62023CJ0677

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima)

de 23 de enero de 2025 ( *1 )

«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Contratos de crédito al consumo — Directiva 2008/48/CE — Requisitos relativos a la información que debe incluirse en esos contratos de crédito — Obligación de información — Duración del contrato — Tasa anual equivalente (TAE) — Hipótesis utilizadas para calcular la TAE»

En el asunto C‑677/23,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Krajský súd v Prešove (Tribunal Regional de Prešov, Eslovaquia), mediante resolución de 12 de octubre de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 14 de noviembre de 2023, en el procedimiento entre

A. B.,

F. B.

Slovenská sporiteľňa, a.s.,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima),

integrado por el Sr. F. Biltgen, Presidente de la Sala Primera, en funciones de Presidente de la Sala Séptima, la Sra. M. L. Arastey Sahún (Ponente), Presidenta de la Sala Quinta, y el Sr. J. Passer, Juez;

Abogado General: Sr. A. M. Collins;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

–	en nombre de A. B y F. B., por el Sr. I. Šafranko, advokát;

–	en nombre de Slovenská sporiteľňa, a.s., por el Sr. M. Dubovský, advokát;

–	en nombre del Gobierno eslovaco, por la Sra. E. V. Larišová, en calidad de agente;

–	en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. P. Ondrůšek y A. Tokár, en calidad de agentes;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (DO 2005, L 149, p. 22), y de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO 2008, L 133, p. 66; corrección de errores en DO 2009, L 207, p. 14, en DO 2010, L 199, p. 40, y en DO 2011, L 234, p. 46), en su versión modificada por la Directiva 2011/90/UE de la Comisión, de 14 de noviembre de 2011 (DO 2011, L 296, p. 35) (en lo sucesivo, «Directiva 2008/48»).

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre, por un lado, A. B. y F. B., dos consumidores, y, por otro lado, Slovenská sporiteľňa, a.s., un banco, en relación con una pretensión de que se constate la nulidad de determinadas cláusulas de un contrato de crédito (en lo sucesivo, «contrato controvertido en el litigio principal») y de que se declare que el crédito en cuestión está exento de intereses y gastos.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Directiva 2005/29

El artículo 3 de la Directiva 2005/29, titulado «Ámbito de aplicación», establece en su apartado 1:

«La presente Directiva será aplicable a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores según establece el artículo 5, antes, durante y después de una transacción comercial en relación con un producto.»

Directiva 2008/48

4	El considerando 31 de la Directiva 2008/48 tiene el siguiente tenor: «Con el fin de que el consumidor pueda conocer sus derechos y obligaciones en virtud del contrato, este debe contener toda la información necesaria de forma clara y precisa.»

El artículo 5 de la referida Directiva, titulado «Información precontractual», establece en su apartado 1:

«Con la debida antelación, y antes de que el consumidor asuma cualquier obligación en virtud de un contrato u oferta de crédito, el prestamista y, en su caso, el intermediario de crédito deberán facilitar al consumidor, sobre la base de las condiciones del crédito ofrecidas por el prestamista y, en su caso, de las preferencias manifestadas y de la información facilitada por el consumidor, la información que sea precisa para comparar las diversas ofertas y adoptar una decisión informada sobre la suscripción de un contrato de crédito. […]

Dicha información deberá especificar:

[…]

la tasa anual equivalente [(TAE)] y el importe total adeudado por el consumidor, ilustrado mediante un ejemplo representativo que incluya todas las hipótesis utilizadas para calcular dicha tasa; cuando el consumidor haya informado al prestamista sobre uno o más componentes de su crédito preferido, como por ejemplo la duración del contrato de crédito y su importe total, el prestamista deberá tener en cuenta dichos componentes; si el contrato de crédito prevé diferentes formas de disposición de fondos con diferentes tasas o tipos de préstamo, y el prestamista se acoge al supuesto contemplado en la parte II, letra b), del anexo I, deberá indicar que, para ese tipo de contrato de crédito, la tasa anual equivalente podría ser más elevada con otros mecanismos de disposición de fondos;

[…]».

El artículo 6 de la antedicha Directiva, titulado «Requisitos de información precontractual para determinados contratos de crédito en forma de posibilidad de descubierto y para ciertos contratos de crédito específicos», dispone:

«1. Con la debida antelación, y antes de que el consumidor asuma cualquier obligación en virtud de un contrato de crédito o una oferta relativa a un contrato de crédito a tenor del artículo 2, apartados 3, 5 o 6, el prestamista y, cuando proceda, el intermediario de crédito, deberán facilitar al consumidor, sobre la base de las condiciones del crédito ofrecidas por el prestamista y, en su caso, de las preferencias manifestadas y de la información facilitada por el consumidor, la información que sea precisa para comparar las diversas ofertas y adoptar una decisión informada sobre la suscripción de un contrato de crédito.

Dicha información deberá especificar:

[…]

f)	la [TAE] ilustrada mediante un ejemplo representativo que mencione todas las hipótesis utilizadas para calcularla;

[…]».

El artículo 10 de la misma Directiva, titulado «Información que debe mencionarse en los contratos de crédito», tiene el siguiente tenor:

«1. Los contratos de crédito se establecerán en papel o en otro soporte duradero.

Todas las partes contratantes recibirán un ejemplar del contrato de crédito. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier norma nacional relativa a la validez de la celebración de contratos de crédito que sean conformes con el Derecho comunitario.

2. El contrato de crédito deberá especificar, de forma clara y concisa, los siguientes datos:

[…]

c)	la duración del contrato de crédito;

[…]

g)	la [TAE] y el importe total adeudado por el consumidor, calculados en el momento de la suscripción del contrato de crédito; se mencionarán todas las hipótesis utilizadas para calcular dicho porcentaje;

h)	el importe, el número y la periodicidad de los pagos que deberá efectuar el consumidor y, cuando proceda, el orden en que deben asignarse los pagos a distintos saldos pendientes sometidos a distintos tipos deudores a efectos de reembolso;

[…]».

El artículo 14 de la Directiva 2008/48, titulado «Derecho de desistimiento», establece en su apartado 1:

«El consumidor dispondrá de un plazo de 14 días civiles para desistir del contrato de crédito sin indicar el motivo.

Este plazo de desistimiento se iniciará:

a)	en la fecha de suscripción del contrato de crédito, o bien

b)	en la fecha en que el consumidor reciba las condiciones contractuales y la información recogida en el artículo 10, si esa fecha fuera posterior a la indicada en la letra a) del presente apartado.»

A tenor del artículo 19 de la mencionada Directiva, titulado «Cálculo de la [TAE]»:

«[…]

3. El cálculo de la [TAE] se realizará partiendo del supuesto básico de que el contrato de crédito estará vigente durante el período de tiempo acordado y que el prestamista y el consumidor cumplirán sus obligaciones en las condiciones y en los plazos que se hayan acordado en el contrato de crédito.

4. En los contratos de crédito que contengan cláusulas que permitan modificaciones del tipo deudor y, en su caso, los gastos incluidos en la [TAE] que no sean cuantificables en el momento del cálculo, la [TAE] se calculará partiendo del supuesto básico de que el tipo deudor y los demás gastos se mantendrán fijos al nivel inicial y se aplicarán hasta el término del contrato de crédito.

5. Si fuera necesario, la [TAE] se podrá calcular tomando como base los supuestos adicionales que figuran en el anexo I.

Si los supuestos que figuran en el presente artículo y en la parte II del anexo I no resultan suficientes para calcular la [TAE] de manera uniforme, o no se ajustan ya a la situación comercial del mercado, la Comisión [Europea] podrá determinar los supuestos adicionales necesarios para el cálculo de la [TAE] o modificar los ya existentes. […]»

El artículo 22, apartado 1, de la referida Directiva, titulado «Armonización y carácter obligatorio de la presente Directiva», tiene la siguiente redacción:

«En la medida en que la presente Directiva establezca disposiciones armonizadas, los Estados miembros no podrán mantener o adoptar en su legislación nacional disposiciones diferentes de las que en ella se estipulan.»

El artículo 23 de la misma Directiva, titulado «Sanciones», establece:

«Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la presente Directiva y adoptarán las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones establecidas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.»

12	El anexo I de la Directiva 2008/48 enumera, en su parte II, letras a) a j), los supuestos adicionales para calcular la TAE.

Derecho eslovaco

La Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Ley n.o 129/2010, sobre crédito al consumo y otros créditos y préstamos en favor de los consumidores y por la que se modifican otras leyes), de 9 de marzo de 2010, en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley n.o 129/2010»), tiene por objeto transponer en el Derecho eslovaco la Directiva 2008/48.

A tenor del artículo 9 de la Ley n.o 129/2010:

«1. El contrato de crédito al consumo deberá constar por escrito. Cada parte del contrato deberá recibir, al menos, un ejemplar en papel o en cualquier otro soporte duradero al que el consumidor pueda acceder.

2. Además de las menciones generales indicadas en el Občiansky zákonník [(Código Civil)] […], el contrato de crédito al consumo deberá incluir los siguientes datos:

[…]

f)	la duración del contrato de crédito al consumo y el plazo de reembolso definitivo del crédito al consumo;

g)	el importe total y la moneda concreta del crédito al consumo y los requisitos para el desembolso del crédito;

[…]

el tipo de interés del crédito al consumo, los requisitos de su aplicación y el índice o tipo de interés de referencia asociado al tipo de interés del crédito al consumo, así como los períodos en los que se modifica el tipo de interés del crédito y los requisitos y la forma de realizar ese cambio; cuando resulten aplicables diferentes tipos de interés al crédito al consumo, en función de que se cumplan los diferentes requisitos, se indicará la información citada sobre todos los tipos de interés aplicables al crédito al consumo;

j)	la [TAE] y el importe total adeudado por el consumidor, calculados sobre la base de los datos vigentes en el momento de la celebración del contrato de crédito al consumo; se mencionarán todas las hipótesis utilizadas para calcular dicha [TAE];

k)	el importe, número y periodicidad de los pagos a cuenta del principal, los intereses y otros recargos y, cuando proceda, el orden en que deben asignarse los pagos a distintos saldos pendientes sometidos a diferentes tipos de interés deudores del crédito al consumo a efectos de su reembolso;

[…]

m)	una relación concisa que contenga los plazos y los requisitos para el pago de los intereses y de los recargos asociados recurrentes o únicos, cuando los recargos y los intereses deban pagarse sin imputarse a la devolución del principal;

en su caso, los recargos por el mantenimiento de una o varias cuentas en las que se contabilizan tanto las operaciones de pago como los desembolsos y, cuando la apertura de una cuenta sea obligatoria, las comisiones por la utilización de los servicios de pago, tanto para las operaciones de pago como para las de desembolso, así como los otros recargos inherentes al contrato de crédito al consumo y las condiciones conforme a las cuales esos recargos pueden cambiarse;

[…]

r)	el importe de los gastos de notaría soportados por el consumidor, cuando estos sean conocidos por el prestamista.

[…]»

El artículo 11, apartado 1, de la Ley n.o 129/2010 dispone:

«El crédito al consumo concedido se considerará exento de intereses y gastos si:

[…]

b)	el contrato de crédito al consumo no contiene los datos exigidos en el artículo 9, apartado 2, letras a) a k), r) e y).»

16	El artículo 122 del Código Civil establece que los plazos deben expresarse, en particular, en meses y años.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

El 29 de octubre de 2014, A. B. y F. B. celebraron con Slovenská sporiteľňa el contrato controvertido en el litigio principal, siéndoles abonado el capital del crédito en una cuenta bancaria ese mismo día. El contrato controvertido en el litigio principal se celebró por un tiempo determinado, habiéndose comprometido los demandantes en el litigio principal a reembolsar el crédito en cuestión en 108 cuotas mensuales, cada una de ellas de 54,20 euros. Las cuotas mensuales debían reembolsarse antes del día 20 de cada mes. El plazo de pago de la primera cuota vencía el 20 de diciembre de 2014 y se acordó que la última se abonaría el 20 de noviembre de 2023.

El contrato controvertido en el litigio principal establecía una TAE del 17,93 % y un importe total a reembolsar de 5858,98 euros. El punto de este contrato titulado «Hipótesis utilizadas para calcular la TAE» estaba redactado en los siguientes términos: «El crédito se ha concedido inmediatamente, por el importe completo; el prestatario cumplirá sus obligaciones en las condiciones y en los plazos establecidos en el contrato de crédito; el tipo de interés estará vigente hasta el final de la duración de la relación crediticia». El punto 12 de la tercera parte del contrato disponía: «El contrato se ha celebrado por un tiempo determinado, hasta el completo cumplimiento de todas las relaciones surgidas en relación con el crédito».

Los demandantes en el litigio principal consideraron que esta última estipulación no era «clara» y sustituía a la indicación obligatoria de la duración del contrato de crédito. Además, señalaron que el contrato controvertido en el litigio principal no contenía la indicación de su duración ni de las hipótesis utilizadas para calcular la TAE.

Al considerar que el contrato controvertido en el litigio principal vulneraba sus derechos como consumidores, los demandantes en el litigio principal presentaron ante el Okresný súd Prešov (Tribunal Comarcal de Prešov, Eslovaquia) una demanda con objeto de que se constatara la nulidad de las cláusulas de dicho contrato y se declarara que el crédito estaba exento de intereses y gastos.

El Krajský súd v Prešove (Tribunal Regional de Prešov, Eslovaquia), órgano jurisdiccional remitente, que conoce del recurso de apelación interpuesto por los demandantes en el litigio principal contra la sentencia del Okresný súd Prešov (Tribunal Comarcal de Prešov), considera que las fechas del primer y del último vencimiento del pago del crédito no se corresponden necesariamente con la duración real de un contrato. Según el órgano jurisdiccional remitente, resulta «muy problemático» fijar el marco temporal preciso del servicio crediticio, su duración y el momento específico del cumplimiento real de todas las obligaciones del contrato de crédito.

Dicho esto, según el órgano jurisdiccional remitente, las disposiciones de la Directiva 2008/48 y, en particular, su artículo 10, apartado 2, exigen que la duración del contrato de crédito se especifique en dicho contrato, sin que sea suficiente a este respecto la mera posibilidad de que el consumidor calcule esa duración teniendo en cuenta el vencimiento de las cuotas de reembolso del crédito.

Por otra parte, dado que el artículo 122 del Código Civil establece que los plazos deben expresarse, en particular, en meses y años, a juicio del órgano jurisdiccional remitente, podría considerarse que la determinación de la duración del contrato controvertido en el litigio principal es explícita y, por tanto, que cumple el requisito de claridad y de concisión previsto en la Directiva 2008/48.

Por lo que atañe a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29), y a la Directiva 2005/29, a pesar de que el órgano jurisdiccional remitente no haya planteado ninguna cuestión relativa a la interpretación de estas Directivas, dicho órgano jurisdiccional, por una parte, considera que es necesario tener en cuenta la Directiva 93/13 para interpretar el requisito de precisión de las cláusulas contractuales, de conformidad con la Directiva 2008/48, y, por otra parte, señala que la cuestión de si las hipótesis utilizadas para calcular la TAE tienen carácter esencial está relacionada con el examen de la posible existencia de una práctica comercial engañosa. A este respecto, según el órgano jurisdiccional remitente, se plantea la cuestión de si, en el caso de autos, el período posterior a la finalización de la prestación del servicio de crédito, que podría ir más allá de la duración del contrato controvertido en el litigio principal, se corresponde con el período posterior a la transacción comercial de que se trata, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2005/29.

Además, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta por qué razón la Directiva 2008/48 exige no solo la mención de la TAE en el contrato de crédito, sino también la indicación en ese contrato de todas las hipótesis utilizadas para calcular esa tasa, dado que todas las hipótesis necesarias para ese cálculo son elementos obligatorios de dicho contrato que deben mencionarse específicamente en el mismo.

El referido órgano jurisdiccional considera que el requisito, previsto en la citada Directiva, de exponer en el contrato de crédito las hipótesis utilizadas para calcular la TAE está justificado por el hecho de que no puede considerarse que un consumidor medio esté en condiciones de identificar por sí mismo todas esas hipótesis.

En estas circunstancias, el Krajský súd v Prešove (Tribunal Regional de Prešov) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)

¿Debe interpretarse el artículo 10, apartado 2, letra c), de la [Directiva 2008/48] en el sentido de que especificar la duración del contrato de crédito en una cláusula contractual, de forma clara y concisa:

–

exige especificar de forma clara la duración del contrato de crédito, por ejemplo, indicando la fecha de celebración y de finalización de la duración del contrato (del … al …) utilizando, en su caso, unidades de tiempo de calendario, como son, por ejemplo, los meses o los años (por ejemplo, por un período de un año), o

–	es suficiente que ello tenga lugar de modo que el consumidor pueda calcular la duración del contrato o fijarla de otro modo, con arreglo a las cláusulas del contrato, por ejemplo, sobre la base de las cuotas mensuales o del momento del reembolso completo del crédito?

¿Debe interpretarse el artículo 10, apartado 2, letra c), de la Directiva 2008/48 en el sentido de que especificar en el contrato de crédito la duración de ese contrato se corresponde con el período definido como “durante […] una transacción comercial”, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva [2005/29]?

¿Debe interpretarse el artículo 10, apartado 2, letra g), de la Directiva 2008/48 en los fragmentos que rezan “de forma clara y concisa”, así como “todas las hipótesis utilizadas para calcular dicho porcentaje”, en el sentido de que:

–	las hipótesis utilizadas para calcular la [TAE] deben identificarse claramente en el contrato como hipótesis utilizadas para calcular la TAE, o

–	debe ser el consumidor quien determine por sí mismo las hipótesis pertinentes para calcular la TAE, basándose en las cláusulas contractuales?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Primera cuestión prejudicial

Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 10, apartado 2, letra c), de la Directiva 2008/48 debe interpretarse en el sentido de que un contrato de crédito debe mencionar de manera explícita su duración o si basta, a la luz de esta disposición, con que las cláusulas de ese contrato permitan al consumidor determinar sin dificultad y con certeza esa duración.

29	Con carácter preliminar, procede recordar que, a tenor de la referida disposición, el contrato de crédito deberá especificar, de forma clara y concisa, la duración del contrato de crédito.

Como se desprende del artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2008/48, interpretado a la luz del considerando 31 de esta, la exigencia de que se especifique en un contrato de crédito establecido en papel o en otro soporte de forma clara y concisa la información que se indica en esa disposición es necesaria para que el consumidor pueda conocer sus derechos y obligaciones (sentencias de 9 de noviembre de 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, apartado 31, y de 9 de septiembre de 2021, Volkswagen Bank y otros, C‑33/20, C‑155/20 y C‑187/20, EU:C:2021:736, apartado 70 y jurisprudencia citada).

El conocimiento y el entendimiento, por parte del consumidor, de los datos que necesariamente debe contener el contrato de crédito, de conformidad con el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2008/48, son necesarios para la correcta ejecución del contrato (sentencia de 9 de septiembre de 2021, Volkswagen Bank y otros, C‑33/20, C‑155/20 y C‑187/20, EU:C:2021:736, apartado 71 y jurisprudencia citada).

Esta exigencia contribuye a alcanzar el objetivo perseguido por la Directiva 2008/48, que consiste en establecer, en materia de crédito al consumo, una armonización completa e imperativa en un cierto número de materias clave, considerada necesaria para garantizar a todos los consumidores de la Unión Europea un nivel elevado y equivalente de protección de sus intereses y para facilitar el desarrollo de un mercado interior eficaz del crédito al consumo (sentencias de 9 de noviembre de 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, apartado 32, y de 9 de septiembre de 2021, Volkswagen Bank y otros, C‑33/20, C‑155/20 y C‑187/20, EU:C:2021:736, apartado 72 y jurisprudencia citada).

Además, el Tribunal de Justicia se pronunció de manera más puntual sobre el alcance de dicha exigencia por lo que respecta a la mención, en un contrato de crédito, del importe, el número y la periodicidad de los pagos que debe efectuar el consumidor, de conformidad con el artículo 10, apartado 2, letra h), de la referida Directiva.

A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que el objetivo de esta última disposición es garantizar que el consumidor conozca la fecha de vencimiento de cada pago. En consecuencia, ese objetivo se cumple cuando las condiciones del contrato permiten al consumidor determinar sin dificultad y con certeza las fechas de dichos pagos (sentencia de 9 de noviembre de 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, apartados 48 y 49).

A la luz de esas consideraciones, el Tribunal de Justicia concluyó que el artículo 10, apartado 2, letra h), de la Directiva 2008/48 debe interpretarse en el sentido de que no es necesario que el contrato de crédito indique el vencimiento de cada pago que el consumidor deberá efectuar haciendo referencia a una fecha concreta, siempre que las condiciones del contrato permitan al consumidor determinar sin dificultad y con certeza las fechas de dichos pagos (sentencia de 9 de noviembre de 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, apartado 50).

36	Procede aplicar en el presente asunto el razonamiento seguido en esa última sentencia para interpretar el artículo 10, apartado 2, letra c), de la Directiva 2008/48.

Como se desprende de la jurisprudencia citada en los apartados 30 y 31 de la presente sentencia, el conocimiento, por parte del consumidor, del momento en el que finaliza el contrato tiene una importancia fundamental para el ejercicio por parte de este de sus derechos y obligaciones, así como para la correcta ejecución del contrato.

Además, como ha declarado el Tribunal de Justicia, la ejecución de un contrato constituye el mecanismo natural de extinción de las obligaciones contractuales (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, BMW Bank y otros, C‑38/21, C‑47/21 y C‑232/21, EU:C:2023:1014, apartado 279).

39	Pues bien, la extinción de las obligaciones contractuales marca la finalización del contrato y determina así su duración.

El Tribunal de Justicia ha considerado que, en caso de ejecución íntegra del contrato de crédito, la obligación de facilitar la información establecida en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2008/48 ya no permite, en principio, alcanzar el objetivo perseguido por dicha disposición, que consiste en permitir al consumidor obtener toda la información necesaria para la correcta ejecución del contrato y, en particular, para el ejercicio de sus derechos, entre los que figura su derecho de desistimiento, de modo que pueda conocer el alcance de sus derechos y obligaciones. De ello se deduce que estas obligaciones ya no presentan el mismo grado de utilidad una vez que el contrato se ha ejecutado en su totalidad (sentencia de 21 de diciembre de 2023, BMW Bank y otros, C‑38/21, C‑47/21 y C‑232/21, EU:C:2023:1014, apartado 277).

En el caso de autos, el contrato controvertido en el litigio principal no especifica de manera expresa su duración, sino que indica el número de cuotas mensuales que deben pagar los demandantes en el litigio principal, así como la fecha de vencimiento de la primera y de la última de esas cuotas mensuales.

Habida cuenta de las consideraciones expuestas en los apartados 37 a 40 de la presente sentencia, procede observar que la duración de un contrato de crédito como el controvertido en el litigio principal presenta un estrecho vínculo con el cumplimiento completo de las obligaciones por cada una de las partes de dicho contrato y, por tanto, esencialmente, con la liberación del capital por el prestamista y el reembolso íntegro del crédito por el prestatario.

Por tanto, la indicación de la duración del contrato de crédito, de conformidad con el artículo 10, apartado 2, letra c), de la Directiva 2008/48, no tiene que efectuarse imperativamente mediante una indicación formal de la fecha precisa del inicio y de la finalización de dicho contrato, siempre que las cláusulas de este permitan al consumidor determinar sin dificultad y con certeza esa duración.

Corresponderá al órgano jurisdiccional remitente tener en cuenta todas las cláusulas que figuran en el contrato controvertido en el litigio principal, en particular las que indican el número de cuotas mensuales que deben pagarse y la fecha de vencimiento de la primera y de la última cuota mensual prevista para el reembolso del crédito, así como cualesquiera otras cláusulas que establezcan las obligaciones de las partes, con el fin de comprobar si todas esas cláusulas permiten, en el caso de autos, al consumidor determinar sin dificultad y con certeza la duración de ese contrato.

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 10, apartado 2, letra c), de la Directiva 2008/48 debe interpretarse en el sentido de que no es imperativo que un contrato de crédito mencione de manera explícita su duración, siempre que las cláusulas de dicho contrato permitan al consumidor determinar sin dificultad y con certeza esa duración.

Segunda cuestión prejudicial

Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 10, apartado 2, letra c), de la Directiva 2008/48 debe interpretarse en el sentido de que la indicación, en un contrato de crédito, de la duración de este determina el período que se sitúa «durante» la transacción de que se trate, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2005/29.

Con carácter preliminar, procede recordar que, a tenor de esta última disposición, la Directiva 2005/29 es aplicable a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores, tal como se definen en su artículo 5, «antes, durante y después de una transacción comercial en relación con un producto».

Procede añadir que es cierto que el Tribunal de Justicia ya ha tenido en cuenta las disposiciones de la Directiva 2005/29 para interpretar la Directiva 2008/48 [véase, en este sentido, la sentencia de 10 de junio de 2021, Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg), C‑303/20, EU:C:2021:479, apartados 42 a 45].

Sin embargo, en el caso de autos, procede señalar que, mediante su demanda, los demandantes en el litigio principal pretenden, en primer lugar, que se constate la nulidad de las cláusulas del contrato controvertido en el litigio principal debido a una infracción de las disposiciones de la Directiva 2008/48 y de la normativa nacional que transpone dicha Directiva y, en segundo lugar, que se declare que el crédito de que se trata está exento de intereses y gastos.

Pues bien, la mera indicación, en un contrato de crédito, de que la duración de este está comprendida en el período que se sitúa «durante» la transacción de que se trate, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2005/29, no tiene, a priori, ninguna incidencia en la interpretación del artículo 10, apartado 2, letra c), de la Directiva 2008/48.

Por otra parte, la resolución de remisión no contiene ninguna indicación que permita determinar la hipótesis en la que se basa la segunda cuestión prejudicial ni pone de manifiesto las razones por las que, en el caso de autos, es necesaria una respuesta a esta cuestión para resolver el litigio principal.

52	En estas circunstancias, la segunda cuestión prejudicial tiene carácter hipotético y es, por tanto, inadmisible.

Tercera cuestión prejudicial

Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 10, apartado 2, letra g), de la Directiva 2008/48 debe interpretarse en el sentido de que las hipótesis utilizadas para calcular la TAE deben mencionarse explícitamente en un contrato de crédito o si basta con que el propio consumidor pueda identificarlas mediante el examen de las cláusulas de ese contrato.

Con carácter preliminar, procede recordar que, a tenor de esta disposición, el contrato de crédito deberá especificar, de forma clara y concisa, la TAE y el importe total adeudado por el consumidor, calculados en el momento de la suscripción del contrato de crédito, debiendo mencionarse también todas las hipótesis utilizadas para calcular dicho porcentaje.

Por lo que atañe a esas hipótesis, es preciso señalar que el artículo 19 de la Directiva 2008/48 establece, en primer lugar, en su apartado 3, que el cálculo de la TAE se realizará partiendo del supuesto básico de que el contrato de crédito estará vigente durante el período de tiempo acordado y que el prestamista y el consumidor cumplirán sus obligaciones en las condiciones y en los plazos que se hayan acordado en el contrato de crédito. En segundo lugar, a tenor del apartado 4 del referido artículo, en los contratos de crédito que contengan cláusulas que permitan modificaciones del tipo deudor y, en su caso, los gastos incluidos en la TAE que no sean cuantificables en el momento del cálculo, la TAE se calculará partiendo del supuesto básico de que el tipo deudor y los demás gastos se mantendrán fijos al nivel inicial y se aplicarán hasta el término del contrato de crédito. En tercer lugar, el apartado 5 del mencionado artículo establece que, si fuera necesario, la TAE se podrá calcular tomando como base los supuestos adicionales que figuran en el anexo I de la citada Directiva. En cuarto lugar, dicho anexo precisa, en su parte II, letras a) a j), los diferentes supuestos adicionales para calcular la TAE.

56	Procede añadir que la obligación de mencionar las hipótesis utilizadas para calcular la TAE mediante un ejemplo representativo se establece también en los artículos 5, apartado 1, letra g), y 6, apartado 1, letra f), de la Directiva 2008/48 como un requisito de información precontractual.

La mención, en la fase precontractual, de las diferentes hipótesis utilizadas para calcular la TAE permite poner en práctica el objetivo mencionado en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/48, relativo a la información precisa para comparar las diversas ofertas, a fin de permitir al consumidor adoptar una decisión informada sobre la suscripción de un contrato de crédito, comparación que debe poder hacerse teniendo en cuenta la TAE según las diferentes duraciones de las ofertas de que dispone (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2020, Soho Group, C‑686/19, EU:C:2020:582, apartado 48).

Por lo que respecta a la obligación de mencionar esas diferentes hipótesis en el contrato de crédito, de conformidad con el artículo 10, apartado 2, letra g), de la Directiva 2008/48, de la jurisprudencia a la que se hace referencia en el apartado 30 de la presente sentencia se desprende que esta obligación está destinada a garantizar que el consumidor pueda conocer sus derechos y obligaciones.

Así pues, esta mención debe permitir al consumidor comprobar si la TAE ha sido calculada correctamente por el profesional y, en caso de respuesta negativa, hacer valer sus derechos, en particular el derecho de desistimiento previsto en el artículo 14 de la Directiva 2008/48, ampliándose el plazo de ejercicio de dicho desistimiento en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 10 de la referida Directiva, así como de vulneración de los demás derechos previstos en la normativa nacional, como sanción adoptada de conformidad con el artículo 23 de la citada Directiva.

A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que reviste una importancia esencial la obligación de especificar en el contrato de crédito datos como la TAE, indicada en el artículo 10, apartado 2, letra g), de la Directiva 2008/48 (sentencia de 9 de noviembre de 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, apartado 70).

De conformidad con esta jurisprudencia, procede señalar que la mención, en un contrato de crédito, de las hipótesis utilizadas para calcular la TAE reviste también, en particular por las razones expuestas en los apartados 58 y 59 de la presente sentencia, una importancia esencial para el consumidor.

Dado que el hecho de no especificar en el contrato de crédito esos datos puede menoscabar la posibilidad de que el consumidor valore el alcance de su compromiso, la sanción de privación al prestamista de su derecho a los intereses y gastos, prevista en la normativa nacional, debe considerarse proporcionada en el sentido del artículo 23 de la Directiva 2008/48 (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de noviembre de 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, apartado 71).

Puesto que, como se ha recordado en el apartado 55 de la presente sentencia, las hipótesis utilizadas para calcular la TAE pueden ser complejas, es necesario mencionarlas de manera clara, concisa y expresa en un contrato de crédito, no siendo suficiente la mera posibilidad de que el consumidor las identifique mediante la lectura de las diferentes cláusulas de dicho contrato.

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 10, apartado 2, letra g), de la Directiva 2008/48 debe interpretarse en el sentido de que las hipótesis utilizadas para calcular la TAE deben mencionarse explícitamente en el contrato de crédito y de que no basta, a este respecto, con que el propio consumidor pueda identificarlas mediante el examen de las cláusulas de ese contrato.

Costas

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara:

El artículo 10, apartado 2, letra c), de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2011/90/UE de la Comisión, de 14 de noviembre de 2011,

debe interpretarse en el sentido de que

no es imperativo que un contrato de crédito mencione de manera explícita su duración, siempre que las cláusulas de dicho contrato permitan al consumidor determinar sin dificultad y con certeza esa duración.

El artículo 10, apartado 2, letra g), de la Directiva 2008/48, en su versión modificada por la Directiva 2011/90,

debe interpretarse en el sentido de que

las hipótesis utilizadas para calcular la tasa anual equivalente (TAE) deben mencionarse explícitamente en el contrato de crédito y no basta, a este respecto, con que el propio consumidor pueda identificarlas mediante el examen de las cláusulas de ese contrato.

Firmas

( *1 ) Lengua de procedimiento: eslovaco.