Edición provisional

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 15 de octubre de 2026 (*)

« Procedimiento prejudicial — Directiva 2010/13/UE — Servicios de comunicación audiovisual — Artículo 1, apartado 1, letra a), inciso i) — Concepto de “servicios de comunicación audiovisual” — Artículo 6, apartado 1 — Protección de la dignidad humana — Normativa nacional que prohíbe las emisiones contrarias a las buenas costumbres — Responsabilidad del prestador de servicios — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 11 — Libertad de expresión — Artículo 52, apartado 1 — Limitación de los derechos y libertades reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales »

En el asunto C‑591/24,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Administrativen sad Sofia-grad (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofia, Bulgaria), mediante resolución de 29 de agosto de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de septiembre de 2024, en el procedimiento entre

Golf Bulgaria EOOD

y

Savet za elektronni medii,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por la Sra. M. L. Arastey Sahún (Ponente), Presidenta de Sala, y los Sres. B. Smulders, E. Regan, J. Passer y D. Gratsias, Jueces;

Abogada General: Sra. T. Ćapeta;

Secretario: Sr. V. Di Bucci;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

–        en nombre del Gobierno búlgaro, por la Sra. T. Mitova y el Sr. R. Stoyanov, en calidad de agentes;

–        en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. O. Gariazzo, la Sra. C. Georgieva y los Sres. P.‑J. Loewenthal y G. Meeßen, en calidad de agentes;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) (DO 2010, L 95, p. 1), en su versión modificada por la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018 (DO 2018, L 303, p. 69) (en lo sucesivo, «Directiva 2010/13»), y del artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Golf Bulgaria EOOD, una sociedad búlgara, y el Savet za elektronni medii (Consejo de los Medios Electrónicos, Bulgaria) (en lo sucesivo, «SEM») en relación con la legalidad de una decisión de este último por la que se impone a dicha sociedad una multa administrativa por la difusión de un vídeo contrario a las buenas costumbres (en lo sucesivo, «decisión controvertida»).

 Marco jurídico

 Derecho de la Unión

 Carta

3        El artículo 11 de la Carta establece, en su apartado 1, que:

«Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.»

4        El artículo 52, apartado 1, de la Carta tiene la siguiente redacción:

«Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Dentro del respeto del principio de proporcionalidad, solo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión [Europea] o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.»

 Directiva 2010/13

5        A tenor del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2010/13:

«A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a)      “servicio de comunicación audiovisual”:

i)      un servicio, tal como lo definen los artículos 56 [TFUE] y 57 [TFUE], cuya finalidad principal propia o de una de sus partes disociables consiste en ofrecer programas al público en general, bajo la responsabilidad editorial de un prestador de servicios de comunicación, con objeto de informar, entretener o educar, a través de redes de comunicaciones electrónicas tal como las define el artículo 2, letra a), de la Directiva [2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO 2002, L 108, p. 33)]; este servicio de comunicación audiovisual es bien una emisión televisiva según la definición de la letra e) del presente apartado, bien un servicio de comunicación audiovisual a petición según la definición de la letra g) del presente apartado,

ii)      comunicación comercial audiovisual;

[…]

b)      “programa”: un conjunto de imágenes en movimiento, con o sin sonido, que constituye un elemento unitario, con independencia de su duración, dentro de un horario de programación o de un catálogo elaborado por un prestador de servicios de comunicación, incluidos los largometrajes, los vídeos cortos, las manifestaciones deportivas, las comedias de situación, los documentales, los programas infantiles y las obras de teatro originales;

[…]

c)      “responsabilidad editorial”: el ejercicio de control efectivo tanto sobre la selección de los programas como sobre su organización, ya sea en un horario de programación cronológico, en el caso de las radiodifusiones televisivas, ya en un catálogo, en el caso de los servicios de comunicación audiovisual a petición. La responsabilidad editorial no implica necesariamente una responsabilidad legal de acuerdo con la legislación nacional por los contenidos o los servicios prestados;

d)      “prestador del servicio de comunicación”: la persona física o jurídica que ostenta la responsabilidad editorial sobre la elección del contenido audiovisual del servicio de comunicación audiovisual y determina la manera en que se organiza dicho contenido;

[…]

e)      “radiodifusión televisiva” o “emisión televisiva” (es decir, un servicio de comunicación audiovisual lineal): un servicio de comunicación audiovisual ofrecido por un prestador del servicio de comunicación para el visionado simultáneo de programas sobre la base de un horario de programación;

[…]

g)      “servicio de comunicación audiovisual a petición” (es decir, un servicio de comunicación audiovisual no lineal): un servicio de comunicación audiovisual ofrecido por un prestador del servicio de comunicación para el visionado de programas en el momento elegido por el espectador y a petición propia sobre la base de un catálogo de programas seleccionado por el prestador del servicio de comunicación;

[…]».

6        El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2010/13 establece:

«Los Estados miembros tendrán la facultad de exigir a los prestadores de servicios de comunicación sujetos a su jurisdicción el cumplimiento de normas más estrictas o detalladas en los ámbitos coordinados por la presente Directiva, siempre y cuando dichas normas sean conformes al Derecho de la Unión.»

7        El artículo 6 de esta Directiva está redactado en los siguientes términos:

«1.      Sin perjuicio de la obligación de los Estados miembros de respetar y proteger la dignidad humana, los Estados miembros garantizarán, aplicando las medidas idóneas, que los servicios de comunicación audiovisual ofrecidos por prestadores de servicios de comunicación sujetos a su jurisdicción no contengan:

a)      incitación a la violencia o al odio dirigidos contra un grupo de personas o un miembro de un grupo por cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 21 de la Carta;

b)      provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo según se regula en el artículo 5 de la Directiva (UE) 2017/541 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo (DO 2017, L 88, p. 6)].

2.      Las medidas adoptadas a los efectos del presente artículo deberán ser necesarias y proporcionadas y respetar los derechos y observar los principios establecidos en la Carta.»

8        Los artículos 28 bis y 28 ter de la Directiva 2010/13 establecen las disposiciones aplicables a los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma.

 Directiva (UE) 2018/1972

9        Con arreglo al artículo 2, punto 1, de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (DO 2018, L 321, p. 36), que sustituyó al artículo 2, letra a), de la Directiva 2002/21:

«A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1)      “red de comunicaciones electrónicas”: los sistemas de transmisión, se basen o no en una infraestructura permanente o en una capacidad de administración centralizada, y, cuando proceda, los equipos de conmutación o encaminamiento y demás recursos, incluidos los elementos de red que no son activos, que permitan el transporte de señales mediante cables, ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios electromagnéticos con inclusión de las redes de satélites, redes fijas (de conmutación de circuitos y de paquetes, incluido [I]nternet) y móviles, sistemas de tendido eléctrico, en la medida en que se utilicen para la transmisión de señales, redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de televisión por cable, con independencia del tipo de información transportada.»

 Derecho búlgaro

10      El artículo 10, apartado 1, de la Zakon za radioto i televisiata (Ley de Radio y Televisión), de 23 de septiembre de 1998 (DV n.º 138, de 24 de noviembre de 1998), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «ZRT»), establece:

«En el ejercicio de su actividad, los prestadores del servicio de comunicación se guiarán por los siguientes principios:

1.      garantía del derecho a la libertad de expresión;

2.      garantía del derecho a la información;

3.      respeto de la confidencialidad de las fuentes de información;

4.      protección de la vida privada de los ciudadanos;

5.      prohibición de emisiones que inciten a la intolerancia entre los ciudadanos;

6.      prohibición de emisiones contrarias a las buenas costumbres, en particular si contienen pornografía, glorifican o hacen apología de la crueldad o de la violencia, o incitan al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad;

7.      garantía del derecho de réplica en los programas;

8.      garantía de los derechos de autor y derechos afines en las emisiones y programas;

9.      salvaguardia de la pureza de la lengua búlgara.»

11      Con arreglo al artículo 17, apartados 1 y 2, de esta Ley:

«1.      Los prestadores del servicio de comunicación serán responsables del contenido de dicho servicio.

2.      Los prestadores del servicio de comunicación estarán obligados a impedir la creación o puesta a disposición para su distribución de emisiones que violen los principios del artículo 10 y de emisiones que inciten a la intolerancia nacional, política, étnica, religiosa o racial o que glorifiquen o hagan apología de la crueldad o la violencia.»

12      El artículo 20, apartados 1 y 2, de la citada Ley es del siguiente tenor:

«1.      El [SEM] es un organismo especializado independiente que regula los servicios de comunicación y los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma en los supuestos y con arreglo a las modalidades previstos en la presente Ley.

2.      En el ejercicio de sus actividades, el [SEM] ejercerá sus competencias de manera imparcial y transparente y de conformidad con los objetivos de la [Directiva 2010/13], se guiará por el interés público, garantizará la libertad de expresión, la independencia de los prestadores del servicio de comunicación, el pluralismo de los medios de comunicación, la diversidad cultural y lingüística, la protección de los consumidores, la accesibilidad, la no discriminación, el correcto funcionamiento del mercado interior y la promoción de la competencia leal.»

 Litigio principal y cuestión prejudicial

13      El 5 de abril de 2023, Golf Bulgaria, que estaba inscrita entonces en el registro público del SEM como prestadora del servicio de comunicación no lineal, publicó en Internet un artículo titulado «Émilie Trottinette se burla de un niño con necesidades especiales» que incluía un vídeo procedente de la red social Facebook. Este vídeo, filmado en el interior de un centro comercial, mostraba a un niño con necesidades educativas especiales que se desplazaba sobre las manos y los pies, imitando a un perro, y que era llevado con correa por una persona que era presentada con el nombre de Émilie, al tiempo que tanto esta última como otros miembros de un grupo del que ella formaba parte le ordenaban «sentarse», «dar la pata» o «atrapar» un vaso que lanzaban y le decían «perro bueno», dándole una palmada en la cabeza cuando ejecutaba tales órdenes.

14      Mediante decisión de 29 de junio de 2023, el SEM declaró que, publicando ese vídeo, Golf Bulgaria había cometido una infracción administrativa, concretamente una vulneración del artículo 17, apartado 2, de la ZRT, en relación con su artículo 10, apartado 1, punto 6, por la difusión de un vídeo contrario a las buenas costumbres.

15      Mediante la decisión controvertida, adoptada el 27 de julio de 2023, el SEM impuso una multa administrativa de 3 000 levas búlgaras (BGN) (unos 1 534 euros) a Golf Bulgaria. Al haber confirmado el Sofiyski rayonen sad (Tribunal de Primera Instancia de Sofía, Bulgaria) esta decisión en un procedimiento de recurso, Golf Bulgaria interpuso un recurso de casación ante el Administrativen sad Sofia-grad (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofía, Bulgaria), que es el tribunal remitente.

16      En el marco de este recurso de casación, Golf Bulgaria sostiene: en primer lugar, que la resolución del Sofiyski rayonen sad (Tribunal de Primera Instancia de Sofía) es contraria a Derecho y errónea, ya que fue dictada vulnerando el Derecho material e incurriendo en vicios sustanciales de forma; en segundo lugar, que, al adoptar una decisión por la que se declara la existencia de una infracción administrativa por la difusión de un vídeo contrario a las buenas costumbres, el SEM se extralimitó en sus competencias en materia de control de contenidos, dado que la difusión del vídeo controvertido en el litigio principal no está comprendida en el concepto de «servicio de comunicación audiovisual», y, en tercer lugar, que la calificación de este vídeo como contrario a las «buenas costumbres» no estaba suficientemente motivada, puesto que el vídeo refleja un acontecimiento filmado en un lugar público, que ya había sido difundido en las redes sociales.

17      Por su parte, el SEM se remite a la jurisprudencia nacional relativa al concepto de «buenas costumbres» y, en particular, a una resolución del Konstitutsionen sad (Tribunal Constitucional, Bulgaria), con arreglo a la cual se declaró que la moralidad pública constituye un ámbito en el que las tradiciones y la cultura nacionales prevalecen por encima de todo, que la prohibición de atentar contra las buenas costumbres no se reduce a que haya que respetar las exigencias de buena conducta social constituidas por las tradiciones de una determinada sociedad, que es de interés público, por ejemplo, que las buenas costumbres sean un criterio de formación de los adolescentes y que, por tanto, no es necesario que exista en todos los casos un menoscabo efectivo. De dicha resolución se desprende que las consideraciones relativas al respeto de las buenas costumbres pueden entenderse como criterios de buena conducta social construidos en la sociedad para su salvaguardia, siendo el interés primordial a este respecto el mantenimiento de la integridad moral de la sociedad. Por otro lado, el SEM sostiene que, en el caso de autos, consta que una persona con necesidades educativas especiales ha sido humillada y ha sufrido una violación de su dignidad humana. Pues bien, estima que el derecho a la libertad de expresión no es ilimitado ni debe llevar a difundir contenidos llenos de «calumnias» y «de actos cínicos y groseros con respecto a una persona vulnerable». Además, el SEM subraya que los prestadores del servicio de comunicación contribuyen en gran medida a la formación de la opinión pública y que, por consiguiente, no puede aceptarse un material audiovisual contrario a las buenas costumbres, a las tradiciones nacionales y a la cultura, como el vídeo controvertido en el litigio principal.

18      El tribunal remitente señala que, según la jurisprudencia nacional, el concepto de «buenas costumbres» constituye un principio general, que es en sí mismo una norma de conducta, que, para constituir una norma válida, debe figurar como tal en una norma jurídica específica que tenga por objeto regular las relaciones sociales. Señala que, en este contexto, el Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo, Bulgaria) ha indicado que «el contenido del concepto de “buenas costumbres” debe buscarse en las categorías morales objetivas aceptadas en la sociedad, pero que, por su naturaleza socioética, no vienen establecidas por la ley y están vinculadas esencialmente a la prohibición de perjudicar a los demás aprovechándose de su situación desfavorable desde la óptica de la edad, [de la situación social], de la salud o de la situación material».

19      En este contexto, y a la vista de la mención del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2010/13 en la petición de decisión prejudicial, resulta que el tribunal remitente se pregunta si es posible considerar que la introducción, en la legislación nacional pertinente, de la prohibición de difundir emisiones contrarias a las buenas costumbres puede ser vista como una medida más estricta o detallada, en el sentido de esta disposición, con respecto a las demás medidas previstas en la Directiva.

20      Además, dicho tribunal se pregunta si la referencia al principio de buenas costumbres como fundamento de la imposición de sanciones en caso de que se viole ese principio restringe la libertad de expresión consagrada en el artículo 11 de la Carta.

21      En estas circunstancias, el Administrativen sad Sofia-grad (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofía) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Es admisible con arreglo al Derecho de la Unión una normativa nacional que, al incorporar al Derecho nacional un principio general del Derecho como el de “buenas costumbres”, permite al Estado miembro introducir medidas adicionales, en particular, basándose en las buenas costumbres para justificar la responsabilidad de un determinado servicio de la sociedad de la información en el sentido de la [Directiva 2010/13], y, en caso de respuesta afirmativa, en qué medida la aplicación de ese principio abstracto como fundamento de la responsabilidad por infracciones restringe la libertad de expresión consagrada en el artículo 11 de la [Carta ]?»

 Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

22      Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de noviembre de 2024, se acordó suspender el presente procedimiento hasta la resolución que pusiera fin al proceso en los asuntos C‑555/23 y C‑556/23.

23      A raíz de que se dictara la sentencia de 26 de junio de 2025, Makeleio y Zougla (C‑555/23 y C‑556/23, EU:C:2025:484), el Presidente del Tribunal de Justicia notificó la sentencia al tribunal remitente el 1 de julio de 2025, instándolo a que indicara si, habida cuenta de dicha sentencia, deseaba mantener la petición de decisión prejudicial.

24      Mediante escrito de 30 de julio de 2025, ese tribunal indicó que deseaba mantener la petición de decisión prejudicial. A este respecto, señaló que, a diferencia del asunto que había dado lugar a la misma sentencia, constituyen el objeto del litigio principal la posibilidad de aplicar la Directiva 2010/13 incorporando, en el ordenamiento jurídico nacional, un principio general del Derecho como el de las «buenas costumbres», así como saber en qué medida la utilización de ese principio abstracto como fundamento de la responsabilidad en caso de que se viole ese principio restringe la libertad de expresión contemplada en el artículo 11 de la Carta.

 Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial

25      El Gobierno búlgaro cuestiona la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial invocando, por una parte, que no existe vínculo alguno entre la cuestión planteada al Tribunal de Justicia y el objeto del litigio principal, y, por otra parte, que no se indican las disposiciones específicas del Derecho de la Unión que deben ser interpretadas para resolver el litigio.

26      Por lo que respecta, en particular, a la supuesta inexistencia de vínculo invocada, el citado Gobierno alega que de la motivación de la petición de decisión prejudicial se desprende que se refiere a los prestadores de plataformas de intercambio de vídeos. A este respecto, reprocha que, en la exposición del marco jurídico, el tribunal remitente mencionó el tenor de los artículos 28 bis y 28 ter de la Directiva 2010/13, aplicables a los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma, a pesar de que esos artículos no son pertinentes para resolver el litigio principal. Por otro lado, aduce que la cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia, en los términos en que la ha formulado aquel tribunal, hace referencia al prestador de un «servicio de la sociedad de la información, en el sentido de la Directiva 2010/13», y a la posibilidad de que este sea considerado responsable en caso de incumplimiento de los requisitos impuestos por el Derecho nacional de un Estado miembro. Pues bien, alega que los servicios de la sociedad de la información no están regulados por esta Directiva, sino por la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO 2000, L 178, p. 1), y por el Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales) (DO 2022, L 277, p. 1). Añade que, de los hechos, tal como se exponen en la petición de decisión prejudicial, se desprende que Golf Bulgaria es un prestador del servicio de comunicación no lineal, lo que, según él, es un concepto diferente del de «prestador de servicios de la sociedad de la información».

27      Según reiterada jurisprudencia, las cuestiones relativas a la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad, y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (sentencia de 30 de abril de 2026, Nekilnojamojo turto valdymas, C‑544/24, EU:C:2026:356, apartado 36 y jurisprudencia citada).

28      En el caso de autos, la petición de decisión prejudicial incluye una descripción detallada de las circunstancias en las que se enmarca el litigio principal y recoge el contenido de las disposiciones nacionales consideradas aplicables al litigio por el tribunal remitente y la jurisprudencia nacional que este también considera pertinente. Por otro lado, la motivación que figura en dicha petición permite entender que las dudas manifestadas por el citado tribunal versan sobre la conformidad de la ZRT con la Directiva 2010/13 y con el artículo 11 de la Carta, que surgen del hecho de que el artículo 17, apartado 2, de la ZRT, que sirvió de fundamento para sancionar a Golf Bulgaria por la difusión del vídeo descrito en el apartado 13 de la presente sentencia, se basa en un principio general del Derecho nacional, concretamente el principio de las «buenas costumbres». Además, los datos que figuran en la citada petición son suficientes para deducir el vínculo entre, por una parte, la Directiva 2010/13 y el artículo 11 de la Carta y, por otra parte, las disposiciones de la ZRT aplicables al litigio principal.

29      Es cierto que, como ha señalado el Gobierno búlgaro, en la petición de decisión prejudicial, el tribunal remitente hace referencia tanto a los servicios de comunicación audiovisual como a los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma e igual cita disposiciones de la Directiva 2010/13 relativas a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual que disposiciones de esta Directiva relativas a los prestadores de esa plataforma. Por otro lado, en la formulación de la cuestión prejudicial, dicho tribunal se refiere a un servicio de la sociedad de la información y menciona genéricamente la Directiva 2010/13, sin indicar las disposiciones concretas de esta Directiva que se han de interpretar.

30      No obstante, antes de nada, se debe tener en cuenta el hecho de que, en primer término, de la exposición de los hechos que figura en la petición de decisión prejudicial se desprende que Golf Bulgaria estaba inscrita en el registro público del SEM como prestador del servicio de comunicación no lineal. En segundo término, según su tenor literal, los artículos 10, apartado 1, punto 6, y 17 de la ZRT, en virtud de los cuales el SEM constató la comisión por parte de Golf Bulgaria de la infracción sancionada por la decisión controvertida, se refieren a los prestadores del servicio de comunicación. En tercer término, de la motivación de dicha petición se desprende que el tribunal remitente quiso plantear al Tribunal de Justicia la primera de las cinco cuestiones prejudiciales que Golf Bulgaria le había propuesto formular con carácter prejudicial, cuestión que se refiere expresamente a los «prestadores del servicio de comunicación audiovisual no lineal».

31      Por lo tanto, estos elementos llevan a considerar que, a pesar, por una parte, de la utilización en el tenor de la cuestión prejudicial de los términos «servicio de la sociedad de la información» y, por otra parte, de la referencia en la petición de decisión prejudicial a los «servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma», dicha cuestión se refiere a un «servicio de comunicación audiovisual», en el sentido de la Directiva 2010/13.

32      Asimismo, el hecho de que, en la formulación de las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia, no se indiquen disposiciones concretas del Derecho de la Unión no hace inadmisible una petición de decisión prejudicial, siempre que los elementos que figuren en dicha petición permitan al Tribunal de Justicia identificar las disposiciones de ese Derecho cuya interpretación es necesaria para que el tribunal remitente pueda resolver el litigio principal. Así sucede en el caso de autos, ya que la motivación de la presente petición de decisión prejudicial permite al Tribunal de Justicia identificar las disposiciones de la Directiva 2010/13 que se han de interpretar a tales efectos, como se expondrá en los apartados 50 a 54 de la presente sentencia.

33      Por último, el hecho de que, en la exposición del marco jurídico que, a su juicio, es aplicable, el tribunal remitente cite disposiciones del Derecho de la Unión que no son pertinentes para la resolución del litigio principal carece de relevancia para la admisibilidad de una petición de decisión prejudicial.

34      Por consiguiente, la presente petición de decisión prejudicial es admisible.

 Sobre la cuestión prejudicial

 Consideraciones preliminares

 Sobre la calificación, por un lado, de la difusión del vídeo controvertido en el litigio principal como «servicio de comunicación audiovisual» y, por otro lado, de la demandante en el litigio principal como «prestador del servicio de comunicación», en el sentido de la Directiva 2010/13

35      Como se desprende de los apartados 30 y 31 de la presente sentencia, la cuestión prejudicial planteada por el tribunal remitente debe entenderse referida a un «servicio de comunicación audiovisual», en el sentido de la Directiva 2010/13, y, por tanto, basada en la premisa de que la difusión del vídeo sancionada por la decisión controvertida está comprendida en este concepto.

36      Pues bien, como se ha señalado en el apartado 16 de la presente sentencia, en el recurso de casación que dio lugar al presente asunto, Golf Bulgaria adujo que la difusión de ese vídeo no estaba comprendida en dicho concepto.

37      A este respecto, es preciso recordar que, si bien, en el marco del reparto de competencias entre el juez de la Unión y el juez nacional, corresponde en principio a este último comprobar si, en el asunto pendiente ante él, concurren los requisitos fácticos que determinan la aplicación de una norma de la Unión, el Tribunal de Justicia, al resolver sobre la cuestión prejudicial, puede aportar, en su caso, precisiones destinadas a orientar al juez nacional en su interpretación (sentencia de 26 de junio de 2025, Makeleio y Zougla, C‑555/23 y C‑556/23, EU:C:2025:484, apartado 37 y jurisprudencia citada).

38      Por consiguiente, corresponde al Tribunal de Justicia proporcionar al tribunal remitente los elementos necesarios para interpretar el concepto de «servicio de comunicación audiovisual», en el sentido de la citada Directiva, con el fin de que compruebe si la difusión del vídeo controvertido en el litigio principal está efectivamente comprendida en ese concepto y si, por lo que respecta a la difusión, hay que considerar, consecuentemente, que Golf Bulgaria es un «prestador del servicio de comunicación», en el sentido de dicha Directiva.

39      En este contexto, cabe recordar que, según la definición que figura en el artículo 1, apartado 1, letra a), inciso i), de la Directiva 2010/13, el concepto de «servicio de comunicación audiovisual» hace referencia a un servicio, tal como lo definen los artículos 56 TFUE y 57 TFUE, cuya finalidad principal propia o de una de sus partes disociables consiste en ofrecer programas al público en general, bajo la responsabilidad editorial de un prestador de servicios de comunicación, con objeto de informar, entretener o educar, por medio de redes de comunicaciones electrónicas, tal como las define el artículo 2, letra a), de la Directiva 2002/21.

40      Por otro lado, como se desprende del artículo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva 2010/13, el concepto de «programa», en el sentido de esta Directiva, hace referencia a «un conjunto de imágenes en movimiento, […] que constituye un elemento unitario, con independencia de su duración, dentro de un horario de programación o de un catálogo elaborado por un prestador de servicios de comunicación, incluidos los largometrajes, los vídeos cortos, las manifestaciones deportivas, las comedias de situación, los documentales, los programas infantiles y las obras de teatro originales».

41      Además, de conformidad con el artículo 1, apartado 1, letra d), de esta Directiva, a los efectos de esta última, el «prestador del servicio de comunicación» es la persona física o jurídica que ostenta la responsabilidad editorial sobre la elección del contenido audiovisual del servicio de comunicación audiovisual y determina la manera en que se organiza dicho contenido.

42      En el caso de autos, de la petición de decisión prejudicial se desprende que el vídeo controvertido en el litigio principal fue publicado en un sitio de Internet que pone a disposición del público artículos y contenidos audiovisuales.

43      Por consiguiente, en primer lugar, resulta que este vídeo fue difundido por medio de redes de comunicaciones electrónicas, en el sentido del artículo 2, punto 1, de la Directiva 2018/1972, que sustituyó al artículo 2, letra a), de la Directiva 2002/21, extremo que, no obstante, corresponde confirmar al tribunal remitente.

44      En segundo lugar, sin perjuicio tampoco de la comprobación por ese tribunal, se puede considerar que el vídeo citado se incluye en la programación o en el catálogo de la oferta audiovisual propuesta en el sitio de Internet de que se trata en el litigio principal, de modo que constituye un «programa», en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva 2010/13 (véase, por analogía, la sentencia de 26 de junio de 2025, Makeleio y Zougla, C‑555/23 y C‑556/23, EU:C:2025:484, apartado 48), y que esa oferta audiovisual responde a fines informativos o de entretenimiento.

45      Por otro lado, nada en los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia sugiere que el servicio de puesta a disposición de vídeos ofrecido en el sitio de Internet de que se trata en el litigio principal no tenga un contenido y una función autónomos en relación con los de otros servicios que pudieran ofrecerse en dicho sitio. Así pues, sin perjuicio de la comprobación por el tribunal remitente, hay que considerar que la difusión del vídeo controvertido en el litigio principal se incluye en un servicio cuya finalidad principal o la de una de sus partes disociables consiste en ofrecer programas al público en general.

46      Por último, como se desprende del artículo 1, apartado 1, letras a), inciso i), c) y d), de la Directiva 2010/13, la publicación por Golf Bulgaria del vídeo controvertido en el litigio principal en el sitio de Internet de que se trata en el litigio principal solo puede estar comprendida en el concepto de «servicio de comunicación audiovisual» si esa sociedad asume la «responsabilidad editorial», en el sentido de dicha Directiva, de la elección del contenido audiovisual puesto a disposición en ese sitio de Internet.

47      Así sucedería, en particular, si corresponde a Golf Bulgaria decidir, en particular, la puesta en línea y la retirada de los vídeos propuestos en el sitio de Internet en cuestión, el calendario y los horarios de difusión de los vídeos en ese sitio, el período durante el que los internautas podrán acceder a los vídeos, la estructura de dicho sitio de Internet, la forma de presentar y seleccionar los vídeos, el sistema de búsqueda de los vídeos y la actualización del contenido de ese mismo sitio (véase, por analogía, la sentencia de 26 de junio de 2025, Makeleio y Zougla, C‑555/23 y C‑556/23, EU:C:2025:484, apartado 53).

48      Dado que la petición de decisión prejudicial no contiene ninguna indicación a este respecto, corresponderá al tribunal remitente apreciar, habida cuenta, en particular, de los requisitos que rigen la publicación en el sitio de Internet de que se trata en el litigio principal de los vídeos transmitidos por los usuarios, si Golf Bulgaria se reserva efectivamente el derecho a decidir qué vídeos se publican en ese sitio de Internet. Si de esta apreciación resulta que la decisión final sobre tal publicación incumbe a esa sociedad, la responsabilidad editorial de la elección del contenido audiovisual puesto a disposición del público en dicho sitio de Internet, del que forma parte el vídeo controvertido en el litigio principal, corresponderá a la referida sociedad, y ello a pesar de que los vídeos puestos en línea los creen y envíen usuarios para su publicación en el mismo sitio de Internet.

49      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, y sin perjuicio de las comprobaciones que corresponderá efectuar al tribunal remitente, procede responder a la cuestión prejudicial planteada por dicho tribunal partiendo de las premisas de que, por un lado, la difusión del vídeo sancionada por la decisión controvertida constituye un «servicio de comunicación audiovisual», en el sentido de la Directiva 2010/13, y, por otro lado, Golf Bulgaria está comprendida en el concepto de «prestador del servicio de comunicación», en el sentido de dicha Directiva.

 Sobre la disposición de la Directiva 2010/13 pertinente para resolver el litigio principal

50      De la petición de decisión prejudicial se desprende que el vídeo controvertido en el litigio principal muestra a una persona con necesidades educativas especiales siendo humillada por un grupo de personas. Este hecho llevó, en particular, al SEM a calificar dicho vídeo de contrario a las «buenas costumbres», en el sentido del Derecho nacional, y, por tanto, a sancionar a la citada sociedad por la difusión de una emisión contraria a las buenas costumbres, a lo que el SEM añadió, ante el tribunal remitente, que esa persona había sufrido, en consecuencia, una violación de su dignidad humana.

51      Pues bien, es preciso recordar que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2010/13 obliga a los Estados miembros no solo a respetar la dignidad humana, sino también a protegerla, obligación que implica, en particular, que incumbe a los Estados miembros adoptar las medidas necesarias para garantizar que los contenidos de los servicios de comunicación audiovisual ofrecidos por los prestadores sujetos a la jurisdicción de dichos Estados miembros no menoscaben el valor de la dignidad humana (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de junio de 2025, Makeleio y Zougla, C‑555/23 y C‑556/23, EU:C:2025:484, apartado 67).

52      Por lo tanto, la obligación de respetar el valor de la dignidad humana y la prohibición de difundir contenidos que menoscaben dicho valor están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta disposición (sentencia de 26 de junio de 2025, Makeleio y Zougla, C‑555/23 y C‑556/23, EU:C:2025:484, apartado 73).

53      Por consiguiente, en un contexto como el del litigio principal, en el que una normativa nacional que prohíbe difundir contenidos contrarios a las buenas costumbres ha servido de base a una decisión adoptada para sancionar una violación de la dignidad humana, dicha normativa nacional puede estar comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2010/13. En cambio, tal normativa, en la medida en que solo sirve para cumplir la obligación de respetar la dignidad humana y el motivo de prohibición basado en el menoscabo del valor de la dignidad humana previstos en dicho artículo 6, apartado 1, no puede analizarse como que contiene normas «más detalladas» o «más estrictas», en el sentido del artículo 4, apartado 1, de esta Directiva y, en consecuencia, no está comprendida en el ámbito de aplicación de esta última disposición (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de junio de 2025, Makeleio y Zougla, C‑555/23 y C‑556/23, EU:C:2025:484, apartado 78).

54      Así pues, a la vista de las circunstancias particulares del litigio principal, hay que responder a la cuestión prejudicial planteada por el tribunal remitente a la luz del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2010/13.

 Sobre la cuestión prejudicial

55      Habida cuenta de las consideraciones preliminares, procede considerar que, mediante su cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2010/13, a la luz del artículo 11 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro pueda, en virtud de una normativa nacional que prohíbe, sobre la base de un principio general del Derecho de ese Estado, las emisiones contrarias a las buenas costumbres, sancionar a un prestador del servicio de comunicación por la difusión de un vídeo que viola la dignidad humana.

56      Para responder a esta cuestión prejudicial, es preciso recordar, en primer lugar, que, según el propio tenor del artículo 288 TFUE, párrafo tercero, los Estados miembros pueden elegir la forma y medios de ejecutar las directivas que permitan garantizar del mejor modo posible el resultado que estas persiguen y que de dicha disposición se desprende que la adaptación en el Derecho interno de una directiva no exige necesariamente una acción legislativa en cada Estado miembro (sentencia de 14 de febrero de 2012, Flachglas Torgau, C‑204/09, EU:C:2012:71, apartado 60).

57      En particular, según reiterada jurisprudencia, la existencia de principios generales o de normas generales puede hacer superflua la transposición mediante medidas legales o reglamentarias adicionales específicas, siempre que, no obstante, tales normas garanticen efectivamente la plena aplicación de esa directiva y que, en el caso de que la disposición controvertida de esa directiva tenga por objeto crear derechos para los particulares, la situación jurídica que se desprenda de dichos principios sea suficientemente precisa y clara, y que los beneficiarios estén en condiciones de conocer la totalidad de sus derechos y, en su caso, de invocarlos ante los órganos jurisdiccionales nacionales [sentencia de 10 de junio de 2021, Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg), C‑303/20, EU:C:2021:479, apartado 34 y jurisprudencia citada].

58      A la luz de esta jurisprudencia, cabe considerar que, si bien, como se ha señalado en los apartados 51 y 52 de la presente sentencia, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2010/13 obliga a los Estados miembros, en el ámbito de los servicios de comunicación audiovisual, a proteger el valor de la dignidad humana garantizando la prohibición de contenidos que menoscaben dicho valor, no se excluye, en principio, que esta disposición se transponga al ordenamiento jurídico interno de un Estado miembro sobre la base de una normativa nacional que prohíbe, de conformidad con un principio general del Derecho de ese Estado, las emisiones contrarias a las buenas costumbres, siempre que la situación jurídica derivada de esa normativa nacional sea suficientemente precisa y clara como para que los prestadores del servicio de comunicación puedan saber que está comprendida en el concepto de emisión contraria a las buenas costumbres la difusión de un vídeo que menoscaba el valor de la dignidad humana.

59      Además, procede recordar que el principio de seguridad jurídica exige, por una parte, que las normas de Derecho sean claras y precisas y, por otra, que su aplicación sea previsible para los justiciables, en especial cuando puedan tener consecuencias desfavorables. Este principio exige, en concreto, que una normativa permita a los interesados conocer con exactitud el alcance de las obligaciones que les impone y que estos puedan conocer sin ambigüedad sus derechos y obligaciones y adoptar las medidas oportunas en consecuencia (sentencia de 21 de mayo de 2026, Across Fiduciaria y otros, C‑684/24 y C‑685/24, EU:C:2026:410, apartado 40 y jurisprudencia citada).

60      Por otro lado, este imperativo de seguridad jurídica se impone con especial rigor cuando se trata de una normativa que puede implicar consecuencias financieras. En particular, el Tribunal de Justicia ha declarado que una sanción, aunque no tenga carácter penal, solo puede imponerse si se apoya en una base legal clara y no ambigua (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de octubre de 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun, C‑248/04, EU:C:2006:666, apartados 79 y 80 y jurisprudencia citada).

61      En este contexto, se ha de recordar que, por lo que respecta al principio de legalidad de los delitos y las penas consagrado en el artículo 49, apartado 1, de la Carta, disposición que se aplica en el ámbito penal (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de agosto de 2025, BAJI Trans, C‑544/23, EU:C:2025:614, apartado 62), este principio, que constituye una manifestación específica del principio general de seguridad jurídica, implica, concretamente, que la ley debe definir claramente las infracciones y las penas que las castigan con el fin de garantizar la previsibilidad en lo que respecta tanto a la definición de la infracción como a la determinación de la pena. Este requisito se cumple cuando el justiciable puede saber, a partir del texto de la disposición pertinente y, si fuera necesario, con ayuda de la interpretación que de ella hacen los órganos jurisdiccionales nacionales de que se trate, qué actos y omisiones generan su responsabilidad penal (sentencia de 26 de junio de 2025, Makeleio y Zougla, C‑555/23 y C‑556/23, EU:C:2025:484, apartado 88 y jurisprudencia citada). Pues bien, a este respecto, y en cualquier caso, no puede ser de otro modo en lo que respecta a las sanciones que no tienen carácter penal.

62      Por tanto, corresponderá al tribunal remitente comprobar si un prestador del servicio de comunicación puede saber, a la vista del tenor de la ZRT y, en su caso, con ayuda de la interpretación que de ella hacen el Konstitutsionen sad (Tribunal Constitucional) y el Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo), que la prohibición de difundir emisiones contrarias a las buenas costumbres establecida por esa normativa nacional se aplica también a la difusión de un vídeo que viola la dignidad humana.

63      En segundo lugar, en cuanto a si una normativa nacional que presenta las características expuestas en el apartado 55 de la presente sentencia y que cumple con las exigencias de claridad y precisión, en el sentido de la jurisprudencia enunciada en los apartados 57 a 61 de esta sentencia, vulnera el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 11 de la Carta, procede recordar que los derechos y libertades que se consagran en el citado artículo 11 no son prerrogativas absolutas, sino que deben considerarse según su función en la sociedad. No obstante, de conformidad con el artículo 52, apartado 1, de la Carta, cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades garantizados por la Carta deberá ser establecida por la ley, respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades y, dentro del respeto del principio de proporcionalidad, ser necesaria y responder efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás [sentencia de 26 de febrero de 2026, Comisión/Hungría (Derecho a prestar servicios de medios de comunicación en una radiofrecuencia), C‑92/23, EU:C:2026:108, apartados 365 y 367 y jurisprudencia citada].

64      A este respecto, según el artículo 1 de la Carta, la dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida.

65      De las Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales (DO 2007, C 303, p. 17) se desprende que la dignidad de la persona, en el sentido de dicho artículo 1, no es solo un derecho fundamental en sí mismo, sino que constituye la propia base de los derechos fundamentales. A este respecto, estas Explicaciones se refieren, en particular, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, que consagró la dignidad humana en su preámbulo, precisando que «la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana». De ello resulta, según las mencionadas Explicaciones, que ninguno de los derechos recogidos en la Carta podrá utilizarse para atentar contra la dignidad de otras personas y que la dignidad de la persona humana forma parte de la esencia de los derechos inscritos en ella. Por lo tanto, no debe atentarse contra ella, ni siquiera en el caso de limitación de un derecho [sentencia de 21 de abril de 2026, Comisión/Hungría (Valores de la Unión), C‑769/22, EU:C:2026:326, apartado 486].

66      De lo anterior se desprende que una obligación relativa al respeto de las buenas costumbres, en la medida en que constituye un medio que permite proteger el valor de la dignidad humana prohibiendo difundir contenidos que menoscaben dicho valor, como exige el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2010/13, por una parte, responde a un motivo legítimo para restringir la libertad de expresión, y, por otra parte, habida cuenta de la restricción de dicha libertad que de ello resulta, constituye necesariamente una medida proporcionada, en el sentido del artículo 52, apartado 1, de la Carta.

67      Por consiguiente, en tal medida, una normativa nacional que presente las características expuestas en el apartado 55 de la presente sentencia y que cumpla con las exigencias de claridad y precisión, en el sentido de la jurisprudencia enunciada en los apartados 57 a 61 de esta sentencia, no vulnera el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 11 de la Carta.

68      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2010/13, a la luz del artículo 11 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro pueda, en virtud de una normativa nacional que prohíbe, sobre la base de un principio general del Derecho de ese Estado, las emisiones contrarias a las buenas costumbres, sancionar a un prestador del servicio de comunicación por la difusión de un vídeo que menoscaba el valor de la dignidad humana, a condición de que los prestadores de ese servicio puedan saber, a la vista del tenor de dicha normativa nacional y, si fuera necesario, con ayuda de la interpretación que de ella hacen los órganos jurisdiccionales nacionales, que tal prohibición incluye las emisiones que menoscaban ese valor.

 Costas

69      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:

El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), en su versión modificada por la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, a la luz del artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

debe interpretarse en el sentido de que

no se opone a que un Estado miembro pueda, en virtud de una normativa nacional que prohíbe, sobre la base de un principio general del Derecho de ese Estado, las emisiones contrarias a las buenas costumbres, sancionar a un prestador del servicio de comunicación por la difusión de un vídeo que menoscaba el valor de la dignidad humana, a condición de que los prestadores de ese servicio puedan saber, a la vista del tenor de dicha normativa nacional y, si fuera necesario, con ayuda de la interpretación que de ella hacen los órganos jurisdiccionales nacionales, que tal prohibición incluye las emisiones que menoscaban ese valor.

Firmas


*      Lengua de procedimiento: búlgaro.