Edición provisional

CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL

SRA. TAMARA ĆAPETA

presentadas el 17 de septiembre de 2026 (1)

Asunto C‑470/25

E. sp. z o.o.

contra

Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie,

partes coadyuvantes:

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Prokuratura Krajowa

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Polonia)]

« Procedimiento prejudicial — Agricultura — Protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo — Artículo 4, apartado 3 — Política agrícola común — Financiación, gestión y seguimiento — Reglamento (UE) n.º 1306/2013 — Artículo 60 — Cláusula de elusión — Consecuencias de la determinación de que las condiciones para obtener una ventaja han sido creadas artificialmente — Concepto de “ventaja” — No obtención o retirada de la totalidad del importe de la ayuda o solo del importe que resulte de la creación artificial de las condiciones requeridas »






I.      Introducción

1.        En caso de que se constate que un agricultor ha creado unas condiciones artificiales mediante la división de una única explotación agrícola con el fin de obtener una ayuda en el marco de la política agrícola común (en lo sucesivo, «PAC») de importe superior al que habría tenido derecho en virtud de las normas de la Unión aplicables, ¿debe denegarse la totalidad del importe de la ayuda o, por el contrario, únicamente el importe resultante de la creación de unas condiciones artificiales?

2.        Esta es, en esencia, la cuestión que plantea el Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Polonia; en lo sucesivo, «Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo») en el presente asunto. En ella solicita al Tribunal de Justicia que interprete el concepto de «ventaja», en el sentido del artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 (2) relativo a la protección de los intereses financieros de la Unión y del artículo 60 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 (3) sobre la financiación, gestión y seguimiento de la PAC.

II.    Marco jurídico

3.        El artículo 4 del Reglamento n.º 2988/95 dispone:

«1.      Como norma general, toda irregularidad dará lugar a la retirada de la ventaja obtenida indebidamente, lo que supondrá:

— la obligación de abonar las cantidades debidas o de reembolsar las cantidades indebidamente percibidas,

— la pérdida total o parcial de la garantía constituida en apoyo de la solicitud de una ventaja concedida o en el momento de la percepción de un anticipo.

2.      La aplicación de las medidas contempladas en el apartado 1 se limitará a la retirada de la ventaja obtenida, incrementada, en su caso, con intereses que podrán determinarse de forma global.

3.      Los actos para los cuales se haya establecido que su finalidad es obtener una ventaja contraria a los objetivos del Derecho [de la Unión] aplicable al caso, creando artificialmente las condiciones requeridas para la obtención de esta ventaja, tendrán por consecuencia, según el caso, la no obtención de la ventaja o su retirada.

4.      Las medidas previstas en el presente artículo no serán consideradas como sanciones».

4.        El artículo 5 del Reglamento n.º 2988/95 es del siguiente tenor:

«1.      Las irregularidades intencionadas o provocadas por negligencia podrán dar lugar a las sanciones administrativas siguientes:

a)      el pago de una multa administrativa;

b)      el pago de una cantidad superior a las sumas indebidamente percibidas o eludidas, incrementada, en su caso, con intereses. Esta cantidad complementaria, determinada con arreglo a un porcentaje que se fijará en las normativas específicas, no podrá rebasar el nivel estrictamente necesario para que tenga carácter disuasorio;

c)      la privación total o parcial de una ventaja concedida por la normativa [de la Unión], incluso en el caso de que el agente solo se haya beneficiado indebidamente de una parte de dicha ventaja;

d)      la exclusión o la retirada del beneficio de la ventaja durante un período posterior al de la irregularidad;

e)      la retirada temporal de una autorización o de un reconocimiento necesarios para participar en un régimen de ayuda [de la Unión];

f)      la pérdida de una garantía o de una fianza depositada a fin de respetar las condiciones de una normativa, o reconstituir el importe de una garantía liberada indebidamente;

g)      otras sanciones de carácter exclusivamente económico, de naturaleza y alcance equivalentes, previstas en las normativas sectoriales adoptadas por el Consejo en función de las necesidades propias del sector correspondiente y dentro del respeto de las competencias de ejecución otorgadas a la Comisión por el Consejo.

2.      Sin perjuicio de lo dispuesto en las normativas sectoriales existentes en el momento de la entrada en vigor del presente Reglamento, las demás irregularidades solo podrán dar lugar a las sanciones no asimilables a una sanción penal contempladas en el apartado 1, siempre y cuando dichas sanciones sean indispensables para la correcta aplicación de la normativa.»

5.        El artículo 60 del Reglamento n.º 1306/2013, titulado «Cláusula de elusión», establece:

«Sin perjuicio de cualesquiera disposiciones específicas, no se concederá ninguna ventaja prevista en la legislación agrícola sectorial a personas físicas o jurídicas de las que se demuestre que han creado artificialmente las condiciones exigidas para obtener esas ventajas, contrarias a los objetivos de dicha legislación».

III. Litigio principal, cuestión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

6.        E. sp. z o.o. es una sociedad polaca (en lo sucesivo, «sociedad E.»), que tiene la condición de productor agrícola.

7.        Esta sociedad solicitó unos pagos con respecto a una serie de parcelas agrícolas en el marco de los regímenes de ayuda agrícola de la Unión para el año 2019. Dichos pagos comprendían: 1) pagos directos, es decir, el pago único por superficie, el pago de ecologización y el pago redistributivo, 2) pagos para operaciones agroambientales y climáticas y 3) pagos para zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas.

8.        Estos pagos, correspondientes al período de financiación de la PAC 2014‑2020, se regían por la normativa de la Unión entonces aplicable, como el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 (4) sobre los pagos directos, y el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 (5) sobre el desarrollo rural. Las normas comunes sobre la financiación, gestión y seguimiento de la PAC se rigen por el Reglamento (CE) n.º 1306/2013, mientras que el Reglamento (CE) n.º 2988/95 establece normas generales sobre los controles, las medidas y sanciones administrativas aplicables a las irregularidades con el fin de proteger los intereses financieros de la Unión en todos los ámbitos del Derecho de la Unión, comprendida, por tanto, la PAC. (6)

9.        Con ocasión del control administrativo de las solicitudes, el órgano administrativo de primer grado (7) constató que la sociedad E. tenía el mismo representante que B., una sociedad polaca (en lo sucesivo, «sociedad B.»), que también tenía la condición de productor agrícola y que solicitó ayudas idénticas a las solicitadas por la sociedad E. El accionista único de ambas sociedades era N., otra sociedad polaca (en lo sucesivo, «sociedad N.»).

10.      Durante el procedimiento, el órgano administrativo de primer grado constató la existencia de vínculos entre estas tres sociedades y entre las personas que formaban parte de ellas, que estaban relacionadas entre sí. Por lo que respecta a las sociedades E. y B., tales vínculos también estaban acreditados por circunstancias como la utilización de los mismos métodos de gestión y de los servicios de las mismas empresas (de tratamientos agrotécnicos, asesores agrícolas y abogados). El citado órgano administrativo llegó a la conclusión de que existían vínculos entre estas dos sociedades tanto por lo que se refiere a las personas como al capital. También señaló, en particular, que ambas sociedades se constituyeron casi al mismo tiempo, que celebraban contratos de arrendamiento entre ellas y que empezaron a aplicar el compromiso agroambiental y climático en 2015, en el marco del mismo paquete y de la misma opción. En consecuencia, el citado órgano adoptó resoluciones por las que denegaba los pagos solicitados por la sociedad E.

11.      Estas resoluciones fueron confirmadas en vía de recurso por el órgano administrativo de segundo grado el 30 de noviembre de 2021. (8)

12.      Como prueba adicional, dicho órgano presentó una simulación de cálculos para cada uno de los pagos que las sociedades E., B. y N. habrían obtenido si hubieran presentado su candidatura como una única entidad. A continuación, comparó dicha simulación con el importe de los pagos si las tres sociedades los hubieran solicitado por separado. La diferencia entre ambos importes ascendía a 69 916,37 eslotis polacos (PLN) (aproximadamente 16 445 euros). El citado órgano administrativo consideró que estos cálculos indicaban la existencia de una ventaja derivada de unas condiciones creadas artificialmente al objeto de obtener una ayuda superior a la que les correspondía.

13.      Por consiguiente, según dicho órgano, las sociedades E., B. y N. diseñaron su estructura de manera artificial, dividiendo una sola explotación agrícola con el fin de maximizar los pagos percibidos en virtud de los regímenes de ayuda agrícola de la Unión, al objeto de evitar, así, la degresividad de los pagos basados en la superficie.

14.      La sociedad E. interpuso sendos recursos contra las resoluciones adoptadas por el órgano administrativo de segundo grado ante el Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Voivodato de Rzeszów, Polonia).

15.      Mediante sentencia de 7 de abril de 2022, dicho órgano jurisdiccional desestimó los recursos. En su opinión, la empresa E. había creado artificialmente las condiciones para obtener las mejores ventajas posibles de las subvenciones de la Unión. Dicho órgano jurisdiccional extendió tal constatación a la totalidad de las ayudas solicitadas por la sociedad E.

16.      Esta última interpuso recurso contra dicha sentencia ante el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto.

17.      En apoyo de este recurso, la sociedad E. alega, en particular, que no creó condiciones artificiales y, con carácter subsidiario, que el Derecho de la Unión aplicable fue interpretado de manera errónea en la medida en que la creación de condiciones artificiales solo debía haber dado lugar a una reducción de las ayudas por el importe resultante de las condiciones artificiales, y no a la denegación de esas ayudas en su totalidad.

18.      El órgano jurisdiccional remitente resume la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la determinación de las condiciones creadas artificialmente,(9) pero no solicita al Tribunal de Justicia que le proporcione orientación respecto a ese aspecto del asunto. Se pregunta únicamente sobre la interpretación del Derecho de la Unión relativa a las consecuencias de la constatación de que un solicitante haya creado las condiciones artificialmente. El artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.º 2988/95, establece que la consecuencia de la creación de condiciones artificiales es «la no obtención de la ventaja o su retirada», mientras que el artículo 60 del Reglamento n.º 1306/2013 establece que «no se concederá ninguna ventaja» a personas físicas o jurídicas de las que se demuestre que han creado artificialmente las condiciones exigidas para obtenerla. La cuestión controvertida entre las partes consiste en determinar cómo deben interpretarse estas disposiciones con respecto al concepto de «ventaja».

19.      El órgano jurisdiccional remitente señala que, si bien la inclusión en el artículo 60 del Reglamento n.º 1306/2013 de la expresión «ninguna ventaja» puede sugerir que es posible denegar el importe íntegro de la ayuda, el artículo 4, apartado 4, del Reglamento n.º 2988/95, en virtud del cual las medidas previstas en dicho artículo no serán consideradas como sanciones, implica que la denegación de la ayuda solo debe aplicarse a los importes obtenidos en condiciones creadas artificialmente, y no a la totalidad del importe de la ayuda.

20.      Además, dicho órgano jurisdiccional señala que es posible adoptar un planteamiento consistente en no conceder las ventajas resultantes de la creación artificial de condiciones, o bien en no conceder ninguna ayuda en absoluto. Subraya que existen enfoques divergentes en la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros: algunos, como los de Polonia, adoptan el segundo planteamiento, denominado «interpretación punitiva», que conduce a la exclusión total de una persona del régimen de subvenciones si se comprueba que ha creado artificialmente las condiciones para obtener la ventaja, mientras que otros, como los alemanes, se inclinan por el primer enfoque, denominado «interpretación correctiva», según el cual solo se deniega la parte del pago resultante de la creación de condiciones artificiales. Esta divergencia de interpretación puede tener consecuencias perjudiciales para los agricultores polacos y poner en peligro la efectividad y uniformidad del Derecho de la Unión.

21.      En tales circunstancias, el Naczelny Sad Administracyjny decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Debe interpretarse el término “ventaja”, que figura en el artículo 4, apartado 3, del Reglamento [n.º 2988/95], y en el artículo 60 del Reglamento [n.º 1306/2013], en el sentido de que se refiere a la no obtención o la retirada de la totalidad del pago resultante de la normativa agrícola sectorial o únicamente de la parte de ese pago que resulte de la creación artificial de las condiciones requeridas?»

22.      Han presentado observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia la sociedad E., la República de Polonia, la República Italiana, la República Portuguesa, Rumanía y la Comisión Europea.

23.      El 4 de junio de 2026 se celebró una vista en la que la sociedad E., el Rzecznik Praw Obywatelskich (Defensor del Pueblo, Polonia), Polonia, el Reino de Dinamarca, Portugal y la Comisión presentaron observaciones orales.

IV.    Análisis

A.      Sobre la admisibilidad

24.      Polonia sostiene que la petición de decisión prejudicial planteada en el presente asunto es inadmisible debido a que el órgano jurisdiccional remitente no está correctamente constituido. Esta petición ha sido presentada por una sala formada por tres jueces del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, uno de los cuales fue nombrado juez de dicho órgano jurisdiccional en el marco de un procedimiento en el que participó el CNPJ en su nueva composición. (10) Polonia invoca, en particular, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al incumplimiento por el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia; en lo sucesivo, «Tribunal Supremo») de las exigencias del Derecho de la Unión contenidas en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo y en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). (11) Considera que, habida cuenta de que la posición institucional del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo es análoga a la del Tribunal Supremo, se deben aplicar los mismos requisitos a la hora de apreciar la corrección de la composición del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo.

25.      En mi opinión, procede desestimar la objeción formulada por Polonia.

26.      Tal y como expliqué recientemente en mis conclusiones presentadas en el asunto Naski, (12) el Tribunal de Justicia ha declarado que el mero hecho de que un juez sea nombrado sobre la base de una propuesta de la KRS, en su nueva composición, no es suficiente para llegar a la conclusión de que no se han cumplido los requisitos previstos en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo y en el artículo 47 de la Carta. Por el contrario, deben tomarse en consideración todas las circunstancias que rodean al nombramiento del juez de que se trate. Además, cualquier irregularidad en el procedimiento de nombramiento no dará lugar a la invalidación de la composición de un órgano jurisdiccional; solo serán pertinentes aquellas irregularidades que puedan suscitar, en el ánimo de los justiciables, dudas serias y legítimas en cuanto al hecho de que dicho juez no está a salvo de una influencia externa, en particular de otros poderes del Estado.

27.      Como también señalé en mis conclusiones presentadas en el asunto Naski, (13) cierta jurisprudencia invocada por Polonia (14) se refiere a las circunstancias particulares de las personas nombradas jueces de determinadas salas del Tribunal Supremo, que llevó al Tribunal de Justicia a declarar que la presunción de que un órgano jurisdiccional nacional cumple los requisitos de un «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE estaba desvirtuada. (15)

28.      En el caso de autos, Polonia no ha aportado ningún elemento de prueba específico o concreto que permita demostrar que alguno de los jueces de la formación de enjuiciamiento del órgano jurisdiccional remitente haya sido nombrado en el marco de un procedimiento comparable a las circunstancias a las que se refiere dicha jurisprudencia. Polonia tampoco ha invocado ante el Tribunal de Justicia ninguna circunstancia específica relativa al juez en cuestión, sino que se ha basado únicamente en el hecho de que dicho juez fue nombrado a propuesta del CNPJ en su nueva composición.

29.      Por tanto, considero que la presunción de que la cuestión prejudicial ha sido planteada por un «órgano jurisdiccional», en el sentido del artículo 267 TFUE, no queda desvirtuada en el presente asunto y que la petición de decisión prejudicial es admisible.

B.      Sobre el fondo

30.      Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta cómo debe entenderse el concepto de «ventaja», utilizado en el artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.º 2988/95 y en el artículo 60 del Reglamento n.º 1306/2013. Esta interpretación es necesaria para que dicho órgano jurisdiccional pueda decidir si, en circunstancias en las que se demuestra que una persona ha creado artificialmente las condiciones para obtener pagos en virtud de la normativa agrícola de la Unión, procede denegar o retirar el importe íntegro de tal pago o, por el contrario, únicamente el importe resultante de las condiciones artificialmente creadas.

31.      Procede recordar que esta cuestión solo se refiere a las consecuencias de la constatación de que existen unas condiciones creadas artificialmente, y no a la apreciación previa de si existen condiciones creadas artificialmente, aun cuando la sociedad E. impugna también este extremo ante el órgano jurisdiccional remitente. La cuestión planteada ante el Tribunal de Justicia se basa, por tanto, en la hipótesis de que se han constatado unas condiciones creadas artificialmente.

32.      Las partes en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia adoptan dos posturas diferentes sobre esta cuestión. En esencia, la sociedad E., el Defensor del Pueblo, Dinamarca, Rumanía y la Comisión afirman que el concepto de «ventaja» se refiere únicamente al importe que resulta de las condiciones creadas artificialmente. Me referiré a esta perspectiva como «interpretación correctora». En cambio, Polonia, Italia y Portugal sostienen que este concepto se refiere a la totalidad del importe de la ayuda, que denominaré «interpretación punitiva».

33.      Los partidarios de ambas interpretaciones (correctora y punitiva) se basan en el tenor, el contexto y los objetivos de las mismas disposiciones, pero llegan a conclusiones opuestas.

34.      En las presentes conclusiones expondré, en primer lugar, las alegaciones enfrentadas formuladas por las partes, sistematizándolas con arreglo a los métodos habituales de interpretación del Derecho de la Unión, para demostrar que ambas interpretaciones son posibles. A continuación haré una elección y explicaré por qué, en mi opinión, una interpretación correctora es más adecuada, teniendo en cuenta, en particular, la estructura y los objetivos de la normativa de la Unión controvertida.

1.      Breve exposición de las principales alegaciones de las partes

a)      Redacción

35.      La sociedad E. sostiene que la expresión «esas ventajas», (16) contenida en el artículo 60 del Reglamento n.º 1306/2013, indica que debe existir un vínculo directo entre la ventaja y la creación de condiciones artificiales, para que se deniegue o se retire solo una parte de la ayuda.

36.      Por el contrario, Polonia y Portugal alegan que la expresión «ninguna ventaja», (17) contenida en el artículo 60 del Reglamento n.º 1306/2013, excluye la posibilidad de referirse únicamente a la parte de la ayuda resultante de las condiciones creadas artificialmente. Esta formulación remite al concepto de «ventaja», que está comprendido en la categoría más amplia de las «ventajas previstas en la legislación agrícola sectorial». Define la ayuda que puede obtenerse y, por tanto, la «ventaja» debe asimilarse al importe de la ayuda reclamada por la persona que ha creado las condiciones artificiales.

37.      Polonia afirma, además, que, sobre la base de un análisis literal del artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.º 2988/95, el uso del término «ventaja», en singular, indica que se refiere a la prestación en su totalidad: el término «ventaja» es genérico, englobando todo pago, por lo que reducir este concepto a un excedente constituye una interpretación contra legem.

38.      Italia sostiene que la redacción del artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.º 2988/95, no distingue entre la ventaja parcial y total obtenida, a diferencia de otras disposiciones, como los artículos 5, apartado 1, letra c), y 4, apartado 2, del citado Reglamento. (18) Así pues, cuando el legislador de la Unión pretende referirse únicamente a una parte de la ventaja obtenida ilegalmente, lo hace de forma expresa. Además, leyendo la redacción del artículo 4 del Reglamento n.º 2988/95 de manera sistemática, Italia concluye que la limitación de la retirada de la ventaja a lo que se ha obtenido indebidamente solo está prevista en el apartado 2 de ese artículo, que a su vez remite únicamente al apartado 1, de modo que el término «ventaja» que figura en el apartado 3 se refiere al importe total de la ayuda recibida.

b)      Contexto

39.      Por lo que respecta al contexto inmediato, es decir, las demás disposiciones de los actos de la Unión cuya interpretación se solicita, las partes, con independencia de que sean partidarias de una interpretación correctora o punitiva, invocan la distinción entre medidas y sanciones administrativas, si bien extraen conclusiones diferentes de tal distinción.

40.      Los partidarios de una interpretación correctora subrayan que el artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.º 2988/95, que se refiere a medidas administrativas, y el artículo 60 del Reglamento n.º 1306/2013, que aplica esta disposición en el marco de la PAC, suprimen los importes indebidamente abonados y restablecen la situación a aquella que se habría producido de no haber existido unas condiciones artificialmente creadas. Por consiguiente, el concepto de «ventaja» contemplado en dichas disposiciones abarca únicamente la parte de la ayuda que un agricultor percibe por la existencia de unas condiciones creadas artificialmente, y no aquella a la que tiene derecho cuando tales condiciones no concurren, ya que ello equivaldría a sancionar a esa persona.

41.      Como subrayaron en la vista la sociedad E. y el Defensor del Pueblo, estas disposiciones, que se refieren a medidas administrativas, no pueden servir, por sí mismas, de base jurídica que permita a los Estados miembros imponer sanciones a los agricultores. Según la Comisión, si en el ordenamiento jurídico de un Estado miembro no existe ninguna disposición que regule la cuestión de las sanciones, esta laguna no puede subsanarse ampliando la interpretación del artículo 60 del Reglamento n.º 1306/2013. Para Dinamarca y la Comisión, las disposiciones controvertidas deben aplicarse de manera uniforme en todos los Estados miembros, mientras que, si los Estados miembros desean ir más allá e imponer sanciones, pueden existir diferencias entre ellos en esa fase.

42.      En cambio, los partidarios de una interpretación punitiva no entienden como sanción la denegación o la retirada de la totalidad del importe de la ayuda. En este sentido, una «interpretación punitiva» podría ser, de hecho, una denominación errónea para este planteamiento, pero habida cuenta de que en el presente asunto todas las partes la utilizan, la mantendré.

43.      Para Polonia, la distinción entre medidas y sanciones administrativas que contiene el Reglamento n.º 2988/95 indica, de hecho, que la exclusión total no es una medida punitiva contra el beneficiario, sino una medida de restablecimiento de la legalidad: se trata de la mera anulación de los efectos económicos del pago indebido. Además de ello, los Estados miembros todavía pueden imponer sanciones.

44.      Italia considera, sin embargo, que la creación de condiciones artificiales constituye un comportamiento engañoso intencionado, por lo que supone una irregularidad intencionada, en el sentido del artículo 5 del Reglamento n.º 2988/95, que se aplica en el artículo 60 del Reglamento n.º 1306/2013. El carácter inapropiado de la conducta de un solicitante no puede descomponerse en términos cuantitativos, ya que las condiciones creadas artificialmente socavan la relación de confianza entre el organismo que concede la ventaja y la persona que se beneficia de ella. Así pues, debe denegarse o retirarse la totalidad del importe de la ayuda.

c)      Objetivos

45.      La sociedad E., Dinamarca, Rumanía y la Comisión alegan que la interpretación correctora está en consonancia con los objetivos de las disposiciones controvertidas, mientras que Polonia y Portugal sostienen que es la interpretación punitiva la que es coherente con dichos objetivos.

46.      En este sentido, la sociedad E. alega que un objetivo de la PAC es apoyar a los agricultores que ejercen una actividad agrícola real. En consonancia con este objetivo, si solo se deniega o retira una parte de la ayuda relativa a las condiciones artificiales, los agricultores recibirán la ayuda a la que tienen derecho; en caso contrario, no recibirían ninguna ayuda pese a ejercer efectivamente una actividad agrícola. Invoca, asimismo, el principio non bis in idem y el principio de proporcionalidad, ya que la interpretación de las disposiciones basada en la restitución elimina el riesgo de aplicar dos veces una medida punitiva contra la misma entidad, y la exclusión de los regímenes de pago con independencia del importe de la ventaja obtenida es desproporcionada y perjudicial para los agricultores.

47.      La Comisión invoca la protección de los intereses financieros de la Unión como objetivo de las disposiciones controvertidas. Estos intereses se protegen reduciendo el importe concedido mediante la deducción de las cantidades indebidas.

48.      En opinión de Dinamarca, denegar o retirar únicamente la ayuda que el agricultor ha recibido como consecuencia de unas condiciones creadas artificialmente es una solución que permite alcanzar un equilibrio adecuado entre los objetivos de la PAC y la protección de los intereses financieros de la Unión.

49.      Por su parte, Polonia coincide en que los objetivos de las disposiciones controvertidas consisten en garantizar la aplicación efectiva de la PAC y proteger los intereses financieros de la Unión. Considera, sin embargo, que estos objetivos no se alcanzarían si se admitiera que, pese a crear unas condiciones artificiales, podría obtenerse una parte de la ayuda, ya que ello no fomentaría el uso correcto y efectivo de los fondos de la Unión. Deben tenerse en cuenta el artículo 325 TFUE y el artículo 4 TUE, apartado 3, en virtud de los cuales los Estados miembros están obligados a aplicar sistemas de cooperación y a adoptar medidas concretas para luchar contra el fraude.

50.      Polonia sostiene además que la denegación o la retirada de la totalidad del importe de la ayuda no puede entenderse en el sentido de que se priva al agricultor de un derecho. El derecho a la ayuda nunca existió, dado que un solicitante que obtiene la ayuda sobre la base de condiciones creadas artificialmente no cumple los requisitos materiales, de modo que la totalidad del pago es un pago indebido. En este sentido, la denegación o la retirada de la totalidad del pago es proporcionada, ya que neutraliza totalmente los efectos de la creación de condiciones artificiales; es adecuada porque elimina directamente el efecto de la creación de tales condiciones, y no existen medidas menos severas que sean igualmente eficaces, ya que solo la recuperación de la cantidad abonada en exceso deja intactos algunos de los efectos de la elusión.

51.      Para Portugal, la exclusión total de la ayuda se ajusta a los objetivos de eficacia y disuasión que deben perseguir las medidas administrativas para garantizar la adecuada protección de los intereses financieros de la Unión, de conformidad con el artículo 2, apartado 1, segunda frase, del Reglamento n.º 2988/95.

d)      Antecedentes legislativos

52.      Solo Polonia formula alegaciones relativas a los antecedentes legislativos. Señala que cláusulas de elusión similares al artículo 60 del Reglamento n.º 1306/2013 figuraban en reglamentos de la Unión anteriores en el ámbito de la PAC, que ya establecían que no se debía conceder ventaja alguna a aquellas personas respecto de las cuales se hubiera constatado que habían creado condiciones artificialmente. Aunque el artículo 60 del Reglamento n.º 1306/2013 no hace referencia directa a la no obtención o retirada de ayudas, los antecedentes legislativos no indican la necesidad de excluir esta solución. Por tanto, resulta difícil considerar que la intención del legislador de la Unión fuera limitar la aplicación de la exclusión total de la ayuda en caso de elusión de la normativa aplicable.

53.      En mi opinión, la argumentación de Polonia basada en los antecedentes normativos no respalda ni una interpretación punitiva ni una interpretación correctora, ya que nada indica que disposiciones anteriores similares al artículo 60 del Reglamento 1306/2013 deban interpretarse con arreglo a una u otra solución. (19) En otras palabras, esas disposiciones eran tan ambiguas como el artículo 60 del Reglamento n.º 1306/2013. (20)

2.      Sobre la interpretación propuesta

54.      A falta de cualquier explicación relativa al concepto de «ventaja» tanto en el Reglamento n.º 2988/95 como en el Reglamento n.º 1306/2013, sobre la base, únicamente, de su tenor literal no es posible concluir si este concepto se refiere a la totalidad del importe de la ayuda o, por el contrario, únicamente al importe que resulta de las condiciones creadas artificialmente.

55.      En efecto, si se parte del tenor literal de estas disposiciones por separado, podría aceptarse tanto una interpretación correctora como una interpretación punitiva. Como he señalado en conclusiones anteriores, en la mayoría de los casos no es posible entender el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión simplemente teniendo en cuenta los términos empleados. En tales casos, el tenor de esas disposiciones no puede separarse de su contexto y de sus objetivos. (21)

56.      Recuérdese que este asunto se refiere a una ayuda en el marco de la PAC. Tal como ha sido presentado ante el Tribunal de Justicia, se parte de la consideración de que las explotaciones agrícolas de las sociedades E., B. y N. se dividieron artificialmente para obtener una ayuda de mayor importe que aquella a la que habrían tenido derecho de haberla solicitado como una única sociedad. No obstante, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, en el presente asunto no parece que se cuestione el hecho de que la sociedad E. desarrollaba una actividad agrícola durante el período para el que se concedió la ayuda. Por tanto, parece que la empresa E. tendría derecho a una ayuda, pero el importe de tal ayuda sería inferior debido al sistema de pagos decrecientes establecido para favorecer a las pequeñas explotaciones.

57.      En estas circunstancias, la disposición directamente pertinente, sobre cuya base el órgano jurisdiccional remitente debe decidir si debe denegarse la totalidad del importe del pago o solo el excedente es la cláusula de elusión contenida en el artículo 60 del Reglamento n.º 1306/2013. Para resolver el litigio del que conoce, el órgano jurisdiccional remitente debe comprender el sentido del concepto de «ventaja» que figura en dicha disposición.

58.      El artículo 60 del Reglamento n.º 1306/2013 forma parte del título V, titulado «Sistemas de control y sanciones». Como se desprende del artículo 58, primera disposición de ese título, los sistemas de control y las sanciones que deben implantar los Estados miembros sirven para proteger los intereses financieros de la Unión. El contexto pertinente para interpretar las disposiciones que contiene este título lo constituye, por tanto, el Reglamento n.º 2988/95, que es una norma general destinada a proteger los intereses financieros de la Unión en todos los ámbitos cubiertos por el presupuesto de la Unión, incluida la PAC.

59.      Así lo confirma el considerando 39 del Reglamento (CE) n.º 1306/2013, que señala lo siguiente: «para proteger los intereses financieros del presupuesto de la Unión, los Estados miembros deben adoptar medidas encaminadas a garantizar que las operaciones financiadas por los Fondos se efectúen real y correctamente. Los Estados miembros también deben impedir, detectar y resolver eficazmente cualquier irregularidad o incumplimiento de obligaciones cometido por los beneficiarios. Para ello deberá ser de aplicación el [Reglamento n.º 2988/95] […]» (22)

60.      El Tribunal de Justicia ya ha interpretado el artículo 4 del Reglamento n.º 2988/95 en el sentido de que contiene medidas administrativas cuyo objeto consiste en proteger los ingresos y gastos del presupuesto de la Unión. En este sentido, el Tribunal de Justicia distingue entre medidas y sanciones administrativas. Tal conclusión se desprende, en efecto, del artículo 4, apartado 4, del Reglamento n.º 2988/95, según el cual «las medidas previstas en el presente artículo no serán consideradas como sanciones».

61.      Así lo confirma la jurisprudencia, en la que el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que «la obligación de devolución no constituye una sanción, para la cual sería necesaria una base legal clara y exenta de ambigüedad, sino la mera consecuencia de la constatación de que las condiciones exigidas para la obtención del beneficio resultante de la normativa [de la Unión] fueron creadas artificialmente, haciendo que las restituciones concedidas fueran indebidas y justificando, por consiguiente, la obligación de devolverlas».(23)

62.      Sobre esta base, en la sentencia Cimmino y otros, (24) el Tribunal de Justicia declaró que un operador que se ha colocado de modo artificial en una situación que le permite acogerse indebidamente al arancel preferencial para la importación de plátanos está obligado a abonar los derechos correspondientes a los productos de que se trate, sin perjuicio, en su caso, de las sanciones previstas por la normativa nacional.

63.      En resumen, el Reglamento n.º 2988/95 establece, así, una distinción entre medidas administrativas y sanciones, estando las primeras previstas en el artículo 4 y las segundas en el artículo 5. De la jurisprudencia se desprende claramente que las medidas administrativas tienen por objeto proteger el presupuesto de la Unión, y no castigar a las personas que eludan la normativa de la Unión. Citando a la Abogada General Sharpston, «dichas medidas se refieren básicamente al recobro de cantidades que deberían haberse abonado al presupuesto de la Unión y no lo fueron o que fueron indebidamente pagadas con cargo a él», (25) o, como en el caso de autos, que no deberían pagarse con cargo al presupuesto de la Unión.

64.      Todas las partes en el presente asunto, salvo Italia, (26) coinciden en que el artículo 60 del Reglamento n.º 1306/2013 no constituye una sanción, sino una medida administrativa, aplicando así el artículo 4 del Reglamento n.º 2988/95 en el marco de la PAC.

65.      Como señala la Comisión, en esencia, la estructura del Reglamento n.º 1306/2013, que contiene normas relativas a las medidas administrativas en sus artículos 60 y 63 (parcialmente) y normas relativas a las sanciones administrativas en los artículos 63 (parcialmente) y 64, refleja la distinción que existe en el Reglamento n.º 2988/95 entre sus artículos 4 y 5.

66.      A diferencia de los partidarios de una interpretación correctora, Polonia, que reconoce que el artículo 60 del Reglamento n.º 1306/2013 se refiere a medidas administrativas y no a sanciones, no considera que la denegación o la retirada de la totalidad del importe de la ayuda constituya una sanción. Este Estado miembro, junto con Portugal, sostiene que, si solo se denegara o se retirara el excedente de la ayuda, se privaría a esta disposición de todo efecto disuasorio, lo que podría debilitar el sistema de protección de los intereses financieros de la Unión.

67.      Sin embargo, este argumento basado en la disuasión corresponde a las sanciones y no a las medidas administrativas. Contrariamente a lo que señala Portugal, el hecho de que el artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.º 2988/95, establezca que «los controles y las medidas y sanciones administrativas» deben ser «eficaces, proporcionadas y disuasorias» no invalida esta afirmación, ya que esta redacción expresa principios generales del régimen introducido por ese Reglamento en el título I, mientras que la distinción entre medidas y sanciones se introduce posteriormente en el título II de ese mismo Reglamento.

68.      Cabe añadir que el artículo 62 del Reglamento n.º 2021/2116, que sustituye desde su entrada en vigor al artículo 60 del Reglamento n.º 1306/2013, dispone lo siguiente: «sin perjuicio de cualesquiera disposiciones específicas del Derecho de la Unión, los Estados miembros adoptarán medidas efectivas y proporcionadas para evitar que se eludan las disposiciones del Derecho de la Unión y velarán, en particular, porque no se conceda ninguna ventaja prevista en la normativa agrícola a personas físicas o jurídicas de las que se demuestre que han creado artificialmente las condiciones exigidas para obtener esas ventajas, contrariamente a los objetivos de dicha normativa.» (27)

69.      El uso en esta nueva disposición de la conjunción «y», parece confirmar que las medidas preventivas son efectivamente necesarias, pero difieren de las medidas administrativas destinadas a eliminar las consecuencias de los abusos en caso de que se produzcan.

70.      Además, contrariamente a lo que sostiene Polonia, para alcanzar el objetivo de las medidas administrativas, no es necesario denegar ni retirar la totalidad del importe de la ayuda, sino únicamente el importe que no debe abonarse, o que se ha pagado indebidamente, del presupuesto de la Unión.

71.      Si un Estado miembro pretende ir más allá y retirar algo más, debe hacerlo con arreglo a una base jurídica distinta, y no puede invocar el artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.º 2988/95, ni el artículo 60 del Reglamento n.º 1306/2013.

72.      Sin una base jurídica así de clara para una sanción, se vulneraría el principio de legalidad. El Tribunal de Justicia ya ha declarado que denegar o retirar un pago no exigible, dado que se recibió sobre la base de un abuso de las normas de la Unión, no entra en conflicto con el principio de legalidad. (28) No obstante, denegar la totalidad del importe, aun cuando el agricultor tuviera derecho a una ayuda en virtud de la PAC, equivaldría a penalizar a dicho agricultor.

73.      En este sentido, parece que existe una diferencia importante entre la situación existente en Portugal y en Polonia. En la vista, Portugal indicó que en dicho Estado miembro se ha adoptado una normativa nacional que prevé expresamente que no se concederá ninguna ayuda si los beneficiarios han creado artificialmente las condiciones para obtener ventajas. Sin embargo, como señaló el Defensor del Pueblo y confirmó Polonia, en este último Estado miembro no existe una normativa similar.

74.      Interpretar el artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.º 2988/95 y el artículo 60 del Reglamento n.º 1306/2013, en el sentido de que permiten por si mismos que un Estado miembro deniegue el importe total de la ayuda sería contrario al principio de nulla poena sine lege, ya que la imposición de sanciones requiere una base jurídica clara que informe previamente a los destinatarios de que determinados comportamientos darán lugar a una sanción.

75.      Además, tal interpretación no es necesaria para garantizar la eficacia de las medidas administrativas que tienen por objeto la protección de los intereses financieros de la Unión, y no penalizar los abusos. Los intereses financieros de la Unión ya están protegidos mediante la denegación o la retirada únicamente del importe de la ayuda vinculado a las condiciones creadas artificialmente.

76.      Además, como ha señalado Dinamarca, la solución propuesta también está en línea con los objetivos de la PAC. Uno de estos objetivos es apoyar a los agricultores que ejercen una actividad agrícola real. La apreciación de si esto es así depende, como han indicado la sociedad E., Dinamarca y Rumanía, de las circunstancias de cada caso concreto. Si un agricultor beneficiario de una ayuda no ejercía ninguna actividad agrícola, la denegación o la retirada de la totalidad del importe de la ayuda estarían justificadas. No obstante, si un agricultor ejerce las actividades para las que se le concedió la ayuda, sería contrario a este objetivo de la PAC privarle de la ayuda por dichas actividades.

77.      Por consiguiente, en mi opinión, el Tribunal de Justicia debería interpretar el concepto de «ventaja» que contienen el artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.º 2988/95 y el artículo 60 del Reglamento n.º 1306/2013, en el sentido de que exige la denegación o la retirada únicamente del importe de la ayuda que no se adeudaba tal como resultaba de las condiciones creadas artificialmente, y no la del importe total de la ayuda, siempre que se haya desarrollado una actividad agrícola. Esta interpretación permitiría conciliar mejor los objetivos de la PAC con la protección de los intereses financieros de la Unión.

78.      Quedan por examinar algunos argumentos de carácter práctico planteados por quienes defienden la interpretación punitiva.

79.      Polonia alega que una interpretación conforme a la cual solo debe denegarse o retirarse la cantidad obtenida en exceso daría lugar a arbitrariedad e imprevisibilidad, ya que las autoridades deberían construir escenarios hipotéticos para calcular el importe al que un agricultor habría tenido derecho y qué importe debería denegarse o retirarse. En la vista, dicho Estado miembro subrayó que tales apreciaciones presentan dificultades prácticas considerables.

80.      Portugal alega que identificar situaciones de condiciones creadas artificialmente genera elevados costes administrativos, ya que obliga a las autoridades a sustituir una solicitud de ayuda incorrecta por una solicitud correcta.

81.      Aunque considero que estos argumentos son relevantes, no parece que tales dificultades prácticas sean insuperables. El presente asunto demuestra que es posible realizar los cálculos necesarios (véase el punto 12 de las presentes conclusiones).

82.      Además, como ha indicado la Comisión, la carga potencial para las autoridades no sería excesiva si solo se requiere un esfuerzo razonable. Por otra parte, las apreciaciones pertinentes ya se realizan, por lo general, en el marco de la investigación de condiciones creadas artificialmente.

83.      No obstante, en aquellas situaciones en las que resulta imposible realizar los cálculos necesarios, la jurisprudencia parece confirmar la tesis de que la denegación o la retirada de la totalidad del importe de la ayuda está justificada. (29)

84.      Por consiguiente, los argumentos basados en dificultades de carácter práctico no parecen ser razones suficientes para oponerse a la interpretación propuesta.

V.      Conclusión

85.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Polonia) del siguiente modo:

«El término “ventaja”, utilizado en el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, y en el artículo 60 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del Consejo,

debe interpretarse en el sentido de que solo debe denegarse o retirarse el importe de la ayuda resultante de la creación de condiciones artificiales».


1      Lengua original: inglés.


2      Reglamento del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas; en lo sucesivo, «Reglamento n.º 2988/95» (DO 1995, L 312, p. 1).


3      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del Consejo, en su versión modificada (DO 2013, L 347, p. 549). Ha sido sustituido por el Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 (DO 2021, L 435, p. 187).


4      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 637/2008 y (CE) n.º 73/2009 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 608). Fue sustituido por el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013 (DO 2021, L 435, p. 1).


5      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 487). Sustituido también por el Reglamento 2021/2115.


6      Véanse, en particular, los artículos 1, apartado 1, y 2, apartado 1, así como los considerandos tercero, noveno y decimotercero del Reglamento n.º 2988/95.


7      Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Director de la Oficina de Distrito de la Agencia para la Reestructuración y Modernización de la Agricultura, Polonia; en lo sucesivo, «órgano administrativo de primer grado»).


8      Dyrektor Podkarpackiego Oddzithe u Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie (Director de la Dirección Regional de Subcarpacia de la Agencia para la Reestructuración y Modernización de la Agricultura en Rzeszów, Polonia); en lo sucesivo, «órgano administrativo de segundo grado»).


9      El órgano jurisdiccional remitente tiene en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual una práctica abusiva requiere dos elementos constitutivos: en primer lugar, una combinación de circunstancias objetivas en la que, a pesar del cumplimiento formal de las condiciones establecidas por las normas pertinentes, no se logra el objeto de tales normas, y en segundo lugar, un elemento subjetivo consistente en la intención de obtener una ventaja de las normas de la Unión creando artificialmente las condiciones previstas para obtenerla. Menciona, en particular, las sentencias de 12 de septiembre de 2013, Slancheva sila (C‑434/12, EU:C:2013:546), y de 7 de abril de 2022, Avio Lucos (C‑176/20, EU:C:2022:274).


10      Krajowa Rada Sądownictwa (Consejo Nacional del Poder Judicial, Polonia; en lo sucesivo, «CNPJ»).


11      Polonia se remite a las sentencias de 21 de diciembre de 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Continuidad en el desempeño del cargo de juez) (C‑718/21, EU:C:2023:1015), y de 4 de septiembre de 2025, AW T (C‑225/22, EU:C:2025:649), así como a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), de 8 de noviembre de 2021, Dolińska-Ficek y Ozimek c. Polonia (CE:ECHR:2021:1108JUD004986819).


12      Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Naski (C‑273/24), en particular los puntos 36 a 38, en las que me remito a las sentencias de 26 de marzo de 2020, Reexamen de las sentencias Simpson/Consejo y HG/Comisión (C‑542/18 RX‑II y C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232), y de 24 de marzo de 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Recusación de un juez ordinario) (C‑521/21, EU:C:2026:242). Véanse, asimismo, las sentencias más recientes, ambas de 16 de julio de 2026, Gekus (C‑748/23), en particular, los apartados 35 a 37, y Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego (C‑96/24, C‑103/24 y C‑112/24), en particular, los apartados 52 a 54.


13      Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Naski (C‑273/24), en particular los puntos 39 a 42.


14      En particular, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Mantenimiento de una función judicial) (C‑718/21, EU:C:2023:1015), y TEDH, sentencia de 8 de noviembre de 2021, Dolińska-Ficek y Ozimek c. Polonia (CE:ECHR:2021:1108JUD004986819).


15      Entre estas circunstancias figuraba el nombramiento de personas como jueces del Tribunal Supremo por el presidente de la República a pesar de la sentencia suspensiva del órgano jurisdiccional polaco competente, y que el TEDH y el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo consideraron que los procedimientos concretos de nombramiento de determinadas personas eran contrarios a la exigencia de independencia.


16      El subrayado es mío.


17      El subrayado es mío.


18      No obstante, es preciso señalar que la versión italiana del artículo 4, apartado 2, del Reglamento n.º 2988/95 se distingue de las demás versiones lingüísticas en la medida en que se refiere a la retirada de «la ventaja obtenida ilegalmente», mientras que otras versiones lingüísticas se refieren a la «ventaja obtenida».


19      En este sentido, Polonia se remite, en esencia, a: 1) el artículo 193 del Reglamento (CE) n.º 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (DO 2007, L 299, p. 1); 2) el artículo 30 del Reglamento (CE) n.º 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1290/2005, (CE) n.º 247/2006, (CE) n.º 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1782/2003(DO 2009, L 30, p. 16); 3) el artículo 4, apartado 8, del Reglamento (UE) n.º 65/2011 de la Comisión, de 27 de enero de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural (DO 2011, L 25, p. 8), y 4) el artículo 145 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas (DO 2011, L 157, p. 1).


20      Este es también el caso de otros actos de la Unión. Véase, por ejemplo, el artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 1259/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establecen las disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común (DO 1999, L 160, p. 113); o el artículo 29 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.º 2019/93, (CE) n.º 1452/2001, (CE) n.º 1453/2001, (CE) n.º 1454/2001, (CE) n.º 1868/94, (CE) n.º 1251/1999, (CE) n.º 1254/1999, (CE) n.º 1673/2000, (CEE) n.º 2358/71 y (CE) n.º 2529/2001 (DO 2003, L 270, p. 1).


21      Véanse, a este respecto, mis conclusiones presentadas en los asuntos Rigall Arteria Management (C‑64/21, EU:C:2022:453), punto 43, y G. K. y otros (Fiscalía Europea) (C‑281/22, EU:C:2023:510), punto 33.


22      En este sentido, el Tribunal de Justicia declaró que las disposiciones del Reglamento n.º 1306/2013 deben interpretarse de conformidad con las normas generales del Reglamento n.º 2988/95. Véase la sentencia de 29 de febrero de 2024, Eesti Vabariik (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) (C‑437/22, EU:C:2024:176), apartado 51.


23      El Tribunal de Justicia lo precisó por primera vez en la sentencia de 14 de diciembre de 2000, Emsland-Stärke (C‑110/99, EU:C:2000:695), apartado 56 (el subrayado es mío), que se refería a prácticas abusivas en materia de restituciones a la exportación en el marco de la PAC, pero en la que el artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.º 2988/95 no era aplicable ratione temporis. El Tribunal de Justicia ha reiterado esta misma posición en asuntos posteriores en los que dicho Reglamento era aplicable. Véanse, por ejemplo, las sentencias de 4 de junio de 2009, Pometon (C‑158/08, EU:C:2009:349), apartado 28; de 9 de julio de 2015, Cimmino y otros, (C‑607/13, EU:C:2015:448), apartado 73, y de 4 de octubre de 2024, Comisión/PB (C‑721/22 P, EU:C:2024:836), apartado 46.


24      Sentencia de 9 de julio de 2015 (C‑607/13, EU:C:2015:448), apartado 75.


25      Conclusiones de la Abogada General Sharpston presentadas en el asunto Cimmino y otros (C‑607/13, EU:C:2015:67), punto 112.


26      La República Italiana sostiene que el artículo 60 del Reglamento n.º 1306/2013 aplica el artículo 5 del Reglamento n.º 2988/95. Véase el punto 44 de las presentes conclusiones.


27      El subrayado es mío.


28      Véase, por ejemplo, la sentencia de 4 de junio de 2009, Pometon (C‑158/08, EU:C:2009:349), apartado 28 y jurisprudencia citada.


29      A este respecto, la Comisión se remite a la sentencia de 13 de diciembre de 2012, FranceAgriMer (C‑670/11, EU:C:2012:807), relativa al artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.º 2988/95, en la que el Tribunal de Justicia declaró que las autoridades nacionales podían exigir el reembolso íntegro porque no podía identificarse por separado una parte de la ventaja.