T-268/9961999B02680004.000128951291622TAUTO DE 11.7.2000 — ASUNTO T-268/99FÉDÉRATION NATIONALE D'AGRICULTURE BIOLOGIQUE DES RÉGIONS DE FRANCE Y OTROS / CONSEJO<TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Tribunal de Primera Instancia</HT> (Sala Tercera)</P><P>de <DATE ISO="20000711">11 de julio de 2000</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: francés.</P></NOTE></P></TI>

En el asunto T-268/99,

Fédération nationales d'agriculture biologique des régions de France (FNAB), con domicilio social en París (Francia),

Syndicat européen des transformateurs et distributeurs de produits de l'agriculture biologique (Setrab), con domicilio social en Paris,

Est Distribution Biogam SARL, con domicilio social en Château-Salins (Francia),

representadas por Me D. Leermakers, Abogado colegiado en Bruselas y Luxemburgo, y el Sr. C. Hatton, Solicitor, que designan como domicilio en Luxemburgo el bufete de Mes De Meester y Oostvogels, 5, place du Théâtre,

partes demandantes,contra

Consejo de la Unión Europea, representado por los Sres. F. Anton y J. Monteiro, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. A. Morbilli, Director General de Asuntos Jurídicos del Banco Europeo de Inversiones, 100, boulevard Konrad Adenauer,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de anulación parcial del Reglamento (CE) n° 1804/1999 del Consejo, de 19 de julio de 1999, por el que se completa, para incluir las producciones animales, el Reglamento (CEE) n° 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios (DO L 222, p. 1);

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Tercera),

integrado por los Sres. K. Lenaerts, Presidente; J. Azizi y M. Jaeger, Jueces;

Secretario: Sr. H. Jung;

dicta el siguiente

<TI><P>Auto</P></TI><TI><P>Presentación de las partes demandantes</P></TI>1La Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France (en lo sucesivo, FNAB) es una federación que agrupa, a través de las entidades que la integran (asociaciones profesionales, uniones de asociaciones profesionales u organizaciones de productores comprometidas en la defensa de los intereses profesionales), a agricultores ecológicos de todas las regiones de Francia (estatutos de la FNAB, artículo 1). Según afirma, la FNAB está constituida por más de veinte agrupaciones regionales de agricultores ecológicos y representa así al 70 % de los productores ecológicos franceses.2El Syndicat européen des transformateurs et distributeurs de produits de l'agriculture biologique (en lo sucesivo, Setrab) es una asociación que agrupa a los productores, elaboradores y distribuidores de productos que desarrollan sus actividades en el sector de la agricultura ecológica (estatutos del Setrab, artículo 4). Esta asociación tiene entre otras finalidades la de fomentar los valores de la agricultura ecológica (estatutos del Setrab, artículos 4 y 5). El número de socios del Setrab es superior a setenta, según sus afirmaciones.3Est Distribution Biogam (en lo sucesivo, Biogam) es una sociedad establecida en Lorena desde 1975, que tiene por objeto la compra, transformación, almacenamiento, transporte y distribución de productos agrarios o de origen agrario, y en particular los procedentes de la agricultura ecológica (estatutos de Biogam, artículo 2). Dichos productos incluyen, entre otros, el queso y los yogures ecológicos comercializados con la marca Biogam.<TI><P>Hechos que dieron origen al litigio</P></TI>4El Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios (DO L 198, p. 1), sólo autoriza la comercialización de productos agrarios y alimenticios que lleven indicaciones referentes al método ecológico de producción cuando dichos productos hayan sido obtenidos de acuerdo con las normas de producción previstas en el Reglamento. El Reglamento n° 2092/91 se aplicaba únicamente a los productos vegetales o de origen vegetal.5El ámbito de aplicación del Reglamento n° 2092/91 se ha visto ampliado por el Reglamento (CE) n° 1804/1999 del Consejo, de 19 de julio de 1999, por el que se completa, para incluir las producciones animales, el Reglamento n° 2092/91 (DO L 222, p. 1).6El Reglamento n° 2092/91 así modificado se aplica a los productos de origen vegetal o animal. El Reglamento n° 2092/91 reserva a los productos obtenidos conforme a dicho Reglamento las indicaciones en el etiquetado, publicidad o documentos comerciales que constituyan para los consumidores una referencia al método ecológico de producción.7El artículo 2 del Reglamento n° 2092/91, en su versión modificada, dispone lo siguiente:

A efectos del presente Reglamento, se considerará que un producto lleva indicaciones referentes al método de producción ecológica cuando en el etiquetado, en la publicidad o en los documentos comerciales el producto, sus ingredientes o las materias primas para la alimentación animal se caractericen por las indicaciones que se utilicen en cada Estado miembro y que sugieran al comprador que el producto, sus ingredientes o las materias primas para la alimentación animal se han obtenido de acuerdo con las normas de producción enunciadas en el artículo 6 y, en particular, con los términos siguientes, o sus prefijos en uso (como bio, eco, etc.) o diminutivos, solos o combinados, a no ser que dichos términos no se apliquen a los productos agrícolas contenidos en los productos alimenticios o en los alimentos para animales o, a todas luces, no tengan ninguna relación con el método de producción:

en español: ecológico

[...]

en francés: biologique

[...]

8El Consejo estimó necesario prever un período transitorio con objeto de permitir que los titulares de marcas adapten su producción a los requisitos de la producción ecológica [...]. (vigésimo séptimo considerando del Reglamento n° 1804/1999).9Así pues, el artículo 1, apartado 7, del Reglamento n° 1804/1999 (en lo sucesivo, la disposición impugnada), establece lo siguiente:

En el artículo 5 [del Reglamento n° 2092/91] se añadirá el siguiente apartado:

3 bis.Como excepción a los apartados 1 al 3, las marcas que lleven una indicación del tipo de las mencionadas en el artículo 2 podrán seguir utilizándose hasta el 1 de julio de 2006 en el etiquetado y publicidad de los productos que no cumplan el presente Reglamento siempre que:

la marca haya sido solicitada antes del 22 de julio de 1991 —en Finlandia, Austria y Suécia, antes del 1 de enero de 1995— y sea conforme a la primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas [DO 1989 L 40, p. 1; Directiva modificada por la Decisión 92/10/CEE (DO L 6, p. 35)], y

la marca se reproduzca siempre con una indicación clara, fácil de ver y de leer de que los productos no se producen conforme al método de producción ecológica prescrito en este Reglamento.

10Las partes demandantes sostienen que el efecto de la disposición impugnada es que los productos denominados bio, pese a no proceder de la agricultura ecológica, pasan a ser considerados por los consumidores productos sustitutivos de los auténticos productos ecológicos. A su juicio, la disposición impugnada permite así que dichos productos capten la clientela de los productos ecológicos.<TI><P>Procedimiento y pretensiones de las partes</P></TI>11En estas circunstancias, las partes demandantes interpusieron el presente recurso mediante demanda registrada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 15 de noviembre de 1999.12Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

Admita su recurso y lo declare fundado.

Compruebe que la excepción prevista en el artículo 1, punto 7, del Reglamento n° 1804/1999 es separable del resto del Reglamento y anule dicha excepción.

Condene en costas al Consejo.

13Mediante escrito separado, presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 21 de enero de 2000, el Consejo ha propuesto una excepción de inadmisibilidad, con arreglo al artículo 114, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.14En su excepción, el Consejo solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

Declare la inadmisibilidad del recurso.

Condene en costas a las partes demandantes.

15Las partes demandantes presentaron sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad el 3 de abril de 2000.16Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 26 de abril, 28 de abril y 16 de mayo de 2000, respectivamente, Danone, S.A., sociedad española, Compagnie Gervais Danone, sociedad francesa, y CLESA, S.A., sociedad española, solicitaron intervenir en el procedimiento en apoyo de las pretensiones del Consejo. Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 5 de julio de 2000, la Comisión y SKW Biosystems GmbH, sociedad alemana, han solicitado igualmente intervenir en el procedimiento en apoyo de las pretensiones del Consejo.<TI><P>Sobre la admisibilidad</P></TI>17Según establece el artículo 114, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, el resto del procedimiento sobre la excepción de inadmisibilidad se desarrollará oralmente, salvo decisión en contrario del Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) considera que, en el presente caso, los documentos que obran en autos esclarecen suficientemente el asunto, por lo que resulta innecesario abrir la fase oral del procedimiento.<TI><P>Alegaciones de las partes</P></TI>18El Consejo alega la inadmisibilidad del recurso basándose, por una parte, en la naturaleza de la disposición impugnada y, por otra parte, en que dicha disposición no afecta individualmente a las partes demandantes.19En primer lugar, el Consejo recuerda que la disposición impugnada es un acto de alcance general. En efecto, según el Consejo, la disposición impugnada se aplica a situaciones determinadas objetivamente y pretende producir efectos jurídicos sobre una categoría de personas contemplada de manera general y abstracta (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de julio de 1996, Weber/Comisión, T-482/93, Rec. p. II-609).20En segundo lugar, el Consejo indica que las partes demandantes no resultan individualmente afectadas. Por lo que respecta, en primer lugar, a Biogam, el Consejo alega que, incluso en el supuesto de que la disposición impugnada favoreciera una pérdida de clientela de dicha empresa en beneficio de Danone, Biogam se encontraría en una situación idéntica a la de cualquier otro productor que transformara y distribuyera productos obtenidos siguiendo un método de producción ecológico. Por lo que respecta a la FNAB y a Setrab, el Consejo subraya que dichas asociaciones no pueden invocar una posición de negociadores que se haya visto afectada por la disposición impugnada. El Reglamento n° 1804/1999 fue negociado en el seno del Consejo y adoptado por dicha Institución, de modo que las partes demandantes no pueden alegar haber participado en la elaboración del mismo. Tampoco pueden pues resultar individualizadas porque sus propios intereses se hayan visto afectados (sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de febrero de 1988, van der Kooy y otros/Comisión, asuntos acumulados 67/85, 68/85 y 70/85, Rec. p. 219, apartados 21 a 24). Además, la FNAB y Setrab no pueden alegar haberse subrogado en los derechos de sus miembros, que disponían, por sí mismos, de un derecho de recurso (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de julio de 1995, AITEC y otros/Comisión, asuntos acumulados T-447/93 a T-449/93, Rec. p. II-1971, apartado 62). El Consejo explica a este respecto que la disposición impugnada no afecta a los miembros de la FNAB o del Setrab en razón de ciertas cualidades que les sean propias o de una situación de hecho que los caracterice frente a cualquier otra persona (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de febrero de 1996, Buralux y otros/Consejo, C-209/94 P, Rec. p. I-615, apartado 25; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de junio de 1998, UEAPME/Consejo, T-135/96, Rec. p. II-2335). A juicio del Consejo, el hecho de ser un competidor de Danone no coloca a un miembro de la FNAB y del Setrab en una situación de hecho específica que lo caracterice frente a cualquier otra persona.21Por último, el Consejo señala que, si no hubiera incluido en el Reglamento la excepción prevista en la disposición impugnada, las empresas que comercializan con una marca bio o eco productos que no se ajustan a las prescripciones del Reglamento n° 2092/91 habrían impugnado indudablemente el Reglamento n° 1804/1999 (sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de mayo de 1994, Codorniu/Consejo, C-309/89, Rec. p. I-1853).22Las partes demandantes rechazan la tesis expuesta por el Consejo y defienden la admisibilidad de su recurso.23En primer lugar, las partes demandantes alegan que la disposición impugnada constituye una medida individual separable de las demás disposiciones del Reglamento n° 1804/1999, cuya naturaleza normativa no discuten. En efecto, la disposición impugnada sólo afecta a los fabricantes de productos alimenticios animales que no se han obtenido siguiendo un método de producción ecológico y que se comercializan con una marca que contiene los términos bio o biologique (ecológico) registrada antes del 22 de julio de 1991. Ahora bien, en su opinión, de la jurisprudencia se deduce que una disposición que adopta la forma de un acto normativo pero afecta individualmente a determinados agentes económicos en razón de ciertas cualidades que les son propias o de una situación de hecho que los caracteriza frente a cualquier otra persona debe asimilarse a una medida individual (sentencia Codorniu/Consejo, citada en el apartado 21 supra, apartado 19, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de abril de 1995, ASPEC y otros/Comisión, T-435/93, Rec. p. II-1281, apartado 70).24Las partes demandantes consideran que Danone es la única beneficiaria de la disposición impugnada en el conjunto de los Estados miembros. En cualquier caso, la única marca actualmente usada en Francia para productos no ecológicos que utiliza el término bio y que evoca la agricultura ecológica es la marca Bio Danone, registrada con el n° 1749028, depositada en el INPI (Institut national de la propriété industrielle) el 2 de septiembre de 1987 y renovada el 26 de agosto de 1997, que se emplea para la venta de yogures. Ésta es, según ellas, la única marca a la que se aplica la excepción prevista en la disposición impugnada.25En segundo lugar, las partes demandantes alegan que la disposición impugnada les afecta individualmente. Explican así que, con arreglo al Decreto 94-1212, de 26 de diciembre de 1994, adoptado en aplicación de las disposiciones del Código del Consumo relativas al método ecológico de producción de productos agrícolas y a las referencias al mismo en los productos agrícolas y alimenticios (Journal officiel de la République française de 31 de diciembre de 1994, p. 19026), en Francia estaba prohibido utilizar el término bio para designar productos obtenidos siguiendo un método de producción no ecológico, ya fueran de origen vegetal o animal. Además, antes de la adopción del Reglamento n° 1804/1999 podía obtenerse la anulación de las marcas que utilizaran el término bio para designar tales productos, dado que el artículo 3, letra g), de la Directiva 89/104 dispone que serán nulas las marcas que puedan inducir al público a error. Las partes demandantes sostienen que, al legitimar la comercialización de productos no ecológicos con una marca manifiestamente engañosa que comprende el término bio, la disposición impugnada suprime la posibilidad de entablar acciones judiciales, en base a la Directiva 89/104 o a la normativa francesa, contra los fabricantes cuyos productos se comercializaban vulnerando, hasta ese momento, las normas comunitarias y nacionales antes citadas, posibilidad de que disponían los productores de productos biológicos hasta ese momento. Alegan también que la pérdida repentina e imprevisible de la protección normativa que podían legítimamente esperar constituye una circunstancia específica en el sentido de la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de diciembre de 1969, Eridania y otros/Comisión (asuntos acumulados 10/68 y 18/68, Rec. p. 459), que los individualiza frente a cualquier otro agente económico.26Las partes demandantes subrayan que los auténticos yogures ecológicos y los yogures de marca Bio son productos perfectamente sustitutivos a ojos del consumidor. Así pues, a su juicio, la disposición impugnada afecta individualmente a los agentes económicos presentes en el mercado de productos biológicos a quienes perjudica la competencia desleal de Danone, que la disposición impugnada ha legitimado.27Las partes demandantes recuerdan, remitiéndose a las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 24 de marzo de 1994, Air France/Comisión (T-3/93, Rec. p. II-121) y ASPEC y otros/Comisión (citada en el apartado 23 supra), que una empresa cuya posición en el mercado se ve alterada a causa de la adopción de una Decisión dirigida a una empresa competidora resulta individualmente afectada por la Decisión de que se trate. La situación es la misma en el caso de una asociación que represente los intereses de empresas cuya posición en términos de competencia resulte así afectada. En efecto, a su juicio, una asociación que representa los intereses de empresas a las que el acto impugnado afecta directa e individualmente se encuentra igualmente legitimada para recurrir dicho acto (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 13 de diciembre de 1995, Exporteurs in Levende Varkens y otros/Comisión, asuntos acumulados T-481/93 y T-484/93, Rec. p. II-2941, y ALTEC y otros/Comisión, citada en el apartado 20 supra).28Pues bien, según las demandantes, la situación de Biogam y de los miembros de la FNAB y del Setrab se caracteriza por el hecho de que, antes de que se adoptara el Reglamento n° 1804/1999, dichas empresas disfrutaban de una protección para sus productos biológicos, ya fueran de origen vegetal o animal, y basaron todos sus esfuerzos por desarrollarse en la certeza de que dicha protección continuaría. A raíz de la adopción de la disposición impugnada, la situación en términos de competencia de dichas empresas se ha visto considerablemente debilitada comparada con la de Danone, su competidor directo, ya que la excepción prevista en la disposición impugnada supone una amenaza para la venta de sus yogures ecológicos. Por consiguiente, a juicio de las demandantes, la disposición impugnada afecta individualmente a Biogam, en su condición de productor, así como a la FNAB y al Setrab, en su condición de órganos representativos que actúan en defensa de los intereses de sus miembros.29Las partes demandantes señalan que el Consejo ha reconocido que Danone estaría legitimado para interponer recurso contra el Reglamento n° 1804/1999. En su opinión, este mismo derecho debe serles reconocido aún con mayor razón, ya que ellas son las únicas cuya posición jurídica se ha visto afectada por la adopción de la disposición impugnada.30Por último, las partes demandantes alegan que la disposición impugnada afecta individualmente a la FNAB, dado que la posición de negociadora de la misma se ha visto afectada (sentencias del Tribunal de Justicia van der Kooy y otros/Comisión, citada en el apartado 20 supra, y de 24 de marzo de 1993, CIRFS y otros/Comisión, C-313/90, Rec. p. I-1125; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de mayo de 1994, Consorzio Gruppo di azione locale Murgia Messapica, T-465/93, Rec. p. II-361). Recuerdan a este respecto que la FNAB intervino activamente en todo el procedimiento de elaboración del Reglamento n° 1804/1999. El Ministerio de agricultura francés confió en efecto a la FNAB una misión de vigilancia y defensa de la normativa sobre agricultura ecológica (seguimiento y propuestas). Para subrayar el papel desempeñado por la FNAB en la elaboración del Reglamento n° 1804/1999, las partes demandantes se remiten a las actas de las reuniones de los comités directivos de vigilancia de la normativa de 10 de marzo y de 5 de mayo de 1999. Afirman también que la FNAB envió a los órganos comunitarios diversos informes y propuestas de Reglamento. Las partes demandantes atribuyen especial importancia al informe Contribución de los agricultores ecológicos franceses al proyecto de Reglamento europeo sobre los productos animales de la agricultura ecológica .31En tercer lugar, las partes demandantes sostienen que la disposición impugnada también les afecta directamente, en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto, y que por lo tanto se cumplen así todos los requisitos necesarios para declarar la admisibilidad del presente recurso.<TI><P>Apreciación del Tribunal de Primera Instancia</P></TI>32Según reiterada jurisprudencia (véanse los autos del Tribunal de Primera Instancia de 30 de septiembre de 1997, Federolio/Comisión, T-122/96, Rec. p. II-1559, apartados 50 y 51, y de 29 de abril de 1999, Alce/Comisión, T-120/98, Rec. p. II-1395, apartado 17), el artículo 230 CE, párrafo cuarto, atribuye a los particulares el derecho a impugnar cualquier decisión que, aunque revista la forma de un Reglamento, les afecte directa e individualmente. El objetivo de dicha disposición es, principalmente, evitar que, mediante la mera elección de la forma del Reglamento, las Instituciones comunitarias puedan excluir el recurso de un particular contra una decisión que le afecta directa e individualmente, y precisar de este modo que la elección de la forma no puede cambiar la naturaleza de un acto (véanse la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de junio de 1980, Calpak y Società Emiliana Lavorazione Frutta/Comisión, asuntos acumulados 789/79 y 790/79, Rec. p. 1949, apartado 7, y el auto del Tribunal de Primera Instancia de 28 de octubre de 1993, FRSEA y FNSEA/Consejo, T-476/93, Rec. p. II-1187, apartado 19). Constituye igualmente jurisprudencia reiterada que el criterio de distinción entre el Reglamento y la Decisión debe buscarse en el alcance, general o no, del acto de que se trate (véase, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 1982, Alusuisse Italia/Consejo y Comisión, 307/81, Rec. p. 3463, apartado 8).33Es preciso pues determinar en primer lugar la naturaleza de la disposición impugnada.34Resulta obligado señalar que el Reglamento n° 1804/1999 modifica el Reglamento n° 2092/91, para incluir en él las producciones animales. El Reglamento n° 1804/1999 contiene normas de alcance general que se aplican a todos los agentes económicos interesados, en particular normas relativas a los productos de origen animal obtenidos siguiendo un método de producción ecológico.35De ello se deduce que el Reglamento n° 1804/1999 tiene, por su alcance general, carácter normativo y no constituye una decisión en el sentido del artículo 249 CE.36Las partes demandantes alegan sin embargo que la disposición impugnada constituye una decisión individual, dado que la excepción prevista en dicha disposición solo se aplica a una empresa.37Procede recordar que la disposición impugnada contiene una excepción temporal al principio que establece que unicamente pueden llevar indicaciones referentes a un método ecológico de producción los productos obtenidos conforme a las normas que establece el Reglamento n° 2092/91. La excepción de que se trata, vigente hasta el 1 de julio de 2006, permite así la utilización de marcas que contengan indicaciones de este tipo para productos no obtenidos conforme a las mencionadas normas, a fin de permitir a los titulares de dichas marcas que adapten su producción a las exigencias de la agricultura ecológica. No obstante, con vistas a evitar toda confusión por parte de los consumidores, la disposición impugnada prevé explícitamente que las referidas marcas deben ir siempre acompañadas de una indicación clara, fácil de ver y de leer de que los productos no se producen conforme al método de producción ecológico prescrito en [el Reglamento n° 2092/91]. Además, únicamente pueden acogerse a la excepción temporal prevista en la disposición impugnada las marcas cuyo registro se solicitó antes de la entrada en vigor del Reglamento n° 2092/91 y que se ajusten a las disposiciones de la Directiva 89/104.38Es preciso pues reconocer que la disposición impugnada se aplica a situaciones determinadas objetivamente y produce efectos jurídicos sobre una categoría de titulares de marcas definida de manera general y abstracta. En tales circunstancias, la excepción temporal controvertida debe considerarse parte integrante de las disposiciones globales que la contienen, y participa del carácter general de aquéllas (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1968, Zuckerfabrik Watenstedt/Consejo, 6/68, Rec. pp. 595 y ss., especialmente p. 605; de 18 de enero de 1979, Société des usines de Beauport y otros/Consejo, asuntos acumulados 103/78 a 109/78, Rec. p. 17, apartados 15 a 19, y de 29 de junio de 1993, Gibraltar/Consejo, C-298/89, Rec. p. I-3605, apartados 18 a 23).39En cuanto al argumento de las partes demandantes de que Danone es la única beneficiaria de la excepción prevista en la disposición impugnada, procede recordar que la posibilidad de determinar la identidad de los sujetos de derecho a quienes se aplica un acto no pone en tela de juicio la naturaleza reglamentaria del mismo, siempre que conste que dicha aplicación se efectúa en virtud de una situación objetiva de hecho o de Derecho, definida por el acto en relación con la finalidad del mismo (sentencia Codorniu/Consejo, citada en el apartado 21 supra, apartado 18, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de septiembre de 1995, Antillean Rice Mills y otros/Comisión, asuntos acumulados T-480/93 y T-483/93, Rec. p. II-2605, apartado 65). Además, los hechos no respaldan la alegación de las partes demandantes. En primer lugar, los documentos adjuntos a las observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad en el Anexo 25 muestran que, antes de la entrada en vigor el Reglamento n° 2092/91, otras sociedades registraron en Francia marcas que, al igual que la marca Bio Danone, pueden utilizarse para productos alimenticios de origen animal obtenidos siguiendo un método de producción no ecológico. Así, la Société Pierre Fabre Cosmétique ha registrado la marca Bio-Lancyl, en particular para los siguientes productos : carne, extractos de carne, huevos, leche y otros productos lácteos. La Société annonéenne de produits de régime Odo-Sapro ha registrado la marca Bio Cereal para productos alimenticios. Asimismo, la Société diététique du Comté ha registrado la marca Bio jolie para bebidas a base de leche, para extractos de carne, gelatinas de carne y carne en conserva. Además, la demanda de intervención de CLESA, S.A., muestra que dicha sociedad se beneficia igualmente de la excepción prevista en la disposición impugnada para sus marcas Bioclesa, Byoclesa, Clesabio y Bio CLESA, registradas por ella para productos lácteos principalmente.40Es preciso por tanto concluir que la disposición impugnada participa de la naturaleza reglamentaria de las demás disposiciones del Reglamento n° 1804/1999.41Conviene no obstante analizar si, pese al alcance general de la disposición impugnada, es posible afirmar que dicha disposición afecta directa e individualmente a las partes demandantes. En efecto, el alcance general de un acto no excluye, sin embargo, que dicho acto pueda afectar directa e individualmente a determinadas personas físicas o jurídicas (véanse las sentencias Codorniu/Consejo, citada en el apartado 21 supra, apartado 19, Antillean Rice Mills y otros/Comisión, citada en el apartado 39 supra, apartado 66, y Exporteurs in Levende Varkens y otros/Comisión, citada en el apartado 27 supra, apartado 50).42Por lo que respecta, en primer lugar, a la cuestión de si la disposición impugnada afecta individualmente a las partes demandantes, procede recordar que, para que pueda afirmarse que una disposición de alcance general afecta individualmente a una persona física o jurídica, es preciso que la disposición de que se trata le ataña en razón de ciertas cualidades que le son propias o de una situación de hecho que la caracteriza frente a cualquier otra persona (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1963, Plaumann/Comisión, 25/62, Rec. pp. 197 y ss., especialmente p. 223; autos Federolio/Comisión, citado en el apartado 32 supra, apartado 59, y Alce/Comisión, citado en el apartado 32 supra, apartado 19).43Las partes demandantes sostienen a este respecto que la disposición impugnada afecta individualmente a Biogam por debilitar considerablemente la posición en términos de competencia de dicha sociedad, que comercializa productos agrícolas ecológicos. En cuanto a la FNAB y a Setrab, la disposición impugnada les afecta individualmente, en su opinión, porque dichas asociaciones representan los intereses de sus miembros, quienes, por su parte, son también víctimas de una competencia desleal que tiene su origen en la aplicación de dicha disposición.44Por lo que respecta a la FNAB y al Setrab, procede recordar que es jurisprudencia reiterada que la admisibilidad de los recursos interpuestos por una asociación puede admitirse cuando esta última representa los intereses de empresas que habrían podido interponer válidamente recurso por sí mismas (sentencia Exporteur in Levende Varkens y otros/Comisión, citada en el apartado 27 supra, apartado 64; autos del Tribunal de Primera Instancia Federolio/Comisión, citado en el apartado 32 supra, apartado 61, y de 23 de noviembre de 1999, Unión de Pequeños Agricultores/Consejo, T-173/98, Rec. p. II-3357, apartado 47).45Sin embargo, las partes demandantes no han demostrado que la disposición impugnada ataña a Biogam y a los miembros de la FNAB y de Setrab en razón de ciertas cualidades que les son propias o de una situación de hecho que los caracteriza frente a cualquier otra persona.46Es preciso recordar en primer lugar que las partes demandantes alegan que el hecho de que la disposición impugnada legitime la venta de productos de Danone con la marca Bio afecta considerablemente a su posición en términos de competencia, dado que a ojos de los consumidores los yogures de marca Bio son productos perfectamente sustitutivos de los yogures obtenidos siguiendo un método ecológico de producción.47Ahora bien, no se ha negado que, antes que se adoptara el Reglamento n° 1804/1999, Danone ya vendía yogures con la marca Bio. La disposición impugnada se limita a mantener la situación preexistente hasta el 1 de julio de 2006, como muy tarde. Es preciso recordar además que la disposición impugnada establece que la marca debe siempre reproducirse con una indicación clara, fácil de ver y de leer de que los productos no se producen conforme al método de producción ecológico prescrito en [el Reglamento n° 2092/91] (véase el apartado 9 supra). Pues bien, dicha obligación permite eliminar, o como mínimo reducir, la competencia pretendidamente desleal que Danone hacía a las partes demandantes antes de que se adoptara la disposición impugnada.48Dadas estas circunstancias, no es posible aceptar que la disposición impugnada haya debilitado la posición en términos de competencia de las partes demandantes o de sus miembros.49Además, aunque la disposición impugnada hubiera afectado considerablemente a la posición en términos de competencia de las partes demandantes o de sus miembros, dicha circunstancia no permitiría caracterizarlos frente a cualquier otro agente económico presente en el mercado de productos biológicos. En efecto, la disposición impugnada sólo afecta a Biogam y a los miembros de la FNAB y del Setrab en razón de su condición objetiva de agentes económicos presentes en dicho mercado, del mismo modo que a todos los demás agentes económicos comunitarios presentes en el mismo.50Las partes demandantes no pueden tampoco alegar que la disposición impugnada legitima la comercialización, con una marca que sugiere un método de producción ecológico, de productos que no se obtuvieron siguiendo dicho método de producción, lo que supone una infracción de las disposiciones de la Directiva n° 89/104. En efecto, la disposición impugnada (véase el apartado 9 supra) establece que los agentes económicos podrán seguir utilizando durante cierto tiempo, para productos no ecológicos, una marca de este tipo ya existente, pero a condición de que dicha marca sea conforme a la primera Directiva 89/104. Además, como ya se indicó en los apartados 9, 37 y 47 supra, la disposición impugnada ha previsto medidas para evitar toda confusión por parte de los consumidores.51En cuanto a la alegación de que la disposición impugnada ha legitimado una práctica de Danone contraria a la normativa establecida en Francia en 1994, el hecho de que la marca Bio Danone haya sido renovada, en Francia, el 26 de agosto de 1997 (véase el Anexo 25e a las observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad) permite dudar de lo acertado de dicha tesis.52En cualquier caso, aunque la disposición impugnada hubiera legitimado una práctica prohibida por las normas comunitarias y nacionales, tal circunstancia no permitiría individualizar a las partes demandantes en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto. En efecto, es preciso señalar de nuevo que, en tal caso, la disposición impugnada sólo afectaría a Biogam y a los miembros de la FNAB y del Setrab en razón de su condición objetiva de agentes económicos presentes en el mercado de productos obtenidos siguiendo un método de producción biológico, del mismo modo que a todos los demás agentes económicos comunitarios presentes en dicho mercado.53Por último, procede analizar aún si la disposición impugnada afecta individualmente a la FNAB por haber afectado a su posición de negociadora.54Es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia (sentencias van der Kooy y otros/Comisión, citada en el apartado 20 supra, apartados 21 a 24, y CIRFS y otros/Comisión, citada en el apartado 30 supra, apartados 28 a 30; autos Federolio/Comisión, citado en el apartado 32 supra, apartado 61, y Unión de Pequeños Agricultores/Consejo, citado en el apartado 44 supra, apartados 47 y 54), la admisibilidad de un recurso interpuesto por una asociación podrá admitirse cuando esta última resulte individualizada porque el acto cuya anulación se solicita haya afectado a su posición de negociadora.55Sin embargo, es necesario hacer constar que el Reglamento n° 1804/1999 fue negociado y adoptado por el Consejo, a propuesta de la Comisión y previo dictamen del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social. Aunque la FNAB presentara informes a los órganos comunitarios y franceses en el transcurso del procedimiento que culminó en la adopción dei Reglamento, sólo los órganos comunitarios antes citados pueden considerarse partes que intervinieron en dicho procedimiento. La argumentación de las partes demandantes únicamente permite deducir que las autoridades francesas estimaron que la FNAB era lo bastante representativa de los intereses de los agricultores que practicaban una agricultura ecológica en Francia como para permitirle participar, en una fase y en una medida imposibles de determinar, en la definición de la postura que la delegación francesa mantuvo en el seno del Consejo.56Dadas estas circunstancias, procede desestimar la alegación de las partes demandantes de que la disposición impugnada afectó a la posición de negociadora de la FNAB.57Se deduce del conjunto de consideraciones precedentes que las partes demandantes no pueden considerarse individualmente afectadas por la disposición impugnada. Dado que las partes demandantes no cumplen uno de los requisitos de admisibilidad establecidos por el artículo 230 CE, párrafo cuarto, resulta innecesario examinar también la cuestión de si dicha disposición las afecta directamente.58De ello se deduce que procede declarar la inadmisibilidad del presente recurso y que no es preciso pronunciarse sobre las demandas de intervención.<TI><P>Costas</P></TI>59Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Las partes demandantes han perdido el proceso, por lo que procede declarar que estas últimas soportarán, junto a sus propias costas, las costas en que haya incurrido el Consejo, conforme a lo solicitado poteste último.60Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 87, apartados 4 y 6, del Reglamento de Procedimiento, la Comisión, Danone, S.A., Compagnie Gervais Danone, CLESA, S.A., y SKW Biosystems GMbH, que han presentado demandas de intervención, cargarán con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera),

resuelve :

1)Declarar la inadmisibilidad del recurso.2)No procede pronunciarse sobre las demandas de intervención de la Comisión, de Danone, S.A., de la Compagnie Gervais Danone, de CLESA, S.A., y de SKW Biosystems GmbH.3)Las partes demandantes cargarán con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido el Consejo.4)La Comisión, Danone, S.A., Compagnie Gervais Danone, CLESA, S.A., y SKW Biosystems GmbH, que han presentado demandas de intervención, cargarán con sus propias costas.

Dictado en Luxemburgo, a 11 de julio de 2000.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

K. Lenaerts