que la Comisión hace notar que esta diferencia de precio provocó el cierre de un elevado número de industrias de transformación del tomate en Italia, fenómeno que condujo a su vez a una sensible disminución de las posibilidades de comercialización de los tomates frescos producidos en esta parte del mercado común;

que la Comisión deduce de ello que, dado que era previsible el mantenimiento de esta situación, el mercado de la Comunidad estaba amenazado con sufrir especialmente a causa de las importaciones procedentes de Grecia una perturbación grave, tanto de la industria transformadora como de la comercialización de la producción interior, perturbación que podía desembocar en precios internos que pondrían en peligro los objetivos del artículo 39;

que por lo demás, es el conjunto de estas importaciones lo que constituye el objeto de las medidas de salvaguardia previstas por una parte por el Reglamento no 1558/71 y, por otra parte, por el Reglamento objeto del presente asunto;

que la necesidad de un Reglamento que se refiera a modalidades especiales en relación con las importaciones procedentes de Grecia resulta únicamente de la obligación impuesta a la Comisión y confirmada por el artículo 3 del Reglamento no 1428/71 del Consejo consistente en aplicar las medidas previstas respetando las obligaciones que se derivan de acuerdos que vinculen a la Comunidad a nivel internacional, en el caso de autos, el Acuerdo de Asociación entre la Comunidad y Grecia.

que el hecho de que estas importaciones se dirigieran, en gran parte (29.000 toneladas de un total de 70.000 toneladas de países terceros y 19.200 toneladas de un total de 23.400 toneladas de Grecia) a Italia, país en el que se encuentran el mayor número de industrias transformadoras de tomates, confirma las afirmaciones de la Comisión relativas a su efecto sobre la actividad de numerosas empresas italianas;

que por estos motivos, la Comisión tenía razones para tomar en consideración no solamente el objetivo de estabilización del mercado sino también el de mantenimiento de un nivel de vida equitativo de la población agrícola y, consecuentemente, para considerar que existía una amenaza de perturbación, tanto por el efecto que podían tener las importaciones sobre las posibilidades de comercialización de la producción interna, como por su efecto en la industria de transformación;

que las 70.000 toneladas importadas en 1970 correspondían a una producción de tomates frescos de 420.000 toneladas, mientras que en Italia, principal productor, solamente 1.000.000 de toneladas fueron destinadas a la transformación, de manera que la Comisión pudo, con razón, estimar que estas importaciones constituían también una amenaza grave para la comercialización de la producción de tomates frescos;

que la Comisión tuvo en cuenta los criterios que el artículo 1 del Reglamento no 1428/71 obliga a tomar en consideración para apreciar la existencia de una perturbación o amenaza de perturbación grave a causa de las importaciones, a saber: a) el volumen de las importaciones realizadas o previsibles, b) las disponibilidades de productos en el mercado, c) los precios de los productos internos y d) los de los productos importados.

que, en efecto, según los considerandos contenidos en la exposición de motivos del Reglamento no 1428/71, la necesidad de recurrir a medidas de salvaguardia puede resultar de una situación en la que las circunstancias propias del mercado interior, como las dificultades estructurales, se agravan por el hecho de que las importaciones se realicen en una medida que haga más difícil el saneamiento de dicho mercado;

que las dudas del órgano jurisdiccional nacional tienen su origen en el hecho de que un sistema de precios mínimos ofrece en su opinión múltiples posibilidades incluso legales de sustraerse a su aplicación;

que, según la demandante en el procedimiento principal, el reconocimiento de esta posibilidad debería haber inducido a la Comisión a preferir medidas de contingentación a las medidas de fijación de precios mínimos.

que, con arreglo a la primera modalidad, se establece un sistema de contingentación cuando los precios interiores caen por debajo de un nivel mínimo;

que la segunda modalidad corresponde al sistema aplicado en este caso;

que se eligió este último sistema porque el otro implicaba un mecanismo de cotizaciones periódicas de precios interiores que no existía en el momento en que revestía urgencia la adopción de la medida de salvaguardia.

que, por tratarse en este caso de medidas económicas complejas, que implican necesariamente una amplia facultad de apreciación en cuanto a su oportunidad y que presentan por otra parte muy frecuentemente un margen de incertidumbre en relación con sus efectos, basta con que, en el momento de su adopción, no resulten manifiestamente inadecuadas para la consecución del objetivo pretendido;

que esto no sucedía en el caso de autos, tanto a causa del carácter costoso de las posibilidades sugeridas como por el carácter aleatorio de la duración de la medida de salvaguardia;

que, además, la reducción sensible de las importaciones con posterioridad a la entrada en vigor de la medida discutida, confirma que ésta no presentaba el grado de ineficacia que se alega.

que, por otra parte, le habría resultado imposible poner en práctica un sistema restrictivo de las importaciones con relación con los países terceros exceptuando uno de ellos;

que, en consecuencia, al sopesar los inconvenientes del sistema de precios mínimos para los importadores y la importancia del conjunto de medidas adoptadas frente a países terceros en relación con los diferentes objetivos del artículo 39 y al optar por el sistema aplicado, la Comisión no excedió los límites de su facultad de apreciación.

que se afirma que ello es tanto más así cuanto que el artículo 41 del Acuerdo de Asociación con Grecia dispone que, en caso de aplicación de un sistema de precios mínimos como medida de salvaguardia, dicha aplicación deberá tener en cuenta los criterios mencionados en los apartados 2 y 3 del artículo 44 del Tratado y que el Consejo previó un limite temporal al aplicar dicho artículo, mediante Decisión de 4 de abril de 1962 (DO 1962, 30, p. 995), en el transcurso del período transitorio.

que, sin embargo, esta regla no supone necesariamente la obligación de establecer previamente la duración de su vigencia;

que puede ser conforme con el objetivo que persiguen mantenerlas durante un período indeterminado;

que, por otra parte, no se puede deducir esta obligación de la remisión que hace el artículo 41 del Acuerdo de Asociación al artículo 44 del Tratado;

que, en efecto, esta última disposición no menciona entre los criterios enumerados un límite temporal de las medidas previstas;

que aunque el Consejo, en circunstancias distintas a las contempladas en este asunto, previo dicho límite en una norma de aplicación, no se puede deducir de ello que el artículo 44 ni, por tanto, la remisión que hace a esta disposición el artículo 41 del Acuerdo de Asociación, exijan el establecimiento de un límite temporal.

que, en efecto, una parte importante de la producción italiana de concentrados de tomate está destinada a su comercialización en la totalidad del mercado común, en el que habría tenido que competir con importaciones a bajo precio procedentes de países terceros;

que, por tanto, no puede acogerse a dicha alegación.

que se afirma que, en el Anexo del Reglamento no 1643/71, la Comisión fijó los precios mínimos a un nivel demasiado alto a partir de un precio de coste en fábrica de 36 unidades de cuenta por 100 kilos indicado por el Gobierno italiano y que la Comisión no verificó.

que la Comisión afirma haber tenido conocimiento de los elementos de cálculo del precio de coste de 36 unidades de cuenta cuyo desglose comunicó en su escrito de observaciones, y no haber encontrado motivos para dudar de su exactitud;

que la demandante no ha aportado pruebas concretas que permitan concluir la inexactitud de dichos datos;

que, teniendo en cuenta que este precio de coste era ligeramente superior al precio de intervención, el mismo podía aceptarse a pesar del inevitable margen de incertidumbre que conllevan dichas previsiones;

que teniendo en cuenta por una parte este precio de coste y, por otra parte, el precio de oferta en el mercado mundial de 25 unidades de cuenta por 100 kilos, la Comisión fijó los precios mínimos con relación a Grecia en 34 unidades de cuenta y, en relación con otros países terceros, en 30 unidades de cuenta lo que, sumados a los derechos de aduana, equivalían a 35,4 unidades de cuenta, con lo cual se mantenía a favor de Grecia la preferencia prevista por el Acuerdo de Asociación;

que el hecho de que los precios de oferta de concentrados de tomate permanecieran inferiores al precio mínimo de 34 unidades de cuenta con posterioridad a la medida criticada, precio que no se alcanzó hasta junio de 1970, no basta para concluir la ilegalidad de la fijación de un precio mínimo;

que aunque los precios interiores oscilaron durante el segundo semestre de 1971 alrededor de 30 unidades de cuenta, mostraron a continuación una tendencia constante a aproximarse al precio mínimo;

que si las importaciones disminuyeron en Italia en mayor medida que en los otros Estados miembros, ello es consecuencia lógica de que la producción de concentrados de tomate se encuentre establecida esencialmente en este Estado miembro.