.

26.

En este sentido, el Gobierno húngaro formula dos alegaciones. En primer lugar, afirma que, en su solicitud, OS no indicó que solicitaba un permiso de residencia a efectos de realizar un «voluntariado», en el sentido de la Directiva 2016/801, sino que, en lugar de ello, presentó su solicitud al amparo de «otros fines» (según lo previsto en el Derecho nacional), sin que la Directiva contemple «otros fines».  ( 7 ) En segundo lugar, alega que, aun en el supuesto de que, de hecho, debiera considerarse que OS presentó su solicitud de permiso de residencia a efectos del «voluntariado», seguiría sin estar comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva. En este sentido, el Gobierno húngaro señala que Hungría ha hecho uso de la posibilidad, establecida en los artículos 1, letra a), y 2, apartado 1, de la Directiva 2016/801, interpretados a la luz de su considerando 21, de aplicar las disposiciones de dicho instrumento no solo a los nacionales de terceros países que desean participar en el Servicio Voluntario Europeo, sino también a quienes, como el solicitante, pretenden realizar otro servicio voluntario. Sin embargo, en tal situación, es necesario que la organización responsable del programa de voluntariado en cuestión cumpla los requisitos para ser considerada «entidad de acogida», en el sentido del artículo 3, apartado 14, de la Directiva 2016/801. Ahora bien, este no es el caso de la Organización.

27.

En mi opinión, los argumentos esgrimidos por el Gobierno húngaro pueden rechazarse fácilmente.

28.

En primer lugar, en respuesta a la segunda alegación formulada por dicho Gobierno, observo que los términos «entidad de acogida», tal como se definen en el artículo 3, apartado 14, de la Directiva 2016/801, no aparecen en su artículo 2, titulado «Ámbito de aplicación». Sin embargo, se utilizan en el artículo 14 de la Directiva, que enumera los requisitos específicos de entrada y residencia para voluntarios.

29.

Contrariamente a lo que sostiene el Gobierno húngaro, entiendo que el hecho de que la organización del programa de voluntariado en cuestión pueda o no calificarse de «entidad de acogida» es, por tanto, pertinente para la apreciación de si se cumplen tales requisitos, pero no para la cuestión preliminar de si un solicitante entra en el ámbito de aplicación de dicho instrumento.

30.

En segundo lugar, cabe recordar que, según reiterada jurisprudencia, dentro del marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida en el artículo 267 TFUE, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho de Unión y dichas cuestiones disfrutan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia únicamente puede negarse a pronunciarse sobre ellas cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil.  ( 8 )

31.

Ninguna de estas situaciones concurre en el presente asunto.

32.

En particular, no me parece que la interpretación solicitada, que se refiere al requisito relativo a los «recursos suficientes», del artículo 7, apartado 1, letra e), de la Directiva 2016/801, carezca de relación con los hechos del litigio principal o con su objeto.

33.

De hecho, con independencia de la categoría específica con arreglo a la cual OS presentó su solicitud de permiso de residencia, ya fuera «voluntariado» u «otros fines», las autoridades competentes en materia de inmigración y los órganos jurisdiccionales nacionales consideraron que dicha solicitud se presentó, en cualquier caso, con fines de «voluntariado», y dichas autoridades y órganos jurisdiccionales la analizaron entre otras cosas bajo el prisma de los requisitos generales contemplados en el artículo 7 de la Directiva 2016/801, incluido el relativo a los «recursos suficientes», contenido en su apartado 1, letra e).

34.

Además, en la vista, el Gobierno húngaro admitió que el hecho de que la Organización no pudiera considerarse una «entidad de acogida», en el sentido del artículo 3, apartado 14, de la Directiva 2016/801, no era la razón por la que se denegó la solicitud de permiso de residencia presentada por OS, ya que las decisiones de las autoridades regionales y nacionales competentes en materia de inmigración se basan exclusivamente en que no había demostrado que dispusiera de «recursos suficientes», en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), de la Directiva.

35.

De ello se desprende que la solución del litigio principal depende de la interpretación de ese requisito y que las cuestiones prejudiciales planteadas son admisibles.

B.

Evaluación de la compatibilidad (cuestiones prejudiciales primera y tercera)

36.

Como ya he explicado en los puntos 22 y 23 de las presentes conclusiones, en su petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si, para probar que el solicitante dispone de «recursos suficientes», en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), de la Directiva 2016/801, basta con que la persona que asume la responsabilidad de proporcionar dichos recursos, en este caso el tío del solicitante, demuestre su capacidad de proporcionarlos y declare que están destinados a cubrir los gastos de manutención del solicitante durante su estancia y de su viaje de regreso.

37.

Por el contrario, ese órgano jurisdiccional entiende que, en opinión de la Kúria (Tribunal Supremo), si los recursos proceden de una tercera persona que no es un «miembro de la familia», en el sentido del Derecho nacional, como es el caso del tío de OS, el solicitante debe demostrar que esos recursos han sido realmente adquiridos por él como ingresos o activos propios, es decir, con carácter definitivo (como donación, no como préstamo) y que puede disponer de ellos como propios sin ninguna restricción.

38.

Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente plantea dudas sobre la compatibilidad de ese requisito con los objetivos de la Directiva, tal como se reflejan en sus considerandos 2 y 41 y en su artículo 4, apartado 1.

39.

Por su parte, la tercera cuestión prejudicial tiene origen en la constatación de la Kúria (Tribunal Supremo) de que, en el litigio principal, OS no acreditó de manera coherente la naturaleza de los recursos de que dispone, en particular, cómo los adquirió y su carácter definitivo. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta una vez más si ese requisito se ajusta al Derecho de la Unión, en particular, al artículo 79 TFUE,  ( 9 ) al artículo 47 de la Carta  ( 10 ) y a los considerandos 2, 41 y 42 de la Directiva 2016/801, habida cuenta de que, durante el procedimiento administrativo, no se informó a OS del hecho de que su solicitud de un permiso de residencia podía ser denegada si sus declaraciones al respecto no eran coherentes.

40.

En las secciones siguientes, examinaré sucesivamente cada una de estas cuestiones.

1.

Requisito relativo a que los recursos se adquieran con carácter definitivo

41.

La Directiva 2016/801 no define el concepto de «recursos suficientes». Su artículo 7, apartado 1, letra e), únicamente establece que, a efectos de determinar si una persona que solicita un permiso de residencia dispone de «recursos suficientes», dichos recursos incluyen los «procedentes, entre otras fuentes, de subvenciones, ayudas y becas, un contrato de trabajo válido o una oferta de empleo en firme o una declaración de toma a cargo por una organización de un programa de intercambio de alumnos, una entidad de acogida de personas en prácticas, una organización de un programa de voluntariado, una familia de acogida o una organización mediadora en la colocación au pair». Además, el artículo 7, apartado 3, de dicha Directiva, establece que «los Estados miembros podrán indicar una cantidad de referencia que estimen como “recursos suficientes”». Estas disposiciones también precisan que la evaluación de los recursos suficientes «se basará en un examen individual de cada caso».

42.

Hasta la fecha, solo dos sentencias del Tribunal de Justicia han abordado la interpretación de la Directiva 2016/801 y ninguna de ellas se refiere específicamente al concepto de «recursos suficientes» ni a otros requisitos sustantivos previstos en dicha Directiva.  ( 11 ) No obstante, el Tribunal de Justicia ha declarado, en relación con la Directiva 2004/114/CE,  ( 12 ) que se aplicaba con anterioridad a la entrada en vigor de la Directiva 2016/801, que, en esencia, los Estados miembros tienen la obligación de expedir un permiso de residencia, a efectos de alguno de los fines enumerados, al solicitante que cumpla los requisitos generales y específicos previstos en la Directiva 2004/114, ya que tienen carácter exhaustivo.  ( 13 )

43.

Para mí está claro que lo mismo es aplicable por lo que se refiere a la Directiva 2016/801, ya que su artículo 5, apartado 3, establece que «una vez se cumplan todos los requisitos generales y los específicos pertinentes, los nacionales de países terceros tendrán derecho a una autorización».  ( 14 ) De ello se desprende que los «requisitos generales» contemplados en el artículo 7 de la Directiva, incluido el relativo a los «recursos suficientes», son exhaustivos y, por tanto, no pueden completarse con otros requisitos.

44.

Dicho esto, considero que el concepto de «recursos suficientes» tiene una doble dimensión. En efecto, el hecho de que el solicitante disponga de recursos suficientes depende, en primer lugar, de la cuantía de dichos recursos, que debe ser suficiente para cubrir sus gastos de manutención y de su viaje de regreso, y, en segundo lugar, el tiempo durante el cual podrá disponer de dichos recursos, puesto que debe demostrar que «podrá disponer durante la estancia prevista de recursos suficientes para cubrir los gastos de manutención sin recurrir al sistema de ayudas sociales del Estado miembro, así como el coste del viaje de regreso».  ( 15 )

45.

En este sentido, cabe recordar que el Tribunal de Justicia ya se ha pronunciado en relación con otros instrumentos del Derecho de la Unión en materia migratoria, al señalar que las autoridades competentes de los Estados miembros no están impedidas para examinar si se cumple el requisito relativo a los «recursos suficientes», teniendo en cuenta una evaluación acerca del mantenimiento de esos recursos más allá de la fecha de presentación de la solicitud.  ( 16 ) En mi opinión, lo mismo ocurre en el marco de la aplicación de la Directiva 2016/801. Se requiere una valoración prospectiva destinada a determinar si, durante todo el transcurso de su estancia, el interesado podrá cubrir sus gastos de manutención. En efecto, por poner un ejemplo extremo, que no se corresponde con los hechos del litigio principal, si un nacional de un tercer país solicita un permiso de residencia sobre la base de la Directiva 2016/801, alegando que dispone de «recursos suficientes», mientras que, en realidad, tiene la obligación de devolver el importe correspondiente inmediatamente después de su llegada, ¿cumple el requisito establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), de dicha Directiva? Creo que no.

46.

En mi opinión, esta valoración prospectiva es tanto más necesaria cuanto que del artículo 7, apartado 1, letra e), de la Directiva 2016/801 se desprende que el requisito relativo a los «recursos suficientes» es esencial para garantizar que los nacionales de terceros países a los que se concede un permiso de residencia para uno de los fines que enumera puedan mantenerse durante toda su estancia sin recurrir a las ayudas sociales de los Estados miembros  ( 17 ) y que determinadas categorías de solicitantes, como los voluntarios no remunerados,  ( 18 ) que pueden solicitar un permiso de residencia en virtud de dicha Directiva, no ganen dinero durante su estancia.

47.

Sin embargo, no comparto la opinión de la Kúria (Tribunal Supremo) según la cual los recursos deben, necesariamente, haber sido adquiridos con carácter definitivo por el nacional de un tercer país que solicita un permiso de residencia en virtud de la Directiva. En mi opinión, imponer ese requisito va mucho más allá del tenor del artículo 7, apartado 1, letra e), de la Directiva 2016/801 y de los objetivos que fija este instrumento. En efecto, como sugiere el órgano jurisdiccional remitente en su petición de decisión prejudicial, significaría, en esencia, que se podría denegar el permiso de residencia a esa persona por el mero hecho de que podría tener que reembolsar la suma de dinero que le ha prestado otra persona para cubrir sus gastos de manutención y de viaje de regreso, aunque solo tuviera que hacerlo después de haber finalizado su estancia.

48.

En este sentido, cabe recordar que, como ya he indicado en el punto 21 de las presentes conclusiones, la Directiva 2016/801 tiene por objeto promover y facilitar la migración de nacionales de terceros países con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y contratación au pair. El considerando 6 de dicha Directiva indica que su objetivo es «fomentar los contactos entre los ciudadanos y la movilidad» y el considerando 7 señala que las migraciones con los fines establecidos en la Directiva «constituyen una forma de enriquecimiento recíproco para los migrantes interesados, su Estado de origen y el Estado de que se trate, reforzando los vínculos culturales y aumentando la diversidad cultural». Por su parte, el considerando 8 de la citada Directiva indica que dicho instrumento debe hacer mejorar la posición de la Unión «en la competencia global por el talento», mientras que su considerando 21 se refiere al objetivo de «facilitar» la entrada y la residencia de voluntarios. En mi opinión, estos considerandos confirman que la finalidad de la Directiva no consiste en crear obstáculos a la obtención de un permiso de residencia para las categorías de nacionales de terceros países que entran en su ámbito de aplicación, sino únicamente garantizar el cumplimiento de determinados requisitos exhaustivos, el más importante de los cuales es que esas personas dispongan de los recursos necesarios para no convertirse en una carga para el Estado miembro que las acoge.

49.

Hay que recordar que, a diferencia de lo que ocurre con otros instrumentos del Derecho de la Unión en materia de migración, a saber, la Directiva 2003/109 y la Directiva 2003/86, que se refieren a estancias de larga duración, en el artículo 7, apartado 1, letra e), de la Directiva 2016/801, el legislador de la Unión no ha considerado necesario exigir que los recursos sean «fijos» o «regulares», además de «suficientes». Por tanto, no veo cómo los Estados miembros pueden exigir a una persona que solicita un permiso de residencia en virtud de dicha Directiva que demuestre, en términos absolutos, es decir, más allá de la duración real de su estancia prevista, el carácter fijo o regular, y mucho menos definitivo, de los recursos de que dispone.  ( 19 ) Ciertamente, si el legislador de la Unión hubiera pretendido exigir otros requisitos, distintos del carácter «suficiente» de los recursos, lo habría indicado expresamente, como hizo en esas otras directivas.

50.

En cualquier caso, incluso en el marco de la aplicación de esos otros instrumentos, el solicitante no debe haber adquirido los recursos pertinentes con carácter definitivo. En efecto, el Tribunal de Justicia ha dictaminado, por ejemplo, en relación con la Directiva 2003/86, que versa sobre la reagrupación familiar, que es suficiente una valoración prospectiva de la probabilidad de mantenimiento o no de los recursos fijos y regulares necesarios de los que debe disponer el reagrupante.  ( 20 )

51.

En mi opinión, de estos elementos se desprende que la concesión de un permiso de residencia, en virtud de la Directiva 2016/801, no puede denegarse por el mero hecho de que los recursos de los que dispone el solicitante no hayan sido adquiridos con carácter definitivo (por ejemplo, porque proceden de un préstamo).

52.

Antes de concluir esta sección, deseo hacer dos observaciones más.

53.

En primer lugar, coincido con el Gobierno húngaro en que, si bien los requisitos generales enumerados en el artículo 7 de la Directiva 2016/801 son exhaustivos, los tipos de recursos enumerados en su artículo 7, apartado 1, letra e), a efectos de verificar si se cumple el requisito relativo a los «recursos suficientes», no lo son. También coincido con que, a efectos de determinar si se cumple este requisito, los Estados miembros pueden exigir a los solicitantes que indiquen la naturaleza de los recursos de los que dicen disponer o cómo los han adquirido. En efecto, como declararon en la vista tanto el Gobierno húngaro como la Comisión, y como confirma el considerando 41 de dicho instrumento, los Estados miembros deben poder «llevar a cabo las correspondientes comprobaciones o solicitar pruebas a fin de evaluar caso por caso, la investigación, los estudios, las prácticas, el voluntariado, el programa de intercambio de alumnos o proyecto educativo o la colocación au pair a los que se pretende acceder y luchar contra el abuso y el uso improcedente del procedimiento establecido en [esa] Directiva».  ( 21 ) Además, el Tribunal ya ha dictaminado, en otros contextos, que la naturaleza de los recursos puede ser un factor pertinente a la hora de determinar si se cumple el requisito relativo a los «recursos suficientes».  ( 22 )

54.

Sin embargo, en mi opinión, no puede invocarse el margen de apreciación de que gozan los Estados miembros a este respecto para establecer requisitos que equivalen a algo más que meras normas de prueba y que, de hecho, añaden requisitos sustantivos a los ya exhaustivamente previstos en el artículo 7 de la Directiva 2016/801, por ejemplo, al condicionar la concesión de un permiso de residencia al hecho de que los recursos se adquieran con carácter definitivo. En este sentido, no hay que perder de vista que el artículo 7, apartado 1, letra e), de la Directiva 2016/801 se limita a exigir que el solicitante demuestre que «podrá disponer durante la estancia prevista de recursos suficientes para cubrir los gastos de manutención sin recurrir al sistema de ayudas sociales del Estado miembro, así como el coste del viaje de regreso».  ( 23 ) Como explicó la Comisión en la vista, los elementos de prueba que presente un solicitante deben analizarse únicamente con respecto a los requisitos exhaustivos establecidos en la Directiva 2016/801.

55.

En segundo lugar, cabe destacar que un requisito como el que, en este caso, exige la Kúria (Tribunal Supremo) tiene, de hecho, varios componentes. En efecto, dicho órgano jurisdiccional exige, en esencia, que los recursos procedentes de un tercero que no sea un «miembro de la familia», en el sentido del Derecho nacional, no solo sean adquiridos de una determinada manera de dicha persona (con carácter definitivo, es decir, como donación y no como préstamo), sino que también estén a disposición del solicitante, sin restricción alguna, de modo que formen parte, efectivamente, de su propio «patrimonio o renta».

56.

Concretamente, en el presente asunto, eso significa que el tío de OS no puede pagar él mismo, directamente, los gastos de manutención de OS. OS tendría que demostrar que el dinero le sería transferido por su tío y pasaría a ser efectivamente suyo antes de ser utilizado para cubrir sus gastos de manutención. Tal exigencia impide, en la práctica, tener en cuenta los recursos procedentes de terceros que no son «miembros de la familia», tal como se definen en el Derecho nacional.

57.

En este sentido, recuerdo que, por lo que respecta a otros instrumentos, a saber, la Directiva 2003/109, relativa a los residentes de larga duración, y la Directiva 2003/86, sobre reagrupación familiar, el Tribunal de Justicia ha dictaminado que el concepto de «recursos», que mencionan dichos instrumentos, no se refiere únicamente a los «recursos propios» del solicitante, sino que también puede abarcar los recursos puestos a su disposición por un tercero.  ( 24 ) Además, ha declarado que «una interpretación del requisito relativo al carácter suficiente de los recursos en el sentido de que es el propio interesado el que debe disponer de ellos» añadiría una exigencia relativa a la procedencia de los recursos que no es necesaria para alcanzar el objetivo perseguido, a saber, la protección del erario de los Estados miembros.  ( 25 )

58.

Considero que lo mismo puede decirse con respecto a la Directiva 2016/801. Imponer a un solicitante el requisito de que los recursos recibidos de un tercero, que no es un «miembro de la familia», estén a su disposición, sin restricción alguna, de modo que formen parte efectivamente de sus propios ingresos o patrimonio, ni es exigido por dicha Directiva, que enumera exhaustivamente los requisitos sustantivos que deben cumplirse, ni es necesario para alcanzar sus objetivos. En efecto, como ha señalado el Tribunal de Justicia, la «pérdida de los recursos suficientes es siempre un riesgo latente, tanto si estos son personales como si proceden de un tercero».  ( 26 )

2.

Requisito relativo a que las declaraciones sobre la naturaleza de los recursos sean coherentes

59.

La tercera cuestión prejudicial se refiere a la exigencia impuesta por la Kúria (Tribunal Supremo) de que las declaraciones efectuadas por un nacional de un tercer país que solicita un permiso de residencia en virtud de la Directiva 2016/801 sean coherentes en cuanto a la naturaleza de los recursos de que dispone, en particular, por lo que respecta a cómo han sido adquiridos y a su carácter definitivo; de lo contrario, su solicitud puede ser denegada. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si este requisito es compatible con el Derecho de la Unión y, en particular, con el artículo 79 TFUE, el artículo 47 de la Carta y los considerandos 2, 41 y 42 de la Directiva 2016/801.

60.

En este sentido, recuerdo, en primer lugar, que, como ya indiqué en el punto 53 de las presentes conclusiones, los Estados miembros pueden «llevar a cabo las correspondientes comprobaciones o solicitar pruebas» para, entre otras cosas, «luchar contra el abuso y el uso improcedente del procedimiento establecido en [esa] Directiva». Además, el artículo 7 de la Directiva 2016/801 es claro en cuanto al hecho de que corresponde al solicitante de un permiso de residencia en virtud de dicha Directiva aportar las pruebas necesarias en apoyo de su solicitud. En otras palabras, no corresponde a las autoridades nacionales realizar comprobaciones que vayan más allá de las pruebas aportadas por el solicitante.

61.

En mi opinión, de las disposiciones anteriormente mencionadas se desprende que, con el fin de luchar contra el abuso y el uso improcedente del procedimiento establecido en la Directiva 2016/801, las autoridades nacionales están facultadas para establecer elementos que puedan revelar la existencia de tal abuso o uso improcedente. Tales elementos bien podrían incluir el hecho de que el solicitante haya efectuado declaraciones incoherentes ante las autoridades nacionales competentes, si bien este hecho no sea necesariamente suficiente, por sí solo, para demostrar la existencia de un abuso o de un uso improcedente del procedimiento.

62.

Al mismo tiempo, y sin perjuicio del hecho de que, como he indicado en el punto 60 de las presentes conclusiones, corresponde al solicitante aportar las pruebas necesarias en apoyo de su solicitud, se desprende del artículo 34, apartado 3, de la Directiva 2016/801, en relación con su considerando 42, que, si la información facilitada es incompleta, el Estado miembro de que se trate notificará al solicitante, en un plazo razonable, la información adicional que se le exige y fijará un plazo razonable para facilitarla. El artículo 35 de la Directiva establece, asimismo, en su párrafo primero, que «los Estados miembros facilitarán a los solicitantes el acceso a la información sobre toda la documentación necesaria para presentar una solicitud y sobre las condiciones de entrada y residencia, en particular los derechos, obligaciones y garantías procedimentales, de los nacionales de países terceros que entren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva y, en su caso, de los miembros de sus familias». Además, el artículo 20, apartado 4, de la misma Directiva, dispone que «cualquier decisión de denegar una solicitud tendrá en cuenta las circunstancias específicas del caso y respetará el principio de proporcionalidad».

63.

En mi opinión, de estas diversas disposiciones se desprende que, salvo que existan pruebas de un abuso o de un uso improcedente del procedimiento establecido en dicho instrumento, la circunstancia de que un solicitante haya formulado declaraciones incoherentes debe ser considerada por las autoridades nacionales competentes un indicio de que la información que figura en el expediente del solicitante está incompleta y, por tanto, desencadena la obligación prevista en el artículo 34, apartado 3, de la Directiva 2016/801 de informar al solicitante de la incoherencia y de ofrecerle una oportunidad razonable de aclarar su situación. La decisión de denegar la solicitud sin ofrecer esta oportunidad no respeta, en mi opinión, el principio de proporcionalidad y, por tanto, infringe el artículo 20, apartado 4, de la Directiva.

64.

También estoy de acuerdo con el órgano jurisdiccional remitente en que si, en el momento de presentar su solicitud o con anterioridad a dicha presentación, el solicitante no fue informado de que cualquier incoherencia en sus declaraciones sobre la naturaleza de los recursos de que dispone, en particular, por lo que respecta a cómo han sido adquiridos y a su carácter definitivo, podía dar lugar a que se denegara su solicitud, rechazarla sobre esa base, sin darle oportunidad alguna de aclarar su situación, no solo infringe el artículo 35 de la Directiva 2016/801, sino que también viola los principios de seguridad jurídica y transparencia, mencionados en el considerando 2 de la Directiva. En efecto, la solicitud sería denegada por un motivo que no está expresamente previsto por la Directiva 2016/801 y del que el solicitante no tenía conocimiento.

65.

De ello se desprende que un requisito como el que impone la Kúria (Tribunal Supremo), que condiciona la concesión de un permiso de residencia, solicitado en virtud de la Directiva 2016/801, al hecho de que el solicitante efectúe declaraciones coherentes en relación con dichos elementos, es incompatible con el Derecho de la Unión.

C.

Pertinencia de que los requisitos controvertidos hayan sido establecidos por la jurisprudencia del más alto órgano jurisdiccional nacional y no por la legislación nacional en materia de permisos de residencia (segunda cuestión prejudicial)

66.

Me quedan por disipar las dudas que alberga el órgano jurisdiccional remitente en cuanto a si el hecho de que los requisitos controvertidos hayan sido fijados, por el más alto órgano jurisdiccional nacional, la Kúria (Tribunal Supremo), a través de su jurisprudencia, y no por la legislación nacional en materia de permisos de residencia, tiene alguna repercusión en cuanto a su compatibilidad con el Derecho de la Unión.

67.

En mi opinión, puesto que de la sección anterior se desprende claramente que estos requisitos son, en sí mismos, incompatibles con el Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia no tendrá necesidad de abordar esta cuestión en su sentencia. En cualquier caso, recuerdo que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, aunque la transposición de una directiva en el Derecho interno no exige necesariamente que las disposiciones de dicha directiva se reproduzcan exactamente con el mismo tenor en una disposición legal específica y expresa del ordenamiento jurídico nacional y puede ser suficiente un contexto jurídico general, sin embargo, es preciso que dicho contexto jurídico sea suficientemente claro y preciso para que los interesados puedan conocer la plenitud de sus derechos y, en su caso, alegarlos ante los órganos jurisdiccionales nacionales.  ( 27 ) En el pasado, el Tribunal de Justicia ya dictaminó que los requisitos establecidos exclusivamente por la jurisprudencia de las jurisdicciones nacionales (y no en la legislación nacional) pueden no alcanzar este umbral.  ( 28 )

68.

Por lo que respecta al hecho de que, en el presente asunto, los requisitos se hayan establecido por la jurisprudencia de un órgano jurisdiccional, la Kúria (Tribunal Supremo), que resulta ser el más alto tribunal nacional, cabe recordar que el principio de primacía del Derecho de la Unión consagra la preeminencia de este Derecho sobre el Derecho de los Estados miembros. En virtud de este principio, no puede permitirse que la invocación por un Estado miembro de disposiciones de Derecho nacional, incluso de rango constitucional, menoscabe la unidad y la eficacia del Derecho de la Unión.  ( 29 )

69.

En consecuencia, comparto la opinión de la Comisión en cuanto a que el hecho de que una determinada disposición nacional haya sido establecida por el más alto órgano jurisdiccional de un Estado miembro no puede influir en la apreciación de su compatibilidad con el Derecho de la Unión. De hecho, el origen de la disposición o requisito nacional objeto de controversia es absolutamente irrelevante para esa apreciación. Así pues, en el caso de autos, el hecho de que los requisitos controvertidos hayan sido impuestos por la Kúria (Tribunal Supremo) no puede afectar a la respuesta del Tribunal de Justicia a las cuestiones prejudiciales primera y tercera.

V.

Conclusión

70.

A la luz de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría) del siguiente modo: