que la demandante solicita la anulación de la Decisión y, con carácter subsidiario, la anulación o la reducción de la multa impuesta.

que su producción consiste principalmente en soportes de sonido de bajo precio y, en más del 40 %, en discos para niños y jóvenes;

que vende su producción a mayoristas, puestos de periódicos y rack jobbers, grandes almacenes, minoristas y supermercados y, en lo que se refiere a la exportación, a importadores en exclusiva establecidos en el extranjero o a exportadores alemanes.

que consta igualmente que, en sus relaciones comerciales con los compradores residentes en la República Federal de Alemania, la demandante aplicó hasta el 31 de julio de 1974 condiciones de venta y entrega que contenían en el punto 9 (ventas al extranjero) la cláusula: Se prohibe exportar los discos que lleven una de nuestras marcas. En caso de infracción nos reservamos el derecho de no atender en lo sucesivo los pedidos del comprador y de demandarle en caso de que en el extranjero se interponga contra nosotros una acción de reclamación de daños y perjuicios como consecuencia de tal exportación;

que, a partir del 1 de agosto de 1974, la demandante aplicó a sus clientes alemanes y extranjeros nuevas condiciones de venta, entrega y pago, cuya punto IX (ventas al extranjero) establecía: normalmente le está prohibido al comprador revender en el extranjero los artículos que les hayamos suministrado. En caso de infracción nos reservamos expresamente el derecho de cesar el aprovisionamiento a dicho comprador, así como de demandarle por las acciones de reclamación de daños y perjuicios que se inicien contra nosotros en el extranjero.

que de ello deduce que, si bien es cierto que las prohibiciones de exportación no son compatibles con la naturaleza del mercado común, no se la puede imputar una infracción a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado;

que, por otro lado, alega que en su caso particular dichas prohibiciones de exportación no obedecían a ninguna finalidad reprensible, sino que tan sólo se habían establecido por deseo de las otras partes contratantes y sólo habían tenido un alcance de naturaleza puramente óptica y psicológica.

que, de este modo, la circunstancia de que por su parte el proveedor imponga estas prohibiciones de manera poco estricta no puede probar que las mismas no hayan surtido efecto, dado que su existencia puede crear, al menos, clima óptico y psicológico que satisfaga a la clientela y contribuya a un reparto más o menos riguroso de los mercados;

que la estrategia de mercado seguida por un productor se acomodará frecuentemente a las preferencias más o menos generales de su clientela;

que, por lo tanto, la afirmación de Miller de que la estipulación de las prohibiciones controvertidas se debió más bien a los deseos de las otras partes contratantes que a una estrategia unilateral y premeditada de su parte, aun suponiéndola exacta, no sustrae su compartimiento a las prohibiciones del apartado 1 del artículo 85 del Tratado;

que procede apreciar desde este punto de vista la estipulación de una prohibición de exportación tanto en el contrato con la sociedad Sopholest como en sus condiciones generales de venta.

que consta que Miller se ha especializado en la producción de discos de larga duración y musicasetes de bajo precio y, dentro de esta categoría, especialmente en la producción de soportes de sonido destinados a niños y jóvenes, de modo que su cuota en el mercado de soportes de sonido de bajo precio y de los destinados a los niños corresponde a porcentajes considerablemente más altos;

que, finalmente, consta que en 1975 las ventas de Miller destinadas al mercado interior y la exportación ascendieron a un total de 34.376.167 DM;

que en el curso del procedimiento se discutieron ampliamente los porcentajes, ya que la demandante alegaba que no se podían obtener datos estadísticos exactos sobre dicho mercado y que las cifras eran, por esta razón, poco fiables y daban una impresión excesivamente favorable de su posición en este mercado, pero que esta discusión no pudo cambiar sustancialmente los datos mencionados.

que las partes discrepan sobre si, para la determinación del mercado de que se trata, hay que referirse, como propugna la demandante, al conjunto del mercado de soportes de sonido o más bien, como propone la Comisión, hay que distinguir en primer lugar un mercado para los soportes de sonido de precio elevado, por una parte, y un mercado de soportes de sonido de bajo precio, por otra, y aún hay que distinguir separadamente un mercado para niños y jóvenes;

que en el marco del presente litigio no es necesario resolver esta cuestión, ya que es evidente que las ventas de Miller constituyen una cuota no despreciable del mercado y que se ha especializado en la producción de determinados géneros en la que ocupa una posición en el mercado, si no fuerte, en todo caso importante;

que procede concluir al respecto que, lejos de ser comparable con las empresas de que se trataba en las sentencias de 30 de junio de 1966, Société Technique Minière (56/65,↔ Rec. p. 338); de 9 de julio de 1969, Völk (5/69, ↔ Rec. p. 295), y de 6 de mayo de 1971, Cadillon (1/71, Rec. p. 351), Miller es una empresa de dimensiones suficientemente importantes como para que su comportamiento pueda, en principio, afectar al comercio.

que, no obstante, estas exportaciones parecieron a Miller y a algunos de sus clientes lo suficientemente importantes como para justificar la estipulación de las cláusulas controvertidas;

que, además, la importancia de su mercado alemán podía inducir a Miller a protegerlo contra la reimportación de productos exportados a precio reducido.

que, por otro lado, los precios más elevados practicados a los revendedores residentes en al República Federal de Alemania habrían hecho poco beneficiosas las exportaciones a los demás Estados miembros.

que, por otra parte, como ya se ha señalado anteriormente, la circunstancia de que los revendedores, clientes de la demandante, prefieran más bien limitar sus operaciones comerciales a mercados más restringidos, regionales o nacionales, no puede justificar la estipulación formal de cláusulas de prohibición de exportación ni en los contratos particulares ni en las condiciones de venta, por poco que el productor desee fragmentar el mercado común;

que, finalmente, la existencia de las cláusulas controvertidas, al menos, facilitó a Miller mantener su política de reducción de los precios de exportación.

que Miller alega, es cierto, que la Comisión debía haber probado que dichas cláusulas tuvieran un efecto sensible en los intercambios intracomunitarios, pero que esta alegación no se puede tomar en consideración;

que, al prohibir los acuerdos que tienen por objeto o efecto restringir la competencia y que pueden afectar a los intercambios entre los Estados miembros, el apartado 1 del artículo 85 del Tratado no exige que se pruebe que efectivamente dichos acuerdos han afectado de manera sensible a los intercambios, lo que en la mayoría de los casos sería muy difícil de probar satisfactoriamente, sino que únicamente exige que se pruebe que dichos acuerdos pueden tener tal efecto;

que, basándose en la posición de Miller en el mercado, en la importancia de su producción, en las exportaciones comprobadas y en la política de precios practicada, la Comisión ha probado debidamente que, en efecto, existía el peligro de que se afectara sensiblemente a los intercambios entre los Estados miembros;

que, por lo tanto, debe desestimarse el recurso en la medida en que está dirigido contra el artículo 1 de dicha Decisión.

que alega no haber cometido deliberadamente las infracciones que se le imputan y que, por otra parte, las mismas no eran graves;

que al establecer las cláusulas de prohibición de exportación no sabía que infringía las prohibiciones del apartado 1 del artículo 85 del Tratado;

que esta ignorancia la demuestra el informe de un asesor jurídico al que había consultado con miras a la redacción de sus condiciones de venta, el cual informe, adjunto a su escrito de réplica, no menciona la posible incompatibilidad de la cláusula de prohibición de exportación con el Derecho comunitario.

que, por lo tanto, importa poco saber si la demandante era o no consciente de que infringía la prohibición del artículo 85;

que, a este respecto, el dictamen de un asesor jurídico, que ella alega, no puede excusarla;

que procede, pues, considerar que los actos prohibidos por el Tratado fueron cometidos deliberadamente e infringiendo las disposiciones de éste.

que, por esta razón, la Comisión pudo atribuir a las infracciones comprobadas cierta gravedad y tenerlas en cuenta a efectos de lo dispuesto por el artículo 15 del Reglamento no 17.

que se han desestimado los motivos formulados por la parte demandante;

que procede, pues, condenarla en costas.