1.

Los presentes asuntos se refieren a dos recursos de casación interpuestos por empresas turcas contra sendas sentencias dictadas por el Tribunal General en los asuntos T‑629/21 ( 2 ) y T‑630/21 ( 3 ) (en lo sucesivo, «sentencias recurridas») en materia de derechos antidumping. Las recurrentes alegan que el Tribunal General ha incurrido en una serie de errores de Derecho al examinar los recursos de anulación que dirigieron contra el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1100 de la Comisión, de 5 de julio de 2021, por el que se impone un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional impuesto a las importaciones de determinados productos planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados, originarios de Turquía (en lo sucesivo, «Reglamento controvertido»). ( 4 )

2.

Conforme a lo solicitado por el Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones se centrarán en el motivo común a ambos recursos de casación, que suscita, en esencia, una cuestión interpretativa en relación con el artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Reglamento de base»). ( 5 ) Se trata más precisamente de determinar si, a efectos de acreditar la existencia de dumping, la Comisión Europea está obligada a tomar en consideración los contratos de cobertura del tipo de cambio celebrados entre las empresas que operan en el comercio internacional, o si, al contrario, puede seguir aplicando su propio método en materia de cambio de divisas.

3.

Esta problemática reviste especial importancia en la práctica del comercio internacional, en la que las transacciones suelen realizarse en diferentes divisas. No es extraño que los operadores económicos celebren acuerdos de cobertura para protegerse frente a las fluctuaciones importantes de los tipos de cambio, que pueden distorsionar el precio real de las mercancías de que se trate. No obstante, debe recordarse que la Unión Europea, en su condición de miembro de pleno Derecho del sistema multilateral del comercio internacional, ostenta un interés legítimo en garantizar la determinación del precio real de esas mercancías, con el fin de garantizar la eficacia de su política de lucha contra el dumping. Desde esta perspectiva, corresponderá al Tribunal de Justicia determinar si esos acuerdos celebrados entre operadores privados pueden influir en el desempeño de los cometidos que el Derecho de la Unión encomienda a la Comisión al ejecutar el Reglamento de base.

4.

Mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986‑1994), ( 6 ) el Consejo de la Unión Europea aprobó el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994, al igual que los acuerdos que figuran en los anexos 1 a 3 de dicho Acuerdo, entre los que se encuentra el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT) (en lo sucesivo «Acuerdo Antidumping»). ( 7 )

5.

El artículo 2 del Acuerdo Antidumping, titulado «Determinación de la existencia de dumping», establece:

«[…]

2.4   Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal. Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel “ex fábrica”, y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible. Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios. […] En los casos previstos en el párrafo 3, se deberán tener en cuenta también los gastos, con inclusión de los derechos e impuestos, en que se incurra entre la importación y la reventa, así como los beneficios correspondientes. Cuando, en esos casos, haya resultado afectada la comparabilidad de los precios, las autoridades establecerán el valor normal en un nivel comercial equivalente al correspondiente al precio de exportación reconstruido o tendrán debidamente en cuenta los elementos que el presente párrafo permite tomar en consideración. Las autoridades indicarán a las partes afectadas qué información se necesita para garantizar una comparación equitativa y no les impondrán una carga probatoria que no sea razonable.

2.4.1   Cuando la comparación con arreglo al párrafo 4 exija una conversión de monedas, esta deberá efectuarse utilizando el tipo de cambio de la fecha de venta […], con la salvedad de que cuando una venta de divisas en los mercados a término esté directamente relacionada con la venta de exportación de que se trate, se utilizará el tipo de cambio de la venta a término. No se tendrán en cuenta las fluctuaciones de los tipos de cambio y, en una investigación, las autoridades concederán a los exportadores un plazo de 60 días, como mínimo, para que ajusten sus precios de exportación de manera que reflejen movimientos sostenidos de los tipos de cambio durante el período objeto de investigación.

2.4.2   A reserva de las disposiciones del párrafo 4 que rigen la comparación equitativa, la existencia de márgenes de dumping durante la etapa de investigación se establecerá normalmente sobre la base de una comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de exportación comparables o mediante una comparación entre el valor normal y los precios de exportación transacción por transacción. […]»

6.

El artículo 1 del Reglamento de base dispone:

«1.   Podrá imponerse un derecho antidumping a todo producto objeto de dumping, cuyo despacho a libre práctica en la Unión cause un perjuicio.

2.   Se considerará que un producto es objeto de dumping cuando su precio de exportación a la Unión sea inferior, en el curso de operaciones comerciales normales, al precio comparable establecido para un producto similar en el país de exportación.

[…]»

7.

El artículo 2 de dicho Reglamento, titulado «Determinación de la existencia del dumping», establece lo siguiente:

«[…]

C. COMPARACIÓN

10.   Se realizará una comparación ecuánime entre el precio de exportación y el valor normal en la misma fase comercial, sobre la base de ventas realizadas en fechas lo más próximas posible entre sí y teniendo debidamente en cuenta cualquier otra diferencia que afecte a la comparabilidad de los precios. Cuando el valor normal y el precio de exportación establecidos no puedan ser directamente comparados, se harán ajustes en función de las circunstancias particulares de cada caso, para tener en cuenta diferencias en factores, que se alegue y demuestre que influyan en los precios y por lo tanto en la comparabilidad de estos. Se evitarán duplicidades al realizar los ajustes, en particular por lo que se refiera a los descuentos, reducciones, cantidades y fase comercial. Cuando se cumplan estas condiciones podrán aplicarse ajustes en concepto de:

[…]

j) Cambio de divisas

Cuando la comparación de los precios requiera un cambio de divisas, este deberá efectuarse al tipo de cambio de la fecha de venta, salvo cuando la venta de divisas extranjeras en los mercados a término esté directamente relacionada con la venta de exportación en cuestión, en cuyo caso se utilizará el tipo de cambio de la venta a término. Como norma general, la fecha de venta será la fecha de facturación, pero podrá utilizarse la fecha del contrato, de la orden de compra o de confirmación de la orden, si estas fueran más apropiadas para determinar las condiciones reales de venta. Las fluctuaciones del tipo de cambio no se tendrán en cuenta y se concederá a los exportadores un plazo de 60 días para repercutir una tendencia confirmada de los tipos de cambio durante el período de investigación.

[…]»

8.

Los considerandos 96 a 101 del Reglamento controvertido enuncian lo que sigue:

9.

Los antecedentes del litigio expuestos en los apartados 2 a 10 de la sentencia recurrida en el asunto C‑498/24 P pueden resumirse del siguiente modo.

10.

Çolakoğlu Metalurji AŞ (en lo sucesivo, «CM») es un productor exportador turco de productos planos laminados en caliente y Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ (en lo sucesivo, «ÇOTAŞ») es una sociedad mercantil y de exportación turca vinculada al primero.

11.

El 14 de mayo de 2020, la Comisión inició una investigación antidumping relativa a las importaciones en la Unión Europea de determinados productos planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados (en lo sucesivo, «producto considerado»), originarios de Turquía.

12.

La investigación versó sobre el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 (en lo sucesivo, «período de investigación»). El examen de las tendencias útiles para evaluar el perjuicio versó sobre el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el final del período de investigación.

13.

El 6 de enero de 2021, la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/9, por el que se impone un derecho antidumping provisional relativo a las importaciones de determinados productos planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados, originarios de Turquía (en lo sucesivo, «Reglamento Provisional»), ( 8 ) que somete las exportaciones de las recurrentes a la Unión del producto considerado a un derecho antidumping provisional del 7,6 %.

14.

El 5 de julio de 2021, la Comisión adoptó el Reglamento controvertido, por el que se impone un derecho antidumping del 7,3 % a las importaciones en la Unión del producto considerado fabricado por las recurrentes.

15.

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 29 de septiembre de 2021, CM y ÇOTAŞ formularon un recurso por el que solicitaban la anulación del Reglamento controvertido.

16.

En apoyo de su recurso, las recurrentes formularon cuatro motivos. El primer motivo se basaba en la infracción del artículo 2, apartado 10, letra i), del Reglamento de base. El segundo motivo se basaba en la infracción del artículo 2, apartado 10, letra b), del Reglamento de base, al exigírseles el pago de derechos de importación para efectuar un ajuste. El tercer motivo se basaba en un error manifiesto de apreciación por la negativa a realizar el cálculo trimestral del margen de dumping y la subsecuente infracción del artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base. El cuarto motivo se basaba en la infracción del artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base, por la negativa a realizar el ajuste en concepto de pérdidas y ganancias de cobertura.

17.

Mediante la sentencia recurrida en el asunto C‑498/24 P, el Tribunal General desestimó esos cuatro motivos y, por ende, el recurso en su conjunto.

18.

Los antecedentes del litigio expuestos en los apartados 2 a 10 de la sentencia recurrida en el asunto C‑499/24 P pueden resumirse del siguiente modo.

19.

Las recurrentes son sociedades de Derecho turco. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ y İskenderun Demir ve Çelik AŞ operan en la producción y venta de productos planos laminados en caliente. Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ es un comerciante vinculado a dichas sociedades.

20.

El 14 de mayo de 2020, la Comisión inició una investigación antidumping relativa a las importaciones en la Unión Europea de determinados productos planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados, originarios de Turquía (en lo sucesivo, «investigación»).

21.

La investigación versó sobre el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. El examen de las tendencias útiles para evaluar el perjuicio versó sobre el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el final del período de investigación. Las recurrentes presentaron observaciones escritas durante la investigación.

22.

El 6 de enero de 2021, la Comisión adoptó el Reglamento Provisional, que somete las exportaciones de las recurrentes a la Unión del producto considerado a un derecho antidumping provisional del 5,4 %.

23.

El 5 de julio de 2021, la Comisión adoptó el Reglamento controvertido, por el que se impone un derecho antidumping del 5 % a las importaciones en la Unión del producto considerado fabricado por las recurrentes.

24.

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 29 de septiembre de 2021, las recurrentes formularon un recurso por el que solicitaban la anulación del Reglamento controvertido.

25.

En apoyo de su recurso de anulación, las recurrentes formularon cuatro motivos. El primer motivo se basaba en la infracción de las tres primeras frases y de la quinta frase del artículo 2, apartado 10, y del artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base, así como en la infracción del artículo 2, apartado 5, de dicho Reglamento de base. El segundo motivo se basaba en que la negativa de la Comisión a un ajuste en concepto de cobertura de pérdidas y ganancias infringía el artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base, el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping y el principio de buena administración. Mediante su tercer motivo, las recurrentes alegaron que se habían infringido el artículo 2, apartados 5 y 6, del Reglamento de base y las tres primeras frases del artículo 2, apartado 10, de dicho Reglamento de base. Por último, el cuarto motivo se basaba en la infracción del artículo 2, apartado 6, del Reglamento de base y del artículo 2.2.2 del Acuerdo Antidumping.

26.

Mediante la sentencia recurrida en el asunto C‑499/24 P, el Tribunal General desestimó esos cuatro motivos y, por ende, el recurso en su conjunto.

27.

El día 17 de julio de 2024, se presentaron en la Secretaría del Tribunal de Justicia los recursos de casación en los asuntos C‑498/24 P y C‑499/24 P, quedando registrados ese mismo día.

28.

Mediante sus respectivos recursos de casación, las recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:

29.

La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:

30.

Con arreglo al artículo 76, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidió no celebrar vista oral.

31.

La OMC garantiza el cumplimiento de un sistema comercial multilateral basado en normas vinculantes. Como organización regional con personalidad jurídica, la Unión Europea goza de un estatuto especial dentro de la OMC, en la que ostenta la condición de miembro de pleno derecho junto a sus Estados miembros. ( 9 ) Habida cuenta de la competencia exclusiva que le atribuye el artículo 3 TFUE, apartado 1, letra e), en materia de política comercial común, la Unión ha asumido los compromisos internacionales de sus Estados miembros, en particular los derivados de los acuerdos de la OMC. El Acuerdo Antidumping, parte integrante de este corpus, regula tanto los requisitos materiales como las normas procedimentales en relación con la adopción, a la ejecución y al mantenimiento de las medidas antidumping. Con el incumplimiento de estas prescripciones, las medidas adoptadas corren el riesgo de ser impugnadas en el marco del mecanismo de solución de diferencias de la OMC. ( 10 )

32.

Con objeto de transponer sus compromisos internacionales en el ordenamiento jurídico de la Unión, el legislador europeo adoptó, sobre la base del artículo 207 TFUE, apartado 2, el Reglamento de base en materia de defensa comercial. Este texto define los requisitos conforme a los cuales la Comisión está facultada para intervenir contra las prácticas comerciales desleales procedentes de exportadores establecidos en terceros países, cuando estas causan un perjuicio a la industria europea. En este contexto, la Comisión ejerce funciones de autoridad de investigación y de decisión, como resulta de los artículos 6 y 9, apartado 4, del Reglamento de base. No obstante, con arreglo al principio fundamental del Estado de Derecho, cualquier resolución que produzca efectos jurídicos será sometida a un control judicial efectivo. Por este motivo, los actos de la Comisión en materia antidumping pueden ser objeto de un recurso de anulación ante el Tribunal General, con la posibilidad de un control por parte del Tribunal de Justicia en caso de interposición de un recurso de casación. El presente asunto ilustra el ejercicio de este control de legalidad, que pretende garantizar la conformidad de los actos de la Comisión con las normas de la Unión y con las obligaciones internacionales que dimanan del Acuerdo Antidumping. ( 11 )

33.

El cuarto motivo de casación formulado en el asunto C‑498/24 P y el sexto motivo de casación formulado en el asunto C‑499/24 P son idénticos en cuanto van dirigidos a cuestionar, en lo esencial, la interpretación de una disposición, a saber, el artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base, así como su aplicación por parte de la Comisión al determinar el margen de dumping. En este contexto, se imputa al Tribunal General haber asumido la posición jurídica de la Comisión en lo relativo a la interpretación de esta disposición y, al mismo tiempo, no haber tomado en consideración la importancia de los contratos de cobertura en el marco de las operaciones comerciales internacionales.

34.

Dado que las alegaciones de las recurrentes en casación solo aluden a algunos aspectos aislados de la normativa de que se trata, sin que pueda discernirse claramente qué intenciones se encuentran detrás de esas alegaciones, comenzaré, con afán de claridad, con una presentación de esta normativa que permita comprender mejor qué es lo que está en juego en los presentes asuntos. Con este fin, explicaré, en particular, cómo se efectúa el cálculo del margen de dumping en la práctica ( 12 ) y cómo proceder en el marco de operaciones en las que están implicadas diferentes divisas. ( 13 ) Por otra parte, explicaré la función de los contratos de cobertura invocados por las recurrentes y la cuestión de si la Comisión está obligada a tener en cuenta, en sus cálculos, estos acuerdos celebrados entre sujetos de Derecho privado. ( 14 ) Las presentes explicaciones preliminares permitirán apreciar mejor si las alegaciones de las partes están correctamente fundamentadas. El motivo de casación común se examinará en profundidad en la última parte de las conclusiones. ( 15 )

35.

Conforme al artículo 1, apartado 2, del Reglamento de base, se considerará que un producto es objeto de dumping cuando su precio de exportación a la Unión sea inferior, en el curso de operaciones comerciales normales, al precio comparable establecido para un producto similar en el país de exportación. Por lo tanto, el dumping se determina comparando dos valores: un primer valor, que corresponde al precio del producto en el mercado interior del país tercero de que se trate, se denomina «valor normal»; el segundo valor es el «precio de exportación» del producto considerado a la Unión Europea. El resultado obtenido constituye el «margen de dumping», definido en el artículo 2, apartado 12, del Reglamento de base como «el importe en que el valor normal supere al precio de exportación».

36.

Como ha señalado el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia, ( 16 ) la determinación del valor normal de un producto constituye una de las etapas esenciales que permite acreditar la existencia de un eventual dumping. El artículo 2, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento de base prevé, a este respecto, que el valor normal se basará en principio en los precios efectivamente pagados o por pagar, en el marco de operaciones comerciales normales, por clientes independientes en el país de exportación. En cuanto del precio de exportación, resulta del artículo 2, apartado 8, del Reglamento de base que corresponde al precio realmente pagado o por pagar por el producto cuando sea exportado por el país de exportación a la Unión. Se trata aquí del precio del producto en la frontera de la Unión, es decir, antes de su entrada en el mercado de la Unión, y no del precio pagado en su comercialización en la Unión.

37.

Una vez establecidos ambos valores, debe procederse a su comparación, que ha de realizarse de manera «ecuánime» y «en la misma fase comercial», con arreglo a los requisitos del artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base. Para llegar a esta comparación, se realizan unos ajustes. Si una parte solicita tales ajustes, debe demostrar que su solicitud está justificada. ( 17 ) En la práctica, la Comisión compara los precios —es decir, el valor normal y el precio de exportación— en el momento «salida de fábrica», deduciendo los costes que se producen en la venta el producto.

38.

Con arreglo al artículo 2, apartado 11, del Reglamento de base, el margen de dumping se determina, bien por medio de un método denominado «simétrico», que consiste en comparar el valor normal ponderado con la media ponderada de los precios del conjunto de las exportaciones a la Unión, bien por medio de un método denominado «asimétrico», que consiste en comparar el valor normal ponderado con los precios de cada transacción de exportación individual a la Unión. Cualquiera que sea el método elegido, debe permitirse que se refleje fielmente en toda su magnitud el dumping existente. El cálculo preciso del margen de dumping reviste una importancia particular en la práctica, dado que el derecho antidumping que se imponga eventualmente no deberá ser superior a dicho margen de dumping. ( 18 )

39.

El cálculo exacto del margen de dumping plantea con frecuencia dificultades de orden práctico. Se impone un especial rigor en razón, en particular, de la exigencia establecida en el artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base según la cual la comparación entre el precio de exportación y el valor normal tiene que ser «ecuánime». Dicha disposición del Derecho de la Unión no define qué abarca el concepto de «comparación ecuánime». Sin embargo, en la OMC, se ha interpretado que el concepto correspondiente establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, en el que se basa el artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base, implica que la comparación ha de ser «imparcial y objetiva». ( 19 ) Se entiende que la obligación de garantizar una «comparación ecuánime» abarca el conjunto de las disposiciones del artículo 2 del Acuerdo Antidumping. ( 20 )

40.

En aras de una interpretación conforme del Derecho de la OMC, ( 21 ) procede que esos mismos principios sean aplicables a las disposiciones enunciadas en el artículo 2 del Reglamento de base. Este enfoque está especialmente justificado por la elección explícita del legislador de la Unión de reproducir fielmente las disposiciones del Derecho de la OMC en materia de antidumping en el Derecho de la Unión. ( 22 )

41.

Una comparación pertinente entre el precio de exportación y el precio practicado para el consumo en el mercado interior del país exportador requiere, por lógica, que ambos valores se expresen en una misma divisa — requisito que, en la práctica, no se cumple sistemáticamente en el marco de los intercambios internacionales. ( 23 ) De ello resulta la necesidad de realizar una conversión monetaria de uno de los precios en la divisa de referencia del otro mercado, operación que supone, pese a su aparente neutralidad técnica, un cierto número de desafíos de orden metodológico y jurídico que procede exponer seguidamente.

42.

Las dificultades en el cálculo del margen de dumping surgen, concretamente, cuando se utilizan divisas diferentes, en la medida en que las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden falsear el valor real de las mercancías de que se trate y, como consecuencia de ello, alterar la medida del margen de dumping. ( 24 ) En efecto, el tipo de cambio entre las monedas aplicables puede variar en función de la fecha elegida a efectos de la determinación de los precios. A menos que la conversión se realice con un tipo de cambio apropiado, la comparación de los precios por parte de la autoridad de investigación puede llevar a una estimación errónea del margen de dumping, lo cual conculca el requisito de «comparación ecuánime». ( 25 ) En consecuencia, en estas circunstancias debe disponerse imperativamente de criterios uniformes que permitan a la autoridad competente suprimir, a la hora de realizar el cálculo, las distorsiones que resultan de las variaciones de los tipos de cambio.

43.

El artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base, que es objeto de los presentes procedimientos, contiene disposiciones específicas relativas al cambio de divisas a efectos de la comparación entre el precio de exportación y el valor normal. En general, los precios de exportación no se expresan en la moneda nacional del país exportador, sino más bien en alguna de las divisas más negociadas a escala internacional. Por lo tanto, la conversión monetaria es «necesaria» con arreglo a la primera frase de la referida disposición cuando el valor normal se expresa en la moneda local de los exportadores, que no es la que se utiliza para las ventas de exportación. En cambio, sería contrario a dicha disposición efectuar una conversión de monedas en un caso en que los precios que hubieran de compararse estuvieran expresados ya en la misma moneda. ( 26 ) En la práctica, para determinar si resulta necesaria la conversión de moneda, las autoridades de investigación deben comprobar si las ventas de realizan en la misma divisa.

44.

La primera frase del artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base establece que, por lo general, la conversión debe basarse en el «tipo de cambio de la fecha de venta». La segunda frase precisa que, «como norma general, la fecha de venta será la fecha de facturación, pero podrá utilizarse la fecha del contrato, de la orden de compra o de confirmación de la orden, si estas fueran más apropiadas para determinar las condiciones reales de venta». ( 27 ) En cualquier caso, es importante fijar una fecha que ofrezca las mejores garantías para identificar los requisitos esenciales de la venta. La Comisión o la parte afectada deberá aportar la prueba en cada caso. Los contratos-marco o las meras declaraciones de intención no suelen cumplir estos criterios. ( 28 ) Como excepción a esta norma general, habrá de utilizarse «el tipo de cambio de la venta a término» cuando una venta de divisas en los mercados de término esté directamente relacionada con la venta de exportación en cuestión. Más adelante, dentro de estas conclusiones, trataré con detalle esta última variante.

45.

Al establecer una norma relativa al momento apropiado para la determinación del tipo de cambio («la fecha de venta»), el Acuerdo Antidumping y el Reglamento de base parten naturalmente del principio de que la conversión solo puede efectuarse sobre la base de tipos de cambio. Se excluye así expresamente cualquier otro método de conversión. En particular los valores abstractos, al igual que la paridad de poder adquisitivo de los consumidores, calculados, entre otras, por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), no pueden considerarse referencias determinantes. De igual forma, el impacto concreto de las importaciones a precios de dumping en la industria de la Unión viene determinado según los tipos de cambio oficiales subyacentes a las operaciones comerciales internacionales.

46.

Ni el Acuerdo Antidumping ni el Reglamento de base precisan la fuente a partir de la cual deben obtenerse los tipos de cambio. En la práctica, se utilizan los tipos de cambio publicados por el Banco Central Europeo. Cuando este no facilita ningún tipo de cambio para determinada moneda, suelen aplicarse los tipos de cambio determinados por el Fondo Monetario Internacional. La Comisión utiliza los tipos de cambio medios mensuales, salvo cuando se produce una devaluación significativa, en cuyo caso puede basarse en los tipos de cambio diarios. Por lo tanto, poco importa si el fabricante exportador utiliza o no, a efectos internos, tipos diferentes en sus sistemas contables, pese a que, por razones prácticas, la Comisión se basa con frecuencia en la conversión que suele aplicar la empresa para recabar y comprobar los datos en el contexto de numerosos procedimientos de investigación. ( 29 )

47.

Más allá de las normas generales enunciadas en el artículo 2.4.1 del Acuerdo Antidumping, que vuelven a encontrarse en el ordenamiento jurídico de la Unión, en el artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base, las autoridades de investigación gozan de un poder discrecional en cuanto a otros aspectos del cambio de divisas. Por ejemplo, estas autoridades suelen proceder a la conversión de la moneda de las exportaciones a la divisa nacional del país exportador. No obstante, también pueden optar por convertir la moneda de las ventas locales a la divisa utilizada para las ventas de exportación. ( 30 ) Por norma general, el precio de exportación se convierte en la moneda nacional del país exportador con arreglo al tipo de cambio medio durante el período de investigación. ( 31 )

48.

Por último, procede señalar que el legislador de la Unión, apartándose de lo dispuesto en el Acuerdo Antidumping, integró las normas relativas a las conversiones de moneda en una normativa legal que confiere a los operadores económicos el derecho a solicitar que se corrijan valores vinculados a factores respecto de los cuales se ha acreditado su incidencia en los precios y, por consiguiente, en la comparabilidad de estos últimos. Este punto reviste especial importancia, al permitir a las empresas que participen activamente, ante la Comisión, en los ajustes y rectificaciones que se aportan al cálculo del margen de dumping.

49.

Con objeto de protegerse frente a los riesgos financieros vinculados a las fluctuaciones de los tipos de cambio o a la variación de los precios de las materias primas, los operadores económicos recurren frecuentemente a contratos de cobertura o incluyen en sus acuerdos cláusulas de conversión contractual. Los instrumentos de cobertura de cambio producen el efecto de cerrar un tipo de cambio aplicable a una operación futura. Tal mecanismo permite, por ejemplo, que, si el euro se deprecia después de que un exportador haya fijado sus precios en euros, la cobertura de cambio le garantice que pese a todo recibirá un importe previsible en su divisa nacional.

50.

Estos contratos de cobertura constituyen acuerdos celebrados entre sujetos de Derecho privado cuyo objeto es la gestión interna de los riesgos y no tienen, en principio, ningún efecto jurídico en el método de cálculo del margen de dumping aplicado por la autoridad investigadora. En particular, esos contratos no tienen ninguna incidencia en la política de la Comisión en materia de tipos de cambio. Tampoco pueden eximir de responsabilidad en materia de derechos antidumping. En este contexto, debe señalarse que, en el pasado, la Comisión ha rechazado sistemáticamente adoptar un tipo de cambio distinto del tipo de cambio al contado oficial, excluyendo así cualquier toma en consideración de los contratos a término o de las operaciones de cobertura. ( 32 )

51.

Las razones que justifican, en principio, la negativa a reconocer alcance jurídico alguno a tales acuerdos de cobertura son manifiestas y ya resultan de las consideraciones que se han expuesto anteriormente en relación con el cálculo del margen de dumping. Debe destacarse, en primer lugar, que el Reglamento de base no hace ninguna alusión a tales contratos en el marco de la norma general sentada en el artículo 2, apartado 10, letra j).

52.

En segundo lugar, ha de observarse que el único método elegido por la Comisión, basado en el uso de los tipos de cambio oficiales, es adecuado para garantizar el grado de neutralidad que exige la conversión del precio normal y del precio de exportación, en la medida en que sigue estando al abrigo de cualquier influencia por parte de terceros que puedan perseguir intereses financieros propios. ( 33 )

53.

Además, este método responde plenamente a las exigencias de transparencia de la actuación administrativa, al permitir a las partes afectadas —empresas y terceros Estado— comprender las formas con arreglo a las cuales la Comisión ejerce sus competencias, y comprobar su conformidad con las normas del sistema comercial multilateral.

54.

Por otra parte, debido a su constancia, y al hecho de que la Comisión motiva regularmente, en sus decisiones —en este caso, en el considerando 98 del Reglamento controvertido—, ( 34 ) el mantenimiento de esta práctica, esta permite a los órganos jurisdiccionales de la Unión ejercer un control judicial efectivo.

55.

En cambio, si la Comisión tuviera que erigir únicamente los acuerdos celebrados entre sujetos de Derecho privado en criterio determinante para la operación de conversión monetaria en el marco del cálculo del margen de dumping, existiría un serio riesgo de que su práctica administrativa evolucionara hacia un enfoque casuístico, marcado por una imprevisibilidad incompatible con las exigencias de seguridad jurídica.

56.

Esta evolución menoscabaría la estabilidad de las relaciones comerciales de la Unión con terceros países. También podría comprometer la credibilidad institucional de la Comisión, dando a entender erróneamente que el método de conversión aplicable podría verse sometido a la arbitrariedad o a la influencia de intereses privados.

57.

Del mismo modo, no cabe excluir que terceros Estados se vean incitados, mediante la fijación contractual de tipos de cambio abstractos o autónomos por parte de operadores privados, a querer influir indebidamente en la práctica administrativa de la Comisión, ( 35 ) lo cual podría comprometer la soberanía de la Unión en materia de política comercial común. Para prevenir tales riesgos, es preciso conservar la práctica habitual de la Comisión, expresamente validada, por otra parte, por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. ( 36 )

58.

Sin perjuicio de lo que antecede, los contratos de cobertura deben, sin embargo, tenerse en cuenta en cuanto excepción prevista en el artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base, relativo a las operaciones a término. Como se desprende de esta disposición, «el tipo de cambio de la venta a término» se utiliza, a condición de que la venta de divisas en operaciones a término esté directamente relacionada con la operación de exportación. En otros términos, el contrato de cobertura debe presentar una relación directa con el precio efectivamente facturado en la venta de exportación que es objeto de la investigación.

59.

Debe recordarse, en aras de la precisión terminológica, que una «cobertura» consiste en un instrumento financiero destinado a reducir o a neutralizar el riesgo financiero a que está expuesta una empresa. A este respecto, debe indicarse que el contrato a término de venta de divisas opera como un compromiso en firme, asumido en la fecha de su celebración, de ceder un importe determinado de divisas a un tipo de cambio establecido de antemano y ello en una fecha de vencimiento acordada, lo cual garantiza el resultado de la operación de cambio con independencia de las posteriores fluctuaciones del mercado.

60.

Además, el instrumento de cobertura no debe ser de carácter general o especulativo, sino que debe estar vinculado a operaciones o ventas específicas que se produzcan durante el período de investigación. Corresponde al exportador probar de manera activa y documentada que el contrato de cobertura influye en el precio de exportación de forma que resulte justificado realizar un ajuste. Si no se cumplen estos requisitos, se aplica la norma general y se toma como base el tipo de cambio oficial en vigor en la fecha de la venta.

61.

Estas consideraciones han de servir de guía en la continuación del análisis, al examinar el cuarto motivo de casación invocado en el asunto C‑498/24 P y el sexto motivo de casación formulado en el asunto C‑499/24 P. Al basarse tales motivos, en lo esencial, en alegaciones idénticas, deben examinarse conjuntamente en el presente análisis. No obstante, procede recordar, en un primer momento, las motivaciones de las sentencias recurridas, así como las alegaciones formuladas por las partes frente a aquellas en el marco de los presentes recursos de casación.

62.

Como se ha señalado anteriormente, ( 37 ) en las sentencias recurridas, el Tribunal General desestimó los recursos de anulación interpuestos por las recurrentes, basados, entre otros fundamentos, en la infracción del artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base. ( 38 )

63.

El Tribunal General recordó, en particular, que los contratos de cobertura invocados por las recurrentes en apoyo de su solicitud de ajuste, basada en la disposición antes mencionada, tenían por objeto las ventas de exportación expresadas en euros y que el riesgo de conversión estaba cubierto en todos esos contratos frente al dólar estadounidense. No obstante, dado que la Comisión debía garantizar una comparación ecuánime entre el valor normal expresado en liras turcas y el precio de exportación, convirtió directamente a liras turcas todas las transacciones de exportación expresadas en euros, pues no era necesario realizar una conversión intermedia en dólares estadounidenses para garantizar la comparación ecuánime. ( 39 )

64.

El Tribunal General señaló igualmente que el tipo de cambio del euro a dólares estadounidenses previsto en los contratos de cobertura invocados por las recurrentes para solicitar un ajuste en virtud del artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base estaba indicado para la cobertura en dólares estadounidenses, pero que no tenía nada que ver con el cambio que la Comisión debía efectuar para garantizar una comparación ecuánime entre el valor normal y el precio de exportación. ( 40 ) Por consiguiente, los contratos de cobertura mencionados por las recurrentes no eran relevantes a efectos de esta conversión, como se señala en el considerando 98 del Reglamento controvertido.

65.

Por lo tanto, la alegación expresada por las recurrentes en primera instancia, de que la Comisión debía utilizar el tipo de cambio previsto en los contratos de cobertura fue desestimada por infundada. ( 41 ) Por consiguiente, habida cuenta de la falta de pertinencia de los contratos de cobertura invocados por las recurrentes en apoyo de su solicitud de ajuste, basada en el artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base, el Tribunal General desestimó asimismo las demás alegaciones de las recurrentes relativas a la supuesta violación del principio de buena administración, invocada en razón de una supuesta infracción del artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base. ( 42 )

66.

Las recurrentes afirman que, dado que el artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base hace hincapié en la fecha de venta, más que en la moneda o el tipo de cambio, como ha declarado el Tribunal General en las sentencias recurridas, ( 43 ) este debería ser el elemento pertinente que la Comisión debe considerar, puesto que los tipos de cambio están mutuamente «interconectados». Según las recurrentes, esto significa que la moneda pertinente para el precio de exportación debería convertirse utilizando una conversión a dólares estadounidenses. Consideran que este enfoque se ve confirmado en una de las sentencias recurridas. ( 44 )

67.

Las recurrentes añaden que si hubiera que atenerse a la interpretación del Tribunal General según la cual las operaciones de cobertura solo pueden tenerse en cuenta cuando la operación atañe a la divisa de la factura y a la divisa de cambio utilizada por la Comisión, sería muy fácil eludir la obligación establecida en la primera frase del artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base. Cuestionan asimismo las conclusiones adicionales del Tribunal General en las sentencias recurridas. ( 45 )

68.

La Comisión observa que las recurrentes no rebaten el argumento desarrollado en las sentencias recurridas relativo a la diferencia conceptual entre el tipo de cambio del euro a dólares estadounidenses que figura en los contratos de cobertura y el aplicado por la Comisión para comparar el valor normal y el precio de exportación. ( 46 ) No cuestionan el razonamiento que explica que los contratos iban dirigidos a cubrir un riesgo de conversión en dólares estadounidenses, lo cual hace que no sea pertinente su referencia al dólar estadounidense a efectos de la conversión realizada por la Comisión. Por consiguiente, la Comisión considera que el motivo de casación es inoperante.

69.

La Comisión recuerda que, según el artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base, dispone de una amplia facultad de apreciación para realizar cambios de divisas con el fin de comparar valores económicos complejos. Las recurrentes tenían que probar que el cambio a la divisa del país de exportación constituía un error manifiesto, cosa que no hicieron, limitándose a invocar el incumplimiento de los términos de ese Reglamento. Las sentencias recurridas confirman que sus alegaciones no eran suficientes para poner en entredicho el método de conversión utilizado.

70.

La Comisión recuerda que la comparación requiere un cambio de las divisas para garantizar la ecuanimidad entre valor normal y precio de exportación. La práctica de comparar en la moneda del país de exportación —en este caso, la lira turca— es habitual. La referencia a los dólares estadounidenses en los contratos de cobertura iba destinada únicamente a cubrir el riesgo de conversión, sin que fuera, por tanto, relevante para garantizar la comparación ecuánime, máxime cuando el precio de exportación iba expresado en euros. Las alegaciones de las recurrentes acerca de la «fecha de venta» y la «interconexión de los tipos de cambio» no alteran este análisis, y la jurisprudencia citada confirma, en realidad, el método de conversión adoptado por la Comisión.

71.

Con carácter preliminar, procede recordar que de los artículos 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, y 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se desprende que el recurso de casación está limitado a las cuestiones de Derecho. Por lo tanto, el Tribunal General es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes y los medios de prueba que se le presentan. En consecuencia, la apreciación de tales hechos y medios de prueba, salvo en el supuesto de alteración sustancial de estos, no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación. ( 47 )

72.

Además, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, en la medida en que el recurrente impugna la interpretación o la aplicación del Derecho de la Unión efectuada por el Tribunal General, las cuestiones de Derecho examinadas en primera instancia pueden volver a discutirse en el marco del procedimiento de casación. En efecto, si un recurrente no pudiera basar su recurso de casación en motivos y alegaciones ya invocados ante el Tribunal General, se privaría a dicho procedimiento de una parte de su sentido. ( 48 )

73.

Es necesario realizar estas observaciones generales en la medida en que las recurrentes imputan tanto a la Comisión como al Tribunal General haber incurrido, en lo esencial, en los mismos errores de interpretación y de aplicación del artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base. Según ellas, los errores de Derecho residen, por un lado, en la negativa de la Comisión a acceder a las solicitudes de rectificación formuladas por las recurrentes con arreglo a dicha disposición, y, por otro lado, en el hecho de que el Tribunal General ha avalado esta posición. Más específicamente, las recurrentes imputan a la Comisión y al Tribunal General no haber reconocido ningún alcance jurídico a los contratos de cobertura que ellas habían firmado a los efectos del cambio de divisas. Según las recurrentes, este cambio debería haberse realizado a través del dólar estadounidense, y no directamente del euro a la lira turca.

74.

Antes que nada, ha de señalarse que ninguna de las partes en el procedimiento pone en duda la aplicabilidad del artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base a los hechos de los presentes asuntos. Las operaciones de que se trata tenían que ver con el intercambio de mercancías facturadas en diferentes divisas —a saber, en euros y en dólares estadounidenses— fabricadas en Turquía y destinadas a su exportación a la Unión Europea. En este contexto, la Comisión estaba obligada a efectuar una conversión de divisas con arreglo a dicha disposición al realizar la comparación de los precios. La controversia entre la Comisión y las recurrentes, objeto de los procedimientos en primera instancia, se limita exclusivamente a la cuestión de las variantes de dicha conversión.

75.

Si las recurrentes quieren sostener que la fecha de venta constituye el criterio determinante para la fijación del tipo de cambio aplicable, no es posible cuestionar tal afirmación. A la vista de las fluctuaciones inherentes a los mercados de cambio, es necesario identificar un momento preciso como punto de referencia para la conversión. Al optar por la fecha de venta, se ha tomado una decisión jurídicamente vinculante en el seno del sistema multilateral del comercio internacional, pudiendo utilizarse diversos elementos objetivos en orden a la determinación de tal fecha, a saber, la fecha de facturación, la fecha del contrato, la de la orden de compra o la de la confirmación de la orden. En mis observaciones preliminares he llamado la atención sobre este aspecto. ( 49 ) Dicho esto, no hay nada en las sentencias recurridas que permita considerar que el Tribunal General haya adoptado una posición contraria. En consecuencia, no puede considerarse que se haya cometido un error de Derecho.

76.

En cambio, si las recurrentes sostienen que, a falta de normas precisas de Derecho de la Unión sobre la divisa aplicable a la conversión, correspondería exclusivamente a los socios comerciales determinar esa divisa en sus contratos de cobertura, tal interpretación debe rechazarse. Dicha interpretación pasa por alto el hecho de que, por un lado, las mercancías de que se trata han sido exportadas a la Unión Europea, de modo que el euro constituye la divisa de referencia aplicable, y, por otro lado, que el artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base confiere a la Comisión una facultad de apreciación en defecto de una disposición en contrario. Consta que la Comisión basa sus cálculos en el tipo de cambio de la divisa del país de exportación, en este caso, la lira turca. ( 50 ) Esta opción de cambio monetario hacia la divisa del país en cuestión no es ni aleatoria, ni arbitraria. La Comisión no ha llevado a cabo una conversión monetaria sin ninguna relación con las operaciones de exportación de que se trata ni tampoco las recurrentes han sugerido lo contrario, por otra parte. ( 51 )

77.

En los presentes asuntos, los contratos de cobertura celebrados por las recurrentes tenían por único objetivo neutralizar los potenciales riesgos de cambio relacionados con la conversión entre el euro y el dólar estadounidense. No obstante, la Comisión realizó un cambio directo del euro a la lira turca, sin pasar por una conversión intermedia al dólar estadounidense. En consecuencia, el Tribunal General consideró con razón que no existía ni una base jurídica ni un elemento fáctico que justificara que se tuvieran en cuenta divisas distintas del euro y de la lira turca, ni que se recurriera a una conversión intermedia al dólar estadounidense. Al estar todos los precios a la exportación sujetos a conversión expresados en euros, ( 52 ) como resulta del considerando 98 del Reglamento controvertido, sin ninguna referencia aparente al dólar estadounidense, y habida cuenta del destino de las mercancías, el artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base no exigía una conversión intermedia al dólar estadounidense.

78.

Esta conclusión no se ve invalidada por la alegación de las recurrentes de que la Comisión realizó una conversión intermedia en euros en vez de convertir directamente los dólares estadounidenses en liras turcas. Como recuerda el Tribunal General en los apartados 20 a 24 de la sentencia recurrida en el asunto C‑499/24 P, las recurrentes habían facturado determinadas ventas interiores y declarado sus costes de fabricación en dólares estadounidenses. En este contexto, la Comisión optó por realizar una conversión a través del euro con objeto de garantizar una comparación ecuánime. Si bien dicho método puede parecer discutible —puesto que cabe dudar de la necesidad o del valor añadido de tal conversión intermedia a la vista de la «interconexión» de los tipos de cambio—, ( 53 ) tal divergencia tampoco incide en el análisis. En efecto, no hay ninguna obligación legal que imponga tener en cuenta transacciones en divisas extranjeras en los mercados a término en una divisa distinta de la elegida por la Comisión para la comparación.

79.

Los contratos de cobertura celebrados por las recurrentes no eran relevantes para el cambio de divisas controvertido. En consecuencia, no existía ninguna razón objetiva para tenerlos en cuenta en el cálculo. Por lo tanto, el Tribunal General concluyó fundadamente, en las sentencias recurridas, que la conversión prevista en los contratos de cobertura entre el euro y el dólar estadounidense no tenía incidencia en la conversión realizada por la Comisión y podía no tenerse en cuenta.

80.

Desde el punto de vista del Tribunal General, esta apreciación bastaba para desestimar el motivo esgrimido por las recurrentes. En mi opinión, ello no constituye un error de Derecho. Como señaló acertadamente el Tribunal General, la Comisión no estaba obligada a tener en cuenta el tipo de cambio establecido en los contratos de cobertura, sino que podía —como precisa expresamente el considerando 98 del Reglamento controvertido— seguir la práctica administrativa establecida y utilizar, a efectos de la comparación entre el valor normal y el precio de exportación, la divisa del país de exportación, a saber, la lira turca.

81.

Aunque la motivación de las sentencias recurridas ya es lo suficientemente precisa y detallada para desestimar el motivo común a los recursos de casación, deseo efectuar algunas observaciones adicionales para explicar mejor el contexto jurídico y facilitar al Tribunal de Justicia una mejor comprensión de las cuestiones centrales de los asuntos de que se trata.

82.

En primer término, no resulta de los autos que una conversión a dólares estadounidenses hubiera modificado de forma sustancial el resultado del cálculo, máxime cuando las recurrentes no han acreditado ningún perjuicio. Se han limitado —como precisa el considerando 99 del Reglamento controvertido— a afirmar que la conversión afectaba a la comparabilidad de los precios y aportaron un ejemplo teórico en apoyo de la utilización del tipo de cambio previsto en los contratos de cobertura. Como señala el considerando 100 del Reglamento controvertido, este ejemplo teórico no constituye una prueba, puesto que no refleja ni las operaciones reales de las recurrentes ni el cálculo del margen de dumping. Al no haber expuesto las recurrentes ningún argumento convincente para impugnar dicha conclusión, procede seguir el análisis de la Comisión.

83.

Además, el argumento de las recurrentes relativo a la «interconexión» de las divisas no prueba en ningún caso un efecto desfavorable de la conversión en liras turcas; al contrario, más bien refuta esta hipótesis. Si existiera tal interconexión habría de concluirse que de la conversión no resulta ninguna desventaja. En consecuencia, la Comisión tenía razón al sostener que las recurrentes no habían demostrado un error manifiesto en el ejercicio de su facultad de apreciación que hubiera conducido a una injusta comparación entre el valor normal y el precio de exportación.

84.

En segundo término, al declarar que la Comisión no estaba obligada a tener en cuenta los contratos de cobertura, el Tribunal General expresó, en definitiva, que la Comisión no estaba obligada a apartarse de la práctica administrativa que estaba establecida para determinar el margen de dumping. Procede confirmar esta apreciación jurídica. Como se ha expuesto en las presentes conclusiones, el mantenimiento de esta práctica administrativa se justifica en el ámbito de las relaciones comerciales internacionales, al garantizar la neutralidad, la objetividad, la estabilidad, la independencia y la transparencia de la actuación administrativa. ( 54 )

85.

Estos objetivos de interés general prevalecen sobre los intereses privados de los operadores económicos. Los contratos de cobertura son acuerdos de Derecho privado que solo se refieren a la gestión interna del riesgo y no pueden, en principio, afectar jurídicamente al método utilizado por la autoridad de investigación para calcular el margen de dumping. En consecuencia, la Comisión no estaba obligada a adaptar sus cálculos a las divisas o a los tipos de cambio elegidos por las partes.

86.

Procede recordar que las instituciones de la Unión disponen, según reiterada jurisprudencia, de un amplio margen de apreciación en el marco de la política comercial común, en particular en materia de medidas de protección comercial, habida cuenta de la complejidad técnica y económica de los análisis subyacentes. ( 55 ) Tener en cuenta monedas o tipos de cambio elegidos únicamente para proteger intereses económicos privados comprometería este margen de apreciación.

87.

En tercer término, solo deberían haberse tomado en consideración los contratos de cobertura si las operaciones cumplieran las condiciones del artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base, que establece una excepción para las operaciones a término directamente relacionadas a la exportación. Debe recordarse que esas excepciones deben interpretarse en sentido estricto. ( 56 ) En el presente caso, la Comisión expresó sus dudas sobre si se daban estas condiciones. A falta de pruebas convincentes, debía considerarse que no se cumplían.

88.

A este respecto, la Comisión ha señalado que las ventas en dólares estadounidenses en mercados extranjeros no estaban «directamente relacionadas» con las ventas de exportación, como exige el artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base. El considerando 101 del Reglamento controvertido precisa asimismo que determinadas operaciones de cobertura podían ajustarse después de la venta para tener en cuenta el resultado financiero y optimizar la rentabilidad de las empresas, extremo que las recurrentes cuestionaron en primera instancia ante el Tribunal General. No obstante, este no examinó dichos argumentos por considerar que los motivos expresados por la Comisión en el considerando 98 del Reglamento controvertido bastaban para fundamentar la desestimación de la solicitud de ajuste al amparo del artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base. Ahora bien, si el Tribunal de Justicia considerara que esta motivación no era suficiente para descartar el motivo basado en la infracción de la citada disposición y decidiera devolver el asunto al Tribunal General, correspondería en tal caso a este último examinar el carácter eventualmente especulativo de dichas operaciones.

89.

Para concluir, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, el control ejercido por los órganos jurisdiccionales de la Unión sobre las apreciaciones de índole económica efectuadas por la Comisión, incluso en el ámbito del Derecho antidumping, se limita a verificar el cumplimiento de las normas de procedimiento, la exactitud material de los hechos considerados, la falta de error manifiesto en la apreciación, así como la inexistencia de desviación de poder. ( 57 ) Pues bien, no me parece que el razonamiento seguido por el Tribunal General pueda considerarse, ni siquiera bajo la lupa de un control judicial especialmente exigente, viciado de un error de Derecho.

90.

Con arreglo a los argumentos expuestos en mi análisis, procede, en mi opinión, desestimar por infundados el cuarto motivo de casación invocado en el asunto C‑498/24 P y el sexto motivo de casación formulado en el asunto C‑499/24 P.

91.

A la luz de todas las anteriores consideraciones, propongo al Tribunal de Justicia que desestime el cuarto motivo de casación invocado en el asunto C‑498/24 P (Çolakoğlu Metalurji y Çolakoğlu Dış Ticaret/Comisión) y el sexto motivo de casación formulado en el asunto C‑499/24 P (Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları y otros/Comisión).