1.

Mediante este recurso de casación, un (ex) ( 2 ) funcionario de la Secretaría General del Consejo solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 10 de abril de 2024, AL/Comisión. ( 3 )

2.

La sentencia recurrida confirma una decisión de la Comisión Europea ( 4 ) que ordenó la recuperación de ciertos pagos efectuados en favor del recurrente, en concepto de complementos familiares.

3.

El Tribunal de Justicia cuenta con una jurisprudencia consolidada en cuya virtud la legalidad de un acto lesivo, impugnado en un recurso de anulación, debe, en principio, apreciarse a la luz de los elementos de hecho y de derecho existentes en el momento de su adopción.

4.

Se trata ahora de determinar si el Tribunal General incurrió en una desnaturalización de los hechos por no tener en cuenta los efectos retroactivos de una sentencia nacional firme, debidamente incorporada a los autos y dictada con posterioridad a la adopción del acto lesivo, pero antes de que terminase la fase escrita del recurso de anulación.

5.

Con arreglo al artículo 85:

«Las cantidades percibidas en exceso darán lugar a su devolución si el beneficiario hubiere tenido conocimiento de la irregularidad del pago o si ésta fuere tan evidente que no hubiere podido dejar de advertirla.

La devolución deberá solicitarse, a más tardar, al término de un plazo de cinco años a contar desde la fecha en que se haya abonado la cantidad. Este plazo no será oponible a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos cuando ésta pueda demostrar que el interesado ha inducido deliberadamente a error a la Administración con vistas a obtener el pago de la cantidad considerada».

6.

Los antecedentes del litigio se recogen de forma detallada en los apartados 2 a 13 de la sentencia recurrida. Me limitaré a mencionar los que resultan pertinentes para estas conclusiones.

7.

AL fue nombrado funcionario el 1 de diciembre de 2007 y destinado a la Secretaría General del Consejo, en Bélgica.

8.

El 28 de julio de 2010, la autoridad rumana competente dispuso el acogimiento familiar de dos menores a cargo de AL. ( 6 ) Se autorizó su traslado a Bélgica para vivir con AL y su esposa.

9.

Al amparo del artículo 2 del anexo VII del Estatuto, AL solicitó el otorgamiento de la asignación por hijos a cargo, que le fue concedida y abonada desde el 1 agosto de 2010 hasta el 31 de julio de 2013. ( 7 ) Para fundamentar su solicitud, presentó unos documentos consulares equivalentes a una autorización parental.

10.

El 30 de enero de 2013, a raíz de una petición conjunta de AL y de los padres de los menores, depositada el 16 de octubre de 2012, la Comisión de Protección a la Infancia adoptó dos resoluciones por las que puso fin al régimen de acogimiento familiar. ( 8 )

11.

De los autos resulta que esas dos resoluciones nacionales de 30 de enero de 2013, adoptadas sin la comparecencia de los solicitantes, nunca se notificaron a AL. ( 9 )

12.

El 22 de marzo de 2021, basándose en los hallazgos de una investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) iniciada en 2016, la Comisión, en aplicación de la Decisión (UE) 2019/792, ( 10 ) ordenó, de conformidad con el artículo 85 del Estatuto, ( 11 ) la recuperación (entre otros complementos) de las asignaciones indebidamente abonadas a AL en razón de los dos menores, durante el periodo comprendido entre el 1 agosto de 2010 y el 31 de julio de 2013.

13.

AL reaccionó acudiendo a una doble vía de impugnación:

14.

El resultado de esta doble vía de impugnación se tradujo en lo siguiente:

15.

El 21 de enero de 2022, AL interpuso ante el Tribunal General un recurso de anulación contra la decisión de 22 de octubre de 2021.

16.

En apoyo de su pretensión, invocó cinco motivos de anulación. El cuarto se refería a la vulneración del artículo 85 del Estatuto y a un error de apreciación en relación con la asignación abonada por razón de los dos menores para el periodo posterior a las resoluciones nacionales de 30 de enero de 2013 y hasta el final del plazo para el que se había concedido (del 1 de febrero al 31 de julio de 2013).

17.

En ese motivo de anulación, AL:

18.

En un escrito posterior (de réplica), depositado el 30 de agosto de 2022, AL informó al Tribunal General del resultado del procedimiento seguido ante el Tribunalul Bucureşti (Tribunal de distrito de Bucarest), transmitiéndole una copia de la sentencia de 16 de mayo de 2022.

19.

La Comisión, en su escrito de dúplica, sostuvo que la sentencia de 16 de mayo 2022 no podía afectar a la legalidad de la decisión impugnada, dado que ésta debía apreciarse exclusivamente a la luz de los elementos existentes en el momento de su adopción. ( 19 )

20.

En la sentencia recurrida, el Tribunal General:

21.

Así pues, el Tribunal General desestimó el cuarto motivo del recurso de anulación, por infundado.

22.

En su recurso de casación, depositado el 19 de diciembre de 2024, AL solicita al Tribunal de Justicia:

23.

La Comisión solicita al Tribunal de Justicia:

24.

En su recurso de casación, AL invoca tres motivos para anular la sentencia recurrida, de los que, como ya he avanzado, sólo abordaré el segundo. Este motivo de casación se divide en tres partes.

25.

Mediante la primera parte de su segundo motivo de casación, AL reprocha al Tribunal General haber desnaturalizado los hechos al declarar (apartado 100 la sentencia recurrida) que contra las resoluciones nacionales de 30 de enero 2013«[estaba] pendiente un recurso» ante los órganos jurisdiccionales rumanos, cuando, en realidad, ese recurso había concluido mediante sentencia de 16 de mayo de 2022, incorporada al procedimiento en el escrito de réplica.

26.

En la segunda parte del segundo motivo de casación, AL alega que, a raíz de la sentencia de 16 de mayo de 2022, el Tribunal General incurrió en un error de derecho al afirmar (apartado 100 de la sentencia recurrida) que las resoluciones nacionales de 30 de enero 2013 habían producido efectos jurídicos a partir del mes de enero de 2013.

27.

En la tercera parte del segundo motivo de casación, AL sostiene que el Tribunal General no respetó la regla del paralelismo de formas al declarar (apartado 101 de la sentencia recurrida) que la AFPN no había incurrido en un error de apreciación cuando ordenó el reintegro de las asignaciones abonadas, basándose en las resoluciones nacionales de 30 de enero de 2013.

28.

La Comisión se opone al motivo de casación reiterando que, para apreciar la legalidad de un acto lesivo, el Tribunal General debe situarse en el momento en el que la AFPN adoptó el acto impugnado, es decir, el 22 de octubre de 2021. En esa fecha, el proceso ante el Tribunalul Bucureşti (Tribunal de distrito de Bucarest) seguía pendiente.

29.

En el mismo orden de ideas, la Comisión destaca que el 22 de octubre de 2021, la anulación ex tunc de las resoluciones nacionales de 30 enero de 2013 aún no se había pronunciado.

30.

En fin, la Comisión rechaza la tercera parte del segundo motivo de casación, por ausencia de claridad y de fundamento adecuado.

31.

La primera y la segunda parte del segundo motivo de casación están estrechamente relacionadas. Aun con diferentes perspectivas, tienen en común la crítica al Tribunal General por no haber tenido en cuenta: a) la conclusión del proceso de anulación incoado ante el Tribunalul Bucureşti (Tribunal de distrito de Bucarest); y b) las consecuencias de la sentencia de 16 de mayo de 2022 sobre los efectos jurídicos de las resoluciones nacionales de 30 de enero de 2013.

32.

Con carácter preliminar, recordaré que la sentencia (firme) de 16 de mayo de 2022 declaró la nulidad ab origine de las resoluciones nacionales de 30 de enero de 2013. Estas últimas, por lo tanto, nunca produjeron ningún efecto jurídico. En particular, no pusieron fin, jurídicamente, a la medida de acogimiento familiar vigente en 2013.

33.

AL cobró la asignación por hijos a cargo hasta el 31 de julio de 2013. Por lo tanto, durante el periodo en el que percibió ese complemento, la medida de acogimiento familiar dictada por la decisión de 28 de julio de 2010 debía reputarse válida y eficaz: los menores podían asimilarse a hijos a cargo, con arreglo al artículo 2, apartado 2, del anexo VII del Estatuto.

34.

A efectos de la aplicación del artículo 85 del Estatuto, no existieron, pues, ni cantidades indebidamente pagadas en concepto de asignación por hijos a cargo, ( 23 ) ni una intención manifiesta de «induci[r] deliberadamente a error a la Administración» sobre la fecha de fin de la medida de acogimiento familiar.

35.

En este contexto, la crítica dirigida por AL contra el apartado 100 de la sentencia recurrida presenta una doble vertiente:

36.

Como ya he avanzado, AL reprocha al Tribunal General haber desnaturalizado los hechos al afirmar que el recurso de anulación de las resoluciones nacionales de 30 de enero de 2013, seguido ante el juez rumano, aún estaba pendiente, cuando en realidad ya había finalizado. También le reprocha no haber tenido en cuenta la sentencia (firme) de 16 de mayo de 2022 que puso fin a ese recurso de anulación.

37.

En cuanto motivo de casación de «carácter excepcional», ( 25 ) la desnaturalización de hechos debe interpretarse de manera estricta. Para que pueda apreciarse, deben concurrir los requisitos siguientes:

38.

En lo que atañe al primer requisito, AL cumplió, a mi juicio, con el deber de fundamentación y prueba de su alegación: identificó con precisión el hecho supuestamente desnaturalizado y el error de análisis que deriva de su desnaturalización. ( 29 )

39.

En lo que respecta al tercer requisito, me parece innegable la incidencia de la sentencia de 16 de mayo de 2022, que declaró la nulidad ab origine de las resoluciones nacionales de 30 de enero de 2013. Estas últimas, como ya he aseverado, nunca produjeron ningún efecto jurídico, a juicio del tribunal rumano, lo que afecta de lleno al «válido fundamento» de la sentencia recurrida.

40.

En cambio, la valoración del segundo requisito presenta mayores dificultades, debido al momento en el que se dictó la sentencia de 16 de mayo de 2022. Esa sentencia se pronunció con posterioridad a la adopción de la decisión impugnada, pero antes de la conclusión de la fase escrita del recurso de anulación pendiente ante el Tribunal General.

41.

A este propósito, subrayaré dos aspectos relevantes.

42.

De entrada, no se discute que AL aportó al Tribunal General la sentencia de 16 de mayo de 2022, adjuntándola a su escrito de réplica y acompañándola de una traducción en la lengua del procedimiento.

43.

Tampoco se discute que el Tribunal General omitió valorar la existencia y los efectos jurídicos de la sentencia de 16 de mayo de 2022 sobre las resoluciones nacionales de 30 de enero de 2013.

44.

Coincido con la opinión expuesta por el abogado general Mengozzi: una desnaturalización de hechos puede configurarse «tanto si se trata de una apreciación manifiestamente inexacta del contenido de los elementos probatorios tenidos en cuenta, como […] si se trata de la omisión o selección de elementos probatorios de la que resulte una impresión manifiestamente engañosa y errónea de la realidad». ( 30 )

45.

Habrá, pues, desnaturalización de los hechos cuando se produzca una omisión o una selección de elementos probatorios injustificada o arbitraria.

46.

La Comisión defiende que, en este asunto, la omisión era no sólo justificada, sino exigida por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el momento en el que ha de apreciarse la legalidad del acto impugnado, en función de los elementos de hecho y de derecho existentes en la fecha de su adopción. ( 31 )

47.

Por las razones que expondré a continuación, considero que este argumento no puede prosperar en el caso de autos.

48.

¿Debía el Tribunal General basar su valoración únicamente en los elementos existentes cuando la Administración adoptó la decisión impugnada, el 22 de octubre de 2021? ( 32 )

49.

A mi modo de ver, tanto la Comisión (en su escrito de contestación) como el Tribunal General (en la sentencia recurrida) acogen una perspectiva errónea al determinar qué elementos de hecho y de derecho «existían» en esa fecha. Una y otro se apoyan en una visión puramente material de los factores relevantes, a resultas de la que:

50.

Sin embargo, este enfoque tiende a soslayar el problema fundamental que plantea el asunto, a saber, la consideración del efecto retroactivo y meramente declarativo de la sentencia de 16 de mayo de 2022, junto con su cualidad de cosa juzgada.

51.

La sentencia de 16 de mayo de 2022 impedía al Tribunal General reconocer eficacia a las resoluciones nacionales de 30 de enero de 2013, inválidas de iure, para definir el contexto fáctico y normativo.

52.

Al hacer caso omiso de este elemento (es decir, al no reconocer que, el 22 de octubre de 2021, las resoluciones nacionales de 30 de enero de 2013 no podían aceptarse como válidas), el Tribunal General prescindió de la eficacia retroactiva de la sentencia de 16 de mayo de 2022. ( 33 ) Así, desnaturalizó el hecho clave del litigio, es decir, la situación de los menores respecto de AL, y la comprensión del derecho rumano aplicable ratione temporis a los hechos.

53.

Es irrelevante, al constatar la desnaturalización de los hechos, que la nulidad de las resoluciones nacionales de 30 de enero de 2013 se desprendiera de una sentencia firme dictada con posterioridad a la adopción de la decisión impugnada, si —como aquí sucede— el tenor literal de esa sentencia revela que sus efectos jurídicos se retrotraen a un momento anterior.

54.

La sentencia de 16 de mayo de 2022, insisto, alteraba la situación«existente» en enero de 2013, al declarar inequívocamente, con carácter retroactivo, la nulidad absoluta de las resoluciones nacionales de 30 de enero de 2013. Estas últimas quedaban eliminadas de forma radical (ex tunc) del ordenamiento jurídico rumano.

55.

La sentencia de 16 de mayo de 2022 no tuvo, además, un efecto constitutivo autónomo: se limitó a «constatar» el vicio que afectaba a las resoluciones nacionales de 30 de enero de 2013desde su origen. ( 34 ) Al anular esas resoluciones nacionales, el tribunal rumano restableció la situación jurídica anterior, tal como existía antes de su pronunciamiento (situación definida por la decisión de 28 de julio de 2010). ( 35 )

56.

En fin, la sentencia de 16 de mayo de 2022 fue la respuesta definitiva (y firme) de un órgano judicial rumano al recurso en el que se impugnaba la validez de un acto nacional, sobre el que carece de competencia el Tribunal General. Éste debió asumir las valoraciones del órgano judicial rumano y reconocer la autoridad de cosa juzgada de aquella sentencia. ( 36 )

57.

A la vista del contenido de la sentencia de 16 de mayo de 2022, la situación existente el 22 de octubre de 2021 debía, repito, apreciarse en el sentido de que el acogimiento familiar subsistente el 22 de octubre de 2021 no había sido alterado, de iure, por las resoluciones nacionales de 30 de enero de 2013.

58.

Para alcanzar el umbral de la desnaturalización de los hechos, es necesario que el Tribunal General haya «excedido manifiestamente los límites de una apreciación razonable» de los elementos aportados al expediente. ( 37 ) La interpretación propuesta por la parte que la invoca debe ser la única que pueda darse a los documentos de autos. La apreciación divergente de esos documentos llevada a cabo por el Tribunal General ha de revelar una distorsión de su contenido, «de un modo manifiestamente contrario a su tenor literal». ( 38 )

59.

Considero que así ocurre en este asunto.

60.

El tenor de la sentencia de 16 de mayo de 2022 no admite otra interpretación que la basada en la nulidad ab origine y ex tunc de las resoluciones nacionales de 30 de enero de 2013. ( 39 ) La lectura de esa sentencia no respalda la reconstrucción de los hechos llevada a cabo en el apartado 100 de la sentencia recurrida.

61.

Lo hasta ahora expuesto basta para concluir que el Tribunal General desnaturalizó los hechos con respecto al estado del recurso seguido ante el Tribunalul Bucureşti (Tribunal de distrito de Bucarest) y a la pertinencia de la sentencia de 16 de mayo de 2022, como factor clave para aplicar el artículo 85 del Estatuto.

62.

Lógicamente, cuando adoptó la decisión impugnada (el 22 de octubre de 2021), la Administración desconocía la existencia de la sentencia de 16 de mayo de 2022 y la nulidad absoluta de las resoluciones nacionales de 30 de enero de 2013. Ese desconocimiento, sin embargo, no incide en cuanto acabo de afirmar, como a continuación explicaré.

63.

En abstracto, pudiera defenderse que los elementos subyacentes a la apreciación de la legalidad de una decisión impugnada deben ser no sólo «existentes» al tiempo de la adopción de esta última, sino también «conocidos» por la Administración autora del acto. ( 40 )

64.

Estimo, sin embargo, que el conocimiento previo de la Administración no es un requisito indefectible. La jurisprudencia relativa al control de legalidad (que reconoce la autonomía decisoria de la Administración frente al Tribunal General) ( 41 ) permite relegar la necesidad del conocimiento previo en supuestos determinados.

65.

La exigencia de que la Administración haya podido conocer y valorar, previamente y autónomamente, los elementos de hecho y de derecho en los que se basa el control de legalidad del acto lesivo se presenta, según los casos, como prescindible ( 42 ) o, por el contrario, como indispensable, ( 43 ) en el marco de aquel control.

66.

Las variaciones en el tratamiento reservado a la exigencia de conocimiento previo (por la Administración) dependen de: a) la estructura y los fines perseguidos por el procedimiento administrativo en los distintos ámbitos del derecho de la Unión; y b) el diferente punto de equilibrio entre esos fines y el interés (contrapuesto) del destinatario de un acto lesivo, al que asiste el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. ( 44 )

67.

El punto de equilibrio inherente al ámbito de la función pública implica la ponderación razonada de dos elementos distintos:

68.

Por lo que respecta al primer elemento, el Tribunal de Justicia ha subrayado «el principio recordado por una jurisprudencia constante, según el cual el artículo 91 del Estatuto tiene por objeto permitir y favorecer un arreglo amistoso en los litigios entre los funcionarios y la administración. Para satisfacer esta exigencia, conviene que esta última esté en condiciones de conocer con suficiente precisión los agravios o deseos del interesado» ya en la fase de reclamación. ( 45 )

69.

En lo que atañe, más concretamente, al artículo 85 del Estatuto, su finalidad es proteger los intereses financieros de la Unión: ( 46 ) una vez constatados los requisitos necesarios para su aplicación, la Administración está obligada a proceder a la recuperación integral de las cantidades indebidamente abonadas.

70.

Ahora bien, en el contexto del artículo 85 del Estatuto, la reclamación no se dirige tanto a alcanzar un verdadero arreglo amistoso, basado en concesiones reciprocas entre las partes, sino, más bien, a evitar que se recurra innecesariamente a la vía contenciosa.

71.

Desde esta perspectiva, la intervención del funcionario reclamante permitirá a la Administración obtener aclaraciones sobre los presupuestos objetivos y subjetivos de aplicación del artículo 85 del Estatuto y, en su caso, rectificar una decisión anterior a la luz de los nuevos elementos recabados.

72.

Exigir una apreciación de la legalidad de la actuación de la Administración limitada a los elementos efectivamente conocidos en el momento de adoptar la decisión impugnada podría, en determinadas circunstancias, restringir el derecho de defensa del recurrente.

73.

En particular, habría una restricción indebida si el recurrente no pudiera someter al juez de la Unión todos los elementos que, aun descubiertos posteriormente, resulten pertinentes para su defensa, en la medida en que incidan en la legalidad del acto lesivo.

74.

En términos generales, ante una decisión administrativa ya definitiva, debido al agotamiento de los plazos de reclamación y de recurso, el Tribunal de Justicia ( 47 ) alcanza el equilibrio entre aquel objetivo y el derecho de defensa del recurrente, permitiendo a éste solicitar a la Administración, dentro de un plazo razonable, ( 48 ) un nuevo examen de su situación, ante la aparición sobrevenida de un hecho nuevo y «sustancial». ( 49 ) El recurrente podrá impugnar ante el Tribunal General la legalidad de la decisión adoptada tras ese examen ulterior.

75.

Esta solución preserva tanto la autonomía de decisión de la Administración como el derecho de defensa del recurrente, que así elude el carácter definitivo de una decisión anterior.

76.

Salvo error por mi parte, el Tribunal de Justicia aún no ha tenido ocasión de pronunciarse sobre un supuesto como el de autos, en el que el hecho nuevo ( 50 ) y sustancial surge cuando la decisión impugnada aún no ha adquirido firmeza, puesto que sigue pendiente el recurso interpuesto contra ella ante el Tribunal General (artículo 270 TFUE).

77.

En tal supuesto, una interpretación restrictiva de la jurisprudencia que vincule la conformidad a derecho de un acto lesivo con los elementos no sólo existentes, sino también conocidos por la Administración:

78.

Dadas las circunstancias de autos, no sería razonable, ni proporcionado, exigir a AL que interponga una nueva reclamación ante la Administración.

79.

Exigir que AL solicite un nuevo examen por parte de la Administración (con el único propósito de permitir a ésta, en su caso, evitar el recurso a la vía contenciosa en relación con ese hecho nuevo y sustancial) no se justifica cuando ya existía un contencioso judicial relativo a la incidencia de aquel mismo hecho sobre la legalidad de la decisión impugnada. ( 51 )

80.

Semejante exigencia iría más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido y preservar una buena administración de la justicia. Constituiría, además, un obstáculo a que el litigio lo resuelva, en cuanto al fondo y con rapidez, el juez de la Unión.

81.

En mi opinión, de calificarlo como hecho «nuevo y sustancial», el Tribunal General estaba en condiciones de valorarlo, directa y autónomamente, una vez debidamente incorporado al expediente y sometido al debate contradictorio entre las partes. Podía, pues, extraer sus propias conclusiones sobre la incidencia de ese hecho en la legalidad de la actuación administrativa a la fecha de referencia.

82.

La solución que propugno me parece, además, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la concordancia entre reclamación y recurso.

83.

En principio, la regla de la concordancia, al igual que la relativa al control de legalidad, restringe la posibilidad de someter directamente al juez, durante la fase contenciosa, elementos y motivos que no hayan sido invocados y discutidos en la reclamación administrativa previa.

84.

Pues bien, el Tribunal de Justicia ha declarado que esa reclamación, aun siendo obligatoria, «no tiene por objeto vincular, de forma rigurosa y definitiva, la eventual fase contenciosa con tal que el recurso jurisdiccional no modifique ni la causa ni el objeto de la reclamación». ( 52 )«El diseño general tanto del procedimiento administrativo previo como del procedimiento contencioso se opone a una interpretación del artículo 91, apartado 2 que, tomado literalmente, no haría sino prolongar inútilmente el procedimiento». ( 53 )

85.

Estas consideraciones son extrapolables a la limitación establecida por la jurisprudencia relativa al control de legalidad. La reducción del poder de apreciación del Tribunal General no debería llegar hasta el punto de restringir la posibilidad de atender a elementos aportados por el recurrente que, sin alterar el objeto o el alcance del litigio, se vinculen con motivos ya invocados y con la finalidad de acreditar los elementos efectivamente existentes en la fecha de referencia.

86.

En el contexto del artículo 85 del Estatuto, la Administración no dispone, en realidad, de margen de apreciación. Su función se limita a verificar la concurrencia de los requisitos objetivos (existencia de un pago indebido) y subjetivos (conocimiento o evidencia de la irregularidad del pago) que justifican la aplicación de aquel precepto.

87.

No existe, pues, el riesgo de sustitución de la motivación (que la jurisprudencia relativa al control de legalidad pretende evitar) ( 54 ) si el Tribunal General apreciara que no se cumplen los requisitos objetivos o subjetivos antes recordados.

88.

Estas consideraciones me llevan confirmar que la falta de conocimiento previo, por la Administración, de la nulidad de las resoluciones nacionales de 30 de enero de 2013 no impedía el control de legalidad de la decisión impugnada, por parte del Tribunal General.

89.

Incumbía al Tribunal General la obligación de respetar el efecto retroactivo de la sentencia de 16 de mayo de 2022, para determinar los elementos «existentes», desde el plano jurídico, cuando se adoptó la decisión impugnada. Al no hacerlo, incurrió en una desnaturalización de los hechos.

90.

La solución que propugno se atiene a las circunstancias específicas del caso. No creo que este recurso de casación sea la ocasión idónea para zanjar la aparente discordancia entre las sentencias del Tribunal de Justicia relativas a los límites del control de legalidad. ( 55 ) Si hubiera que inclinarse por una línea jurisprudencial en detrimento de otras, opino que la expuesta en la sentencia Galp Energía España debería generalizarse.

91.

Por consiguiente, procede estimar la primera parte del segundo motivo de casación. De aceptarlo así el Tribunal de Justicia, no sería indispensable analizar el resto de este segundo motivo. Lo haré, en todo caso, con carácter subsidiario.

92.

AL reprocha al Tribunal General el error de haber afirmado que las resoluciones nacionales de 30 de enero de 2013 produjeron efectos jurídicos a partir del mes de enero de 2013. A su juicio, cuando se dictó la sentencia recurrida, ya constaba que esas resoluciones adolecían de nulidad absoluta y nunca habían, por lo tanto, producido ningún efecto jurídico.

93.

AL critica la interpretación que el Tribunal General hizo del derecho rumano aplicable, no sólo respecto a la validez de las resoluciones nacionales de 30 de enero de 2013, sino también, de manera indirecta, respecto a la eficacia temporal de la medida de acogimiento familiar. ( 56 )

94.

Aunque AL no invoca en esta parte del segundo motivo, al menos de manera expresa, la desnaturalización del derecho rumano, estimo que tal crítica es implícita y se deriva, en buena lógica, de la primera parte de su motivo de casación.

95.

Existe una estrecha vinculación entre el «hecho» cuya desnaturalización AL alega (la existencia de la sentencia de 16 de mayo de 2022) y el «derecho» aplicable (las consecuencias jurídicas de esa sentencia sobre las resoluciones nacionales de 30 de enero de 2013). ( 57 )

96.

Constituiría un formalismo excesivo descartar la admisibilidad de la segunda parte del motivo segundo de casación sólo porque AL no ha utilizado, al formularlo, el término «desnaturalización». Para apreciar si ésta se ha producido, en cuanto al derecho rumano, basta verificar si se cumplen los requisitos ya descritos en los apartados precedentes de estas conclusiones. ( 58 )

97.

Según el Tribunal de Justicia, se configura una desnaturalización del derecho cuando «el Tribunal General haya efectuado apreciaciones que van manifiestamente contra el contenido de las disposiciones de la referida legislación o […] haya atribuido a éstas un alcance que claramente no les corresponde». ( 59 )

98.

En particular, en el marco de un recurso de casación, «el Tribunal de Justicia es competente para examinar, en primer lugar, si el Tribunal General, basándose en documentos y otros elementos que le fueran sometidos, no alteró el tenor de las disposiciones nacionales de que se trata, de la jurisprudencia nacional relativa a estas o de la doctrina que se refiera a ellas; a continuación, si el Tribunal General, a la vista de dichos elementos, no emitió consideraciones que fueran manifiestamente en contra de su contenido y, por último, si dicho Tribunal, al examinar el conjunto de datos a efectos de determinar el contenido de la legislación nacional de que se trate, no atribuyó a alguno de ellos un alcance que no le corresponde en relación a los demás, en la medida en que se desprenda de manera manifiesta de los documentos del expediente». ( 60 )

99.

Incumbe, pues, al Tribunal General la obligación de «examinar el conjunto de datos», válidamente incorporados al expediente, con el fin de atribuir a cada uno de ellos el alcance que le corresponde «en relación a los demás».

100.

En este asunto, el Tribunal General debía determinar, «basándose en documentos y otros elementos que le fueran sometidos», el alcance temporal exacto de la medida de acogimiento familiar. Para hacerlo de forma correcta, era indispensable valorar el conjunto de resoluciones rumanas dictadas a este respecto, incluso la sentencia de 16 de mayo de 2022, así como la relación existente entre ellas.

101.

Por las razones que ya he expuesto, al admitir que las resoluciones nacionales de 30 de enero de 2013 habían producido efectos jurídicos a partir de enero de 2013, el Tribunal General les confirió un alcance que no les correspondía, conforme al ordenamiento jurídico del que procedían.

102.

Como consecuencia, se produjo una valoración manifiestamente errónea, con arreglo al derecho rumano, del alcance temporal de la medida de acogimiento familiar. Esa valoración incidió, de modo tan directo como erróneo, en la aplicación del artículo 85 del Estatuto. ( 61 )

103.

Considero, pues, que también procedería estimar la segunda parte del segundo motivo de casación.

104.

A la vista de la solución que propugno con respecto a la primera y a la segunda parte del segundo motivo de casación, no sería necesario pronunciarse sobre la tercera. Lo haré, sin embargo, por si el Tribunal de Justicia mantiene una posición diferente.

105.

En esta parte del segundo motivo de casación, AL reproduce, casi palabra por palabra, los motivos invocados ante el Tribunal General, ( 62 ) sin incluir una argumentación destinada específicamente a identificar el error de derecho de la sentencia recurrida.

106.

En tales condiciones, la tercera parte del segundo motivo de casación no cumple las exigencias del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como de los artículos 168, apartado 1, letra d), y 169 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, por lo que debe reputarse inadmisible.

107.

En suma, propongo al Tribunal de Justicia que acoja la primera y la segunda parte del segundo motivo de casación y que anule los apartados correspondientes de la sentencia del Tribunal General.

108.

Con arreglo al artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia podrá, en caso de anulación de la resolución del Tribunal General, o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este último resuelva.

109.

Dado el carácter limitado de mi análisis del recurso de casación, que se circunscribe a su segundo motivo, no estoy en condiciones de sugerir al Tribunal Justicia que resuelva definitivamente el litigio.

110.

Podría hacerlo, sin embargo, si sólo se tratara de este motivo, en vez de devolver el asunto al Tribunal General para que este último lo resuelva, habida cuenta de que las consideraciones antes expuestas abocan, sin más, a la anulación de la decisión impugnada.

111.

Por esas mismas razones, no procede que me pronuncie sobre la imposición de las costas.

112.

A la luz de todo lo anterior, propongo al Tribunal de Justicia que estime el segundo motivo de casación del recurso interpuesto contra la sentencia del Tribunal General de 10 de abril de 2024, AL/Comisión (T‑50/22, EU:T:2024:220) y anule la parte de esta sentencia a la que se refiere.