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Diario Oficial
de la Unión Europea

ES

Serie C


C/2026/3921

1.9.2026

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

de 10 de julio de 2026

relativa a las políticas económicas, sociales, de empleo, estructurales y presupuestarias de Grecia

(C/2026/3921)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

Visto el Reglamento (UE) 2024/1263 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2024, relativo a la coordinación eficaz de las políticas económicas y a la supervisión presupuestaria multilateral y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo (1), y en particular su artículo 3, apartado 3,

Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,

Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

Visto el dictamen del Comité de Empleo,

Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

Considerando lo siguiente:

(1)

El Reglamento (UE) 2024/1263 establece que los objetivos del marco de gobernanza económica son promover unas finanzas públicas saneadas y sostenibles, un crecimiento sostenible e inclusivo y resiliencia a través de reformas e inversiones, así como evitar déficits públicos excesivos. El Reglamento establece que el Consejo y la Comisión llevarán a cabo una supervisión multilateral en el marco del Semestre Europeo, de conformidad con los objetivos y requisitos establecidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El Semestre Europeo incluye, en particular, la formulación de recomendaciones específicas por país y la supervisión de su aplicación.

(2)

El 25 de noviembre de 2025, la Comisión adoptó un dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Grecia para 2026. En esa misma fecha, en virtud del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, la Comisión adoptó el Informe sobre el mecanismo de alerta de 2026, en el que determinó que Grecia era uno de los Estados miembros que requerían un examen exhaustivo. La Comisión adoptó asimismo una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, una recomendación de Recomendación del Consejo sobre el capital humano en la Unión Europea y una propuesta de Informe conjunto sobre el empleo de 2026, en el que se analiza la aplicación de las orientaciones para las políticas de empleo y los principios del pilar europeo de derechos sociales. El 21 de abril de 2026, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) y el 9 de marzo de 2026, el Informe conjunto sobre el empleo y la Recomendación sobre el capital humano.

(3)

El 29 de enero de 2025, la Comisión publicó la Brújula para la Competitividad, un marco estratégico cuyo objetivo es impulsar la competitividad de la Unión a escala mundial en los próximos cinco años. En ella, señala tres imperativos de transformación como pilares esenciales para el crecimiento económico sostenible: la innovación, la descarbonización y la competitividad, y la seguridad. Desde su publicación, la Brújula para la Competitividad ha orientado el trabajo del Semestre Europeo, lo que garantiza que las políticas económicas de los Estados miembros sean coherentes con los objetivos estratégicos de la UE y crea un enfoque unificado de la gobernanza económica que fomenta el crecimiento sostenible, la innovación y la resiliencia en toda la Unión.

(4)

En 2026, el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas sigue evolucionando en consonancia con la fase final de aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) (4). En los últimos años, los planes de recuperación y resiliencia (PRR), junto con la financiación de la política de cohesión, han resultado esenciales para cumplir las prioridades de actuación en el marco del Semestre Europeo, ya que dichos planes tenían que abordar de manera efectiva la totalidad o una parte significativa de los retos señalados en las recomendaciones específicas por país pertinentes formuladas en los últimos ejercicios, y los programas financiados por la política de cohesión europea debían tener en cuenta las recomendaciones específicas por país. Ahora que el MRR se acerca a su fin, sigue siendo fundamental mantener y aprovechar las reformas apoyadas y aplicadas en su marco, entre otros motivos, para garantizar la coherencia y la continuidad entre el MRR y los futuros planes de CNR.

(5)

El 3 de junio de 2026, la Comisión publicó el informe específico de 2026 sobre Grecia. En él se evalúan los avances realizados por Grecia para poner en práctica las recomendaciones específicas por país de 2025 y se hace balance de la ejecución del PRR por parte de este país. Sobre la base de este análisis, el informe señalaba los retos más urgentes a los que se enfrenta Grecia. Asimismo, evalúa los avances de Grecia en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y en la consecución de los objetivos principales de la Unión en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza y la exclusión social, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(6)

La Comisión llevó a cabo un examen exhaustivo sobre Grecia con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011. Las principales conclusiones de la evaluación que los servicios de la Comisión han realizado de las vulnerabilidades macroeconómicas de Grecia a efectos de dicho Reglamento se publicaron el 20 de mayo de 2026 (5). El 3 de junio de 2026, la Comisión concluyó que Grecia ya no está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, las vulnerabilidades relacionadas con la deuda pública y la deuda exterior han disminuido en los últimos años, respaldadas por un crecimiento sostenido del PIB, y los superávits presupuestarios han contribuido aún más a la reducción de la deuda pública; los balances de los bancos han mejorado; y el déficit por cuenta corriente sigue siendo considerable, aunque su financiación favorable mitiga los riesgos para la sostenibilidad exterior. Grecia ha llevado a cabo las reformas pertinentes para reducir sus vulnerabilidades arraigadas desde hace tiempo. Aunque sigue siendo elevada, la ratio de deuda pública con respecto al PIB ha seguido disminuyendo debido a una política fiscal prudente y al crecimiento del PIB, lo que también ha contribuido a mejorar la posición de inversión internacional neta negativa. Se espera que las ratios de deuda pública y de deuda exterior sigan disminuyendo. El déficit por cuenta corriente se ha mantenido elevado y no se espera que mejore este año, pero se espera que la financiación de la UE y la financiación privada no generadora de deuda cubran una gran parte de dicho déficit. El mercado laboral ha mejorado y la tasa de desempleo ha seguido disminuyendo hasta alcanzar su nivel más bajo desde 2009. En los últimos años, los bancos han saneado sus balances. Sin embargo, la resolución de los préstamos dudosos en manos de administradores de créditos fuera del sector bancario siendo lenta. En conjunto, los avances en materia de políticas han sido sólidos y han abordado las principales vulnerabilidades, y el Gobierno ha adoptado una amplia gama de medidas para mejorar el entorno empresarial, el mercado laboral y la administración tributaria. De cara al futuro, mantener unas políticas fiscales saneadas ayudaría a seguir reduciendo la deuda pública y, si bien persisten los retos estructurales relacionados con la productividad laboral, el Semestre Europeo proporcionará el marco para supervisar los avances en las reformas estructurales.

(7)

El 21 de enero de 2025, el Consejo, tras la evaluación y recomendación de la Comisión, adoptó una Recomendación por la que se aprueba el plan fiscal-estructural nacional a medio plazo de Grecia (6). El plan abarca el período de 2025 a 2028 y supone un ajuste fiscal distribuido a lo largo de cuatro años. El Consejo recomendó las siguientes tasas máximas de crecimiento del gasto neto: 3,7 % en 2025, 3,6 % en 2026, 3,1 % en 2027 y 3,0 % en 2028, lo que se corresponde con las tasas máximas de crecimiento acumulado calculadas con respecto al año de referencia 2023: del 6,5 % en 2025, del 10,3 % en 2026, del 13,7 % en 2027 y del 17,1 % en 2028.

(8)

La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y sus repercusiones constituyen un reto existencial para la Unión Europea. La Comisión invitó a los Estados miembros a que solicitasen la activación de la cláusula de salvaguardia nacional del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de manera coordinada para apoyar las iniciativas de la UE encaminadas a lograr un aumento rápido y considerable del gasto en defensa (7), propuesta que fue acogida favorablemente por el Consejo Europeo de 6 de marzo de 2025. A raíz de la solicitud de Grecia, el 8 de julio de 2025 el Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión, adoptó una Recomendación por la que se autoriza a Grecia a desviarse de las tasas máximas de crecimiento del gasto neto recomendadas (8). El período en el que se activa la cláusula de salvaguardia nacional (2025-2028) permite a Grecia revisar las prioridades de gasto público o aumentar los ingresos públicos, de modo que un gasto en defensa más elevado durante más tiempo no ponga en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

(9)

El 30 de abril de 2026, Grecia presentó su Informe anual de situación de 2026 (9) sobre el cumplimiento de las tasas máximas de crecimiento del gasto neto recomendadas y la ejecución de reformas e inversiones en respuesta a los principales retos señalados en las recomendaciones específicas por país del Semestre Europeo. El informe anual de situación recoge el informe semestral de Grecia sobre los avances realizados en la ejecución de su plan de recuperación y resiliencia de conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 2021/241.

(10)

El crecimiento del PIB real en 2025 fue del 2,1 % y la inflación IPCA se situó en el 2,9 %. Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2026, el PIB real crecerá un 1,8 % en 2026 y un 1,6 % en 2027, y la inflación IPCA se situará en el 3,7 % en 2026 y en el 2,4 % en 2027.

(11)

Según los datos facilitados por Eurostat (10), el superávit de las administraciones públicas de Grecia aumentó del 1,3 % del PIB en 2024 al 1,7 % del PIB en 2025, y su superávit primario aumentó del 4,8 % del PIB al 4,9 % en 2025. El aumento del superávit en 2025 refleja principalmente un menor gasto en concepto de intereses y la contención del gasto corriente, junto con un aumento de los ingresos procedentes del IVA a pesar de la aplicación de medidas expansivas (0,6 % del PIB), entre ellas recortes en las cotizaciones a la seguridad social, un aumento de los salarios del sector público y ayudas específicas a los hogares. Teniendo en cuenta las medidas de actuación conocidas en la fecha límite de las previsiones, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2026 prevén un superávit del 0,8 % del PIB en 2026 y del 0,6 % en 2027. La disminución del superávit en 2026 refleja principalmente el impacto de los recortes fiscales (impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuesto sobre la propiedad inmobiliaria e IVA), los aumentos de las pensiones y los salarios del sector público, así como un mayor gasto en defensa y las medidas temporales de apoyo en materia energética. La nueva disminución del superávit en 2027 refleja principalmente los efectos durante todo un ejercicio del paquete fiscal expansivo de 2026, una nueva reducción de las cotizaciones a la seguridad social y nuevos aumentos salariales en el sector público.

(12)

Según las estimaciones de la Comisión, la orientación fiscal (11), que incluye los gastos financiados tanto a nivel nacional como de la UE, fue expansiva (0,8 % del PIB) en 2025. Se prevé que sea expansiva (2,8 % del PIB) en 2026 y restrictiva (1,5 % del PIB) en 2027.

(13)

Según los datos facilitados por Eurostat (12), la deuda de las administraciones públicas de Grecia disminuyó del 154,2 % del PIB a finales de 2024 al 146,1 % del PIB a finales de 2025. La disminución de la ratio de deuda en 2025 se debió principalmente al crecimiento del PIB nominal y al superávit presupuestario. Sobre la base de las medidas de actuación conocidas en la fecha límite de las previsiones, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2026 indican que la ratio de deuda con respecto al PIB habrá disminuido hasta el 140,7 % para el fin de 2026 y seguirá disminuyendo hasta alcanzar el 134,4 % para el fin de 2027.

(14)

Según los datos de Eurostat (13), en Grecia el gasto total de las administraciones públicas en defensa ascendió al 2,4 % del PIB en 2025, lo que corresponde a un aumento de 0,2 puntos porcentuales del PIB en comparación con el año de referencia 2024. La cifra estimada según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2026 es el 2,6 % del PIB en 2026, lo que corresponde a un aumento de 0,4 puntos porcentuales del PIB con respecto a 2024 (14).

(15)

La Unión sigue estando expuesta a riesgos de interrupciones del suministro energético y a una elevada volatilidad de los precios, exacerbados por las tensiones geopolíticas que afectan a los mercados mundiales del petróleo y el gas. La experiencia adquirida con la crisis energética de 2022-2023 ha demostrado que las medidas amplias y poco específicas suponen un importante coste fiscal y son ineficientes desde el punto de vista social y económico. Desde el estallido de la guerra en Oriente Próximo en febrero de 2026, Grecia ha adoptado medidas de política fiscal para mitigar el impacto de los elevados precios de la energía en los hogares y las empresas (15). Entre ellas se incluyen una combinación de transferencias sociales y medidas de apoyo a los precios, en particular una subvención general al gasóleo (0,16 EUR por litro) y una ayuda específica para combustible de entre 50 y 60 EUR por vehículo para abril-mayo de 2026, así como una subvención específica a los fertilizantes para los agricultores que cubre el 15 % de los costes del sector agrícola durante el período comprendido entre abril y agosto de 2026. Las ayudas adicionales incluyen un traslado puntual específica a familias con niños (150 EUR por niño) y una compensación a los operadores de transbordadores para contener los costes del transporte. Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2026, el coste fiscal de estas medidas ascenderá al 0,2 % del PIB en 2026. Según sus estimaciones, si las medidas siguieran en vigor hasta el fin de 2026, su coste fiscal ascendería al 0,6 % del PIB en 2026.

(16)

Según los cálculos de la Comisión, el gasto neto en Grecia creció un 3,0 % en 2025 y un 2,8 % acumulado en 2024 y 2025. El crecimiento del gasto neto en 2025 se sitúa por debajo del crecimiento máximo recomendado. En 2024 y 2025, considerados conjuntamente, la tasa de crecimiento acumulado del gasto neto también se sitúa por debajo de la tasa de crecimiento máxima recomendada.

(17)

Según los cálculos de la Comisión, se prevé que el gasto neto en Grecia crezca un 7,3 % en 2026 y un 10,4 % acumulado en 2024, 2025 y 2026 y que el crecimiento del gasto neto en 2026 se sitúe por encima de la tasa máxima de crecimiento recomendada, lo que corresponde a una desviación del 1,5 % del PIB en términos anuales. Para 2024, 2025 y 2026, considerados conjuntamente, también se prevé que la tasa de crecimiento acumulado del gasto neto se sitúe por encima de la tasa máxima de crecimiento recomendada, con una desviación del 0,2 % del PIB en términos acumulados. Sin embargo, la desviación prevista se mantiene dentro de la flexibilidad que ofrece la cláusula de salvaguardia nacional según las previsiones actuales del gasto en defensa.

(18)

La centralización y digitalización de la administración tributaria y aduanera han sido fundamentales para aumentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la implantación de herramientas digitales y el refuerzo de los sistemas de cumplimiento, también como parte del PRR, lo que ha contribuido a una reducción significativa de la brecha de cumplimiento en lo que respecta al IVA. Para mantener estos avances, es esencial sostener la inversión, en particular en los sistemas informáticos desarrollados con el apoyo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, asignando recursos suficientes para el mantenimiento de los sistemas y el refuerzo de la capacidad interna. Al mismo tiempo, el sistema tributario sigue caracterizándose por un gran número de gastos fiscales (1 236 casos en 2025) con unas repercusiones presupuestarias significativas, lo que añade complejidad al sistema tributario y tiene implicaciones para la eficiencia de los ingresos. Una evaluación sistemática de los gastos fiscales sentaría las bases para racionalizar estos gastos, mejorando así la transparencia general del sistema tributario y apoyando la sostenibilidad fiscal. También son necesarios esfuerzos adicionales en la administración aduanera. Si bien la centralización en curso de la administración aduanera ha aumentado los ingresos aduaneros a pesar de la disminución general de las importaciones, completar la centralización de las inspecciones, reforzar la capacidad operativa y ampliar la infraestructura en los principales puntos de entrada, en particular el puerto de El Pireo, mejoraría aún más la ejecución y la recaudación de ingresos.

(19)

Grecia ha seguido tomando medidas para modernizar su administración pública. Tras un ajuste considerable después de 2010, el tamaño y el coste de la administración pública se han adaptado en líneas generales a la media de la UE. La masa salarial del sector público griego se mantuvo estable en líneas generales en 2025 en el 10,2 % del PIB, ligeramente por debajo de la media de la UE (10,3 % del PIB). Para apoyar esta situación, es fundamental seguir aplicando la tabla salarial unificada, manteniendo al mismo tiempo los niveles actuales de personal, incluido el personal temporal. El PRR contiene medidas para mejorar la eficacia de la administración pública, incluido un marco de gobernanza multinivel adoptado en 2023, que debería mejorar la coordinación entre la administración central y las administraciones regionales y locales, por ejemplo, en lo que respecta a la gestión hidrológica y la protección civil. Se espera que Grecia empiece a aplicar el marco de gobernanza una vez que haya adoptado una ley codificada que reúna todas las responsabilidades de las administraciones regionales y locales en un solo marco jurídico, que se espera que entre en vigor en 2026.

(20)

Se han realizado avances en la reducción de los préstamos dudosos en los balances bancarios; sin embargo, la resolución de los préstamos dudosos restantes, que actualmente gestionan en gran medida administradores de créditos, ha avanzado a un ritmo lento. Los obstáculos judiciales, como la larga duración de la resolución judicial de litigios previos y posteriores a las subastas, dan lugar a un escaso interés por parte de terceros y a subastas infructuosas, lo que retrasa la liquidación de las garantías. Los retrasos mencionados en los procedimientos de liquidación y el consiguiente efecto disuasorio sobre los posibles compradores para participar en las subastas socavan la eficiencia global del marco de resolución de la deuda, al tiempo que reducen la oferta efectiva de bienes inmuebles. Los retrasos también agravan la crisis de asequibilidad de la vivienda, ya que hay muchas viviendas vacías de las que no se puede disponer por estar sujetas a procesos relacionados con la ejecución de deudas. Las medidas procesales recientemente adoptadas tienen por objeto abordar los problemas mencionados acelerando la resolución de litigios previos y posteriores a las subastas, como: i) simplificaciones procesales, ii) medidas destinadas a evitar una concentración desproporcionada de litigios relacionados con la ejecución en las zonas metropolitanas y iii) una plataforma digital para lograr avances decisivos en relación con las fechas de vistas excesivamente lejanas; no obstante, aún no puede determinarse su eficacia.

(21)

La participación sistemática, significativa y oportuna de las administraciones locales y regionales, los interlocutores sociales, la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo esencial para garantizar una amplia implicación en la ejecución satisfactoria de los instrumentos de financiación de la Unión, así como en el contexto del Semestre Europeo.

(22)

La ejecución de los programas de la política de cohesión, que engloban el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Transición Justa (FTJ), el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y el Fondo de Cohesión en Grecia, avanza a un ritmo superior a la media de la UE, en términos tanto de selección de proyectos como de pagos. Es importante mantener el impulso actual y, al mismo tiempo, maximizar los efectos de las inversiones sobre el terreno. Grecia ya está tomando medidas en el marco de sus programas de la política de cohesión para impulsar la competitividad y el crecimiento. No obstante, algunos ámbitos pueden requerir una mayor atención en la fase de ejecución, en particular los relacionados con la innovación, la gestión de residuos, el transporte público urbano, los ferrocarriles y las medidas de base local para retener el capital humano fuera de la región de la capital y abordar el declive demográfico en las regiones menos desarrolladas. Es esencial velar por que las nuevas inversiones señaladas por Grecia en su revisión intermedia de los fondos de la política de cohesión, en particular las relacionadas con las cinco prioridades establecidas en el Reglamento sobre la revisión intermedia (16), se movilicen rápida y eficazmente.

(23)

Grecia se enfrenta a varios retos relacionados con la carga regulatoria, las barreras de entrada a los mercados de productos y servicios, la fragmentación de la política de investigación, los largos procedimientos judiciales y la incertidumbre debido a la falta de planes que definan los usos del suelo, aunque recientemente se han adoptado medidas estratégicas en algunos de estos ámbitos.

(24)

El país ha mejorado su marco regulador y ha implantado herramientas digitales para agilizar la interacción de las empresas con el Estado, por ejemplo, simplificando y digitalizando el proceso de concesión de licencias para la creación y el funcionamiento de empresas. Sin embargo, las empresas griegas siguen considerando que el cumplimiento de la normativa empresarial constituye un importante obstáculo para la inversión, como ponen de manifiesto las encuestas realizadas por el Banco Europeo de Inversiones. Múltiples servicios siguen interviniendo en la concesión de permisos medioambientales y se están realizando esfuerzos para acortar los plazos de aprobación. Uno de los motivos es que el marco regulador no se ha completado, ya que aún no se han adoptado todos los actos derivados que permitirían un proceso de concesión de permisos más sencillo en caso de modificaciones no sustanciales. Asimismo, una capacidad administrativa suficiente y la digitalización de extremo a extremo del registro medioambiental electrónico y de los procesos de concesión de permisos conexos para todos los servicios implicados ayudarían a acelerar la concesión de permisos medioambientales. Por otro lado, el marco jurídico de los acuerdos de concesión en el litoral está obsoleto y obstaculiza la inversión en infraestructuras existentes y nuevas. En particular, las infraestructuras relacionadas con actividades industriales, extractivas y otras actividades auxiliares se beneficiarían de un marco jurídico específico, habida cuenta de la gran complejidad de los requisitos en materia de seguridad y medio ambiente. En general, unas evaluaciones sólidas de impacto normativo serían una herramienta clave para detectar y abordar cualquier carga regulatoria injustificada. Se espera que completar los planos catastrales e incorporarlos en el sistema central de información de la administración pública y tributaria reduzcan la carga administrativa para el sector privado, incluidos los agricultores.

(25)

Los servicios profesionales, en particular los abogados, los arquitectos, los ingenieros civiles y los contables, están sujetos a regulaciones estrictas que afectan a la prestación de servicios tanto a escala nacional como transfronteriza (en particular los requisitos de entrada, restricciones a las prácticas multidisciplinares y a la publicidad, restricciones territoriales y, en algunos casos, baremos de honorarios fijos). Estos servicios profesionales también presentan una baja tasa de salida de empresas del mercado. Del mismo modo, sigue habiendo restricciones reglamentarias al comercio dentro de la UE, especialmente en relación con los requisitos de acceso al comercio minorista, la zonificación y la concesión de licencias. El sector farmacéutico sigue operando con arreglo a estrictas normas de establecimiento, incluidas restricciones demográficas y geográficas. Las normas sectoriales de establecimiento también son más restrictivas que en el conjunto de la UE en los sectores del transporte y las telecomunicaciones. En el contexto del mercado único, los costes de entrada y establecimiento para los inversores extranjeros y los prestadores de servicios aumentan debido a los frecuentes cambios en las normas tributarias, los elevados costes de cumplimiento y las barreras normativas. Estas limitaciones son especialmente pronunciadas en los servicios profesionales y el comercio minorista, así como en los sectores del transporte y las redes.

(26)

La gestión de la política de investigación y las fuentes de financiación siguen estando fragmentadas en varios ministerios y entidades públicas de Grecia, y la coordinación entre estos organismos ha sido deficiente. En lo que respecta al acceso a la financiación, la inversión en capital riesgo sigue estando muy por debajo de la media de la UE, y los mercados nacionales de capital inversión y de capital riesgo están poco desarrollados. Esto refleja una dependencia de iniciativas respaldadas por el Estado más que de mercados privados maduros. Al mismo tiempo, si bien el acceso a la financiación en la fase semilla es, en términos generales, comparable al de los homólogos de la UE, las limitaciones de financiación persisten una vez que las empresas emergentes se acercan a la fase inicial o a la fase de crecimiento. Además, aunque las ayudas públicas a la I+D empresarial han aumentado, el gasto del sector privado sigue estando muy por debajo de la media de la UE. De cara al futuro, sigue siendo fundamental reforzar la gobernanza de la política de investigación y garantizar la financiación a largo plazo de la I+D. Las limitaciones financieras de las empresas griegas se ven agravadas por las demoras en los pagos, en particular por parte del sector público. El porcentaje de pymes que se enfrentan a demoras en los pagos por parte de los organismos públicos es muy superior a la media de la UE (33 frente al 20 %).

(27)

El potencial de innovación de Grecia se ve aún más obstaculizado por la todavía escasa adopción de tecnologías digitales por parte de las empresas, en particular de las pymes. A pesar de los avances realizados, la digitalización de las pymes sigue siendo significativamente inferior a la media de la UE (55,95 frente al 71,39 % en 2025). En general, las empresas también van rezagadas en la adopción de tecnologías digitales clave, como la inteligencia artificial (IA), la computación en nube y el análisis de datos.

(28)

Grecia ha seguido avanzando en la mejora de la eficacia y la eficiencia del sistema judicial mediante la modificación del Código de Procedimiento Civil para mejorar la tramitación de los procedimientos civiles y mercantiles en primera y segunda instancia y en el ámbito de la ejecución, así como para digitalizar los procesos judiciales; asimismo, ha adoptado nuevas disposiciones jurisdiccionales en relación con los litigios derivados de los procedimientos de contratación pública. Se ha elaborado un código de mecanismos alternativos de resolución de litigios, cuyo ámbito de aplicación se ampliará también a la resolución de litigios relacionados con la contratación pública; sin embargo, el código aún no se ha adoptado. Si bien se han implantado recientemente varias herramientas de justicia digital, la integración de la tecnología de la información en los procedimientos judiciales sigue siendo incompleta, ya que sigue estando limitada a una serie de órganos jurisdiccionales y no abarca todos los flujos de trabajo. La duración de los procedimientos ante los órganos jurisdiccionales civiles, penales y administrativos sigue siendo una de las más elevadas de la UE, lo que provoca notables retrasos acumulados que afectan, en particular, a la ejecución de los derechos contractuales y de propiedad, a la tramitación de los procedimientos de ejecución y a la resolución de litigios en materia de contratación pública, aunque las recientes reformas se han traducido en avances. Además, hay margen para realizar aún más avances en la revisión del marco jurídico sobre la organización de los órganos jurisdiccionales y el estatuto de los jueces.

(29)

En la actualidad, solo alrededor del 20 % del territorio griego dispone de planes urbanos locales aprobados. La falta de usos definidos del suelo ha generado incertidumbre en cuanto a la actividad económica permitida y ha propiciado la construcción informal, lo que a su vez ha generado una presión insostenible sobre el medio ambiente y las infraestructuras. Si bien Grecia ha realizado avances considerables en la elaboración de planes urbanísticos a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la reforma debe completarse para poder acelerar la inversión.

(30)

A pesar de tener una cuota cada vez mayor de energías renovables en su producción total de electricidad, Grecia sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles. Los precios de la electricidad al por mayor son volátiles, de manera exacerbada debido a la situación geopolítica, y esto es especialmente evidente en el caso de Grecia debido al alto grado de dependencia del gas natural para la generación de electricidad. El plan de recuperación y resiliencia de Grecia contiene varias reformas e inversiones, incluido el aumento de la capacidad de almacenamiento, que se espera que aceleren la descarbonización. Puede aumentarse aún más la capacidad de producción de energía renovable añadiendo la energía eólica marina, y la designación de zonas es un paso fundamental para facilitar su desarrollo. No obstante, se requieren nuevas medidas para reducir la dependencia de Grecia de los combustibles fósiles y abaratar los precios de la electricidad, por ejemplo, promoviendo la respuesta de la demanda y acelerando la implantación de contadores inteligentes, finalizando la interconexión de las islas, reduciendo las pérdidas de la red de distribución y haciendo frente a los factores que contribuyen al aumento de los costes de la electricidad para los consumidores finales.

(31)

Grecia sigue manteniendo una serie de ayudas a los combustibles fósiles, por ejemplo, para usos industriales, y no se ha establecido un calendario detallado para su eliminación gradual de aquí a 2030. En particular, las ayudas a los combustibles fósiles que no tienen por objeto aliviar la pobreza energética ni reforzar la seguridad energética, que obstaculizan el proceso de electrificación y que no son cruciales para la competitividad industrial podrían considerarse prioritarias para su eliminación progresiva. En Grecia, la fiscalidad de la energía sigue favoreciendo, en algunos casos, al gas natural frente a la electricidad, lo que puede contribuir a generar una señal de precios contradictoria teniendo en cuenta el aumento de la cuota de las energías renovables en la producción total de electricidad. Los precios finales de la energía son más bajos para los combustibles fósiles que para la electricidad, y Grecia se sitúa entre los Estados miembros de la UE con la mayor relación entre los precios de la electricidad y del gas. Por otro lado, Grecia sigue siendo el país de la UE en el que los impuestos especiales sobre el gasóleo son especialmente bajos en comparación con los impuestos especiales sobre la gasolina, a pesar de que el gasóleo es más perjudicial para el medio ambiente. Por lo tanto, una recalibración de los impuestos sobre la energía, junto con la eliminación progresiva de las ayudas a los combustibles fósiles, podría ofrecer mayores incentivos para la electrificación. Por último, una utilización más específica de las fuentes de ingresos (por ejemplo, el régimen de comercio de derechos de emisión) permitiría asignar recursos suficientes a regímenes de ayuda clave (como la cuenta de fuentes de energía renovables), así como seguir promoviendo la descarbonización de la industria y el sector del transporte, lo que contribuiría aún más a una transición ecológica justa e inclusiva en Grecia.

(32)

Aunque Grecia tiene uno de los parques de vehículos más antiguos de la UE, su flota de autobuses urbanos ha sido objeto de una renovación profunda en los últimos años, en el marco de la cual se ha introducido un gran número de autobuses eléctricos. El sector del transporte griego es uno de los principales emisores de CO2 del país. Grecia se beneficiaría de elaborar una estrategia integral, que incluya un plan de inversiones y también reformas, destinada a promover la descarbonización del sector del transporte mediante la ampliación del uso de medios de transporte eléctricos, y que incluya la mejora de la capacidad y la calidad del transporte público urbano. Además, al completar las licitaciones ya en marcha de servicios de transporte interurbano y urbano por autobús, Grecia establecerá un entorno más seguro y propicio para promover la modernización y la ecologización de su flota de autobuses. La mejora de las terminales de autobuses de las principales ciudades para promover el transporte intermodal también contribuiría positivamente a este objetivo. Además, la renovación de la flota griega de transporte marítimo de pasajeros, de la que más del 80 % de los buques de pasajeros tienen más de veinte años y carecen de tecnologías ecológicas, ofrece importantes beneficios económicos y medioambientales. Como parte del PRR griego, se ha elaborado un plan director para la renovación de la flota griega de transporte marítimo de pasajeros, que puede servir de base para las decisiones políticas relativas a la mejora de los buques, las infraestructuras portuarias y la financiación.

(33)

Grecia se ha comprometido a modernizar su sistema ferroviario nacional. La reforma ferroviaria en curso apoyada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia tiene por objeto hacer que el sector ferroviario griego sea más seguro, eficiente, integrado, moderno y orientado a las necesidades de los clientes, con especial atención al refuerzo de la capacidad y de las inversiones del administrador de infraestructuras. La introducción del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS) y el refuerzo de la capacidad operativa de la Autoridad Reguladora de Ferrocarriles de Grecia, en particular haciendo frente a las limitaciones de recursos, son esenciales para apoyar estos esfuerzos. Mediante el desarrollo de un sistema ferroviario moderno y eficiente, Grecia puede aprovechar su posición estratégica como puerta de acceso entre Europa, el Mediterráneo oriental y la región del mar Negro, y desarrollar un sistema de transporte fiable, competitivo y sostenible desde el punto de vista medioambiental que apoye el desarrollo regional, la cohesión, la conectividad transfronteriza y el crecimiento económico.

(34)

Grecia es especialmente vulnerable al cambio climático y a los fenómenos meteorológicos extremos conexos, como sequías intensas, inundaciones, incendios forestales y olas de calor. La frecuencia y la gravedad cada vez mayores de estos acontecimientos requieren costosos trabajos de reconstrucción de las infraestructuras afectadas y la rehabilitación de grandes superficies forestales y agrarias. Por el momento, Grecia carece de una estrategia integral, además de una asignación clara de responsabilidades, en particular en las administraciones regionales y locales, para planificar y ejecutar inversiones en adaptación al cambio climático. Mediante el establecimiento de un sistema de gobernanza multinivel y la integración de las consideraciones de resiliencia frente al cambio climático en toda la administración pública y en sectores clave (por ejemplo, la energía y el transporte), Grecia establecería un marco más propicio para llevar a cabo, de manera sostenible y eficaz, la protección necesaria frente al cambio climático de las inversiones en infraestructuras esenciales en todo el país, incluidas las regiones costeras y las islas. Ello requeriría dar prioridad a una planificación basada en los riesgos y movilizar inversiones públicas y privadas adecuadas, en particular en sectores en los que las vulnerabilidades climáticas siguen sin recibir una respuesta adecuada, entre ellos los sectores del transporte y los que dependen del medio marino, que están expuestos a riesgos climáticos significativos. Además, sería beneficioso para Grecia adoptar un enfoque estructurado para la financiación del riesgo de catástrofes y adoptar nuevas medidas estratégicas destinadas a aumentar la tasa de cobertura de los seguros privados, principalmente adoptando y aplicando una estrategia nacional de seguros privados frente a catástrofes naturales. La cobertura de los seguros privados sigue siendo una de las más bajas de la UE, y la diferencia entre la región del Ática y otras regiones es elevada, a pesar de las medidas introducidas en los dos últimos años, que se espera que tengan efectos a medio y largo plazo.

(35)

Grecia es uno de los países de la UE con mayor estrés hídrico; la agricultura es el principal consumidor de recursos hídricos y representa más del 80 % del consumo total de agua. El suministro de agua del país está sometido a una presión significativa, y la situación se ve agravada por sequías prolongadas y episodios de precipitaciones extremas, mientras que no existe un marco adecuado para la recogida y el almacenamiento de aguas superficiales y pluviales, y la reutilización de las aguas residuales tratadas es limitada. En el marco de su PRR, Grecia ha desarrollado una nueva Estrategia Nacional del Agua para el uso eficiente y sostenible de los recursos hídricos y ha introducido una iniciativa piloto para reorganizar a los principales prestadores de servicios hídricos. La aplicación de esta estrategia, junto con la inversión en gestión sostenible del agua e infraestructuras hídricas, es fundamental para construir y mantener infraestructuras resilientes y promover el uso eficiente de los recursos hídricos. En el marco de la revisión intermedia de la política de cohesión, Grecia ha aumentado las asignaciones destinadas a inversiones en el ámbito del agua. Las iniciativas para promover la gestión circular del agua y la gestión de la demanda, así como los esfuerzos para sensibilizar a la opinión pública sobre el valor y la seguridad de las aguas residuales tratadas adecuadamente, pueden ayudar a aliviar la escasez de agua y mejorar la eficiencia general de la gestión sostenible del suministro de agua.

(36)

Grecia también se enfrenta a retos en materia de gestión de residuos. A pesar de la introducción de un impuesto sobre el vertido en vertederos en 2022 y de los esfuerzos realizados para establecer instalaciones de gestión de residuos, alrededor del 80 % de los residuos municipales siguen depositándose en vertederos. La falta de instalaciones de reciclado adecuadas y los escasos avances en el aumento de las tasas de reciclado, que se mantienen en solo el 17,4 frente al 48 % en la UE, ponen de relieve la necesidad de adoptar un enfoque más integral e integrado de la gestión de residuos. Para hacer frente a estos retos, es esencial actualizar los planes regionales de gestión de residuos, de conformidad con los requisitos de la Directiva marco sobre residuos, e invertir en infraestructuras de gestión de residuos sólidos. Esto incluiría adoptar sistemas de pago por generación de residuos, la aplicación oportuna de programas de recogida separada y el refuerzo de la capacidad de los organismos regionales de gestión de residuos sólidos, en particular en lugares como las islas, donde las limitaciones de capacidad se agravan durante los períodos de máxima afluencia turística. Si se adoptaran estas medidas, Grecia podría reducir su dependencia de los vertederos, aumentar los niveles de reciclado y promover prácticas de gestión de residuos más eficaces.

(37)

Los resultados globales de Grecia en materia de empleo han sido sólidos en los últimos años, lo que ha reducido la brecha con respecto a la media de la UE. Sin embargo, la participación de las mujeres en el mercado laboral sigue siendo baja, lo que da lugar a una disparidad entre el empleo masculino y el femenino que casi duplica la media de la UE. A pesar de las mejoras registradas, Grecia sigue teniendo también una proporción considerable de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación (13,6 % en 2025), y los grupos vulnerables, como las personas con discapacidad o los romaníes, se enfrentan a dificultades particulares para entrar en el mercado laboral. Un mayor fomento de las disposiciones sobre horario laboral flexible, el aumento de los servicios de guardería y de cuidados de larga duración pueden sentar las bases para una mayor tasa de personas con empleo, especialmente jóvenes, mujeres y grupos vulnerables, y mejorar la calidad del empleo. También sigue siendo fundamental reforzar las políticas activas del mercado de trabajo y abordar la inadecuación de las capacidades orientando mejor los sistemas de educación y formación a las necesidades del mercado laboral y mejorando la coordinación, la eficacia y los resultados de los programas de aprendizaje de adultos. Aunque se están estableciendo marcos estratégicos y algunas medidas están en curso, una elevada proporción de la población sigue en riesgo de pobreza y la eficacia de las transferencias sociales es inferior a la media de la UE y ha disminuido considerablemente en los últimos años. Las necesidades de cuidados médicos no satisfechas, la escasa prestación de cuidados de larga duración, los elevados costes de la vivienda y las elevadas tasas de privación ponen de relieve la necesidad de un sistema de protección social sólido y de nuevas medidas estratégicas. La disponibilidad de servicios sociales y esenciales sigue siendo limitada, en detrimento de las comunidades marginadas y remotas.

(38)

Además de los retos económicos y sociales de los que se ocupan el PRR y otros fondos de la UE, Grecia se enfrenta a varios retos adicionales relacionados con la educación. La participación en la educación infantil y atención a la infancia desde los tres años hasta la edad de inicio de la escolarización obligatoria en la enseñanza primaria sigue siendo baja. En 2019 (año al que se refieren los datos más recientes de Eurostat sobre Grecia), el país ocupó el último puesto entre los Estados miembros de la UE en términos de tasa de matriculación, mientras que la falta de datos más recientes dificulta el seguimiento de los avances. La participación en la educación infantil y atención a la infancia a edades inferiores también sigue siendo baja. En 2024, el 28,8 % de los niños griegos menores de tres años recibieron educación infantil y atención a la infancia (frente al 39,3 % en la UE). La tasa es especialmente baja en el caso de los niños en riesgo de pobreza o exclusión social. Se insta a Grecia a que aumente la tasa de participación de los niños menores de tres años para cumplir el objetivo de Barcelona revisado del 42,8 % de aquí a 2030.

(39)

Según el último Programa de la OCDE para la Evaluación Internacional de Alumnos de 2022, una elevada proporción de alumnos griegos de 15 años no alcanza un nivel mínimo de competencia en capacidades básicas. Las tasas de bajo rendimiento se sitúan entre las más altas de la UE y han aumentado desde 2018 en todos los grupos socioeconómicos, lo que indica retos estructurales en la calidad y la equidad del sistema educativo. Estos retos que socavan los resultados educativos de Grecia pueden estar relacionados con una escasa financiación de las políticas educativas, un menor grado de autonomía de los centros escolares, métodos de evaluación de alumnos desactualizados, dificultades para aplicar métodos de enseñanza basados en competencias y enfoques pedagógicos específicos para alumnos con discapacidad y necesidades educativas especiales. Los docentes siguen teniendo pocas oportunidades de desarrollo profesional continuo, lo que, junto con la falta de una cultura de evaluación del profesorado, lastra aún más la calidad de la educación.

(40)

Con un 16,6 % en 2022, la participación de los adultos en actividades de formación es muy inferior a la media de la UE y está muy lejos del objetivo de Grecia del 40 % para 2030. Pese a algunas mejoras recientes, la limitada eficacia de los mecanismos de previsión de capacidades hace que persista la inadecuación de las capacidades. El bajo rendimiento del sistema de educación y formación profesionales socava los esfuerzos por reducir el desajuste entre las capacidades que el mercado laboral demanda y las capacidades disponibles, aunque diversas reformas e iniciativas en curso tienen por objeto abordar el problema. A pesar de la creciente demanda, el porcentaje de especialistas en TIC con respecto al empleo total es el más bajo de la UE, con un 2,5 %. Además, la proporción global de adultos con capacidades digitales básicas o superiores a las básicas se situó en el 50,96 % en 2025, 10 puntos porcentuales por debajo de la media de la UE. Abordar estos retos también contribuiría a apoyar la convergencia social al alza, en consonancia con la segunda fase del análisis por país realizado por los servicios de la Comisión con arreglo al marco de convergencia social (17).

(41)

Los precios de la vivienda han aumentado a un ritmo elevado desde 2019, impulsados por la fuerte demanda y una actividad de construcción moderada. La demanda interna repuntó en el período posterior a la pandemia y se ha mantenido estable. La demanda exterior, que se ha visto incentivada por el programa de residencia para inversores y las oportunidades de inversión en turismo, se moderó ligeramente en 2025. La oferta de vivienda se ve limitada por años de escasa inversión en vivienda, que sigue siendo baja en comparación con la UE, a pesar del reciente repunte de la actividad de construcción. El aumento de los precios de la vivienda y de los alquileres superó el crecimiento de los ingresos, por lo que la asequibilidad de la vivienda se ha deteriorado, afectando a gran parte de la población. Como parte del PRR de Grecia, se están elaborando la estrategia nacional de vivienda y el programa de intercambio recíproco de bienes inmuebles públicos (Kinoniki Antiparochi), destinado a incentivar a los promotores del sector privado para que inviertan en vivienda asequible y vivienda social.

(42)

A través de su PRR, Grecia ha invertido en la transición hacia un sistema de asistencia sanitaria basado en la atención primaria. Es necesario aprovechar estos esfuerzos para seguir promoviendo el acceso a una asistencia sanitaria asequible y de calidad y reducir las elevadas necesidades sanitarias no satisfechas notificadas por la población. Esto incluye garantizar el funcionamiento de la reforma del médico personal y del sistema de derivación, así como abordar la escasez de enfermeros y médicos generalistas, además de sus desequilibrios geográficos, que siguen siendo un reto fundamental que obstaculiza el acceso a la asistencia. En relación con esto, Grecia sigue registrando una de las mayores proporciones de pagos directos de toda la UE. Para ayudar a abordar esta cuestión, es fundamental revisar el alcance de los copagos de la asistencia sanitaria y ofrecer una cobertura pública de la asistencia dental. Habida cuenta de las inversiones que ha realizado Grecia en la transformación digital de la asistencia sanitaria, nuevos esfuerzos para aumentar la alfabetización sanitaria digital contribuirán a acelerar la adopción de herramientas y servicios de sanidad electrónica. De cara al futuro, disponer de datos de alta calidad procedentes de todo el sector y aprovecharlos será fundamental para orientar la elaboración de políticas de gran impacto destinadas a abordar los retos del sistema sanitario.

(43)

Habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de los Estados miembros de la zona del euro y de su contribución colectiva al funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria, el Consejo recomendó en 2026 a los Estados miembros de la zona del euro que tomaran medidas, también a través de sus PRR, para aplicar la Recomendación de 2026 sobre la política económica de la zona del euro. En el caso de Grecia, la primera recomendación contribuye a aplicar la primera, segunda, tercera y decimocuarta recomendaciones de la zona del euro, la segunda recomendación contribuye a aplicar la cuarta recomendación de la zona del euro, la tercera recomendación contribuye a aplicar la séptima, octava y novena recomendaciones de la zona del euro, la cuarta recomendación contribuye a aplicar la séptima recomendación de la zona del euro, y la quinta recomendación contribuye a aplicar la quinta recomendación de la zona del euro.

(44)

A la luz del papel crucial del capital humano en la mejora de la competitividad y la autonomía estratégica de la Unión, en 2026 el Consejo recomendó a los Estados miembros que tomaran medidas para afrontar urgentemente las dificultades estructurales relacionadas con el capital humano en los ámbitos de las capacidades, la educación y la formación, que obstaculizan la competitividad. Las recomendaciones específicas por país de 2026 dirigidas a Grecia pueden contribuir a la aplicación de la Recomendación del Consejo sobre el capital humano en la Unión Europea.

RECOMIENDA a Grecia que tome medidas en 2026 y 2027 con el fin de:

1.

Seguir respetando las tasas máximas de crecimiento del gasto neto recomendadas por el Consejo el 21 de enero de 2025, haciendo uso al mismo tiempo de la flexibilidad prevista en la cláusula de salvaguardia nacional activada por el Consejo. Reforzar el gasto global y la preparación en materia de defensa y seguridad y, a la vez, velar por la sostenibilidad de la deuda y la eficiencia del gasto y adaptar gradualmente el presupuesto para mantener un gasto en defensa estructuralmente más elevado. Garantizar que las medidas adoptadas para mitigar el impacto de la subida de los precios de la energía provocada por la crisis sean temporales, estén destinadas a proteger a los hogares vulnerables o satisfacer las necesidades de las empresas de gran consumo de energía, mantengan los incentivos para el ahorro de energía y tengan un coste fiscal compatible con los compromisos contraídos con arreglo al marco fiscal de la UE. Proseguir los esfuerzos para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en particular mediante una mayor centralización y digitalización de las inspecciones aduaneras y fiscales, y mejorar la transparencia del sistema tributario mediante una evaluación y racionalización de los gastos fiscales. Seguir mejorando la eficacia y la eficiencia de su administración pública mediante la plena aplicación del marco de gobernanza multinivel. Proseguir la reducción del volumen de préstamos dudosos en poder de los bancos y los administradores de créditos acelerando los procedimientos judiciales relacionados con la liquidación.

2.

Garantizar la continuidad de las reformas e inversiones ejecutadas en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Mantener el ritmo de ejecución de los programas de la política de cohesión, aprovechando, cuando proceda, la reasignación de recursos a las prioridades estratégicas y las flexibilidades acordadas en el contexto de la revisión intermedia del marco de la política de cohesión.

3.

Simplificar la normativa, racionalizar y digitalizar los procesos administrativos. Completar los marcos reguladores para la concesión de licencias medioambientales y los acuerdos de concesión en el litoral. Eliminar las significativas barreras de entrada al ejercicio de los servicios profesionales y a la creación de empresas. Mejorar la gobernanza del sistema nacional de investigación, desarrollo e innovación reduciendo la fragmentación de la gestión y la financiación de la política de investigación. Facilitar el acceso a la financiación para las empresas emergentes y las empresas en expansión, en particular mediante el desarrollo de los mercados nacionales de capital inversión y de capital riesgo. Promover la digitalización de las empresas, en particular de las pymes. Proseguir los esfuerzos para racionalizar los procedimientos judiciales y reducir su duración acelerando los procedimientos civiles y de contratación pública. Completar la reforma de la planificación urbanística mediante la entrada en vigor de planes urbanísticos que abarquen la totalidad del territorio.

4.

Promover una electricidad asequible mediante el desarrollo de soluciones de flexibilidad, la finalización de las interconexiones de las islas y la mejora de la calidad y la capacidad de la red de distribución, y aumentar aún más la producción de energías renovables, en particular mediante la capacidad de energía eólica marina. Reajustar la fiscalidad energética para incentivar la electrificación y adoptar medidas concretas para eliminar gradualmente las ayudas a los combustibles fósiles, en particular en el sector industrial. Acelerar la descarbonización del sector del transporte, completar la reforma del transporte en autobús y ampliar y modernizar el sistema ferroviario nacional, incluida la introducción del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario. Reforzar la resiliencia frente al cambio climático mediante la adaptación de infraestructuras clave al cambio climático y adoptar medidas para aumentar la cobertura de los seguros privados contra los daños relacionados con catástrofes naturales, en particular mediante la adopción de la estrategia nacional. Mejorar la gestión del agua y las infraestructuras hídricas. Actualizar los planes de gestión de residuos y mejorar la gestión de los residuos sólidos, en particular a nivel regional y en las islas.

5.

Aumentar la tasa de empleo de las mujeres, los jóvenes y los grupos vulnerables, y mejorar la calidad del empleo redoblando los esfuerzos relativos a las modalidades de trabajo flexibles y ampliando la educación infantil y atención a la infancia formales y los cuidados de larga duración. Mejorar los resultados educativos ampliando la formación y la evaluación de los docentes, así como la autonomía de los centros educativos. Seguir racionalizando las prestaciones sociales y mejorando el acceso a los servicios. Ampliar la oferta de vivienda asequible y vivienda social, en particular mediante un nuevo código de edificación. Promover el acceso a una asistencia sanitaria asequible y de calidad reforzando la atención primaria, abordando la escasez y los desequilibrios geográficos de enfermeros y médicos y reduciendo los pagos directos.

Hecho en Bruselas, el 10 de julio de 2026.

Por el Consejo

El Presidente

S. HARRIS


(1)  Reglamento (UE) 2024/1263 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2024, relativo a la coordinación eficaz de las políticas económicas y a la supervisión presupuestaria multilateral y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo (DO L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj).

(2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1176/oj).

(3)   DO C, C/2026/2434, 28.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2434/oj.

(4)  Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (DO L 57 de 18.2.2021, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj).

(5)  SWD(2026)137 final.

(6)  Recomendación del Consejo, de 21 de enero de 2025, por la que se aprueba el plan fiscal-estructural nacional a medio plazo de Grecia (DO C, C/2025/661, 10.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/661/oj).

(7)  Comunicación de la Comisión titulada «Dar cabida al aumento del gasto en defensa en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento», Bruselas, 19.3.2025, C(2025) 2000 final.

(8)  Recomendación del Consejo, de 8 de julio de 2025, por la que se autoriza a Grecia a desviarse de las tasas máximas de crecimiento del gasto neto establecidas por el Consejo en virtud del Reglamento (UE) 2024/1263 (activación de la cláusula de salvaguardia nacional) (DO C, C/2025/3965, 20.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3965/oj).

(9)  Los informes anuales de situación de 2026 se encuentran disponibles en https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-governance-framework/stability-and-growth-pact/preventive-arm/annual-progress-reports_en?prefLang=es&etrans=es.

(10)  Euroindicadores de Eurostat de 22 de abril de 2026.

(11)  La orientación fiscal se define como una medida de la variación anual de la situación presupuestaria subyacente de las administraciones públicas. Tiene por objeto evaluar el impulso económico derivado de las políticas fiscales, tanto las financiadas a nivel nacional como las financiadas por el presupuesto de la UE. La orientación fiscal se mide como la diferencia entre i) el crecimiento potencial a medio plazo y ii) la variación del gasto primario, neto de las medidas discrecionales relativas a los ingresos e incluidos los gastos financiados mediante ayudas no reembolsables (subvenciones) procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la Unión.

(12)  Euroindicadores de Eurostat de 22 de abril de 2026.

(13)  Eurostat, gasto público por clasificación de las funciones de las administraciones públicas (COFOG).

(14)  La definición de «gasto en defensa» de la OTAN difiere de la definición de «defensa» de la clasificación de las funciones de las administraciones públicas (COFOG). Asimismo, podría haber diferencias en función del momento en que se registre el gasto, en particular el relativo a equipos militares, ya que los informes de la OTAN no siguen las normas aplicables a las cuentas nacionales en lo que respecta al momento del registro.

(15)  Esta es la situación en la fecha límite de las previsiones de la Comisión de la primavera de 2026 (4 de mayo de 2026).

(16)  Reglamento (UE) 2025/1914 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2025, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2021/1058 y (UE) 2021/1056 en lo que respecta a medidas específicas para hacer frente a retos estratégicos en el contexto de la revisión intermedia.

(17)  SWD(2026)122 final – Second-stage country analysis on social convergence in line with the Social Convergence Framework (SCF) [Segunda fase del análisis por país sobre la convergencia social en consonancia con el marco de convergencia social].


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3921/oj

ISSN 1977-0928 (electronic edition)