Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. DEAN SPIELMANN
presentadas el 9 de julio de 2026 (1)
Asunto C‑170/25 P
Comisión Europea
contra
TP
« Recurso de casación — Contratos públicos — Protección de los intereses financieros de la Unión — Exclusión de la demandante por un período de dos años de la participación en los procedimientos de adjudicación regulados por el Reglamento financiero de 2018, de la posibilidad de ser seleccionada para la ejecución de los fondos de la Unión, y de los procedimientos de adjudicación financiados por el undécimo Fondo Europeo de Desarrollo — Artículo 136, apartado 1, letra e), del Reglamento financiero de 2018 — Obligación de evaluar el comportamiento de la persona en cuestión de manera concreta e individualizada — Calificación jurídica de la decisión de exclusión — Recurso de anulación y de indemnización »
Introducción
1. Mediante el presente recurso de casación, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal General de 18 de diciembre de 2024, TP/Comisión (T‑776/22, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2024:908), mediante la cual dicho Tribunal anuló su decisión de 1 de octubre de 2022 por la que se excluía a TP de la participación en los procedimientos de adjudicación regulados por el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 (2) o financiados por el Reglamento (UE) 2018/1877 (3) y de la selección para la ejecución de los fondos de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).
2. Conforme a lo solicitado por el Tribunal de Justicia, circunscribiré mi análisis al primer motivo de casación. Examinaré, en primer lugar, si el ordenador competente (en este caso, la Comisión) está o no automáticamente vinculado por las constataciones del juez competente para conocer del contrato al que se ha acudido con anterioridad, cuando adopta una decisión de exclusión de este tipo. En segundo lugar, analizaré si, como consideró el Tribunal General, para adoptar una decisión de exclusión, el ordenador competente debe llevar a cabo un examen individualizado, incluso en el caso de un consorcio integrado por sociedades solidariamente responsables, lo cual me brindará la oportunidad de referirme a la naturaleza jurídica de la medida de exclusión.
Marco jurídico
Reglamento financiero de 2018
3. El artículo 135 del Reglamento financiero de 2018, titulado «Protección de los intereses financieros de la Unión mediante detección de riesgos, exclusión e imposición de sanciones pecuniarias», establece:
«1. A fin de proteger los intereses financieros de la Unión, la Comisión creará y administrará un sistema de detección precoz y exclusión.
El objetivo de ese sistema será facilitar:
a) la detección precoz de las personas o entidades a que se refiere el apartado 2 que supongan un riesgo para los intereses financieros de la Unión;
b) la exclusión de las personas o entidades a que se refiere el apartado 2 que se hallen incursas en alguna de las situaciones de exclusión a que se refiere el artículo 136, apartado 1;
c) la imposición de una sanción pecuniaria a un perceptor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.
2. El sistema de detección precoz y exclusión se aplicará a:
a) los participantes y los perceptores;
b) las entidades a cuya capacidad tiene intención de recurrir el candidato o licitador o los subcontratistas de un contratista;
[…]
4. La decisión de excluir a personas o entidades contempladas en el apartado 2 del presente artículo o de imponer sanciones pecuniarias a un perceptor se basará en una sentencia firme o, en las situaciones de exclusión a que se refiere el artículo 136, apartado 1, en una decisión administrativa definitiva o en una calificación jurídica preliminar por parte de la instancia a que se refiere el artículo 143 en las situaciones mencionadas en el artículo 136, apartado 2, a fin de garantizar una evaluación centralizada de dichas situaciones. […]»
4. El artículo 136 del Reglamento financiero de 2018, titulado «Criterios de exclusión y decisiones de exclusión», establece:
«1. El ordenador competente excluirá a las personas o entidades a que se refiere el artículo 135, apartado 2, de la participación en los procedimientos de adjudicación regulados por el presente Reglamento o de la posibilidad de ser seleccionadas para la ejecución de los fondos de la Unión cuando la persona o entidad se encuentre en una o más de las siguientes situaciones de exclusión:
[…]
e) cuando la persona o entidad haya mostrado deficiencias significativas en el cumplimiento de las obligaciones principales asociadas al cumplimiento de un compromiso jurídico financiado por el presupuesto que hayan dado lugar a:
i) la terminación anticipada de un compromiso jurídico,
ii) una indemnización por daños y perjuicios o a la imposición de otras penalizaciones, o
iii) que hayan sido descubiertas por un ordenador, la [Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)] o el Tribunal de Cuentas a raíz de controles, auditorías o investigaciones;
[…]
2. De no existir una sentencia firme o, en su caso, una decisión administrativa definitiva en los supuestos a que se refiere el apartado 1, letras c), d), f), g) y h), del presente artículo, o en el supuesto a que se refiere el apartado 1, letra e), del presente artículo, el ordenador competente excluirá a las personas o entidades a que se refiere el artículo 135, apartado 2, sobre la base de una calificación jurídica preliminar de una conducta de las contempladas en dichas letras, teniendo en cuenta los hechos y conclusiones que figuren en la recomendación de la instancia a que se refiere el artículo 143.
[…]
Los hechos y las conclusiones a que se refiere el párrafo primero incluirán, en particular:
a) hechos constatados en el marco de auditorías o investigaciones efectuadas por la Fiscalía Europea respecto de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, [(4)] el Tribunal de Cuentas, la OLAF o el auditor interno, o cualquier otra comprobación, auditoría o control llevados a cabo bajo la responsabilidad del ordenador;
b) decisiones administrativas no definitivas que pueden incluir medidas disciplinarias adoptadas por el organismo de supervisión competente responsable de verificar la aplicación de las normas de ética profesional;
c) hechos mencionados en decisiones de personas y entidades responsables de la ejecución de los fondos de la Unión en virtud del artículo 62, apartado 1, párrafo primero, letra c);
d) información transmitida de conformidad con el artículo 142, apartado 2, letra d), por entidades responsables de la ejecución de los fondos de la Unión en virtud del artículo 62, apartado 1, párrafo primero, letra b);
e) decisiones de la Comisión en relación con la infracción del Derecho de la Unión en materia de competencia o decisiones de una autoridad nacional competente en relación con la infracción del Derecho de la Unión o nacional en materia de competencia.
[…]»
Directiva 2014/24/UE
5. A tenor del artículo 57, apartado 4, letra g), de la Directiva 2014/24/UE: (5)
«Los poderes adjudicadores podrán excluir a un operador económico de la participación en un procedimiento de contratación, por sí mismos o a petición de los Estados miembros, en cualquiera de las siguientes situaciones:
[…]
g) cuando el operador económico haya mostrado deficiencias significativas o persistentes en el cumplimiento de un requisito de fondo en el marco de un contrato público anterior, de un contrato anterior con una entidad adjudicadora o de un contrato de concesión anterior que hayan dado lugar a la terminación anticipada de ese contrato anterior, a indemnización por daños y perjuicios o a otras sanciones comparables».
Antecedentes del litigio
6. Los antecedentes del litigio, tal como resultan de la sentencia recurrida, pueden resumirse del modo expuesto a continuación.
7. El 26 de junio de 2009, la demandante en primera instancia, TP, celebró un acuerdo de consorcio con otra sociedad para participar en un procedimiento de adjudicación de un contrato público de obras convocado por la Comisión que tenía por objeto la modernización de una obra.
8. La Comisión decidió adjudicar el contrato al consorcio formado por la demandante y su socia. El 5 de octubre de 2009 se celebró un contrato a este respecto. Las obras comenzaron en noviembre de 2009 y finalizaron en noviembre de 2011.
9. En febrero de 2012, se detectaron deficiencias en la obra. Sobre la base del estudio realizado por el ingeniero encargado de las obras, la sociedad socia llevó a cabo reparaciones en nombre del consorcio. El 17 de diciembre de 2013, la Comisión, al no considerar satisfactorias las reparaciones efectuadas, remitió al consorcio una notificación de terminación anticipada del contrato. El 14 de enero de 2014, el consorcio envió a su vez una notificación de terminación de ese contrato.
10. La Comisión y el consorcio sometieron el conflicto a un comité de resolución de controversias. El 3 de julio de 2014, dicho comité concluyó que los problemas de funcionamiento de la obra se debían a una combinación de defectos de diseño y de ejecución, de los que eran responsables tanto la Comisión como el consorcio. La Comisión solicitó un nuevo estudio de la obra, que dio lugar a la comunicación de un informe el 17 de julio de 2017. Sobre la base, en particular, de dicho informe, la Comisión inició, el 15 de septiembre de 2017, un procedimiento de arbitraje en virtud del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
11. El 11 de febrero de 2020, un tribunal arbitral constituido bajo los auspicios de la CCI (en lo sucesivo, «tribunal arbitral») dictó un laudo parcial en el que declaró la existencia de 6 757 defectos derivados de las obras ejecutadas en virtud del contrato controvertido, que eran responsabilidad compartida de la Comisión, en un 60 %, y del consorcio, en un 40 %. Mediante laudo definitivo de 19 de julio de 2022, dicho tribunal arbitral calificó la conducta del consorcio de negligencia grave y condenó solidariamente a TP y a la sociedad socia a pagar a la Unión el importe correspondiente a los costes necesarios para reparar la obra. Los dos laudos dictados por el tribunal arbitral fueron objeto de sendos recursos.
12. En febrero de 2021, la Comisión remitió el asunto a la instancia interinstitucional establecida en virtud del artículo 143 del Reglamento financiero de 2018, encargada, entre otras cosas, de formular recomendaciones sobre la necesidad de tomar decisiones de exclusión o de imposición de sanciones pecuniarias en los casos que le planteen la Comisión u otras instituciones y organismos de la Unión.
13. El 1 de octubre de 2022, siguiendo la recomendación de la citada instancia, la Comisión adoptó la Decisión controvertida.
Decisión controvertida
14. En esa Decisión la Comisión recordó, para empezar, haciendo referencia al consorcio, el contexto y los hechos constatados sobre la base de los laudos arbitrales, parcial y final, a saber, que el 60 % era responsabilidad del promotor (en este caso, la Comisión) y el 40 % de la parte contratante (en este caso, el consorcio) y que, dada la magnitud significativa de las deficiencias en el cumplimiento por parte del consorcio, la conducta de TP como parte este constituía una negligencia grave. A continuación, en la Decisión controvertida la Comisión examinó las alegaciones de TP para desestimarlas una tras otra. Por último, llevó a cabo la evaluación de la situación fáctica para constatar los incumplimientos de TP «como parte del consorcio» de las diferentes obligaciones contractuales mencionadas.
15. De este modo, la Comisión, como ordenador competente, decidió, a la vista de las circunstancias, atenuantes y agravantes, aplicables a TP, excluirla durante un período de dos años de la participación en los procedimientos de contratación pública regulados por el Reglamento financiero de 2018 y de la posibilidad de ser seleccionada para la ejecución de los fondos de la Unión, así como de los procedimientos de adjudicación financiados por el undécimo Fondo Europeo de Desarrollo sobre la base del Reglamento 2018/1877, por haber mostrado deficiencias significativas en el cumplimiento de las obligaciones principales asociadas a la ejecución de un contrato financiado con cargo al presupuesto de la Unión, lo que dio lugar a la resolución anticipada de dicho contrato.
Sentencia recurrida
16. Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 13 de diciembre de 2022, TP interpuso un recurso por el que solicitaba que se anulara la Decisión controvertida, que se le indemnizaran los daños y perjuicios sufridos y que se condenara en costas de la Comisión. TP invocó tres motivos en apoyo de su pretensión. Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó el primer motivo invocado por TP y anuló la Decisión controvertida, no considerando necesario examinar los otros dos motivos del recurso.
17. Más concretamente, mediante su primer motivo, la demandante sostenía que el artículo 136, apartado 1, letra e), del Reglamento financiero de 2018 obliga al ordenador competente a llevar a cabo un examen individual de la conducta de la persona o de la entidad en cuestión, cosa que la Comisión no hizo en el caso de autos.
18. Para empezar, el Tribunal General expuso que, para responder a esa alegación, iba a realizar un análisis en dos etapas. (6) A continuación, en una primera etapa, llevó a cabo una interpretación literal, contextual y teleológica de la citada disposición y entendió que no existía vínculo automático entre, por un lado, la constatación de un incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del juez competente para conocer del contrato (en este caso, el tribunal arbitral) y, por otro lado, la adopción de una decisión de exclusión por el ordenador competente (en este caso, la Comisión). (7) Por último, en una segunda etapa, analizó si existía una obligación de examen individual del comportamiento de la persona en cuestión antes de adoptar una decisión de exclusión, y concluyó que así era. (8) En el presente asunto, el Tribunal General consideró que en la Decisión controvertida la Comisión se había limitado a basarse en la responsabilidad solidaria de la demandante como miembro del consorcio, sin tener en cuenta su comportamiento individual y sin examinar la responsabilidad individual de cada uno de los contratantes, tal y como la propia Comisión admitió en la vista. (9)
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes
19. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 28 de febrero de 2025, la Comisión interpuso recurso de casación contra la sentencia recurrida. Esta solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y resuelva él mismo el litigio desestimando el recurso de anulación interpuesto contra la Decisión controvertida sobre la base de su escrito de contestación. Con carácter subsidiario, solicita al Tribunal de Justicia que devuelva el asunto al Tribunal General para que examine los otros dos motivos del recurso de anulación. Solicita que se condene a TP a cargar con la totalidad de las costas del presente procedimiento y del procedimiento ante el Tribunal General.
20. TP solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene a la Comisión a cargar con la totalidad de las costas del presente procedimiento.
Análisis
21. En apoyo de su recurso de casación, la Comisión invoca dos motivos. (10) Mediante su primer motivo, único que se analizará en las presentes conclusiones, la Comisión sostiene que el razonamiento del Tribunal General en dos etapas recogido en la sentencia recurrida le llevó a cometer un error de Derecho al interpretar el artículo 136, apartado 1, letra e), del Reglamento financiero de 2018. Aduce, en primer término, que ese artículo no impide que su decisión de exclusión se base principalmente o incluso de manera exclusiva en las constataciones del tribunal arbitral (primera etapa). En segundo término, niega que el ordenador competente esté obligado a llevar a cabo un examen individual del comportamiento de la entidad en cuestión antes de adoptar una decisión de exclusión cuando existe una responsabilidad solidaria dentro del consorcio contratante (segunda etapa).
22. Analizaré sucesivamente estos dos argumentos de la Comisión.
Efectos de las constataciones del juez competente para pronunciarse sobre el contrato sobre la decisión de exclusión: inexistencia de efecto automático
23. Con carácter preliminar conviene recordar que las normas aplicables a los contratos públicos celebrados por las instituciones, órganos, organismos o agencias de la Unión no resultan únicamente del marco contractual que se deriva del contrato celebrado entre el poder adjudicador y el operador económico, sino también del marco administrativo constituido por las disposiciones del Reglamento financiero de 2018.
24. Así, en paralelo a la relación contractual entre la institución adjudicadora (en este caso la Comisión) y su contraparte, el ordenador competente de dicha institución puede adoptar en determinadas circunstancias, en virtud del Reglamento financiero de 2018, una decisión de exclusión contra una persona o entidad que suponga un riesgo para los intereses financieros de la Unión. En tal caso, se la incluye en la lista de personas o entidades excluidas de los contratos públicos financiados con cargo al presupuesto de la Unión. (11)
25. El argumento de la Comisión plantea la cuestión de la relación entre, por un lado, el marco contractual y, por otro lado, el marco administrativo derivado del Reglamento financiero de 2018 que rige la decisión de exclusión.
26. Aunque parece admitir que el ordenador competente debe llevar a cabo una calificación jurídica de los hechos, la Comisión sostiene en esencia que, en contra de lo declarado por el Tribunal General, esa calificación puede derivarse automáticamente de la resolución del juez competente para conocer del contrato.
27. A mi entender, esta alegación debe desestimarse por cuanto permitiría al ordenador competente no llevar a cabo un examen individual de los incumplimientos de que se trata.
28. En efecto, es cierto que esos dos marcos jurídicos, el contractual y el administrativo, no son independientes entre sí, dado que la decisión de exclusión se adopta, en particular, cuando la persona o entidad en cuestión se encuentran en la situación contemplada en artículo 136, apartado 1, letra e), del Reglamento financiero de 2018 que se refiere al hecho de haber «mostrado deficiencias significativas en el cumplimiento de las obligaciones principales asociadas al cumplimiento de un compromiso jurídico financiado por el presupuesto». En estas circunstancias, las constataciones fácticas relativas a las deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del juez competente para pronunciarse sobre el contrato, pueden dar lugar a que el ordenador competente adopte una decisión de exclusión sobre la base del Reglamento financiero de 2018. (12) En esa medida, existe un vínculo estrecho entre el incumplimiento contractual y la medida administrativa de exclusión. Por lo demás, ese extremo no se discute.
29. Sin embargo, ese vínculo no tiene como consecuencia que las constataciones del juez competente para pronunciarse sobre el contrato den automáticamente lugar a una decisión de exclusión por los siguientes motivos.
30. En primer término, el texto del artículo 136, apartado 1, letra e), del Reglamento financiero de 2018 se refiere a deficiencias «significativas» de obligaciones «principales» de la contraparte. De ello resulta que no todo incumplimiento contractual, aunque haya dado lugar a la resolución anticipada del contrato o a una indemnización por daños y perjuicios contractual o a tanto alzado, cumple necesariamente los requisitos para que se aplique una decisión de exclusión. El margen de discrecionalidad del ordenador competente para adoptar una decisión de exclusión no puede negarse y no solo se aplica al carácter «principal» de la obligación contractual de que se trata, sino también al carácter «significativo» de las deficiencias en el cumplimiento contractual de que se trata. (13)
31. A este respecto, procede destacar que la sanción contractual (resolución anticipada del contrato o pago de una indemnización por daños y perjuicios) y la exclusión, de naturaleza administrativa, no persiguen la misma finalidad, toda vez que la primera pretende sancionar un incumplimiento contractual por parte del operador económico de un compromiso jurídico asumido frente a la contraparte, mientras que la segunda persigue el objetivo distinto de proteger los intereses financieros de la Unión. En caso de impugnación, el fundamento de las acciones y los motivos que pueden invocarse ante el juez competente para pronunciarse sobre el contrato, por un lado, y ante el juez competente para pronunciarse sobre la legalidad de la exclusión, por otro, son distintos. (14) Esta diferencia en la naturaleza jurídica y en los objetivos de esas dos medidas implica que el ordenador competente debe apartarse de la lógica contractual para llevar a cabo su propia apreciación a la luz del objetivo de protección del presupuesto de la Unión.
32. Así, como indicó el Tribunal General en el apartado 41 de la sentencia recurrida, tales requisitos, que se derivan del Reglamento financiero de 2018, y que son distintos de los del contrato, justifican el margen de apreciación de que dispone el ordenador competente para calificar los hechos de que se trata de manera distinta de la efectuada por el juez competente para conocer del contrato.
33. En segundo término, la inexistencia de un vínculo automático entre la constatación de una deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del juez competente para conocer del contrato y la adopción de una decisión de exclusión por el ordenador competente resulta también del contexto en el que se inscribe el artículo 136, apartado 1, del Reglamento financiero de 2018.
34. En efecto, el considerando 76 de dicho Reglamento dispone que «la posibilidad de adoptar decisiones de exclusión o de imponer sanciones pecuniarias es independiente de la posibilidad de aplicar sanciones contractuales, como una indemnización por daños y perjuicios». (15)
35. Además, de conformidad con el artículo 136, apartado 2, del Reglamento financiero de 2018, de no existir una sentencia firme, como en el caso de autos, el ordenador competente debe apreciar la situación «teniendo en cuenta» los hechos y conclusiones que figuren en la recomendación de la instancia a que se refiere el artículo 143 de ese mismo Reglamento.
36. Por lo demás, como subrayó el Tribunal General en el apartado 46 de la sentencia recurrida, la redacción del artículo 136, apartado 1, letra e), del Reglamento financiero de 2018 difiere de la de las letras b), c), d), f), g) y h) de dicha disposición, en la medida en que la letra e) hace referencia directamente al comportamiento en cuestión, y no a la sentencia o a la decisión administrativa por la que una autoridad distinta del ordenador competente, por ejemplo el juez competente para conocer del contrato, haya realizado una calificación previa de dicho comportamiento.
37. Esta diferencia de planteamiento confirma que la calificación efectuada en el marco contractual, aunque forma parte de los elementos que deben tenerse en cuenta, no puede, sin embargo, vincular automáticamente al ordenador competente, que conserva su margen de apreciación a la hora de adoptar la decisión de exclusión.
38. Conviene añadir que, con arreglo al artículo 136, apartado 3, del Reglamento financiero de 2018, la decisión de exclusión del ordenador competente se adoptará de conformidad con el principio de proporcionalidad y en particular teniendo en cuenta las circunstancias agravantes o atenuantes, relacionadas, por ejemplo, con la gravedad de la situación, el tiempo transcurrido desde la conducta de que se trate, su duración, su eventual reiteración, su carácter intencionado o no, la cuantía de que se trate y la contribución de la persona en cuestión. El margen de apreciación del ordenador competente debe pues ejercerse necesariamente aplicando el principio de proporcionalidad que excluye el carácter automático que propugna la Comisión. (16)
39. Del mismo modo, otros apartados del artículo 136 del Reglamento financiero de 2018 implican un margen de apreciación del ordenador competente. Así, el apartado 5 de esta disposición establece que, en caso de «amenaza grave e inminente para los intereses financieros de la Unión», la exclusión provisional puede decidirse sin una recomendación de la instancia a que se refiere el artículo 143 de dicho Reglamento, lo que implica apreciar dicha amenaza. Asimismo, los apartados 6 y 7 de esa misma disposición contemplan supuestos en los que no se adopta la exclusión, en particular, cuando la persona o entidad en cuestión han adoptado medidas correctoras, lo que supone que el ordenador competente ejerce su margen de apreciación a este respecto.
40. De ello se deduce que el contexto en el que se inscribe el artículo 136, apartado 1, letra e), del Reglamento financiero de 2018 corrobora la existencia de un margen de apreciación del ordenador competente y la inexistencia de un vínculo automático entre las constataciones del juez competente para conocer del contrato y la decisión de exclusión.
41. A mi parecer, esta conclusión no queda desvirtuada por las alegaciones de la Comisión según las cuales el examen del comportamiento contractual de las partes del contrato es esencial y el ordenador competente está siempre obligado a motivar su decisión de exclusión, con independencia de que el motivo invocado sea una deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones contractuales u otro motivo previsto en el artículo 136, apartado 1, del Reglamento financiero de 2018. En efecto, en mi opinión, estos elementos no son en modo alguno incompatibles con el margen de apreciación del ordenador competente en la materia, en particular para determinar si la deficiencia en el cumplimiento es «significativa» y si se refiere a obligaciones «principales». El hecho de tener que motivar su decisión de exclusión a este respecto apunta precisamente a ese margen de apreciación, que debe aplicar de forma motivada, entre otras cosas para permitir un eventual recurso. En particular, no cabe excluir que un ordenador competente considere que los incumplimientos contractuales constatados por el juez competente para pronunciarse sobre el contrato no sean de tal magnitud que deban dar lugar a la exclusión, o que hayan prescrito, o que dichos incumplimientos sean imputables a otra entidad, o incluso que la entidad responsable haya adoptado entretanto medidas que permitan considerar que ya no supone un riesgo para el presupuesto de la Unión. Por último, esa interpretación también es conforme con el principio de buena administración, invocado por la Comisión, que impone a la institución competente la obligación de examinar con diligencia e imparcialidad todos los elementos pertinentes del asunto de que se trate.
42. En este contexto, si bien las constataciones fácticas del juez competente para conocer del contrato pueden, o incluso deben, ser tenidas en cuenta por el ordenador competente al calificar jurídicamente el comportamiento a que se refiere el artículo 136, apartado 1, letra e), del Reglamento financiero de 2018, corresponde, no obstante, a este último evaluar la conducta en cuestión, a la luz del contexto particular de dicho Reglamento y de sus objetivos. No aprecio de qué manera ello impondría «una carga de la prueba demasiado elevada» al ordenador competente, como sostiene la Comisión, ya que no se trata de una cuestión de carga de la prueba, sino de la realización de una apreciación independiente sobre la base de comprobaciones o de hechos previamente acreditados.
43. En tercer término, en lo que respecta a la interpretación teológica e histórica del artículo 136, apartado 1, letra e), del Reglamento financiero de 2018, la Comisión sostiene, con carácter subsidiario, que la interpretación incorrecta del Tribunal General en cuanto a la inexistencia de un vínculo automático entre la constatación de un incumplimiento contractual y la adopción de una decisión de exclusión por el ordenador competente se deriva asimismo de la apreciación incorrecta de que el legislador de la Unión tuvo la intención de instaurar un régimen autónomo de sanciones por lo que consideró que las situaciones de exclusión eran equiparables a sanciones.
44. Procede recordar que, en el contexto de su interpretación histórica y teleológica de la disposición de que se trata, el Tribunal General declaró que el legislador de la Unión tuvo, desde el principio, la intención de instaurar un régimen autónomo de sanciones, que se mantuvo y profundizó a lo largo del tiempo y, en particular, con la adopción del Reglamento financiero de 2018. (17) Pues bien, según el Tribunal General, «no puede presumirse la existencia de un vínculo automático entre, por un lado, la constatación por una autoridad distinta del ordenador competente de un incumplimiento cuya existencia esté prevista por una legislación nacional o de la Unión y, por otro lado, la adopción por el ordenador competente de una medida de exclusión incluida en un régimen autónomo de sanciones establecido por el Reglamento financiero». (18) Añade que el régimen autónomo de sanciones previsto en dicho Reglamento persigue, desde su establecimiento, objetivos específicos de interés general, que son distintos de la correcta ejecución del contrato o de la protección y la indemnización de las partes del contrato que un régimen de responsabilidad contractual pretende garantizar. El Tribunal General concluyó que esa diferencia entre los objetivos perseguidos por el régimen de sanciones instaurado por el Reglamento financiero de 2018 y los perseguidos por un régimen de responsabilidad contractual confirmaba la inexistencia de un vínculo automático. (19)
45. Creo que, aun teniendo reservas sobre la redacción empleada por el Tribunal General y cuestionada por la Comisión, el razonamiento del Tribunal General debe aceptarse.
46. En efecto, cabría debatir si el legislador de la Unión pretendió mantener en el Reglamento financiero de 2018 la calificación de «sanción» que se aplicaba a las decisiones de exclusión durante la vigencia del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012, (20) en su versión modificada por el Reglamento (UE, Euratom) 2015/1929. (21) A este respecto ha de señalarse que, como destaca la Comisión, el Reglamento n.º 966/2012, en su versión modificada por el Reglamento 2015/1929, empleaba la expresión «sanciones administrativas» para referirse a las decisiones de exclusión. (22) Pues bien, ya no es así en el Reglamento financiero de 2018 que actualiza y simplifica las normas relativas al establecimiento y ejecución del presupuesto de la Unión. (23)
47. Sin embargo, el razonamiento del Tribunal General pretende demostrar que el régimen de exclusión que prevé el Reglamento financiero de 2018 persigue, desde su instauración, objetivos específicos de interés general, distintos de la correcta ejecución del contrato o de la protección e indemnización de las partes contractuales, que pretende garantizar un régimen de responsabilidad contractual, razonamiento que debe admitirse.
48. Por consiguiente, no creo que el error que invoca la Comisión en cuanto a la calificación, como régimen autónomo de «sanciones», de las decisiones de exclusión sea un argumento operante para demostrar un error por parte del Tribunal General en cuanto a la declaración de la inexistencia de un vínculo automático entre las constataciones del juez competente para pronunciarse sobre el contrato y la decisión de exclusión.
49. De lo anterior resulta que, aunque existan determinados vínculos entre el régimen de exclusión derivado del Reglamento financiero de 2018 y el marco contractual, esas conexiones no dan lugar a un vínculo automático entre las constataciones del juez competente para pronunciarse sobre el contrato y la decisión de exclusión.
Sobre la obligación de examen individual del comportamiento de la persona en cuestión
50. En la segunda etapa de su razonamiento, el Tribunal General interpretó el artículo 136, apartado 1, letra e), del Reglamento financiero de 2018 y concluyó que el examen llevado a cabo por el ordenador competente debía ser individual y concreto. A tal efecto se basó, en primer término, en una analogía con la sentencia HSC Baltic y otros, (24) dictada en el contexto de la Directiva 2014/24, para considerar que la obligación de evaluar el comportamiento de la persona en cuestión de manera concreta e individualizada se impone a fortiori en el marco de la aplicación del Reglamento financiero de 2018 por las instituciones y organismos de la Unión. (25) En segundo término, en los apartados 72 y 73 de la sentencia recurrida, consideró que esa obligación se imponía con mayor motivo a la luz del principio general de personalidad de las penas, habida cuenta de que Tribunal de Justicia había declarado, en la sentencia Vialto Consulting/Comisión, (26) que la sanción de exclusión es principalmente punitiva. En tercer término, añadió que la institución u organismo de que se trate puede identificar las prestaciones realizadas por cada uno de los participantes con el fin de determinar la responsabilidad individual de cada uno de ellos con arreglo al régimen de sanciones establecido por el Reglamento financiero de 2018, que es distinta de su eventual responsabilidad contractual solidaria. (27)
51. La Comisión impugna esta segunda etapa del razonamiento del Tribunal General en tres sentidos. En primer término, rebate la pertinencia de la analogía con la sentencia HSC Baltic. En segundo término, sostiene que la responsabilidad solidaria tiene por objeto proteger los intereses del poder adjudicador, que no excluye la responsabilidad individual de TP y que la interpretación del Tribunal General impide al ordenador competente tener debidamente en cuenta la responsabilidad de las partes contratantes. En tercer término, arguye que el Tribunal General calificó erróneamente la decisión de exclusión como una sanción penal.
Sobre la pertinencia de la analogía con la sentencia HSC Baltic
52. En primer lugar, la Comisión impugna los apartados 64 a 71 de la sentencia recurrida, en los que el Tribunal General interpretó el artículo 136, apartado 1, letra e), del Reglamento financiero de 2018 por analogía con el artículo 57, apartado 4, letra g), de la Directiva 2014/24. Según la Comisión, los marcos jurídico y fáctico del presente asunto difieren de los del asunto que dio lugar a la sentencia HSC Baltic. Subraya la diferencia entre los criterios a los que acude el ordenador competente para aplicar el artículo 136, apartado 1, letra e), del Reglamento financiero de 2018 y los que siguen las autoridades nacionales, en virtud de las normas nacionales pertinentes de transposición del artículo 57, apartado 4, letra g), de la Directiva 2014/24, ya que esta Directiva solo establece una normativa marco que debe transponerse a las legislaciones nacionales.
53. Este argumento no me convence.
54. En efecto, es cierto que el marco fáctico y jurídico del presente procedimiento de casación es distinto del que constituyó el objeto del asunto que dio lugar a la sentencia HSC Baltic. En particular, las normas aplicables en materia de exclusión de los procedimientos de contratación pública por las autoridades de los Estados miembros derivan de directivas y, en particular, de la Directiva 2014/24, sobre la que versaba el asunto que dio lugar a la sentencia HSC Baltic, (28) que deben ser transpuestas, a diferencia de lo que ocurre con el Reglamento financiero de 2018, que rige los contratos públicos celebrados por las instituciones de la Unión.
55. Dicho esto, se trata, en ambos casos, de regímenes jurídicos aplicables a la contratación pública y a las normas de exclusión de los procedimientos de tal contratación. Además, ambas disposiciones son similares y hacen referencia a los mismos conceptos. (29) Tienen la finalidad común de permitir a los poderes adjudicadores excluir a un operador económico de la participación en un procedimiento de contratación cuando no es fiable. Por otra parte, determinados considerandos del Reglamento financiero de 2018 remiten expresamente a la Directiva 2014/24. (30)
56. Por lo tanto, desde mi punto de vista, procede aprobar la analogía realizada por el Tribunal General, al interpretar el artículo 136, apartado 1, letra e), del Reglamento financiero de 2018, con la jurisprudencia relativa a las disposiciones similares recogidas en el artículo 57, apartado 4, letra g), de la Directiva 2014/24, con el fin de garantizar la coherencia del Derecho de la Unión y el respeto de los objetivos que persigue el legislador de la Unión en la materia. (31)
57. Pues bien, en la sentencia HSC Baltic, el Tribunal de Justicia consideró que la transposición al Derecho nacional de la Directiva 2014/24 debía respetar el hecho de que un operador económico, en caso de resolución del contrato debido a la existencia de deficiencias significativas o persistentes en la ejecución de este, no puede ser calificado automáticamente de no fiable y ser objeto de una exclusión temporal sin que su comportamiento haya sido evaluado, previamente, «de manera concreta e individualizada» a la luz de todos los elementos pertinentes, en particular, los invocados por ese operador para refutar esa calificación. (32)
58. Por lo tanto, creo que el Tribunal General actuó fundadamente cuando extrajo la conclusión de que «esta obligación de evaluar el comportamiento de la persona en cuestión de manera concreta e individualizada, a la luz de todos los elementos pertinentes, que un Estado miembro debe prever en su legislación, a pesar del margen de apreciación de que dispone para transponer la Directiva 2014/24, se impone a fortiori en el marco de la aplicación del Reglamento financiero [de] 2018 por las instituciones y organismos de la Unión». (33)
59. Procede añadir que, al margen de la analogía llevada a cabo por el Tribunal General, el principio de proporcionalidad se aplica en materia de exclusión (34) e impone al ordenador competente que, cuando adopte una decisión de este tipo, realice una apreciación concreta e individualizada de la conducta del operador económico o de la entidad de que se trate, teniendo en cuenta todos los elementos pertinentes. (35)
60. Habida cuenta de todo lo anterior, considero que el Tribunal General no incurrió en un error de Derecho cuando estableció una analogía con la sentencia HSC Baltic y concluyó que el ordenador competente debe evaluar el comportamiento de la persona de que se trata de manera concreta e individualizada antes de excluirla con arreglo al artículo 136, apartado 1, letra e), del Reglamento financiero de 2018, lo que también se desprende del principio de proporcionalidad.
Sobre la incidencia de la responsabilidad jurídica solidaria de los miembros de una agrupación contratante
61. En segundo lugar, la Comisión sostiene, en esencia, que el artículo 136, apartado 1, letra e), del Reglamento financiero de 2018 se aplica a situaciones en las que unos contratantes son responsables solidariamente de la ejecución del contrato, sin que el ordenador competente esté obligado a distinguir entre los compromisos jurídicos asumidos por cada uno de los socios del consorcio con el que se haya celebrado el contrato. (36) La Comisión destaca que esa responsabilidad solidaria pretende proteger los intereses del poder adjudicador y no excluye la responsabilidad individual de TP. También señala que determinar la responsabilidad individual de los dos socios parte en el contrato implicaría trazar una distinción específica de sus respectivos cometidos, cuestión que pertenece al ámbito de la organización interna de esos socios y no incumbe al ordenador competente.
62. En mi opinión, procede desestimar esta alegación.
63. En efecto, como subraya la Comisión, el artículo 136, apartado 1, letra e), del Reglamento financiero de 2018 se aplica a las situaciones en las que unos contratantes son solidariamente responsables de la ejecución del contrato y esta responsabilidad solidaria no excluye la responsabilidad individual de cada miembro de la agrupación.
64. Sin embargo, la solidaridad aplicable en el marco contractual, que puede tener por objeto proteger los intereses del poder adjudicador, no puede tener como consecuencia, en el contexto administrativo de una decisión de exclusión adoptada por el ordenador competente sobre la base del Reglamento financiero de 2018, que dicho ordenador quede dispensado de llevar a cabo de un examen individualizado del comportamiento de la persona a la que se aplica la exclusión.
65. En efecto, la responsabilidad solidaria en el plano contractual es distinta de la responsabilidad individual de cada uno de los operadores que forman una agrupación, en este caso un consorcio, que puede dar lugar a la adopción de una decisión de exclusión. En particular, las funciones y obligaciones respectivas de los operadores que forman una agrupación no son necesariamente idénticas. Así lo demuestra el acuerdo de consorcio en el presente asunto. Del mismo modo, no puede excluirse la existencia de deficiencias en el cumplimiento más significativas por parte de un operador económico que justifiquen una mayor responsabilidad individual o una cadena de responsabilidades individuales de distinta importancia. Por consiguiente, el ordenador competente debe comprobar que los requisitos jurídicos que establece el artículo 136, apartado 1, letra e), del Reglamento financiero de 2018 se cumplen individualmente respecto de cada uno de los operadores afectados antes de adoptar una decisión de exclusión.
66. A este respecto, como señaló el Tribunal General en los apartados 76 y 77 de la sentencia recurrida, el ordenador competente puede, en principio, solicitar a las entidades interesadas la transmisión de la documentación necesaria que le permita evaluar el comportamiento individual de cada uno de los miembros de una agrupación y exigir que sea posible identificar las prestaciones realizadas por cada uno de los participantes con el fin de determinar, en su caso, la responsabilidad individual de cada uno de ellos. Estas consideraciones quedan corroboradas por el artículo 136, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento financiero de 2018, que establece que las deficiencias en el cumplimiento pueden haber sido descubiertas «por un ordenador […] a raíz de […] investigaciones».
67. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de contratos públicos celebrados por poderes adjudicadores de los Estados miembros confirma, mutatis mutandis, este enfoque.
68. En efecto, como se recuerda en el apartado 67 de la sentencia recurrida, en la sentencia HSC Baltic el Tribunal de Justicia declaró que los Estados miembros están facultados, en el marco del margen de maniobra de que disponen para transponer la Directiva 2014/24, para establecer una presunción según la cual se considere que todo operador económico jurídicamente responsable de la correcta ejecución de un contrato público ha contribuido, al ejecutar dicho contrato, al desarrollo o al mantenimiento de las deficiencias significativas o persistentes que hayan dado lugar a la resolución del contrato. Sin embargo, el Tribunal de Justicia también señaló que, cuando el contrato público se ha adjudicado a una agrupación de operadores económicos cuyas contribuciones individuales a esas deficiencias y a los eventuales esfuerzos realizados para su subsanación no son necesariamente idénticas, la eventual presunción establecida en el Derecho nacional debe ser refutable, pues de lo contrario se menoscabarían los rasgos esenciales de ese motivo de exclusión y el principio de proporcionalidad. Según el Tribunal de Justicia, «con independencia de la responsabilidad jurídica solidaria de los miembros de la agrupación, la aplicación del motivo de exclusión facultativo previsto en el artículo 57, apartado 4, letra g), de la Directiva 2014/24 debe basarse en el carácter culposo o negligente de esa conducta individual». (37)
69. Asimismo el Tribunal de Justicia ha considerado que, cuando un operador económico, miembro de una agrupación de operadores económicos, haya sido declarado culpable de falsedad al proporcionar la información exigida para verificar que la agrupación no incurre en ningún motivo de exclusión o que esta cumple los criterios de selección, sin que sus socios tuvieran conocimiento de esa falsedad, no puede dictarse una medida de exclusión de cualquier procedimiento de adjudicación de contrato público contra la totalidad de los miembros de esa agrupación. (38) En la sentencia Klaipėdos, el Tribunal de Justicia añadió que, en virtud del principio de proporcionalidad, la atención que ha de prestarse a la decisión de exclusión «debe ser aún mayor cuando la exclusión […] se aplique al licitador no como consecuencia de un incumplimiento que se le pueda imputar, sino por un incumplimiento cometido por una entidad a cuya capacidad tiene intención de recurrir y frente a la que no dispone de ninguna facultad de control». (39)
70. Este planteamiento individualizado, incluso en caso de agrupación o de responsabilidad solidaria, también queda respaldado por el artículo 136, apartado 6, letra a), del Reglamento financiero de 2018 según el cual el ordenador competente debe tener en cuenta las medidas correctoras adoptadas por una persona o entidad que permitan demostrar su fiabilidad de manera suficiente. (40) Pues bien, no puede excluirse que, en el caso de una agrupación o de un consorcio, una única persona adopte medidas correctoras y que, ella sola, pueda demostrar su fiabilidad, aunque no ocurra lo mismo con los demás miembros de la agrupación. (41)
71. Así pues, solo una apreciación individualizada de la medida de exclusión permite garantizar el respeto del principio de proporcionalidad, a pesar de la solidaridad contractual en el seno de un consorcio como el del presente asunto. Por lo tanto, desde mi punto de vista, procede confirmar la sentencia recurrida a este respecto.
Sobre la naturaleza jurídica de la exclusión
72. En tercer lugar, para reforzar su razonamiento relativo a la obligación de evaluar el comportamiento de la persona en cuestión de manera concreta e individualizada, el Tribunal General se refirió al carácter «punitivo» de la «sanción de exclusión» y al «principio general de personalidad de las penas». (42)
73. La Comisión sostiene que la medida de exclusión no puede considerarse una medida represiva, ni siquiera una sanción.
74. Dado que los términos empleados por el Tribunal General en los apartados 72 y 73 de la sentencia recurrida apuntan a la existencia de una sanción de carácter penal, ha de examinarse, en primer término, si procede declarar que se incurrió en error de Derecho a este respecto y, en segundo término, las consecuencias de esa conclusión.
– Calificación jurídica de la exclusión
75. Por una parte, en contra de lo que sostiene la Comisión, considero que la medida de exclusión puede calificarse de «sanción».
76. Es cierto que, como subraya la Comisión basándose, en particular, en los antecedentes legislativos de las diferentes versiones del Reglamento financiero de 2018, el artículo 136, apartado 1, de dicho Reglamento identifica los diferentes criterios de exclusión sin calificar la medida de exclusión de sanción. Sin embargo, el artículo 138 de dicho Reglamento utiliza el término «sanciones pecuniarias» que pueden imponerse como alternativa a una decisión de exclusión que resulte desproporcionada a la luz de los criterios del artículo 136, apartado 3, de dicho Reglamento. Así pues, una medida de exclusión pues sustituirse por una medida que recibe expresamente el calificativo de «sanción». Por lo tanto, creo que no cabe descartar que tal medida de exclusión pueda calificarse a su vez de «sanción».
77. Además, una medida de exclusión, pese a tener como objetivo la protección de los intereses financieros de la Unión, despoja a la persona de que se trata del derecho a participar en un procedimiento que le permita obtener un contrato público de la Unión Europea y puede, en tal medida, calificarse de sanción. (43)
78. Procede añadir que la naturaleza administrativa de la exclusión (44) no obsta a que pueda tratarse de una sanción. En efecto, esa medida forma parte, en mi opinión, de las sanciones administrativas que, sin estar claramente definidas, (45) se han desarrollado considerablemente en el Derecho de la Unión a medida que esta ha desarrollado sus propias normas. (46) En efecto, para que la acción administrativa sea eficaz se requieren una serie de medidas (multas, decomisos, exclusión de regímenes de ayuda, prohibición de ejercer una actividad, inmovilización de activos, retirada de una autorización, inscripción en una lista negra, etc.) cuya finalidad varía (castigar, indemnizar, prevenir, disuadir, rectificar…).
79. Por otra parte, la cuestión de si una medida de exclusión, calificada de sanción, tiene carácter penal puede parecer espinosa. En efecto, a menudo se ha subrayado la permeabilidad de los límites entre una sanción administrativa y una sanción penal. (47) Dicho esto, el análisis a la luz de los tres criterios establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «TEDH») en su sentencia de 8 de junio de 1976, Engel y otros c. Países bajos, (48) que el Tribunal de Justicia ha retomado, (49) permite concluir, en mi opinión, que en el caso de autos el carácter penal no está presente.
80. En efecto, aunque la calificación jurídica de la medida de que se trata no se desprende como tal del Reglamento financiero de 2018, el análisis de los demás criterios permite calificar la medida de exclusión de que se trata de sanción no penal.
81. En cuanto a la naturaleza de la infracción imputada, la norma infringida no tiene alcance general y solo se dirige a los operadores económicos que libremente han decidido participar en un procedimiento de contratación pública con la Unión. En este contexto, en el que la posibilidad de participar en un procedimiento de contratación pública de la Unión se supedita al requisito de que la persona de que se trata presente todas las garantías de fiabilidad, la sanción impuesta en caso de incumplimiento de esa exigencia constituye un instrumento administrativo específico que forma parte del sistema de detección precoz y exclusión aplicable. (50)
82. Además, el sistema de detección precoz y exclusión se instauró para proteger los intereses financieros de la Unión. (51) Su objetivo es facilitar la rápida detección de personas o entidades que supongan un riesgo para los intereses financieros de la Unión y facilitar su exclusión de la participación en los procedimientos regulados por el Reglamento financiero de 2018. De este modo, la decisión de exclusión tiene por objeto permitir que la información relativa a una situación de riesgo para el presupuesto de la Unión se registre en la base de datos contemplada en el artículo 142 de dicho Reglamento. Por lo tanto, el objetivo de la exclusión es preventivo, incluso prudencial, y no represivo.
83. Por último, creo que una exclusión temporal, impuesta por un período máximo de tres años, al operador económico de que se trate, que le impide presentar ofertas en procedimientos de contratación pública europeos pero no le prohíbe ejercer su actividad económica, no es tan grave como para poder calificarse de penal. (52)
84. Por lo tanto, creo que la decisión de exclusión de que se trata es una sanción de carácter administrativo y no penal. Es cierto que, como subrayó el Tribunal General en la sentencia Vialto, el Tribunal de Justicia, al comparar la sanción de exclusión y la medida de publicación de esa exclusión consideró que la primera era «principalmente punitiva» mientras que la segunda perseguía más bien «un objetivo disuasorio y de prevención», y señaló que ambas seguían siendo no obstante complementarias, ya que están orientadas hacia el mismo objetivo de inducir a todas las personas interesadas a renunciar a una eventual infracción de las normas. (53) Aunque el hecho de que el Tribunal de Justicia haga referencia al carácter «punitivo» de la sanción de exclusión puede generar confusión, creo no obstante que, en particular en el contexto de la comparación con la medida de publicación de la exclusión, este hecho no implica, por sí solo, que esa sanción tenga carácter penal en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
85. Por consiguiente, al igual que la Comisión, considero que puede constatarse un error de Derecho en la medida en que, al referirse al carácter «punitivo» de la exclusión y al principio general de personalidad de las «penas», el Tribunal General pretendió calificar la decisión de exclusión de sanción penal.
– Consecuencias sobre el alcance de las garantías aplicables
86. Aunque el Tribunal de Justicia acepte mi propuesta de declarar que el Tribunal General incurrió en error de Derecho en relación con la calificación de «penal» de la sanción de exclusión, considero, no obstante, que tal constatación no puede dar lugar a la anulación de la sentencia recurrida.
87. En efecto, procede observar que, aunque la sentencia recurrida se refiere a la naturaleza penal de la medida de exclusión empleando el término «punitivo», (54) solo lo hace para reforzar («con mayor motivo») la conclusión que se deriva de todos los elementos pertinentes previamente enunciados, según la cual el ordenador competente tiene la obligación de evaluar el comportamiento de la persona en cuestión de manera concreta e individualizada, a la luz de todos los elementos pertinentes. Asimismo, en el apartado 73 de la sentencia recurrida también se alude al respeto del principio general de personalidad de las penas, que apunta al carácter penal de la exclusión, para justificar la obligación de examinar el comportamiento individual de la persona en cuestión antes de que acordar su exclusión.
88. Pues bien, aunque cuando una sanción no tiene carácter penal no se aplican las garantías derivadas del Derecho penal, no es menos cierto que la obligación de examinar el comportamiento individual de la persona en cuestión persiste. En efecto, una sanción administrativa como la exclusión de que se trata en el caso de autos, pese a no formar parte del ámbito penal, va no obstante acompañada de garantías, en particular, la de que debe adoptarse después de un examen del comportamiento individual de la persona en cuestión, lo cual se deriva, en particular, de la aplicación del principio de proporcionalidad. (55)
89. De ello se deduce que la referencia al carácter penal de la sanción de exclusión, aunque errónea en Derecho, no vicia de un error de Derecho la apreciación del Tribunal General relativa a la obligación de evaluar el comportamiento de la persona en cuestión de manera concreta e individualizada.
90. Por consiguiente, desde mi punto de vista procede desestimar el primer motivo de casación.
Conclusión
91. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, y sin prejuzgar la procedencia del segundo motivo de casación, propongo al Tribunal de Justicia que desestime el primer motivo de casación por infundado.
1 Lengua original: francés.
2 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 (DO 2018, L 193, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento financiero de 2018»).
3 Reglamento del Consejo, de 26 de noviembre de 2018, por el que se aprueba el Reglamento Financiero aplicable al undécimo Fondo Europeo de Desarrollo y se deroga el Reglamento (UE) 2015/323 (DO 2018, L 307, p.1).
4 Reglamento del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO 2017, L 283, p. 1).
5 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO 2014, L 94, p. 65).
6 Véanse los apartados 29 a 32 de la sentencia recurrida.
7 Véase el apartado 60 de la sentencia recurrida.
8 Véanse los apartados 61 a 78 de la sentencia recurrida.
9 Véanse los apartados 80, 82 y 83 de la sentencia recurrida.
10 Mediante su segundo motivo, la Comisión sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que el ordenador competente no había examinado la responsabilidad individual de TP en las deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
11 El sistema de alerta temprana fue sustituido por una base de datos centralizada y posteriormente, en el contexto del Reglamento financiero de 2018, por el «sistema de detección precoz y exclusión» (denominado «SDRE» o «EDES»), instaurado en 2016 (véase Bernard-Glanz, C., y Levi, L., «Du système d’alerte précoce au système de détection rapide et d’exclusion: les droits fondamentaux vont mieux mais…», L’Observateur de Bruxelles, vol. 4, n.º 106, 2016, pp. 35 a 41).
12 Véase, por analogía, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, Infraestruturas de Portugal y Futrifer Indústrias Ferroviárias (C‑66/22, EU:C:2023:1016), apartado 78.
13 Véase, por analogía, en materia de falta de ética profesional «grave», la sentencia de 13 de diciembre de 2012, Forposta y ABC Direct Contact (C‑465/11, EU:C:2012:801), apartados 30 y 31. De dicha sentencia resulta que «todo cumplimiento incorrecto, impreciso o defectuoso de un contrato o de parte del mismo podrá acreditar, a lo sumo, que la competencia profesional del operador económico en cuestión es limitada, pero no equivale automáticamente a la comisión de una falta grave» que requiere, en principio, que se realice una «apreciación concreta e individualizada de la actitud del operador económico de que se trate». Véase asimismo, en materia de falta de ética profesional grave, en el sentido del artículo 136, apartado 1, letra c), del Reglamento financiero de 2018, la sentencia de 28 de enero de 2026, UH/Comisión (T‑1052/23, EU:T:2026:52), apartado 50 y jurisprudencia citada. Véase también, sobre ese concepto, Hamer, C. R., «The Possibility to Exclude an Economic Operator that Cannot Be Trusted», EPPPL, vol. 15, n.º 1, 2020, pp. 42 a 52.
14 Así, el juez de la Unión puede ser, por un lado, el juez competente para pronunciarse sobre el contrato en el contexto de un recurso basado en el artículo 272 TFUE interpuesto en virtud de la cláusula compromisoria incluida en el contrato y, por otro lado, juez competente para pronunciarse sobre la legalidad, en el marco de un recurso de anulación basado en el artículo 263 TFUE en el que se invocan motivos de legalidad contra la decisión de exclusión, que despliega sus efectos fuera de la relación contractual.
15 El subrayado es mío.
16 Véase a este respecto, por analogía con los contratos públicos celebrados por los poderes adjudicadores nacionales, De la Rosa, S., «Chapitre 2 — La passation des marchés», en De la Rosa, S., Droit européen de la commande publique, Bruylant, Bruselas, 2024, 3ª ed., pp. 474 a 568, en particular p. 488, n.º 587.
17 Véase el apartado 56 de la sentencia recurrida.
18 Véase el apartado 57 de la sentencia recurrida.
19 Véase el apartado 59 de la sentencia recurrida.
20 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo (DO 2012, L 298, p. 1)
21 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de octubre de 2015, (DO 2015, L 286, p. 1). Sobre la calificación jurídica de la exclusión como sanción, véanse los puntos 75 a 85 de las presentes conclusiones.
22 Véanse los artículos 105 bis y 106 del Reglamento n.º 966/2012, en su versión modificada por el Reglamento 2015/1929.
23 Sin embargo, procede destacar que el artículo 231, apartado 2, del Reglamento financiero de 2018 tiene el siguiente tenor: «el ordenador competente podrá imponer sanciones administrativas y financieras eficaces, proporcionadas y disuasorias de conformidad con los artículos 136 y 137 del presente Reglamento […]».
24 Sentencia de 26 de enero de 2023 (C‑682/21, en lo sucesivo, «sentencia HSC Baltic», EU:C:2023:48).
25 Véanse los apartados 64 a 71 de la sentencia recurrida.
26 Sentencia de 30 de mayo de 2024 (C‑130/23 P, en lo sucesivo, «sentencia Vialto», EU:C:2024:439), apartado 31.
27 Véanse los apartados 75 a 77 de la sentencia recurrida.
28 Para un análisis del margen de apreciación de los Estados miembros en lo que respecta, en particular, a las causas de exclusión facultativas, véase Coutron, L., «L’étendue du pouvoir d’exclusion d’une candidature dans la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne», en L’exclusion de la procédure de passation de la commande publique. L’examen des candidatures et des offres, Bouhier, V. (dir.), colección «Colloques & Essais», Institut francophone pour la justice et la démocratie, t. 166, 2023, pp. 79 a 117.
29 En efecto, el artículo 57, apartado 4, letra g), de la Directiva 2014/24 prevé la exclusión en caso de que «el operador económico haya mostrado deficiencias significativas o persistentes en el cumplimiento de un requisito de fondo en el marco de un contrato público anterior». El artículo 136, apartado 1, letra e), del Reglamento financiero de 2018 menciona las deficiencias significativas en el cumplimiento de las obligaciones principales asociadas al cumplimiento de un compromiso jurídico anterior.
30 Según el considerando 96 del Reglamento financiero de 2018, «las normas y principios de contratación pública aplicables a los contratos públicos adjudicados por las instituciones de la Unión por cuenta propia deben basarse en las normas contenidas en la Directiva […] 2014/24 […]». Del mismo modo, por lo que respecta más concretamente a las exclusiones, el considerando 77 de dicho Reglamento establece que «la duración de una exclusión debe limitarse en el tiempo, como en el caso de la Directiva [2014/24], y debe ser conforme al principio de proporcionalidad», lo que demuestra que la exigencia de coherencia del legislador se aplica a las medidas de exclusión. Véase, asimismo, el considerando 105 de dicho Reglamento, que indica, en particular, que «de conformidad con la Directiva [2014/24], debe ser posible comprobar si se ha excluido a un operador económico, aplicar criterios de selección y adjudicación y verificar el cumplimiento de los documentos de la contratación, sin importar el orden».
31 Véanse, en ese sentido, las conclusiones del Abogado General Jääskinen presentadas en el asunto Comisión/Reino Unido (C‑582/08, EU:C:2010:286), punto 44. Véase también, en relación con el Derecho de consumo, la sentencia de 8 de mayo de 2025, Pielatak (C‑410/23, EU:C:2025:325), apartado 38.
32 Sentencia HSC Baltic, apartados 46 y 47. Véase asimismo la sentencia de 13 de diciembre de 2012, Forposta y ABC Direct Contact (C‑465/11, EU:C:2012:801), apartado 31.
33 Véase el apartado 68 de la sentencia recurrida. El subrayado es mío.
34 El artículo 136, apartado 3, del Reglamento financiero de 2018 dispone que «toda decisión [de exclusión] del ordenador competente […] se adoptará de conformidad con el principio de proporcionalidad […]». Véase, asimismo, el considerando 71 de dicho Reglamento, que indica que, «al pronunciarse sobre la exclusión de una persona o entidad o la imposición de una sanción pecuniaria a una persona o entidad, así como sobre la publicación de la información conexa, el ordenador responsable debe garantizar el cumplimiento del principio de proporcionalidad […]».
35 Véase, en particular, por analogía, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, Infraestruturas de Portugal y Futrifer Indústrias Ferroviárias (C‑66/22, EU:C:2023:1016), apartados 77 a 83.
36 En la medida en que la Comisión sostiene que, en contra de lo declarado por el Tribunal General, el ordenador competente no adoptó la decisión de excluir a TP partiendo de una presunción legal de responsabilidad sino que se basó en las conclusiones fácticas que podían extraerse de los laudos arbitrales, creo que este argumento es parte del segundo motivo, que no se examinará en las presentes conclusiones.
37 Sentencia HSC Baltic, apartados 48 y 49. El subrayado es mío.
38 Véase la sentencia de 7 de septiembre de 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (C‑927/19, en lo sucesivo, «sentencia Klaipėdos», EU:C:2021:700), apartado 158.
39 Véase la sentencia Klaipėdos, apartados 156 y 157. Véase asimismo la sentencia de 26 de septiembre de 2024, Luxone y Sofein (C‑403/23 y C‑404/23, EU:C:2024:805), apartados 65 y 66, relativa a una exclusión que afecta «a la totalidad de una agrupación de operadores económicos no por un incumplimiento imputable a la totalidad de sus miembros, sino por un incumplimiento cometido únicamente por uno o varios de ellos en solitario y sin que el líder de dicha agrupación haya dispuesto de ningún poder de control sobre el operador o los operadores económicos con los que pretendía constituir tal agrupación».
40 Sobre las medidas correctoras (self-cleaning) en el contexto de la Directiva 2014/24, véase, en particular, van Garsse, S., y de Mars, S., «Exclusion and Self-Cleaning in the 2014 Public Sector Directive», en EU Directive 2014/24 on public procurement: a new turn for competition in public markets?, Marique, Y., y Wauters, K. (eds.), Larcier, Bruselas, 2016, pp. 121 a 138. Véanse también Hjelmeng, E., y Søreide, T., «Debarment in public procurement: rationales and realization», en Integrity and Efficiency in Sustainable Public Contracts, Racca, G. M., y Yukins, C. (eds.), Bruylant, Bruselas, 2014, pp. 215 a 232.
41 Véanse, por analogía, en materia de medidas correctoras, las sentencias de 11 de junio de 2020, Vert Marine (C‑472/19, EU:C:2020:468), apartados 16 y 17, y de 14 de enero de 2021, RTS infra y Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel (C‑387/19, EU:C:2021:13), apartados 26 a 28. Véase también la sentencia Klaipėdos, apartado 153 y jurisprudencia citada.
42 Me remito a los apartados 72 y 73 de la sentencia recurrida.
43 Véanse, en ese sentido, la sentencias de 18 de noviembre de 1987, Maizena y otros (137/85, EU:C:1987:493), apartado 13, y de 27 de octubre de 1992, Alemania/Comisión (C‑240/90, EU:C:1992:408), apartado 25, que tenían respectivamente por objeto sanciones previstas por la normativa en materia de política agrícola común, como la pérdida de una fianza impuesta a tanto alzado e independientemente de cualquier falta eventualmente imputable al operador económico afectado y la exclusión temporal de un operador económico del régimen de ayudas a la renta agrícola. El Tribunal de Justicia llegó a la conclusión de que esas sanciones no tenían carácter penal.
44 La exclusión emana de un órgano administrativo (el ordenador competente) a raíz de una recomendación de una instancia que también es administrativa. Véase, a este respecto, Potteau, A., «Chronique Finances publiques de l’UE — Les bases de négociation du cadre financier pluriannuel post-Brexit (2021-2027)», RTDEur., n.º 2, 2019, pp. 527 a 536.
45 Véanse Moderne, F., «Le pouvoir de sanction administrative au confluent du droit interne et des droits européens», RFDA, n.º 1, 1997, pp. 1 a 26; Degoffe, M., «L’ambiguïté de la sanction administrative», AJDA, n.o HS, 2001 pp. 27 a 33; Hardy, G., «Chapitre 2. — Sanction administrative», en Un droit «administratif» européen, Feilhès, L. (dir.), 1.ª ed., Bruylant, Bruselas, 2022, pp. 51 a 65, en particular, p. 53, n.º 97; de Moor-van Vugt, A., «Administrative Sanctions in EU Law», en Administrative Sanctions in the European Union, Jansen, O. (ed.), Larcier, Bruselas, 2013, pp. 607 a 639 (véase, en relación con ese libro, Hofmann, H. C. H., «Book Review: Administrative Sanctions in the European Union», Common Market Law Review, vol. 52, n.º 5, 2015, pp. 1420 a 1421), y Jansen, O., «Chapitre II. Pouvoirs de contrôle et de sanction de la mise en œuvre du droit de l’Union», en Traité de droit administratif européen, Auby, J.‑B. y Dutheil de la Rochère, J. (dir.), Bruylant, Bruselas, 2022, 3.ª ed., pp. 753 a 797, en particular, p. 761.
46 En este caso cabe pensar en el Derecho de la competencia, la protección de los intereses financieros, el Derecho bancario, el transporte o la política agrícola común.
47 Véanse Caeiro, P., «The influence of the EU on the “blurring” between administrative and criminal law», Do labels still matter? Blurring boundaries between administrative and criminal law. The influence of the EU, Galli, F., y Weyembergh, A. (eds.), Éditions de l’Université Libre de Bruxelles, Bruselas, 2014, pp. 171 a 190; Weyembergh, A., y Joncheray, N., «Punitive Administrative Sanctions and Procedural Safeguards: A Blurred Picture That Needs to Be Addressed», New Journal of European Criminal Law, vol. 7, n.º 2, 2016, pp. 190 a 209; Hardy, G., «Chapitre 2. — Sanction administrative», op. cit., pp. 51 a 65, y Kärner, M., «Procedural Rights in the Outskirts of Criminal Law: European Union Administrative Fines», Human Rights Law Review, n.º 4, 2022, pp. 1 a 24.
48 CE:ECHR:1976:0608JUD000510071, § 82. A saber, en primer término, la calificación jurídica de la infracción conforme al Derecho interno (en este caso, el Derecho de la Unión, el cual debe asimilarse al «Derecho interno» a efectos de la jurisprudencia del TEDH; en segundo término, la propia naturaleza de la infracción, y, en tercer término, la gravedad de la sanción que puede imponerse al interesado.
49 Véase la sentencia de 5 de junio de 2012, Bonda (C‑489/10, EU:C:2012:319), apartados 37 y ss., en la que no se calificó como sanción penal una medida por la que se excluyó a un agricultor del beneficio de la ayuda respecto del año en que había presentado una declaración falsa de la superficie con derecho a ayuda.
50 Véase, por analogía, en materia de régimen de ayudas agrícolas, la sentencia de 11 de julio de 2002, Käserei Champignon Hofmeister (C‑210/00, EU:C:2002:440), apartado 41 y jurisprudencia citada.
51 Véase el título del artículo 135 del Reglamento financiero de 2018.
52 Véase asimismo, por analogía, la sentencia de 5 de junio de 2012, Bonda (C‑489/10, EU:C:2012:319), apartados 37 y ss.
53 Sentencia Vialto, apartado 31.
54 Véase el apartado 72 de la sentencia recurrida.
55 Véanse los puntos 59 y 71 de las presentes conclusiones.