Edición provisional

CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL

SRA. JULIANE KOKOTT

presentadas el 3 de abril de 2025 (1)

Asuntos acumulados C‑672/23 y C‑673/23

Electricity & Water Authority of the Government of Bahrain,

GCC Interconnection Authority,

Kuwait Ministry of Electricity and Water,

Oman Electricity Transmission Company SAOC

contra

Prysmian Netherlands BV,

Draka Holding BV,

Prysmian Cavi e Sistemi Srl,

Pirelli & C. SpA,

Prysmian SpA,

The Goldman Sachs Group Inc.,

ABB BV,

ABB Holdings BV,

ABB AB,

ABB Ltd,

Nexans Nederland BV,

Nexans Cabling Solutions BV,

Nexans Participations SA,

Nexans SA,

Nexans France SAS (C‑672/23)

Smurfit Kappa Europe BV,

Smurfit International BV,

Smurfit Kappa Italia SpA,

DS Smith Italy BV,

DS Smith plc,

DS Smith Packaging Italia SpA,

DS Smith Holding Italia SpA,

Toscana Ondulati SpA

contra

Unilever Europe BV,

Unilever Supply Chain Company AG,

Unilever Italy Holdings Srl (C‑673/23)

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Gerechtshof Amsterdam (Tribunal de Apelación de Ámsterdam, Países Bajos)]

« Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil y mercantil — Competencia judicial en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Competencias especiales — Artículo 8, apartado 1 — Competencia internacional y territorial — Pluralidad de demandados — Relación estrecha — Artículo 101 TFUE — Concepto de “empresa” — Responsabilidad solidaria — Responsabilidad de primer y de segundo grado — Indemnización por daños y perjuicios en virtud del Derecho de la Unión en materia de prácticas colusorias — Causalidad — Daños causados fuera del EEE »

I. Introducción

1. En los dos procedimientos en primera instancia por daños y perjuicios en materia de prácticas colusorias en los que se basan las presentes peticiones de decisión prejudicial, el Rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam, Países Bajos) se enfrentó en cada caso a un gran número de demandadas (en lo sucesivo denominados conjuntamente, «demandadas»), domiciliadas en distintos lugares, algunas de ellas en Estados diferentes.

2. De dichas demandadas, de las cuales solo una en el procedimiento está domiciliada en Ámsterdam, algunas han participado en infracciones de la prohibición de las prácticas colusorias establecida en el Derecho de la Unión. En opinión de las demandantes, todas las demás demandadas pertenecen a las mismas empresas, en el sentido de del Derecho de la competencia, que las infractoras, por lo que pueden ser consideradas responsables solidarias de la infracción de estos.

3. En los procedimientos de apelación, el Gerechtshof Amsterdam (Tribunal de Apelación de Ámsterdam) plantea la cuestión de hasta qué punto el Rechtbank (Tribunal de Primera Instancia) tiene competencia tanto internacional como territorial para conocer de todas las demandas. Al igual que en el asunto Athenian Brewery y Heineken, (2) la cuestión central es si existe una relación estrecha entre las demandas de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, «Reglamento Bruselas I bis»), (3) de modo que todos los procedimientos puedan tramitarse en el domicilio de un demandado, el denominado «demandado de conexión».

II. Marco jurídico

4. El marco jurídico de los presentes asuntos lo constituye el artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, que establece lo siguiente:

«Una persona domiciliada en un Estado miembro también podrá ser demandada:

1) si hay varios demandados, ante el órgano jurisdiccional del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente.»

III. Hechos y peticiones de decisión prejudicial

A. Asunto C‑672/23

5. El asunto C‑672/23 se refiere a la determinación de la responsabilidad solidaria de las demandadas por los daños causados por una infracción de la prohibición de las prácticas colusorias establecida en el Derecho de la Unión, en forma de un cártel, en relación con cables terrestres y subacuáticos y con productos, obras y prestaciones complementarios de las que consideran responsables. La Comisión constató esta infracción en una decisión de 2 de abril de 2014 (en lo sucesivo, «Decisión de la Comisión») (4) para el período comprendido entre el 18 de febrero de 1999 y el 29 de enero de 2009. En el cártel se acordaron, entre otras cosas, precios y proyectos distribuidos en el contexto del reparto geográfico del mercado, tanto dentro como fuera del Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, «EEE»).

6. La Comisión concluyó que Prysmian Cavi e Sistemi Srl, ABB AB y Nexans France SAS estaban implicadas en el cártel. En su Decisión, la Comisión consideró responsables de primer grado a Prysmian SpA, Pirelli & C. SpA, The Goldman Sachs Group Inc., ABB Ltd. y Nexans SA como empresas matrices (indirectas) de las sociedades implicadas en el cártel.

7. Sin embargo, la demanda en el procedimiento principal se dirige no solo contra las sociedades mencionadas en la Decisión de la Comisión, sino también contra otras, que se dividen en tres grupos de sociedades. Estas se agrupan en torno a Prysmian Cavi e Sistemi Srl, ABB AB y Nexans France SAS. De todas las demandadas, únicamente Draka Holding BV, filial de Prysmian Cavi e Sistemi y a su vez titular de todas las participaciones en el capital de Prysmian Netherlands BV, está domiciliada en Ámsterdam, Países Bajos. Todas las demás sociedades demandadas (en lo sucesivo, conjuntamente, «Draka y otros») tienen sus respectivos domicilios sociales en otros lugares dentro y fuera de los Países Bajos.

8. Las demandantes en el litigio principal de este asunto, la mercantil Electricity & Water Authority of the Government of Bahrain y otros (en lo sucesivo, conjuntamente, «EWGB y otros»), explotan redes de alta tensión en los Estados del Golfo.

9. EWGB y otros solicitaron al Rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam) que declarase que Draka y otros eran responsables solidarias frente a ellas por su participación en el cártel. También solicitaron una indemnización de daños y perjuicios, cuyo importe se determinará en un procedimiento separado. Según el tribunal remitente, se trata de daños sufridos fuera del EEE.

10. En la sentencia impugnada en el procedimiento principal, el Rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam) declaró que carecía de competencia para conocer de las demandas contra las demandadas domiciliadas fuera de los Países Bajos. EWGB y otros han recurrido en apelación esta sentencia. Las demandadas domiciliadas en los Países Bajos no impugnaron la competencia territorial en primera instancia. Por consiguiente, el tribunal remitente, el Gerechtshof Amsterdam (Tribunal de Apelación de Ámsterdam), debe asumir, con arreglo al Derecho procesal neerlandés, que el Rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam) es territorialmente competente respecto de todas las demandadas domiciliadas en los Países Bajos.

B. Asunto C‑673/23

11. El asunto C‑673/23 también se refiere a la determinación de la responsabilidad solidaria de las demandadas en el procedimiento principal en primera instancia por los daños reclamados en virtud de dos infracciones de la prohibición de las prácticas colusorias establecida en el Derecho de la Unión. Así lo estableció la autoridad italiana de defensa de la competencia Autorità garante della concorrenza e del mercato (en lo sucesivo, «AGCM») en una resolución de 17 de julio de 2019 (en lo sucesivo, «resolución de la AGCM»). Se trata de un cártel en el sector del cartón que existió desde el 2 de febrero de 2004 hasta el 30 de marzo de 2017 y de un cártel en el sector de los envases vigente desde el 7 de septiembre de 2005 hasta también el 30 de marzo de 2017.

12. La AGCM concluyó que Smurfit Kappa Italia SpA y Toscana Ondulati SpA estaban implicadas en las infracciones. DS Smith Holding Italia SpA fue considerada responsable como sociedad matriz indirecta.

13. Sin embargo, la demanda en el procedimiento principal en primera instancia no solo se dirigía contra estas sociedades citadas en la resolución de la AGCM, sino también contra otras que se dividen en dos grupos de sociedades. Estas se agrupan, por una parte, en torno a Smurfit Kappa Italia SpA y, por otra, en torno a Toscana Ondulati SpA. De estas demandadas, únicamente Smurfit International BV está domiciliada en Ámsterdam. Todas las demás sociedades (en lo sucesivo, conjuntamente, «Smurfit y otros») tienen sus respectivos domicilios sociales en otros lugares dentro y fuera de los Países Bajos.

14. Las demandantes en primera instancia en el litigio principal (en lo sucesivo, conjuntamente, «Unilever y otros») compraron material de embalaje a las participantes en el cártel.

15. Unilever y otros solicitaron al Rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam) que declarase que Smurfit y otros eran solidariamente responsables frente a ellas por su participación en los cárteles. También solicitaron una indemnización de daños y perjuicios, cuyo importe se determinará en un procedimiento separado.

16. En su sentencia, impugnada en el procedimiento principal, el Rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam) se declaró competente internacional y territorialmente para conocer de las demandas presentadas contra las demandadas domiciliadas fuera de los Países Bajos. Además, consideró que su competencia territorial —con independencia de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis—, para las demandadas domiciliadas en los Países Bajos, pero no en Ámsterdam, se derivaba del Derecho procesal civil neerlandés y de la personación sin oposición de las partes. Sin embargo, Smurfit y otros han recurrido en apelación ante el Gerechtshof Amsterdam (Tribunal de Apelación de Ámsterdam).

C. Cuestiones prejudiciales

17. En este contexto, el Gerechtshof Amsterdam (Tribunal de Apelación de Ámsterdam) planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales, que son en gran medida idénticas en ambos asuntos (las diferencias entre las cuestiones de ambos asuntos se señalan a continuación):

Cuestión 1a

¿Existe una relación estrecha en el sentido del artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis entre:

i) por una parte, una demanda contra una demandada principal (demandada de referencia) que no es destinataria de una decisión de la Comisión (C‑672/23)/de una autoridad nacional de defensa de la competencia (C‑673/23) relativa a un cártel pero que, como entidad supuestamente perteneciente a una empresa en el sentido del Derecho de la competencia de la Unión (en lo sucesivo, «empresa»), es considerada responsable de segundo grado (C‑672/23)/de primer grado (C‑673/23) de la infracción constatada de la prohibición de las prácticas colusorias establecida en el Derecho de la Unión y

ii) por otra parte, una demanda contra:

(A) una codemandada que es destinataria de dicha decisión, o

(B) una codemandada que no es destinataria de la decisión y que, como persona jurídica, pertenece supuestamente a una empresa que, en la decisión, ha sido declarada responsable, a los efectos de Derecho público, de haber infringido la prohibición de las prácticas colusorias establecida en el Derecho de la Unión?

¿Es relevante a este respecto:

(a) si la demandada principal, responsable de segundo grado (C‑672/23)/de primer grado (C‑673/23), se limitó durante la duración del cártel a ser propietaria y administrar participaciones sociales;

(b) en caso de respuesta afirmativa a la cuestión 4a, si la demandada principal, responsable de segundo grado (C‑672/23)/de primer grado (C‑673/23), participó en la fabricación, distribución, venta o suministro de los productos objeto del cártel o en la prestación de servicios objeto del cártel;

(c) (C‑673/23) si la demandada tenía o no su domicilio social en el Estado cuya autoridad de defensa de la competencia constató una (única) infracción a la prohibición de las prácticas colusorias establecida en el Derecho de la Unión;

(i) participante real en el cártel —en el sentido de que participó realmente en el acuerdo o acuerdos contrarios a la competencia o en las prácticas concertadas constatados— o

(ii) persona jurídica que forma parte de la empresa considerada responsable, a los efectos de Derecho público, de haber infringido la prohibición de las prácticas colusorias establecida en el Derecho de la Unión;

(d) (C‑672/23)/(e) (C‑673/23) si la codemandada, que no es destinataria de la decisión, produjo efectivamente, distribuyó o vendió productos o prestó servicios objeto del cártel;

(e) (C‑672/23)/(f) (C‑673/23) si la demandada principal y la codemandada pertenecían o no a la misma sociedad;

(f) (C‑672/23)/(g) (C‑673/23) si las demandantes, directa o indirectamente, compraron productos o recibieron servicios de la demandada principal o de la codemandada?

Cuestión 1b

¿Es relevante para responder a la cuestión 1a si es previsible o no que la codemandada en cuestión vaya a ser demandada ante el órgano jurisdiccional de la demandada principal? En caso afirmativo, ¿es la previsibilidad un criterio autónomo a la hora de aplicar el artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis? ¿Se da en principio esta previsibilidad, habida cuenta de la sentencia de 6 de octubre de 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800)? ¿En qué medida las circunstancias mencionadas en la primera cuestión, letras (a) a (f) (C‑672/23)/letras (a) a (g) (C‑673/23) hacen que sea previsible en este caso que la codemandada vaya a ser demandada ante el tribunal de la demandada principal?

Cuestión 2

Al determinar la competencia judicial, ¿deben tenerse también en cuenta las posibilidades de que prospere la demanda contra la demandada principal? En caso afirmativo, ¿es suficiente a este respecto que no pueda excluirse de antemano que prosperará la demanda?

Cuestión 3a (C‑672/23)

¿Comprende el derecho, reconocido en el ordenamiento jurídico de la Unión, de toda persona a una indemnización por daños y perjuicios como consecuencia de una infracción constatada de la prohibición de las prácticas colusorias establecida en el Derecho de la Unión, el derecho a reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos fuera del EEE?

Cuestión 3b (C‑672/23)/Cuestión 3 (C‑673/23)

¿Debe o puede aplicarse la presunción que rige en el Derecho de la competencia de que las empresas matrices (multadas) ejercen una influencia decisiva sobre la actividad económica de las filiales («presunción de la sentencia Akzo») en los litigios (civiles) sobre daños y perjuicios derivados de cárteles?

Cuestión 3c (C‑672/23)

¿Cumple una sociedad holding intermedia que se limita a ser propietaria de participaciones sociales y administrarlas el segundo criterio de la sentencia Sumal (ejercer una actividad económica que tenga una relación concreta con el objeto de la infracción por la que se ha declarado responsable a la sociedad matriz)?

Cuestión 4a

En el contexto de la aplicación del artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, ¿pueden varias demandadas domiciliadas en el mismo Estado miembro ser (conjuntamente) demandadas principales?

Cuestión 4b

¿Determina el artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis directa e inmediatamente el órgano jurisdiccional que tiene competencia territorial, prevaleciendo sobre el Derecho nacional?

Cuestión 4c

En caso de respuesta negativa a la cuestión 4a —de modo que solo un demandado puede ser demandado principal— y de repuesta afirmativa a la cuestión 4b — de manera que el artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis designa directamente el órgano jurisdiccional que tiene competencia territorial, prevaleciendo sobre el Derecho nacional:

¿Existe la posibilidad, al aplicar el artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, de una remisión interna al tribunal del domicilio del demandado en el mismo Estado miembro?

IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

18. Mediante decisión de 18 de enero de 2024, el Presidente del Tribunal de Justicia ha acumulado los asuntos C‑672/23 y C‑673/23 a efectos de la fase escrita, la fase oral y la sentencia.

19. EWGB y otros, Nexans Nederland, Pirelli & C., ABB, Prysmian Netherlands y otros, y Prysmian, The Goldman Sachs Group, DS Smith Italy, Unilever Europe, Smurfit Kappa Europe y otros, así como la Comisión Europea presentaron observaciones escritas y participaron en la vista oral celebrada el 23 de enero de 2025.

V. Apreciación jurídica

20. Mediante su primera cuestión prejudicial, idéntica en ambos asuntos salvo algunas precisiones, el tribunal remitente desea saber si, en las circunstancias de dichos asuntos, existe competencia internacional con arreglo al artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis.

21. La cuarta cuestión prejudicial, idéntica en ambos asuntos, se refiere a si el artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis regula también la competencia territorial y, en caso afirmativo, en qué medida.

22. La segunda y tercera cuestiones prejudiciales planteadas en ambos asuntos se refieren a si deben tenerse en cuenta las posibilidades de que prospere la demanda contra las demandadas de conexión para determinar la competencia judicial y, en caso afirmativo, en qué medida.

23. En opinión de las demandadas, las demandas no pueden prosperar. Por lo tanto, las cuestiones relativas a la determinación de la competencia no son relevantes para la decisión y, en consecuencia, no es necesario darles respuesta.

24. En estas circunstancias, tras una breve descripción de la jurisprudencia existente hasta la fecha sobre el concepto de «empresa» en el Derecho de defensa de la competencia y sus implicaciones en el ámbito competencial, de la que ya se desprenden en gran medida las respuestas a las presentes cuestiones prejudiciales (sección A), abordaré en primer lugar las cuestiones relativas a la consideración de las posibilidades de que prospere la demanda en el marco del examen de la competencia (sección B), antes de pasar a las cuestiones relativas a la competencia judicial internacional (sección C) y territorial (sección D).

A. Concepto de «empresa» en la legislación de defensa de la competencia y competencia internacional

25. El concepto de «empresa» del artículo 101 TFUE comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de esa entidad, y designa, así, una unidad económica, aunque, desde el punto de vista jurídico, dicha unidad económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas. (5) La calificación de «unidad económica» y, a través de esta, de «empresa», conlleva de pleno derecho la responsabilidad solidaria de las entidades que componen la unidad económica en el momento de la comisión de la infracción contra dicha disposición. (6)

26. En este sentido, cuando personas jurídicamente distintas se organizan en forma de grupo, forman una sola y misma empresa cuando no determinan de manera autónoma su conducta en el mercado de que se trata, sino que, habida cuenta en particular de los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que las unen a una sociedad matriz, experimentan a tal fin los efectos del ejercicio efectivo, por esa unidad de dirección, de una influencia decisiva. (7)

27. En el caso de que una sociedad matriz participe (casi) en el 100 % del capital de una filial, existe la presunción iuris tantum de que la sociedad matriz ejerce una influencia decisiva sobre la actividad económica de la filial (en lo sucesivo, «presunción de control»), de modo que puede atribuírsele su infracción y puede ser considerada responsable de la misma. (8)

28. Las entidades obligadas a reparar el perjuicio causado por un acuerdo o práctica prohibidos por el artículo 101 TFUE son las empresas, en el sentido de esta disposición, que hayan participado en ese acuerdo o práctica. (9)

29. No obstante, la facultad reconocida a la víctima de una práctica contraria a la competencia de exigir, en el marco de una acción de resarcimiento por daños y perjuicios, la responsabilidad de una sociedad filial en lugar de la responsabilidad de la sociedad matriz, no es una facultad de la que se disponga automáticamente contra cualquier sociedad filial de una sociedad matriz. (10)

30. Más bien, para establecer la existencia de una unidad económica entre una sociedad matriz y la sociedad filial, no solo se exige al demandante que pruebe vínculos económicos, organizativos y jurídicos entre dichas sociedades, sino también una relación concreta entre la actividad económica de esa sociedad filial y el objeto de la infracción de la sociedad matriz. (11)

31. De conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada, si hay varios demandados, ante el órgano jurisdiccional del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estén vinculadas entre sí por una «relación tan estrecha» que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente. En ese sentido, para poder considerar que las resoluciones son contradictorias, no basta con que exista una mera divergencia en la resolución del litigio, sino que es preciso también que tal divergencia se inscriba en el marco de una misma situación de hecho y de Derecho. (12)

32. Este requisito se cumple cuando se dirijan contra varias empresas que hayan participado en una infracción de las normas del Derecho de la Unión en materia de competencia, declarada por una decisión de la Comisión, demandas basadas en su participación en dicha infracción, a pesar de que hayan participado de forma dispar, desde el punto de vista geográfico y temporal, en ellas. (13)

33. La misma apreciación se impone en el caso de demandas basadas en la participación de una sociedad en una infracción de las normas del Derecho de la Unión en materia de competencia, presentadas contra dicha sociedad y su sociedad matriz, cuando se alega que forman conjuntamente una única empresa. (14)

B. Sobre las posibilidades de que prospere la demanda contra las demandadas de conexión

34. En respuesta a la segunda cuestión prejudicial planteada, debe examinarse si, y en caso afirmativo, en qué medida, el posible éxito de la demanda contra el demandado de conexión debe tenerse en cuenta para determinar la competencia (apartado 1). A continuación, abordaré las cuestiones relativas al examen de fondo de las demandas contra las actuales demandadas de conexión, objeto de la tercera cuestión prejudicial, en la medida en que resulten pertinentes para la determinación de la competencia (apartado 2).

1. Sobre la consideración de las posibilidades de que prospere la demanda contra el demandado de conexión en el contexto del examen de la competencia

35. Mediante su segunda cuestión prejudicial, idéntica en ambos asuntos, el tribunal remitente desea saber si la posibilidad de que prospere la demanda contra el demandado de conexión también debe tenerse en cuenta para determinar la competencia. En caso afirmativo, desea saber si, para esta apreciación, basta con que el éxito de la demanda no pueda excluirse de antemano.

36. Como destacó el Tribunal de Justicia en su sentencia en el asunto Athenian Brewery y Heineken, (15) en el momento de comprobar la competencia internacional, el tribunal ante el que se ha presentado la demanda no examina la admisibilidad ni la procedencia de esta, sino que se limita a identificar los puntos de conexión con el Estado del foro que justifican su competencia en virtud del artículo 8, punto 1, del Reglamento Bruselas I bis. En particular, por razones de seguridad jurídica, el juez ante el que se ejercite la acción debe poder pronunciarse, en principio, con facilidad sobre su propia competencia, sin verse obligado a realizar un examen del asunto en cuanto al fondo. (16)

37. No obstante, no se puede abusar del artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis interponiendo una demanda contra varios demandados con el único fin de excluir a uno o varios de ellos de la competencia del foro de su domicilio. (17) Este sería el caso si se aportaran indicios probatorios que permitieran concluir que el demandante ha creado o mantenido de forma artificial las condiciones para la aplicación de esa disposición. (18)

38. A tal fin, no basta con que la acción ejercitada contra el demandado de conexión parezca (posiblemente) infundada. Antes bien, esta última deberá mostrarse, en el momento de su formulación, manifiestamente carente de todo fundamento o artificiosa, o bien desprovista de todo interés real para el demandante. (19)

39. Por consiguiente, procede responder a la segunda cuestión prejudicial planteada en ambos asuntos que, si bien, al examinar la competencia con arreglo al artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, deben tenerse en cuenta las posibilidades de que prospere la demanda contra el demandado de conexión, solo deben tenerse en cuenta como indicio de que el demandante no ha creado artificialmente las condiciones para la aplicación de dicha disposición, lo que puede ocurrir cuando la demanda es manifiestamente infundada.

2. Sobre las posibilidades de que prosperen los presentes procedimientos principales

40. Las cuestiones 3a a 3c del asunto C‑672/23 y la cuestión 3 del asunto C‑673/23 se refieren a las posibilidades de que prosperen las demandas presentadas contra las actuales demandadas de conexión. (20) Dado que, en el litigio principal, el tribunal remitente únicamente conoce de la competencia, (21) estas cuestiones prejudiciales solo sean pertinentes en la medida en que son relevantes para la determinación de dicha competencia.

41. Por consiguiente, a continuación, me limitaré a examinar si las circunstancias invocadas por el tribunal remitente (daños fuera del EEE [a], aplicación de la presunción de control [b] y utilización de una sociedad holding intermedia [c]) hacen manifiestamente infundadas las demandas presentadas contra las demandadas de conexión.

a) Indemnización de daños y perjuicios en virtud del Derecho de la Unión en materia de prácticas colusorias y daños y perjuicios sufridos fuera del EEE

42. Mediante su cuestión 3a, en el asunto C‑672/23, el tribunal remitente desea saber si el derecho de toda persona a una indemnización por daños y perjuicios como consecuencia de una infracción de la prohibición de las prácticas colusorias establecida en el Derecho de la Unión comprende el derecho a reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos fuera del EEE. Esta cuestión prejudicial se plantea por el hecho de que EWGB y otros están establecidas y operan en los Estados del Golfo y el tribunal remitente considera que sus daños se produjeron allí. (22)

43. Contrariamente a lo que alegan las demandadas, las posiciones controvertidas de las partes en el presente procedimiento demuestran que no parece tan imposible que una demanda de indemnización por tales daños deba calificarse de manifiestamente infundada. Antes bien, plantea una cuestión jurídica compleja que requiere un examen detallado.

44. Así pues, las partes están inicialmente de acuerdo en gran medida en que los daños que se hayan producido fuera del EEE solo pueden indemnizarse sobre la base de una reclamación de daños y perjuicios en virtud del artículo 101 TFUE si se derivan de una infracción de esta disposición.

45. Sin embargo, el punto en el que ya no están de acuerdo se refiere a la cuestión de en qué medida los daños producidos fuera del EEE pueden cumplir esta condición. EWGB y otros consideran que el nexo causal entre sus daños y la infracción del artículo 101 TFUE es evidente, ya que adquirieron los productos objeto de las prácticas colusorias directamente de las participantes en el cártel. Draka y otros, por el contrario, entienden que los perjuicios sufridos en los Estados del Golfo no pueden en modo alguno estar comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 101 TFUE. Por su parte, la Comisión se limita a afirmar que, para que un perjuicio sea indemnizable sobre esta base, debe resultar de un menoscabo de la competencia en el mercado interior, sin precisar lo que considera que esto significa en las presentes circunstancias.

46. Si, en el procedimiento principal del asunto C‑672/23, se examinaran las pretensiones de indemnización de daños y perjuicios formuladas por EWGB y otros en cuanto al fondo, habría que examinar en primer lugar la aplicabilidad de la indemnización de daños y perjuicios en virtud del Derecho de la Unión en materia de prácticas colusorias a la vista del elemento de tercer país de los hechos del asunto. Esta reclamación es aplicable en el contexto de un asunto que afecta a un tercer país si el Derecho internacional privado pertinente del tribunal competente conduce a su aplicabilidad. En todo caso, en el presente asunto no cabe excluirlo a priori, ya que se trata de una reclamación derivada de un acto ilícito en forma de un cártel en el sector del cable que, entre otros, tuvo efectos en el territorio de la Unión. (23) Esto puede dar lugar a la aplicabilidad del artículo 101 TFUE, (24) con arreglo al Derecho internacional privado.

47. En caso de que la indemnización de daños y perjuicios en virtud del Derecho de la Unión en materia de prácticas colusorias sea aplicable, habrá que examinar si se cumplen sus requisitos.

48. Esto será así cuando exista una relación de causalidad entre el daño y el acuerdo o la práctica prohibidos por el artículo 101 TFUE. (25) Por lo tanto, es necesario probar una infracción de la prohibición del artículo 101 TFUE, un daño y la causalidad entre estas dos circunstancias.

49. Existe una infracción del artículo 101 TFUE si la conducta controvertida está comprendida en su ámbito de aplicación territorial. Este es el caso del comportamiento que se lleva a cabo en el EEE o tiene efectos cualificados en dicho espacio. (26) Es indiscutible que el comportamiento en cuestión cumple estas condiciones, ya que, en el cártel del sector del cable se acordaron, entre otras cosas, precios y proyectos distribuidos en el contexto del reparto del mercado dentro y fuera del EEE. (27)

50. El daño que se ha producido en un tercer país puede, prima facie, ser atribuible causalmente a este comportamiento si fue causado por la ejecución del cártel en el EEE o por sus efectos en dicho espacio (y, por tanto, por la infracción del entonces aplicable artículo 101 TFUE). Esto parece bastante obvio en el caso de daños como los reclamados por EWGB y otros. Según su información, este daño fue causado por el aumento de precios debido a las prácticas colusorias de los bienes que compraron directamente a las participantes en el cártel europeo.

51. Sin embargo, aún no se ha aclarado la cuestión de si los nacionales de terceros países pueden invocar la indemnización de daños y perjuicios en virtud del Derecho de la Unión en materia de prácticas colusorias para exigir una indemnización por los daños sufridos fuera del EEE.

52. Según reiterada jurisprudencia, cualquier persona tiene derecho a solicitar la reparación del daño sufrido cuando exista una relación de causalidad entre dicho daño y el acuerdo o la práctica prohibidos por el artículo 101 TFUE. (28) Este derecho se deriva del hecho de que el artículo 101 TFUE, apartado 1, produce efectos directos en las relaciones entre particulares y crea derechos en favor de los justiciables que los órganos jurisdiccionales nacionales deben tutelar. (29)

53. No obstante, por lo que parece, el Tribunal de Justicia aún no ha tenido ocasión de pronunciarse sobre si esto se aplica también a los daños sufridos por nacionales de terceros países en terceros países y, en caso afirmativo, en qué condiciones. (30)

54. En estas circunstancias, procede responder a la cuestión 3a planteada por el tribunal remitente en el asunto C‑672/23 del siguiente modo: el hecho de que el perjuicio alegado en una acción por daños y perjuicios en materia de prácticas colusorias ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro se haya producido fuera del EEE no implica que deba considerarse que dicha demanda es manifiestamente infundada a efectos del examen de la competencia.

b) Presunción de control en virtud de la legislación de defensa de la competencia y aplicación privada de dicha legislación

55. Mediante la cuestión 3b en el asunto C‑672/23 y la cuestión 3 en el asunto C‑673/23, el tribunal remitente pregunta si la presunción de control (31) debe o puede aplicarse en los casos de daños causados por prácticas colusorias.

56. El Tribunal de Justicia respondió afirmativamente a esta cuestión en el asunto Athenian Brewery y Heineken, (32) lo cual es lógico. Como ya ha aclarado el Tribunal de Justicia, el concepto de «empresa», en el sentido de las normas de competencia de la Unión, que es un concepto autónomo del Derecho de la Unión, no puede tener un alcance diferente en el ámbito de la imposición de multas que en el de las acciones por daños y perjuicios por infracción de dichas normas. (33)

57. En el marco del artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, el órgano jurisdiccional puede limitarse a comprobar que no cabe excluir a priori que los demandados en cuestión forman parte de la misma empresa, para poder declararse competente. Tal comprobación debe efectuarse, en particular, en el supuesto en que el demandante invoque el concepto de «empresa» del Derecho de defensa de la competencia y, en concreto, el hecho de que la sociedad matriz posee casi todo el capital social de la filial, de modo que se aplicará la presunción de control. (34) En cambio, el examen completo de la pertenencia de las sociedades de que se trata a la misma empresa solo tiene lugar cuando se examinan las demandas en cuanto al fondo, siempre que el órgano jurisdiccional que conoce del asunto se declare competente. (35)

58. Por consiguiente, procede responder a la cuestión 3b del asunto C‑672/23 y a la cuestión 3 del asunto C‑673/23 que la presunción iuris tantum según la cual una sociedad matriz que posee directa o indirectamente la totalidad o la casi totalidad del capital de una filial ejerce una influencia decisiva sobre dicha filial puede aplicarse en los litigios sobre daños y perjuicios derivados de cárteles.

c) Sociedad holding intermedia y concepto de «empresa» en la legislación de defensa de la competencia

59. La cuestión 3c en el asunto C‑672/23 se debe a que Draka Holding BV, la demandada de conexión en el procedimiento principal en este asunto, es una sociedad holding que es considerada responsable de segundo grado de la infracción de normas sobre prácticas colusorias cometida por su sociedad matriz Prysmian Cavi e Sistemi. (36)

60. Por consiguiente, el tribunal remitente desea saber si una sociedad holding intermedia de este tipo que exclusivamente gestiona y posee participaciones puede cumplir el segundo criterio Sumal (ejercicio de una actividad económica que tenga una relación concreta con el objeto de la infracción de la que se ha considerado responsable a la sociedad matriz). (37)

61. La actividad económica requerida para este contexto específico es cualquier actividad consistente en ofrecer bienes o servicios en un determinado mercado. (38)

62. Considerada aisladamente, una sociedad holding que solo gestiona y posee participaciones no puede desarrollar una actividad económica en este sentido. En efecto, la mera tenencia y gestión de las participaciones no significa que opere en el mercado de una manera que consista en ofrecer bienes y servicios.

63. No obstante, los principios de imputación de la responsabilidad dentro de una entidad económica, (39) resumidos anteriormente, pueden extrapolarse por analogía a la cuestión de la actividad económica de una sociedad holding intermedia como, en el presente asunto, Draka Holding BV.

64. Por lo tanto, la actividad económica de su filial (Prysmian Netherlands BV) es atribuible a una sociedad holding intermedia de este tipo, como Draka Holding BV, si esa filial, a pesar de tener personalidad jurídica propia, no determina su comportamiento en el mercado de forma independiente, sino que sigue esencialmente las instrucciones de su sociedad matriz, la sociedad holding intermedia (la denominada sociedad holding de control). Esto puede presumirse con carácter iuris tantum en el caso de una sociedad matriz que controla la totalidad o casi la totalidad del capital de su filial. (40) En el presente caso, por tanto, debe presumirse que Draka Holding BV, al poseer todas las participaciones del capital de Prysmian Netherlands BV, (41) controla esta filial y, por tanto, es responsable de su actividad económica.

65. El mero hecho de que el objeto de imputación al que se atribuye el comportamiento de la filial sea una sociedad holding no puede impedir la imputación del comportamiento. (42) Esta imputación se basa en el hecho de que la sociedad matriz (en este caso Draka Holding BV) podía ejercer una influencia decisiva en la política empresarial de su filial (en el presente asunto Prysmian Netherlands BV) en el momento de la infracción de la prohibición de las prácticas colusorias. Sin embargo, una sociedad holding puede ejercer dicha influencia como cualquier otra sociedad matriz que controle a su filial.

66. En caso de que esa filial de un holding (aquí Prysmian Netherlands BV) esté activa, el holding (en el presente asunto Draka Holding BV) participa, en todo caso, indirectamente en esa actividad por la influencia que sobre ella ejerce. Esto también es válido en el caso de una sociedad holding intermedia (en el caso de autos Draka Holding BV), que, a su vez, está sometida a la influencia dominante de una sociedad matriz (en este caso Prysmian Cavi e Sistemi), por lo que solo actúa como vehículo suyo para influir en las sociedades en poder de Draka Holding BV, en particular Prysmian Netherlands BV. Por tanto, la cuestión es si la responsabilidad en el Derecho de la competencia de un holding (aquí Draka Holding BV) depende de si su filial (en este caso Prysmian Netherlands BV) ejerce una actividad económica que tiene una relación concreta con el objeto de la infracción de la que se consideró responsable a su empresa matriz y matriz principal del holding (aquí Prysmian Cavi e Sistemi). (43)

67. En consecuencia, procede responder a la cuestión 3c del asunto C‑672/23 que la actividad de una sociedad holding intermedia (en este caso Draka Holding BV) que exclusivamente gestiona y posee participaciones puede tener una relación concreta con el objeto de una infracción del Derecho de la competencia de la que se considere responsable a su sociedad matriz dominante (aquí Prysmian Cavi e Sistemi). Así ocurre, en particular, cuando una filial de la sociedad holding intermedia, sobre la que esta ejerce a su vez una influencia decisiva (en este supuesto Prysmian Netherlands BV), realice una actividad económica que tenga una relación concreta con el objeto de la infracción cometida por la sociedad matriz (en el presente asunto Prysmian Cavi e Sistemi).

C. Competencia internacional

68. Mediante la cuestión 1a, que es prácticamente idéntica en ambos asuntos, el tribunal remitente desea saber, en esencia, qué criterios deben aplicarse para determinar si el Rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam) es competente internacionalmente para conocer de las demandas presentadas tanto contra las demandadas de conexión (44) como contra las distintas codemandadas, por existir una «relación estrecha» entre dichas demandas en el sentido del artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis (sección 1). La cuestión 1b tiene por objeto determinar si la previsibilidad de tal acumulación de demandas es un criterio independiente a la hora de aplicar esta disposición (sección 2).

1. «Relación estrecha» y concepto de «empresa»

69. Como se ha expuesto anteriormente, por un lado, existe una «relación estrecha» en el sentido del artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis y, por tanto, una misma situación de hecho y de Derecho en las demandas contra varias sociedades que son demandadas debido a su participación en una infracción conjunta del artículo 101 TFUE. (45)

70. Por otro lado, como también se ha explicado, existe tal «relación estrecha» y, por tanto, la misma situación de hecho y de Derecho en demandas contra distintas sociedades de una misma empresa por una infracción de las normas sobre prácticas colusorias cometida por dicha empresa. (46)

71. Combinados, estos dos enfoques implican que, en casos como el presente, en el que varias sociedades han participado en una infracción conjunta de la prohibición de las prácticas colusorias establecida en el Derecho de la Unión, existe una relación estrecha entre las demandas contra estas sociedades y contra todas las sociedades con las que forman una única empresa. La razón de ello es que la infracción se atribuye a cada parte de una empresa como si la hubiera cometido ella misma, (47) por lo que la responsabilidad de todos los demandados en un asunto de este tipo también se deriva de los mismos hechos y fundamentos jurídicos, de modo que existe la misma situación de hecho y de Derecho.

72. Como ya se ha señalado, en el contexto del examen de la competencia judicial internacional basta con que no aparezca excluido a priori que las sociedades afectadas pertenecen a las mismas empresas. (48)

73. En particular, en relación con la responsabilidad de segundo grado de una filial por una infracción cometida por su matriz (como ocurre aquí en el asunto C‑672/23), debe cumplirse el requisito de que exista una relación concreta entre la actividad económica de la filial (o, en el caso de una sociedad holding, de la subfilial) (49) y el objeto de la infracción de la matriz. La razón de ello radica en el carácter «funcional» del concepto de unidad económica, que se refiere siempre a una infracción concreta. (50)

74. No es necesario que la filial o subfilial de los participantes en el cártel haya vendido directamente los productos objeto del cártel a los perjudicados, como ocurrió en el asunto Sumal. (51) Esta condición adicional no se impuso acertadamente en la sentencia recaída en dicho asunto, ya que no es relevante para la cuestión de la existencia de una unidad económica en relación con la infracción específica. Más bien, el único factor decisivo es si existe una relación concreta entre la actividad económica de la filial o de la subfilial y el objeto de la infracción, por ejemplo, porque el acuerdo contrario a la competencia de la empresa matriz o de la matriz principal se refería a los mismos productos que los comercializados por la filial o la subfilial (52) o porque esta última se dedica a la fabricación de estos productos.

75. Por otra parte, las demás circunstancias señaladas por el tribunal remitente en el marco de la cuestión 1a, en particular la mención de las sociedades de que se trata en decisiones de la Comisión o de una autoridad nacional de defensa de la competencia, no son pertinentes para el criterio de la existencia de una relación estrecha entre las demandas per se, sino únicamente para la prueba efectiva de la existencia de tal relación. (53)

76. La adquisición de los productos o servicios objetos del cártel por las demandantes a partes de las empresas demandadas en el marco del examen de la competencia también es solo un indicio concebible, pero no estrictamente necesario (54) de la existencia del daño y su causación por la infracción.

77. Por último, cabe señalar que, en lo que respecta a la utilización del concepto de «empresa» a la hora de examinar la aplicabilidad del artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, no es decisivo que la ley que se determine posteriormente y que sea aplicable al fondo del asunto (55) reconozca dicho concepto. El único factor decisivo en este examen es si existe una «relación estrecha». No obstante, este término debe interpretarse de manera autónoma, refiriéndose a la sistemática y los objetivos del artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis. (56) Para esta interpretación autónoma solo es determinante el Derecho de la Unión.

78. En definitiva, la respuesta a la cuestión 1a de ambos asuntos debe ser, por tanto, que existe una relación estrecha, en el sentido del artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, entre las demandas presentadas contra sociedades respecto de las cuales existen indicios claros de que forman parte de empresas en el sentido del Derecho de la competencia que han cometido conjuntamente una infracción de la prohibición de las prácticas colusorias establecida en el Derecho de la Unión, siempre que no quepa excluir a priori que las sociedades demandadas pertenecen a las empresas afectadas.

2. «Relación estrecha» y previsibilidad

79. La cuestión 1b, idéntica en ambos asuntos, tiene por objeto determinar qué papel desempeña, para el codemandado, la previsibilidad de la demanda en el foro del demandado de conexión en la aplicación del artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis.

80. La previsibilidad de la competencia judicial es el objetivo de las disposiciones sobre competencia del Reglamento Bruselas I bis. (57) Es decir, estas disposiciones contribuyen a que la demandada pueda prever ante qué tribunal podrá ser demandada.

81. Por lo tanto, la previsibilidad no es un criterio autónomo que se examine junto con los demás elementos constitutivos. Se trata más bien de un principio general que se concreta en los criterios que deben examinarse. Esto significa que los conceptos del Reglamento Bruselas I bis no pueden ser interpretados en contradicción con ella. En consecuencia, en el contexto de la interpretación debe analizarse si el resultado es compatible con el principio de previsibilidad. (58)

82. Sin embargo, en virtud del artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, el codemandado no tiene que haber previsto que sería demandado en el foro del demandado de conexión. Más bien, basta una previsibilidad abstracta, que existe si un demandado informado y razonable puede prever ante qué tribunales podría ser demandado fuera de su Estado de residencia. (59)

83. Esto es cierto, en particular, cuando un demandado puede reconocer las situaciones en las que existe una «relación estrecha». Así ocurre en las reclamaciones por daños en Derecho de la competencia, habida cuenta de la situación jurídica expuesta en los puntos 25 a 33 de las presentes conclusiones, cuando un demandado ha participado, como parte de una empresa, en el sentido del artículo 101 TFUE, en una infracción única del Derecho de la competencia. (60)

84. En tal situación, una parte de esa empresa debe haber tenido también conocimiento de que podría ser demandada en el domicilio de una parte de otra empresa que ha participado en dicha infracción. Así, mediante esa participación, la parte decisiva de la empresa ha creado también una relación estrecha con los demás participantes.

85. Por lo tanto, el principio de previsibilidad, que debe tenerse en cuenta al interpretar el artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, no se opone a la afirmación de una «relación estrecha» en el sentido de esta disposición en casos como el presente.

86. Por consiguiente, procede responder a la cuestión 1b en ambos asuntos que la previsibilidad del foro en el marco de la determinación de la competencia con arreglo al artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis no es un elemento constitutivo, sino un principio general que debe tenerse en cuenta al interpretar cualquier norma de competencia especial prevista en dicho Reglamento.

D. Competencia territorial

87. Las cuestiones 4a a 4c, idénticas en ambos asuntos, tienen por objeto determinar si el artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis también regula la competencia territorial además de la internacional y, en caso afirmativo, en qué medida. Estas cuestiones prejudiciales pueden responderse conjuntamente.

88. Mediante la cuestión 4b, el tribunal remitente desea saber si el artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis determina directa e inmediatamente el órgano jurisdiccional que tiene competencia territorial, prevaleciendo sobre el Derecho nacional.

89. Que ello es así se desprende del tenor de esta disposición: «órgano jurisdiccional del domicilio de cualquiera de ellos». Esto solo se refiere al órgano jurisdiccional competente con arreglo a la legislación del Estado miembro para las personas domiciliadas en dicho lugar. Ello excluye a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuestión que deban determinarse en función de otros criterios (por ejemplo, la producción del daño, el domicilio del demandante […]).

90. Pero en este contexto no se ha dictado aún ninguna resolución en relación con el artículo 8, punto 1, del Reglamento Bruselas I bis. Sin embargo, el Tribunal de Justicia interpreta siempre del mismo modo ese tenor, que también se halla en otros artículos del Reglamento Bruselas I bis. En caso de que remitan a los «órganos jurisdiccionales de un Estado miembro», como en los artículos 4, apartado 1, 7, punto 6, u 11, apartado 1, letra a), del Reglamento de Bruselas I bis, se debe entender con ello únicamente la competencia internacional. (61) Sin embargo, en caso de que remitan al «órgano jurisdiccional del lugar en que», como, por ejemplo, en los artículos 7, puntos 2 a 5, 11, apartado 1, letra b), y 18 del Reglamento de Bruselas I bis, ello designa tanto la competencia territorial como la objetiva del correspondiente órgano jurisdiccional. (62)

91. Tal diferenciación resiste también una comparación lingüística. Así, aunque la versión inglesa, a diferencia de las versiones alemana, francesa y neerlandesa emplea el plural «courts», con el añadido «for the place where (…)» deja claro, en los mismos supuestos que las demás lenguas, la competencia territorial, mientras que en las disposiciones que regulan únicamente la competencia internacional se habla únicamente de «courts of the Member State».

92. Además, esta interpretación se ve corroborada por el informe de P. Jenard sobre el Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la Competencia Judicial y a la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil. (63) Pues también él establece una diferenciación entre los conceptos «órganos jurisdiccionales de un Estado miembro» y «foro del lugar», con las consiguientes consecuencias. (64) En relación con el artículo 6, punto 1, de dicho Convenio, que es predecesor del artículo 8, punto 1, del Reglamento Bruselas I bis, resulta además en concreto del informe que se debe indicar el tribunal «del lugar» donde se encuentra el domicilio de uno de los codemandados. (65)

93. Mediante la cuestión 4a, el tribunal remitente desea saber, en esencia, si puede haber varios demandados de conexión al mismo tiempo. En particular, el tribunal se pregunta si también puede ser competente para conocer de una demanda presentada contra un codemandado si no existe una relación estrecha entre las demandas presentadas contra el codemandado y los demandados de conexión domiciliados en su circunscripción, pero sí entre las demandas presentadas contra el codemandado y otro demandado domiciliado en los Países Bajos.

94. El tribunal remitente solo plantea la cuestión en el supuesto de que las respectivas demandadas de conexión (66) no puedan ser demandadas principales idóneas. Sin embargo, habida cuenta de las consideraciones anteriores y a reserva del examen del tribunal remitente, estas demandadas de conexión son demandadas principales idóneas y, además, dado que la competencia territorial en los procedimientos principales se ha establecido sin oposición por parte de las demandadas, (67) la cuestión parece hipotética.

95. En cualquier caso, el tenor del artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis se refiere claramente a un demandado específico domiciliado en la circunscripción del órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la demanda. Por lo tanto, un codemandado domiciliado en otra jurisdicción no puede, como demandado de conexión, fundamentar la competencia del órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la demanda.

96. A continuación, mediante la cuestión 4c, el tribunal remitente desea saber si, en virtud del artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, existe la posibilidad de una remisión interna entre órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuestión cuando el órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la demanda no sea competente para conocer de la demanda contra el demandado de conexión.

97. El Reglamento Bruselas I bis solo se refiere a la competencia judicial internacional y al reconocimiento de las resoluciones judiciales, pero no a las normas de procedimiento internas de los distintos Estados miembros. (68) Por tanto, a este respecto, procede remitirse a las reglas nacionales aplicables por el órgano jurisdiccional que conoce del asunto, siempre que la aplicación de dichas reglas no menoscabe el efecto útil de las normas de competencia de la Unión. (69) Así pues, un órgano jurisdiccional que se considere incompetente podrá hacer uso de la posibilidad de remisión prevista en su Derecho procesal nacional, siempre que ello no restrinja la aplicación efectiva del Reglamento Bruselas I bis.

98. En definitiva, procede responder a la cuestión 4 que, en virtud del artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, solo un demandado domiciliado en la circunscripción del órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la demanda puede ser considerado demandado de conexión, ya que esta disposición regula directamente no solo la competencia internacional, sino también la territorial. Ello no impide una remisión interna a otro órgano jurisdiccional del mismo Estado miembro, siempre que ello no ponga en peligro la aplicación efectiva del Reglamento.

VI. Conclusión

99. En virtud de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Gerechtshof Amsterdam (Tribunal de Apelación de Ámsterdam, Países Bajos):

«1a. Existe una relación estrecha, en el sentido del artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, entre las demandas presentadas contra sociedades respecto de las cuales existen indicios claros de que forman parte de empresas en el sentido del Derecho de la competencia que han cometido conjuntamente una infracción de la prohibición de las prácticas colusorias establecida en el Derecho de la Unión, siempre que no quepa excluir a priori que las sociedades demandadas pertenecen a las empresas afectadas.

1b. La previsibilidad del foro en el marco de la determinación de la competencia con arreglo al artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis no es un elemento constitutivo, sino un principio general que debe tenerse en cuenta al interpretar cualquier norma de competencia especial prevista en dicho Reglamento.

2. Si bien, al examinar la competencia con arreglo al artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, deben tenerse en cuenta las posibilidades de que prospere la demanda contra el demandado de conexión, solo deben tenerse en cuenta como indicio de que el demandante no ha creado artificialmente las condiciones para la aplicación de dicha disposición, lo que puede ocurrir cuando la demanda es manifiestamente infundada.

3a. El hecho de que el perjuicio alegado en una acción por daños y perjuicios en materia de prácticas colusorias ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro se haya producido fuera del Espacio Económico Europeo no implica que deba considerarse que dicha demanda es manifiestamente infundada a efectos del examen de la competencia.

3b. La presunción iuris tantum según la cual una sociedad matriz que posee directa o indirectamente la totalidad o la casi totalidad del capital de una filial ejerce una influencia decisiva sobre dicha filial puede aplicarse en los litigios sobre daños y perjuicios derivados de cárteles.

3c. La actividad de una sociedad holding intermedia que exclusivamente gestiona y posee participaciones puede tener una relación concreta con el objeto de una infracción del Derecho de la competencia de la que se considere responsable a su sociedad matriz dominante. Así ocurre, en particular, cuando una filial de la sociedad holding intermedia, sobre la que esta ejerce a su vez una influencia decisiva, realice una actividad económica que tenga una relación concreta con el objeto de la infracción cometida por la sociedad matriz.

4. En virtud del artículo 8, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, solo un demandado domiciliado en la circunscripción del órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la demanda puede ser considerado demandado de conexión, ya que esta disposición regula directamente no solo la competencia internacional, sino también la territorial. Ello no impide una remisión interna a otro órgano jurisdiccional del mismo Estado miembro, siempre que ello no ponga en peligro la aplicación efectiva del Reglamento.»

1 Lengua original: alemán.

2 Véase la sentencia de 13 de febrero de 2025, Athenian Brewery y Heineken (C‑393/23, EU:C:2025:85), así como mis conclusiones presentadas en el asunto Athenian Brewery y Heineken (C‑393/23, EU:C:2024:798).

3 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012 (DO 2012, L 351, p. 1).

4 Decisión C(2014) 2139 final de la Comisión, AT.39610 — Cables de energía.

5 Sentencias de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión (C‑97/08 P, EU:C:2009:536), apartados 54 y 55; de 27 de abril de 2017, Akzo Nobel y otros/Comisión (C‑516/15 P, EU:C:2017:314), apartados 47 y 48, y de 6 de octubre de 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800), apartado 41.

6 Sentencias de 26 de enero de 2017, Villeroy & Boch/Comisión (C‑625/13 P, EU:C:2017:52), apartado 150, y de 6 de octubre de 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800), apartado 44.

7 Véase la sentencia de 12 de mayo de 2022, Servizio Elettrico Nazionale y otros (C‑377/20, EU:C:2022:379), apartado 108 y jurisprudencia citada.

8 Reiterada jurisprudencia desde la sentencia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión (C‑97/08 P, EU:C:2009:536), apartados 54 y ss.

9 Sentencia de 14 de marzo de 2019, Skanska Industrial Solutions y otros (C‑724/17, EU:C:2019:204), apartado 32.

10 Sentencia de 6 de octubre de 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800), apartado 46.

11 Sentencia de 6 de octubre de 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800), apartado 52.

12 Sentencias de 21 de mayo de 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335), apartado 20, y de 13 de febrero de 2025, Athenian Brewery y Heineken (C‑393/23, EU:C:2025:85), apartado 22.

13 Sentencias de 21 de mayo de 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335), apartado 21, y de 13 de febrero de 2025, Athenian Brewery y Heineken (C‑393/23, EU:C:2025:85), apartado 26.

14 Sentencia de 13 de febrero de 2025, Athenian Brewery y Heineken (C‑393/23, EU:C:2025:85), apartado 27.

15 Sentencia de 13 de febrero de 2025, Athenian Brewery y Heineken (C‑393/23, EU:C:2025:85), apartado 41.

16 Sentencia de 13 de febrero de 2025, Athenian Brewery y Heineken (C‑393/23, EU:C:2025:85), apartado 42; véanse también mis conclusiones presentadas en el asunto Athenian Brewery y Heineken (C‑393/23, EU:C:2024:798), punto 52, así como las sentencias de 3 de julio de 1997, Benincasa (C‑269/95, EU:C:1997:337), apartado 27, y de 28 de enero de 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37), apartado 61.

17 Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Athenian Brewery y Heineken (C‑393/23, EU:C:2024:798), punto 59, y, en relación con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1) (en lo sucesivo, Reglamento Bruselas I), la sentencia de 21 de mayo de 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335), apartado 27 y la jurisprudencia citada; en relación con el artículo 6, apartado 1, del Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la Competencia Judicial y la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1), véase la sentencia de 27 de septiembre de 1988, Kalfelis (189/87, EU:C:1988:459), apartado 9.

18 Véase, en relación con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento Bruselas I, la sentencia de 21 de mayo de 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335), apartado 29.

19 En este sentido, véanse, en relación con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento Bruselas I, la sentencia de 13 de julio de 2006, Reisch Montage (C‑103/05, EU:C:2006:471), apartado 33, así como las conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas en el asunto Freeport (C‑98/06, EU:C:2007:302), punto 66. Véanse también mis conclusiones presentadas en el asunto Athenian Brewery y Heineken (C‑393/23, EU:C:2024:798), punto 59.

20 Draka Holding BV (asunto C‑672/23) y Smurfit International BV (asunto C‑673/23); véanse los puntos 7 y 13 de las presentes conclusiones.

21 Véanse los puntos 10 y 16 de las presentes conclusiones.

22 Véanse los puntos 8 y 9 de las presentes conclusiones.

23 Véase el punto 5 de las presentes conclusiones.

24 Véase, por ejemplo, en el caso de Alemania, el artículo 40 (Actos ilícitos) de la Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (Ley introductoria del Código Civil) (EGBGB) en la versión publicada el 21 de septiembre de 1994 (BGBl. I, p. 2494; 1997 I, p. 1061), modificada por el artículo 15 de la Ley de 23 de octubre de 2024 (BGBl. 2024 I, n.º 323). Véase, en lo sucesivo, también el artículo 6 (Competencia desleal y actos que restrinjan la libre competencia) del Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (en lo sucesivo, «Reglamento Roma II»). Este solo es aplicable a una parte de la reclamación que se hace valer en el presente asunto. Ello se debe a que se reclaman daños que se produjeron durante el período en que existió el cártel entre el 18 de febrero de 1999 y el 29 de enero de 2009 (véase el punto 3 de las presentes conclusiones). Sin embargo, según los artículos 31 y 32 del Reglamento Roma II, este solo es aplicable a los hechos generadores de daño que se produzcan después del 11 de enero de 2009.

25 Sentencias de 20 de septiembre de 2001, Courage y Crehan (C‑453/99, EU:C:2001:465), apartado 26; de 13 de julio de 2006, Manfredi y otros (C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461), apartados 61 y 63, y de 6 de octubre de 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800), apartado 34.

26 Véanse las sentencias de 27 de septiembre de 1988, Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión (89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 y 125/85 a 129/85, EU:C:1988:447), apartados 17 y 18; de 9 de noviembre de 2000, Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605), apartado 25, y de 6 de septiembre de 2017, Intel/Comisión (C‑413/14 P, EU:C:2017:632), apartados 41 a 49. Véanse también las conclusiones del Abogado General Wahl presentadas en el asunto Intel Corporation/Comisión (C‑413/14 P, EU:C:2016:788), puntos 280 y ss.

27 Véase el punto 5 de las presentes conclusiones.

28 Sentencia de 12 de diciembre de 2019, Otis Gesellschaft y otros (C‑435/18, EU:C:2019:1069), apartados 22, 23 y 30, y jurisprudencia citada; véanse también los considerandos 11, 12 y 13, así como los artículos 1, apartado 1, 2, punto 6, y 3, apartado 1, de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014 (DO 2014, L 349, p. 1).

29 Sentencia de 28 de enero de 2025, ASG 2 (C‑253/23, EU:C:2025:40), apartado 60 y jurisprudencia citada; véase también el considerando 3 de la Directiva 2014/104.

30 Véanse, mutatis mutandis, en relación con el Derecho de la Unión en materia de contratación pública, las sentencias de 22 de octubre de 2024, Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret (C‑652/22, EU:C:2024:910), apartados 39 y ss, y de 13 de marzo de 2025, CRRC Qingdao Sifang y otros (C‑266/22, EU:C:2025:178), apartados 56 y ss. En estos casos, sin embargo, la exclusión de los nacionales de terceros países en cuestión estaba prevista por la ley.

31 Por consiguiente, en el caso de una sociedad matriz que posee (casi) el 100% de las participaciones del capital de una filial, existe la presunción iuris tantum de que ejerce una influencia decisiva sobre su actividad económica; véase el punto 27 de las presentes conclusiones.

32 Sentencia de 13 de febrero de 2025, Athenian Brewery y Heineken (C‑393/23, EU:C:2025:85), apartado 39.

33 Sentencias de 14 de marzo de 2019, Skanska Industrial Solutions y otros (C‑724/17, EU:C:2019:204), apartado 47, y de 6 de octubre de 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800), apartado 38.

34 Véanse, en este sentido, la sentencia de 13 de febrero de 2025, Athenian Brewery y Heineken (C‑393/23, EU:C:2025:85), apartados 45 y 46, así como mis conclusiones presentadas en el asunto Athenian Brewery y Heineken (C‑393/23, EU:C:2024:798), puntos 46, 47 y 59.

35 Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Athenian Brewery y Heineken (C‑393/23, EU:C:2024:798), puntos 48 a 51.

36 Véase el punto 7 de las presentes conclusiones.

37 Véase el punto 30 de las presentes conclusiones.

38 Véase, en este sentido, la sentencia de 10 de enero de 2006, Cassa di Risparmio di Firenze y otros (C‑222/04, EU:C:2006:8), apartado 108.

39 Véanse los puntos 26 a 30 de las presentes conclusiones.

40 Véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2013, Comisión/Stichting Administratiekantoor Portielje (C‑440/11 P, EU:C:2013:514), apartados 42 a 44.

41 Véase el punto 7 de las presentes conclusiones.

42 Véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de julio de 2013, Comisión/Stichting Administratiekantoor Portielje (C‑440/11 P, EU:C:2013:514), apartado 43, y de 18 de julio de 2013, Schindler Holding y otros/Comisión (C‑501/11 P, EU:C:2013:522), apartados 85 y ss.

43 No cabe excluir que pueda darse una concreta relación entre la actividad de un holding y el objeto de la práctica colusoria de una sociedad operativa en un caso concreto también mediante el apoyo que presta directamente el holding a la sociedad operativa en lo relativo a ese objeto (por ejemplo, financiación, concesión de préstamo o similar). No obstante, en el presente asunto, no fueron alegados tales elementos por parecer obvios.

44 Draka Holding BV (asunto C‑672/23) y Smurfit International BV (asunto C‑673/23); véanse los puntos 7 y 13 de las presentes conclusiones.

45 Véanse las sentencias de 21 de mayo de 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335), apartado 21, y de 13 de febrero de 2025, Athenian Brewery y Heineken (C‑393/23, EU:C:2025:85), apartado 26, así como el punto 32 de las presentes conclusiones.

46 Véase, en este sentido, el apartado 27 de la sentencia de 13 de febrero de 2025, Athenian Brewery y Heineken (C‑393/23, EU:C:2025:85), citada en el punto 33 de las presentes conclusiones.

47 Véanse la sentencia de 6 de octubre de 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800), apartados 42 a 44, así como mis conclusiones presentadas en el asunto Athenian Brewery y Heineken (C‑393/23, EU:C:2024:798), punto 40.

48 Véase el punto 57 de las presentes conclusiones.

49 Véanse los puntos 64 a 66 de las presentes conclusiones.

50 Véanse, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800), apartado 46, así como las conclusiones del Abogado General Pitruzzella presentadas en el asunto Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:293), puntos 23 y ss.; véase también Bauermeister, T., «Das Unternehmen im europäischen Wettbewerbsrecht», Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht 2022, p. 59 y ss., y 66 y ss.

51 Sentencia de 6 de octubre de 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800), apartados 8 a 10.

52 Sentencia de 6 de octubre de 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800), apartados 51 y 52.

53 Véase, en particular, sobre las decisiones de las autoridades nacionales de defensa de la competencia, la sentencia de 13 de febrero de 2025, Athenian Brewery y Heineken (C‑393/23, EU:C:2025:85), apartados 30 a 32.

54 También puede existir un derecho a una indemnización de daños y perjuicios si estos no se derivan de la adquisición directa o indirecta de productos o servicios de las participantes en el cártel; véanse las sentencias de 5 de junio de 2014, Kone y otros (C‑557/12, EU:C:2014:1317) (sobre la «fijación de precios paraguas»), y de 12 de diciembre de 2019, Otis Gesellschaft y otros (C‑435/18, EU:C:2019:1069) (sobre los daños sufridos por un organismo público que concedió préstamos en condiciones favorables para la adquisición de los bienes objeto del cártel).

55 Véase el punto 46 de las presentes conclusiones.

56 Sentencias de 13 de julio de 2006, Reisch Montage (C‑103/05, EU:C:2006:471), apartado 29, y de 21 de mayo de 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335), apartado 16.

57 Véanse, en particular, los considerandos 15 y 16 del Reglamento Bruselas I bis, así como las sentencias de 15 de julio de 2021, Volvo y otros (C‑30/20, EU:C:2021:604), apartado 42, y de 29 de julio de 2024, FTI Touristik (Elemento de extranjería) (C‑774/22, EU:C:2024:646), apartado 33.

58 Véanse las sentencias de 1 de diciembre de 2011, Painer (C‑145/10, EU:C:2011:798), apartado 81; de 21 de mayo de 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335), apartado 23; de 5 de julio de 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑27/17, EU:C:2018:533), apartado 40, y de 29 de julio de 2019, Tibor-Trans (C‑451/18, EU:C:2019:635), apartado 34.

59 Véase, a este respecto, en relación con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento Bruselas I, la sentencia de 13 de julio de 2006, Reisch Montage (C‑103/05, EU:C:2006:471), apartados 24 y 25.

60 Véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de mayo de 2015, CEC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335), apartados 23 y 24, y de 13 de febrero de 2025, Athenian Brewery y Heineken (C‑393/23, EU:C:2025:85), apartados 34 y 35.

61 Sentencias de 29 de julio de 2024, FTI Touristik (Elemento de extranjería) (C‑774/22, EU:C:2024:646), apartado 42, y de 30 de junio de 2022, Allianz Elementar Versicherung (C‑652/20, EU:C:2022:514), apartados 37, 38 y 42.

62 Sentencias de 3 de mayo de 2007, Color Drack (C‑386/05, EU:C:2007:262), apartado 30, de 15 de julio de 2021, Volvo y otros (C‑30/20, EU:C:2021:604), apartado 33, de 30 de junio de 2022, Allianz Elementar Versicherung (C‑652/20, EU:C:2022:514), apartados 37, 38 y 42, y de 29 de julio de 2024, FTI Touristik (Elemento de extranjería) (C‑774/22, EU:C:2024:646), apartado 42.

63 DO 1979, C 59, p. 1; texto en español en DO 1990, C 189, p. 122.

64 Informe de P. Jenard, p. 21.

65 Informe de P. Jenard, p. 25.

66 Draka Holding BV (asunto C‑672/23) y Smurfit International BV (asunto C‑673/23); véanse los puntos 7 y 13 de las presentes conclusiones.

67 Véanse los puntos 10 y 16 de las presentes conclusiones.

68 Sentencias de 15 de mayo de 1990, Hagen (C‑365/88, EU:C:1990:203), apartado 17, y de 6 de octubre de 2021, TOTO y Vianini Lavori (C‑581/20, EU:C:2021:808), apartado 68.

69 Sentencia de 7 de marzo de 1995, Shevill y otros (C‑68/93, EU:C:1995:61), apartado 36.