1

Considerando que, mediante resolución de 4 de julio de 1970, recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 9 de julio de 1970, el Presidente del tribunale di Brescia planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, dos cuestiones sobre la interpretación del artículo 13 del Tratado CEE y de la Directiva 68/31/CEE, de 22 de diciembre de 1967 (DO 1968, L 12, p. 8).

2

Considerando que, mediante la primera cuestión, se pide a este Tribunal que determine si, tras la adopción de la Directiva 68/31, de 22 de diciembre de 1967, las disposiciones del apartado 2 del artículo 13 del Tratado, o, en todo caso, las disposiciones de la propia Directiva 68/31, son directamente aplicables en el ordenamiento jurídico interno del Estado italiano;

3

que, en el supuesto de responder de modo afirmativo a la primera cuestión, se pide a este Tribunal que dilucide, además, si a partir del 1 de julio de 1968, se han generado derechos individuales a favor de los particulares que deben ser tutelados por los órganos jurisdiccionales nacionales.

4

Considerando que ambas cuestiones están estrechamente relacionadas y que procede examinarlas conjuntamente.

5

Considerando que, según el artículo 9 del Tratado CEE, la Comunidad se basa en una unión aduanera que implica, en especial, la prohibición, entre los Estados miembros, de los derechos de aduana y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente;

que, en virtud del apartado 2 del artículo 13 del Tratado, las exacciones de efecto equivalente a los derechos de aduana de importación, en vigor entre los Estados miembros, debían ser suprimidas progresivamente por éstos durante el período transitorio, la Comisión debía determinar, mediante Directivas, el ritmo de tal supresión, inspirándose en las normas previstas en el artículo 14 del Tratado, por lo que se refiere a los derechos de aduana propiamente dichos, y en las Directivas adoptadas por el Consejo a tal respecto;

6

que la Decisión llamada de aceleración 66/532 del Consejo, de 26 de julio de 1966 (DO 1966, 165, p. 2971), adoptada con arreglo a los artículos 14 y 235 del Tratado, fijó el 1 de julio de 1968 como fecha en que debían haber sido suprimidos todos los derechos de aduana;

7

que, basándose en esta Decisión, la Comisión, en virtud del apartado 2 del artículo 13 del Tratado, dirigió a la República Italiana, el 22 de diciembre de 1967, la Directiva 68/31, según la cual, el derecho por servicios administrativos percibido en Italia sobre las mercancías importadas, debía suprimirse de modo progresivo, en lo que respecta a las importaciones procedentes de otros Estados miembros, de manera que estuviera eliminado totalmente antes del 1 de julio de 1968.

8

Considerando que, según los autos que obran en este Tribunal, el litigio pendiente ante el Juez nacional se refiere en especial a si la obligación de la República Italiana de eliminar el derecho por servicios administrativos produce efectos directos, y, en caso de respuesta afirmativa, desde qué fecha.

9

Considerando que el apartado 2 del artículo 13 impone a los Estados miembros la obligación de suprimir progresivamente «durante» el período transitorio las exacciones de efecto equivalente a los derechos de aduana de importación;

que, aunque correspondía a la Comisión decidir el ritmo que debía imprimirse a esta supresión durante el período transitorio, resulta, sin embargo, del propio texto del artículo 13 que, en todo caso, dichos derechos tenían que haber sido totalmente eliminados, a más tardar, al finalizar dicho período;

que, por lo tanto, a partir del final de ese período, el artículo 9 debe surtir plenos efectos por sí mismo.

10

Considerando que el artículo 9 y el apartado 2 del artículo 13, examinados conjuntamente, implican, a más tardar a partir del final del período transitorio, en lo que respecta a todas las exacciones de efecto equivalente a los derechos de aduana de importación, una prohibición clara y precisa de percibir dichas exacciones que no está sujeta a ninguna reserva por parte de los Estados de subordinar su aplicación a un acto positivo de Derecho interno o a una intervención de las Instituciones de la Comunidad;

que dicha prohibición es perfectamente idónea, por su propia naturaleza, para producir efectos directos en las relaciones jurídicas entre los Estados miembros y sus justiciables;

que, por consiguiente, a partir del final del período transitorio, esas disposiciones generan para los particulares, en lo que respecta a todas las exacciones de efecto equivalente que contemplan, unos derechos que los órganos jurisdiccionales internos deben tutelar.

11

Considerando que el apartado 2 del artículo 13 facultaba a la Comisión para determinar, antes del final del período transitorio, la supresión de las exacciones de efecto equivalente que ella designaría y cuya eliminación «durante» dicho período ordenaría mediante Directivas;

que la Comisión, haciendo uso de esta competencia, tras la Decisión de aceleración 66/532, fijó, mediante la Directiva 68/31, el 1 de julio de 1968 como fecha en que la mencionada exacción debía haber sido totalmente eliminada.

12

Considerando que de lo anterior se deduce que la cuestión del Presidente del tribunale di Brescia, en cuanto atañe al efecto directo de la obligación relativa a la eliminación de la tasa italiana por servicios administrativos, se refiere, en realidad, al efecto del apartado 2 del artículo 13 del Tratado, en relación con la Decisión 66/532 y con la Directiva 68/31.

13

Considerando que el efecto de la Directiva 68/31 debe apreciarse a la luz de todas estas disposiciones;

que, para ello, debe tenerse en cuenta no sólo la forma del acto de que se trata, sino también su esencia, así como su función en el sistema del Tratado.

14

Considerando que el hecho de que la Comisión fijara, con arreglo a la Decisión 66/532, una fecha anterior al final del período transitorio no ha modificado, en ningún sentido, la obligación impuesta a los Estados miembros por el artículo 9 y por el apartado 2 del artículo 13;

que esta obligación es, por tanto, idónea para producir efectos directos, como los habría producido al finalizar el período transitorio;

15

que la Directiva 68/31, cuyo objeto es señalar a un Estado miembro una fecha límite para el cumplimiento de una obligación comunitaria, no afecta únicamente a las relaciones entre la Comisión y dicho Estado, sino que también produce consecuencias jurídicas que pueden ser invocadas tanto por los demás Estados miembros interesados en su ejecución, como por los particulares, cuando, por su propia naturaleza, la disposición que establece dicha obligación es directamente aplicable, como lo son los artículos 9 y 13 del Tratado;

16

que esta interpretación se impone tanto más por cuanto, en su sentencia de 18 de noviembre de 1970, este Tribunal declaró que la República Italiana, al seguir percibiendo después del 1 de julio de 1968 la exacción de que se trata, había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado.

17

Considerando que, por el hecho de haberse notificado la Directiva en italiano, están plenamente protegidos los intereses del destinatario de las obligaciones definidas por el acto, en este caso, el Estado italiano.

18

Considerando que la obligación de eliminar el derecho por servicios administrativos, contenida en la Directiva 68/31 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1967, considerada en relación con el artículo 9 y con el apartado 2 del artículo 13 del Tratado, así como con la Decisión 66/532 del Consejo, produce efectos directos en las relaciones entre el Estado miembro, destinatario de la Directiva, y sus justiciables, y genera en favor de éstos, a partir del 1 de julio de 1968, derechos que los órganos jurisdiccionales internos deben tutelar.

19

Considerando que los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas y por el Gobierno de la República Federal de Alemania, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso, y que, dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto;

vistos los autos;

habiendo considerado el informe del Juez Ponente;

oídas las observaciones orales de las partes del litigio principal, del Gobierno de la República Federal de Alemania y de la Comisión de las Comunidades Europeas;

oídas las conclusiones del Abogado General;

visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en especial, sus artículos 9, 13, 14, 177 y 235;

visto el Reglamento no 1 del Consejo, de 14 de abril de 1958;

vista la Directiva 68/31 de la Comisión;

vista la Decisión 66/532 del Consejo;

visto el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea y, en especial, su artículo 20;

visto el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas;

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Presidente del tribunale di Brescia mediante resolución de 4 de julio de 1970, declara: